Hasta la Corte de Apelaciones de Concepción llegaron grupos ambientalistas para presentar un nuevo recurso de protección en nombre de comunidades mapuche que denuncian al Servicio de Evaluación Ambiental por la aprobación del proyecto GNL Penco Lirquén.
La denuncia de la asociación Koñintu Lafken Mapu apunta a que ahora el organismo no realizó la consulta indígena extraordinaria que la ley ordena para proyectos que sufran una modificación, según explicó el abogado Francisco Ortega.
La última acción legal presentada por otra agrupación indígena de Tomé, Peumayén, fue rechazada por la justicia, pero ahora el objetivo es incluso llegar a la Corte Suprema, señaló Camilia Arriagada, vocera de la Coordinadora Penco Lirquén, indicando que anteriormente el máximo tribunal dejó sin efecto la resolución de calificación ambiental.
Miembros de la agrupación Koñintu Lafken Mapu llamaron a la Corte penquista a analizar el recurso y los antecedentes que dan cuenta del impacto que tendrá el proyecto energético en los recursos pesqueros de los que viven las comunidades mapuche habitantes del sector costero Penco Lirquén.
La Sierra Nevada de Santa Marta es un grupo aislado de montañas situadas a lo largo de la costa norte de Colombia, que tiene la distinción única de albergar especies endémicas más amenazadas que en cualquier otro lugar del mundo.
La expansión agrícola ha venido a expensas del hábitat vital durante las últimas décadas.Ahora, la explotación de recursos y los proyectos de infraestructura planificados para la región amenazan aún más los ecosistemas de las montañas, según científicos y activistas locales.
Cuatro grupos indígenas habitan la región: los Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo.Desde 1973, el gobierno colombiano ha reconocido un anillo de sitios sagrados que se extienden alrededor de la base de la cordillera.Colectivamente conocidas como la «Línea Negra», las comunidades indígenas las reclaman como su territorio ancestral.
Hace tres años, los consejos indígenas presentaron una acción legal ante el Tribunal Constitucional, argumentando que sus derechos constitucionales fueron violados por la minería legal e ilegal que tiene lugar dentro de la Línea Negra.Además de la minería, los consejos denunciaron proyectos de infraestructura a gran escala, como el desarrollo de un puerto de envío de carbón, una presa hidroeléctrica y un hotel que se habían llevado a cabo dentro de la Línea Negra sin el consentimiento de los indígenas.El tribunal aún no ha emitido un fallo.
Jaime Luis Arias creció en la ladera sur de la Sierra Nevada de Santa Marta. Un macizo costero aislado en forma de pirámide en el norte de Colombia, Sierra Nevada es una de las montañas costeras más altas del planeta, con los picos nevados que se elevan desde el Mar Caribe hasta unos desconcertantes 5.800 metros (19.000 pies).
Los dramáticos cambios de elevación de la Sierra Nevada de Santa Marta han creado un vibrante reflejo de los numerosos ecosistemas de Colombia: selvas tropicales, sabanas, bosques secos tropicales, tundra alpina tropical, glaciares, desiertos y arrecifes de coral, con especies endémicas más amenazadas que en cualquier otro lugar del mundo. .
«Crecí con la gente de Kankuamo, en las tierras altas de la Sierra Nevada de Santa Marta», dijo Arias. «Para nosotros, crecer allí es un gran privilegio, por eso lo llamamos ‘el corazón del mundo'».
Cuatro grupos indígenas habitan la región: los Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo. En sus creencias espirituales, Sierra Nevada se considera el corazón del mundo, donde cada elemento, objeto y organismo, desde el pico vertiginoso hasta la corriente suave, forma una parte indispensable de un cuerpo interconectado.
“Para nosotros, hay vida en todos los elementos. Los picos, ríos, animales, plantas, piedras y planetas están en constante interacción para lograr la armonía y el equilibrio en la naturaleza y con nosotros mismos «, dijo Arias. «Lo que afecta a uno, afecta a todo el ecosistema».
La Sierra Nevada cubre unos 17,000 kilómetros cuadrados (6,560 millas cuadradas). Las tierras altas y las tierras medias remotas están protegidas por un parque nacional junto con tres reservas indígenas que se superponen y exceden la tierra cubierta por el parque. Sin embargo, las comunidades indígenas que habitan en la remota región montañosa se consideran defensores de un territorio mucho más extenso que el que está oficialmente protegido.
La línea negra
Desde 1973, el gobierno colombiano ha reconocido un anillo de sitios sagrados que se extienden alrededor de la base de la cordillera. Colectivamente conocidas como la «Línea Negra», las comunidades indígenas las reclaman como su territorio ancestral.
El Consejo Territorial Indígena de Gobernadores de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC) describe la Línea Negra como “un gran sistema de nodos terrestres, marítimos y aéreos interconectados. Considerado como sagrado en su conjunto, es el espacio del que surge la cultura de los cuatro pueblos indígenas de Sierra Nevada, y donde se recrea «.
Pero con recursos valiosos bajo el pie, como el petróleo y el oro, hay visiones competitivas para el futuro de la Línea Negra. Arias dijo que la presión de los intereses mineros dentro de la Línea Negra aumentó hace 15 años bajo la administración del ex presidente Álvaro Uribe, cuyo gobierno emprendió una serie de proyectos de infraestructura a gran escala en la región.
«Siempre ha habido presión sobre Sierra Nevada, pero fue bajo Uribe cuando explotó la cantidad de solicitudes y concesiones mineras», dijo Arias. «Ahora, la negligencia legislativa nos presenta 132 títulos mineros y 260 aplicaciones mineras para explotar minerales y carbono».
La Constitución colombiana de 1991 garantiza a las minorías étnicas el derecho a una consulta previa sobre proyectos que tengan un impacto ambiental o social en los territorios colectivos. En 2014, el Tribunal Constitucional del país ordenó la suspensión de un título minero dentro de la Línea Negra porque no se había sometido a una consulta previa con las comunidades indígenas.
Luego de la orden judicial, el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos citó a las comunidades indígenas con casi 400 procedimientos de consulta para proyectos mineros en gran medida a pequeña escala. Las comunidades indígenas retrocedieron, diciendo que el ejercicio fue «agotador y contraproducente» hasta que se establecieron reglas claras para ordenar el proceso.
Hace tres años, los consejos indígenas presentaron una acción legal conocida como tutela ante el Tribunal Constitucional, argumentando que sus derechos constitucionales fueron violados por la minería legal e ilegal que tiene lugar dentro de la Línea Negra. Además de la minería, los consejos denunciaron proyectos de infraestructura a gran escala como el puerto de envío de carbón Puerto Brisa , la presa hidroeléctrica Ranchería y el hotel Los Ciruelos que se habían llevado a cabo dentro de la Línea Negra sin el consentimiento de los indígenas. El tribunal aún no ha emitido un fallo .
Después de años de esperar un fallo de los tribunales, las autoridades indígenas, conocidas como mamos, descendieron desde lo alto de la Sierra Nevada de Santa Marta, viajando más de 800 km (500 millas) a la capital del condado, Bogotá, para enviar un mensaje. al público colombiano y presionar al gobierno, pidiendo al Tribunal Constitucional que proteja el límite de la Línea Negra.
«El corazón del mundo está en riesgo de exterminio físico y cultural», dijo el CTC en un comunicado de prensa. «El modelo de desarrollo extraccionista, particularmente la minería y los megaproyectos, amenaza la supervivencia de los cuatro pueblos indígenas y el ecosistema único de la Sierra Nevada de Santa Marta».
Los líderes indígenas pidieron al gobierno central que respete y proteja el territorio ancestral de Sierra Nevada y suspenda las concesiones mineras y de megaproyectos otorgadas dentro de la Línea Negra.
Los propietarios privados y los grupos comerciales se han pronunciado en contra del reconocimiento de la corte de los reclamos ancestrales indígenas a la Línea Negra. En conversaciones con los medios locales , los grupos comerciales han dicho que temen que los grupos indígenas creen obstáculos legales para los propietarios privados, la expansión urbana y pongan el futuro de los proyectos de infraestructura y desarrollo en el «limbo».
Arias rechazó el argumento de que las comunidades indígenas representan «un obstáculo» para el desarrollo económico, diciendo que él imagina un camino para el desarrollo regional en armonía con la naturaleza. Dijo que los residentes indígenas de la zona «quieren convivir con otros sectores sociales, pero sin perder lo fundamental, que es el territorio».
Violencia pasada y presente
La Sierra Nevada de Santa Marta ha estado plagada de cientos de años de violencia política y colonización, lo que representa una amenaza existencial para la supervivencia cultural de los habitantes indígenas y los frágiles ecosistemas de la región. Se cree que los Kogui, Arhauco, Wiwa y Kankuamo son descendientes del pueblo Tairona que escapó de la colonización española al trasladar sus asentamientos a las altas montañas remotas.
