Brasil

Campaña “Enero Marrón” recuerda un año del crimen de Vale en Brumadinho y advierte sobre las constantes violaciones de empresas mineras

Autor: Agua para los pueblos.org

En el próximo 25 de enero, se completará un año de uno de los mayores crímenes sociales y ambientales cometidos por la empresa minera Vale en Brasil: la presa de relaves de la mina Córrego do Feijão estalló en Brumadinho (MG), matando al menos a 259 personas ya identificadas, así como dos niños no nacidos, Lorenzo y María Elisa, quienes murieron en el vientre de sus madres. Once personas siguen desaparecidas.

La avalancha de unos 12 millones de metros cúbicos de lodo tóxico que enterró a mujeres, hombres, animales y vegetación también mató al río Paraopeba a 40 km de la presa rota, impactando a pueblos nativos, fauna y flora que dependían de él.

En 2015, Samarco, una subsidiaria de Vale y de la anglo-australiana BHP Billiton, había cometido el mismo crímen en Minas Gerais. La ruptura de la presa del Fundão en el municipio de Mariana mató a 19 personas y dejó un rastro de destrucción con 40 millones de metros cúbicos de lodo tóxico que arrasó animales, vegetación, comunidades, hogares, el Río Doce y parte de la costa brasileña.

Tanto Samarco como Vale conocían de antemano el riesgo real de la ruptura de las presas, pero no tomaron medidas para evitar las tragedias. Hasta ahora, nadie ha sido castigado por ninguno de los delitos.

La indignación con la impunidad, con la connivencia y la omisión del Estado y el poder de operación de las compañías mineras en Minas Gerais llevaron a los miembros del Movimiento por las Montañas y las Aguas de Minas (MovSAM) a crear la campaña “Enero Marrón”. El objetivo de la campaña, según Maria Teresa Corujo, miembro del movimiento y ambientalista en Minas Gerais, es recordar, durante todo enero, el crimen de Vale en Brumadinho y hacer visible el papel del estado y los aliados de las compañías mineras que también son responsables del crimen.

Además, existe el alerta “sobre la minería que mata y atormenta a las personas, destruye comunidades y biomas, vidas, fauna, flora, paisajes, calidad del aire y del suelo, manantiales, acuíferos y ríos, y avanza sin descanso por territorios tornando inviables otras formas de vida, viola los derechos y hace uso de las estrategias más diversas para tomar a la población como rehén ”, agrega María Teresa, quien también es parte del Movimiento para la Preservación de la Sierra do Gandarela y SOS Serra da Piedade.

Alianza entre ¡Agua para los Pueblos! y Enero Marrón

Durante el mes de enero, el capítulo brasileño de la campaña “¡Agua para los pueblos!” irá unirse a la campaña “Enero Marrón” publicando en este sitio reportajes sobre el crimen de Vale y contenido exclusivo en Twitter, Facebook e Instagram sobre Brumadinho y la resistencia de los pueblos y comunidades a violaciones cometidas por empresas mineras. Las tragedias de Mariana y Brumadinho muestran, de manera superlativa, las tragedias diarias de cientos de comunidades brasileñas como Piquiá de Baixo (Açailândia/MA) y Santa Rosa dos Pretos (Itapecuru-Mirim/MA), violadas por Vale y la minería durante décadas. A continuación, lea la entrevista dada por Maria Teresa Corujo al sitio.

¿Qué es el “Enero Marrón” y cómo surgió?

Enero Marrón es una campaña de concientización y alerta, similar a Octubre Rosa y Noviembre Azul, que ahora forman parte del calendario anual de campañas. Surgió en diciembre de la idea de Guto quien, junto con otros miembros del Movimiento para las Montañas y las Aguas de Minas (MovSAM) en el que participa, desarrolló el plan inicial que se compartió con otros activistas para su realización.

¿En qué consiste la iniciativa?

La iniciativa consiste en una campaña a través de las redes sociales basada en la adhesión de organizaciones, movimientos y personas que se unen en un colectivo para abrazar y alcanzar su objetivo. A lo largo de enero, se publicará material que reúne datos, información, aclaraciones, reflexiones y noticias relevantes sobre la minería y sus impactos en las comunidades y el medio ambiente y cómo el Estado ha estado en silencio o coludiendo. La campaña también dará visibilidad a los actos, eventos y manifestaciones relacionados con el hito de un año de la ruptura el 25 de enero de 2019, como la primera peregrinación arquidiocesana para la ecología integral de Brumadinho.

¿Cómo pueden las personas, grupos y entidades apoyar a “Enero Marrón”?

Uniéndose a la campaña como ya está sucediendo con el uso del lazo marrón en las fotos de perfil en Facebook y logotipos de organizaciones y movimientos que ya participan en el Enero Marrón. Siguiendo a la campaña @janeiromarrom en Instagram y Twitter y compartiendo con amigos; grabar un video de apoyo de la campaña usando el [hashtag] #janeiromarrom (máximo 1 minuto), realizar acciones de Enero Marron en su municipio y enviar fotos / videos para ser publicado (janeiromarrom@gmail.com) y siguiendo las publicaciones del blog de la campaña.

¿En qué contexto se creó la campaña?

Enero Marrón fue creado porque estamos indignados con la impunidad con respecto a los crímenes de Samarco (2015) y Vale (2019) y la hegemonía y el poder que tiene la minería en Minas Gerais a pesar de los graves impactos y violaciones durante décadas. La verdad es que para las compañías mineras y la mayoría de las autoridades, gobiernos, municipios, políticos y el poder judicial, es como si nada hubiera sucedido en Brumadinho. Es como si 272 personas no hubieran muerto (dos bebés murieron junto con sus madres embarazadas), parte del río Paraopeba ha sido destruida y destruyeron la cuenca hidrográfica que abastecía a miles de personas. Es como si en 2015 el Río Doce y la costa no hubieran sido impactados como lo fueron, 19 personas no hubieran sido muertas, Bento Rodrigues y otras comunidades destruidas, el pueblo Krenak perdido su río Watu y miles de personas sufrido varios tipos de pérdidas.

Hemos visto al Estado respaldar repetidamente, con opiniones favorables, proyectos mineros donde hay represas que son “bombas de tiempo”. Por ejemplo, el 20 de diciembre de 2019, en una reunión del Consejo de Estado para Actividades Mineras (CMI) del Consejo de Estado para Política Ambiental, que duró 12 horas ininterrumpidas, se otorgó una Licencia de Operación para la elevación de la presa de Anglo American en Conceição do Mato Dentro (MG) que tendrá alrededor de 300 millones de metros cúbicos de relaves, incluso con comunidades en la llamada Zona de Auto Rescate (que llamamos Zona de Alto Riesgo de Muerte), que la Ley, conocida como el Mar de Lodo Nunca Más, prohíbe expresamente. Con opinión legal favorable del Fiscal General del Estado que no cumplió con una recomendación del Ministério Público del Estado. Diez de los doce consejeros votaran a favor de la otorga de la licencia mismo contra la ley

La posibilidad de nuevas rupturas de presas es muy real por la forma en que se aborda el problema porque las autoridades no hacen ninguna acción efectiva. Tenemos regiones en Minas Gerais como Itabira, Alto Rio das Velhas y Paracatu con presas de relaves con una gran cantidad de personas alrededor. En Itabira hay alrededor de 10,000 personas que viven en la Zona de Auto-Rescate de las 17 represas de relaves de Vale y en el Alto Río das Velhas hay más de 50 represas de relaves que, si se descomponen, van río abajo e interrumpen el suministro de agua de dos millones de personas de Belo Horizonte y su región metropolitana. Algunas presas con un volumen que puede destruir incluso el río São Francisco.

Estamos indignados y no nos gusta que las soluciones ofrecidas sean, por ejemplo, capacitar a las personas para salvarse mientras permiten que la minería continúe operando presas y expandiendo los complejos mineros donde se incluyen estas presas, sin mencionar las nuevas licencias. No aceptamos que las soluciones sean simplemente colocar sirenas, señales de ruta de escape y puntos de encuentro, mientras que el status quo de la minería continúa como si nada hubiera sucedido y las empresas mineras continúen con licencia. Y todavía tenemos lo que llamamos “terrorismo de presas” que ha estado evacuando a personas de los territorios alegando riesgos que no están confirmados y que aún justifican grandes trabajos de “emergencia” que causan graves impactos sociales y ambientales y se construyen después de las comunidades, lo que significa que de nada sirven, a excepción de los intereses de expansión o nuevas minas en estas regiones.

De ahí la necesidad de aumentar la conciencia de la población sobre la minería y revelar la verdad sobre esta actividad extractiva que es casi como una caja negra porque la industria protege y desarrolla estrategias de comercialización para que la población sea engañada. Una vez que la mayoría de la población sepa lo que los ambientalistas hemos sabido durante años, lo que las comunidades mineras circundantes han experimentado durante años, el sufrimiento y el impacto, tendremos mucha presión social para poner contra la pared estas empresas y autoridades. Es vergonzoso, cruel y violento lo que vivimos en Minas Gerais.

