Perú

Cusco: Conforman Comisión para analizar resolución que clasifica como vía nacional el corredor minero del sur

13 enero, 2020 Autor: DSHF.pe
Conflicto Relacionado: Chumbivilcas-Constancia

08.01.2020. A convocatoria del Gobernador Regional de Cusco, Jean Paul Benavente, para hoy se instaló y conformó la Comisión Técnica encargada de exigir la nulidad de la Resolución Ministerial N° 372-2018-MTC que clasifica como vía nacional parte de la ruta del corredor minero del sur, sin haber consultado previamente a las comunidades que conforman este territorio. A la cita asistieron alcaldes distritales y provinciales de Espinar, Chumbivilcas, Paruro, presidentes de comunidades campesinas afectadas por la contaminación de los vehículos que hacen uso del corredor minero, dirigentes de frentes de defensa, entre otros.

Funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizaron una presentación sobre los mecanismos y procedimientos de aprobación de la reclasificación de rutas del corredor minero casi justificando su decisión. Los dirigentes presentes cuestionaron que el MTC no ha respetado el derecho de propiedad, la autonomía de la comunidad, se ha vulnerado derechos como la omisión de consulta previa.

Después del debate acalorado que se desarrolló en las instalaciones del Gobierno Regional, se acordó implementar un plan de trabajo, así como evaluar un eventual pronunciamiento para solicitar la derogatoria del Decreto de Urgencia que dispone la expropiación y adquisición de tierras comunales, del mismo modo se hará entrega de un ejemplar del expediente administrativo a cada presidente comunal.

En la próxima reunión tendrá lugar la exposición del Gobierno Regional sobre el procedimiento administrativo seguido en el año 2018 para solicitar la reclasificación de rutas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así mismo, las organizaciones sociales plantearan los argumentos y procedimientos para plantear quede sin efecto Resolución Ministerial N° 372-2018-MTC.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/cusco-conforman-comision-para-analizar-resolucion-que-clasifica-como-via-nacional-el-corredor-minero-del-sur/

Perú

Los DD.HH. en el corredor minero: entre vulneración, garantía limitada y restricciones permanentes

13 enero, 2020 Autor: DSHF.pe
Conflicto Relacionado: Chumbivilcas-Constancia

, Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

El Estado es garante de los derechos humanos, mientras que las empresas en el corredor minero cuentan o se han adherido a Políticas de Derechos Humanos, Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos y Código de Conducta. Este reconocimiento ‘ideal’ de los derechos humanos contrasta con el movimiento real de los derechos en los escenarios que mostraremos en las siguientes líneas.

1. Poder Minero y Estado Pro-Empresa

En el 2016 se trasladaron 684,207 TMF (Toneladas Métricas Finas), y en el 2017 781,224 TMF de cobre de las transnacionales MMG Las Bambas (China), Hudbay (Canadá) y Glencore (Suiza), que generaron más de 10 mil millones de soles anuales¹. Por ejemplo, para el 2016: S/. 4’ 131,613,000 de Las Bambas, S/. 3’ 690,612,000 Antapaccay y S/. 2, 257,050 de Constancia. Esta estructuración económica ha constituido un poder minero hegemónico en cada uno de los escenarios locales donde operan y que se extienden a nivel nacional a través de sus gremios empresariales que los reafirman como los mandantes del Perú.
En dicho escenario, el Estado ha priorizado su brazo represivo, y su brazo social en lógica de inversión estatal para desmovilizar conflictos en contra del capital minero. Estructuración y acción estatal que promueve escenarios donde los derechos terminan siendo una segunda prioridad, postergable y hasta negable, versus los intereses empresariales.

2. Doble campo restrictivo para ejercicio y la defensa de derechos

En el corredor minero el ejercicio, exigencia y garantía de derechos de las poblaciones locales, comunidades campesinas y defensores/as de derechos se desarrolla en un doble campo restrictivo que tiende a reducirse y endurecerse en relación con gobiernos favorables a la inversión minera, la estrategia empresarial y la correlación de fuerzas locales. Por un lado, dentro de un campo donde las instituciones estatales nacionales y locales actúan a favor de los intereses del capital minero: Policía que actúa “eficientemente” cuando están afectados los intereses de la empresa, Policía que tiene convenios con la empresa, Poder Judicial que acelera o dilata los procesos contra dirigentes. Por otro lado, el campo donde el poder hegemónico minero despliega mecanismos de control social, político e ideológico: financiamiento a medios y/o programas radiales para deslegitimar a defensoras/es, fragmentación social, influencia en las elecciones comunales, distritales y provinciales, “trabajo” con aliados/informantes en comunidades y distritos, financiamiento de proyectos de distritos y/o comunidades.

3. Criminalización y privatización del uso de la fuerza

Un primer patrón extendido en el corredor minero es la criminalización. La garantía del Estado de los intereses del capital minero ha generado como efecto político que haya más de 500 criminalizados por situaciones de conflictos sociales y movilizaciones de las poblaciones locales: 500 por las protestas contra la minera MMG Las Bambas de 2011 a la fecha², en Espinar se tiene 3 ciudadanos criminalizados (durante y luego del conflicto del 2012) y decenas de denunciados por la empresa minera, y en Chumbivilcas más de 50 (luego del 2011, 2012 y 2014). Sin considerar los cientos de detenidos y heridos que dejaron los conflictos y movilizaciones.