A comienzos del siglo XX, gran parte del lado occidental de Sierra Nevada había sido convertida para plantaciones de banano por United Fruit Company, con sede en Estados Unidos, que construyó ferrocarriles y aldeas residenciales, áreas administrativas, áreas de servicio y campamentos de trabajadores siguiendo modelos estadounidenses. . Los campesinos, agricultores que vinieron de las regiones del interior de Colombia, se establecieron en las tierras altas medias para cultivar cultivos comerciales, especialmente café y cacao, en tierras agrícolas ricas.
Una cascada recorre el bosque en la Sierra Nevada de Santa Marta.Imagen cortesía de Fundación Antelopus.
En la década de 1970, los cultivadores de marihuana empujaron la colonización más allá de las montañas, limpiando bosques vírgenes para cultivar cultivos ilícitos. Con la marihuana llegaron las guerrillas, los paramilitares y los militares. El conflicto resultante entre los actores armados generó un reino de terror en Sierra Nevada, con niños reclutados a la fuerza en grupos armados, así como desplazamientos forzados generalizados, asesinatos selectivos, masacres y violencia sexual.
Aunque el ejército guerrillero más grande del país, las FARC, dejaron sus armas en 2016, la violencia política y del narcotráfico es una preocupación creciente en Sierra Nevada, con grupos paramilitares rearmados que luchan por el control territorial. Solo en los últimos 18 meses, seis líderes comunitarios fueron asesinados, otro sufrió un ataque y 42 personas fueron desplazadas, según un informe reciente.
«La disputa es sobre un corredor de movilidad entre tres departamentos, con una [carretera principal], acceso a puertos marítimos y donde se pueden generar muchos ingresos ilegales en todo lo relacionado con el turismo y los cultivos de banano y palma [aceite]», Luis Trejos, de Observatorio del Caribe de la Universidad del Norte, dijo al medio de comunicación local Semana.
El Defensor del Pueblo advirtió sobre la amenaza para los habitantes indígenas. Gelver Zapata Izquierdo, líder indígena de Arhuaco, le dijo a Mongabay Latam en 2018 que los grupos armados están presentes en áreas donde se planean o llevan a cabo proyectos estratégicos como minería, perforación de petróleo y desarrollo de infraestructura.
«Es extraño que el estado esté cerca de esos proyectos y también lo estén los grupos armados», dijo Zapata Izquierdo. “Para nosotros, cualquier grupo armado es el mismo, es el símbolo de la guerra dentro de los territorios. Estamos convencidos de que Colombia necesita diálogo para reconstruir, pero más allá del diálogo, es el reconocimiento de los derechos humanos ”.
Un informe publicado en 2019 por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Centro de Memoria Histórica encontró que de las 102 tribus indígenas del país, casi el 70 por ciento tiene un riesgo inminente de desaparición física y cultural. Desde el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las FARC, ONIC ha registrado 158 asesinatos de líderes indígenas, principalmente en el departamento suroccidental del Cauca.
«En Colombia, una [persona] indígena es asesinada cada 72 horas», dijo el asesor principal de ONIC, Luis Fernando Arias, a France 24 . Dijo que los pueblos indígenas a menudo son atacados por defender su territorio de los grupos armados. «Los pueblos indígenas son un obstáculo para los grupos armados porque defendemos nuestros territorios, ejercemos el control social y excluimos a los grupos armados».
El 23 de diciembre, dos ambientalistas de alto perfil de la ciudad de Santa Marta fueron encontrados asesinados cerca del Parque Nacional Tayrona de Sierra Nevada. No estaba claro si el asesinato estaba relacionado con su trabajo social y ambiental, o si fue el resultado de un robo de auto. En el mismo sector rural a lo largo de la costa del Caribe, el guardaparque Wilton Orrego fue asesinado en enero de 2019. Para ambos asesinatos, las autoridades están investigando la participación del grupo paramilitar, Los Pachencas, que mantienen un estricto control territorial en la región, y están muy involucrado en el tráfico de cocaína a los Estados Unidos y Europa.
Estrés ambiental severo
Un estudio de 2017 realizado por el Banco de la República de Colombia utilizó imágenes satelitales de alta resolución para investigar las tasas de deforestación, asentamientos humanos e infraestructura vial dentro de la Línea Negra. Si bien los resultados indican que la protección oficial de la tierra ha ayudado a limitar la deforestación y la actividad humana en los parques nacionales y las reservas indígenas en el área, los investigadores no pudieron concluir que tuviera algún efecto dentro de la Línea Negra.
«Nuestros principales resultados indican que si bien [la Línea Negra] no tiene efectos detectables, hay evidencia de efectos [reductores] significativos de las reservas indígenas y parques nacionales en la deforestación, los asentamientos de población y la infraestructura vial», informan los autores en su estudio.
La región también está experimentando otros impactos, más indirectos, de la presión humana. El cambio climático ya está afectando gravemente los glaciares de Sierra Nevada. Desde 1900, el 92 por ciento de los glaciares que alguna vez cubrieron las grandes montañas ya no existen. Según un estudio de la agencia de investigación climática del país , IDEAM , los seis glaciares ecuatoriales de Colombia desaparecerán para el año 2050 si la tasa actual de derretimiento continúa.
Arias dijo que los efectos negativos del cambio climático en las capas freáticas y el manto de nieve de Sierra Nevada se están multiplicando por el desarrollo extractivo y de megaproyectos que tienen lugar en las tierras bajas dentro de la Línea Negra.
“Ya estamos viendo que los ríos se están secando y la nieve está a punto de desaparecer. Por supuesto, el cambio climático está teniendo un efecto, pero las actividades mineras y de megaproyectos están acelerando rápidamente el proceso y causando daños inmediatos ”, dijo Arias. “Ninguna de estas formas de explotación está permitida por nuestras leyes. Para nosotros, es como extraer sangre del cuerpo «.
En 2013, un estudio declaró al Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta como el área protegida más importante del mundo para especies amenazadas. La Sierra Nevada comprende un hábitat particularmente crítico para los anfibios en peligro de extinción. Lina Valencia, oficial de conservación de Colombia en Global Wildlife Conservation (GWC), dijo que Sierra Nevada tiene el mayor número de anfibios endémicos amenazados del mundo.
Recientemente, la comunidad indígena de Arhuaco permitió a los biólogos conservacionistas del socio local de GWC, Fundación Atelopus, acceder a una cuenca hidrográfica donde pudieron identificar y fotografiar el sapo arlequín de la noche estrellada en peligro crítico ( Atelopus arsyecue ) que se había considerado «perdido para la ciencia» por casi 30 años.
“Hay 18 especies endémicas de anfibios en Sierra Nevada y cuatro especies de sapos arlequín. Las ranas se consideran guardianes del agua porque se encuentran en las cabeceras de los ríos «, dijo Luis Alberto Rueda, profesor de la Universidad del Magdalena y cofundador de la Fundación Atelopus.
Rueda y otros investigadores de la Universidad del Magdalena han estado estudiando anfibios en peligro de extinción en Sierra Nevada durante más de cinco años. El equipo ha modelado futuras trayectorias de población para el sapo arlequín de la noche estrellada, y sus resultados muestran una tendencia al declive. Rueda dijo que las principales amenazas para la especie son la ganadería y la producción de cultivos, junto con los desechos, la infraestructura y otros problemas que surgen del sector turístico en crecimiento y mal regulado de la región.
Movimiento indígena se une a la huelga nacional
El presidente Iván Duque, un aprendiz cuidadosamente seleccionado del ex presidente Uribe, asumió el cargo el 7 de agosto de 2018. Criticado como inexperto y en gran parte impopular, Duque ha luchado por gobernar el país. El 21 de noviembre de 2019, estallaron las mayores protestas en todo el país desde la década de 1970 contra el gobierno.
Las organizaciones indígenas en marzo ya habían liderado una protesta nacional, conocida como minga, para exigir que el gobierno de Duque implemente completamente el acuerdo de paz de 2016 y reconozca los derechos indígenas a la tierra. En la última ronda de protestas, la organización indígena nacional ONIC inmediatamente llamó a la población nativa de Colombia a unirse a la huelga nacional.
El Consejo Indígena de la Reserva Kankuamo llamó a su gente a unirse a la huelga también, expresando su solidaridad con los «diversos sectores de la sociedad colombiana que sienten que sus derechos esenciales han sido violados».