 

Fuente:https://aguaparalospueblos.org/enero-marron/?fbclid=IwAR3XtUgNxNVet6_G18Jdj4bqNIvpcpAOxASrMzPLuYT7mCchPv_gdRbQV6w

Argentina

Valcheta: de campo de concentración a deseo megaminero

Autor: No a la Mina.org

Transcribimos a continuación un artículo de Adrián Moyano publicado en «En estos días»

La persecución del lonco Kayupan, en 1833, significó la primera incursión del flamante Estado en la región. Fue una matanza, con toma de prisioneros incluida. Casi 190 años después, la zona se ve amenazada por una nueva forma de avasallamiento.

En Río Negro, no sólo Calcatreu está en la mira de la mega-minería. La Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche se encargó de recordar que el proyecto de explotación de uranio Mina Ivana “está iniciando su desarrollo a 25 km de Valcheta, dentro de una superficie de 118.000 hectáreas que el gobierno de Río Negro ha cedido para la exploración y explotación a la empresa Blue Sky Uranium Corporation”. Se trata de una compañía canadiense que según información empresarial, se consagra a “la adquisición, evaluación y exploración de propiedades de uranio en Canadá y Argentina”.

Estableció el pronunciamiento mapuche tehuelche que “Amarillo Grande es el nombre del proyecto integral y el Informe de Evaluación Económica Preliminar lo tiene el gobierno, pero no nos ha hecho partícipe y no ha informado a nuestra organización comunitaria, que tiene que revisar el informe de impacto ambiental pero fundamentalmente, tiene que desarrollar un informe de impacto cultural, que es un derecho que nos asiste como comunidades para determinar la posibilidad de ese proyecto”.

En el lado gubernamental, la organización señaló varias falencias. “El Consejo Provincial de Evaluación Minera (CoPEAM), creado por Ley 4738/11 debe contar con representación indígena para que se escuche nuestra postura”. Sin embargo, “se incumple con la participación y se incumple con la consulta a las comunidades y pobladores dispersos, contemplados dentro de la Ley 2287 como sujetos de derecho indígena asimilados a las comunidades y por consiguiente, aplica el Convenio 169 de la OIT”.

Para la Coordinadora Mapuche Tehuelche, “el desarrollo de este proyecto de uranio y vanadio contiene una peligrosidad extra y es que se quiere instalar la planta en una zona inundable con una pileta de relaves (agua contaminada con desechos radioactivos) a 500 metros de la laguna Tres Picos. Este proyecto es compatible con la muerte y su desarrollo va a tener consecuencias devastadores para la vida. Cualquier incidente se remediará en miles de años y los desechos radioactivos también quedaran expuestos miles de años”.

Ante ese panorama, “hoy más que nunca exigimos Consulta, Libre, Previa e Informada, participación en los informes de impacto ambiental y exigimos informes de impacto cultural. No a la Mega-minería. El agua que corre por los territorios sin contaminación, es vida”. La demanda se incluyó en el documento “La mega-minería No es una opción posible”, que la organización indígena hizo circular días antes de que expirara 2019.

 

En los tiempos de Rosas

Valcheta y en rigor, toda la jurisdicción de la provincia, fueron ajenas a la soberanía argentina hasta fechas muy tardías. La primera incursión de tropas de la Confederación se llevó a cabo en el marco de la ofensiva que capitaneó Juan Manuel de Rosas entre 1833 y 1834. En ese marco, el sargento mayor Ibáñez recibió órdenes de perseguir al lonco Kayupan y su gente, quien según los informes, se refugiaba al sur del río Negro. La tropa formaba parte de la columna que al mando de Ángel Pacheco, en mayo de 1833 cruzó las aguas, a unos 20 kilómetros de Carmen de Patagones. El episodio es muy valorado por la historiografía militar y revela la extrañeza que aquellos parajes presentaban para quienes reclamaban soberanía: “es halagador dejar constancia de que fue el general Pacheco el primer jefe de nuestro ejército que llegó al río Negro, que hasta ese entonces no había sido recorrido por otras tropas”, admitía a mediados del siglo XX, el historiador militar Juan Carlos Walther.

Según los jefes de la expedición, la de Kayupan merecía el calificativo de “peligrosa indiada” y de “araucana”, si bien en 1828 había tomado parte en las contiendas intestinas que estallaron en la provincia de Buenos Aires, del mismo bando que ahora se convertía en su perseguidor. Los soldados cubrieron la travesía de 100 leguas entre Carmen de Patagones y el río Balchitas, para finalmente el 6 de octubre, caer sobre las tolderías. Afirman las fuentes militares que el combate fue rápido y encarnizado, con 36 muertos entre los mapuches. Además, “cayeron en poder de Ibáñez las familias de los salvajes, numerosos cautivos y haciendas”. Para los conductores de la guerra, aquella “era la única indiada rebelde refugiada en esas soledades, al abrigo de una enorme travesía; por eso Callupán, en la seguridad de que nadie osaría llegar hasta allí, pudo ser sorprendido”. Soslayan los historiadores que entre los expedicionarios formó “un escuadrón de indios amigos”, cuyo conocimiento del terreno fue decisivo para dar con los fugitivos.

El área del arroyo Valcheta también fue mencionada en la crónica de un viajero europeo, cuyo periplo se cumplió entre 1865 y 1866, cuando todavía faltaba más de una década para la llegada definitiva de los militares argentinos. El suizo Georges Claraz atravesó la región con rumbo sur y sudoeste, en el marco de un contingente que se conformó con jinetes mapuches y tehuelches. En el diario de su viaje, consignó su arribo al curso de agua el 19 de noviembre de 1865. Ese día anotó que “ni bien llegaron los indios, se echaron de bruces para beber agua, después de haber derramado algo hacia oriente, como ofrenda al dios. Luego salió la luna como fino cuarto creciente. Saludan también a la luna nueva”.

 

El agua, siempre el agua

Sobre todo en la primera de las descripciones, aflora una particularidad de la espiritualidad mapuche, aunque la costumbre de “derramar algo hacia oriente” no tiene que ver con dios alguno, sino con el sitio de donde provienen el Sol y la vida. Investigaciones posteriores localizaron en el paraje que actualmente se conoce como Punta de Agua al paradero que utilizaron los viajeros. Al día siguiente de su llegada, la columna indígena retomó su caminar río arriba, es decir, en dirección hacia el sur y levemente hacia el oeste.

Cuatro años después de Claraz, otro viajero europeo inserto en una partida aonik enk y gününa küna, tuvo la chance de disfrutar de la biodiversidad de Valcheta, la misma que ahora está bajo amenaza. En el otoño de 1870, anotó el inglés George Musters para una de sus jornadas: “los animales estaban agrupados por allí entre esos montecillos, y Golwin, el hijo de Jackechan de pelo rubio, se entretuvo en hacer vanas tentativas de contarlos. Después de media hora de holganza echamos a andar otra vez, abandonando uno de los caballos de Meña que estaba extenuado, y seguimos poco más o menos la línea del río hasta que, como a las tres de la tarde, llegamos al campamento de Valcheta. Como era temprano todavía, algunos de la partida salieron a cazar, pero volvieron con las manos vacías”. Según estudios posteriores, su ubicación coincide con el emplazamiento actual de la localidad. ¿Quién entre los mapuches y los tehuelches que tantas veces cabalgaron en libertad en cercanías del arroyo pudo pensar que una década más tarde, el sitio albergaría un campo de concentración? Después de las campañas militares “todos fueron concentrados en lugares delimitados bajo el control de las autoridades militares. Tanto los primeros grupos en presentarse como los últimos fueron sometidos a esta restricción física que les impedía el libre acceso a los recursos”, apunta el historiador Walter Delrio. “Uno de estos campos de concentración fue el de Valcheta, en la meseta rionegrina, en el que fue concentrado el mayor número de familias”.

En cierto sentido, las aspiraciones de la Blue Sky Uranium Corporation implican la continuidad de la Campaña al Desierto. “Tuve anteayer (por el martes último) una larga conversación con el ministro (de Gobierno, Rodrigo) Buteler”, según actualizó el werken de la Coordinadora Mapuche Tehuelche, Orlando Carriqueo. “Habíamos previsto para diciembre una reunión con la Gobernadora que no fue posible, entonces en esta charla abordamos la cuestión territorial y el problema de la mega-minería”.

 

No hay licencia comunitaria

 

Sumó que “con respecto al tema de Valcheta, le dije que si bien en el territorio específico no hay comunidades conformadas, sí hay comunidades cercanas y dentro del Bajo, una comunidad que reclama territorio. Además, entendemos que a los pobladores dispersos que están ahí, están beneficiados por la Ley Integral del Indígena en cuanto a la consulta y que el mismo fallo de Calcatreu, establece pasos específicos que hay que respetar”, abogó Carriqueo.

