Perú

Con bloqueo de carretera se exige adjudicación del Complejo Metalúrgico Doe Run Perú


Conflicto Relacionado: La Oroya-Doe Run-

04/12/2020
Trabajadores del Complejo Metalúrgico Doe Run Perú iniciaron la madrugada de este viernes un paro provincial con el fin de exigir el cumplimiento de la adjudicación del Complejo a los trabajadores. Este paro incluye el bloqueo de la carretera de la Carretera Central.

Asimismo, representantes de la sociedad civil de La Oroya, en la provincia de Yauli, acordaron sumarse a la protesta, según informó RPP. Luis Castillo Carlos, delegado de los trabajadores, indicó a dicho medio que la Junta de Acreedores del proceso concursal no ha cumplido con firmar la adenda que permitirá finalizar el proceso de adjudicación, pese a que se había llegado a este acuerdo el 15 de setiembre.

En el caso de no concretarse, se daría una liquidación de oficio, lo que llevaría a un despido masivo de trabajadores sin el pago de las deudas pendientes, indicó el delegado.

Luego de 10 años de proceso concursal, en enero del presente año, la junta de acreedores de Doe Run Perú aprobó transferir a los trabajadores todos los activos de la empresa, que incluyen el Complejo Metalúrgico en La Oroya y la minera Cobriza. Para esta transferencia se crearía la sociedad Nueva La Oroya.

Tras la venta de la mina Cobriza, los trabajadores exigen que se concrete la adjudicación del Complejo Metalúrgico. La venta de la mina por USD 20 millones a la compañía Andes Natural Resources Group Limited se concretó el 30 de octubre. Esta venta se cerró en medio de un proceso de liquidación del complejo minero La Oroya, que se encuentra cerrada desde el 2009 debido a la falta de liquidez para operar.
Fuente: Gestión
https://www.mineria-pa.com/noticias/con-bloqueo-de-carretera-se-exige-adjudicacion-del-complejo-metalurgico-doe-run-peru/

Colombia

Carbones del Cerrejón miente y actúa de manera fraudulenta…

 …frente a sentencia judicial y respuesta a los Relatores Especiales de Naciones Unidas
grafica alusiva a Carbones del Cerrejón miente y actúa de manera fraudulenta frente a sentencia judicial y respuesta a los Relatores Especiales de Naciones Unidas
NO ES CIERTO que la empresa hubiese logrado un acuerdo histórico o un diálogo sincero, abierto y de buena fe con el sector de la comunidad del Resguardo Provincial quienes por años hemos acudido a diversas instancias denunciando las graves violaciones, abusos y atropellos que ha cometido esta tramposa y mentirosa empresa de propiedad de las multinacionales mineras BHP, GLENCORE Y ANGLOMERICAN.

Las autoridades tradicionales del Resguardo Indígena Wayuu de Provincial, las mujeres wayuu accionantes de la sentencia T-614 de 2019 de la Corte Constitucional, líderes y demás miembros de la comunidad quienes elaboramos, presentamos y apoyamos tanto la tutela mencionada como la petición enviada a las Naciones Unidas, en conjunto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organización que ha venido acompañando estas acciones, nos permitimos comunicar a la opinión pública lo siguiente:

El día de hoy 10 de noviembre de 2020, Carbones del Cerrejón ha emitido un comunicado público en el que de manera grave y fraudulenta MIENTE y pretende engañar al país e instancias internacionales frente al cumplimiento de las órdenes de la sentencia de la Corte Constitucional T-614 de 2019 y las quejas que presentamos a las relatorías de las Naciones Unidas.

NO ES CIERTO que la empresa hubiese logrado un acuerdo histórico o un diálogo sincero, abierto y de buena fe con el sector de la comunidad del Resguardo Provincial quienes por años hemos acudido a diversas instancias denunciando las graves violaciones, abusos y atropellos que ha cometido esta tramposa y mentirosa empresa de propiedad de las multinacionales mineras BHP, GLENCORE Y ANGLOMERICAN.

Desde que se profirió la sentencia de la Corte Constitucional T 614 de 2019 y el llamado de las relatorías de Naciones Unidas que dieron la razón a nuestras denuncias, la empresa en su habitual estrategia de dividir a las comunidades, ha concentrado los diálogos “negociaciones” y comunicaciones de estos pronunciamientos con el cabildo Gobernador Oscar Guariyu y sus familiares. Este Cabildo (figura impuesta por la ley arijuna y no por la ley wayuu) desde un inicio rechazó tanto la tutela como la petición que enviamos a la ONU reclamando y exigiendo el respeto a los derechos a la salud y ambiente de nuestra comunidad y en especial de nuestros niños y niñas.

Es de conocimiento de la empresa que la misma Corte Constitucional dejó advertido en el texto de la sentencia que el Cabildo no podía anular la legitimidad de nuestras voces. Nos preguntamos entonces ¿cómo la misma persona que se opuso a la tutela es la encargada de “negociar” y hablar públicamente en representación de la tutela que él mismo rechazó? ESTO NO ES RESPETAR NI CUMPLIR LOS FALLOS DE BUENA FE.