Un segundo patrón está relacionado a la estigmatización de defensoras/es de derechos que se despliega como mecanismo desde las empresas mineras y también desde el Estado. En el caso de las empresas mineras, el control y/o influencia sobre medios de comunicación transforman a los medios en aparatos de deslegitimación y ataque a quienes identifican como contrarios a sus intereses, mostrándolos como “radicales”, “antimineros” ó “terroristas”. En Espinar por ejemplo, “los dirigentes que tienen posición son desacreditados a través del medio de comunicación. Que son radicales, que son enemigos del pueblo, porque había dirigentes que se han hecho de la vista gorda y no decían nada y los que si reclamamos nos ganamos todo el pleito”³; mientras que es extendido la práctica de deslegitimar a los defensores de derechos humanos relacionándolos con las ONGs “y que dichas ONGs manejan millones de dólares en nombre de la pobreza y que los dirigentes cercanos a ellos deben tener beneficios personales y por lo tanto no hay que darle credibilidad, es el mensaje que dan”⁴. Dicho patrón se muestra en Chumbivilcas y en el caso de Hudbay con lo sucedido el 22 abril de 2017 en el caso de la activista canadiense Jennifer Moore de MiningWatch Canadá, y el periodista estadounidense John Dougherty, quienes fueron detenidos en cumplimiento de un supuesto procedimiento “habitual” de la policía de migraciones, luego de la presentación del documental sobre el Fraude de Flin Flon, que en palabras de un dirigente que conversó con un funcionario de la empresa manifestaba: “yo les pregunté de frente, ¿por qué la empresa tiene tanto miedo a Jennifer Moore?, y me dijeron que es una persona radical, que viene desde Canadá, que las debilidades pequeñas que tiene la empresa eso lo agrandan y ahí es que comentaron que han coordinado con el Ministerio del Interior, y que ya lo habían expulsado porque estaba mal informando a la población, ellos se sentían satisfechos”⁵. Siendo claro el objetivo político de deslegitimarlos, generar desconfianza y fragmentarlos para reducir o anular las posibilidades de oposición.

Un tercer patrón extendido es la privatización del uso de la fuerza pública a través de los convenios Policía-Empresa que parcializa la actuación de los aparatos del Estado y legitima los intereses empresariales, abriendo un campo para vulneración de derechos: 50 efectivos policiales en Las Bambas, 20 en Hudbay y 22 en Tintaya (20 efectivos y 2 de inteligencia). La actuación parcializada de los aparatos coercitivos del Estado se mostró claramente en el caso del conflicto de Espinar (2012) y Cotabambas (2016-2017) cuando la Policía operaba desde las instalaciones de las empresas mineras (dormían, se alimentaban y se movilizan); y en el caso de Chumbivilcas se mostró en el caso de la activista canadiense Jennifer Moore y el periodista John Dougherty donde la actuación de la Policía fue claramente parcializada a favor de la empresa, deslegitimando la labor de los defensores de derechos y legitimando los intereses de la empresa por parte del máximo representante de la Policía en Cusco: “Estaban realizando reuniones en las que estaban alentando los actos de protesta contra la actividad minera. Está sancionado administrativamente participar en actividades que pongan en riesgo el orden público”⁶.

Un cuarto patrón extendido son los estados de emergencia. Así, el corredor minero ha sido, es y será escenario de permanentes conflictos por los impactos ambientales que genera el transporte minero, la débil o nula articulación económica de las comunidades y poblaciones por donde atraviesa, la sobreexpectativa de las comunidades y distritos de “ser beneficiados”, y la no expropiación ni compensación de las tierras por parte del Estado y la empresa por la vía por donde transita el transporte minero: Coporaque (2017), Velille (2018), Nueva Fuerabamba (2019), Mara (2019), Ccapacmarca (2019), y Colquemarca (2019). En efecto, los estados de emergencia han sido un mecanismo de uso permanente: el 2018 se ha tenido 6 meses de estado de emergencia en el corredor minero y 4 meses en Colquemarca; mientras que en el 2019 por los conflictos de Yavi Yavi y Capacmarca se ha tenido 2 meses de estado de excepción. Es indudable que el objetivo político no es resolver el conflicto sino desmovilizarlo restringiendo derechos para dar condiciones de estabilidad al capital minero•

1 Las 50 Primeras Compañías Mineras. The Top Mining Companies. En Miles de Soles-Dólares. Perú Top Publicaciones 2017.
2 PERU21. Comuneros buscan una amnistía para 500 dirigentes denunciados. 23 de abril de 2019. Consulta: 9 de dic. De 2019. bit.ly/344Q51j
3 Entrevista a dirigente de Espinar.
4 Entrevista a dirigenta de Espinar.
5 Entrevista a dirigente de Chumbivilcas.
6 Cusco en portada. General Iglesias: Periodistas intervenidos alentaban a protestar contra Hudbay. 24 de abril De 2017. Consulta: 2 de agosto de 2019. bit.ly/2YFxxn1

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/los-dd-hh-en-el-corredor-minero-entre-vulneracion-garantia-limitada-y-restricciones-permanentes/?fbclid=IwAR0trXDqI5PdSVmb8TSQYITPsD-6p8sWVbXtnKuiUcHaCCw9QbCfsMoeWkk

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Arequipa: Agoniza el nevado donde nace el río Amazonas

13 enero, 2020 Autor: Juan Carlos Soto,La República.pe

El Perú tiene más de ocho mil glaciares, montañas aún con nieves perpetuas convertidas en reservas importantes de agua dulce para las poblaciones que habitan en los alrededores. Inevitablemente estas cumbres de hielo desaparecerán. Son como abuelos desahuciados, dice el director de Información y Gestión de Conocimiento del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), José Herrera Quispe.

