Brasil

LA MINERA VALE, OBLIGADA A PARALIZAR SUS OPERACIONES EN UN COMPLEJO DE BRASIL

06/06/2021
La minera Vale, obligada a paralizar sus operaciones en un complejo de Brasil
El gigante minero no informó las causas de la paralización argüidas por las autoridades, pero indicó que la represa Xingu está en un nivel de emergencia 2, en una escala que va hasta tres y que es utilizada para medir el riesgo de colapso de una presa.
Fuente: swissinfo.ch
SAN PAULO (EFE)- La empresa Vale, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de hierro, fue obligada a paralizar sus operaciones en un complejo del estado brasileño de Minas Gerais, región que en los últimos años ha sido escenario de dos graves desastres mineros con la compañía como protagonista.

Vale informó en una nota remitida este viernes al mercado financiero de la suspensión de sus actividades “en áreas próximas a la represa Xingu”, localizada “en la mina Alegría”, por orden de la “Superintendencia Regional del Trabajo”.

La medida afectó a la circulación de trenes en el Complejo de Mariana, cerca de donde se produjo una de las catástrofes, y por tanto al traslado del material producido en la planta Timbopeba.

Ello llevó a la paralización temporal de la producción en dicha unidad, con un impacto estimado de 33.000 toneladas de fino de mineral de hierro por día, más otras 7.500 toneladas tras el cierre de “algunos accesos internos a la mina Alegría”.

“Vale está tomando todas las medidas necesarias para la recuperación de las actividades lo más breve posible, manteniendo el foco en los cuidados necesarios para garantizar la seguridad de los empleados y de las comunidades de alrededor de sus estructuras”, indicó la firma.

El gigante minero no informó las causas de la paralización argüidas por las autoridades, pero indicó que la represa Xingu está en un nivel de emergencia 2, en una escala que va hasta tres y que es utilizada para medir el riesgo de colapso de una presa.

“No hay riesgo inminente de ruptura, por lo que siguen inalteradas las condiciones de seguridad de la estructura”, puntuó Vale.

En los últimos años, en Brasil, y más concretamente en el estado de Minas Gerais (sureste), han tenido lugar dos graves tragedias mineras.

El 25 de enero de 2019, en la ciudad de Brumadinho, también situada en Minas Gerais, uno de los diques de un complejo minero de Vale se vino abajo, en una de las peores tragedias humanas y ambientales de la historia de Brasil.

El colapso generó un ola de lodo y residuos minerales que sepultó centenares de propiedades, dejando 260 muertos y 10 desaparecidos, a los que aún se intenta localizar en la actualidad.

El desastre en Brumadinho se produjo tan solo tres años después de otro similar ocurrido en Mariana, donde la rotura de diques de la minera Samarco, controlada por Vale y BHP Billiton, causó 19 muertos y una enorme tragedia medioambiental en la región.

A partir de esas dos catástrofes, las autoridades brasileñas han paralizado las actividades de varias represas, especialmente en Minas Gerais, ante el riesgo de rotura. EFE

La minera Vale, obligada a paralizar sus operaciones en un complejo de Brasil

Latinoamerica

“DESARROLLO VS. SUSTENTABILIDAD” LOS DESAFÍOS DESDE AMÉRICA LATINA

06/06/2021
“Desarrollo vs. sustentabilidad” los desafíos desde América Latina
“…como región y como país, tenemos un gran desafío y oportunidad para hacer una contribución crucial al principal problema político que afrontamos como especie: salirnos de la matriz extractivista heredada de la colonia es reducir nuestra cuota de subsidio ecológico a los sistemas sociales de despilfarro masivo. Es la base para buscar otras alternativas al desarrollo; procurar matrices socioeconómicas, políticas y ecológicas donde sea posible conjugar salud de la Tierra, salud de los cuerpos y de la sociedad.”
Fuente: nodal
Imagen: Desde abajo
Por Horacio Machado Aráoz*
El 21 de febrero de 1972, meses antes de que la ONU convocara la I Cumbre sobre el Medio Ambiente Humano (Estocolmo), un líder político del Sur global advertía que “ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biósfera, la dilapidación de los recursos naturales, y la sobre-estimación de la tecnología […] El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente […] si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra, solo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las próximas décadas” (Perón, 1972).

Hoy, casi 50 años después, vivimos la catástrofe. Somos habitantes de un mundo de destrucciones socialmente producidas, pero políticamente naturalizadas. El año que pasó –junto a temperaturas récord en el Ártico y la Antártida; descomunales incendios en la Amazonía, en el Oeste norteamericano, en Siberia y en Australia– los humanos sufrimos la primera pandemia verdaderamente global. Por primera vez, un virus –un elemento básico del
planeta– puso a toda la humanidad bajo la circunstancia de poder experimentar-nos como dad biótica: integrantes de una misma especie que comparten iguales requerimientos vitales e idénticos padecimientos y riesgos biológicos.

Irónicamente, en pleno siglo XXI, en la cumbre de una fenomenal carrera científico- tecnológica, las sociedades más avanzadas se han visto igualmente vulnerables; forzadas a recurrir a una tecnología medieval como único paliativo. Pero más irónico aún es “el origen industrial del virus”, vinculado a la producción agroalimentaria global y su expansión desproporcionada sobre los hábitats naturales que, a fuerza de monocultivos y mega granjas, han operado como una aplanadora biológica, generando las condiciones de esta y otras enfermedades zoonóticas (Wallace, 2016).

Vista en su etiología, la pandemia es fiel expresión del carácter contradictorio de nuestro curso civilizatorio: un modelo de “desarrollo” que, procurando construir las condiciones del bienestar humano, legitimándose en ideales que dicen querer poner fin a la escasez, al hambre y a la desprotección humana ante los riesgos naturales, ha pasado a funcionar como dispositivo estructural de degradación sistemática de la biósfera terrestre, justamente la que
provee las condiciones fundamentales de nuestra existencia.