La respuesta de Duque a la protesta abrumadoramente no violenta ha sido una represión policial dura, combinada con ofertas renuentes para negociar con los organizadores de la huelga. Más de un mes después de que comenzaron las huelgas, aún no se ha alcanzado un acuerdo entre el gobierno y los manifestantes.
Imagen del banner: los picos de las montañas de Sierra Nevada de Santa Marta emergen de un mar de nubes.Imagen de Gicaman a través de Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).
Nota del editor: Esta historia fue impulsada por Places to Watch , una iniciativa de Global Forest Watch (GFW) diseñada para identificar rápidamente la pérdida de bosques en todo el mundo y catalizar una mayor investigación de estas áreas.Places to Watch se basa en una combinación de datos satelitales casi en tiempo real, algoritmos automatizados e inteligencia de campo para identificar nuevas áreas mensualmente.En asociación con Mongabay, GFW apoya el periodismo basado en datos al proporcionar datos y mapas generados por Places to Watch.Mongabay mantiene una independencia editorial completa sobre las historias reportadas utilizando estos datos .
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Autor: Otros Mundos Chiapas.org Conflicto Relacionado: Samalayuca
Los agricultores de la región conformada por los cuatro ejidos Samalayuca, Ojo de la Casa, El Vergel y Villaluz, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están dispuestos a impedir el paso de la maquinaria y a ampararse si las empresas participantes en el proyecto insisten en su explotación.
Gregorio Valtierra Porras, secretario del comisariado ejidal, expresa su rotunda desaprobación a la instalación de la mina porque, dice, eliminará la actividad agropecuaria de los ejidos.
“Hacer un paro a mi ver, a mi ver, definitivo, que no pasara ninguna persona de ellos hacia donde se va a hacer la mina. No dejar pasar la maquinaria. Mucha gente, que es la mayoría del pueblo, gente que viene de Ciudad Juárez, gente que viene de las rancherías también cercanas están de acuerdo con nosotros; y con el apoyo de todas esas personas me imagino yo –confía-, vamos a salir triunfadores”.
Valtierra dijo que están decididos a evitar que las mineras Samalayuca Cobre y VVC Exploration de Vancouver, Canadá, comiencen a demoler la sierra.
“A estas alturas se trata de no nada más de proteger el beneficio mío, se trata de defender a la comunidad entera. Creo que hasta allá llegaremos a hacer el paro definitivo, bloquear, obstruir las entradas a la mina, donde sea posible llegar y hacerlo”, reafirmó.
Daniel Zamarrón, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), integrante del Frente Eco-social Paso del Norte, indicó que los agricultores cuentan con el apoyo de la sociedad civil y la comunidad académica.
“Estamos haciendo conciencia del impacto que significa un emprendimiento de estas características. Hemos hecho foros en la UACJ, en el Tecnológico Ciudad Juárez, secundarias y primarias de la ciudad. Se han llevado a cabo asambleas informativas”, expuso.
En el desfile del 16 de septiembre se manifestaron y han instalado brigadas informativas en distintos puntos de Ciudad Juárez donde reparten trípticos con toda la información relativa a los efectos negativos del proyecto.
En tanto, Valtierra Porras recuerda que desde niño ha arado la tierra, su padre le enseñó a usar el azadón y ahora de adulto, proporciona 48 empleos en temporada de cosecha.
“Le pediría a las autoridades federales que hicieran un poco más de conciencia, que se pongan en nuestro lugar, que nosotros como pobladores, somos de muchísimos años aquí en Samalayuca para que llegue una cosa de esa magnitud, de la contaminación que va a provocar y nos destruya nuestras vidas”, advirtió.
Por ello insiste en pedir a las dependencias federales que “se pongan en nuestro lugar y nos echaran la mano con esto, que la mina no se llevar a cabo”.
Manuel Belmontes Rea, asegura que “van a meter un amparo en contra de la mina”.
Puntualiza que la justificación de las empresas de que generará mil 200 empleos no es argumento porque aquí lo que sobra es el trabajo.
“Alcanza para 600 plazas en tiempo de cosecha de hortalizas en las 800 hectáreas de cultivo. Con decirle que aquí viene gente a trabajar de Durango, Puebla, Oaxaca, de la sierra de Chihuahua, en los tiempos que hay cosecha. Empieza desde mayo hasta octubre, hasta que cae la primera helada y luego sigue la cosecha de la nuez, como ahorita que está la cosecha de la nuez”, explicó.
“Por el lado del comercio, a lo mejor nos convendría que pusieran la mina. Y luego, ¿qué ganamos si como comerciantes nos vamos a llenar de billetes y al rato nos los vamos a acabar en el hospital porque vamos a estar enfermos por lo que respiramos, el agua que tomemos, todo eso de qué sirve?”, cuestionó Belmontes Rea.
Intentan pasar a “la mañanera”
La presión sobre los pobladores los obligó a acudir a la Ciudad de México a intentar entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Conferencia Matutina del pasado dos de diciembre, a quien no pudieron ver.
Jesús Ernesto Pedroza Pineda, uno de los agricultores que acudió a la capital del país, explicó que se entrevistaron con una diputada federal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien les dijo que los apoyará en su petición.
El poblado de Samalayuca comenzó la resistencia contra el proyecto, algunas viviendas muestran su rechazo al mismo con mensajes colocados en las bardas y cercas de las casas, han hecho manifestaciones y acciones para la concientización de la población afectada.
“Hemos estado manifestándonos aquí en el pueblo y en Juárez, fuimos hasta México, fuimos ahí con el presidente, fuimos al Mañanero (sic), y no nos dejaron entrar. Y fuimos a Cámara de Diputados, estuvimos ahí y ya nos regresamos para acá”, explicó.
No queremos ese monstruo
“Como nosotros somos agricultores de siembra, la mina dicen que trae mucho dinero, las ganancias se las van a llevar los canadienses nada más, aquí van a dejar puro desastre en nuestro pueblo. Que no nos pongan ese monstruo aquí en el poblado de Samalayuca. Nosotros estamos peleando por nuestra vida”, añadió Pedroza Pineda.
Dijo que la preocupación al concretarse el proyecto minero son los efectos en la salud de la población.
Porque como es una mina a cielo abierto trae muchos gases y todo, aquí pues sembramos y dicen que da cáncer y es un peligro para aquí para el pueblo”.
Añadió que los trabajos mineros se realizarán muy cerca tanto de la zona de siembra y cultivo de hortalizas como de la población que radica en los cuatro ejidos mencionados.
“De aquí para allá empiezan las hortalizas, las calabacitas, ahí tenemos la Comisión (la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, CFE), ahorita está jalando, está echando mucho vapor”, explica Pedroza Pineda mientras va señalando la serie de cultivos que tienen en esta región donde también producen nueces.
Y añade cada uno de los aspectos que hacen fuerte económicamente esta parte de Chihuahua, que a su juicio no requiere más oferta de trabajos que dañarán el medio ambiente.
“Es que aquí es un pueblo turístico, viene mucha gente a visitarnos de Estados Unidos y de Juárez. Están las albercas, tenemos las dunas, el Ojo de la Casa, los petrograbados, ahí donde está la mina. Es piedra laja, con las vibraciones de la mina se van a destrozar los petrograbados y es lo que no queremos”, reitera.
“Aparte –agrega Ramiro Herrera Alvarado-, aquí hay venado, hay jabalí, coyote, puma, gato montés, víbora de cascabel, tortuga del desierto, que casi se extinguieron con otra mina”, alertó.
Por ello solicitó la intervención presidencial:
“Que no se haga la mina, aquí hay mucho trabajo, aquí no trabaja y no se supera el que no quiere. Queremos que le llegue la información al presidente López Obrador para que nos ayude, queremos dejar de herencia este ecosistema a nuestros hijos y nuestros nietos”, finalizó.
Imagen: Agricultores de la región conformada por los ejidos Samalayuca, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están dispuestos a impedir el paso. FOTO: NOTIMEX.
Autor: Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos
En el Ecuador, el pasado 15 de enero de 2020, una delegación de mujeres latinoamericanas de Brasil, El Salvador y Ecuador de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales visitaron la comunidad de Cazarpamba, en Intag, Imbabura, para conocer lo ocurrido en la comunidad al mediodía del 14 de enero cuando un operativo de 30 policías intentaron incursionar a la zona con personal de la empresa transnacional minera BHP-Cerro Quebrado para realizar actividades de exploración en la zona siendo impedido el ingreso por las familias de la comunidad que se oponen a las actividades mineras y denuncian que no se ha realizado ninguna consulta ambiental en la comunidad.
