Toda la población de Huancavelica afronta un tremendo problema de contaminación: residuos de minerales como el arsénico, plomo y mercurio está en casi todos los suelos.

Así lo volvieron a dar a conocer durante una conferencia realizada en la Municipalidad de Huancavelica, un equipo de especialistas, quienes recordaron el estudio que realizó el norteamericano Nicholas Robins y las muestras que tomó el 2019.

El equipo formado por la licenciada en física Elsa Benavente Salazar, el médico epidemiólogo Máximo Ecos Lima y el arqueólogo Ruben Darío Espinoza Gonzales, recordó los altos estándares de contaminación.

“Mover la ciudad”

Ecos Lima afirmó que al estar Huancavelica asentada en una zona donde hace siglos hubo hornos de la minería, queda mucho resto de relaves sobre los cuales se ha edificado la ciudad. Con esos relaves se construyeron casas de adobe, lo que contamina a sus vecinos.

“Solo tenemos dos caminos, reasentar la ciudad (cambiarla de lugar) o pavimentar todo, para reducir la contaminación”, afirmó Ecos Lima. Sin embargo, dicha propuesta fue cuestionada por la directora regional de vivienda, Dora Soriano Vera, quien afirmó que pavimentar no va a ser una solución.

“Por volatización va a bajar ese polvo contaminado a la ciudad, no es viable el pavimentar todo o tendríamos que pavimentar la cordillera”, afirmó Soriano Vera.

Ecos resaltó que ni hirviendo el agua se descontamina de plomo, peor aún, este se concentra más.

Fuente:https://ojo.pe/regionales/huancavelica-plantean-mudar-a-toda-la-poblacion-por-alta-concentracion-de-metales-web-ojo-noticia/?fbclid=IwAR0-gHxfFdzCynF3lAKsHiNdWxM_QbEiVK6drphBg29IGiXthgzn7KWcyD8

Southern Peaks Mining, que pretende llevar adelante el proyecto minero Ariana (distrito de Marcapomacocha, provincia de Yauli, región Junín), en la principal zona productora de agua para Lima y Callao, tiene antecedentes que preocupan. Uno de estos antecedentes tiene que ver con la Unidad Minera Quiruvilca (La Libertad) cuando precisamente Southern Peaks era la empresa operadora. Vamos a detallar algunos de los hechos más importantes.

Hasta donde hemos podido confirmar, Southern Peaks Mining tuvo a su cargo la Compañía Minera Quiruvilca desde el 20 de septiembre de 2012 hasta el 26 de julio de 2015. En ese período el Organismo de Evaluación Fiscalización Ambiental (OEFA) sancionó a la minera dos veces por falta de medidas de previsión y control sobre los depósitos de relaves y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) la sancionó una vez por infringir condiciones de estabilidad física.

Los hechos fueron los siguientes:

• En octubre de 2012, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental inspeccionó la Unidad Minera Quiruvilca y constató que la empresa “no evitó ni impidió que las aguas provenientes de la bocamina Almirvilca del drenaje de la desmontera Codiciada y del laboratorio químico y metalúrgico, se acumulen en la poza de grandes eventos, la cual no se encuentra impermeabilizada”, tal como señala la Resolución Directoral N° 988-2015-OEFA-DFSAI[1]. El OEFA declaró la responsabilidad administrativa de la Compañía Minera Quiruvilca.
• La empresa fue inspeccionada en junio de 2014 por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y en la Resolución Directoral que emitió años después (N° 85-2016-OEFA/DFSAI[2]) declara: “la existencia de responsabilidad administrativa de Compañía Minera Quiruvilca S.A. al haberse acreditado que no adoptó las medidas de previsión y control a fin de evitar o impedir que el agua del subdrenaje, proveniente del depósito de relaves Santa Catalina, discurra sobre suelo, luego sobre la quebrada Santa Catalina y finalmente al río Shorey. Nuevamente, el OEFA declaró la responsabilidad administrativa de la Compañía Minera Quiruvilca.
• En febrero de 2014, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) constató en la Resolución de Gerencia de Supervisión Minera N° 1096-2016[3] el incumplimiento con las normas técnicas requeridas para garantizar la estabilidad física del depósito de relaves Santa Catalina determinando que “existe la certeza de que el incumplimiento de Quiruvilca no asegura la estabilidad física del depósito de relaves”.

Esto significa  que la empresa habría infringido dos veces el Artículo 5° del Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero-Metalúrgica, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-93-EM. La empresa también habría infringido el artículo 335° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su principio de prevención de riesgos. Si bien el proceso de sanción terminó después de la venta de Quiruvilca y la empresa puede ejercer los derechos de apelación que la legislación le confiere, la normativa indica que las acciones posteriores a la detección de la infracción no eximen de la responsabilidad administrativa correspondiente.