El Mismi, en la cordillera del Chila, provincia arequipeña de Caylloma, registra el 2021 como el año de su defunción, según el último inventario de glaciares de Inaigem. Esta estimación dependerá de las variaciones climáticas, aunque eso signifique solo prolongar la agonía cuatro o seis años más.

Dicha montaña de 5 822 metros de altura tiene una condición emblemática. Según la National Geographic, de sus deshielos nace el Amazonas, el río más caudaloso del mundo que recorre siete mil kilómetros antes de desembocar en el Atlántico.

En los últimos cincuenta años, el Mismi, cuya cumbre forma parte del cañón del Colca, perdió 99% de sus reservas glaciares. Le queda 0.19 kilómetros cuadrados.

José Herrera admite que el derretimiento es inevitable. Es un proceso natural, pero el cambio climático lo aceleró. Los efectos serán dramáticos si no se hace algo.

El Perú tiene el 71% de los glaciares tropicales del mundo, son reservas de agua dulce para la mayoría de ciudades. La extinción obligará a repensar en nuevas fuentes hídricas.

Pero, por otro lado, un glaciar moribundo representa una amenaza. La deglaciación violenta forma avalanchas por desprendimiento o lagunas naturales que colapsan e inundan las poblaciones.

También pueden provocar contaminación. Sin la corteza de hielo, las montañas peladas contienen decenas de sustancias químicas que llegan a los ríos y lagunas. Estas se mineralizan y perjudican el abastecimiento hídrico para el ganado y poblaciones.

Inaigem recorre el país intentando consensuar una política nacional para reducir la amenaza a estos ecosistemas. Los nevados son abuelos desahuciados, repite Herrera, pero con una herencia vital: el agua. El reto es preservarla. Hay varias alternativas. Algunos plantean represas o prácticas ancestrales, como la infiltración de agua en el subsuelo para alimentar manantiales, cuyas escorrentías llegan a los ríos. Sin embargo, eso exige un trabajo minucioso. Faltan bosques que absorban el líquido en época de lluvias. Se debe prohibir el pastoreo. Hasta los cascos de los animales malogran el suelo de estos lugares.

El smog y la deglaciación

No parecen asuntos compatibles: smog y deglaciación. Sin embargo, para Herrera hay una suerte de causa y efecto. Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) sí afectan a los glaciares. ¿Cómo? Hay estudios que revelan que el carbono se adhiere al hielo y atrae la radiación solar. Así, las probabilidades de derretimiento son mayores.

Es probable que el Coropuna, otra cumbre con pérdida del 50% de su glaciar, sea afectado con las fumarolas del volcán Sabancaya y los humos de la quema de rastrojos tras la cosecha de arroz en Camaná.

El smog de la ciudad de Arequipa abonó al derretimiento del Chachani y el Pichu Pichu. El carbono deja mancha indeleble. Por eso, hay que pensar cuando se toma un taxi para una ruta corta o se prende un cigarrillo.

Otras cumbres en peligro

Según el inventario de glaciares, los ubicados en el sur peruano fueron los más golpeados con el cambio climático. Por ejemplo, los ubicados en la cordillera La Raya, en Cusco, perdieron el 83% de sus nieves. También están en emergencia los de la cordillera del Carabaya en Puno, con una pérdida de 70%. El último nevado en desaparecer sería el Huascarán, para él prevén un ciclo de 300 años más.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/09/29/arequipa-agoniza-el-nevado-donde-nace-el-rio-amazonas/?fbclid=IwAR3bf3bFFVhWAEe4W09h2KDYW9DWRywQKyNqAlWp5I7aIL27sg7R1QP-Vx4

Mexico

Corte mexicana decidirá sobre reparaciones a afectados por Grupo México en cuenca del Sonora

13 enero, 2020 Autor: Red Muqui.org
Conflicto Relacionado: San Martín-Grupo México-derrame

El día de hoy, miércoles 8 de enero, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México emitirá sentencia sobre la responsabilidad del Grupo México (dueño de Southern Copper en nuestro país – Perú-), y el Estado mexicano en la fallida reparación integral a los afectados por metales tóxicos y la falta de remediación de la cuenca del Sonora, a través del Fideicomiso que crearon con un fondo de 2 mil millones de pesos (360 millones de soles aproximadamente), que solo implementaron un poco más de la mitad de acuerdo a la investigación de la institución Poder y el Comité de Cuenca Río Sonora, tras el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en la cuenca del río sonora en agosto del 2014 que afectó la salud de 381 personas, la calidad del agua que reciben 22 mil personas en el área de la cuenca del Sonora, y la actividad agropecuaria que desarrollan.

Las medidas de amparo

La sentencia que emitirá la Corte mexicana se basará en tres amparos interpuestos por los Comités de Cuenca del Río Sonora, que cuestionan la forma en cómo operó el fideicomiso desarrollado por la empresa y funcionarios mexicanos (amparo en revisión 384/2018); la falta de apoyo al Proyecto de Reactivación Agropecuaria para la región (amparo en revisión 927/2018); y la finalización intempestiva del Fideicomiso Río Sonora, junto a la conclusión del Programa de Remediación Ambiental (amparo en revisión 640/2019).

El Fideicomiso

La creación del Fideicomiso se dio meses después del derrame tras un acuerdo entre el Gobierno Federal del ex presidente Enrique Peña Nieto y la minera Buenavista del Cobre del que el Grupo México es dueño, sin la participación de los afectados, y sin un debate público sobre cómo debía darse la reparación integral. El Grupo México puso el dinero para “reparar” el daño que había generado y no le quiten la concesión, entre otras sanciones. Para la implementación del dinero del Fideicomiso se creó una Comisión Técnica que la presidió el subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rodolfo Lacy Tamayo, junto a otros 4 miembros; la mayoría colocados por la empresa, sin la participación de ningún representante de los afectados por el derrame.

