La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar del proyecto que establece un nuevo royalty por la explotación de la minería del cobre y del litio por 7 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.
La iniciativa fue respaldada por toda la oposición más el diputado Nicolás Noman (independiente que está en el comité de la UDI); mientras que los votos en contra y la abstención correspondieron a los diputados de Chile Vamos.
El diputado Esteban Velásquez (FRVS) “este es un paso importante para quienes vivimos en zonas mineras, pero sabemos que el camino es pedregoso porque son muchos los intereses que se han tocado. Fue muy valioso el voto del diputado Noman, ahí nos damos cuenta que cuando defendemos a las regiones no hay diferencias políticas”.
No obstante desde el Ejecutivo, el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, planteó reserva de constitucionalidad porque el Presidente cuenta con la facultad exclusiva para determinar impuestos.
“Nos parece que esta materia que toca este proyecto es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo porque hay un mandato legal muy claro respecto de la política tributaria. Aquí se plantea un derecho a compensación pero ello debe ir de la mano de prestación de dinero desde el privado al Estado, y eso es un tributo”, acotó.
Asimismo rechazó subir la carga tributaria a la minería y recordó que el gobierno se comprometió a enviar un proyecto de ley de rentas regionales a más tardar el 31 de marzo, y será por esa vía que se ayudará en el financiamiento a las regiones.
En tanto, la comisión colocó como plazo el 27 de enero para presentar indicaciones y seguir revisando el texto en particular.
Según un estudio realizado en mujeres de la comuna. Un 53% presentó altas concentraciones de mercurio en su organismo en niveles peligrosos. Según expertos, este metal emana de la quema de carbón que se asocia a las 5 centrales termoeléctricas que existen allí. Empresas descartan responsabilidad.
En la primera parte de este reportaje, emitido el domingo, les presentamos los resultados de un estudio realizado por investigadores del departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, sobre los daños a la salud en comunidades que conviven con termoeléctricas.
Según esos datos, la gente de Huasco, ubicado en la región de Atacama y en cuya bahía existen 5 centrales energéticas a carbón y una planta de pellets de fierro, presenta más riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares: 71% más que el promedio del resto del país.
De igual forma, el análisis contempla enfermedades cerebrovasculares. Existe un riesgo de morir 3,8 veces superior al promedio nacional. Además, un riesgo de adquirir asma de casi 5 veces (4,97) respecto de la tasa de Chile.
Lo anterior, refleja una problemática de la que AES Gener, controladora de las centrales termoeléctricas, descarta hacerse cargo. Así explica Norberto Corredor, director de operaciones de la firma.
“Lo que podemos notar es que el mismo autor (del estudio UC) dice que no puede ser considerado el informe concluyente ya que no se consideran todas las variables del entorno de Huasco”, sostuvo Corredor.
Sin embargo, la doctora Sandra Cortés, autora del estudio, reiteró que “el perfil de salud de estas comunidades sigue mostrando un daño dada la particularidad que tienen de estar expuestas a una central termoeléctrica a carbón”.
También hay mercurio
A inicios del año 2017, Yessika Aguirre, de 26 años, tenía seis meses de embarazo. Una amiga la contactó, para ver si quería someterse a un estudio que analizaría si tenía o no presencia de mercurio en su organismo. La investigación de la red global IPEN, realizada en 25 países del mundo y coordinada en Chile por el observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), estuvo enfocada en mujeres en edad fértil, como Yessika.
“Por la presencia importante de la quema de carbón en el caso de la comuna de Huasco se eligió ese lugar”, explica Lucio Cuenca, director de Olca. El carbón emite mercurio y el sentido de la investigación era, bajo ese contexto, hacer las mediciones.
En el caso de Yessika, sus resultados fueron sorprendentes. Marcó 0.86 ppm en su organismo. Dicho número, está muy por sobre la barrera que el propio estudio catalogó como riesgosa, que fueron 0.58 ppm. Según dice el propio informe, sobre ese número, existe riesgo de afectación neurológica fetal en el caso de mujeres embarazadas.
“La exposición crónica a mercurio produce problemas neuroconductuales, demencia, después de una larga exposición y en niveles más o menos largo”, cuenta el Dr. Andrei Tchernitchin, presidente del departamento de medioambiente del Colegio Médico.
Con su resultado en mano, el año 2017, Yessika siguió con su vida hasta que nació su hijo.
“Mi hijo hoy tiene 1 año y nueve meses. Justamente nació con problemas de lenguaje, e hiperactividad. Cuando uno le trata de hablar, no sabe pronunciar bien sus palabras”, explica la joven madre.
A lo anterior, la doctora Sandra Cortés, agrega que “sabemos que la exposición en edades tempranas incluso desde su formación en útero va a determinar algunas enfermedades crónicas a lo largo de su vida”.
El estudio realizado por IPEN, reflejó que del total de mujeres analizadas (34 en total), un 53% de ellas presentó concentraciones de mercurio por sobre los 0.58 ppm. Entre las que se encuentra Yessika. Lo peor, es que un 18% marcó sobre 1 una partícula por millón, que es la barrera donde se podrían presentar daños cerebrales, pérdida de coeficiente intelectual y otras enfermedades.