Daniela Campolina del Movimiento por las Sierras y las Aguas de Minas Gerais (MOVSAM) de Brasil, procedente de las comunidades afectadas en 2015 por la rotura del dique de relaves en Mariana de la empresa minera BHP-Billinton que generó graves impactos sociales y ambientales, compartió con la comunidad de Cazarpamba sobre los terribles impactos causados por esta empresa en Brasil. El pasado año en Brumadinho otra rotura de relaves, esta vez de la empresa Samarco-Vale sepultó y mató con lodos tóxicos a 272 personas causando un crimen ambiental y social que hasta ahora sigue en la impunidad.
Ana Dubón, integrante de Cripdes El Salvador y quien participó en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador compartió la experiencia por la que consiguieron después de 13 años de lucha, incidencia y movilización social una ley que prohíbe la minería metálica que convirtió a El Salvador en primer país a nivel mundial con una ley que salvaguarda los derechos humanos y de la naturaleza.
Acción Ecológica, Decoin, Saramanta Warmikuna y la articulación Caminantes también acompañaron este recorrido impulsando un Mandato Nacional por un Ecuador Libre de Minería Metálica, para que las autoridades locales y nacionales prohíban las actividades de minería metálica en todas sus etapas, en el territorio nacional incluyendo el otorgamiento de concesiones. Este mandato denuncia que las actividades mineras configuran un patrón de violación de derechos humanos y de derechos de la naturaleza que afecta a la población en su conjunto especialmente a las mujeres.
La concesión otorgada en Cazarpamba, conocida como Santa Teresa 2, afecta también a varias comunidades de la zona, de las Parroquias de Apuela, Cuellaje y Plaza Gutiérrez. La licencia ambiental para la exploración inicial de las concesiones se le otorgó a BHP 23 hace meses, sin embargo, esta ha sido entregada sin la autorización de la comunidad que no ha sido consultada y que además ha manifestado continuamente su postura de rechazo a que se realice minería en sus territorio.
Queremos alertar sobre la grave situación que atraviesa la comunidad de Cazarpamba, quienes han decidido por resolución oponerse a la entrada de la BHP-Billinton en sus territorios. Organizaciones y movimientos sociales ecologistas, de mujeres y de derechos humanos estamos vigilantes de lo que ocurra en Cazarpamba y queremos alertar a las autoridades locales para que respeten los derechos de la comunidad de Cazarpamba.
Con esto, se deja sin efecto la resolución del organismo fiscalizador, luego que la asociación aymara fundara su reclamación en relación a tres de los 14 cargos formulados en su oportunidad por la SMA. Los tres cargos, dicen relación con la falta de monitoreo de avifauna en el área del Salar de Coposa, considerado como gravísimo; la implementación de un sistema de monitoreo puntual del caudal de la vertiente Jachucoposa, considerado como grave; y por último, el que dice relación con el descenso del nivel freático de los pozos ubicados en Coposa Norte por sobre lo previsto en el modelo hidrogeológico, también considerado grave.
El Primer Tribunal Ambiental dio a conocer, hoy, el fallo en contra del Programa de Cumplimiento, PdC, presentado por la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi y aprobado por la SMA, que acoge la reclamación de la Asociación Indígena Aymara Salar de Coposa.
Con esto, se deja sin efecto la resolución del organismo fiscalizador, luego que la asociación aymara fundara su reclamación en relación a tres de los 14 cargos formulados en su oportunidad por la SMA.
Los tres cargos, dicen relación con la falta de monitoreo de avifauna en el área del Salar de Coposa, considerado como gravísimo; la implementación de un sistema de monitoreo puntual del caudal de la vertiente Jachucoposa, considerado como grave; y por último, el que dice relación con el descenso del nivel freático de los pozos ubicados en Coposa Norte por sobre lo previsto en el modelo hidrogeológico, también considerado grave.
El Ministro redactor de la sentencia, Marcelo Hernández, explicó que “es requisito esencial para aprobar un Plan de Cumplimiento, PdC, que tanto la compañía minera como la SMA identifiquen y aborden íntegramente todos los efectos, así como todas las acciones y metas para volver al cumplimiento ambiental y así resguardar el bien protegido del acuífero, la vertiente Jachucoposa y sus lagunas de la cuenca del Salar de Coposa su interacción con la biodiversidad y las zonas de pastoreo ancestral de la asociación aymara, más aún porque se trata de un sitio prioritario para la conservación en un escenario de cambio climático”.
La sentencia, dictada por los ministros Mauricio Oviedo (presidente) y Marcelo Hernández, destaca que, en relación a los cargos en los que se funda la reclamación de Asociación Indígena del Salar de Coposa -, “para estos sentenciadores, a lo menos es reprochable la conducta de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, por no advertir en un período extremadamente prolongado (12 años) la inobservancia de sus compromisos ambientales sobre el hecho particular de efectuar el monitoreo de avifauna en los términos establecidos en la RCA 144/2006”.
Lo anterior, porque en el fallo se establece -entre otras consideraciones- “que no se evidencia de la presentación de los antecedentes del PdC y el posterior análisis de la SMA para su aprobación que se haya dado respuesta razonable a exigencias básicas de monitoreo, seguimiento y reportabilidad de los compromisos ambientales de las Resoluciones de Calificación Ambiental, RCA, vigentes para el objeto de protección Avifauna en una superficie de 13.409 hectáreas de la Cuenca del Salar de Coposa y en particular para una especie carismática y en categoría de conservación, según el Ministerio de Medio Ambiente como lo es el flamenco”.
Otro de los aspectos tomados en cuenta por los ministros, es el accionar no oportuno por parte de la SMA, ya que no fue hasta el año 2017 donde se da inicio al proceso sancionatorio, por lo que se dejó el bien jurídico a proteger en un “status de no cumplimiento, sino hasta la presentación y aprobación del Programa de Cumplimiento”.
“Debió haber existido por parte de la SMA un accionar más oportuno y diligente con los organismos técnicos especializados (SAG y/o CONAF) que permitan en etapas tempranas visualizar hechos de gran relevancia ambiental que están siendo contravenidos con lo comprometido en la licencia ambiental respecto de la afectación a la biodiversidad de la cuenca del Salar de Coposa”, explicó el ministro Marcelo Hernández.
El ministro Hernández, además, dijo que “como se evidenció en la inspección de terreno a la vertiente de Jachucoposa razonablemente no están dadas las condiciones como se plantean en el PdC aprobado respecto al cumplimiento del resguardo efectivo de la vertiente, como bien jurídico ambiental”.
La sentencia deja en claro que resulta discutible que la SMA no exija y mantenga alguna medida provisional destinada a la limitación del régimen de extracción de aguas de cuenca Salar de Coposa, a fin de proteger el acuífero como bien jurídico ambiental y estratégico en zona limítrofe con Bolivia y exigirle a la empresa que cumpla con dicha medida hasta que exista una recuperación evidente y permanente del acuífero. Esto por el año 2002 la Dirección General de Aguas, DGA, declaró área de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas del sector de la cuenca del Salar de Coposa y destacó “que, los estudios demuestran que existe riesgo de un descenso generalizado de los niveles estáticos en el largo plazo, que afectan la capacidad productiva de los acuíferos, debido a una insuficiente recarga en relación a la explotación existente”.
Otra de la constataciones del fallo es que se ha vulnerado los derechos de acceso que tiene la Asociacion Indígena Aymara de Coposa a los recursos naturales en el salar, en particular a los referidos al agua y sus servicios ecosistémicos en la vertiente de Jachucoposa y sus cuerpos lagunares, como a las zonas de pastoreo aledañas y la potencial relación de efectos que pudiere tener la baja de niveles del campo de pozos norte de la compañía minera.
Respecto a esto último, en el fallo se estipula que “se debe guardar irrestrictamente, cumpliendo cabalmente todos sus compromisos ambientales , y en particular aquellos referidos a no afectar el acceso a los recursos naturales y a sus usos y costumbres ancestrales , en particular su relación con la tierra, el agua y las actividades agropecuarias que realiza en un contexto armónico con la naturaleza, y que es de responsabilidad de la SMA el fiscalizar su cumplimiento respecto de los regulados (en este caso Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi) y con ello resguardar los derechos de acceso a los recursos naturales por parte de la Asociación Indígena Aymara de Coposa”.
Recordemos, que el procedimiento sancionatorio se inicio el diciembre de 2017 a raís de diversas denuncias presentadas ante la SMA lo que llevó a que el organismo formulara 14 cargos contra la compañía minera. Sin embargo, la empresa presentó un PdC que fue aprobado por el organismo fiscalizador a través de resolución exenta N° 12, de 2019.
Otro de los pronunciamientos del Tribunal tuvo relación a si era procedente o no someter a consulta indígena, tal como lo planteaban la asociación aymara, respecto a lo cual se resolvió que no es posible admitirla cuando se trata de un procedimiento sancionatorio ya que “la consulta indígena se ha concebido como un mecanismo intercultural entre los organismos del Estado y los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente con determinada medida legislativa o administrativa, con el fin de llegar a un acuerdo o lograr consentimiento previo a la implementación de las mismas”.