En los años siguientes, el Grupo México siempre señaló que como el origen de los fondos eran privados, dado que provienen de las empresas que provocaron el derrame, el fideicomiso era privado, y como consecuencia no tendrían que rendir cuentas a nadie.

Sin embargo, es materia de la sentencia establecer si el fideicomiso tuvo carácter público o privado y señalar el cumplimiento o no con lo estipulado en el contrato del fideicomiso entre la empresa y el Estado mexicano, estableciendo responsabilidades de los actos y omisiones.

Exigencia de afectados

La exigencia central de los afectados de los Comités de la Cuenca del Río Sonora a la Corte es que ese Fideicomiso con el comité técnico sea considerado autoridad responsable equivalente a una secretaría u otra autoridad federal, y que el Fideicomiso se reabra y sea obligado a reparar completamente los daños, con la participación de los afectados.

Informe revelador

De acuerdo a la investigación mencionada, “Análisis del Fideicomiso Río Sonora. Simulando la remediación privada en un Estado capturado”, y la última nota informativa emitida por Poder; señalan que “entre los gastos realizados destacan la entrega de sumas de dinero, supuestamente a personas afectadas, la compra e instalación de tinacos (bajo la promesa que servirían para guardar agua potable que nunca llegó), la obra negra de un centro de salud de especialidades que quedó inconcluso y gastos de publicidad cuatro veces mayores a los destinados a la atención en salud, para mejorar la imagen de la empresa”. Entre las irregularidades que señala el informe se encuentran los recursos asignados por el Comité Técnico del Fideicomiso para la compra de los tinacos a la empresa Rotoplas, debido a que el dueño de la empresa es familiar del dueño del Grupo México, Germán Larrea.

Por estas razones, el día de hoy es fundamental porque se sentaría un precedente en la lucha contra la impunidad de las empresas mineras mexicanas, que tendrán que rendir cuentas respecto a sus acciones; y el Estado, asumir su rol garante de derechos de las poblaciones, comunidades y ciudadanos. Tal como ocurre en nuestro país, Perú, en que el Estado ha olvidado su rol de representación de las poblaciones; y es facilitador de la inversión privada minera, sin garantizar los derechos de las poblaciones a un ambiente saludable con desarrollo sostenible.

Dato: Los Comités de Cuenca Río Sonora, Poder, y otras organizaciones mexicanas enviaron una carta al presidente Vizcarra en la víspera de la decisión del Consejo de Minería respecto a la ratificación de la licencia de construcción del proyecto Tía María; señalando los atropellos que estaba cometiendo el Grupo México en su país, que es la empresa mexicana que tiene la mayoría de acciones de Southern Copper Corporation.

Fuente:https://muqui.org/noticias/corte-mexicana-decidira-sobre-reparaciones-a-afectados-por-grupo-mexico-en-cuenca-del-sonora/

Perú

Cusco: Más de 12 comunidades de Espinar exigen nulidad de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de Glencore aprobado por SENACE

13 enero, 2020 Autor: Red Muqui.org
Conflicto Relacionado: Tintaya - Antapaccay - Espinar

El día de hoy por la mañana, 9 de enero, se desarrolló el paro de más 12 comunidades de Espinar, que posteriormente levantaron a las 6pm, pertenecientes a los distritos de Condoroma, Ocoruro, Pallpata, Alto Pichigua y Pichigua, entre las que se encuentras las comunidades de Huacroyuta Marquiri, Huarcapata, Chorrillo, Antacama, Pallpata, Canlletera, Cruz Pampa, Pirhuayani, Mamanocca, Jaruma Alccasana, Kanamarka y Molloccahua. Las comunidades de Espinar señaladas exigen la anulación de la resolución del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) que aprueba la Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Coroccohuayco, que es la ampliación del proyecto minero Tintaya-Antapaccay perteneciente a la empresa minera suiza Glencore. Se estiman 25 años de vida del proyecto minero Coroccohuayco, sumado al proyecto minero en funcionamiento actual, Antapacay, que también operará 25 años.

¿Por qué exigen la anulación?

Las comunidades en protesta no han sido consideradas dentro de la Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto minero, por lo que no existen medidas de mitigación de los impactos ambientales, económicos, sociales y en materia de salud, que sufrirían cuando se desarrolle el proyecto minero, que se desarrollará en los territorios que se encuentran frente a ellos, cruzando el río salado. El río salado divide a estas comunidades de las otras comunidades que sí son consideradas parte del área de influencia directa e indirecta de la mina. ¿Por qué estas comunidades no han sido consideradas parte del área de influencia indirecta? No hay una respuesta clara de la empresa Glencore y de SENACE.

En comunicación con el presidente del Comité de Lucha, Fredy Llaique, señaló que, en anteriores mesas de diálogo con el Estado en Espinar, las comunidades habían presentado estudios técnicos que mostraban que también serían afectados por la actividad minera.

Por estos motivos, las 12 comunidades mencionadas iniciaron protestas en rechazo a la aprobación de la MEIA y de la consulta previa que pretende realizar el gobierno a las otras 13 comunidades que sí son consideradas parte del área de influencia directa e indirecta de la ampliación del proyecto minero; que tampoco conocen las implicancias de la MEIA, al no haberse realizado audiencias públicas por el SENACE para dar a conocer el MEIA del proyecto minero Coroccohuayco, tal como lo mandata la ley, y finalmente se puedan hacer objeciones y correcciones.