Como se sabe, en la actualidad la zona donde se ubica Quiruvilca ha sido declarada en emergencia. Autoridades de todos los niveles de gobierno han intervenido para declarar emergencia al Río Moche, dado que se ha seguido vertiendo aguas ácidas provenientes de la Unidad Minera Quiruvilca. Esta es la quinta declaratoria de emergencia en la zona, que presenta indicadores muy por encima de los Estándares de Calidad Ambiental (4 veces en cromo, 17 veces en arsénico y 24 veces en cadmio).

Como señala un reciente artículo publicado en el diario El Comercio (6 de enero de 2020): “Quiruvilca no solo ha sido invadida por centenares de mineros informales de La Libertad y Cajamarca, sino que se ha convertido en una fuente visible de contaminación para el río Moche, debido al abandono de las labores de remediación ambiental que debieron ejecutar los dos últimos operadores de la mina: Southerns Peaks y el boliviano Luis Sáenz”.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2020/01/15/southern-peaks-mining-entre-quiruvilca-y-ariana/

En un comunicado del 8 de enero, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones sostenibles (SENACE) anunció que presentará en Pallpata, provincia cusqueña de Espinar su resolución sobre la evaluación de la Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Antapaccay, expansión Tintaya, integración Coroccohuayco, perteneciente a la empresa minera transnacional Glencore. Ante el ofrecimiento de una reunión para tratar el tema, las comunidades de la zona influencia suspendieron el paro que iniciaron el 9 de enero en protesta por la aprobación del MEIA.

Se debe recordar que, el Ministerio de Energía y Minas acordó desarrollar la consulta previa con las comunidades originarias de la zona de influencia. Diversos voceros de la provincia se pronunciaron en un video exigiendo que esta consulta sea sobre la MEIA y que se modifique la Ley de consulta previa para que esta se realice antes de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, con el fin de determinar los impactos de los proyectos mineros y las obligaciones de las empresas para evitar o mitigar realmente los daños de las operaciones a los derechos colectivos de las comunidades.

La fecha de la presentación a cargo del SENACE será el 20 de enero a las 10:00 a.m. en el local de la Municipalidad distrital de Pallpata.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2020/01/15/espinar-comunidades-de-zona-de-influencia-del-proyecto-coroccohuayco-suspenden-paro-ante-ofrecimiento-del-senace/?fbclid=IwAR0wECnnTqR6kgaIkgO1J1c1s82aUKEyQudulpXoZLSXh6jpzSWAsF0FDYg

Yolanda Zurita, tiene 60 años y es natural de Junín. Es una de las voceras de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos. En su sangre tiene metales tóxicos, principalmente Plomo, Cadmio y Arsénico. Desde que estaba en la Universidad se ha involucrado en la defensa del medio ambiente y salud humana. Su capacidad de indignación no es gratuita, su formación católica y su compromiso con la pastoral social de su parroquia la ha empujado a luchar por una vida digna y por el respeto de la creación.

Yolanda, ¿Desde cuándo sabes que vives con metales tóxicos en tu cuerpo?

Era universitaria cuando empecé a tener convulsiones. En el Hospital me dijeron que era pequeña lesión en el cerebro y que no era grave. A comienzos del 2000 la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), junto a otras instituciones, realizaron una conferencia sobre las consecuencias de los metales pesados, desde ese momento empecé a relacionar mis malestares con la posibilidad de tener metales a causa de la actividad extractiva. Por esas fechas la Universidad inicia una investigación, y me invitan a hacerme un dosaje, cuando me entregan los resultados confirmo que tengo metales en mi sangre.

La iglesia ha cumplido un rol importante frente a la afectación de la salud humana por metales tóxicos…

En Huancayo han cumplido un rol importante. En el 2000 se realizó un encuentro de la Arquidiócesis, y empezaron a conformar pastorales específicas con énfasis en los derechos, porque si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, merecemos una vida digna, y esto implica que respeten todos nuestros derechos. Desde entonces, en mi parroquia hicimos una evaluación del contexto que vivíamos, nosotros ya sentíamos efectos a nuestra salud, pero no todos sabían si era consecuencia de la actividad del complejo metalúrgico, por ello decidimos conformar una pastoral que aborde los temas de salud, y conformamos el Comité de Derechos Humanos – Eje Ecología y Medio Ambiente de la Pastoral Social

Supongo que el proceso no ha sido fácil, más cuando es la iglesia quien se involucra…

Sabíamos que no iba a ser fácil, porque al comienzo no sabíamos nada, afortunadamente CEAS nos ayudó con capacitaciones. Después reflexionamos que de nada serviría que solo la Pastoral esté informada, así que empezamos a invitar a juntas vecinales, comunidades, frentes de defensa y organizaciones. Muchas ONG’s nacionales e internacionales nos visitaban permanentemente. Doe Run ya administraba el complejo metalúrgico, y gracias a estas instituciones vinculadas a iglesia nos enteramos de los antecedentes que tenía esta empresa.