Niños con problemas de aprendizaje
Algo que también llama la atención en Huasco, es la cantidad de escuelas especiales de lenguaje. Así lo explica Jordan Castillo, educador diferencial quien hace un año y medio llegó a trabajar a esta ciudad puerto de la región de Atacama.
“La cantidad de diagnósticos permanentes, eso quiere decir diferentes tipos de discapacidad tanto intelectual como motora, o personas con autismo. Es mucha la cantidad de personas que tienen esta dificultad y que tienen estos diagnósticos”.
En Huasco, del total de escuelas y liceos, un 30% son especiales de lenguaje. Es tanta la demanda, que el resto de los establecimientos ha tenido que implementar programas de integración para niños con problemas que no tienen cupo en las escuelas especiales. Según un documento elaborado por la agrupación SOS Huasco presentado en la cámara de diputados, con cifras del año 2017, de un total de 1.768 niños matriculados, 541 correspondían a inscritos en escuelas de lenguaje o programas de integración. Es decir, un 36% del total.
“Se nota la cantidad ya de estos chicos que ya vienen con un problema cognitivo, y lo más lógico es que sea la contaminación”, añade Jordan Castillo.
Lo que dicen las empresas
AEs Gener, controladora de las cinco centrales termoeléctricas, referente a esta nueva investigación, descartan responsabilidad. Así lo explica su director de operaciones, Norberto Corredor.
“En las distintas fiscalizaciones y mediciones que han realizado estas unidades técnicas fiscalizadoras, en muchas de ellas no se ha encontrado mercurio en nuestras instalaciones. No se han observado trazas de mercurio. En los casos que se ha observado estas trazas están 100 veces por debajo de lo que establece la norma”.
Aseguran que cumplen las mediciones que la autoridad exige, desmarcándose de ser ellos la fuente de donde emana mercurio en Huasco.
Por la misma línea, CAP Minería, controladora de la planta de pellets de fierro, también de gran impacto en la comunidad, descartan responsabilidad alguna en los resultados del informe IPEN.
“Al respecto de nuestras faenas, nosotros no tenemos elementos de mercurio en los minerales que nosotros procesamos, por lo tanto, no puedo referirme a algo que no entendemos ni conocemos”, dice Patrick McNab, gerente de sustentabilidad de CAP.
Polvo negro y relaves
A esta última firma, además la acusan de ser unas de las empresas que emanan polvillo negro que llega hasta las casas. Así se demostró durante el año 2014 en el programa de reportajes de CHV Noticias, En La Mira, donde se realizó un ejercicio de recoger polvo de una hoja de olivo, y acercarlas a un imán, generando una adhesión inmediata de este elemento al metal.
En nuestra visita a la comuna de Huasco hoy, enero del 2020, volvimos a realizar el mismo ejercicio. Y si bien encontramos menos polvo, el que había igual de pegó al imán que llevamos.
“Esto es material particulado que emiten las empresas. Es el cóctel de los metales pesados de Huasco. Todo esto respiran los niños de acá”, dice Eva Troncoso, mientras toma en sus manos polvo negro sacado del techo de su casa. Ella llegó a vivir en el año 2010 a la comuna, yéndose a fines del 2019, tras enfermarse ella y sus tres hijas por problemas respiratorios.
Aunque lo anterior no es lo único. CAP Minería tienen en su planta un ducto que deposita sus relaves en el mar, hecho por lo que la superintendencia de medioambiente le levantó cargos.
“Es la única empresa minera en Chile que dispone de sus relaves en el mar. Alrededor del mundo existen más o menos 2 mil 500 depósitos industriales de minería y solamente 18 disponen sus relaves en el mar”, explica Javiera Calisto, de la agrupación ambientalista Oceana.
Junto a ellos, entramos mar adentro para ver el impacto en el fondo marino donde esta empresa descarga sus desechos industriales. Lucas Zañartu, documentalista de Oceana, quien se sumergió y buceó en la zona de la tubería marina, así lo describe: “En el fondo marino realmente nos encontramos con una bahía muerta. Es como si estuvieran tirando toda la basura bajo la alfombra, por es basura que no se ve. Es como una masa espesa que tu al tocarla se levanta como un polvo y tiene una contextura de plasticina”.
Respecto a esta acusación, CAP Minería, quien además nos abrió sus puertas para ver el funcionamiento de sus operaciones, explicaron respecto del relave que “disponíamos y disponemos esos relaves en el mar en base a permisos que se nos otorgaron en su momento. La planta surge hace más de 40 años atrás con una normativa que se aplicaba a la época. Eso evolucionó y llegó un momento la autoridad discutió la validez de esas normas”.
Tras levantarles cargos la Superintendencia de Medioambiente, la propia firma se comprometió a dar pie a un plan de cumplimiento que contempla una serie de medidas en un plazo de 4 años, entre ellos, el cierre definitivo de este relave marino.
Autor: Mario R. Fernandez , Kaos en la Red / Remamx.org
Una tarde asoleada y ventosa, visitamos Glace Bay, en la isla Cape Breton, Nova Scotia. Esta isla suma casi el 20 por ciento del territorio de Nova Scotia, aquí en el Atlántico Norte en Canadá. En Glace Bay hay un museo que exhibe maquinarias y equipos de minas de carbón, hoy limpios y pintados, que un día sucios y ruidosos era operados por sacrificados trabajadores mineros.