¿Cuál es la estrategia del gobierno?

El 8 de enero, el director general de la Oficina de Asuntos Socio-Ambientales, Hernán José Cuba Chávez, haciéndose enterado del paro del día de hoy, envió una carta al alcalde distrital de Pallpata, Alfonso Villagra, planteándole una reunión técnica en la que el SENACE daría a conocer el resultado de la evaluación del MEIA del proyecto minero Coroccohuayco para el lunes 20 de enero.

Pero lo que las comunidades están exigiendo es la nulidad de la MEIA que fue aprobado el 17 de diciembre. Al respecto, el presidente del Comité de Lucha, Fredy Llaique, señaló que levantaron el paro para dar una tregua al gobierno y den respuesta a la impugnación que estaban presentando junto al alcalde de Pallpata en rechazo a la aprobación de la MEIA. Precisó que la carta enviada por el MINAM hasta ahora no llega formalmente y que evaluarán junto a los presidentes de las comunidades si acuden o no a esa reunión.

Consulta previa en cuestión

A la par que el gobierno ya tenía conocimiento del reclamo de estas comunidades que rechazan el MEIA aprobado por SENACE; el gobierno está ya desarrollando reuniones con las otras 13 comunidades para implementar la consulta previa sobre el inicio de operaciones del proyecto minero Coroccohuayco.

El próximo 29, 30 y 31 de enero, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) sostendrá una reunión con representantes de las 13 comunidades consideradas como parte del área de influencia directa e indirecta en la que se presentarán propuestas de planes de consulta y luego se consensuará y aprobará el plan de consulta previa.

Lo llamativo del acta aprobada el 19 de diciembre para sostener esta reunión, es que en el acta se menciona la resolución ministerial emitida ese mismo día, RM 403-2019 MINEM, que precisa en el artículo N°3 Oportunidad de la Consulta Previa: “el proceso de consulta previa puede ser iniciado luego de la admisión a trámite del instrumento de gestión ambiental necesario para los procedimientos identificados (..)” en los que corresponde realizar el proceso de consulta previa, en la que se incluye la autorización de las actividades de explotación.

Ello quiere decir, tal como ya lo han denunciado varias instituciones, que se restringe el derecho a la consulta previa al imposibilitar que las comunidades puedan ser consultadas antes del otorgamiento de una concesión minera, antes de la exploración minera y respecto a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) aprobados.

Ecuador

Prefecto del Azuay insiste en Consulta Popular sobre minería

13 enero, 2020 Autor: El Universo.com

Dos preguntas presentó el prefecto del Azuay, Yaku Pérez, y alcaldes de varios cantones de esa provincia, a la Corte Constitucional (CC), solicitando una Consulta Popular en contra de la minería.

Acompañado de una marcha y de dirigentes de estudiantes, tocando un saxofón, cantando y bailando, Pérez llegó al organismo.

Explicó el contenido de las preguntas: ¿Está usted de acuerdo que se prohíba sin excepción actividades de exploración, explotación de minería metálica en fuentes de agua, zonas de descarga, recarga y regulación hídrica, bosques protectores, humedales, áreas sensibles en la provincia del Azuay?, y ¿está usted de acuerdo con la caducidad de títulos mineros otorgados antes de la realización de esta Consulta Popular?

Señaló que no son preguntas ni inducidas, ni confusas, ni genéricas.

«Ya no hay pretexto para que nos nieguen, esta vez estamos convencidos de que la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y más temprano que tarde iremos a una Consulta Popular para que no sea un ministro de Estado, o presidente de la República sino sea el soberano del Azuay, quien se pronuncie por el futuro…», agregó.

Unos 20 policías antimotines custodiaron la CC para evitar incidentes.

El funcionario había ya planteado una Consulta Popular a la CC pero la negó en septiembre de 2019. El organismo consideró que la pregunta era inducida y preguntó qué iba a pasar con las concesiones ya otorgadas.

Ahora Pérez cree que se la podría realizar antes de las elecciones de febrero del 2021. Incluso considera que podría haber una Consulta Popular a nivel nacional. (I)

Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/2020/01/07/nota/7679517/prefecto-azuay-insiste-consulta-popular-sobre-mineria#cxrecs_s

Chile

En Peine celebran cese de extracción de Escondida en Acuífero de Monturaqui

13 enero, 2020 Autor: Termómetro.cl
Conflicto Relacionado: Peine Pampa colorada- BHP BILLINTON

Comunidad Atacameña de Peine constató en terreno la desconexión de las bombas y celebró el cese de la extracción del vital elemento.

El pasado 31 de diciembre la empresa Minera Escondida, operada por BHP Billiton, cesó la extracción de los 24 pozos de agua dulce que se ubican en el acuífero de Monturaqui, los primeros días de enero comenzó la desconexión eléctrica de las bombas, una por una.

El día 2 de enero, según señaló Amanda Barrera, presidenta de la Comunidad Atacameña de Peine, la directiva y cerca de una treintena de vecinos, acompañados de un notario público, pudieron constatar la veracidad del cierre de los pozos. “Por parte nuestra, fue también personal técnico que se aseguró de que se cumpliera con el procedimiento. Pedimos a la empresa, para tener la absoluta certeza del fin de la extracción, poder poner un candado en la sala de control eléctrico pero esa petición no fue aceptada, ya que hay ciertas mantenciones que debe ejecutar la empresa y porque dejan personal en el campamento y necesitan mantener electrificada algunas instalaciones. Pedimos entonces poner un candado en las llaves de cierre de los pozos y ellos quedaron de analizarlo”, señaló.