Damos a conocer que, a través de varios escritos presentados en reiteradas ocasiones a la misma empresa, instituciones del Gobierno, órganos de control y autoridades judiciales hemos denunciado y pedido que se tomen las acciones frente a esta usurpación. Hemos puesto de presente que el señor Oscar Guariyu no puede robarnos nuestra voz y NO nos representa ante esta tutela o en la comunicación a Naciones Unidas, esto además considerando que desde meses atrás y acudiendo a nuestros derechos a la autonomía y a la autodeterminación, solicitamos su destitución e inhabilidad como Cabildo del Resguardo.

Informamos también que los días 6 y 10 de noviembre de 2020, en la visita a nuestro territorio hecha por el Defensor del Pueblo Carlos Camargo y representantes de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, Ministerio de Ambiente y Corpoguajira, les expusimos directamente esta problemática y les manifestamos que el acatamiento de esta sentencia debía realizarse en nuestros tiempos y respetando nuestros usos y costumbres. Por tanto, cada una de estas entidades tiene el pleno conocimiento de lo que aquí denunciamos.

Carbones del Cerrejón e instituciones del Gobierno deben respetar los tiempos y el proceso de reflexión interna que se está surtiendo al interior de nuestra comunidad para solucionar las divisiones que la empresa ha causado y hasta tanto eso no se solucione NO PUEDE aceptarse como válido o legítimo ningún diálogo sobre la sentencia T 614 de 2019, como tampoco tienen permitida la entrada a nuestro territorio.

Rechazamos la campaña de desinformación adelantada por Carbones del Cerrejón y evaluaremos las acciones pertinentes frente a las responsabilidades que correspondan por el actuar de mala fe y constitutivo de delitos, burlas e incumplimientos a las decisiones judiciales con el que sigue actuando esta empresa.

Argentina

Sin dictamen para el proyecto de traición al pueblo

02/12/2020
El proyecto de zonificación minera no obtuvo dictamen en la comisión de Recursos Naturales y no será tratado en la sesión de este jueves
Con el pueblo movilizado en cada lugar de la provincia y las sospechas que recaen en el cuerpo legislativo sobre la comisión de un delito penal, los 8 diputados de la única comisión que tiene el proyecto de zonificación enviado por el Ejecutivo provincial no pudieron dar dictamen positivo. Se reunieron este miércoles por la tarde pero no se logró la mayoría para sacar un despacho que se pueda tratar en la sesión de este jueves, por lo que deberá esperar al menos hasta el 10 de diciembre.
Fuente: ADNSUR
Este miércoles por la tarde se realizó la reunión de la comisión de Recursos Naturales, la única que tiene para su análisis el proyecto de zonificación minera en la meseta y de Iniciativa Popular. Según pudo saber ADNSUR, los diputados que se conectaron de manera virtual expusieron brevemente su postura y en la mayoría de los casos afirmaron que el proyecto del Ejecutivo que lleva el 128/20, necesita más análisis y que debe ser debatido más a fondo.

La noticia no fue buena para el oficialismo, que tenía la expectativa de lograr al menos cinco votos para conseguir una mayoría que le permitiera poner en la sesión de mañana el tema a consideración del pleno de la Cámara. Esto quiere decir que, dentro del periodo ordinario, solo quedaría la reunión de comisión del próximo miércoles para ver si algún diputado cambia de parecer y se logra una mayoría mínima como para que el tema se pueda tratar en la sesión del 10 de diciembre.

Si bien hay mucha reserva y los legisladores mantienen sus teléfonos cerrados, esta agencia pudo saber que entre los planteos de esta tarde, hubo coincidencia en que el tema está aún muy «verde», y que por la magnitud y relevancia del asunto, se necesita un debate mucho mayor con más actores y muchas reformas al proyecto original para que tenga más posibilidades de ser tratado.
La comisión es presidida por el justicialista Carlos Eliceche y cuenta con otros dos integrantes del Frente de Todos, que son Tatiana Goic y Mario Mansilla; luego hay dos diputados de Juntos por el Cambio, que son Andrea Aguilera y Sebastián López; y finalmente cuatro diputados de Chubut al Frente, que son Carlos Gómez, Roddy Ingram, Mariela Williams y Rossana Artero.

Sin dictamen para el proyecto de traición al pueblo

Argentina

Chubut, totalitarismo y democracia

03/12/2020
Hablar sobre desaparecidos en nuestro país, es abrir el telón de la tragedia que hemos vivido. Sostener la palabra, los ideales y los sueños a una generación le valió su propio destino en esa resistencia durante los años más oscuros que haya vivido Argentina bajo una dictadura cívico-militar. Dejamos atrás aquel Estado totalitario, represor, asesino ¿Qué Estado construimos? El actual Estado chubutense en el que no hay costos políticos no puede ser el modelo.