Todo es silencio hoy, las maquinas con sus correspondientes rótulos indicando su uso pasado y el lugar, casi fantasma. Debajo, el suelo que pisamos, esconde una parte grande de la historia del carbón en esta provincia canadiense. Esta mina particular en Glace Bay es una de las doce de esta área, un grupo importante de las 60 que operaron en Nova Scotia.
La explotación del carbón en esta área comenzó hace 250 años, fue una de las primeras áreas de explotación del carbón en el continente americano y una de las explotaciones del carbón más grandes del mundo. Para el año 1672 el explorador francés Nicholas Denys había identificado depósitos de carbón precisamente en Port Morien, cerca de donde se encuentra este museo. El carbón se encontraba en los acantilados que dan al mar y los primeros en extraerlo para su uso doméstico fueron los soldados franceses del fuerte de Louisbourg por el año 1720.
A sólo un kilómetro del museo minero de Glace Bay se encuentra el famoso lugar donde el inventor italiano Guglielmo Marconi construyó, hoy también museo, la primera estación para transmitir a Inglaterra señales de radio sin hilos, algo que logró el 15 de diciembre de 1902. Marconi fue en años posteriores un activo fascista por lo que seguramente la situación de las minas de carbón de Glace Bay y áreas circundantes debía de serle quizás totalmente indiferentes. El museo minero de Glace Bay es operado hoy por ex-mineros, organizados en su sindicato “United Mine Workers of America, UMWA,” Trabajadores Mineros Unidos de América en español. Se trata de una organización laboral que existe desde 1890 y cuyos trabajadores retirados sirven de guías en algunos de los túneles de lo que fue la mina en operación. Los ex mineros explican con amabilidad y conocimiento no sólo el funcionamiento de la mina sino también detalles de la vida de los mineros y sus familias, o sea la historia misma de una época en que trabajar en la minería del carbón era un infierno. Los visitantes no pueden sino asombrarse de los relatos que escuchan. No se trata simplemente de un relato personal, aunque el guía ha vivido una historia personal, es más, es un trozo de la historia comunitaria de los mineros que los ex mineros comparten y mantienen viva. Los visitantes se asombran porque la sociedad canadiense, generalmente a-histórica, no habla de estas cosas, ignora su pasado, persuadidos todos a focalizarse solamente en el presente.
La explotación de las minas en Glace Bay fue durante muchos años un trabajo a pequeña escala. No fue sino hasta 1856 que comienza la producción industrial y para 1893 se había formado la Dominion Coal Company, un año después en 1894, esta compañía tendría derechos exclusivos sobre la explotación del carbón de toda la provincia de Nova Scotia. Se producían para entonces 700.000 toneladas de carbón bituminoso al año que era usado mayormente por la industria metalúrgica. El carbón tiene, en general, más de 20 subproductos útiles. Este carbón particular requiere no sólo un gran esfuerzo humano de los mineros para extraerlo sino también se corre un gran riesgo diario en hacerlo, además del riesgo constante de peligro de explosión del gas grisú. Para 1909 se forma la Dominion Iron and Steel Corporation para producir acero, y para 1921 ambas corporaciones se unen y forman la British Empire Steel Corporation (BESCO). Al principio estas corporaciones reclutaban trabajadores de las zonas rurales y el trabajo en las minas era sólo temporal, de primavera y verano. Con el auge del acero y del carbón a principio del siglo 20 las operaciones mineras aumentaron y la explotación se hizo de tiempo completo, se necesitaron entonces más trabajadores y se los comenzó a traer desde Europa. El capitalismo industrial en Europa devoraba trabajadores con sobreexplotación y miseria y los que podían emigrar lo hacían con la esperanza de que en este lado del Atlántico la vida fuera un poco menos dura. Muchos textos de historia en Canadá hablan de este período como la “época dorada del carbón,” no hay duda que fue una época exitosa para los ricos que explotaban el carbón y producían el acero, pero fue toda una tragedia para los trabajadores y sus familias que hacían posible la explotación del carbón y la fabricación de acero.
Las jornadas de trabajo eran de 12 a 14 horas diarias por lo que los mineros no veían la luz del día. Dentro de las minas se usaban caballos pequeños (pony) para tirar los carros cargados de carbón, estos caballos vivían su vida en los túneles y por eso eran prácticamente ciegos, pero al menos se los alimentaba adecuadamente. Los caballos valían más que los niños mineros que desde muy corta edad cumplían duras jornadas en las minas, muchos reemplazando padres que no podían trabajar por accidente o enfermedad. El asunto de donde vivir era un problema serio a medida que aumentaba la explotación minera, la compañía construyó viviendas propias en varios distritos mineros y muchos vieron esto como una buena solución pero pronto estas viviendas, igual que el almacén de la compañía, fueron usadas para manipular a las familias mineras y forzarlas a trabajar y a entregar sus hijos al trabajo de la mina. Nuevas degradaciones y abusos a los mineros y sus familias se añadieron con la creciente dependencia de los trabajadores a la compañía. Los mineros pagaban renta por las casas de la compañía y pagaban también por el carbón para cocinar y calentarse, la electricidad y el agua. El almacén de la compañía les vendía comestibles básicos y ropa a crédito, todo era descontado de sus salarios, que eran los más bajos salarios pagados a un minero en toda Norteamérica: los mineros siempre estaban al debe. Este sistema esclavista, común en muchos países a finales del siglo 19 y principios del 20, era una trampa que imponían los “visionarios” capitalistas para asegurarse mano de obra barata y dócil.