Desde (por lo menos) 1970 a esta parte, las advertencias ambientalistas han sido desechadas; de Estocolmo a Madrid (2020), las sucesivas cumbres de la Tierra han trazado un sarcástico camino: de la negación a la oficialización e institucionalización de la crisis ecológica global; y de allí, a la fase actual de banalización y naturalización. Hoy, a diferencia de décadas atrás, “todo el mundo sabe” y, al mismo tiempo, “nadie hace nada” (realmente conducente).

Las preocupaciones ambientales siempre han terminado sucumbiendo ante la prioridad política excluyente del “desarrollo”. Y el problema del “desarrollo” es que, bajo la retórica “bienintencionada” de sus promesas, subyace una maquinaria de “destrucción creativa” (Joseph Schumpeter) diseñada para no parar; una maquinaria que no solo no tiene freno de emergencia (Walter Benjamin), sino que además entra en crisis cuando apenas se desacelera.
La idea de desarrollo supone, subrepticiamente, una dinámica inmanente de crecimiento incesante (de la producción y el consumo de mercancías) como condición sine qua non para el (supuesto) logro de todos los objetivos políticamente deseables (de allí que el PBI sea considerado acríticamente el medidor universal del grado de “desarrollo” de los países; acaso también, de “felicidad” de las poblaciones). Incluso el “cuidado del ambiente” implicaría como requisito la necesidad primero de “desarrollarse”.

Así, “el desarrollo ha llegado a ser una cuestión de vida o muerte”, pues “el crecimiento industrial tiene un carácter fatal si continúa su curso exponencial, […] tiende a aniquilar el ecosistema por una explotación insensata” (Morin, 1972: 61). En términos estrictamente racionales, sabemos que no es posible el crecimiento indefinido en un planeta con taxativos límites biofísicos. Crecimiento (ilimitado) y sustentabilidad son incompatibles; por tanto, “desarrollo sustentable” es un oxímoron. Sin embargo, siendo una idea absurda, el “desarrollo sustentable” sigue actuando como una política indiscutible. El crecimiento funciona en nuestras sociedades como dogma sagrado y la acumulación de riquezas (financieras), como su verdadera religión: lo que inmensas mayorías asumen y lo que determina el sentido de sus vidas.

Ahora bien, tal credo solo resulta eficaz a condición de restringir la noción de “riqueza” a meras formas abstractas, pues únicamente los valores financieros podrían crecer de forma indefinida. El economista rumano Nicholas Georgescu-Roegen (también a inicios de los 70) señaló como un error grave confundir riqueza con dinero y pensar la economía abstraída por completo de los flujos de materiales y energía provenientes de los ecosistemas. Pues, el velo
del dinero encubre el empobrecimiento real que supone la destrucción y agotamiento de recursos bajo la fachada del crecimiento del PBI. Para el fundador de la economía ecológica, una economía centrada en el dinero no solo ocluye el costo ambiental del crecimiento, sino también su costo social: el hecho de que la expansión económica se logra a expensas del aumento de la tasa de explotación, de la naturaleza externa (suelo, agua, energía, minerales,
etcétera) y de la interna (cuerpos de trabajadores).1

Para ser más precisos, el crecimiento de la economía supone no solo el aumento de la tasa de explotación de los recursos, sino también la profundización de las desigualdades históricas en la apropiación diferencial de la naturaleza (incluido el trabajo humano). Esto es clave para nuestro país y para toda América Latina. El patrón de división internacional del trabajo (y de la naturaleza) que venimos arrastrando desde la época colonial funciona como un mecanismo estructural de transferencia sistemática de riquezas naturales hacia los países “industrializados”. Solo a condición de ese fenomenal subsidio ecológico, la maquinaria industrial del mundo ha podido seguir funcionando (hasta ahora).

Desde hace por lo menos 50 años sabemos que “las mal llamadas ‘sociedades de consumo’ son, en realidad, sistemas sociales de despilfarro masivo” que funcionan en “los paísestecnológicamente más avanzados mediante el consumo de ingentes recursos naturales aportados por el Tercer Mundo” (Perón, 1972). Cada ciclo de crecimiento de la economía mundial ha estado basado en lo que el historiador ambiental Jason Moore llama “apropiaciones de frontera”: mecanismos político-económicos a través de los cuales los países periféricos “envían vastas reservas de trabajo, alimento, energía y materias primas a las fauces de la acumulación global del capital” (Moore, 2013: 13).

Desde que iniciamos como pueblos nuestro camino en busca de la independencia, a principios del siglo XIX, lo hicimos por la senda equivocada de suplir el gobierno externo con élites internas, pero manteniendo y profundizando la misma plantilla económica y socioterritorial impuesta. Las ciencias sociales en América Latina nacieron de la crítica a esa historia, la de la conformación de sociedades fundadas en la apropiación oligárquica de la tierra para la organización y administración de economías primario-exportadoras. Para lxs economistas fue
la causa de nuestro subdesarrollo y dependencia; para lxs sociólogxs, las raíces de las desigualdades extremas y el autoritarismo.

La ecología política ve en ese modelo un esquema insustentable de depredación creciente, de injusticia y violencia (económica, política y socioambiental) estructural. Eso que llamamos “extractivismo” no es solo una cuestión ambiental; es un concepto político que da cuenta de las interrelaciones existentes entre sobreexplotación de recursos, concentración económica y autoritarismo político. Así, reconocer las ineludibles conexiones entre sustentabilidad, equidad y democracia implica que, si queremos apuntar a ellas, debemos empezar por abandonar el
extractivismo.

Desde esa óptica, como región y como país, tenemos un gran desafío y oportunidad para hacer una contribución crucial al principal problema político que afrontamos como especie: salirnos de la matriz extractivista heredada de la colonia es reducir nuestra cuota de subsidio ecológico a los sistemas sociales de despilfarro masivo. Es la base para buscar otras alternativas al desarrollo; procurar matrices socioeconómicas, políticas y ecológicas donde sea posible
conjugar salud de la Tierra, salud de los cuerpos y de la sociedad.