Desde Minera Escondida, afirmaron que el proceso de desconexión se realizó de conformidad a lo establecido en la RCA Nº001/1997: “Actualmente mantenemos en tramitación el Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Monturaqui, el cual nos permite seguir avanzando en la transición hacia una matriz de agua más eficiente basada en agua desalinizada y su reutilización, con el objetivo de cumplir nuestro compromiso de cesar la extracción de agua continental en 2030”.

Como parte de dicho EIA en tramitación, la comunidad de Peine desarrollará el proceso deliberativo de la respectiva consulta indígena el próximo 9 y 10 de enero, del cual emanará su postura: permitir la continuidad de la extracción o desmantelar definitivamente las estructuras. “La decisión final está en manos del Servicio de Evaluación Ambiental, nuestra gente quiere recuperar su agricultura, la ganadería. Hoy Peine cuenta con abastecimiento de agua dulce para el consumo humano, pero el día de mañana vamos a necesitarla para estas actividades que forman parte de nuestra esencia ancestral como Pueblo Atacameño”, afirmó la presidenta de la comunidad ubicada en el extremo sur del Salar.

En su calidad de presidente del Consejo de Pueblos, Sergio Cubillos manifestó su deseo de avanzar hacia el cierre definitivo de los campos de extracción en los acuíferos emplazados en territorio atacameño. “En un reciente fallo unánime del Tribunal Ambiental se hace mención a la fragilidad ecosistémica del Salar y el elevado nivel de incerteza científica existente respecto de su comportamiento hidrodinámico. Como CPA hemos presentado observaciones al proyecto de la empresa, que ahora pretende seguir extrayendo 412 litros por segundo, en uno de los acuíferos que alimenta a un sobre explotado Salar de Atacama. ¿No sería acaso este una buena razón para que las autoridades ambientales de una buena vez cumplan su rol a la hora de votar y se dediquen a proteger el medioambiente en lugar de velar por los intereses de la mega minería y la inversión privada? Sinceramente, esperamos que la decisión final vaya en esa línea, es el deseo de nuestras comunidades, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos, de nuestros hijos e hijas y estoy seguro que también es el deseo de muchos ciudadanos que no necesariamente son atacameños, pero que viven y han elegido esta tierra para echar raíces, conviviendo armónicamente con nuestro pueblo y que comparten el anhelo por preservar estos paisajes y ecosistemas”, concluyó.

Fuente:https://termometro.cl/index.php/2020/01/07/en-peine-celebran-cese-de-extraccion-de-escondida-en-acuifero-de-monturaqui/?fbclid=IwAR3Zn8Q6OK2KPnD0sxuwCuUVp_IPfLEqcpPJINu9hd1180tpaM1AaAT1W4g

Perú

Candidatos al Congreso por Lima suscriben pacto en defensa del AGUA frente a intento de privatización y amenaza de actividades mineras y relaves

13 enero, 2020 Autor: Red Muqui.org

El día de ayer, jueves 9 de enero, a partir de las 10am, se desarrolló en las instalaciones de El Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sutesal- en Breña, el Foro Electoral: Pacto por el agua. La apertura del Foro electoral estuvo a cargo de la secretaria general de Sutesal, Luisa Eyzaguirre y contó con la participación de diversos candidatos de los partidos políticos postulantes: Juntos por el Perú, Podemos Perú, Apra, Perú Libre, Frente Amplio, Unión por el Perú, Renacimiento Unido Nacional, Alianza para el Progreso. El foro lo organizó el Frente Pueblos en Defensa del Agua, la Vida y Sedapal, que impulsa el sindicato de trabajadores de Sedapal (Sutesal), el Frente Unitario de los Pueblos del Perú y diversos colectivos que luchan por el agua como bien común.

Compromiso de los candidatos

En la presentación, los candidatos tuvieron 4 minutos para expresar su compromiso con la agenda de la defensa del agua, debido a que actualmente existe el peligro de la privatización de Sedapal a través del Decreto Supremo 214-2019-EF, emitido por el presidente Vizcarra en julio del año pasado, que promueve la venta de hasta 100% de las acciones de la empresa pública.

Asimismo, algunos candidatos señalaron su compromiso en la lucha por la remediación de pasivos ambientales, debido a que en la cuenca alta del río Rímac, existen relaves mineros en Tamboraque, Chinchán, y San Mateo, que aún no han sido remediados y son un peligro para el agua que toman los limeños.

Posteriormente, se realizaron preguntas y comentarios del público dirigido a los partidos políticos presentes en el debate. Entre los candidatos más conocidos y que pudieron contestar las preguntas en representación del partido, estaban la ex congresista aprista Nidia Vilchez, el ex congresista Manuel Dammert por Juntos por el Perú y Samuel Yáñez del Frente Amplio. También contestaron los candidatos de Perú Libre, Podemos Perú, RUNA, y Unión por el Perú

Firma del pacto

El Foro culminó con la firma del pacto por los candidatos, en defensa del agua, de Sedapal, y EPS como bien común y de servicio público, que entre los 11 puntos resalta el compromiso en “defender el agua como derecho humano y bien público, en que el Estado tiene la obligación de resguardad el derecho a la vida y la salud de millones de peruanos, mediante el fortalecimiento de políticas públicas de saneamiento en donde el eje principal sea el factor humano, la vida”; y, que “a la fecha la ciudad de Lima y Callao cuentan con serias amenazadas de contaminación de las cuencas y ríos por implementación de operaciones mineras”, en referencia al proyecto minero Ariana que pone en peligro el agua para Lima; y, agrega, “así como la presencia de relaves mineros que afectarían las cuencas y ríos que abastecen de agua en la capital, poniendo en serio riesgo la vida de millones de personas”.