Transcribimos una nota de Pablo Quintana para El extremo sur

Hablar sobre desaparecidos en nuestro país, es abrir el telón de la tragedia que hemos vivido. Sostener la palabra, los ideales y los sueños a una generación le valió su propio destino en esa resistencia durante los años más oscuros que haya vivido Argentina bajo una dictadura cívico-militar.

Esas atrocidades suponen que estuvieron contempladas fuera de cualquier orden normal o democrático. Aunque, a esta altura de los tiempos, ese orden institucional que supimos conseguir se fue deshilachando con el correr de los años y lejos de esa fuerza que parecía cobrar, una vez retirada la dictadura, hoy ese mandato democrático representativo se ha vuelto un sistema delegativo que cada vez está más lejos de satisfacer nuestros propios intereses.

Si bien el sistema republicano en un juego de contraste y de oposición con ese pasado, persiste como la mejor opción, las barbaries siguen ocurriendo, aunque de manera más sesgada.

Soslayar e invisibilizar un proyecto de ley que cuenta con el acompañamiento de más de 30 mil firmas, es desaparecerlo. El dictador Rafael Videla disparó allá en 1979: «Le diré que frente al desaparecido en tanto éste como tal, es una incógnita, mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial, porque no tiene entidad». Así pareciera estar hoy la IP en el seno de la legislatura que dice albergar a quienes representan a la comunidad.

De aquel escenario de represión ilegal, asesinato, torturas atroces pasando por esa imagen apocalíptica del desaparecido que se vivieron en los años de plomo de la Argentina de los ‘70/’80 pasamos a construir lo que creíamos un Estado pleno de Derecho. Pero, al menos en Chubut pareciera que estamos lejos de vivir en esa etapa. Si entendemos ese Estado como una sociedad más abierta, en busca de un mayor pluralismo y sometiendo a una libre y verdadera discusión todos los temas que interesan a la sociedad.

Chubut desde hace algunos años se asemeja más a un Estado totalitario si comprendemos a este como la construcción de una sociedad cerrada, sojuzgada, asfixiada por el discurso oficial que no escucha y que los medios comerciales repiten con gacetillas de prensa. Un gobierno que evapora todo reclamo popular o de la clase trabajadora. Es cierto que el Estado totalitario de los años ’70, como señalamos, reprimía, torturaba y desaparecía. Pero hoy, el presunto Estado de Derecho chubutense, reprime y subestima cualquier expresión o pensamiento que se manifieste por propia conciencia, con análisis crítico y autodeterminación.

En el pasado, el Estado en mano de los genocidas, redujo a sus víctimas lo encapuchó, los asesinó y, entre otras bestialidades, los arrojó al vacío desde aviones. En este presente de la provincia patagónica los sometió a un empobrecimiento atroz, instrumenta medidas de represión y pretende desaparecer una Iniciativa Popular con más de 30 mil firmas, intentado llevar toda la discusión por la megaminería en torno a la pretendida zonificación.

Suele escucharse con frecuencia en los últimos días a políticos lamentar las manifestaciones que en sus viviendas particulares tuvieron que soportar. Hablan de escraches, intolerancia o expresiones tales como: «pareciera que no estamos en democracia». Hace tiempo que viejas estructuras como los partidos políticos, que alguna vez intentaron cimentar esta forma de organización social, en el que se supone el poder lo tiene el conjunto de la ciudadanía, no funcionan. Las demandas empiezan a ser en términos personales, porque los costos políticos ya no tienen cabida.

Con la minería a gran escala instalada en los territorios los niveles democráticos disminuyen, así lo advierte el abogado ambientalista Enrique Viale. Chubut padece algo similar a pesar que el modelo no se puso en marcha todavía. Pan American Silver Corporation, desde que le compró a Aquiline Resources los derechos para explotar el proyecto Navidad, actúa como un estado paralelo desde hace diez años en la meseta con el visto de bueno del Estado. La compra de voluntades suele ser una moneda corriente en estos conflictos.

Desde que en este país tuvimos un presidente que en un acto público nos habló de ir hasta la estratosfera y de ahí a Japón, está permitido decir y prometer cualquier barbaridad en la función pública. Sin que eso implique la imposibilidad de seguir cumpliendo funciones en cargos públicos (hoy es senador). Vivimos en una provincia donde el actual gobernador acordó aumentos salariales en paritarias. Una instancia que tiene un largo historial en términos de conquista de derechos de negociación colectiva. Pero Mariano Arcioni la incumplió. Se pronunció en contra del extractivismo hace sólo tres años y hoy hace hasta lo imposible por desarrollar la minería a gran escala. Una forma de violentar que tiene el Estado por estos tiempos.

La desaparición forzada de personas es un destino que aún pesa sobre nuestras espaldas. Una sociedad que aún busca entre sus escombros del pasado el reencuentro. Quizás nos explique también porque nos cuesta tanto construir un mejor lugar donde vivir, teniendo en cuenta que no contamos con casi toda una generación que no está entre nosotros.