En esa dirección parece oportuno retomar viejos consejos: “Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros […] De nada vale que evitemos el éxodo de nuestros recursos naturales si seguimos aferrados a métodos de desarrollo, preconizados por esos mismos monopolios, que significan la negación de un uso racional de aquellos recursos. […] El problema básico de la mayor parte de los países del Tercer Mundo es la ausencia de una auténtica justicia social y de participación popular […] La humanidad debe ponerse en pie de guerra en defensa de sí misma”. En pleno siglo XXI no nos está permitido recaer en las necedades del XIX: no podemos seguir buscando la independencia ni profundizando lo que nos hace esclavos. No podemos continuar pensando el bienestar humano de espaldas a la Madre Tierra.

*Investigador del Conicet, coordinador del Grupo de Ecología Política del Sur (CITCA), director del Doctorado en Ciencias Humanas de la UNCa.

Notas:

1. El planteo de la economía ecológica no supone oponerse absolutamente al crecimiento de la
producción, ni a la innovación tecnológica, sino que plantea la necesidad de establecer límites
y regular el ritmo y sentido de los procesos productivos, tanto para adecuar las tasas de
extracción y consumo de materia y energía a las condiciones ecosistémicas, como para
orientarlos prioritariamente a la satisfacción universal e igualitaria de las necesidades vitales.
Bibliografía:
– Moore, J. (2013), “El auge de la ecología-mundo capitalista”. Laberinto N° 38.
– Morin, E. (1972), “Conciencia ecológica”. En Ecología y Revolución. Nueva Visión, Bs. As.
– Perón, J. D. (1972), “Mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo”.
– Wallace, R. (2016), “Big farms make big flu”. En Monthly Review Press.

“Desarrollo vs. sustentabilidad” los desafíos desde América Latina

Perú

Conflictos sociales en el sur que le esperan al próximo gobierno

Deysi Pari
Deyzisideysi.pari@glr.pe
06/06/2021
Manifestantes se oponen al proyecto minero cuprífero Las Bambas durante un enfrentamiento con la Policía en el 2005. Foto: EFE
En Tacna, uno de los principales conflictos es el referido al proyecto Vila Vilani II, que también involucra a la región Puno. El proyecto fue paralizado, pues un juzgado concedió una medida cautelar presentada por el Gobierno Regional de Puno para que se suspenda el contrato de obra. Las comunidades fronterizas de Tacna y Puno se oponen al proyecto, pues consideran que el trasvase de aguas que se quería realizar, afectará los bofedales andinos y se quedarán sin alimento para sus animales.

Un manifestante lleva una botella con un líquido de color naranja intenso que recogió del río Coralaque. Con esas aguas contaminadas, se queja, riegan los cultivos del centro poblado Santiago de Pachas (Moquegua). La marcha recorre las calles de Moquegua a la espera de una solución. Los agricultores llegaron hasta la Panamericana Sur y bloquearon el paso de vehículos a Arequipa y Tacna.

“Sufrimos con esta agua contaminada. La consumen los animales y la usamos para la agricultura”, dijo el hombre de campo. La contaminación proviene de Florencia Tucari, unidad minera localizada en la sierra moqueguana, límite con Puno. La mina está en proceso de cierre pero sus relaves afectan a la cuenca hídrica. Aguas que llegan hasta el valle de Tambo. Ahí también los agricultores elevaron su voz de protesta. El gobierno debe invertir en este cierre de operación que le pertenece a Aruntani.

Este es uno de los recientes conflictos sociales activos en el sur del país. No es nuevo, data del 2017 y recién el martes se volvió a instalar una mesa técnica con la Presidencia del Consejo de Ministros para tratar de solucionar esta demanda.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, 59 de los 191 conflictos registrados en el país (entre activos y latentes) están en Cusco, Puno, Apurímac, Moquegua, Arequipa y Tacna.

Según esta misma entidad, el 64.4% de estos son de tipo socioambiental, fundamentalmente relacionados a la actividad minera.
Puno y la contaminación de ríos

En Puno, también hay contaminación de los ríos Ramis, Coata, Llallimayo y Suches. Se atribuyen a los desagües de Juliaca, relaves de la minería informal e informal.

El representante de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona Huamán, señaló que de los 15 conflictos existentes cuatro son complejos.

La contaminación del río Ramis data de hace muchos años. Ticona señaló que lo urgente es la remediación ambiental. Existe la propuesta de construir una presa de sedimentación para depositar el agua contaminada. El Ministerio de Economía debe destinar el presupuesto.

Sobre la contaminación del río Llallimayo, con metales pesados, provenientes de la actividad de la minera Aruntani, también se programaron protestas, pero fueron postergadas. Hay una mesa de diálogo estancada por la pandemia.

Respecto al problema de la cuenca del río Suches, la contaminación proviene de un relave minero de Bolivia. Son los informales. Ticona resaltó que este problema tiene que ser abordado a nivel binacional.

La cuenca del Coata representa uno de los mayores problemas. La Dirección Regional de Salud de Puno hizo tamizaje a la población y les detectó alta concentración de metales pensados. “Por ahora se lleva agua en cisternas, pero eso es un paliativo, no es la solución definitiva”, resaltó.
Corredor minero del sur

El corredor minero es una vía que atraviesa Apurímac, Cusco y llega hasta el puerto de Matarani-Arequipa. Sirve para sacar el mineral de Las Bambas, Hudbay y Antapaccay y embarcarlo al Asia. Las comunidades que viven en los alrededores de la vía se quejan de la contaminación y exigen a las empresas en compensación aportes económicos.

Según la representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco, Rosa Santa Cruz, se requiere una mayor atención a estos reclamos. No se cierran los procesos de diálogo. Uno de los más recientes es el pedido de las autoridades y pobladores del distrito de Livitaca, provincia de Chumbivilcas, quienes exigen a la minera Hudbay, la suscripción de un nuevo convenio marco en reemplazo del firmado en 2016. La solicitud es que la minera incremente su aporte a 250 millones de soles. Según el del 2016, la mina entrega S/ 3.5 millones al año. Ahora están en proceso de retomar el diálogo.

