Expertos de Alemania, Australia, China y Estados Unidos concluyeron de forma unánime que la recuperación de restos humanos en la mina Pasta de Conchos, es viable y ya se trabaja en el plan técnico para realizarlo.
La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, expuso hoy que ya iniciaron los trabajos de medición de gas y niveles de agua. Otros aspectos, abundó, quedaron a cargo del Servicio Geológico Mexicano que tendrá integrado un expediente en febrero, con lo que pronto podrán iniciar los trabajos.
Los hechos
El 19 de febrero de 2006, la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México, una subsidiaria de Grupo México que preside el magnate Germán Larrea Mota Velasco, estalló. El saldo fue de 65 trabajadores sepultados. Con dictámenes amañados, los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, mantuvieron la suspensión de trabajos de recuperación a los que se había comprometido la empresa, luego de recuperar los restos de dos mineros que, contrario a lo dicho en los primeros días, no estaban calcinados.
El 1 de mayo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador giró instrucciones para que se revisara si es posible recuperar los restos del filón siniestrado. Antes, el 19 de febrero, había anunciado que no litigaría el asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo hizo su antecesor.
En la conferencia de prensa presidencial de esta mañana, Alcalde Luján expuso que el primer paso fue conformar un grupo de expertos, para lo que se pidió apoyo de personal especializado en minería del carbón y accidentes relacionados con esa actividad en los cuatro países mencionados. También se integró un expediente único de las condiciones del lugar y tras exploraciones en Pasta de Conchos y el análisis de los datos, determinaron que la recuperación es posible.
La funcionaria añadió que ya hay un grupo de técnicos en el lugar y pronto se van a iniciar los trabajos.
El caso, ante la CIDH
El asunto ha sido una demanda constante de la Familia de Pasta de Conchos, organización civil integrada por deudos de los mineros fallecidos y defensores de derechos humanos que agotaron instancias nacionales. Ante los carpetazos presentaron el caso ante la CIDH donde quedó admitido el caso y está en desahogo.
Justo ayer la Familia de Pasta de Conchos planteó alcanzar una solución amistosa ante la CIDH. Esto, siempre y cuando se establezcan las condiciones de seguridad para las familias peticionarias y defensores de derechos humanos.
Y es que, en los meses recientes y tras las acciones emprendidas por la STPS, han denunciado acoso de caciques locales y, principalmente, del sindicato minero que dirige el hoy senador morenista, Napoleón Gómez Urrutia.
La Corte Constitucional explicó que la minería a cielo abierto que lleva a cabo Carbones del Cerrejón sería la causante de daños
La Corte Constitucional encontró cinco afectaciones a la comunidad Wayúu que se habrían producido por la actividad minera a cielo abierto que ha desarrollado empresa Carbones del Cerrejón. Estos resultados contradicen las afirmaciones de la corporación minera, que había asegurado ante el Alto Tribunal que su actividad a cielo abierto cumplía con los altos estándares de calidad.
Según Rcn Radio, polvillo de carbón al interior de los hogares de la comunidad, cenizas de carbón, hollín sobre la flora y la fauna cercana a las empresa, mezcla de químicos y gases son algunas de las consecuencias que encontró la Corte. Asímismo, dichas partículas podrían causar distintas enfermedades a los miembros de la comunidad indígena.
“Las entidades de control ambiental como Corpoguajira y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) corroboraron incumplimientos, por parte de la empresa Carbones del Cerrejón, pero no adoptaron las sanciones correspondientes y no adoptaron medidas suficientes para proteger a la población indígena”, explicó la Corte entre los resultados.
Defensores del territorio y del ambiente en riesgo de ser condenados a más de 20 años de cárcel
Entre noviembre del 2011 y febrero del 2012, pobladores de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, a través de sus organizaciones sociales como el Frente de Defensa de los Intereses de LLusco, el Frente de Defensa de Chumbivilcas, las comunidades campesinas del distrito de Llusco, La Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FARTAC), entre otras, ejercieron su derecho de libertad de expresión, opinión y de reunión, exigiendo diálogo con el Estado por la visible contaminación ambiental en la cuenca del río Yahuarmayo, conocido como Molino, y por las afectaciones negativas causadas por el paso de camiones mineros de gran tonelaje generada por la empresa minera ANABI SAC.