El ensayista Alejandro Kaufman sostiene que la desaparición es imperdonable, «porque suspende el tiempo. Sus efectos son prolongados y se destinaron a mantener lo irreparable de la pérdida». Por lo tanto, así como ese crimen de la desaparición es imperdonable, inexcusable será para quienes permitan que las futuras generaciones sobrelleven los impactos ambientales que generará el proceso de explotación de minerales.

«En el acto de producción está implicada una permanencia irreversible. Esta es la especificidad del crimen de la desaparición», agrega Kaufman y, podríamos parafrasear, el impacto inalterable que generan diques de cola, drenajes ácidos y químicos utilizados en la meseta chubutense (para luego expandirse por todo el territorio provincial) serán ese crimen perfecto para nuestros hijos y nietos.

«La inmensa operación, sutil y refinadamente perversa de las desapariciones es imperdonable, diríamos, ontológicamente, porque fue concebida para hacerse imperdonable», finaliza el crítico cultural. De la misma manera, podríamos decir que los negociados que teje el poder económico junto al político sólo son concebidos por la avaricia y la ambición. Por ello el voto en favor de la zonificación minera será imperdonable.

Chubut, totalitarismo y democracia

Internacional, Latinoamerica

Diario El Chubut publicó una nota sobre los desastres ambientales de la megaminería

03/12/2020
Por algunos minutos de este jueves 3 de diciembre, se pudo acceder a una nota en la versión digital del Diario El Chubut, en la que el Ingeniero Juan repasa los desastres ambientales ocasionados por la megaminería en distintos países del mundo. Si bien el título de la nota «Consecuencias de la explotación minera irresponsable y mal controlada» puede pretender dar a entender que sí existe una megaminería responsable y controlada, así como destacan las ausencias de los desastres ocasionados por Pan American Silver en Quiruvilca (Perú) y los de la minera Vale en Brasil que serían de especial interés para la población chubutense, la información de la nota permite ver cómo la megaminería lleva a la destrucción de los ambientes donde opera en su propia esencia. Por algo en el Diario El Chubut decidieron eliminarla, y por ello mismo desde noalamina.org la guardamos y la reproducimos a continuación:

OPINIÓN
Consecuencias de la explotación minera irresponsable y mal controlada

Algunos de los casos en que la actividad minera ha generado grandes impactos en regiones por contaminación de aguas.

(Imagen que acompañaba la nota original)

BOLIVIA

La mayoría de los ríos del país están afectados por la explotación de oro, plata, plomo, estaño, wolfram, antimonio y muchos otros minerales. En el Departamento La Paz ninguna de las empresas mineras toma precauciones para evitar que las aguas se contaminen, están dañados los ríos Mapiri, Tipuani y Guanay. El lago Poopó y los ríos Huanuni, Choro, Machakamarka y Chuquiña en Oruro, revelan contaminación minera. De una mina se vuelca una especie de barro negro directamente al río Huanuni, formando una montaña que una pala mecánica desmonta y carga sobre un camión, una y otra vez. Ese material contamina el río, cuyas aguas abastecen la actividad agropecuaria de más de 50 comunidades que pertenecen a cinco municipios de ese departamento. Están contaminados los ríos Vitichi, Caiza y el nacimiento del Pilcomayo en Potosí. En Santa Cruz, San Ramón; en Beni, San Simón y Madre de Dios; en Pando, Orthon y en Cochabamba, el río Punata. Los contaminantes más recurrentes son los metales pesados. En la laguna Suches inicia su curso el río del mismo nombre, frontera entre Perú y Bolivia, altamente contaminado. Autoridades de Puno, Perú, señalan que en las muestras de los estudios realizados en las aguas se ha encontrado plomo. A ambos lados de la frontera se realiza actividad minera informal sin control ni criterio técnico, provocando un negativo impacto ambiental. El distrito de Cojata, en la provincia de Huancané, es la jurisdicción más afectada por los relaves mineros del río. Sus habitantes utilizan las aguas para el riego de pastizales y abastecimiento de humedales. Desde que opera la minería informal se ha producido mortandad del ganado. La minera suiza contaminante Glencore recurrió a un artificio engañoso para librarse de todas sus obligaciones ambientales, sociales y económicas. De esta forma, pudo obtener ganancias de sus operaciones y a la vez externalizar las consecuencias ambientales.