SALAR DE COPOSA:
La Cuenca del Salar de Coposa se encuentra ubicada en la comuna de Pica, Región de Tarapacá. Está constituido por un núcleo salino y arenoso y debajo se encuentra una capa de salmuera. La laguna principal se denomina (Jachucoposa). La vegetación de este humedal incluye a 97 especies nativas de chile, de las cuales 7 serían endémicas. La vegetación se caracteriza por la presencia de tolares (arbustales) dominados por especies de Parastrephia y Fabiana spp, y pajonales donde las especies dominantes son Festuca chrysophylla, Stipa nardoides, Stipa frigida y Stipa venusta. La vegetación del humedal está compuesta principalmente por especies herbáceas en cojines como Oxychloe andina, Distichia muscoides y Scirpus atacamensis y gramíneas perennes. Además, alberga una rica diversidad de fauna silvestre, donde destaca la presencia de las tres especies de flamencos (Phoenicopterus chilensis, Phoenicoparrus jamesi y Phoenicoparrus andinus). Dada su importancia ecosistémica, el salar de Coposa está catalogado como un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad y constituye un territorio habitado ancestralmente por comunidades indígenas de la etnia Aymara, quienes han ocupado, hacen uso y poseen tierras comunitarias y patrimoniales.
PROYECTO:
CMDIC, corresponde a un proyecto minero que se encuentra ubicado a 185 km al sureste de la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá, entre los 4.000 y 4.800 metros sobre el nivel del mar. Su actividad consiste en la extracción y procesamiento de cobre, óxidos y sulfuros, de los yacimientos mineros ubicados en el Distrito Minero Collahuasi.
Entenda como o modelo mineral no Brasil segue deixando marcas irreversíveis na natureza e na vida de pessoas para além do território mineiro, como é caso das comunidades maranhenses, Piquiá de Baixo e Santa Rosa dos Pretos.
No dia 25 de janeiro de 2020, o crime socioambiental de Brumadinho completa 1 ano. Exatamente às 12h28 de uma sexta-feira, a barragem da Mina do Córrego Feijão, da mineradora Vale se rompeu na Região Metropolitana de Belo Horizonte, despejando 12 milhões de metros cúbicos de resíduo. Um verdadeiro mar de lama com rejeito de minério matou o rio Paraopeba, destruiu casas da região do Córrego do Feijão, matou mais de 250 pessoas (11 ainda seguem desaparecidas) e continua afetando a vida da população mineira, em especial aquela que vive próxima à barragem de rejeito.
A Vale também está envolvida com o rompimento da barragem do Fundão, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana (MG), que ocorreu em 2015. Além de Minas, a empresa também segue ceifando o bem viver de comunidades no Maranhão, como é o caso de Piquiá de Baixo, comunidade impactada pela Estrada de Ferro Carajás (EFC) – de responsabilidade da Vale – e pelo polo siderúrgico, e Santa Rosa dos Pretos, que sofre impactos aos seus costumes, tradição e ao direito básico ao acesso a água em seu território, provocados pela implantação e ampliação da EFC, usada para transporte do minério, que é exportado principalmente para a China.
Em todos os casos, a água é o bem universal mais afetado. Por exemplo, em Barcarena no Estado do Pará, em fevereiro de 2018, o despejo de rejeitos tóxicos da refinaria Hydro Alunorte, da norueguesa Norsk Hydro, atingiu comunidades e rios. Em Mariana, o Rio Doce foi contaminado com 43 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Piquiá sofre com problemas de abastecimento de água e o rio que passa pela comunidade é poluído pelas siderúrgicas. Santa Rosa dos Pretos teve um dos seus maiores igarapés concretados durante a duplicação da ferrovia.
A onda gigante de lama tóxica e os impactos diários causados pela infraestrutura logística e cadeia mineral como um todo, revelam que a exploração mineral no país segue anulando sonhos de crianças, mulheres e homens e toda e qualquer possibilidade de vida saudável próximo aos grandes empreendimentos.
É uma cadeia de impactos irreversíveis a vida humana e ao meio ambiente e que causam ainda mais indignação pela impunidade. Em todas as situações citadas, as empresas tentam eximir-se de suas responsabilidades, utilizando um recurso também violento: o discurso de que foi um acidente. Em várias entrevistas coletivas após a tragédia ambiental de Brumadinho, o então diretor presidente da Vale, Fábio Schvartsman disse não ter sido alertado sobre os riscos e caracterizou o rompimento da barragem como acidente, entretanto, documentos internos apreendidos durante as investigações apontaram que havia pelo menos dez barragens acima do limite aceitável e que de forma deliberada, o comando da empresa “se blindava de informações que poderiam incriminá-los para evitar ser responsabilizados, com práticas de táticas de retaliação e intimidação em um setor que a companhia dominava”, segundo matéria da Agência Brasil.
Acidente ou crime tem pesos diferentes no imaginário coletivo e judicialmente para a responsabilização penal.
Para entender melhor o que caracteriza um e outro, entrevistamos Danilo Chammas, advogado que atua em prol de direitos humanos em comunidades impactadas pela mineração no Maranhão e Minas Gerais. Na entrevista, o advogado comenta sobre a diferença entre crime e acidente, como também, sobre os impactos do grande projeto de mineração operado pela Vale no Brasil, em especial Brumadinho e comunidades no Maranhão.
Qual a diferença entre crime e acidente? Esse tema é importante porque mostra de maneira explícita a disputa de narrativas que ocorre em contextos de conflitos socioambientais. Não por acaso, temos visto a todo o tempo maneiras diferentes de se referir ao mesmo fato, a depender do autor do discurso.
No caso de Brumadinho, vemos por um lado a Vale S.A., maior responsável pelo fato, esforçando-se para qualificar o rompimento da barragem (e suas trágicas consequências) como um “acidente”. Foi assim por exemplo no inesquecível depoimento do então diretor presidente da empresa, Fabio Shvartsman, à Comissão Externa da Câmara dos Deputados, ainda em fevereiro de 2018, em que ele declarou que: “a Vale é uma joia brasileira que não pode ser condenada por um acidente que aconteceu em uma de suas barragens, por maior que tenha sido a tragédia.”
Por sua vez, também em Brumadinho, vê-se a insistência de alguns familiares de vítimas fatais e atingidos em geral em afirmar que “não foi acidente, foi crime”. Essa narrativa traz em si o anseio pelo reconhecimento de que os causadores sejam punidos (justiça) e sejam obrigados a reparar os danos sofridos (reparação integral).
Voltando ao depoimento de Fabio Shvartsman, a palavra “acidente” não foi casualmente empregada por ele. Por um lado, perante a opinião pública, essa palavra passa a ideia de que o que aconteceu foi algo inesperado, imprevisível e que não podia ter sido evitado pela Vale. Espalhar essa ideia é fundamental para a preservação da imagem e reputação da empresa perante a opinião pública. Uma empresa com boa reputação tem mais facilidade para estabelecer parcerias, firmar contratos, conquistar financiamentos, angariar investidores, obter do poder público benefícios fiscais, licenças e outras autorizações para suas operações e desqualificar a narrativa daqueles que são atingidos por seus empreendimentos e lutam pelo reconhecimento de seus direitos.
“Da mesma forma que a Vale busca ser absolvida no julgamento da opinião pública, o uso da palavra acidente também tem implicações do ponto de vista jurídico”.
Em primeiro lugar, no âmbito do Direito Civil, quando uma situação é considerada inevitável, ela pode ser enquadrada como “caso fortuito” ou de “força maior” o que acaba por liberar o causador do dever de reparar o dano por ele provocado. “Caso fortuito” é justamente um evento proveniente de uma ação humana que é imprevisível e, portanto inevitável. “Força maior”, por sua vez, se refere às situações em que mesmo previsível, o evento é inevitável. Essa última expressão se refere aos eventos da natureza, como furacões e grandes tempestades, por exemplo.
Por outro lado, a palavra “acidente” também pode influir na responsabilização penal das pessoas físicas e jurídicas envolvidas. Lembremos que o “acidente” traz também a ideia de que o agente causador do dano não tinha a intenção de provocá-lo. Isso pode ter efeitos importantes do ponto de vista da responsabilização penal, posto que há vários delitos que, por definição, não preveem aplicação de pena ao infrator se a conduta se dá de forma culposa (não intencional). Por outro lado, para os crimes em que a forma culposa é também penalizada, a diferença se expressa na quantidade de pena, que normalmente é muito menor do que na forma dolosa (intencional). Basta ver o exemplo do crime de homicídio simples, que, se for doloso, tem como pena mínima a de 6 anos e pena máxima a de 20. Porém, se for culposo, a pena aplicada ficará entre 1 e 3 anos.