¿Y qué acciones empezaron a realizar?

Después de la experiencia de la pastoral, en el 2001 se conforma el Movimiento por la Salud de La Oroya, donde varias organizaciones se suman. El espacio se fortaleció aún más cuando se hacen públicos los resultados de un estudio que la elaboró la Comisión Ambiental Municipal, que determinó que el aire de La Oroya estaba contaminado a un 99 % a consecuencia de la actividad de Doe Run.

¿Es en este momento cuando deciden tomar acciones legales?

Decidimos denunciar al Ministerio de Salud, y afortunadamente, en el 2007, la sentencia sale a nuestro favor, le ordenan al Ministerio iniciar una atención especializada y gratuita a las personas afectadas por metales tóxicos. Sin embargo, pasan los años y el Estado no cumple la sentencia, por eso fuimos hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 2009 deciden atender nuestras denuncias, y hemos asistido a muchas audiencias más de 60 afectados, ahora estamos esperando el informe que la Comisión debe enviar al Estado Peruano.

¿Y Qué ha hecho el gobierno regional frente a esta situación?

En el 2012, el gobierno regional emitió una ordenanza para crear un registro de afectados, promover atención integral e implementar un programa de prevención, pero solo han sido buenas intenciones, no han destinado prepuesto, y cuando han venido profesionales, ninguno ha sido especialista. Esto nos empujó a formar la Plataforma Regional de Salud Ambiental y Humana, donde se articulan representantes de Junín, Yauli, La Oroya, Parroquias, La Pastoral Social de Arquidiócesis; organizaciones de Jauja, Concepción y Huancayo.

Se convirtió en una preocupación regional…

Es que se realizó un estudio para evaluar la contaminación del aire, y se determinó que la contaminación de Doe Run llega a 180 Km a la redonda, dependiendo de la velocidad del viento, porque puede ser más, entonces las otras provincias entendieron que también se estaban afectando. Además, Doe Run tiene su depósito de dióxido de arsénico que afecta al río Mantaro, y existen otras empresas como Volcan o Chinalco que contaminan nuestro suelo y agua, así que la problemática se empezó asumir como regional.

Es una situación que enfrentan varias regiones, por eso ahora se articulan en una plataforma nacional…

La Plataforma Regional de Junín, es acompañada por la Red Uniendo Manos contra la Pobreza y CEAS, que a su vez articulan a la Red Muqui, así que en noviembre del 2017 nos invitaron a un encuentro para presentar la experiencia de nuestra plataforma. Al reconocer que somos varios lugares con las mismas exigencias, nace la Plataforma Nacional de afectados por metales tóxicos, y me escogen como una de sus representantes, en mi caso soy la vocera de la zona andina.

¿Qué acciones han realizando en este tiempo?

Principalmente acciones de incidencia para exigir la implementación de una política especializada, multisectorial e integral que atienda a todas las personas afectadas. Exigimos la creación de una Comisión Multisectorial permanente. El Ejecutivo nos afirmó que en noviembre se creaba esta comisión, pero es una mentira más. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Salud, del Ambiente, de Energía y Minas y con la PCM, porque todos los ministerios son responsables de nuestra afectación por metales tóxicos. De qué sirve que el Ministerio de Salud nos atienda, si el Ministerio de Minas no fiscaliza las actividades extractivas.

La Plataforma Nacional les ha ayudado también a acompañarse entre mujeres…

Eso es cierto, porque tenemos afectaciones particulares, incluso más, tenemos que cuidar a nuestros esposos, a nuestros hijos, a pesar que también estamos enfermas. En mi caso, y de otras compañeras, hemos sufrido acoso y amenazas de los trabajadores de las empresas, estas cosas que te comento, han sido compartidas en un encuentro que tuvimos solo las mujeres que pertenecemos a la plataforma.

¿Cuál es la apuesta a largo plazo de la Plataforma Nacional?

Vamos a insistir en que se cree la Comisión Multisectorial, pero vamos a exigir que nos incluyan a las personas afectadas para elaborar juntos el programa de atención, de lo contrario no tendría sentido tener una comisión que no incluya a quienes viven día a día las consecuencias de la contaminación. Es tiempo de que las autoridades sean coherentes, no podemos hablar de desarrollo sostenible, si nuestra salud está siendo seriamente afectada, solo por darle prioridad a las actividades extractivas y empresas transnacionales•

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/todos-los-ministerios-son-responsables-de-nuestra-afectacion-por-metales-toxicos-entrevista-a-yolanda-zurita-vocera-de-la-plataforma-nacional-de-afectados-y-afec/