PERÚ

Las localidades de Magdalena, el Centro Poblado Menor de San Sebastián de Choropampa y San Juan, fueron perjudicadas el 2 de junio del año 2000, por un derrame de 151 kilogramos de mercurio elemental, que produjo una gran intoxicación en alrededor 1200 personas. Los daños ambientales fueron cuantiosos, contaminando ríos, causes, flora y fauna, originando la alteración de los ciclos naturales de la zona, la vegetación y los animales expuestos a esta sustancia sufrieron graves índices de intoxicación. En Puno, las aguas de cinco de los siete ríos de la cuenca del río Ramis, están contaminadas con metales pesados a causa de la actividad minera. Metales pesados en los ríos Crucero, Santa Rosa, Ayaviri, Pucará y Llallimayo, tienen origen político: al no existir control gubernamental sobre la minería informal que se concentra en las zonas altas, son perjudicados los pobladores que habitan en las zonas bajas y utilizan el recurso hídrico contaminado por las actividades de los de arriba. La contaminación del río Santa cuyas aguas son utilizadas para la agricultura del valle y el servicio de agua para Nuevo Chimbote, se ha originado por el derrame de la minera Pushaquilca, debido a sus precarias condiciones y falta de control. La minera sufrió el colapso en rampas, embalsó el agua y derramó sobre la laguna Pelagatos. La contaminación del río, perjudica gravemente a los poblados de Paragón y Conzuso, de Pampas. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Estado peruano ha sancionado repetidas veces a la minera suiza Glencore por violaciones de la legislación ambiental. En mayo de 2012, impuso una multa porque había bombeado agua contaminada con metales pesados proveniente de sus actividades mineras hacia pastizales localizados en el entorno de su mina de cobre Tintaya, en Espinar

VENEZUELA

En los Estados Bolívar y Amazonas, desde hace aproximadamente 25 años se ha demostrado que la minería ha causado grandes impactos ambientales, generando focos de contaminación por mercurio, debido al uso de tecnologías no aptas para esta actividad.

COLOMBIA

Presenta una tasa de mortalidad infantil de 18 por cada mil nacidos vivos (2012), este índice se encuentra influenciado directamente por las consecuencias de actividades mineras de manera irresponsable. El río Tunjuelo, afluente del Bogotá, uno de los tres que abastecen la capital, atraviesa sitios altamente contaminantes como los frentes de explotación minera en ciudad Bolívar y Usme donde empresas contaminaban río con aguas sucias y residuos peligrosos. Debido a las actividades mineras de la suiza Glencore en la región César, es imprescindible reubicar a tres comunidades arruinadas, El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón, que están en la miseria.

 

BRASIL

Los ríos y arroyos que serpentean en el municipio de Barcarena, estado de Pará, en la región Norte, están contaminados por metales tóxicos provenientes de residuos de una de las presas de la empresa minera Hydro Alunorte, lo afirma el segundo informe técnico presentado por el Instituto Evandro Chagas. El informe comprueba los altos niveles de aluminio, a pesar del gran volumen de agua del río. El año pasado la rotura de la represa Córrego do Feijão, que pertenece a la compañía minera Vale, desencadenó un alud de aguas residuales que arrastró todo a su paso. Al menos 60 muertos y casi 300 desaparecidos.

 

ECUADOR y PERU

En diciembre un grupo de biólogos ecuatorianos y brasileños publicó una investigación que revelaba que en los afluentes de la cuenca alta del río Napo, en la provincia amazónica de Napo, Ecuador, los niveles de algunos metales pesados son 500 veces más altos de lo permitido por normativas ecuatorianas y norteamericanas. Además, los sitios ubicados cerca de la minería de oro a pequeña escala y rellenos sanitarios presentaron concentraciones de 100 a 1000 veces más altas que lo normal. Los resultados de una investigación de tres universidades muestran que las altas concentraciones de metales observadas en el agua se deben, entre otras razones, a la cercanía de la minería de oro a pequeña escala. El río Yutsupino es uno de los afluentes del Napo, y allí la actividad minera es constante. No solo hay mineros artesanales, sino que, bajo el régimen de pequeña minería, opera la empresa Terraearth Resources S.A. CHILE la Compañía Minera del Pacífico, en Huasco ciudad portuaria ubicada en la región de Atacama, un lugar declarado como zona de sacrificio por el Gobierno, por sus altos índices de contaminación, ha sido denunciada repetidas veces por verter sus relaves mineros al mar y causar daños a la salud, al medio ambiente y a las producciones agrícolas y pesqueras.

MEXICO

El 6 de agosto de 2014, la falla en una válvula de la mina de Cananea generó el derrame de 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico que contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi dejando sin agua para consumo humano y actividades productivas a más de 22.000 habitantes de siete municipios. Es considerado el peor desastre ambiental provocado por la industria minera en México.

GUATEMALA

Un grupo de pescadores indígenas exigió conocer el impacto ambiental y la contaminación del lago Izabal, por una mina implantada en sus tierras. Uno de ellos fue asesinado, y un periodista local fue criminalizado por cubrir el caso. La Compañía

Guatemalteca de Níquel, que opera en la mina, negó tener responsabilidad en el asesinato y los enfrentamientos violentos entre manifestantes y la policía. Además, negó categóricamente cualquier daño al medio ambiente. «No podremos vivir de los peces si continúan contaminando nuestra agua», dijo Alfredo Maquin, uno de los pescadores.