Para 1921 la producción de carbón y acero en toda Nova Scotia era un monopolio de BESCO y para 1922 comienza una baja en el mercado industrial. Los dueños de las minas querían mantener sus ganancias y exigen una reducción de los salarios de los mineros de un 37,5 por ciento, el sindicato minero (UMWA) que sobrevivía con grandes dificultades responde desafiando la escandalosa rebaja salarial. Y comienzan las huelgas y confrontaciones en parte porque la compañía se niega a negociar y contrata rompehuelgas, los conflictos duran tres años. Las tropas del ejército canadiense son enviadas tres veces a Glace Bay para reprimir a los mineros, parte de la reacción contra los trabajadores incluye además sicarios y matones de la compañía. La represión no respeta a nadie, mujeres y niños sufren las mismas golpizas y miedos que hombres, son tiempos de terror corporativo. El 11 de junio de 1925 los matones de la compañía, muchos en estado de ebriedad, disparan sobre una marcha de 2000 mineros y hieren a varios, es asesinado Willian Davis, padre de 10 hijos. Es debido a esta tragedia que en toda esta región se conmemora el William Davis Miners Memorial Day en 11 comunidades y pueblos en esta fecha, es el único homenaje oficialmente reconocido a un trabajador en lucha por sus derechos en todo Canadá. Días después de esta represión los mineros asaltan y prenden fuego 4 almacenes de la compañía y se roban todos los alimentos que distribuyen entre familias mineras necesitadas.
Los mineros de Cape Breton sufren por más de 25 años condiciones laborales terribles y constante intimación, la compañía consideraba un sacrilegio y hasta una traición las demandas de mejores salarios y calidad de vida. Muchos de estas luchas fueron lideradas por James Bryson McLachlan, inmigrante escocés socialista y comunista que en 1923 fue juzgado en Halifax junto a otros por sedición. Realmente era acusado de ser militante sindicalista socialista y por esto paga con un año de cárcel, así contrae tuberculosis, debido a las malas condiciones del presidio. Tiene energía para seguir luchando y en 1935 en desacuerdo con la derechización del Partido Comunista de Canadá renuncia. Sigue consecuente, sin embargo, hasta su muerte el 3 de noviembre de 1937. De costa a costa en Canadá los mineros, y trabajadores de otras áreas, demostraron este día su admiración y su dolor, sabían que perdían a unos de los luchadores y educadores sindicalista más brillantes de la historia de este país. En Glace Bay existe un monumento de granito negro con la biografía de McLachlan honrando su vida de lucha y su generosidad.
La historia de las minas de Glace Bay, y de Nova Scotia toda, no es única. El trabajo minero esclavo se impuso en otras provincias de Canadá, Estados Unidos, Europa y en explotaciones mineras en América Latina, y hoy, condiciones similarmente explotadoras existen en África y Asia. En Nova Scotia, y después de muchos años de enriquecimiento de BESCO, el gobierno Federal y Provincial decide nacionalizar las minas de carbón y la industria del acero en 1968. Para entonces ambas áreas habían alcanzado mejores salarios, condiciones de trabajo y beneficios y el reconocimiento de los sindicatos como parte fundamental en la implementación de un estado más generoso, el Estado de Bienestar Social que comienza en los años 50. Las nacionalizaciones fueron igualmente muy favorables a las compañías privadas nacionalizadas. Luego a partir de los 1980s se impone el modelo neoliberal en contra de avances laborales y para el 2001 por presiones de este nuevo modelo económico cierra la última mina y lo que queda de la industria del acero. A pesar de que existen leyes en el código laboral que podrían ser aplicadas para frenar abusos corporativos no se las aplica. Revisando la historia no encontramos ejemplos en que un gobierno canadiense haya cuestionado la explotación y el abuso corporativo capitalista en este país, pero si encontramos numerosos ejemplos de gobiernos listos a reprimir y abusar trabajadores y ciudadanos en defensa de cualquier corporación.
En el presente existe una mina a tajo abierto que produce carbón para las termoeléctricas. Otra mina fue reabierta hace dos años y en esta el gobierno provincial de Nova Scotia ha dado a sus dueños tantas facilidades y prebendas que pareciera que el gobierno llama a volver a tiempos de esclavitud laboral. Se trata de una mina que emplea a más de 100 trabajadores y que ha violado ya 12 veces regulaciones de seguridad y ha estado en varios conflictos laborales debido a su funcionamiento, no se espera gran futuro. El capítulo de la gran industria minera en Nova Scotia parece concluido. Han colapsado también gran parte de la industria pesquera y forestal hace unos años, por lo que la única base económica existente es la gestión del estado –en la educación, salud, servicio social, fuerzas armadas, transporte público, servicios municipales, administración, infraestructuras y algunas empresas estatales, todo el sector público incluyen a casi el 50 por ciento de la fuerza laboral de esta provincia y pagan sueldos que permiten vivir. El sector privado en Nova Scotia, involucrado mayormente en servicios, aparece en las noticias cada vez que genera un puesto de trabajo, pero en el 80 por cientos de todos los empleos del sector privado paga salario mínimo o alrededor del mínimo.