En la misma conversación “le recordé que la mega-minería es una discusión que se está dando a nivel nacional y que es fundamental darla en Río Negro. Estamos planteando que en principio no hay licencia comunitaria ni social para avalar los proyectos mega-mineros y que la discusión tiene que darse desde distintos aspectos, para construir Estados plurinacionales y pluriculturales”, resaltó. “El ministro me dijo que no tenía conocimiento de Mina Ivana, se comprometió a tener más detalles” para una próxima reunión que incluiría a Arabela Carreras, el próximo 14 de enero. “Nosotros entendemos que ese proyecto no se puede desarrollar”, subrayó el werken.

Hay continuidades que no son casuales. “Lo primero que se me ocurre pensar es que tenemos que hacer en ese territorio un llellipun para fortalecerlo y para fortalecernos nosotros. Con el Estado hace falta avanzar en el reconocimiento de los hechos históricos, fundamentalmente del genocidio que fue punto de partida, para empezar a dar otras discusiones que son centrales en lo cotidiano y actual, pero que tienen raíz histórica. Cuando nuestra discusión aúna los términos políticos con el reconocimiento histórico sobre la mesa, el Estado se queda sin argumentos para rebatir nuestras demandas”, ejemplificó. Todos los territorios están en disputa.

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/43493-valcheta-de-campo-de-concentracion-a-deseo-megaminero

Argentina

Minería sustentable, un oxímoron de moda

Autor: No a la Mina.org

Son tiempos revueltos y por tanto,  tiempos de amar. Y amamos tan acorazadamente en estos tiempos que dejamos poco espacio para la escucha, la pregunta, la duda sobre lo que se dice.  Así, repetimos construcciones como  “realidad virtual”, “periodismo independiente”,  “noticias falsas” o “minería sustentable”.  Cada una de estas y otras combinaciones constituye un oxímoron de moda, una contradicción en sí misma que nos zambulle en el mundo de la falacia (que como el oxímoron también está de moda)  y nos pone a pedalear en una rueda discursiva infinita que revuelve aún más los tiempos y nos resta el de amar sin coraza.

Por amor a nuestra  gente y a la tierra de todos,  y porque el lenguaje nos constituye como personas y como pueblo, necesitamos desarmar  esos binomios que congelan los sentidos.  Puntualmente vamos a referirnos al par “minería sustentable” porque  nos compete como movimiento social que construye conocimiento sobre el tema desde hace 18 años. Y lo haremos en parte como respuesta al artículo ¿Es posible una minería sustentable? publicado el  5 de enero en Página 12.

Sobre las posiciones opuestas e irreconciliables

Plantear la discusión en términos de oposición, minería sí/minería no,  enmascara una discusión mucho más profunda, discusión en la que la megaminería se inscribe como una expresión y que es extractivismo sí/extractivismo no.

No es una máscara menor: la megaminería al igual que el agronegocio son expresiones del extractivismo. Hacemos mención al agronegocio porque en el artículo se señala que  Argentina exporta poco y que sus exportaciones se concentran en “el sector agrícola que disfruta de un poder económico y político excesivo”.  Coincidimos en ello pero necesitamos señalar que agronegocio y megaminería son elementos de un mismo modelo así que la megaminería no estaría restándole poder al agronegocio sino más bien complementándolo. En ambos casos nos enfrentamos a actividades intensivas en el uso de la tierra y el agua, altamente contaminantes, que compiten en el aprovechamiento de la infraestructura estatal con las poblaciones que generalmente se ven obligadas a abandonar sus lugares de residencia porque ninguno de los megaemprendimientos extractivos genera desarrollo local.

La primera falacia que nos propone el oxímoron “minería sustentable” entonces es la definición de los términos de oposición. No se trata de minería sí/minería no sino de extractivismo sí/extractivismo no.

Como nuestro movimiento ha construido fundamentalmente conocimiento en torno a la minería, profundizaremos en el oxímoron “minería sustentable”. Lo sustentable es aquello que sobrevive por sí mismo y la idea de “sustentabilidad” es usada en economía y ecología para designar un sistema que puede mantenerse en el tiempo sin necesidad de agotar los recursos naturales ni causar daños graves al medio ambiente. La ley 24.196 no es una ley de sustentabilidad minera, es una ley de inversiones mineras es decir, una ley que solo asegura ganancias para las empresas, y además, las Inversiones Extranjeras Directas se han convertido en una de las principales fuentes de financiación de los países empobrecidos y: no son fuentes de producción e industrialización, sino fuentes de financiación y sabemos que cuando financiamos, terminamos pagando más de lo recibido. Nos hemos explayado sobre estos temas aquí y aquí. Y está harto demostrado que no hay desarrollo local en torno a los emprendimientos mineros. Solo hay que ir a Jáchal, Santa María, Belén, etc…

En síntesis, la sustentabilidad de la minería no se vincula con el ambiente y las poblaciones, ni siquiera con los Estados de los países en los que se practica sino con la provisión de ganancias hacia el capital transnacional. Duras conclusiones a las que se llega además al saber cuáles son los costos, por ejemplo que hay que destruir una tonelada de roca para obtener un anillo de oro o  que minera La Alumbrera consume cien millones de litros de agua por día y el 80% de la energía eléctrica de Tucumán y que el tope de regalías mineras en Argentina es del 3%.

Sobre institucionalizar acuerdos sociales

Cuando dos partes se disponen a establecer un acuerdo  necesariamente deben reconocerse como iguales ¿Hay que ilustrar aquí la desigualdad entre las corporaciones mineras y las poblaciones, sobre todo cuando los Estados provinciales son aliados de esas corporaciones? ¿Qué promesa creíble puede hacerse a una comunidad a la que se le ha negado la provisión de agua siendo que vive sobre un acuífero y ve morir de sed a sus animales? Nos referimos puntualmente a la Meseta Central de Chubut.

¿Qué tipo de dinamismo tiene el pueblo chileno que desde hace dos meses tomó las calles? Sin agua porque está privatizada para uso minero y con deudas de por vida para pagar sus estudios a pesar de exportar diez veces lo que exporta Argentina?

El derrame en Veladero, la rotura de represas de relaves mineros en Brasil y otros tantos ejemplos en Latinoamérica y el mundo hablan por sí mismos de la incompatibilidad de la megaminería con la vida.  Canadá, Estados Unidos, Australia y Sudáfrica, no son ejemplos de impactos positivos de la minería, solo hay que hurgar un poco en su historia.

Sobre la licencia social

Volvamos sobre lo dicho hasta aquí. Extractivismo sí o no, no es solo un posicionamiento irreconciliable sobre la megaminería, se trata de un posicionamiento ante la vida o por la vida ¡Cómo puede esperarse que los pueblos demos licencia social para matar(nos)! ¿Cómo es posible que no se ponga en su real valor el trabajo genuino? La posible exportación de productos con certificación ecológica: semillas sin modificar, carnes y alimentos naturales en general, tejidos, vestimenta, tecnología limpia y conocimiento, inclusive minería de roca caliza o laja por ejemplo que no es la gran minería… ¿cómo es posible que el Estado en quien delegamos algunas de nuestras facultades nos proponga el ecocidio como forma de pago de una deuda ilegítima?

No hay ni puede haber licencia social para la minería a gran escala como no pueda haberla para la destrucción del agua y la tierra. El agronegocio tampoco tiene licencia social pero fue impuesto en tiempos en los que los conocimientos sobre el cuidado de la vida no circulaban popularmente.

Hay una dimensión desconocida para muchos voceros del establishment, empresarios, políticos, funcionarios, académicos: la enorme construcción de conocimiento popular y colectivo que se produjo en estos años. Algo que también podemos exportar.

Aquí, no queremos dejar pasar otro enmascaramiento: la supuesta neutralidad de algunas de las voces que abogan por el diálogo, el debate y el consenso. La Dra. Anabel Marín, autora del artículo al que hacemos referencia, tiene un Convenio con la Cámara de Proveedores Mineros para realizar un estudio centralizado en la minería metalífera de oro, cobre y plata que involucra a empresas de CAPMIN y a Cámaras de Proveedores Provinciales y Locales, empresas mineras y al Estado en sus diferentes estamentos.

Sobre amar en tiempos revueltos

Amarnos más es imperativo. Las recetas neoliberales no contienen amor como ingrediente. Tampoco como estrategia. El extractivismo es neoliberalismo. Hay que quitarse la coraza, ligarse con los otros de verdad. Como el agua, impregnarnos de saber popular y afecto. Si vamos a usar el verbo transitivo “invertir” que sea para dar pasos hacia el encuentro en el que todos ganemos porque si hay zonas de sacrificio no es con todos. Exportar metales es otra forma de seguir acrecentando el poder de unos pocos.

Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el NO A LA MINA- Esquel, Chubut

6 de enero de 2020

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/43497-mineria-sustentable-un-oximoron-de-moda

Mexico

Agricultores de Chihuahua inician resistencia contra mina canadiense

Autor: Notimex, Diario Rotativo
Conflicto Relacionado: Samalayuca

Samalayuca, Chih.,.- Los agricultores de la región conformada por los cuatro ejidos Samalayuca, Ojo de la Casa, El Vergel y Villaluz, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están dispuestos a impedir el paso de la maquinaria y a ampararse si las empresas participantes en el proyecto insisten en su explotación.

Gregorio Valtierra Porras, secretario del comisariado ejidal, expresa su rotunda desaprobación a la instalación de la mina porque, dice, eliminará la actividad agropecuaria de los ejidos.

“Hacer un paro a mi ver, a mi ver, definitivo, que no pasara ninguna persona de ellos hacia donde se va a hacer la mina. No dejar pasar la maquinaria. Mucha gente, que es la mayoría del pueblo, gente que viene de Ciudad Juárez, gente que viene de las rancherías también cercanas están de acuerdo con nosotros; y con el apoyo de todas esas personas me imagino yo –confía-, vamos a salir triunfadores”.

Valtierra dijo que están decididos a evitar que las mineras Samalayuca Cobre y VVC Exploration de Vancouver, Canadá, comiencen a demoler la sierra.

“A estas alturas se trata de no nada más de proteger el beneficio mío, se trata de defender a la comunidad entera. Creo que hasta allá llegaremos a hacer el paro definitivo, bloquear, obstruir las entradas a la mina, donde sea posible llegar y hacerlo”, reafirmó.

Daniel Zamarrón, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), integrante del Frente Eco-social Paso del Norte, indicó que los agricultores cuentan con el apoyo de la sociedad civil y la comunidad académica.

“Estamos haciendo conciencia del impacto que significa un emprendimiento de estas características. Hemos hecho foros en la UACJ, en el Tecnológico Ciudad Juárez, secundarias y primarias de la ciudad. Se han llevado a cabo asambleas informativas”, expuso.

En el desfile del 16 de septiembre se manifestaron y han instalado brigadas informativas en distintos puntos de Ciudad Juárez donde reparten trípticos con toda la información relativa a los efectos negativos del proyecto.

En tanto, Valtierra Porras recuerda que desde niño ha arado la tierra, su padre le enseñó a usar el azadón y ahora de adulto, proporciona 48 empleos en temporada de cosecha.

“Le pediría a las autoridades federales que hicieran un poco más de conciencia, que se pongan en nuestro lugar, que nosotros como pobladores, somos de muchísimos años aquí en Samalayuca para que llegue una cosa de esa magnitud, de la contaminación que va a provocar y nos destruya nuestras vidas”, advirtió.

Por ello insiste en pedir a las dependencias federales que “se pongan en nuestro lugar y nos echaran la mano con esto, que la mina no se llevar a cabo”.

Manuel Belmontes Rea, asegura que “van a meter un amparo en contra de la mina”.

Puntualiza que la justificación de las empresas de que generará mil 200 empleos no es argumento porque aquí lo que sobra es el trabajo.

“Alcanza para 600 plazas en tiempo de cosecha de hortalizas en las 800 hectáreas de cultivo. Con decirle que aquí viene gente a trabajar de Durango, Puebla, Oaxaca, de la sierra de Chihuahua, en los tiempos que hay cosecha. Empieza desde mayo hasta octubre, hasta que cae la primera helada y luego sigue la cosecha de la nuez, como ahorita que está la cosecha de la nuez”, explicó.

“Por el lado del comercio, a lo mejor nos convendría que pusieran la mina. Y luego, ¿qué ganamos si como comerciantes nos vamos a llenar de billetes y al rato nos los vamos a acabar en el hospital porque vamos a estar enfermos por lo que respiramos, el agua que tomemos, todo eso de qué sirve?”, cuestionó Belmontes Rea.

Intentan pasar a “la mañanera”
La presión sobre los pobladores los obligó a acudir a la Ciudad de México a intentar entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Conferencia Matutina del pasado dos de diciembre, a quien no pudieron ver.

Jesús Ernesto Pedroza Pineda, uno de los agricultores que acudió a la capital del país, explicó que se entrevistaron con una diputada federal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien les dijo que los apoyará en su petición.

El poblado de Samalayuca comenzó la resistencia contra el proyecto, algunas viviendas muestran su rechazo al mismo con mensajes colocados en las bardas y cercas de las casas, han hecho manifestaciones y acciones para la concientización de la población afectada.

“Hemos estado manifestándonos aquí en el pueblo y en Juárez, fuimos hasta México, fuimos ahí con el presidente, fuimos al Mañanero (sic), y no nos dejaron entrar. Y fuimos a Cámara de Diputados, estuvimos ahí y ya nos regresamos para acá”, explicó.

No queremos ese monstruo
“Como nosotros somos agricultores de siembra, la mina dicen que trae mucho dinero, las ganancias se las van a llevar los canadienses nada más, aquí van a dejar puro desastre en nuestro pueblo. Que no nos pongan ese monstruo aquí en el poblado de Samalayuca. Nosotros estamos peleando por nuestra vida”, añadió Pedroza Pineda.

Dijo que la preocupación al concretarse el proyecto minero son los efectos en la salud de la población.

Porque como es una mina a cielo abierto trae muchos gases y todo, aquí pues sembramos y dicen que da cáncer y es un peligro para aquí para el pueblo”.

Añadió que los trabajos mineros se realizarán muy cerca tanto de la zona de siembra y cultivo de hortalizas como de la población que radica en los cuatro ejidos mencionados.

“De aquí para allá empiezan las hortalizas, las calabacitas, ahí tenemos la Comisión (la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, CFE), ahorita está jalando, está echando mucho vapor”, explica Pedroza Pineda mientras va señalando la serie de cultivos que tienen en esta región donde también producen nueces.

Y añade cada uno de los aspectos que hacen fuerte económicamente esta parte de Chihuahua, que a su juicio no requiere más oferta de trabajos que dañarán el medio ambiente.

“Es que aquí es un pueblo turístico, viene mucha gente a visitarnos de Estados Unidos y de Juárez. Están las albercas, tenemos las dunas, el Ojo de la Casa, los petrograbados, ahí donde está la mina. Es piedra laja, con las vibraciones de la mina se van a destrozar los petrograbados y es lo que no queremos”, reitera.

“Aparte –agrega Ramiro Herrera Alvarado-, aquí hay venado, hay jabalí, coyote, puma, gato montés, víbora de cascabel, tortuga del desierto, que casi se extinguieron con otra mina”, alertó.

Por ello solicitó la intervención presidencial:
“Que no se haga la mina, aquí hay mucho trabajo, aquí no trabaja y no se supera el que no quiere. Queremos que le llegue la información al presidente López Obrador para que nos ayude, queremos dejar de herencia este ecosistema a nuestros hijos y nuestros nietos”, finalizó.

 

Fuente:https://rotativo.com.mx/2020/01/02/noticias/nacionales/mexico/agricultores-de-chihuahua-inician-resistencia-contra-mina-canadiense-817608/?fbclid=IwAR3X12ittPQAWmrS4JmPqOhaABPGOkPFIBJbOJGYCQHfaZpHT4NPAQHvr4U

Internacional

Empresa minera redactando su propio informe ambiental para la pérdida de bosques de los EE. UU.

Autor: Mary Papenfuss, HuffPost US

La demanda de la tribu Nez Perce de Idaho para detener la contaminación en el Bosque Nacional Payette puede proceder contra la compañía minera canadiense Midas Gold.

Una compañía canadiense de extracción de oro autorizada por la administración Trump a escribir su propia evaluación del impacto ambiental de su proyecto propuesto en tierras federales ha perdido una ronda en la corte contra la tribu Nez Perce en Idaho.

El juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Barry Lynn Winmill, negó una moción de Midas Gold para desestimar la demanda de la tribu.

La tribu demandó a la compañía de Columbia Británica en agosto, diciendo que violó la Ley de Agua Limpia al no detener la descarga de contaminantes, incluidos arsénico, cianuro y mercurio, de las minas de oro a los afluentes del río Salmon, amenazando a las poblaciones de peces importantes para los nez. Perce

«Como la tribu ha declarado en repetidas ocasiones, el hecho de que Midas Gold no aborde las descargas ilegales de contaminación» en el Bosque Nacional Payette en el centro de Idaho está » perjudicando a la tribu y al pueblo de Idaho «, dijo el presidente de la tribu , Shannon Wheeler, en un comunicado.

El sitio minero se encuentra dentro del territorio aborigen de la tribu, donde los derechos de pesca, caza y pastoreo de Nez Perce están garantizados por un tratado de 1855 con el gobierno de los Estados Unidos.

El área había sido minada previamente por varias compañías durante décadas. Midas Gold, que ahora posee o controla gran parte del sitio, está buscando permisos para reabrir la minería y expandir las operaciones como parte de su Proyecto de Minería Stibnite, y está llevando a cabo una perforación exploratoria.

La contaminación que ocurre «regular o continuamente durante al menos los últimos cinco años » es «continua ahora, y continuará en el futuro, a menos que el Tribunal otorgue la reparación solicitada», indica la demanda.