CANADÁ

En la mina abandonada del Monte Washington en la Isla de Vancouver, mineral bruto de pirita con contenido sulfato, yacen expuestas a los elementos junto con 130 mil toneladas de desperdicio. Cobre tóxico ingresa al río Tsolum, mata al salmón joven y deteriora al salmón adulto que huye del río al pantano.

ESTADOS UNIDOS

Cada día millones de litros de agua contaminada con arsénico, plomo y otros metales tóxicos fluyen de minas abandonadas a los lagos y ríos circundantes sin ser tratadas, según The Associated Press. Las minas abandonadas han contaminado 70 mil hectáreas de reservas y lagos y 190 kms. de arroyos y ríos. El torrente envenena la vida acuática y contamina los servicios de agua potable en Montana, California, Colorado, Oklahoma y al menos cinco estados más. Las mineras excavaban en busca de plata, plomo, oro, etc. y abandonaban las minas cuando dejaban de ser rentables.

ESPAÑA

Las aguas ácidas mineras, residuos de la minería y metales acaban en las cuencas fluviales contaminando los ríos, Tinto y Odiel en Huelva.

FILIPINAS

Por muchas generaciones, las comunidades a lo largo del río Abra se ganaban la vida con la agricultura, la pesca, las artesanías y la minería de pequeña escala de oro y cobre. En los años recientes, grandes empresas han comenzado extracción de oro, causando gran daño al río, la vida silvestre y la gente que vive allí. Muchos tipos de aves, animales y plantas han desaparecido. El río fue envenenado por derrames químicos de las lagunas de desechos y del drenaje ácido de mina.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

La subsidiaria de la minera suiza Glencore KCC habría vertido intencionalmente y durante años los efluentes altamente contaminados de la mina a las aguas del río Luilu en Katanga. Según los informes de las organizaciones no gubernamentales, esto habría llevado a la completa extinción de los peces que poblaban el río.

RUSIA

Vertido de una planta metalúrgica de la ciudad ártica de Norilsk, contaminó y tiño de rojo el agua del río Daldykan. La minera Norilsk Nickel, la mayor productora de níquel del mundo, dijo que un dique en su planta de Nadezhda desbordó causando la afectación del río. El procesamiento de los metales extraídos en la zona ha convertido la región en uno de los rincones más polucionados del planeta.

EUROPA

El centro tecnológico Biodiversidad, Ecología y Tecnología y Gestión Ambiental y Alimentaria (BETA) de la Universidad de Vic, Barcelona lidera un proyecto para reducir el impacto en los ríos de los efluentes líquidos de las 3.460 minas abandonadas que hay en Europa.

Estos son algunos de los casos en que la minería ha ocasionado grandes impactos a poblaciones del mundo.

Diario El Chubut publicó una nota sobre los desastres ambientales de la megaminería

Chile, Internacional, Litio

Degradan calificación crediticia de Tianqi, accionista china de minera local SQM

La asiática incurrió en impagos.
04/12/2020
(El Mercurio) Moody´s Investor Services dio a conocer la degradación de la clasificación corporativa de Tianqi Lithium Corporations, uno de los principales accionistas de SQM, desde Caa1 a Caa2.

Asimismo, rebajó desde Caa2 a Caa3 la clasificación de los bonos senior no garantizados emitidos por Tianqi Finco Co., y garantizados por Tianqi Lithium.

La decisión se da luego del no pago de un préstamo por US$1.884 millones que vencía originalmente a fines de noviembre, y para el cual se le dio un plazo extra hasta el 28 de diciembre para llegar a un acuerdo, instrumento fundamental para la compra del 24% de las acciones de la minera chilena.

Según Moody´s “Tianqi no cumplió con su promesa de pago original y se le concedió una extensión de vencimiento. La rebaja muestra nuestra preocupación de que la ausencia de una resolución satisfactoria sobre el plazo de reestructuración de préstamos podría reducir las perspectivas de recuperación para los acreedores”
https://www.mch.cl/2020/12/04/degradan-calificacion-crediticia-de-tianqi-accionista-china-de-minera-local-sqm/

Chile

En estudio queda reclamación de asociación indígena en contra de proyecto minero Cerro Colorado

La asociación indígena reclama por la RCA dictada por el Servicio de Evaluación Ambiental, ya que aseguran que en el proceso de evaluación ambiental no fueron considerados y que tampoco se evaluaron los impactos que el proyecto puede producir en la salud de las personas.
04/12/2020
En estudio quedó la reclamación de la Asociación Indígena San Isidro de Quipisca en contra de la evaluación ambiental favorable del proyecto “Adecuaciones en depósitos de lastre, caminos internos y campamento” de Cía. Minera Cerro Colorado de BHP, que se ubica en la comuna de Pozo Almonte, a 95 kilómetros de Iquique.

Así lo determinaron los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Marcelo Hernández y Juan Opazo, del Primer Tribunal Ambiental, luego de la audiencia de alegatos, en la que se escucharon los fundamentos de las partes.