La explotación y uso del carbón, y otros fósiles como el petróleo y el gas natural, dañan el medio ambiente. Pero, no por esto han dejado de ser explotados o se ha reducido su producción. La realidad y la percepción de la realidad están en contradicción, porque los medios de información son corporativos. Se hacen conferencias sobre el medio ambiente pero no se toman acuerdos para implementar cambios y si se toman acuerdos que no se cumplen. Obviamente cambios fundamentales en nuestra forma de vivir son necesarios para reducir nuestro consumo de fósiles, se requiere un cambio de paradigma principalmente en occidente pero este se niega, incluso la mayoría de los ciudadanos occidentales se niega a reducir su consumo de fósiles y sus subproductos, a dejar de consumir, de comprar, de viajar. Desafía nuestro entendimiento poner fin a la idea de continuo crecimiento económico como saludable para la economía, una falacia que dispersa diariamente los medios corporativos dominante. No se regula la explotación de recursos naturales, pocos países controlan sus recursos, que en la mayoría han sido desregulados y privatizados en ambos, explotación y uso. Los estados están controlados por elites políticas que son a su vez contraladas por los ricos y sus corporaciones. Los políticos en los parlamentos y gobiernos están al servicio del dinero, y muchos sindicatos que representan a miles de trabajadores también lo están o son inoperantes al punto que aunque supuestamente representan miles no convocan a nadie debido a su propia despolitización. Es imposible proteger recursos o medio ambiente sin jurisdicción y sin estado, además están firmados los tratados de “libre comercio” que se prestan para continuas litigaciones contra cualquier estado que trate de defender recursos o ambientes chantajeándolo por cualquier intento de jurisdicción. Sin capacidad de transformar el presente, volverá seguramente el día en que sea posible explotar aquí también como se explotaba antes, puede que se reabra Glace Bay y se imponga la esclavitud del pasado, puede que vuelvan por el carbón en todo el mundo como también extraerán hasta la última gota de petróleo y metro cubico de gas natural para sostener las inequidades de nuestro orden de vida.
Recursos:
The Company Store, Coal Miners 1900-1925, John Mellor Dictionary of Canadian Biography, University of Toronto and Université Laval
Autor: Observatorio Minero, Ambiental y Social del Norte del Ecuador
Boletín de Prensa: EL PABLO, PARROQUIA CHICAL, PROVINCIA DEL CARCHI, ECUADOR
El pasado domingo 19 de enero, moradores de la comunidad El Pablo, ubicada en la parroquia El Chical (provincia del Carchi), prohibieron el ingreso a personal de la empresa canadiense CORNERSTONE a su territorio. Dicha empresa ha sido subcontratada por la ENAMI (Empresa Nacional Minera), titular de los derechos del proyecto denominado “ESPEJO”, para realizar actividades de exploración inicial. Este proyecto cubre más del 90% del Bosque Protector Cerro Golondrinas (B.P.C.G.). La principal razón que motivó el bloqueo de las vías por parte de los moradores fue el incumplimiento de ofrecimientos por parte de la empresa.
El proyecto “ESPEJO” al ubicarse en el B.P.C.G. constituye una grave amenaza a la provisión de agua para la zona, pues todas las microcuencas nacen en este bosque. El B.P.C.G. se ubica entre las parroquias Maldonado, Goaltal, Jijón y Caamaño, y El Chical. Este importante espacio abarca las cabeceras de los ríos Blanco, Verde, Gualpí, Guapilal y Golondrinas Chico; formando 5 Cuencas Nivel 5 establecidas por la SENAGUA.
Asimismo, esta área es clave para mantener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para miles de familias que habitan en esta zona y corresponde a los últimos remanentes de bosque montano occidental del país (queda menos del 5% de este tipo de ecosistema en el Ecuador).
Además de las graves amenazas ambientales que este proyecto supone, la presencia de la empresa CORNERSTONE ha causado división del tejido social y conflictos entre vecinos y familias. Por otro lado, en asamblea parroquial en el 2017, con una amplia mayoría, la población se manifestó en contra de los proyectos mineros en la parroquia El Chical.
Irrespetando el derecho de la ciudadanía a decidir sobre su territorio, y con apoyo del Estado, la empresa continúa con la exploración inicial, que ha implicado la contratación de mano de obra local de forma temporal y a su vez la difamación de personas, agrupaciones y organizaciones que no están de acuerdo con los proyectos mineros en la zona.
Pese a que aún no existe una fase de explotación, la aplicación de estrategias de persuasión, entrega de regalos y el uso de discursos tergiversados, propios de las empresas mineras a nivel mundial, permiten prever como esta actividad no genera ningún tipo de “desarrollo” sino conflictos, desigualdad, constantes violaciones de derechos humanos y de la naturaleza.
Respaldamos a la población local y hacemos un llamado a las autoridades, sociedad civil, y medios de comunicación para que se visibilice el profundo malestar que el accionar la empresa canadiense CORNERSTONE está causando en la parroquia El Chical y se respete el derecho a la protesta y a la resistencia.