Atuando em diversas comunidades com assessoria jurídica como você observa o discurso sobre acidente chegando nas comunidades? Existe algum fato que queira relatar? O discurso sobre acidente também é empregado pela Vale S.A. e outras empresas da cadeia da mineração em outros contextos, exatamente com o objetivo de defender a sua reputação perante a opinião pública e de se esquivarem de seu dever de reparar o dano causado. Isso se dá por exemplo nos casos de atropelamentos ocorridos ao longo da Estrada de Ferro Carajás e também nos casos de queimaduras decorrentes do contato de crianças com os resíduos incandescentes da produção de ferro gusa depositados pela Gusa Nordeste na comunidade de Piquiá de Baixo, em Açailândia.
De que maneira, o discurso de que em Brumadinho foi acidente reverbera nas demais comunidades impactadas?
Tenho circulado por diversas comunidades e vejo que as pessoas em geral têm rejeitado essa expressão. Lembro inclusive de uma consigna que vem sendo entoada em muitos atos: “Não! Não! Não foi acidente! A Vale mata rio, mata peixe e mata gente!”, que é utilizada desde o rompimento da barragem de Fundão, na cidade de Mariana em 2015. Essa disputa de narrativa é, portanto, muito relevante para a definição do futuro, pois além de definir como a história será contada, influi diretamente sobre as condições de vida das pessoas: tanto aquelas que já sofreram os danos e que poderão não contar com medidas de reparação, quanto aquelas de outras localidades que poderão vir a sofrer dos mesmos males, se essas situações continuarem sendo vistas como meros acidentes.
Além das ações judiciais em busca da punição e reparação dos danos, a luta dos familiares das vítimas também é pela mudança de discurso: “foi crime e não acidente!”. Como esse reconhecimento se insere no conceito de reparação e qual tem sido o posicionamento dos familiares para disputar as narrativas? Em Brumadinho, muitos atingidos e atingidas também estão conscientes disso e por essa razão é comum encontrar em suas faixas e discursos a afirmação de que o rompimento da barragem não só se tratou de um acidente, mas também de um crime doloso. Há, porém, um complicador. A definição de “acidente de trabalho”, conceito do Direito Laboral, acaba ampliando a confusão, especialmente em um caso em que a grande maioria das vítimas fatais é composta de trabalhadores diretos ou indiretos da empresa. Isso porque esse conceito é aplicado mesmo quando o fato é previsível, evitável ou decorreu de uma conduta intencional de quem o causou.
Cabe também salientar que o referido discurso de Fabio Shvartsman, no qual ele qualificou a Vale como uma “jóia brasileira” fez com que os familiares de vítimas fatais adotassem como bandeira essa mesma expressão para se referir a seus entes queridos que perderam suas vidas em decorrência do rompimento da barragem. “A minha mãe, Malu, é que era uma joia brasileira. Não é a Vale quem julga quem é ou não uma joia”, disse Patricia Borelli, filha de Maria de Lourdes da Costa Bueno, em artigo publicado na Folha de São Paulo, poucos dias depois do depoimento de Shvartsman. “A Vale assassinou com requinte de crueldade todas essas pessoas que nós chamamos de joias”. “A Vale e outras empresas mineradoras não são joias. Elas matam a fauna, a flora, os rios, destroem famílias. Hoje eu vejo o minério como uma forma de crime. Crime contra a vida em todas as instâncias”, disse Andresa Rodrigues, mãe de Bruno Rodrigues. Essa disputa de narrativas se insere no que a jurisprudência do direito internacional dos direitos humanos definiu como o DIREITO À MEMÓRIA E À VERDADE.
Você poderia nos falar um pouco mais sobre o direito à memória e à verdade e também sobre o conceito de reparação integral?
O direito à memória e à verdade tem sido reivindicado com ênfase pelos movimentos e organizações de direitos humanos nos processos de transição de ditaduras para regimes democráticos. Esses atores buscam afastar o medo de se conhecer e de se contar os fatos tais como eles realmente aconteceram. No caso do Brasil, embora muito tardiamente, contamos com o trabalho da Comissão Especial para Mortos e Desaparecidos Políticos, que publicou seu dossiê em 2007.
O conceito da reparação integral desenvolvido pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos inclui as “medidas de satisfação”, que são medidas a serem impostas aos violadores de direitos para aliviar a dor das vítimas através da reconstrução da verdade, da difusão da memória histórica e da dignificação das vítimas. Na prática, isso se expressa através do reconhecimento público de responsabilidade, pedidos de desculpas públicas, atos de homenagens, construção de memoriais ou de outras formas de se propagar a verdade sobre os fatos.
A mentira e o esquecimento são úteis aos perpetradores pois os ajudam a se livrar da punição, da responsabilidade de reparar o dano e do dever de tomar medidas efetivas para que os mesmos fatos nunca mais ocorram. O lema é: “que nunca se esqueça para que nunca mais aconteça”.
Como essa disputa pelo direito à memória e à verdade tem ocorrido em Brumadinho?
No caso de Brumadinho, essa disputa também tem ocorrido na prática. Em uma das ações judiciais, proposta por familiares de vítimas fatais, foi requerido que a Vale exibisse por 20 anos, nas entradas das sedes e filiais da empresa e de suas subsidiárias em todo o mundo, fotografias com texto em homenagem às vítimas, além da leitura de um texto no início de todas as assembleias de acionistas da empresa que começava com a frase “a vida vale mais do que o lucro”. Existe também a luta da associação de familiares de vítimas fatais (AVABRUM) pela construção de um memorial em homenagem às vítimas.
Na mesma linha, o Movimento Águas e Serras de Casa Branca está desenvolvendo uma frente de resgate e dignificação da memória histórica da luta de seus membros em defesa da água e em oposição à mineração na região. Uma exposição será lançada em um evento público a ser realizado no próximo dia 23 de janeiro, na Escola Municipal Carmela Caruso Alluoto, às 18h30, em Casa Branca, no contexto das atividades que marcarão o aniversário de 1 ano do rompimento da barragem. Nos dias 24 e 25 de janeiro a exposição estará no centro de Brumadinho. No dia 26 de janeiro, domingo, haverá uma coletiva de imprensa e uma caminhada pelas ruas de Casa Branca.
El proyecto minero Integración Coroccohuayco consiste en la ampliación de la capacidad de producción de Antapaccay de la gigante suiza Glencore, para la cual se estima una inversión de US$590 millones. Se calcula también que este proyecto minero tendría una producción estimada de 100 mil toneladas de cobre al año.
El 19 de noviembre del 2019, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos, se comprometió con representantes de las comunidades de la zona a implementar la consulta previa, para lo cual se estableció un plazo de 30 días.
Sin embargo, lo que pasó un mes después (19 de diciembre) fue que representantes del Ejecutivo señalaron que las preparaciones para la consulta se iniciarían a fines de enero de este 2020 y precisaron que cada comunidad podría presentar su propio plan de consulta. Ese mismo día, en el diario oficial El Peruano, se publicó la Resolución Ministerial N° 403-2019-MINEM/DM, que señala los procedimientos administrativos del subsector minero sobre los cuales corresponde realizar consulta previa. En dicha resolución, se deja abierta la posibilidad de que la consulta se pueda realizar “luego de la admisión a trámite del instrumento de gestión ambiental” y hasta antes de la autorización de inicio/reinicio de actividades, advierte CooperAcción.
Luego, en una entrevista a la agencia estatal Andina el 27 de diciembre, el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, dijo incluyó a Integración Coroccohuayco como uno de los proyectos que debería estar en desarrollo en este 2020.
«Pensamos que en el 2020 seguiremos con la tendencia creciente, y proyectamos alcanzar 6,300 millones de dólares de inversión en el sector minero, porque algunos proyectos, como Yanacocha Sulfuros (Cajamarca) ya debería estar en desarrollo el próximo año. También tenemos otros como San Gabriel (Moquegua), Corani (Puno), Ampliación Pachapaqui (Áncash) e Integración Coroccohuayco (Cusco), los cuales nos permiten vislumbrar que podríamos estar en ese nivel de inversiones», dijo Liu en entrevista a Andina.
A esto debemos agregar que, según informó Rumbo Minero el pasado 13 enero, la Compañía Minera Antapaccay «recibió luz verde» para su modificación al estudio de impacto ambiental detallado para Integración Coroccohuayco. Precisa que el plan de minado será de 15 años y el proyecto contempla un ciclo de vida de aproximadamente 34 años. El diario Gestión también dio cuenta de este «visto bueno» del gobierno de Martín Vizcarra a este proyecto minero de Glencore.