Otro de los conflictos reportados por la Defensoría del Pueblo, data de enero de este año. El Frente Único de Intereses de la provincia de Chumbivilcas pidió a la minera Hudbay, la nulidad de la tercera modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Unidad Minera Constancia.

Además, se encuentra la solicitud de las comunidades campesinas del distrito de Espinar, quienes exigen la consulta previa para el proyecto Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco y compensación por impactos ambientales y sociales. Sobre este, se ha aprobado un cronograma para reuniones técnicas virtuales.

El pedido de la comunidad campesina de Fuerabamba de la provincia de Chumbivilcas también se encuentra en el reporte de abril de la Defensoría. El poblado cuestiona la reclasificación como ruta nacional de la vía que cruza por el fundo Yavi Yavi. Según los pobladores, la empresa Las Bambas construyó el tramo sin tener permiso de la comunidad. Aunque se ha llegado a un acuerdo económico, varios puntos aún siguen en negociación. Las reuniones se suspendieron en abril, pues el presidente de la comunidad pidió permiso por motivos de salud.
Conflictos mineros en Arequipa

En la región Arequipa, Tía María de la empresa Southern es el conflicto latente. La población del valle de Tambo lo rechaza al considerar que contaminará el ambiente y afectará la agricultura. Recientemente, el Poder Judicial dictó sentencia en contra de varios dirigentes por el delito de entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos y motín.

El representante de la Defensoría del Pueblo, Ángel María Manrique, señaló que, tras las elecciones presidenciales, las demandas sociales se van a reactivar en la región y será una situación paralela a la evolución de la pandemia del coronavirus.

Según la Defensoría otro conflicto es el relacionado al proyecto Zafranal. También hay problemas con las compañías mineras de la provincia de Caylloma. Los frentes provinciales y autoridades les pusieron una serie de condiciones a las compañías para que continúen operando.


Reporte de conflictos en el sur. Foto: La República

Reporte de conflictos en el sur. Foto: La República
https://larepublica.pe/sociedad/2021/06/06/conflictos-sociales-en-el-sur-que-le-esperan-al-proximo-gobierno-lrsd/

Mexico

Crece conflicto en yacimiento de oro en Guerrero

Sergio Ocampo Arista, corresponsal
05/06/2021
Los Filos, mina de la empresa canadiense Equinox Gold ubicada en Eduardo Neri, Guerrero. Foto Sergio Ocampo/Archivo

Eduardo Neri, Gro. Comuneros del poblado de Xochipala, municipio de Eduardo Neri, ubicado en el centro de Guerrero, mantienen un bloqueo a los accesos a la mina de oro Tajo de Guadalupe, de la empresa canadiense Equinox Gold, desde el 24 de mayo, debido al incumplimiento del contrato firmado hace dos años, denunció Jaime Bello Carreto, presidente de los bienes comunales de Xochipala.

Advirtió que de no llegar a un convenio con la minera terminarán el acuerdo que se firmó por tres años. “Estamos dispuestos a que se cancele el convenio, hasta que haya un buen arreglo; la empresa se lleva todo el oro y nos va a dejar los terrenos inservibles y contaminados”.

En conferencia de prensa en los accesos a la mina, expuso que los comuneros denunciaron que alquilaron 50 hectáreas para la explotación de oro y cien más pa-ra exploración; sin embargo, “ya las están explotando” y, de manera ilegal, también utilizan otras 15 hectáreas para tirar el cascajo.

Bello Carreto dijo que la firma canadiense es omisa pues “mantiene una actitud racista y se niega a que la gente de Xochipala se haga cargo de la renta de maquinaria, y en general del trabajo que realice que es para beneficio de nuestra comunidad”.

Explicó que surgió un nuevo conflicto en “un terreno de 15 hectáreas donde tiran cascajo; incluso el Tribunal Unitario Agrario (TUA), con sede en Iguala, mantiene una actitud silenciosa, en favor de la minera. Hay daños al medio ambiente en las 50 hectáreas arrendadas para la explotación”.

También en las cien hectáreas acordadas para la exploración “la empresa Equinox Gold la está explotando, y ya ocasionó daños irreversibles, por eso decimos que engañan a los 155 comuneros de Xochipala”.

Lamentó que a pesar de que ya se interpuso la demanda ante el TUA no hay respuesta, “incluso tenemos los planos del programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos, pero ellos pretenden desconocerlos”.

Acusó que la minera sólo contrató a 10 de 15 trabajadores (que además ya fueron despedidos) “los demás son foráneos. La compañía a fuerza quiere que levantemos el paro para iniciar las negociaciones, y ponernos a dialogar, pero no nos vamos a retirar”.

Por su parte, Eli Sobrevilla, comisario municipal de Xochipala, destacó que la firma “está sacando más de 80 por ciento del mineral (oro), y ni siquiera les hemos pedido dinero, sólo empleos porque así se estipuló en el convenio.

Puntualizó que el pago que hace la minera por cada hectárea en exploración es de 4 mil pesos, mientras por cada hectárea explotada son 136 mil pesos; consideró que “eso es una migaja”.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/05/estados/crece-conflicto-en-yacimiento-de-oro-en-guerrero/

Colombia

Bloquean nuevamente la línea ferroviaria de la minera de carbón Cerrejón en Colombia

Cerrejón produjo 12,4 millones de toneladas de carbón en 2020, casi un 52% menos que en 2019, y sus exportaciones cayeron a su nivel más bajo en los últimos 18 años en medio de las restricciones del coronavirus y la caída de la demanda mundial de carbón.
Cerrejón, propiedad conjunta de BHP Group, Anglo American Plc y Glencore Plc, enfrenta repetidos desacuerdos con las comunidades indígenas Wayuu cercanas a la mina y su sindicato. Esta vez, un grupo de 226 extrabajadores tomaron las acciones de protesta.
04/06/2021
Bogotá. Extrabajadores de la mina colombiana de carbón Cerrejón bloquearon nuevamente la línea ferroviaria que utiliza la compañía, informó este jueves la minera, en la última protesta reciente que afecta sus operaciones.