#FueraCORNERSTONEdeEcuador
Fuente: Observatorio Minero, Ambiental y Social del Norte del Ecuador
Al cumplirse más de cuatro años del crimen cometido por el rompimiento de la represa de residuos de la minería en Mariana y un año del crimen cometido en Brumadinho en Brasil, que afectó cientos de kilómetros de la cuenca del Río Doce y Río Paraopebas, y con esto, afectó también la vida de miles de familias, destruyendo sus casas, sus formas de vida, sus trabajos y asesinando a cientos de personas habitantes de las cuencas y trabajadores de las empresas, exigimos que la empresas criminales VALE BHP BILLION Y SÁMARCO sean responsabilizadas penalmente por estos terribles sucesos y no se les permita seguir ejerciendo dicha actividad minera ni de ninguna otra que tenga que ver con los bienes de la naturaleza. En el mismo sentido, exigimos que se realicen los desmantelamientos de las presas de manera preventiva, priorizando los niveles de riesgo.
Con dolor y solidaridad en nuestros corazones el Movimiento Ríos Vivos proceso nacional en el que se articulan procesos territoriales de familias campesinas de Colombia afectadas por la política energética en el país, acompaña a las familias pescadoras, campesinas, trabajadores y trabajadoras afectadas por la acción criminal de dichas empresas. Y nuestra voz se une a la de las poblaciones afectadas, al llamar a la empresa de criminal puesto que:
1. Los informes e investigaciones demuestran que se pudo haber hecho algo para contener o mitigar la catástrofe y no se hizo nada.
2. A la fecha las familias siguen sin techo y las medidas de atención no corresponden a las necesidades del pueblo ni mucho menos a la situación generada por estas empresas.
3. Existen varias decenas de otras represas en las que el rompimiento es inminente, allí la tranquilidad se ha perdido, la empresa activa alarmas en medio de la noche sin comunicación con las comunidades. Tampoco se sabe de planes para desmantelar preventivamente y seguir evitando catástrofes.
La situación de Brumadinho y Mariana en Minas Gerais, muestra el horizonte de las externalidades de los grandes proyectos mineros, al igual que se desarrollan en Colombia y América Latina, dado que el vertimiento de lodos tóxicos jamás fue el desarrollo que prometieron, y dado que, a pesar de ser evidente y demostrada la responsabilidad frente a los daños, las empresas continúan empecinadas en negarlo, en dividir a las comunidades y en dilatar los procesos judiciales, para buscar los menores costos de reparación.
Para la VALE solo es el dinero, para los afectados es su vida.
Lo que la VALE destruye, el pueblo construye.
Animamos a las familias afectadas a continuar con dignidad en la reclamación de sus derechos, no permitan que les hagan sentir que sus reclamaciones no tienen efecto, por cada voz levantada son miles de corazones conmovidos. Para nosotros en Colombia, para el Movimiento de Afectados por Represas en América Latica –MAR- y el resto del mundo su lucha nos anima a seguir construyendo un mundo para el mañana sin represas y sin abandonar nuestra dignidad.
Enviamos saludos a las conmemoraciones que ocurrirán los próximos días en una masiva movilización desde Belo Horizonte hasta Córrego do Feijão y Brumadinho.
¡Aguas para la VIDA, no para muerte!
#TransicionEnergetica justa de y para los pueblos
¡Aguas para la Vida, No para la Muerte!
Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas Ríos Vivos.
El pasado 5 de diciembre de 2019, el quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) celebrado en Santiago de Chile, resolvió aceptar el caso de la minería del litio en el desierto de Atacama, Chile. Asimismo, en su veredicto el TIDN emitió además otras catorce resoluciones, y propuso la moratoria de la minería del litio en la región atacameña.
Después de considerar los testimonios y denuncias expuestas por comunidades indígenas afectados y expertos en el caso, el quinto TIDN determinó que hubo una directa violación de los Derechos de la Naturaleza.[1] Resaltando que se incumplió los deberes de: a) Respetar y vivir en armonía con la Madre Tierra; b) Asegurar que la búsqueda del bienestar humano contribuya al bienestar de la Madre Tierra; c) Respetar, proteger, conservar, y donde sea necesario, restaurar la integridad de los ciclos, procesos y equilibrios vitales de la Madre Tierra; d) Establecer medidas de precaución y restricción para prevenir que las actividades humanas conduzcan a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o alteración de los ciclos ecológicos; entre otros. Por tanto, el TIDN halló que “(…) la actividad minera producida en el desierto de Atacama, no respeta y son incompatibles con los derechos de la Madre Tierra y que a su vez se incumple con las obligaciones de los seres humanos para con ella, por lo que se declara la vulneración de sus derechos y los de las comunidades afectadas por estas actividades (…)”
En este marco, el TIDN dictaminó que, en el caso de la minería del litio en el desierto de Atacama, existen claros afectados – ecosistemas, seres humanos y no humanos – y claros responsables – tanto las empresas con capitales nacionales e internacionales, como el Estado chileno. Ante ello, el Tribunal resolvió solicitar la suspensión de las actuales Resoluciones de Calificación Ambiental de las empresas extractivas, declarar zona de prohibición para la industria del litio y extractivismo del agua en el Salar de Atacama y la Alta Cordillera, y exigir que se permita verificar el estado de salud de la Laguna Chaxa. La resolución del TIDN apunta, demás, a que la extracción y explotación de litio atenta contra la vida de las poblaciones atacameñas y su cosmovisión; y subraya la ausencia de una consulta previa, libre y de carácter vinculante en estas poblaciones y el atropello de otros derechos expresados en la ley indígena.