Las declaraciones del ministro de Energía y Minas y los demás anuncios se dan cuando aún está pendiente de realizarse la consulta previa con las comunidades campesinas de Espinar.
Al respecto, Cooperacción consideró que este hecho no constituye un avance en la implementación de la consulta en los términos señalados por el Convenio 169 de la OIT. «Consideramos que no, y por el contrario, estamos ante un acto de mala fe por parte del Gobierno contra las comunidades«, afirma.
«En el Perú, la consulta previa en el sector minero representa solo un acto formal. Esta se implementa antes de que se emita la autorización de inicio de actividades, y es esa la medida administrativa que se pone en consulta», argumenta la organización.
«La autorización de inicio de actividades es una medida de tipo fast checking, que solo verifica el cumplimiento de requisitos que las empresas mineras previamente deben cumplir para iniciar actividades de exploración, explotación o beneficio minero, como por ejemplo contar con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado».
«Es decir, la consulta se realiza al final de la cadena de decisiones, cuando todos los permisos que ponen las condiciones para que el proyecto se lleve a cabo están aprobados y consentidos, incluyendo el EIA. Por tanto, en el momento de la consulta ya nada se puede cambiar, y los pueblos indígenas no tienen la posibilidad de influir eficazmente en la determinación de condiciones para el desarrollo de proyectos mineros. Como lo ha señalado CooperAcción en reiteradas oportunidades, bajo este esquema se resta eficacia al derecho a la consulta, vaciándolo de contenido».
CooperAcción señaló que con una MEIA aprobada, «ya no habría medida administrativa consultable en lo inmediato». Resaltó que con la resolución «se habilita al Gobierno a realizar la consulta sin la necesidad de que el titular de la mina (la multinacional Glencore) haya cumplido con todos los requisitos previos para llegar a la última etapa del proceso de evaluación, con la autorización de inicio de actividades».
Reportes. Activista señala que las primeras denuncias se hicieron desde hace 14 años. ESPECIAL Christian Martínez
Auerbach afirmó que los casos expuestos en el documento “El Carbón Rojo de Coahuila” comenzarán a ser investigados por la subsecretaría de Minas
La Secretaría de Economía federal investiga las compras ilegales de carbón en Coahuila, afirmó la activista Cristina Auerbach, vocera de la organización Familia Pasta de Conchos.
Auerbach afirmó que los casos expuestos en el documento “El Carbón Rojo de Coahuila” comenzarán a ser investigados por la subsecretaría de Minas, que forma parte de la cartera de Economía. Los operativos dieron comienzo desde el pasado diciembre, sostuvo la activista.
“Desde hace muchos años se presentó el informe el Carbón Rojo de Coahuila y se señala ahí como fue el gobierno de Coahuila quien compró el carbón para después revenderlo a la CFE”, dijo Auerbach.
De acuerdo con lo dicho por la activista, por primera vez se hizo un operativo por parte de la Secretaría de Economía en centros de trabajos clandestinos, ubicados en concesiones que incluso han sido canceladas, en donde seguían extrayendo carbón. Te puede interesar
“Por primera vez en la historia se están abriendo expedientes por robo a la nación. ‘Huachicoleo de carbón’ que hemos denunciado en 14 años. Este operativo se logró ya que en la mesa en donde está el comité de reparación de Justicia de Pasta de Conchos entren todos los temas de minería del carbón” señaló.
ESTUDIO PREOPERATORIOS PARA RESCATAR RESTOS
En cuanto al rescate de los cuerpos en una mina de Pasta de Conchos, Auerbach mencionó que se encuentran en los estudios preoperatorios para comenzar con las exploraciones, se espera que estén listos a finales del mes de enero.
Zoe Robledo expuso que detectaron que 1,053 empresas dieron de baja a toda la nómina durante el mes de diciembre del año pasado.
Las prácticas agresivas de subcontratación o outsourcing afectó a más de 64,000 trabajadores en México y las grandes empresas que operan en este esquema son mineras, de servicios informáticos, call centers y producción de alimentos, entre otras, informó este miércoles el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo.
“En siete operativos se detectaron 10,000 trabajadores contratados y 36 empresas subcontratistas involucradas. Se detectó que usan un sistema sofisticado de empresas que movían la nómina, saltaban a otras empresas. Se realizaron acciones concentradas en siete operativos especiales a grandes empresas como de servicios informáticos, call centers, mineras y producción de alimentos”, explicó Robledo.
Expuso durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que detectaron que 1,053 empresas dieron de baja a toda la nómina durante el mes de diciembre del año pasado, afectando a 14,000 trabajadores.
“Estas prácticas agresivas de subcontratación afectó a más de 64,000 trabajadores en México. Esas empresas no son pequeñas, tienen contratados desde 101 hasta 500 empleados, se detectó en los operativos la estacionalidad y las empresas que dieron de baja a grupos muy grandes”, señaló el títular del IMSS.
No descartó que haya empresas que desconocen estas prácticas ilegales que les afectarán porque se someterán a revisiones dentro de los operativos organizados por las dependencias como la Secretaría del Trabajo, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal.
“Las acciones son inspecciones laborales por parte de la Secretaría del Trabajo, revisiones fiscales a través del IMSS, Infonavit, el SAT y la UIF. Se les invita a los patrones a que se regularicen. Hay integración de expedientes por parte de la Procuraduría Fiscal como defraudación fiscal, es el grupo de trabajo”, expuso.
El funcionario federal añadió que durante este año se seguirán los operativos conjuntos porque ha habido reformas legales para proteger los derechos de los trabajadores.
“Vamos a continuar de manera intensa aplicando este trabajo coordinado para algo que está desde hace años en el sentir de los mexicanos. Nadie puede entrar en estos esquemas, se le pide a los patrones reales que lo abandonen. No se puede seguir lucrando con los derechos de los trabajadores”, finalizó.
GUANAJUATO, Gto., (apro).- El proyecto de la minera San Antón de las Minas, filial de la canadiense Argonaut Gold, no sólo tuvo el rechazo de pobladores de Dolores Hidalgo y organizaciones de la sociedad civil desde su anuncio: la mayoría de las instancias que fueron consultadas para la obtención de la autorización del cambio de uso de suelo y estudio de riesgo ambiental se negaron a avalarlo, por lo que la Secretaría del Medio Ambiente federal -la Semarnat- determinó negarle el permiso para operar en ese municipio.
La empresa pretende explotar oro, plata y cobre en el Cerro del Gallo de Dolores Hidalgo, en una zona que abarca 370 hectáreas, mediante el método de tajo a cielo abierto con procesos de lixiviación que utilizan el cianuro, lo que de entrada provocó la reacción de organizaciones civiles que durante los últimos meses han realizado protestas, marchas y gestiones directas ante las autoridades responsables de autorizar el proyecto.
En la resolución a cargo de la Dirección general de impacto y riesgo ambiental (DGIRA) de la Semarnat publicada en la Gaceta Ecológica de la dependencia el 8 de enero, se advierte que la empresa “presentó información imprecisa, contradictoria e incompleta” sobre el desarrollo de las obras del proyecto, los anexos técnicos, la flora y fauna existente en la zona y las acciones de restauración y mitigación de los impactos ambientales en la misma.
Inconsistencias
En principio, como punto fundamental de la resolución negativa, la Semarnat y varias de las instancias consultadas -como el Consejo Estatal Forestal- encontraron que la minera reportó un área de vocación forestal menor a la real:
Mientras que la empresa indicó que requeriría del cambio de uso de suelo forestal para 142 hectáreas -de las cuales unas 40 corresponden a vegetación de bosque de encino y poco más de cien a área de pastizal- se identificó que en realidad son 148, seis hectáreas más.
De esa superficie, también se presentaron datos imprecisos sobre el área con vegetación de bosque de encino, que según la revisión efectuada, son 14 hectáreas más del total mencionado en la solicitud.
“En tal sentido, no hay certeza de cuál es la superficie correcta solicitada de cambio de uso de suelo de tipo forestal por excepción (CUSTF) para el desarrollo de las obras del proyecto”, dice el informe de la DGIRA.
En el proceso de análisis y consulta del Documento Técnico Unificado de Cambio de Uso de Suelo Forestal y Estudio de Riesgo (DTU-BR) y la información adicional que se solicitó a la empresa San Antón de las Minas, S.A. de C.V., “las opiniones recibidas por las diversas instancias no fueron favorables al proyecto y éste presentó información incompleta relativa a la correcta descripción de las obras y actividades del proyecto, la superficie solicitada para el Cambio de Uso de Suelo de Tipo Forestal (CUSTF) y la correcta caracterización de la flora y fauna en el sitio del proyecto”, se resume.