Como se recuerda, durante los últimos meses se ha presenciado en lima grandes movilizaciones en defensa del agua frente a la posibilidad de privatización de Sedapal, y por consiguiente del agua. Asimismo, parte de la plataforma de las movilizaciones ha sido el rechazo al proyecto minero Ariana, que se ubicará a pocos metros del Túnel Trasandino Cuevas Milloc, que transporta el agua de la laguna Marcapomacocha hacia la cuenca del Rímac, para finalmente abastecer de agua a las y los limeños.

Pacto por el agua

Fuente:https://muqui.org/noticias/candidatos-al-congreso-por-lima-suscriben-pacto-en-defensa-del-agua-frente-a-intento-de-privatizacion-y-amenaza-de-actividades-mineras-y-relaves/

Mexico

Recuperan ejidatarios acuífero concesionado a mina Peñasquito

10 enero, 2020 Autor: Andro Aguilar, Pié de página.mx
Conflicto Relacionado: Peñasquito-Newmont-Goldcorp

Pobladores de Mazapil, Zacatecas, lograron que la empresa minera Newmont Goldcorp renunciara a 5 millones de m3 de agua al año que afectan el abasto de sus comunidades. Los ejidatarios celebran la resolución, pero advierten que es insuficiente. Ese volumen representa 10 por ciento del líquido concesionado

Ejidatarios de la comunidad Cedros, en Mazapil, Zacatecas, lograron que la empresa Newmont Goldcorp, que opera la mina Peñasquito, renunciara a un acuífero concesionado para su uso en la explotación de los minerales de la región.

Los pobladores suman ocho años de movilización contra la mina. Desde su operación, un manantial se secó y se redujo el abasto de agua en varias comunidades de la región.

Este jueves, la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informaron que la minera accedió a renunciar al aprovechamiento del acuífero Cedros.

La mina Peñasquito tenía concesionado aproximadamente 80 por ciento del volumen del acuífero. La Conagua determinó en septiembre pasado que existe un déficit de 5 millones de metros cúbicos (Mm3 ) anuales de agua. La minera renunció al aprovechamiento de ese líquido, lo que permitiría avanzar en su recuperación.

El agua cedida por la minera representa casi una décima parte de los 49 millones de m3 que tiene concesionados. La exigencia de los pobladores es recuperar al menos 25 millones de m3.

De acuerdo con lo informado por el gobierno federal, la minera ya inició el trámite para modificar sus concesiones. A través de un comunicado, las dependencias informaron también que se formalizará una declaración para que en 2023 la minera ceda otros 4 (Mm3) anuales.

El acuerdo difundido implica que, durante 2020 y 2021, la empresa debe invertir 100 millones de pesos para mejorar los servicios de agua potable. Así como drenaje y saneamiento, además de incrementar la tecnificación del riego y fomentaran el reuso de agua para la agricultura.

Los ejidatarios reconocen la importancia de la inversión, sin embargo, advierten que no es suficiente.

Con ese dinero, señalan no se puede garantizar la construcción de una presa, una planta tratadora de aguas negras y una planta potabilizadora. Además, la red eléctrica.

Francisco Pinedo Hernández, dirigente del Frente de Comunidades Afectadas por la Minería, señaló que la declaratoria debió haber sido realizada desde hace meses, “pero nunca es tarde”.

“Ahora resulta que minera Peñasquito aparece como la benevolente al regresar 5 millones de metros cúbicos, ellos tienen concesionados 49 millones de metros cúbicos. Nosotros le pedíamos a Conagua que por lo menos les debería de reducir la mitad unos 25 millones de metros cúbicos”, explica.

Pinedo reconoció que la resolución es un primer paso en su lucha por recuperar el agua.

“Por algo se empieza a nosotros nos congratula que se dé el primer paso”.

Pero destacó que se debe a la presión ejercida por los pobladores. Anunció que seguirán insistiendo para que la empresa ceda un mayor volumen del líquido.

Esperan reivindicación del gobierno con comunidades
El dirigente destacó, sin embargo, que el gobierno federal debería emitir un dictamen para que las empresas mineras no sigan afectando a las comunidades donde están asentadas.

“El gobierno tendría la responsabilidad de anularles la concesión o en todo caso reducirles los volúmenes. Ahora resulta que la minera aparece como la benevolente de estas comunidades. Cuando en realidad es la culpable de todos los estragos ambientales y de salud que hay en toda la región del desierto zacatecano”, reclamó.

Pinedo, sin embargo, confía en que la resolución dé pie a un cambio de rumbo en la postura del gobierno frente a las políticas extractivistas.

“Pensamos que puede ser el inicio para que la Cuarta Transformación se reivindique con las comunidades afectadas por la minería”, señala.

“Este es apenas el anuncio pero nosotros Esperamos que técnicamente se demuestre que el acuífero tiene este volumen”, advirtió.

Queda pendiente que la Comisión Nacional del Agua determine con un estudio que del acuífero se pueden obtener aún los 50 millones de m3.

Durante las mesas de comisión se creó un comité conformado por un integrante de Conagua, un miembro del gobierno de Zacateca, otro más del municipio de Mazapil, unn representante de la minera y uno del Ejido Cedros.

Se espera que el comité se reúna la tercera semana de enero para determinar las obras a realizar y que la Conagua haga el estudio de disponibilidad del líquido.

Una larga batalla
La transnacional minera Newmont Goldcorp se asentó a través de los “convenios de ocupación temporal” por 30 años en el ejido Cedros.