Cerrejón, propiedad conjunta de BHP Group, Anglo American Plc y Glencore Plc, enfrenta repetidos desacuerdos con las comunidades indígenas Wayuu cercanas a la mina y su sindicato más grande, que realizó una huelga de 91 días el año pasado. A finales de mayo la empresa declaró la fuerza mayor y detuvo sus operaciones debido a dos bloqueos que impidieron la llegada de suministros como la gasolina.

Un bloqueo fue realizado por extrabajadores molestos ante los recientes recortes en empleos y el otro por una comunidad Wayuu que se queja repetidamente con la compañía por razones ambientales.

Las conversaciones con los exempleados que bloquean la línea ferroviaria de la compañía y la comunidad de Media Luna, que estaba afectando una carretera fuera del puerto de Cerrejón, terminaron en acuerdos para levantar las protestas a finales de la semana pasada, tras lo cual Cerrejón anunció el sábado que reiniciaría gradualmente las operaciones.

Pero el grupo de 226 extrabajadores, que dejó la empresa en febrero, retomó el bloqueo de la línea férrea, dijo Cerrejón. «La empresa solicita a las autoridades su intervención inmediata frente a los bloqueos ilegales y las acciones de hecho que ponen en peligro la estabilidad laboral de más de 9.000 familias», dijo la empresa en un comunicado.

Cerrejón aseguró que si bien está dispuesta a dialogar nuevamente, «estas conversaciones nunca pueden realizarse bajo la presión de vías de hecho, como lo son los bloqueos ilegales».

Los antiguos trabajadores recibieron beneficios más generosos que los exigidos por la ley cuando fueron despedidos, pero no los aceptaron, explicó Cerrejón, al tiempo que les informó que no es posible volver a contratarlos.

Cerrejón produjo 12,4 millones de toneladas de carbón en 2020, casi un 52% menos que en 2019, y sus exportaciones cayeron a su nivel más bajo en los últimos 18 años en medio de las restricciones del coronavirus y la caída de la demanda mundial de carbón.
Autor:Reuters
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/bloquean-nuevamente-la-linea-ferroviaria-de-la-minera-de-carbon-cerrejon-en

Perú

Situación es tensa en Accomarca por conflicto con empresa minera

Escrito por Jornada
04/06/2021
En el distrito de Accomarca – Vilcashuamán.
Frank Tacuri
prensa@jornada.com.pe
Desde hace varios meses los pobladores de la comunidad campesina de Accomarca en Vilcashuamán vienen solicitando a las instancias competentes el cierre definitivo del centro minero de Pichus cucho.
Aseguran que las actividades de extracción minera están afectando los recursos naturales de la zona, situación que en cualquier momento podría generar un nuevo enfrentamiento, toda vez que aún no se ha instalado una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo.

En un reciente trabajo de fiscalización, la comisión permanente de energía y minas e hidrocarburos del Consejo Regional, evidenció la existencia de un conflicto socio ambiental entre los miembros de la asociación minera y los comuneros del distrito de Accomarca, quienes mostraron su rechazo a estas actividades.

En esta acción de control también se constató que el personal obrero y socios de dicha empresa vienen laborando sin contar con los equipos de protección personal (EPP) infringiendo la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De igual modo, se advirtió que incumplen con los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la Covid en el trabajo, en la cual se indica el lavado de manos, control de temperatura, llenado de la ficha de sintomatología, entre otros.

Es preciso señalar que, la ubicación de las bocaminas están muy próximas a las cuencas hídricas cerca del río Pampas y ojos de agua del valle, situación que genera una contaminación directa.

Asimismo, se comprobó que no cuentan con medidas de control ambiental; en los nuevos echaderos de desmonte y a las canchas de acumulación de mineral, por la cual se advierte riesgo de contaminación a los campos de cultivo, comunidades aledañas, etc.

Bajo ese contexto, se aguarda que la empresa pueda regularizar estas observaciones y sobre todo retirarse del lugar.

DATO: Los pobladores refieren que el centro minero pone en riesgo la salud, seguridad, daño al medio ambiente y que genera mucho conflicto social entre comuneros, puesto que cerca de 30 personas laboran en dicha empresa.
https://www.jornada.com.pe/tema-del-dia/item/3110-situacion-es-tensa-en-accomarca-por-conflicto-con-empresa-minera

Chile

Comunicado de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares

04/06/2021
Inaceptable, retrógrada y violadora de derechos es una ley que legalice la intervención del área cercana a glaciares y el permafrost
(de http://olca.cl/articulo/nota.php?id=108677)
“La ley que avanza permite y legaliza la intervención del ambiente periglaciar y permafrost, elementos centrales en la mantención de los glaciares”
El miércoles 2 de junio 2021 la Comisión de Minería y Energía del Senado despachó el sexto intento de proyecto de ley de glaciares a la Comisión de Medio Ambiente. Estuvo en esta comisión desde junio de 2018 luego que los comités parlamentarios negociaran con el ejecutivo para que ésta fuese la primera comisión en revisarlo.

A través de innumerables denuncias públicas que hemos hecho, buscamos concientizar sobre la importancia que tienen los glaciares y sus ambientes para el sustento hídrico de gran parte de la población del país y hemos querido develar cómo se ejerce el poder extractivista en el Senado a partir del actuar de los parlamentarios que legislan favoreciendo los intereses económicos, en vez de proteger el Bien Común.

Esta reciente tramitación estuvo fuertemente influenciada por el lobby minero con sus distintos representantes: el Consejo Minero, COCHILCO, SONAMI, Federaciones de trabajadores de CODELCO y glaciólogos mineros, tal como ha sido en los últimos seis años en otras tramitaciones infructuosas del mismo tema. Y tal como ha ocurrido con proyectos de ley anteriores a este sobre glaciares, la presión minera se materializó. La historia se repite una y otra vez: negocian a espaldas del pueblo.