La documentación e información presentada por la minera contiene cambios en las superficies de afectación del proyecto, en la superficie para el cambio de uso de suelo de vocación forestal y en la actualización de los estudios técnicos entregados por la minera.
En esta información también se detectó que “la ubicación de las obras hidráulicas y las obras de conservación y retención de suelo se traslapa con el nuevo arreglo de las obras del proyecto”.
Por ejemplo, de los anexos de análisis hidrológico, la DGIRA identifica la probable afectación a los arroyos “Los Sistos” y “Las Cuevas”, donde de acuerdo al arreglo general originalmente presentado en el Documento técnico “se evitaba afectar el cauce de dichos arroyos y se contemplaba la construcción de diversas obras hidráulicas para proteger los escurrimientos dentro del predio del proyecto”.
Pero en la información adicional que entregó la empresa, “no se tiene la certeza de cuál sería la afectación a dichos arroyos y escurrimientos”.
Todo ello, resolvió la DGIRA, “genera incertidumbre respecto a la descripción y afectación de los arroyos y escurrimientos existentes en el predio del proyecto, así como de la caracterización de la flora que será afectada por el desarrollo del mismo, además de inconsistencias en cuanto a la información del inventario forestal presentado”.
Historia de tropiezos
San Antón de las Minas, localidad dolorense ubicada a poco más de 20 kilómetros de la cabecera municipal, fue una zona de actividad minera en el siglo XIX y principios del XX.
En el 2017, Argonaut adquirió las concesiones en 15 millones de dólares, según la página de internet de la compañía canadiense. A raíz de la compra, comenzó actividades de exploración que despertaron la inquietud de los pobladores de la zona y del municipio.
Organizaciones como la Coalición para la defensa de la Cuenca de la Independencia, el Centro de Desarrollo Agropecuario (Cedesa), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Acción Colectiva Ambiental salieron a la palestra y convocaron a especialistas e investigadores a foros para que los habitantes de la región conocieran los impactos de la minería de tajo a cielo abierto, altamente contaminante.
La empresa minera presentó ante la Semarnat la solicitud de autorización con el Documento Técnico Unificado de Cambio de Uso de Suelo Forestal (DTU-BR) el 26 de abril del año pasado, en el que anexó información sobre los contratos de cesión de derechos posesorios y compraventas de predios rústicos en las localidades de San Antón, Cerro del Gallo, Mina Blanca, El Refugio, Silleros, El Sisote y otras vecinas.
El 22 de mayo, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) solicitó la opinión técnica sobre el desarrollo del proyecto a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado, al Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, al Consejo Estatal Forestal, así como a otras instancias dentro de la propia Semarnat: la Dirección general de gestión forestal y suelos, a la Dirección de vida silvestre y a la Dirección general de política ambiental e integración regional y sectorial.
Opinión negativa, casi unánime
Sólo una de todas estas instancias respondió señalando que no era su competencia conocer de la solicitud. Todas las demás emitieron una opinión negativa sobre el proyecto.
Por ejemplo, el 11 de junio de 2019, el Ayuntamiento de Dolores Hidalgo comunicó su rechazo por estos aspectos:
“Eliminación de la fauna y flora nativa de una zona considerable del territorio municipal; uso de explosivos para fragmentar la roca; uso del método de lixiviación de minerales de oro y plata, ya que se utilizan preparaciones con bajas concentraciones de cianuro, método que pone en riesgo la calidad del agua superficial y, a largo plazo, la integridad de mantos freáticos”.
Y destacó como inviable un punto contenido en la solicitud que dice: “Mediante la integración al proyecto de los habitantes de las poblaciones rurales, abatir, y para el caso de las poblaciones de San Antón de las Minas y El Sisote, desaparecer la agricultura y ganadería de subsistencia que actualmente se realiza”.
Mientras que el Consejo estatal forestal, en sesión efectuada el 2 de agosto de 2019, presentó una serie de argumentos para concluir una opinión desfavorable en su mayoría, ya que “no se sustenta de manera adecuada las medidas de remediación de las áreas a impactar”.
Otro rechazo contundente fue el de la Dirección general de gestión forestal y de suelos, que emitió su opinión el 5 de julio de 2019: “la empresa minimiza los impactos ambientales y el daño (afectación leve, moderada e irrelevante), con respecto al método de aprovechamiento de un tajo a cielo abierto y el establecimiento de una laguna de lixiviación, entre otros, y sólo se consideró la reforestación como medida de restauración (por lo que) faltan los programas de rescate y reubicación de flora y fauna, así como las medidas de mitigación de suelo y agua”.
Con las opiniones recabadas y la revisión propia (incluyendo información adicional que la empresa proporcionó el 28 de junio) la DGIRA concluyó “que los impactos ambientales relativos al factor suelo, flora, fauna, agua y paisaje no fueron identificados en su totalidad”, mientras que las medidas o estrategias para la prevención y mitigación de los impactos ambientales “carecen del sustento técnico correspondiente”
La resolución -que puede ser impugnada o atendida en las observaciones- fue dirigida a la representante legal de la empresa San Antón de Las Minas, S.A. de C.V., Celia Rosario Badillo Botello, en el oficio no. 09968 de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), fechado el 17 de diciembre y notificado el día 19.
Hasta la Corte de Apelaciones de Concepción llegaron grupos ambientalistas para presentar un nuevo recurso de protección en nombre de comunidades mapuche que denuncian al Servicio de Evaluación Ambiental por la aprobación del proyecto GNL Penco Lirquén.
La Sierra Nevada de Santa Marta es un grupo aislado de montañas situadas a lo largo de la costa norte de Colombia, que tiene la distinción única de albergar especies endémicas más amenazadas que en cualquier otro lugar del mundo.
Los agricultores de la región conformada por los cuatro ejidos Samalayuca, Ojo de la Casa, El Vergel y Villaluz, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están dispuestos a impedir el paso de la maquinaria y a ampararse si las empresas participantes en el proyecto insisten en su explotación.
En el Ecuador, el pasado 15 de enero de 2020, una delegación de mujeres latinoamericanas de Brasil, El Salvador y Ecuador de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales visitaron la comunidad de Cazarpamba, en Intag, Imbabura, para conocer lo ocurrido en la comunidad al mediodía del 14 de enero cuando un operativo de 30 policías intentaron incursionar a la zona con personal de la empresa transnacional minera BHP-Cerro Quebrado para realizar actividades de exploración en la zona siendo impedido el ingreso por las familias de la comunidad que se oponen a las actividades mineras y denuncian que no se ha realizado ninguna consulta ambiental en la comunidad.
Con esto, se deja sin efecto la resolución del organismo fiscalizador, luego que la asociación aymara fundara su reclamación en relación a tres de los 14 cargos formulados en su oportunidad por la SMA. Los tres cargos, dicen relación con la falta de monitoreo de avifauna en el área del Salar de Coposa, considerado como gravísimo; la implementación de un sistema de monitoreo puntual del caudal de la vertiente Jachucoposa, considerado como grave; y por último, el que dice relación con el descenso del nivel freático de los pozos ubicados en Coposa Norte por sobre lo previsto en el modelo hidrogeológico, también considerado grave.
Entenda como o modelo mineral no Brasil segue deixando marcas irreversíveis na natureza e na vida de pessoas para além do território mineiro, como é caso das comunidades maranhenses, Piquiá de Baixo e Santa Rosa dos Pretos.
El proyecto minero Integración Coroccohuayco consiste en la ampliación de la capacidad de producción de Antapaccay de la gigante suiza Glencore, para la cual se estima una inversión de US$590 millones. Se calcula también que este proyecto minero tendría una producción estimada de 100 mil toneladas de cobre al año.
Reportes. Activista señala que las primeras denuncias se hicieron desde hace 14 años. ESPECIAL 
Las prácticas agresivas de subcontratación o outsourcing afectó a más de 64,000 trabajadores en México y las grandes empresas que operan en este esquema son mineras, de servicios informáticos, call centers y producción de alimentos, entre otras, informó este miércoles el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo.
GUANAJUATO, Gto., (apro).- El proyecto de la minera San Antón de las Minas, filial de la canadiense Argonaut Gold, no sólo tuvo el rechazo de pobladores de Dolores Hidalgo y organizaciones de la sociedad civil desde su anuncio: la mayoría de las instancias que fueron consultadas para la obtención de la autorización del cambio de uso de suelo y estudio de riesgo ambiental se negaron a avalarlo, por lo que la Secretaría del Medio Ambiente federal -la Semarnat- determinó negarle el permiso para operar en ese municipio.