Respecto a las denuncias respecto a la sobre explotación de la cuenca para esta actividad minera, se denunció que “la minería del litio pone en peligro un bien fundamental y escaso, el agua, cuyo control se aseguran unas pocas empresas (…)”; enfatizando así, que la privatización y control del agua por parte de empresas no hace más que reflejar la “estructura de desigualdad” en Chile. Ante ello, el TIDN insta a apelar a un Principio Precautorio ante un posible daño “grave o irreversible” por la sobre explotación de agua en este ecosistema desértico.
El informe presentado, asimismo, hace referencia a la amplia complejidad que acarea la explotación de litio; ya que esta abarca no solo una problemática local y regional, sino una problemática global enmarcada en la discusión de la transición energética. Al respecto, la sentencia del TIDN sostuvo que la transición energética que se propone hoy en día a través de la explotación de los salares de Atacama es un modelo “insostenible, asociada a las corporaciones transnacionales, [y que] consolida un modelo energético que reproduce la dominación sobre la Naturaleza y las poblaciones.”; además, que dicha transición energética corre el riesgo de ser banalizada y puesta al servicio del actual sistema de reproducción social. Consecuentemente, el TIDN considera necesario “abordar la discusión desde una perspectiva no corporativa, multidimensional y critica, que contemple tanto la justicia ambiental como las necesidades de los pueblos”, y recomienda llevar a cabo encuentros y foros multidisciplinarios y multiactoriales para entablar la discusión desde una perspectiva popular y contrahegemónica.
Finalmente, en el marco de las evidencias presentadas respecto a la violación de los Derechos de la Naturaleza, la creciente crisis hídrica que perturba el ecosistema y la afectación directa a los derechos de la población local, el quinto TIDN propuso aplicar una moratoria a la minería de litio en la región de atacameña.
El día de mañana, viernes 17 de enero, será la última audiencia en el Juzgado Penal Colegiado Supranacional B de Cusco que preside la jueza Yépez Provincia, en la cual se desarrollarán los alegatos finales de la Fiscalía, la empresa minera Anabi, y los dirigentes sociales acusados, tras las protestas desarrolladas en defensa del territorio ante la contaminación ambiental del río Yahuarmayo y las afectaciones causadas por el paso de camiones mineros de gran tonelaje de la empresa minera Anabi.
Los delitos que se le imputan a los dirigentes sociales son: secuestro; robo agravado, daño agravado; entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, entre otros.
Historia de la protesta
En el año 2011, las comunidades campesinas originarias del distrito Llusco, provincia de Chumbivilcas, acudieron ante el Estado para denunciar la contaminación ambiental por parte de la empresa minera Anabi SAC. Pese a múltiples pedidos, los dirigentes no fueron escuchados. Sin embargo, ante las movilizaciones desarrolladas posteriormente, el gobierno instaló una mesa de diálogo en enero del 2012. Esta mesa en la que estuvieron el presidente de la PCM, el Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, autoridades locales y regionales, la empresa minera Anabi y la población, llegó al acuerdo de realizar monitoreos ambientales en la zona impactada, cuyos resultados serían presentados públicamente ante la población de Llusco; cosa que nunca pasó.
Debido al incumplimiento, la población volvió a la protesta, y en el contexto de las movilizaciones, la empresa denunció que el 05 de febrero del 2012 habían incendiado su campamento minero. Tras ese hecho, la empresa denunció a varios dirigentes por diversos delitos; y la Fiscalía, sin hacer mayor investigación penal, formalizó la denuncia contra nueve hombres y una mujer.
No hay pruebas
Frente a las acusaciones de la Fiscalía, cabe señalar que en el transcurso de la investigación no se han presentado fotos, videos u otra prueba que demuestre que los dirigentes sociales fueron los responsables del incendio del campamento minero. Solamente se han presentado como prueba, las declaraciones de ex trabajadores de la empresa minera. Contradictoriamente la misma jueza no quiere aceptar como medio probatorio las declaraciones de los dirigentes sociales acusados.
Sentencia
Las y los defensores están en grave peligro de ser encarcelados por 20 años o más, considerando que esta es la pena mínima por el delito de secuestro. La fiscalía ha pedido 30 años de cárcel. El elemento común entre los acusados es su condición de dirigentes de organizaciones sociales y/o autoridades; pues no existe evidencia de su participación en los actos.
Uno de los abogados de los 10 dirigentes acusados, Ramiro Llatas, de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco, miembro de la Red Muqui, lamenta que la jueza Yépez Provincia haya rechazado el Amicus Curiae presentado por el Instituto de Defensa Legal (IDL).
Amicus Curiae rechazado
El abogado relata que la jueza rechazó de plano el Amicus Curiae presentado por mesa de partes, señalando que el plazo para presentar aportes probatorios ya pasó. Confundiendo que el Amicus Curiae es un derecho constitucional que pretende aportar al razonamiento jurídico para la fundamentación de la sentencia y no un medio probatorio
La jueza no ha valorado el Amicus Curiae. “Están procesando a defensores del ambiente y el territorio. Ellos estaban ejerciendo derechos constitucionales y no estaban ahí para cometer delitos”, señala el abogado, sobre el contenido del Amicus Curiae.