Pese a múltiples pedidos ante las instancias del Estado, los dirigentes y las comunidades no fueron escuchadas, sin embargo a partir de las medidas de movilización y protesta social en el mes de enero de 2012 se instaló una mesa de diálogo integrada por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, Autoridades locales y regionales; y representantes de la empresa minera ANABI SAC. Uno de los compromisos acordados en este espacio de diálogo, fue la realización de un monitoreo ambiental, cuyos resultados debían presentarse públicamente ante la población, dicho acuerdo que no fue cumplido.
Lamentablemente el conflicto social se desbordó en distintos momentos, siendo uno de los hechos más graves el incendio del campamento minero ocurrido el 05 de febrero de 2012, por lo cual la empresa minera ANABI SAC denunció a varios dirigentes de organizaciones sociales por diversos delitos. Sin hacer mayor investigación penal, la fiscalía formalizo la denuncia penal contra nueve varones y una mujer, defensores del territorio y del medio ambiente, de Llusco, Chumbivilcas y Cusco, por delitos de secuestro, robo agravado, disturbios, daños agravados a la propiedad privada, entre otros.
El juicio contra dirigentes sociales está en las últimas etapas, y se estima que en las siguientes semanas de enero del 2020, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial B de Cusco se pronuncie con una sentencia condenatoria.
Lxs defensorxs están en grave peligro de ser encarcelados por 20 años, o más, considerando que esta es la pena mínima por el delito de secuestro, y la fiscalía ha pedido 30 años de cárcel. El elemento común entre los acusados es su condición de dirigentes de organizaciones sociales y/o autoridades, pues no existe evidencia confirmando su participación en los actos. Igualmente, las acusaciones están basadas únicamente en testimonios de ex-trabajadores de la empresa minera ANABI SAC.
La sentencia de 20 años o más de los 10 acusados no solo significaría que ellos pasaran el resto de sus vidas adultas encarcelados por defender su territorio y medio ambiente, también marcaría un precedente para procesos judiciales contra hombres y mujeres que deciden ejercer su derecho constitucional de denunciar contaminación ambiental y demás vulneraciones de sus derechos por empresas extractivas.
Por tanto, desde la sociedad civil solicitamos al “Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial B de Cusco” encargado de este caso, que:
– Desarrolle el juicio de manera imparcial, acorde a la Carta Magna en la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. En este sentido, la sentencia del colegiado tiene que fundamentarse en el derecho a una decisión justa como elemento esencial de un proceso justo y sano.
– La decisión final debe versar en derechos fundamentales tal cual la Carta Magna hace mención “…gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida” y no basándose meramente en lo que la empresa contaminadora minera alega. Hubo protestas porque los territorios de las comunidades están siendo depredados de manera irreversible.
(Puedes leer el contenido completo del petitorio aquí)
Trayectoria en la empresa minera ANABI SAC
La empresa minera ANABI SAC no es reconocida por tener buenas prácticas ambientales y que en diversas ocasiones ha sido sancionada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por contaminación generada por los proyectos mineros que viene ejecutando en distintas partes del país. En el caso de Llusco, Cusco, habría sido sancionada en el año 2011, antes de que los pobladores se levanten y denuncien las afectaciones negativas en su territorio.. Información que se puede encontrar en la página web de OEFA (https://www.oefa.gob.pe/?s=anabi).
Los defensores del territorio que podrían recibir una pena de cárcel tan alta son: Jaime Mantilla Chancuaña, en ese entonces Alcalde de LLusco; Julian Alejo Ataucuri, ex Secretario General del Frente de Defensa de los intereses de Llusco; Victoria Quispesivana Corrales, ex Secretaria General del Frente de Defensa de los intereses de Chumbivilcas; Luciano Ataucuri Chavez , quien era Presidente del Comité de Lucha del Distrito de Llusco; Samuel Acero Hurtado, representante de la FARTAC en ese entonces; Urbano Cjulca Caceres ex Secretario General de los Intereses de Quiñota; Esteban Alvis Cahuana, ex Presidente de la comunidad campesina de San Sebatian Llusco; Wilber Garcia Huaycani, en ese entonces Presidente de la Liga Agraria provincial de Santo Tomás de Chumbivilcas; Grimaldo Asto Puma en ese entonces chofer de la Municipalidad Distrital de LLusco; y finalmente Edgardo Aguirre Pacheco, ex Secretario de actas del Frente Único de Defensa e Intereses de Chumbivilcas.