La asociación indígena reclama por la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) dictada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), ya que aseguran que en el proceso de evaluación ambiental no fueron considerados y que tampoco se evaluaron los impactos que el proyecto puede producir en la salud de las personas.

En la audiencia, el abogado Lorenzo Soto Oyarzún, en representación de la asociación indígena de Quipisca, centró sus alegatos en tres puntos que tienen que ver con cuestiones de orden indígena, la calidad del aire y los efectos ambientales del proyecto desde el punto de vista de sus impactos significativos.

“No cabe duda que es un proyecto que afecta a la comunidad que represento”, fue una de las primeras afirmaciones que hizo el abogado, quien, además, aseguró que el SEA no se apersonó en Quipisca ni levantó ninguna información respecto a las características y condiciones de vida que permitieran caracterizar al grupo humano de la zona de influencia.

Lo anterior, porque uno de los puntos controvertidos de la causa tiene que ver con el proceso de participación ciudadana que debe efectuar el organismo en la evaluación de proyectos, y el deber de consulta indígena conforme al Convenio 169 de la OIT.

Respecto a esto último, el litigante explicó que dicho convenio establece, en su artículo 6, que debe consultarse a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Para Soto, el proyecto debió haber ingresado al SEIA a través de un Estudio de Impacto Ambiental, y no de una Declaración de Impacto Ambiental; y fue enfático en decir que la comunidad no se opone al desarrollo de este tipo de iniciativas.
https://www.mch.cl/2020/12/04/en-estudio-queda-reclamacion-de-asociacion-indigena-en-contra-de-proyecto-minero-cerro-colorado/

Perú

Defensores de Espinar fueron absueltos después de 8 años

30/11/2020/por RED MUQUI
El día de hoy, lunes 30 de noviembre, el ex alcalde de Espinar: Oscar Mollohuanca, y los ex dirigentes sociales del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE): Herbert Huamán y Sergio Huamaní, fueron absueltos por el Cuarto Juzgado Unipersonal de Ica, tras haber sido denunciados por el Ministerio Público el 2012 tras las protestas desarrolladas ese año en rechazo a la contaminación ambiental de la empresa minera Xtrata Tintaya (ahora Glencore Antapaccay) y su negativa a aportar al desarrollo de Espinar de acuerdo a las demandas de las comunidades y la ciudad. Años después el Ministerio de Salud confirmó la presencia de metales pesados en el organismo de cientos de espinarenses.

En el paro desarrollado en mayo de 2012 fallecieron 3 personas y resultaron más de 15 personas heridas. El juicio para que esas personas asesinadas encuentren justicia se archivó hace unos años. El jefe del operativo en ese entonces fue Gastón Rodríguez, el ex ministro del Interior del gobierno de Merino, que es el responsable político de la muerte de Inti y Jack y los más de 100 heridos de la última protesta popular nacional.
Adelanto de sentencia

De acuerdo al informe de la Institución Derechos Humanos Sin Fronteras, que asumió la defensa legal de los defensores criminalizados; durante la audiencia virtual de lectura de sentencia, el juez Jean Franco Pinto Fernández, titular del Cuarto Juzgado Unipersonal del Juzgado de Ica, señaló lo siguiente:

“Absolviendo a los ciudadanos Oscar Avelino Mollohuanca Cruz, Herberth Huaman Llave Y Sergio Huamani Hilario, de los cargos formulados en su contra”

El juez Franco Pinto Fernández reiteró que -según el título preliminar del Código Penal- está proscrita la responsabilidad objetiva, y no es posible atribuirle la responsabilidad por el solo hecho de haber convocado protestas, ya que “la protesta es un derecho de rango constitucional que deriva del derecho de la libertad de expresión”.

El secretario ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda, señala que la sentencia es un reconocimiento a la lucha de varios años del pueblo de Espinar. Añade que se debe exigir justicia y reparación para las personas asesinadas y los heridos que dejó la protesta el 2012. «Se está reconociendo el derecho a la protesta, diciendo que la población tiene el derecho legítimo amparado en la Constitución para protestar, reclamar, y que varias de sus demandas sean atendidas». Añadió que espera que el precedente sea positivo para otros casos en el país.

La sentencia íntegra se leerá el 10 de diciembre a las 16 horas, en el marco del Día de los Derechos Humanos.