Audiencia final
Finalmente, el abogado agregó que la jueza se ha mostrado reticente a valorar las declaraciones de 5 de los 10 dirigentes acusados, señalando que las declaraciones no tienen valor probatorio, ante la solicitud de que el día de mañana, además de los alegatos finales a presentarse, también puedan ser escuchados 5 dirigentes sociales acusados. A pesar de la actitud de la jueza, los dirigentes acusados hablarán en defensa propia y colectiva. ”Lo que tendría que hacer la jueza es demostrar que los dirigentes no están diciendo la verdad, no señalar que sus declaraciones no tienen valor probatorio”, finalizó Ramiro Llatas.
Autor: Red Muqui.org Conflicto Relacionado: Río Blanco
A la denuncia por intromisión de los directivos chinos de empresa minera Río Blanco Copper en un taller interno de las rondas campesinas de Ayabaca el 09 de noviembre, de la que fueron retirados. Ahora, la Central Única de Rondas de Ayabaca – sede Huaylcuy y el colectivo por Ayabaca, denuncian que la empresa continúa su estrategia por lograr la viabilidad del proyecto minero en sus territorios a través de operadores en las comunidades que quieren forzar el cambio de directivas comunales sin respetar la ley de rondas y comunidades campesinas.
Denuncian que, a través de comuneros pagados por la empresa minera, están generando hechos de violencia con tal de lograr el cambio de directivas ronderas que, finalmente, aprueben la realización del proyecto minero Río Blanco en las provincias de Ayabaca y Huancabamba.
Un campamento minero ilegal que operaba dentro del Parque Nacional Huascarán (Áncash) fue destruido en un operativo realizado por la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y el Ministerio del Ambiente (Minam) a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).
Durante la intervención, realizada en la provincia de Carhuaz, también se hallaron socavones, carros mineros, herramientas y equipos que eran utilizados para realizar la extracción ilegal de minerales en esta área natural protegida.
Durante el operativo no se hallaron a responsables de esta ilegal actividad, por lo que el personal policial y guardaparques del área protegida continúan realizando patrullajes permanentes en la zona a fin de evitar la presencia de mineros que trabajan al margen de la ley.
La intervención se realizó como parte de la Estrategia de Lucha contra la Minería Ilegal en Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional (2017-2021) que se implementa de manera articulada con el objetivo de erradicar esta ilegal actividad en las áreas naturales protegidas. Según Sernanp, los primeros resultados de esta iniciativa han permitido erradicar la presencia de minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata y la Reserva Comunal El Sira.
DATOS:
El Parque Nacional Huascarán abarca parte de las provincias de Huaylas, Yungay, Carhuaz, Huaraz, Recuay, Bolognesi, Huari, Asunción, Mariscal Luzuriaga y Pomabamba en el departamento de Áncash. Tiene una extensión de 340 mil hectáreas y es uno de los más emblemáticos del país ya que protege una de las zonas con la mayor diversidad biológica y cultural que tiene el Perú.
El área protegida alberga los nevados tropicales más altos del mundo. Dentro de sus límites existe cerca de 660 glaciares y 300 lagunas de origen glaciar.
Fue creado en 1975 y en 1977 fue declarado Reserva de Biosfera por la UNESCO; y en 1985 fue incluido en la lista de Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO.
Este lunes 20 de enero en Tambobamba, capital de la provincia apurimeña de Cotabambas, se retomó la audiencia del juicio oral que se sigue contra los 21 defensores que han sido criminalizados desde el año 2015 luego del conflicto con la Minera MMG Las Bambas.
Por octava vez se instaló la audiencia que durará los días hasta el 24 del presente mes. Se recuerda que el pasado 24 de octubre no se pudo instalar el juicio oral, por lo que se reprogramó la audiencia de juicio para este 20 de enero del 2020. La suspensión del juicio en octubre se debió a la reiterada ausencia de un intérprete quechua y la inasistencia de cuatro pobladores y sus abogados.
En esa oportunidad La Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho indicó que se había dispuesto el cambio de juez, por lo que creía conveniente invocar a la audiencia del lunes 20 de enero del 2020. El juez explicó que será una semana entera de sesiones continúas y adelantó que se tendrán declaraciones de testigos, revisiones de peritos y más.
Preocupa a los pobladores de la zona que la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho está solicitando entre 11 y 17 años de pena privativa de la libertad contra este grupo de dirigentes por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado, entre otras acusaciones. También se está pidiendo como concepto de reparación civil la suma de 20 mil soles a favor del Estado peruano y 88 mil 600 dólares por daños a la propiedad privada a favor de la empresa minera MMG, dueña del proyecto minero Las Bambas. Según la defensa de los líderes comunales, habría una serie de contradicciones y falta de pruebas por parte de la defensa del Estado en relación a la serie de acusaciones.
Cabe resaltar que en esta oportunidad se hicieron presentes decenas de representantes de las comunidades involucradas en el caso para expresar su respaldo a los líderes comunales que están siendo investigados. También manifestaron su descontento con las fallas en la traducción del intérprete quechua que participa de las audiencias.