A pesar de las afirmaciones, el año pasado, el Servicio Forestal de los EE. UU. Se hizo a un lado para permitir que la compañía tome el control de una evaluación que analiza el impacto de su propia propuesta minera , según documentos obtenidos por la organización sin fines de lucro Earthworks .

Se supone que dicha evaluación debe ser escrita por el Servicio Forestal o un contratista independiente sin un interés personal en las conclusiones, según el grupo.

«Es particularmente inapropiado que una compañía minera esté analizando su propio proyecto», dijo Connie Gestring de Earthworks.

Los documentos muestran que inicialmente la fuerte resistencia del Servicio Forestal al proyecto y la participación de Midas Gold en el proceso de evaluación comenzaron a desmoronarse en medio de la presión de cabildeo dentro de una administración receptiva de Trump. Midas Gold fue finalmente designado para tomar la iniciativa en la creación del informe de impacto ambiental.

«Para ser claros, Midas tendrá el liderazgo en la consulta de peces, vida silvestre y plantas de la ESA [Ley de Especies en Peligro de Extinción]», declaró Keith Lannom, entonces supervisor del Bosque Nacional Payette, a su personal a fines del año pasado en un correo electrónico obtenido por Earthworks.

En tales casos, se espera que las compañías cabildeen, dijo a The Associated Press John Freemuth, experto en política de tierras de la Universidad Estatal de Boise. Pero nunca antes había oído hablar de una compañía a la que se le permitiera escribir una evaluación biológica analizando su propia operación.

Mckinsey Lyon, vicepresidente de asuntos externos de Midas Gold, insistió a AP en que el papel de la compañía es normal.

El informe no se ha completado. Se tomará una decisión sobre la operación Midas Gold en 2020.

La Agencia de Protección Ambiental ha gastado unos $ 4 millones para restaurar el hábitat en el Bosque Nacional Payette después de que otras compañías abandonaron las minas a cielo abierto, según AP.

 

Fuente:https://www.huffingtonpost.ca/entry/payette-national-forst-nez-perce-midas-gold-mings_n_5dfc57b9e4b0843d35f95ddf?ri18n=true&fbclid=IwAR1OuzCGTRIlBiqyjTznc2Kefas4PnjAmVg2ydvpecY_OpR5mRFoj2Nj5h4

El Salvador

Río Ostúa contaminado con plomo y arsénico por mina Cerro Blanco

Autor: Kenia Gomez , Ysuca.org

A tan solo 15 kilómetros de la frontera con El Salvador, está ubicada la mina Cerro Blanco, en el municipio de Asunción Mita del departamento de Jutiapa, en Guatemala. El riesgo para El Salvador está latente, debido a que a 6 kilómetros de la mina se encuentran varias poblaciones salvadoreñas que recibirán los impactos de la minería metálica.

El Río Ostúa que nace en Asunción Mita, Guatemala,  a un lado de la mina y que desemboca en el lago de Güija ya está contaminado, asegura la bióloga, investigadora y ambientalista Cidia Cortés.

Mediante la investigación ‘El impacto de la mina transfronteriza Cerro Blanco en el agua y salud para El Salvador’, coordinada por la Mesa Frente a la Minería Metálica, la bióloga pudo determinar los impactos que tendrá la mina en medio millón de salvadoreños. La investigación da cuenta que la afectación de la mina Cerro Blanco llegará hasta el río Lempa, el más importante proveedor de agua para los salvadoreños.

“Hemos encontrado plomo que rebasa las normas internacionales de calidad de agua, es decir ya hay una alerta para la vida acuática de los ríos.  El arsénico se viene desplazando y está muy fuertemente vinculado a enfermedades como el cáncer, la insuficiencia renal… En un documento, en un estudio hecho por científicos mexicanos han encontrado que el arsénico también tiene fuerte vínculo con la diabetes tipo dos”, explicó la investigadora.

Afección a la flora y fauna, contaminación de las aguas y efectos negativos en la salud humana de las poblaciones, son algunos de los efectos de la minería metálica

La preocupación por el impacto de la mina Cerro Blanco en los salvadoreños llevó a que la Mesa Frente a la Minería Metálica incluyera en la investigación la revisión de las estadísticas del Hospital Nacional de Metapán.  Los datos arrojaron que enfermedades crónicas como el cáncer, insuficiencia renal y diabetes se han disparado en los habitantes de las comunidades fronterizas con Guatemala. Las fichas de defunción de los habitantes de esas comunidades indicaron que la gente está muriendo de dichas enfermedades crónicas.

La última prueba de sedimentos realizada en el río Ostúa en 2018 arrojó alto contenido de arsénico en el agua y se ha triplicado entre 2009 y 2018.

Los habitantes de las comunidades cercanas al río, con el tiempo, han disminuido el uso de agua para consumo, sin embargo otros no tienen alternativa. Es el caso de Ángela Cisneros habitante del caserío La Portada, quien tiene 70 años de edad y 40 de vivir en la zona. Todavía  recuerda cuando el agua del Ostúa era cristalina: “Antes el agua era clarita y no se miraba como se mira ahora… Eso viene desde cuando comenzaron a construir esa mina”, aseveró. El agua del río Ostúa, ahora tiene un color verdoso debido a la contaminación, pero muchos como Ángela la siguen usando para bañarse y lavar.

La contaminación del agua debido a los metales pesados ha llevado a que algunos habitantes de las zonas fronterizas con Guatemala tengan que ir en busca de agua a las comunidades cercanas. La falta de agua potable obliga, en ocasiones, a comprar agua para beber, lo que genera costos adicionales para las comunidades pobres.

A escasos metros del río está la casa de Edwin Cisneros, quien tiene 38 años de vivir en el caserío La Portada, pero vivir cerca del río no le garantiza el agua.  Nació ahí y ha sido testigo de lo que viven los habitantes de las comunidades de Ostúa, Bonanza y La Portada en Metapán para conseguir agua.

“Cuando uno se toma el agua se siente bastante pesada, en ocasiones yo lo he probado”, dijo Edwin, quien añadió que ahora compran el agua, sino la compran les dan del agua potable, pero deben ir a otro lugar.

La mina Cerro Blanco inició sus trabajos en 2007. Un proyecto de la empresa Entremares S. A. subsidiaria de Goldcorp Inc. Era considerado el segundo yacimiento más grande de oro y plata de Guatemala. Pero los trabajos se suspendieron en 2012, supuestamente porque la empresa prefirió esperar a que mejorara el mercado internacional del metal precioso, pero las razones generaron dudas en la población guatemalteca.

Creen que el cierre se debió a fallas técnicas e inundaciones del túnel. Esto indicaría que la zona es una unidad ecológica e indivisible y no una micro cuenca independiente como aseguraban los estudios de impacto ambiental que dieron pie a los permisos de instalación de la mina. Según las organizaciones ambientalistas de ese país, los permisos otorgados por el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala carecen de una exhaustiva investigación sobre los verdaderos impactos de la actividad minera.

Estos contratiempos pudieron ser la causa de que en 2017 Goldcorp Inc vendiera el 100%  del proyecto minero a la empresa canadiense Bluestone Resources. Según la bióloga Cidia Cortés es esta empresa la que pretende iniciar la extracción minera a inicios de 2020 y que traería graves impactos para El Salvador.  Cortés asegura que la mina Cerro blanco va a explotar oro y plata en 20 kilómetros, dentro de esos 20 kilómetros hay 5 kilómetros de agua caliente.

“Hay declaraciones de estas comunidades que se desplazan al lado de Guatemala que ya están observando la salida de vehículos de carga con material pétreo, es posible que ese material pétreo sea la roca que contiene el oro que se está procesando en otro sitio”, explicó la bióloga.

La contaminación del río Ostúa podría aumentar,  ya que la empresa minera, durante una década, ha extraído 297 mil 840 barriles de agua geotermal y el río Ostúa es el principal vertedero. A partir de 2020 aumentará la extracción de agua. Esto significará una catástrofe ambiental por la grave contaminación del agua y los problemas de salud.

La mina también provocará que las fuentes que aún hay en la zona se sequen, haciendo más difícil la obtención de agua que ya existe.

Una de las preocupaciones de los lugareños del caserío Pita Floja de Metapán es que la fuente que lleva el mismo nombre y que produce aproximadamente 6 litros de agua por segundo se seque. En 2019, por primera vez, la fuente se secó durante 4 meses por falta de lluvia. La sequía podría llegar de manera permanente, no solo como consecuencia de los efectos del cambio climático, sino a consecuencia de la Mina Cerro Blanco que está a 7 kilómetros del caserío.

Jeremías Orellana habitante de la zona dijo que la escasez de agua ya se percibe, aunque él como otros habitantes no dimensiona las consecuencias que traerá la mina para 200 familias que habitan en Pita Floja.