La fórmula que usaron esta vez para acomodar la ley para las mineras fue la Mesa Técnica promovida y encabezada por el senador Girardi (PPD), quien decidió ceder la protección original del proyecto en relación con el entorno de los glaciares (ambiente periglacial) y el permafrost. De esta mesa sale entonces la propuesta del artículo sexto y séptimo por medio de los cuales se legaliza la intervención de estos elementos. Esto incluso contradice el mismo texto de la ley, ya que expresa que tanto el entorno como el permafrost son fundamentales para el equilibrio y permanencia de los glaciares. Esto fue apoyado por la senadora Isabel Allende (PS), Alejandro García Huidobro (UDI) y Rafael Prohens (RN). Lo decimos claramente, la Comisión de Minería se encargó de estructurar un proyecto de ley a la medida de la megaminería, la principal industria que destruye glaciares y el ambiente periglacial.

El proyecto será recibido por la Comisión de Medio Ambiente compuesta por dos integrantes de la Comisión de Minería, la senadora Allende y el senador Prorhens, además del senador Alfonso De Urresti (PS), José Miguel Durana (UDI) y Ximena Órdenes (Independiente ex PPD). Lamentablemente esta conformación no nos garantiza que se revierta este atentado a la Naturaleza y comunidades que velarán por la total protección de los glaciares y sus entornos y otras crioformas, ni tampoco del Buen Vivir de los Pueblos.

Constatamos cómo la historia se repite una y otra vez: negocian de espaldas del pueblo y continúan sobreponiendo el interés privado por sobre el de la mayoría. Esta vez quieren avanzar con una pantalla de ley de glaciares pero que al igual como lo pretendía Bachelet, es un dispositivo que permite la viabilidad de la minería en el ambienta periglaciar y permafrost.

Una ley que desproteja estos ambientes es totalmente perjudicial y un contrasentido a lo que efectivamente necesita el país. Lo que necesitamos es una ley de protección real y para todos los glaciares, su entorno y otras crioformas como el permafrost que se haga cargo de resguardar uno de los Bienes Comunes más importantes que hoy tenemos y que juega un rol fundamental como base y fuente de abastecimientos permanente de agua para las comunidades, los ecosistemas y la biodiversidad. No podemos aceptar leyes en la medida de lo posible porque destruyen la vida. Como país albergamos a la mayor superficie glacial de Sudamérica por lo que tenemos una responsabilidad que supera nuestras fronteras.

Los glaciares son tan importantes como su fragilidad y los intereses económicos no pueden estar por sobre el elemento esencial para la vida como es el agua, del cual dependemos todos para seguir viviendo.

Alertamos de la eventual trasgresión de los distintos tratados de Derechos Humanos que se verían gravemente afectados de prosperar esta propuesta de legalización de aquellos elementos que entregan el sustento a los glaciares. Entre ellos: la Convención Marco de Naciones Unidad sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kyotto, Convenio sobre Diversidad Biológica, Convenio 169 de la OIT en materia de los pueblos originarios y la Declaración de Río, Acuerdo de París entre otros. Además, se estaría violando el principio de progresividad comprometido por Chile en convenios internacionales. El Estado debe tener como finalidad el incremento gradual, constante, sostenido y sistemático del alcance y amplitud del nivel de protección ambiental, buscando alcanzar su plena efectividad en justo equilibrio con la protección y promoción del resto de los Derechos Humanos.

Como Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares hacemos un llamado a los movimientos sociales, organizaciones medio ambientales y a todos los pueblos a informarse sobre el esencial rol que cumplen los glaciares, y a estar atentos y activos frente al proceso legislativo e interpelar a las senadoras y los senadores para a no permitir que la minería siga el ecocidio ambiental contra nuestros frágiles ecosistemas de montaña de los cuales dependemos. A pesar de ser una instancia que no nos representa, no abandonaremos el seguimiento a este proyecto de ley en el Congreso, y paralelamente pondremos todas nuestras energías para impulsar la anhelada protección de estos Bienes Comunes en el espacio de la Convención Constitucional, por lo que instamos a los constituyentes a pronunciarse por este tema crucial del cual depende nuestro presente y futuro.

¡CON LA FUERZA DE UN GLACIAR!

COORDINACIÓN DE TERRITORIOS POR LA DEFENSA DE LOS GLACIARES

Agrupación del Camino Internacional (V), Andes Libres (RM), Asamblea autoconvocada por la Defensa del Agua Los Andes (V), Asamblea en Defensa del Elqui (IV), Asamblea por el Agua Guasco Alto (III), Baile Chino Cerro Mercacha (V), Centro Austral de Derecho Ambiental (X), Centro Ecológico Churque (RM), Colectivo Efímero (V), Comité Ambiental Teno (VII), Comunidad Indígena Taucan del Valle del Choapa (IV), Coordinadora 3 Ríos (V), Corporación del Medio Ambiente de Atacama CODEMAA (III), Elqui Sin Mineras / Elqui Sustentable (IV), Fridays for Future (V), Geoparque Valle de Petorca (V), Movimiento Socioambiental Putraintu (V), Nosotras Decidimos (V), OLCA (RM), Pacto Mundial Consciente (RM), Parque Andino Juncal (V), Putaendo Resiste (V), Raíces de Aconcagua (V), Red de Articulación Territorial Aconcagua Emerge (V), Red Metropolitana No Alto Maipo (RM), Red por la Defensa de los Territorios Wallmapu (IX), Red Regional Antimineras (XI), Unión Comunal Teno (VII), Valles en Movimiento Limarí (IV)

Contactos:
María Jesús Martínez +56963970135
Constanza San Juan Constituyente Distrito 4 +56962413008
Stefanía Vega+ 56 9 8441009

Correo: defendiendo.glaciares@gmail.com / Facebook: Glaciares Libres
Twitter: @GlaciaresLibres / Instagram: @defendiendoglaciares
Youtube: Glaciares Libres / Defendiendo Glaciares
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=108677

Perú

Amazonas: prorrogan intervención de FFAA en apoyo a Policía en lucha contra minería ilegal

Acciones se ejecutan en distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui
ANDINA/Difusión
02/06/2021
El Gobierno prorrógo la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional en la lucha contra la minería ilegal en el distrito de El Cenepa, en Amazonas. ANDINA/Difusión

El Gobierno prorrogó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la lucha contra la minería ilegal y delitos conexos en el distrito de El Cenepa, ubicado en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

Así lo dispone la Resolución Suprema N° 096-2021-IN, publicada hoy en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, que precisa que la medida estará vigente por 30 días calendario, hasta el 1 de julio próximo.