Los ejidatarios reclaman que la empresa consiguió ese acuerdo con información engañosa. La minera pagó 50 centavos por cada m2 de tierra ocupada, y después de la explotación los terrenos quedarían estériles.

Se calcula que de ese territorio la empresa extraerá en las siguientes dos décadas 13 millones de onzas de oro.

Los ejidatarios han señalado que la empresa se comprometió a no tocar el manantial que abastecía de agua a los habitantes, pero éste se secó cuando la mina comenzó a operar.

Intensifican la movilización
Desde marzo, los ejidatarios intensificaron sus protestas para recuperar la tierra y a favor del cuidado del medio ambiente. Cerraron la mina por casi tres meses.

El 14 de junio, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, intervino para establecer mesas de trabajo y los ejidatarios levantaron el bloqueo.

Ante el nulo avance durante dos meses, los ejidatarios volvieron a cerrar la mina en septiembre durante 15 días, hasta que volvió a intervenir Segob.

Los ejidatarios cerraron por tercera vez la mina el 23 de octubre pasado. Se retiraron tras la llegada de Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado. El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, anunció que se libraron órdenes de aprehensión en contra de algunos de los dirigentes del movimiento.

Fuente:https://piedepagina.mx/recuperan-ejidatarios-acuifero-concesionado-a-mina-penasquito/?fbclid=IwAR3Uo8i_dTykMfJjU6tzQRT4L2FVsM4DlAGRjietFNPU8SZsxEuNrJUK-O0

Internacional

Noticias Minas de cobalto: la esclavitud infantil en el Congo con el amparo de multinacionales

10 enero, 2020 Autor: Los Replicantes.com

Al menos 14 menores murieron en una mina de cobalto de la República Democrática del Congo (RDC). Ahora, sus familiares han decidido presentar una demanda en los tribunales estadounidenses contra las principales empresas tecnológicas del mundo, a las que acusan por los trabajos forzados y abusos perpetrados contra los menores.

La demanda pide una compensación por los daños a las familias de los fallecidos y heridos, además de otra cuantía por enriquecimiento ilícito, supervisión negligente y por infligir daños emocionales intencionados.

Los denunciantes acusan a Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla de conocer el origen del cobalto que emplean en sus dispositivos, procedente de empresas que utilizan trabajo infantil forzado en condiciones peligrosas. Por ello, aseguran que son cómplices de esta lacra.

Asimismo, la demanda mantiene que no imponen control ninguno, a pesar de que tienen la capacidad suficiente como para supervisar las minas. «En lugar de intervenir y ayudar a estos menores con una parte nimia de su riqueza y poder, estas empresas no hacen nada y siguen beneficiándose del cobalto barato extraído por niños a los que les han robado la infancia, la salud y para muchos, incluso la vida«, señaló International Rights Advocates en una nota de prensa.

«Los menores se ven obligados a trabajar en las minas de cobalto en condiciones completamente precarias»

No obstante, el cobalto es una pieza fundamental para cargar las baterías de litio que se utilizan en los productores de Apple, Google, Dell, Microsoft o Tesla, cuya demanda se ha triplicado a lo largo de los últimos cinco años y se espera mayor crecimiento para finales de 2020. Cabe resaltar que más del 60% de la producción de cobalto procede de la República Democrática del Congo, un país pobre, conflictivo e inestable del que muchos especuladores sacan beneficio.

Según algunas familias, sus hijos habían trabajado ilegalmente en las minas, pertenecientes a la empresa británica Glencore. El cobalto se vendía posteriormente a Umicore, con sede en Bruselas, que vendería finalmente el mineral a Apple, Google, Tesla, Microsoft y Dell. No obstante, otra parte de los demandantes mantienen que las minas en las que trabajaban los menores eran propiedad de la empresa china Zhejiang Huayou Cobalt, que suministra a Apple, Dell, Microsoft y probablemente a otras multinacionales.

Salarios deplorables

Los niños empiezan a trabajar con salarios penosos, de unos dos dólares diarios, tras jornadas repletas de gran requerimiento físico, cansancio y riesgos. Algunos de los niños murieron en hundimientos de túneles, mientras que otros quedaron paralíticos o con secuelas irreparables tras sufrir accidentes.

Un demandante asegura que uno de sus sobrinos se vio obligado a trabajar en las minas de cobalto cuando su familia no pudo pagar los seis dólares que costaba su escolarización cada mes. En abril del pasado año, el pequeño trabajó en una mina que gestionaba Kamoto Copper Company, propiedad de Glencore. Entonces, se produjo un derrumbe que lo sepultó vivo. Ni siquiera pudieron recuperar su cadáver.

Asimismo, una de las víctimas contó cómo comenzó a trabajar en las minas: tenía 9 años y era porteador de rocas de cobalto para Kamoto Copper Company por 0,75 dólares al día. Cayó a uno de los pozos y, aunque sus compañeros consiguieron rescatarle, le abandonaron en las instalaciones y recibió atención cuando su familia se enteró de lo que le había ocurrido. Ahora está paralítico y no podrá volver a andar.

«En mis 35 años como abogado de Derechos Humanos jamás vi unos abusos tan graves y a tan gran escala contra niños inocentes. Esta asombrosa crueldad y avaricia deben cesar», ha remarcado el abogado principal de la demanda, Terry Collingsworth. «Este es el principio del fin de la impunidad para quienes se han beneficiado del trabajo infantil en las minas de República Democrática del Congo», ha concluyó uno de los colaboradores de la investigación, reconocido como doctor Liwanga.

Fuente:https://www.losreplicantes.com/articulos/explotacion-ninos-congo-14-muertos-mina-cobalto/