Según la bióloga e investigadora Cidia Cortés, el ex presidente de ANDA, Marco Fortín, tuvo conocimiento de los posibles efectos de la mina Cerro Blanco en el agua, pero no le dio importancia al tema. Solo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos mostró interés. Por su parte, Cancillería concedió una reunión a finales de 2018 para conocer el tema, sin embargo, no pasó del mero encuentro.

Para la bióloga y coordinadora de la investigación, el actual Gobierno es quien debe retomar el tema e incidir en el cierre de la mina. Además debería iniciar un acuerdo transnacional para evitar los efectos de la minería metálica en la región, ya que la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador solo es aplicable en el territorio.

La investigadora y ambientalista es de la idea que el actual Gobierno no dimensiona la amenaza de la mina Cerro Blanco para El Salvador.

 

Fuente:http://ysuca.org.sv/2020/01/04/rio-ostua-contaminado-con-plomo-y-arsenico-por-mina-cerro-blanco/?fbclid=IwAR1qU0j2uPdkHsSSm4zruqUMhR5-Pr3GkINCt8Gyx5kh4lCohQj3AZA749w

Perú

La agenda pendiente de los conflictos sociales para el 2020 | INFORME


Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero , Quellaveco-Moquegua-Anglo American-Tacna , Tia Maria-Valle del Tambo

Las acciones en torno a los proyectos Tía María, Las Bambas y Quellaveco marcarán el inicio del año. Defensoría del Pueblo dice que en el 2019 disminuyeron los conflictos.

En agosto del 2016, a pocos días de asumir el cargo, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski declaró que el mayor reto del Perú era evitar los conflictos sociales alrededor de los grandes proyectos mineros. Más de tres años después, con Martín Vizcarra al mando, el país ha mantenido la tendencia: la mayoría de sus conflictos son socioambientales y surgen en torno a estos proyectos.

La convulsión social generada durante el 2019 [ y heredada de años anteriores] contra proyectos mineros como Tía María (Arequipa), Las Bambas (Apurímac) y Quellaveco (Moquegua) son parte de la agenda pendiente del 2020.

Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, explicó que los conflictos sociales alrededor de los proyectos mineros son los más complejos. Esto, debido a que en ellos confluyen los intereses de empresas trasnacionales y la desconfianza de la población sobre las decisiones y esfuerzos del Gobierno para mediar en la controversia.

Sobre Tía María, Luque dijo que el conflicto aún no se define por la vía legal. El funcionario señaló que hace unos días el Gobierno Regional de Arequipa presentó ante el Poder Judicial un proceso contencioso-administrativo contra el fallo del Consejo Nacional de Minería que le dio luz verde a la construcción del proyecto.

“El otro aspecto del conflicto corresponde al Gobierno, y es que de una vez debe construirse la represa [de Paltiture] que garantice el acceso al agua para el riego en el Valle de Tambo. Este es un ofrecimiento antiguo que, de cumplirse, crearía condiciones adecuadas para el diálogo”, opinó Luque.

El funcionario considera que antes de convocar a un diálogo, el Gobierno debe construir una voluntad para ese diálogo a través de una presencia permanente de sus especialistas, quienes discutan los alcances y beneficios del proyecto.

Sebastiao Mendonça Ferreira, presidente del Centro Wiñaq y especialista en conflictos sociales, coincidió en que el tema de fondo en Tía María es la falta de credibilidad. Según su evaluación, ni la población ni las autoridades locales confían en las garantías que les ofrecen el Gobierno y la empresa.

“Mientras no se resuelvan los temas más urgentes de la población del Valle de Tambo, difícilmente el proyecto será viable. La responsabilidad principal es del Estado porque los esfuerzos que haga la empresa no serán suficiente para viabilizar el proyecto”, indicó Mendonça.

 

—Resolver pendientes—

En referencia al conflicto en el corredor minero (corredor vial sur), en la vía de acceso a la mina Las Bambas, Mendonça estimó que la negociación entre el Gobierno y las comunidades para el pago por sus tierras [tras el decreto de urgencia que habilita su adquisición] puede generar una cadena de conflictos por las altas expectativas de renta que tiene la población.

«Todos querrán que el Estado sea tan generoso como la empresa y esas expectativas podrían mezclarse con un discurso de tipo ideológico”, refirió Mendonça. Por su parte, Luque resaltó que en el caso de Las Bambas, el Gobierno realiza un gran esfuerzo en el diálogo y, en esa línea, resaltó la designación de la exministra Paola Bustamante como alta comisionada para la zona. Luque opinó que esta decisión ha dado una señal que existe un interés especial para desarrollar mejores relaciones.

Sin embargo, el funcionario mencionó que aún están pendientes algunos compromisos, como la contaminación por polvo que sufren las comunidades que viven a lo largo de la carretera. Tanto Luque como Mendonça coincidieron en que Quellaveco hay mejores condiciones para resolver la controversia. Esto, porque a diferencia de los otros casos, se mantuvo el espacio de diálogo entre la población, el Gobierno y la empresa.

Luque dice que en Quellaveco se ha generado una institucionalidad a favor del diálogo que viabilizará las observaciones de la población sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el suministro de agua. Mendonça añade que el paso principal será legitimar el mecanismo de verificación de la calidad del agua, sobre todo en zonas agrícolas como Tumilaca.

 

—Balance de la PCM—

El viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina, concluyó que el principal desafío en materia de conflictos sociales en el Perú es la construcción de confianza.

“El balance del año es positivo. Hemos sido capaces de procesar los conflictos en canales democráticos y por eso nuestra apuesta por el diálogo”, declaró Molina a El Comercio.

Respecto a Tía María, dijo que el Gobierno mantiene la disposición del diálogo para absolver dudas. Molina, reiteró que el proyecto seguirá adelante solo cuando logre la aceptación social.

En referencia al corredor vial sur (a Las Bambas), detalló que hay vigentes cuatro procesos de diálogo: uno, en la provincia de Cotabambas (Apurímac) y tres en las provincias cusqueñas de Chumbivilcas, Espinar y Paruro. Molina opinó que ha sido un acierto nombrar a la exministra Paola Bustamante como alta comisionada porque así aumentaron la capacidad de coordinación en la zona.

“El desafío principal en Las Bambas es el que ha planteado el Gobierno: asfaltar de manera rápida el corredor vial antes de junio de 2021, porque eso reducirá notablemente las afectaciones que hoy tiene esa vía sobre la población”, dijo Molina.

Sobre Quellaveco, Molina declaró que el proyecto está avanzando a la par que el diálogo. Este espacio, dice, se ha mantenido vigente en el comité de seguimiento de los acuerdos del año 2016. Finalmente, el viceministro dijo que la reducción de la cifra de fallecidos en conflictos durante el 2019 es reflejo de la apuesta del Gobierno por el diálogo.

 

—La cifra más baja de muertos—

En el 2019 se redujo de 230 a 220 conflictos sociales, una reducción del 4% respecto al 2018 según la Defensoría del Pueblo. La institución informó además, que durante este año hubo dos muertos en conflictos, la cifra más baja desde que se tiene registro en el Perú.

“Si bien deberíamos terminar el año con cero muertes, la reducción es considerable si tomamos en cuenta que hemos tenido años muy críticos”, manifestó Rolando Luque.

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que en el 2019 intervino en 112 procesos de diálogo. A través de un comunicado, resaltaron que uno de los principales resultados del proceso de diálogo en la Amazonía, ha sido la implementación del plan de cierre de brechas para cinco provincias y 25 distritos del ámbito petrolero de la región Loreto. Esto fue una decisión tomada por el Ejecutivo, tras los constantes conflictos en la Amazonía ocasionados por los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano.

 

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/la-agenda-pendiente-de-los-conflictos-sociales-para-el-2020-informe-noticia/

Perú

El complejo camino de la lucha por la salud ambiental y humana en el Perú

Autor: Abel Gilvonio, Cooperacción.org

Hace menos de dos años el Ministerio de Salud (MINSA) reconoció públicamente que el “asunto” de la contaminación de ciudadanas y ciudadanos, por metales tóxicos principalmente en zonas en donde se desarrollan actividades empresariales mineras, petroleras e industriales, es un problema de salud pública nacional.

Que el MINSA ponga en agenda la afectación de la salud humana por metales fue resultado de las luchas en varias partes del Perú. No podemos dejar de mencionar los constantes reclamos y movilizaciones de los afectados de la ciudad de Pasco, Espinar o La Oroya, así como las protestas de las comunidades indígenas amazónicas en la zona denominada Cuatro Cuencas o Chiriaco; lugares que en los últimos años han sido escenarios de conflictos por la precaria atención para las víctimas de la contaminación.

En el 2017 estas luchas se encontraron para organizar e impulsar la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, la cual entendió que el reclamo por la salud ambiental y humana en las zonas impactadas por los proyectos mineros, petroleros o industriales, necesitaba de un trabajo colectivo y articulado para lograr una política nacional multisectorial e integral que pudiera alcanzar una atención preventiva y especializada.