Con bloqueo de vías y un tramo del Corredor Minero del Sur, ayer empezó una huelga en las comunidades campesinas de los distritos de Condoroma, Ocoruro, Pallpata, Alto Pichigua y Pichigua, de la provincia cusqueña de Espinar. Rechazan la aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA) del proyecto minero Expansión Tintaya Integración-Ccoroccohuayco. Dirigentes y autoridades exigen la “nulidad de la resolución directoral” que aprobó el MEIA.
Algunas de las comunidades que acatan la protesta son Huacroyuta Marquiri, Huarcapata, Chorrillo, Antacama, Pallpata, Canlletera, Cruz Pampa, Pirhuayani, Mamanocca, Jaruma Alccasana, Kanamarka y Molloccahua.
Hay que recordar que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó el MEIA sin considerar a las comunidades de influencia directa e indirecta del proyecto. Además, la aprobación se dio días después de que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) asumiera el compromiso de aplicar la consulta previa para continuar con el proyecto cuprífero.
En abril de 2018, Glencore presentó al Senace el Estudio de Impacto Ambiental Modificado (MEIA) de Antapaccay, que incluye el nuevo proyecto de Ccoroccohuayco. El 17 de diciembre de 2019 ese pedido fue aprobado. La mina se ubicará en territorio de la comunidad Huini Coroccohuayco, pueblo originario según el Ministerio de Cultura.
Al señalar que se realizan los estudios por parte del Sistema Geológico Mexicano para conocer las condiciones del lugar, la activista Cristina Auerbach aseguró que todo avanza de forma positiva para concretar el rescate de los restos de los mineros que fallecieron tras una explosión al interior de Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006.
Lo anterior, ante las recientes declaraciones de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde que, informó, en febrero concluyen los trabajos del Servicio Geológico Mexicano para determinar el método para el rescate.
“Cuando nos van a operar, nos hacen estudios preoperatorios para saber, por ejemplo, si tenemos anemia, azúcar, la capacidad para cicatrizar, etc. No es la operación, pero sin estos estudios no nos operan. Esto estamos haciendo en Pasta de Conchos, estamos haciendo los estudios preoperatorios para hacerle una gran cirugía a esa mina”, dijo la activista.
Precisó que sobre la superficie donde se encuentra la mina, casi están terminados los estudios, pero sobre el resto de la superficie se iniciará en unos días, de acuerdo a los datos proporcionados por los ingenieros Francisco Escandón Valle y José Carlos Rivera Martínez a los trabajadores de la mina,
“Fue una reunión realmente importante porque ellos sí tienen información real y contundente. Fue realmente conmovedor y valioso como les dijo el ingeniero Escandón porque escuchar a los testigos es fundamental. Les estamos muy agradecidos a los trabajadores que están ayudando por su valentía y compromiso con sus compañeros atrapados y con sus familias”, expresó.
Y es que durante la conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Luisa María Alcalde reiteró que existe viabilidad para dicho rescate de acuerdo al análisis y la valoración de expertos internacionales de países como Alemania, China, Australia, y Estados Unidos.
“Se conformó entre ellos un grupo de los mejores de estos países en cuestiones de minas de carbón y accidentes de este tipo, se conformó un expediente único y por unanimidad determinaron que era viable el rescate, en ese momento se comenzaron los trabajos que tienen que ver con el análisis del agua y del gas que realiza el Servicio Geológico Mexicano”, señaló la funcionaria federal.
De acuerdo a los niveles de agua y gas que se detecten en la mina, se determinará el método exacto para extraer los restos de los cuerpos, por lo que se prevé que pronto se inicie con la obra.
Histórico. El presidente Lázaro Cárdenas expidió el decreto de protección en 1936, pero la economía de los pobladores está basada en la explotación de ese mineral y el alcalde quiere cambiar las leyes.
En el norte del estado de Hidalgo se localiza el Parque Nacional Los Mármoles que, como su nombre indica, posee una enorme riqueza de ese mineral en sus montañas, mismas que son el único hábitat del jaguar y oso negro en la entidad, especies que se encuentran bajo amenaza de, al menos, 70 concesiones mineras.
