Colombia

AngloGold pierde otra batalla en el proyecto minero de Quebradona

Para el funcionario judicial “en este momento procesal no es evidente la contradicción o violación de las disposiciones señaladas en el libelo introductor, que conlleve a acceder a la medida cautelar perseguida”.

Un juez  de Medellín consideró que no podía dar una medida cautelar de suspensión del acto administrativo del Concejo Municipal, con el que se establecieron unas prohibiciones en defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio de Jericó – Antioquia, según solicitó la empresa AngloGold.

El juez recordó decisiones judiciales en las que se ha advertido “la posibilidad constitucional que ostentan los Concejos Municipales para dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio, como lo advirtió la máxima Corporación Contencioso Administrativa”

Por esta razón, el juez argumenta que la decisión de fondo debe ser resuelta en la determinación que ponga fin a este problema. “Lo anterior como quiera que es indispensable definir, si en realidad únicamente son las autoridades nacionales quienes tienen competencias predominantes en asuntos mineros, para con ello establecer que los municipios no pudieran prohibir ni suspender tales actividades mineras; o si por el contrario, ante la prevalencia del interés general, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio de Jericó, bien pudo el Concejo Municipal expedir el Acto Administrativo cuya nulidad se invoca”, argumentó el juez.

En conclusión, para el funcionario judicial, “en este momento procesal no es evidente la contradicción o violación de las disposiciones señaladas en el libelo introductor, que conlleve a acceder a la medida cautelar perseguida”.

¿Qué ha venido ocurriendo?

Jericó, el pueblo que queda a unas dos horas y media de Medellín, está en pleno debate a causa del proyecto minero de AngloGold. Hace  unos días el Diario La República se contactó con Jorge Pérez Hernández, alcalde del municipio, para saber cuál era su posición de cara a proyecto minero y dijo “no somos y no tenemos las características de un pueblo minero. En Jericó tenemos una cantidad de tributos asociados al turismo y al agro que nos están solucionando los temas socioeconómicos. Hay un acuerdo que prohíbe la realización de esta minería”.

Cabe mencionar que gracias al Acuerdo 010 del 20 de noviembre de 2018 la actividad minera en el municipio fue suspendida, aún así, AngloGold trabaja por la socialización del proyecto con las comunidades. La minera asegura que Quebradona está proyectada a ser la primera “empresa exportadora de Antioquia, la empresa número 36 más grande de Colombia y el tercer consumidor de energía en el país con una de las granjas solares más grandes”.

 

Fuente:https://www.larepublica.co/empresas/anglogold-pierde-otra-batalla-en-en-el-proyecto-minero-de-quebradona-2869412

Perú

Gobierno daría luz verde a Tía María pese a resistencias

Larga espera. Southern levantó todas las observaciones para obtener su licencia de construcción. Sin embargo, en el valle de Tambo (Arequipa), aún se oyen voces de rechazo al proyecto.

El Gobierno no tiene otro camino que otorgarle la licencia de construcción a Tía María, el último requisito para iniciar este proyecto minero que prevé la explotación de dos minas de cobre en la árida costa de Arequipa. Esa luz verde no solo inyectará US$ 1.400 millones a la economía peruana, también puede reactivar un viejo conflicto social en el valle de Tambo, provincia de Islay, que en los años 2011 y 2015, provocó cinco muertes y millones de pérdidas económicas.

La coyuntura tiene el condimento del rumor. El miércoles por la mañana, las redacciones arequipeñas eran inundadas con versiones de un cierre del Congreso y la autorización para Tía María. Con las horas, la primera versión se desvaneció y, la segunda, ha cobrado cierta veracidad después de lo dicho por el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, en Arequipa. El viernes pasado, este alto funcionario señaló que el proyecto cumple un trámite legal para recibir una autorización “y ahí aplicaremos la ley”.

Este diario supo que la licencia de construcción está en la Dirección General de Minería. La compañía del grupo México, ante esta dependencia, levantó 14 observaciones, incluso las más enojosas: una superposición de derechos en el área para el campamento. La empresa Vania reclamaba ese territorio. La controversia ya está resuelta. No hay ningún impedimento para negar la autorización.

Si no se efectúa hasta agosto, el proyecto quedaría inhabilitado por la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.

El vicepresidente de Finanzas de Southern, Raúl Jacob Ruisánchez, señaló que en Tía María se ha invertido $ 334 millones en maquinaria y proyectos de relacionamiento social. Se sostiene con la caja de las unidades de Toquepala, Ilo y Cuajone. Obtenido el permiso, el plan inmediato no es iniciar la construcción de la mina. Se continuará profundizando las relaciones con los distritos del valle de Tambo ubicados en el área de influencia del proyecto. «Seguiremos trabajando en lo social con la certeza de que tenemos el permiso»

Los dirigentes Marilú Marroquín, Jesús Cornejo, el consejero regional Elmer Pinto, mantienen una postura de rechazo, pese a los programas sociales que implementó la compañía con Valle Unido. «La mina está reeemplazando la tarea del Estado y eso no debe ser así», dijo Marroquín.