Para los integrantes de la plataforma queda claro que los estados de emergencia decretados en las zonas petroleras o mineras no son suficientes para solucionar un problema que tiene que ser asumido de manera multisectorial por el Estado, respondiendo con políticas, presupuestos, y personal capacitado en prevención y atención especializada para las personas afectadas por metales tóxicos a nivel nacional.

Para impulsar esta demanda, la plataforma ha venido desarrollando diversas acciones de fortalecimiento organizativo, así como de denuncia y acciones para visibilizar su plataforma de lucha. Es importante destacar su participación en la V Audiencia de la Comisión de Pueblos Indígenas: “Avances para la prevención y atención integral de la afectación de salud por contaminación con metales pesados y oros asociados a minería e hidrocarburo” realizada el 8 de julio, así como la primera reunión nacional “Mujeres, territorios y salud ambiental” realizada el 11 y 23 de setiembre y que contó con la participación de 30 mujeres de las provincias de San Mateo, Loreto, Bagua, Pasco, La Oroya, Lima, Melgar, Hualgayoc, Moquegua, Huancayo y Espinar, donde se logró el objetivo de construir una agenda de las mujeres rumbo al encuentro nacional.

El II Encuentro Nacional de afectados y afectadas se desarrolló bajo el lema “Salud, Territorio y agua para los pueblos” realizado del 30 de setiembre al 4 de octubre. Este tuvo como objetivo evaluar las principales acciones de los dos años de creación de la Plataforma, fortalecer la red de afectados y afectadas, y planificar acciones nacionales y regionales en los territorios en donde está presente la Plataforma.

Un logro de la plataforma es que se ha consolidado como un espacio reconocido por el Gobierno y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), llevando la voz de los afectados y afectadas a nivel nacional. El pasado viernes 4 de octubre, tuvieron una importante reunión con la PCM en donde el viceministro Molina se comprometió a emitir el Decreto Supremo para instalar la comisión multisectorial a inicios de noviembre. A pesar de estas acciones que se han realizado, la agenda de lucha de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas sigue sin resolverse. En este momento dos son los temas centrales que la plataforma está demandando al Estado: la creación de La Comisión Multisectorial y el Abordaje Integral que debe asumir el MINSA para la atención de los afectados.

La Plataforma Nacional viene solicitando una Comisión Multisectorial de naturaleza permanente, dada la magnitud y extensión del problema de salud humana y ambiental que se tiene en el Perú. La propuesta es que esta comisión esté adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros y deba encargarse de elaborar un primer informe técnico que fundamente la propuesta del Plan multisectorial de prevención y control de riesgos y daños relacionados con la exposición a metales pesados y sustancias químicas, así como del seguimiento, implementación, evaluación y cumplimiento del plan multisectorial de parte de todos los ministerios, de manera que se garantice el derecho a la salud de las poblaciones afectadas que buscan una atención preventiva, integral y especializada.

Atención que sea integral de verdad

La segunda demanda es que se implemente una atención adecuada a las personas afectadas por metales tóxicos. En los últimos días hay mucha preocupación por la posibilidad de que se apruebe una directiva administrativa que no solucione el problema, sino que más bien perjudique lo avanzado hasta ahora en atención a las y los afectados. Si bien se reconoce que es importante una articulación e integración mayor de sectores y niveles de gobierno para el real cumplimiento de una atención integral, así como asegurar los recursos necesarios mediante una intervención desde los planes y presupuestos nacional y regional, es real que la débil rectoría del MINSA en cuanto a las políticas y programas nacionales y directivas para la identificación, priorización y atención de las poblaciones afectadas por la contaminación ambiental, no garantiza que el problema de la atención mejore en las zonas donde se requiere la implementación de un abordaje integral a las personas afectadas.

Por eso es importante que la aprobación de cualquier directiva esté respaldada con los mayores consensos, acuerdos formales, acciones de coordinación, mandatos normativos, compromisos y decisiones vinculantes que les permita efectuar las funciones y tareas con legitimidad y aceptación. Debe ser una acción conjunta multisectorial, multi e inter disciplinaria, que optimice el uso de los recursos y gane en eficiencia.

En resumen, estos han sido dos años intensos de lucha de la Plataforma Nacional que nos deja varias lecciones para los que venimos apoyando el proceso de construcción de un espacio de articulación nacional. La primera es que a pesar de la fragmentación social es posible hacer alianzas, articular y sumar acciones a nivel nacional que permitan avanzar en la defensa de derechos, en este caso el de la salud ambiental y humana. Segundo, que es posible ir uniendo las agendas de las y los afectados de comunidades amazónicas y comunidades andinas en una sola agenda nacional. Tercero, que las mujeres afectadas tienen impactos diferenciados en el cuerpo y viven de manera distinta los impactos en el territorio y que tienen una importante fuerza movilizadora dentro del movimiento. Y por último, que es posible ir construyendo un movimiento nacional por la salud ambiental y humana en el Perú que busque una atención preventiva, integral y especializada de personas contaminadas por los metales tóxicos en el Perú.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-complejo-camino-de-la-lucha-por-la-salud-ambiental-y-humana-en-el-peru/?fbclid=IwAR3HTeiUIARevaTa_Uz9bHWIglGK5otp7l4Ai5nWk6UYX1prX12X_Vr2gbA

Argentina

¿Por qué se produjo la ‘marcha más grande de la historia de Mendoza’ (Argentina) contra la megaminería?

Autor: Leandro Lutzky, Actualidad RT.com
La Legislatura provincial aprobó modificar una ley que prohibía la aplicación de químicos, y generó el rechazo de miles de personas que protestaron en las calles, pero fueron reprimidas. Ambientalistas y la Cámara de Servicios Mineros le cuentan a RT sus posturas opuestas.

Miles de personas se movilizaron este 22 y 23 de diciembre en la provincia de Mendoza (Argentina), luego de que la Legislatura local haya aprobado la modificación de una normativa que prohibía el uso de químicos en la minería en un territorio que padece una enorme escasez de agua. Así, se produjeron protestas en todo el distrito para pedirle al gobernador, Rodolfo Suarez —del partido Unión Cívica Radical (UCR)—, que vetara la reciente disposición.

En efecto, la ley 7.772, sancionada en 2007, eliminaba la aplicación de ciertas sustancias para proteger al medio ambiente, principalmente el recurso hídrico. Desde su promulgación, no se podía usar cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otros componentes considerados tóxicos. Sin embargo, el 21 de diciembre los diputados locales cambiaron la norma con 36 votos afirmativos, 11 negativos y una sola abstención. El peronismo y el radicalismo —los partidos más tradicionales y populares del país sudamericano— apoyaron el cambio, mientras que la izquierda, sumado a un frente provincial, lo rechazaron.

Ahora, el texto reglamentario solo prohíbe el uso del mercurio, pero acepta la aplicación de químicos que están permitidos en el país, como el cianuro y el ácido sulfúrico. Al mismo tiempo, en el espíritu de la ley se sostiene que el resguardo del agua continúa siendo una prioridad, que seguirán existiendo estudios de impacto ambiental y que se contará con autoridades de aplicación y organismos de control, que pueden incluir auditorías internacionales.

De esta forma, tras años de paralización en el sector, se espera que se desarrollen 19 proyectos nuevos para explotar uranio, cobre, oro, hierro, plomo, plata y zinc. Pero mientras las empresas celebran el visto de bueno de la clase política, muchos ambientalistas y vecinos expresan su repudio, por considerar que se ponen en riesgo los recursos naturales.

Manifestaciones

A las pocas horas de haberse sancionado la modificación, los vecinos comenzaron a movilizarse en distintas ciudades mendocinas. De hecho, una gran caravana partió desde el departamento de San Carlos hacia la capital provincial, un poco más hacia el norte, sumando gente de distintas localidades en el camino. También cortaron la ruta 40, una vía muy popular entre los viajeros argentinos y turistas en general.

En redes sociales calificaron a la manifestación como «la marcha más grande en la historia de Mendoza», y la caminata en la ciudad de Tunuyán fue una de las más compartidas.

Una vez en la capital homónima, los manifestantes se dirigieron en gran número hacia la casa de Gobierno, gritando: «¡El agua de Mendoza, no se negocia!».

También quisieron ingresar a esa sede gubernamental, pero se vieron impedidos por un vallado y el operativo de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, las autoridades permitieron la entrada a seis personas para que presentaran su petitorio, aunque el gobernador ya aclaró públicamente que no va a cancelar la ley.

  • Represión

Con el correr de las horas, las fuerzas de seguridad dispersaron a los descontentos, aunque no se habían registrado incidentes. Así, los uniformados dispararon balas de goma y lanzaron gases lacrimógenos.

El excandidato a presidente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Nicolás del Caño, denunció desde el lugar: «La Policía del gobernador Suarez reprime a los tiros, en una cacería«. Al mismo tiempo, muchos ciudadanos salían corriendo del lugar. Además, la socióloga ambientalista Maristella Svampa afirmó que se produjeron detenciones, y concluyó: «El extractivismo solo cierra con represión».