Los Mármoles es uno de los primeros sitios que fue declarado Parque Nacional en el país. El presidente Lázaro Cárdenas firmó el decreto en 1936 y desde entonces está prohibida toda actividad extractiva en esa Área Natural Protegida (ANP), que se extiende a lo largo de 23 mil hectáreas, abarcando parte de cuatro municipios: Zimapán, Jacala, Pacula y Nicolás Flores, en un corredor entre la Sierra Gorda de Querétaro y Guanajuato, esto a 200 kilómetros de Ciudad de México. Sin embargo, el alcalde de Zimapán, Érick Marte, asegura que una buena parte de la población subsiste de la extracción ilegal de mármol, por lo que demanda la recategorización del Parque Nacional para regular tales actividades a fin de beneficiar a la población y, por otra parte, permitir operar a cinco compañías mineras.
“El crecimiento de la minería sería bastante grande, se tienen detectadas 70 concesiones mineras, no significa que las 70 estén en posibilidad de trabajar, pero por lo menos hay cinco minas de oro, cobre y zinc que estarían en condiciones de trabajar una vez que se tuviera la nueva denominación, lo que estamos pidiendo es que tenga una categoría diferente a Parque Nacional. «Eso cuando menos duplicaría la producción en Zimapán, que es reconocida como la capital minera de México y pues nos conviene, porque eso repercute en el fondo minero, que sirve para obra pública y repercute en la economía local”, expresó Marte.
A pesar de que el parque cumplió 83 años, carece de un programa de manejo —esto es el instrumento rector de planeación y regulación que establece qué acciones están permitidas dentro del parque—, mismo que está en desarrollo en coordinación con las autoridades federales, estatales, municipales y las comunidades, en el que reconocen que existe una presión minera muy fuerte sobre el sitio, señaló Gloria Tavera Alonso, directora de la Región Centro y Eje Neovolcánico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
“Con apoyo del gobierno del estado se elaboró el programa de manejo, está en proceso de revisión.
Los Mármoles es un sitio muy pequeño de 23 mil hectáreas como ANP, donde existen las seis especies de felinos que están registrados en México: jaguar, puma, jaguarundi, ocelote, tigrillo, gato montés, y también hay oso negro; es un corredor muy importante para mamíferos grandes y esto se pone sobre la mesa, el valor del territorio y la reflexión de que esto ha permanecido por esta categoría de Parque Nacional, que es la más restrictiva, y aunque hay una presión muy fuerte de la actividad minera, la categoría que prevalece en este momento no lo permite”, expuso.
Tavera señaló que en los alrededores de Zimapán se ha aprovechado la minería desde 1700, por lo que es toda una tradición en la zona, así que la solicitud por parte de ejidos y comunidades de cambiar la categoría para poder hacer el aprovechamiento minero en algunos sitios data de al menos hace 12 años; “esta propuesta sale de las comunidades, pero no de todos, está dividida la opinión dentro de los cinco municipios que forman parte de esta área natural protegida, pero es más concentrado en el municipio de Zimapán el interés que tienen de aprovechar algunas áreas”.
La funcionaria aseguró que a inicios de 2000, se tenía 83 por ciento de concesiones mineras dentro del Parque Nacional, “actualmente de 83 bajamos a 30 por ciento que tienen concesiones mineras, ha ido desapareciendo esta actividad. Actualmente el gobierno federal es muy responsable de este otorgamiento de concesiones y el mismo Presidente de la República ha manifestado que la minería solo cuando hay distribución equitativa a los comuneros, no se afecte al medio ambiente y se tenga un buen equilibrio entre conservación y desarrollo”.
Por su parte, Oldid Vargas, presidente del Consejo Asesor del Parque Nacional Los Mármoles, señaló que en ese territorio existen asentamientos humanos, áreas agropecuarias que en teoría están prohibidas, y que buscan regular con la recategorización del parque, dejando la minería en un segundo plano, pues considera que la mejor alternativa para la región es impulsar el ecoturismo.
Organizaciones medioambientales le restaron importancia al fallo del Corte Suprema en favor de Pascua Lama de la empresa canadiense Barrick, asegurando que sus fichas están puestas en el juicio que lleva adelante el Tribunal Ambiental de Antofagasta.
En fallo dividido, el máximo tribunal del país desestimó el recurso de casación en la forma y fondo que presentó la comunidad indígena Patay, contraria al proyecto minero, que pedía la revisión de la línea de base de la calidad de las aguas de la iniciativa.
Lo anterior, luego que las organizaciones reclamaran que las aguas superficiales del Río Estrecho habían sido modificadas respecto a lo aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental en 2006.