La norma sostiene que el objetivo es asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales especializadas de interdicción contra la minería ilegal y delitos conexos, en el distrito de El Cenepa.

En los considerandos de la norma se precisa que la medida se adopta a solicitud de la Policía Nacional que pide se amplíe la intervención de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales especializadas de interdicción contra la minería ilegal y delitos conexos en el distrito de El Cenepa.

Sostiene, asismismo, que las actividades de minería ilegal han hecho del distrito El Cenepa una zona de interés para diversos actores, generando un conflicto social y económico latente. «Si bien debido a la intervención de las Fuerzas del Orden, las actividades de extracción de mineral han cesado, no se descarta el reingreso de mineros ilegales ante la ausencia de estas, o que por el contrario, ante su permanencia, se planifiquen acciones de protesta y atentados contra la integridad del personal policial, del Ejército del Perú, del Ministerio Público y otras autoridades que se encuentren comprometidas en la lucha contra la minería y sus delitos conexos, siendo previsible que la capacidad de convocatoria y agresividad con la que puedan actuar, sobrepase la capacidad operativa de la institución policial», subraya.

Labores de apoyo

Remarca que la actuación de las Fuerzas Armadas constituye una tarea de apoyo a la misión de la Policía Nacional del Perú y no releva la activa participación de esta. El control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional del Perú.


Afirma que la actuación de las Fuerzas Armadas está dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, al adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada, facilitando de este modo que los efectivos de la Policía Nacional del Perú concentren su accionar en el control del orden interno y la interacción con la población.

Remarca, asimismo, que la intervención de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional; y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-DE.

Subraya, además, que la intervención de las Fuerzas Armadas no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte.

La Resolución Suprema lleva la firma del presidente de la República, Francisco Sagasti; y es refrendada por los ministros de Defensa, Nuria Esparch; y del Interior, José Elice.
https://andina.pe/agencia/noticia-amazonas-prorrogan-intervencion-ffaa-apoyo-a-policia-lucha-contra-mineria-ilegal-847596.aspx

Argentina

HENSEL: EL EMPLEADO DEL MES

03/06/2021
El Secretario de minería, Alberto Hensel, anunció más beneficios para el sector minero preocupado por emular, por ejemplo, el modelo chileno…
El secretario de Minería, Alberto Hensel, aseguró hoy que el Gobierno nacional trabaja en “un esquema de progresividad” de las retenciones a las exportaciones mineras y en generar un sistema de devolución de IVA de construcción mediante créditos que se haría efectiva cuatro veces al año.

El funcionario de la cartera de Desarrollo Productivo analizó hoy las condiciones necesarias que requiere la industria minera para su desarrollo en el país, y las medidas que está adoptando y analizando al respecto el Gobierno nacional, al participar del 1° Encuentro Nacional de Proveedores Mineros.

Además, Hensel aseguró que la actividad debe contar con “una institucionalidad adecuada que determine reglas de juego” para estimular las grandes inversiones a largo plazo que requiere el sector.

En este sentido, el funcionario dijo que la función de la secretaría es generar condiciones para que haya inversiones y apuntó a trabajar sobre “los 4 obstáculos que las frenan actualmente” como son el acceso al mercado de cambios, la estabilidad fiscal, la devolución del IVA y las retenciones.

Respecto al primer punto, ponderó el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia que generó el Régimen de Promoción de grandes inversiones para el incremento de las exportaciones, facilitando el acceso al Mercado

Único Libre de Cambios, lo que generó “una señal importante para el sector de la inversión”.

Sobre el ítem de estabilidad fiscal indicó que “todavía no se logró definir con exactitud cuándo se está frente a una vulneración y cómo debe ser el proceso de devolución o compensación”, pero vaticinó que “que en 60 días se podrá tener un panorama más claro en el trabajo con el Ministerio de Economía, universidades y la Procuración del Tesoro”.

En cuanto a las retenciones dijo estar trabajando sobre un esquema de “progresividad” que garantice “la cara interna de retorno de los proyectos y a su vez el margen operativo pertinente, para de allí en más, empezar a ver cómo puede funcionar un esquema de retenciones”.

“Hablar de progresividad me parece un enorme desafío que es por el cual hemos venido luchando por muchos años porque en los esquemas tributarios de nuestros competidores a nivel regional son progresivos aplicando sobre márgenes operativos”, dijo el funcionario respecto al esquema vigente en Chile y Perú.
Fuente: Télam

Hensel: el empleado del mes

Argentina

CUANDO LA MENTIRA ES “SU” VERDAD

03/06/2021
Al mejor estilo de los gobernantes divorciados de su pueblo, Mariano Arcioni afirma ahora que la oposición a la megaminería conforma un sector de “egoístas e hipócritas que no se preocupan por el trabajo” . Arcioni está proyectando en los demás aquello que lo caracteriza.
Tenemos muy clara la operación político-mediática en la que se achacan al oponente las propias miserias; operación de doble sentido en la que a la vez que se pretende descalificar al otrx también se pretende blindar la inoperancia y las intenciones propias.
Por Asamblea Noalamina Esquel
La situación Chubut
Mariano Arcioni fue el Vicegobernador de Mario Das Neves desde 2015 y asume la gobernación tras su muerte en 2017. Es electo Gobernador en 2019 con el 39% de los votos con la firma de paritarias muy favorables a los trabajadores (que luego no cumple) y un discurso de campaña antiminero contrario al proyecto de zonificación que impulsa para la meseta prácticamente desde que asumió. Esta síntesis demuestra que Arcioni tiene muy claro qué es lo que el pueblo quiere. Demuestra también que lo que el pueblo quiere no forma parte de su plan de gobierno.