Latinoamerica

2do Informe OCMAL Minería y Covid

02/12/2020
Ante la inminente crisis económica que se ha pronosticado
para el periodo post-COVID19, gobiernos y empresas tratan
de fortalecer la idea de que la minería es una de las
alternativas más importantes para la reactivación económica.
Esta posición es paradójica si tomamos en cuenta que, en el
contexto de una pandemia -que aún no conoce su fecha de
término, si la tiene, – diversas empresas se negaron a
suspender actividades o presionaron a las autoridades para
evitar la suspensión, aun cuando la situación así lo
demandaba, debido al aumento de contagios de trabajadores
con el riesgo para sus familias, las comunidades de
procedencia y aquellas en el entorno de los centros mineros.
Esto generó conflictos entre las empresas y organizaciones de
mineros, quienes, ante la ausencia de una regulación
gubernamental responsable, tuvieron que exigir medidas de
contingencia adecuadas, llegándose a pedir, en algunos casos
la suspensión de actividades.
De este modo, el objetivo del segundo informe de la Red de
Vigilancia de OCMAL sobre minería y COVID-19 consiste en
exponer cómo las empresas mineras han aprovechado el
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2do Informe OCMAL Minería y Covid

Argentina

Comunidades de la meseta pidieron a Legislatura que “desista” de tratar la zonificación

02/12/2020
A través de un documento presentado a la Legislatura, comunidades originarias de la Meseta centro-norte solicitaron a la Cámara que se abstenga de avanzar con el tratamiento de la Zonificación ya que se redactó “en violación a los derechos de los Pueblos Originarios”, además de ir en contra de un convenio de la OIT. Además, requirieron que desistan de tratar cualquier proyecto para habilitar la megaminería sin hacer efectiva la consulta y participación a las comunidades, de manera libre, previa e informada.

Fuente: Radio 3 Cadena Patagónica

A través de un escrito, presentado al presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Sastre, y a la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente; las comunidades originarias de la Meseta centro-norte solicitaron a la Legislatura que desista de avanzar con el tratamiento del proyecto de Zonificación minera presentado por el Gobierno provincial.

El escrito fue suscripto por las autoridades de las comunidades de Laguna Fría, mallín de los Cual, Los Pino, Chacay Oeste y Escorial.

En el mismo señalan que el proyecto para habilitar la megaminería se redactó “en flagrante violación de los Derechos Constitucionales y Supralegales que asisten a las Comunidades mapuche-tehuelche respecto a sus territorios, los recursos naturales y al derecho a la consulta previa, libre e informada”.

Por ello, solicitaron que se abstengan de “tratar o aprobar el proyecto de Zonificación hasta que se haga efectiva la consulta y participación de las comunidades originarias de la zona -remarcando además que para poder tratar un proyecto así se debe contar- con el consentimiento libre, previo e informado” de las comunidades afectadas.

Precisamente, cuestionaron que el proyecto presentado por el Gobierno haya incumplido con el artículo 6 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual precisamente señala que “los gobiernos deberá consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, CADA VEZ QUE SE PREVEAN MEDIDAS LEGISLATIVAS o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Sobre este aspecto, señalaron que “las comunidades (que presentaron el escrito) y las demás establecidas en la Meseta Centro-Norte de Chubut y emplazadas dentro del área de zonificación, no han sido consultadas”, ni antes de presentar el proyecto ni ahora.

No solo esto, “sino que tampoco se ha garantizado el Derecho de consulta y participación antes de su presentación para tratamiento legislativo”.

Por todo esto, las comunidades remarcaron que si se avanza con el proyecto tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, “se estarían vulnerando notoriamente nuestros derechos como comunidades indígenas”.

Sobre el final, repasaron los diferentes instrumentos legales que los asisten y respaldan en el planteo expuesto a la Legislatura: Artículo 34 de la Constitución Provincial, 75 inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales supralegales como el Convenio 169 de la OIT, los artículos 18 y 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos indígenas y el artículo 21 de la Convención de Americana de Derechos Humanos.

Precisamente, cuestionaron que el proyecto presentado por el Gobierno haya incumplido con el artículo 6 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual precisamente señala que “los gobiernos deberá consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, CADA VEZ QUE SE PREVEAN MEDIDAS LEGISLATIVAS o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Sobre este aspecto, señalaron que “las comunidades (que presentaron el escrito) y las demás establecidas en la Meseta Centro-Norte de Chubut y emplazadas dentro del área de zonificación, no han sido consultadas”, ni antes de presentar el proyecto ni ahora.

No solo esto, “sino que tampoco se ha garantizado el Derecho de consulta y participación antes de su presentación para tratamiento legislativo”.

Por todo esto, las comunidades remarcaron que si se avanza con el proyecto tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, “se estarían vulnerando notoriamente nuestros derechos como comunidades indígenas”.

Sobre el final, repasaron los diferentes instrumentos legales que los asisten y respaldan en el planteo expuesto a la Legislatura: Artículo 34 de la Constitución Provincial, 75 inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales supralegales como el Convenio 169 de la OIT, los artículos 18 y 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos indígenas y el artículo 21 de la Convención de Americana de Derechos Humanos.
Audio de Ángel Cayupil en entrevista con Radio3
El documento completo puede leerse aquí: https://drive.google.com/file/d/1EvHWlKxbLRyp7sKTFnab3ptNM6Wy206N/view

Comunidades de la meseta pidieron a Legislatura que “desista” de tratar la zonificación