Sin embargo, la Compañía Minera Nevada SpA, Barrick Gold, logró comprobar que esta variación fue por consecuencia de un fenómeno natural, debiendo adaptarse los valores de línea de base y las correspondientes medidas de seguimiento y control del proyecto.
Constanza San Juan, vocera de la Asamblea por el Agua del Guasco Alto, lamentó el fallo del máximo tribunal y señaló recibirlo con “mucha rabia”.
Por su parte, el abogado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Álvaro Toro, aseguró que la sentencia de la Corte Suprema no es vinculante para que el proyecto minero renueve su construcción.
De acuerdo a las organizaciones, el juicio relevante lo lleva adelante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta quien -en agosto de 2019- formó un acuerdo por reclamación en la causa Pascua Lama.
En este caso, el tribunal deberá dirimir sobre las reclamaciones interpuestas por la Compañía Minera Nevada y por Agrícola Dos Hermanos en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente, por la resolución que decretó la clausura definitiva de la iniciativa minera.
La SMA, en enero de 2018, resolvió la clausura definitiva del proyecto Pascua Lama y aplicó una sanción de 12.360 Unidades Tributarias Anuales, equivalente a 7.000 millones de pesos, luego de formular 29 cargos contra la iniciativa de la empresa minera Barrick.
Gloria Chicaiza, amiga, madre y compañera de lucha. Nos conocimos cuando Berta Cáceres nos unió en la trinchera de la lucha de los pueblos. Con poca visión de la lucha del sur, el dialogo de saberes, nos hizo emprender este compromiso en defensa del ambiente ante el extractivismo.
Escucharte, con tu inquietante voz, era una muestra de sed de justicia, así como de la gente y su ambiente. Esa otra forma de lucha, nos dio otra forma dinámica para que mujeres y hombres pudieran comprender que la tierra es nuestra madre, la que nos dio la vida, como la sangre que recorre nuestro cuerpo como caudal de ríos libres.
Te marchaste, pero en nuestro corazones estarás, siempre en cada estrategia que impulse a la liberación contra el capitalismo salvaje. Tu fuerza será tu voz de aliento.
A nombre de nuestra organización como de las comunidades rurales queremos agradecer a nuestra Gloria Chicaiza, por sus lecciones de vida y solidaridad con los pueblos en resistencia en Panamá. A familiares y compañer@s de lucha, a nuestra hermana organización Acción Ecológica de Ecuador y la Red Latinoamérica de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales nuestras condolencias.
La Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares liberó el documento para aportar a la discusión en el proceso de una Nueva Constitución. El documento fue generado de manera colectiva y plantea que los glaciares tienen tanto un valor estratégico como cultural.
Comunidades dedicadas al cuidado del medioambiente presentaron el documento “Bases Comunitarias para la Protección, Preservación y Conservación de Glaciares, sus Ambientes y Elementos de apoyo (Criósfera)”, que contiene una sistematización de las principales discusiones sobre el tratamiento de los glaciares y su entorno. Las propuestas son el resultado de una elaboración colectiva realizada en el Segundo Encuentro por la Defensa de los Glaciares celebrado en abril del año pasado, en Santiago.
La intención de las comunidades es abrir esta información al público general de forma libre para que sirva de insumo en los debates locales y cabildos autoconvocados, en el marco de las discusiones para la elaboración de una Nueva Constitución. De acuerdo al documento, Chile cuenta con el 91% de este tipo de masas de agua en Sudamérica, lo que lo convierte en un actor principal para el futuro de las reservas de agua dulce a nivel mundial. A esto se suma el hecho de que siete de cada diez personas en el país depende de los glaciares para su abastecimiento, lo que se vuelve crítico en contextos de sequía, donde las lluvias no alimentan los caudales hídricos.
El escrito menciona que dentro de las principales amenazas para conservación de los glaciares destacan las institucionales, la regulación legal, la actividades industriales mineras e hidroeléctricas y la crisis climática. En cuanto a las propuestas, se busca establecer una protección total que impida que puedan ser sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sin importar su tamaño, tipo o ubicación geográfica.
Pero la importancia de los glaciares va más allá de ser reservas estratégicas de agua, el documento destaca el valor cultural que tienen y su vinculación con las comunidades que viven a su alrededor. En este sentido aseguran que “la problemática ambiental es central y desde las comunidades y los pueblos originarios se ha levantado una visión alternativa, que sitúa a la naturaleza como sujeto de derecho”.