Los paros y movilizaciones que se han sucedido así como las denuncias por violencia institucional y vulneración de derechos y algunas acciones judiciales han logrado poner un freno a la decisión legislativa de aprobar el proyecto de Mariano Arcioni, no así sus intenciones que son las del sector minero.

En este momento, el gobierno de Mariano Arcioni enfrenta un amparo judicial presentado por comunidades originarias de la meseta chubutense por no respetar el Convenio 169 de la OIT, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada por APDH, la férrea oposición ciudadana a la megaminería que se traduce en multitudinarias movilizaciones, los justos y permanentes reclamos de trabajadores activos y pasivos por sus salarios atrasados y, seguramente, la confrontación interna en el partido político con el que compitió para llegar al poder y del que hoy dice ser parte.

Seis años de desgobierno propio (2015-2021) que se suman a las tropelías cometidas por el dasnevismo y demostradas en la justicia y a los ¿10? ¿20? ¿30? años anteriores sin políticas provinciales para la generación de empleo, trabajo genuino o apoyo a producciones verdaderamente sostenibles. Décadas de desprecio a las y los pobladores del Chubut profundo negándoles el agua que está bajo sus pies y el derecho básico a los servicios públicos. Décadas desmantelando la estructura estatal de la mano del sector minero y utilizándola para negocios privados.

Hablemos en serio de “egoístas e hipócritas que no se preocupan por el trabajo”…

Minería, economía y trabajo

Las exportaciones de un bien no renovable están atadas a las fluctuaciones del mercado, al mayor o menor precio internacional. Lo sabemos en Chubut porque es lo que sucede con el petróleo. Al igual que la explotación del petróleo, la megaminería consume otros bienes no renovables que tienen un valor inconmensurable, como el agua. A diferencia de la explotación de petróleo convencional, las explotaciones megamineras tienen una vida útil corta.

Dice Margarita Moscheni, investigadora de Conicet, al analizar el caso San Juan: “Lejos de afianzar una estructura comercial exportable que dinamice la industria local y nacional, las inversiones megamineras le imprimen vulnerabilidad comercial en la canasta exportable. La concentración de las exportaciones en un solo producto (en San Juan 70% de las ventas externas corresponden al envío de oro) aporta fragilidad, ya que depende de las fluctuaciones en el mercado internacional de un solo producto (el oro), y del comportamiento de una sola empresa (Barrick Gold). Evidencia un delicado modelo de base exportable que permitió un rápido crecimiento económico (el mismo capaz de poner en jaque a la economía provincial en una crisis), y un proceso de desarrollo sustentable débil y enclenque para el territorio.”

Y agrega, en el mismo trabajo de investigación:

1- “… en el total provincial [la minería] es una de las de menor participación en la estructura laboral. Todas las empresas vinculadas a la rama de minas y canteras (incluidas las no metalíferas) absorben 3.302 sanjuaninos, lo que equivale sólo a 3.8% del empleo local en el primer trimestre de 2016, y menos de 2% de la PEA provincial. Una cifra realmente pequeña para una actividad económica que se aparecía como la gran fuente generadora de empleo.”

2- “En 2017 el intendente de Iglesias (Departamento en el que se encuentra Veladero) afirmó que de 5 mil personas que alcanzan la población económicamente activa, 3 mil están desempleadas, es decir, 60%. En Calingasta (Casposo) el desempleo asciende a 35%, mientras que en Jáchal (Gualcamayo) a 20%.”

3- “También se transformaron las relaciones laborales, creció la tercerización del empleo. Su búsqueda es delegada en consultoras y empresas de servicios eventuales, tales como Manpower, Orico y BTZ Minera. En minas como Bajo La Alumbrera, Veladero y Gualcamayo se registra un alto nivel de tercerización laboral, lo cual ha implicado la proliferación de los llamados ‘contratos a prueba’ y la exención de responsabilidad de las empresas mineras frente a eventuales despidos”

4- “La década 2005-2015 da cuenta que los indicadores de empleo, exportación y regalías no arrojan cifras económicas de incidencia positiva en el territorio, por el contrario se abrió un proceso de conflictos socioambientales originados en daños irreversibles.” que en Chubut ya existen desde hace décadas.

Las conclusiones del trabajo son demoledoras, afirma que “no es una actividad que dinamice la economía provincial. El crecimiento económico es un discurso que se utiliza sólo para legitimar la actividad. Los datos de empleo, exportación y regalía demuestran que no es suficiente como para garantizar el bienestar de la población a largo plazo.”

Que el gobernador Mariano Arcioni sea “un ferviente defensor del proyecto” de zonificación, tal como ha declarado, pone en evidencia -una vez más- a qué intereses sirve. No son los del pueblo indudablemente.

La forma de reproducción del capital extractivo está vinculada a la acumulación por despojo. La crisis financiera -y de diseño- que tiene Chubut genera un contexto en el que pretenden justificarse algunos negociados como si fueran un manotazo de ahogado hasta para programar más y nuevos beneficios que tiene el sector minero tal como lo anuncia el Secretario de Minería Hensel: créditos, menos retenciones y devolución del IVA.

Sigamos hablando de egoístas e hipócritas…

Bibliografía: Moscheni, Margarita, La minería y el desarrollo insostenible. El estudio de caso en San Juan, Argentina

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362019000100113&lang=pt#B5

Cuando la mentira es “su” verdad