«El noviazgo de los Gobiernos con las mineras tiene vieja data»

Rubén Esperader, miembro del Foro Socioambiental de Mendoza, explicó a este medio que la movilización «no tiene una conducción clara». Así, mientras los manifestantes realizaban un abrazo simbólico a la sede del Ejecutivo provincial, contó los motivos del rechazo popular.

«El noviazgo de los Gobiernos con las mineras tiene vieja data», ironizó. En ese tono, opinó que «el extractivismo a gran escala solo generó saqueo y contaminación», y remarcó que «no da empleo en la envergadura que ellos plantean».

Tras la ley inicial del 2007, que limitaba el uso de químicos para la megaminería, las firmas del sector presentaron recursos judiciales para oponerse. No obstante, en 2015 la Corte Suprema local ratificó la norma, expresando que tenía un «contenido estratégico para el desarrollo presente y futuro de la provincia». Más allá del fallo, Esperader plantea que «las mineras siempre incidieron en la política». Ahora, con los cambios legislativos, considera que «el Gobierno radical accedió a esas presiones».

Sobre el texto, tildado de «malicioso y engañoso», contó: «Habla de cuencas hídricas, pero en realidad involucra a los ríos. Es decir, si se contamina al Río Atuel, también se perjudica, por ejemplo, a la provincia de La Pampa». Asimismo, rechazó que se le quiten facultades de regulación al Legislativo, porque «ahora depende solamente de funcionarios del Ejecutivo».

Para concluir, señaló que «las grandes mineras van a Sudamérica porque el control es débil y hay mucha corrupción». Y cerró: «No hay antecedente en el mundo de un proyecto de megaminería sin contaminación. Nos quieren hacer creer que un poquito de cianuro o ácido sulfúrico no hace daño a la salud».

Por otro lado, organizaciones internacionales como Greenpeace ya criticaron la modificación de la ley. Y el flamante presidente argentino, Alberto Fernández, fue duramente cuestionado por la izquierda y organizaciones sociales porque prometió impulsar ese rubro extractivo, tal como lo hicieron Macri y el kirchnerismo.

«Se demoniza a la minería con mentiras»

En contrapartida, el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, Carlos Ferrer, niega todas las consignas de los grupos ecologistas. El abogado sostiene que la ley previa tenía «muy mala técnica legislativa, porque se prohibía el uso de sustancias que se utilizan en otras industrias de la provincia todos los días».

Así, pese a las enormes reservas de materias primas, «eso ahuyentó todas las inversiones», y en los últimos 12 años no se hicieron tareas de exploración. Al otro lado de la Cordillera de Los Andes —Mendoza limita con Chile—, el país vecino «exporta 10.000 millones de dólares anuales» en esa misma zona montañosa, mientras que la provincia argentina no tiene desarrollada la actividad.

Al respecto, el abogado sigue comparando: «Chile tiene 3.000 proyectos mineros, y exporta anualmente unos 86.000 millones de dólares. En Argentina tenemos 24 proyectos, y exportamos solo 4.000 millones».

Ferrer no niega que «las eventualidades o siniestros pueden ocurrir», pero acota: «Chile hace décadas que explota el cobre, y compatibiliza con la producción de vinos, que son exquisitos». La provincia de Mendoza también es un bastión en la generación vitícola, y sus botellas son reconocidas en todo el mundo.

Por otro lado, el entrevistado señala que «se demoniza a la minería con mentiras», y opina que hay intereses económicos de otros rubros productivos, como por ejemplo el agro, que a su juicio promueven la contratación de trabajadores «en negro, sin obra social, con un salario bajo», lo que supuestamente contrasta con las plazas laborales en ese sector del extractivismo, donde «ganan más del doble y tienen cobertura médica». «Eso no les conviene a muchas industrias», agrega.

Al respecto, la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros ya promete que los proyectos mineros podrían brindar 17.550 puestos de trabajo en la etapa de construcción, y otros 39.240 en la fase productiva.

Sobre las acusaciones de contaminación, Ferrer contesta: «Hay gente de buena fe que cree en las muletillas antimineras, pero hay activistas financiados por empresas, y ONG con más recursos que nosotros». Así, responde que «las napas subterráneas ya están contaminadas, sin minería».

También subraya que la actividad no necesita usar agua potable, y que se pueden instalar plantas potabilizadoras para que el recurso usado se reutilice en el riego del sector agrícola: «Eso podría costar unos 7 millones de dólares, una cifra insignificante para un proyecto minero».

A su vez, el 50 % de las regalías recibidas por el Estado se usará exlcusivamente en obras de infraestructura hídrica, repasa. Otro de los argumentos esgrimidos para refutar a los ambientalistas es que la actividad petrolera y minera solo consume el 1 % del agua disponible, aunque hay pocos proyectos activos. Según datos del Departamento General de Irrigación, el 11 % es para uso humano y el 81 % se utiliza en el sector agrícola, y los defensores de la minería alegan que en el agro se desperdicia la mitad, porque el sistema de riego es anticuado.

Mientras crecen las acusaciones y la tensión social en Mendoza, la provincia persiste en una emergencia hídrica, y para 2020 se espera la peor temporada para el suministro de agua de los últimos 33 años, lo que podría agravar la crisis.

 

Fuente:https://actualidad.rt.com/actualidad/337699-marcha-mas-grande-mendoza-megamineria-posturas?fbclid=IwAR37IARXwTVSl50dB7oE-6_2YXoFljGOeyBD7UvO77xohYXlEwewFkIaF-8

Latinoamerica

Raúl Zibechi: El modelo extractivista como causa del contexto latinoamericano actual

Autor: Radio Temblor.org

Frente al golpe de Estado en Bolivia y la crisis social, económica y política que gobierna en varios países de Latinoamérica, el periodista uruguayo Raúl Zibechi, entrevistado por Enredando las mañanas, hace foco en el extractivismo como causa fundamental de grandes conflictos actuales.

 

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“Lo que es común a gobiernos conservadores y progresistas es que ambos son neoliberales. Es un modelo económico basado en el despojo de los territorios, en la transformación de la naturaleza en mercancías, para lo cual es necesario desplazar poblaciones, contaminar y llevar a cabo un modelo extractivo de acumulación por despojo (soja, minería a cielo abierto, grandes obras de infraestructura, especulación inmobiliaria urbana). Ese modelo unos lo administran de un modo y otros de otro, pero el modelo es el mismo. Ahora en Argentina por ejemplo, el tema de la soja y el glifosato no entran en discusión con el cambio de gobierno”.

Zibechi afirma que, independientemente de los gobiernos, lo que está estallando en países como Bolivia, Nicaragua, Brasil y Chile es la crisis que genera el modelo extractivista, que genera un fuerte enriquecimiento del 1%, polarización social, una situación de exclusión y empobrecimiento de las mayorías. El resultado: menos posibilidad de gobernabilidad, ya que las condiciones que impone el modelo son insostenibles, muy duras y excluyentes. Como ejemplo pone lo que pasa en Uruguay: “la mitad de los asalariados tiene un ingreso menor a dos salarios mínimos. No alcanza para vivir”

En cuanto al contexto actual boliviano, el periodista remonta sus causas también a hechos referidos al modelo extractivista, partiendo de una crisis del MAS que comienza en el año 2011 cuando se intentó hacer la carretera que pasaba por reservas naturales del país, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) territorio indígena. Esta carretera estaba financiada por Brasil para la importación de commodities. “Eso es el modelo extractivo. Ahí comienza la crisis. Ahí se produce un enorme movimiento popular de base indígena para detener la carretera. Y a partir de ahí, los dos grandes movimientos  que habían estado involucrados en esa marcha son perseguidos por el gobierno del MAS”. Eso lo suma a algunos desaciertos posteriores del gobierno de Evo Morales, como el haber desoído el referendo de 2016 que proponía su reelección, habiendo modificado órganos del contralor para poder presentarse.

En 2013 Raúl Zibechi había hablado del fin del ciclo progresista, teniendo en cuenta que lo que viniera luego no iba a tener gobernabilidad: “Se evaporó la gobernabilidad porque las bases materiales de la gobernabilidad, que fue lo que Maristella Svampa llamó el consenso de las commodities, se terminó porque las guerras comerciales en el mundo después de las crisis de 2008 son muy agudas, particularmente entre China y Estados Unidos, y porque en la región latinoamericana, la fuerza que han adquirido los movimientos populares hacen que no sean aplicables paquetes de ajuste por parte de ningún gobierno”.

De este modo, el periodista y pensador uruguayo explicó para Enredando las Mañanas cómo la profundización del modelo extractivo está en el trasfondo de la crisis del MAS en Bolivia, y de otros conflictos latinoamericanos actuales.

 

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=16538&fbclid=IwAR1FW7DJTvG0Ww6B8C6uh3zUKoV9ZHb8L1cQ2z1XeT6XgPpG2FdaSe-Wkxs