En este contexto plantean el concepto “Chile País Glaciar” que alude a cuestionar el modelo de económico del país que se ha concentrado en la exportación de materias primas y en la industria extractivista y entender la preservación de estos recursos como un Derecho Humano.
Este lanzamiento coincide con la reactivación de la discusión de la llamada “Ley de Glaciares”, en la Comisión de Energía y Minería del Senado. Proyecto que tenía agendada su votación para mediados de octubre, pero que fue suspendida luego del estallido social. Esta iniciativa ha sido el centro de críticas sobre todo luego de las indicaciones presentadas por el gobierno que permitirían a la Dirección Nacional de Aguas entregar permisos sectoriales para la explotación.
Revisa el documento a continuación en el sgte link:https://www.eldesconcierto.cl/2020/01/08/chile-pais-glaciar-comunidades-presentan-bases-para-la-proteccion-de-glaciares/
Ante la reciente resolución de la Corte Suprema a favor del paralizado proyecto de la empresa canadiense Barrick, que sólo alude a modificaciones introducidas en el sistema de monitoreo de aguas, el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, advierte que la resolución de clausura definitiva del proyecto se dará a conocer próximamente.
En una nueva resolución judicial sobre el proyecto minero Pascua Lama, de propiedad de la multinacional canadiense Barrick, la Corte Suprema falló a favor de la empresa respecto de modificaciones introducidas al sistema de monitoreo de aguas, a propósito de recursos presentados por la Comunidad Indígena Patay, en diciembre de 2018.
Sin embargo, tal como plantea Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), la resolución sólo alude a una parte del proceso que mantiene el proyecto en suspenso, al permitirle a la empresa tener una mayor holgura para contaminar las aguas y elevar los rangos permitidos para la presencia de ciertos metales.
Si bien la sentencia de la Corte Suprema podría fortalecer el permiso ambiental de la empresa, como explica Lucio Cuenca, en rigor, no tiene validez, al considerar la resolución vigente de clausura definitiva emitida por la Superintendencia de Medio Ambiente, la que se encuentra actualmente en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, contexto en el que la empresa estaría desarrollando su estrategia comunicacional.
“Esto que han obtenido es un fallo específico de un permiso que, si se ratifica en el Tribunal la clausura total y definitiva, no le servirá mucho a la empresa”, afirmó el ingeniero, añadiendo que “aquí hay un manejo comunicacional donde la empresa está tratando de incidir sobre la percepción que los Tribunales tienen de lo que está pasando. Es decir, están tratando de demostrar que ellos dan cumplimiento a lo legal”.
Ubicado en la zona alta del Valle del Huasco, en la Región de Atacama, el proyecto binacional de cobre y oro se encuentra paralizado desde mayo de 2013, producto de las infracciones cometidas por la empresa Barrick, las que han generado negativos impactos en la zona de glaciares y ríos.
En ese sentido, y según el director de OLCA, Pascua Lama marca un punto de inflexión en la manera de cómo la ciudadanía percibe el desarrollo de la minería nacional, considerando, además, el proceso de privatización en la extracción de recursos.
Por ello, advirtió que llama la atención que con la envergadura que representa el proyecto no se hayan tomado decisiones más estratégicas y centradas en el interés del país y de territorios como el Valle del Huasco, aludiendo a la combinación de factores políticos y económicos.
“Existe un sector político que, efectivamente, ha hecho suyo el paradigma del extractivismo y el dogma del crecimiento económico a cualquier costo”, reflexionó Lucio Cuenca.
Agregó que “los recursos que mueve la minería privada transnacional en nuestro país son muy grandes. Y ha quedado demostrado que la minería tiene un componente de cooptación y de fomento de la corrupción que, incluso, ha logrado obtener legislaciones favorables que en ningún otro país del mundo se han logrado”.
Cabe recordar que si bien la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de Pascua Lama se aprobó en 2006, posteriormente fueron varios los fallos judiciales que han modificado los permisos para concretar la construcción del proyecto.
En ese contexto, Lucio Cuenca afirmó que “el Tratado Minero como política pública internacional, que generó las condiciones institucionales para concretar proyectos binacionales entre Chile y Argentina, ha sido un fracaso”, destacando el mérito de la comunidad del Valle del Huasco y su mirada estratégica de la valoración del territorio, al instalar la alerta sobre la defensa de los glaciares y la fragilidad hídrica.