El proyecto minero está a menos de tres kilómetros de los cultivos, los agricultores temen la contaminación. Jacob reitera que la operación será limpia sin relaves ni humos. Para garantizar la transparencia pidió a la población sumarse al monitoreo participativo que hará OEFA.

Después de las protestas de 2015, el gobierno tenía la obligación de mejorar las condiciones de vida de Islay cuya población alcanza los 50 mil. La tarea aún es deficitaria. Agua para la agricultura, saneamiento y salud son sus principales problemas.

Continúa pendiente la construcción de una represa que pondría fin a sequías y disputas con Moquegua por el agua para los sembríos. Paltuture era un proyecto de embalse encaminado pero las autoridades de Puno lo paralizaron con acciones judiciales señalando que la obra se ejecutaría «en su territorio y con sus aguas». Los alcaldes de Islay, en un reciente memorial, elevado al presidente Vizcarra le advierten que no puede haber un proyecto minero sin haber solucionado el problema hídrico.

Licencia social

En el 2017, Southern inauguró Valle Unido para curar las heridas del conflicto y plantear una nueva relación con Tambo. Este programa financió con S/ 3 millones los estudios para hospital nuevo en Alto Inclán y otro en Cocachacra.

Paralelamente, en los centros de salud, repartidos en el valle, la minera paga los sueldos del 35% del personal médico.

El agua potable y alcantarillado también es crítico. Solo disponen de 13 horas al día y en verano es peor. Los desagües se arrojan al aire libre sin tratamiento. Con un convenio firmado con el Ministerio de Vivienda, Southern desembolsó S/ 21 millones para un estudio destinado a mejorar y ampliar el servicio. Debe concluirlo en los próximos días y la obra costará S/ 900 millones. Pese a estos avances, la desconfianza aún es visible. Semanas atrás La República viajó al valle. Persisten las banderas con la consigna Agro sí Mina no. En estos días, pobladores ya realizan movilizaciones. Sin embargo, no hay liderazgos. Las cabezas visibles cumplen reglas de conducta por juicios Pero Marilú Marroquín dice la población se autoconvocará.

Las cifras

US$ 25 millones invirtió Southern en el relacionamiento social con el valle de Tambo.

9.000 puestos de trabajo generará el proyecto durante su construcción. Luego serán 4.800 durante su operación.

Internacional

China amenaza con dejar a Estados Unidos sin tierras raras

Medios chinos advierten que Pekín podría dejar de exportar material para fabricaciones en Estados Unidos como consecuencia de la guerra comercial.

Se intensifica la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Luego que el presidente Donald Trump anunciará nuevos aranceles y decidiera poner a Huawei en su lista negra, China amenaza con dejar de exportar tierras raras al país norteamericano, según indican los medios chinos.

Los medios oficiales del país asiático consideran que Estados Unidos está suprimiendo el desarrollo de China, por lo que esta es una medida que deberá tomarse tarde o temprano.

La semana pasada se publicaron imágenes del presidente Xi Jinping visitando una fábrica de tierras raras en Ganzhou, en el centro de China, lo cual se ha tomado como una advertencia. Sin embargo, la Comisión de Desarrollo Nacional y Reforma, que planifica la economía china, aún no se ha aclarado la posición del gobierno.

«Al librar una guerra comercial contra China, Estados Unidos corre el riesgo de perder el suministro de materiales vitales para mantener su fortaleza tecnológica», señaló a agencia oficial de noticias Xinhua.

Cabe señalar que China produce más del 95% de las tierras raras del mundo, y Estados Unidos depende de China para el 80% de sus importaciones. Además, este miércoles las acciones de las compañías de tierras raras subieron en las bolsas de Shangái y Shenzhen.

Esta no sería la primera vez que China usa las tierras raras como arma política. Fuentes de la industria japonesa explicaron que en 2010 China cortó temporalmente las exportaciones por una disputa territorial, lo que Pekín niega.

Por su parte, los analistas indican que China duda en usar las tierras raras como arma comercial por temor a que sus clientes busquen fuentes alternativas de suministro.

«Si China decide prohibir la exportación de tierras raras a Estados Unidos, producirá efectos complejos, incluso incurriendo en pérdidas en la propia China», asegura el periódico Global Times. Pese a esto, China sabe que Estados Unidos sufriría mayores pérdidas.

 

Fuente:https://rpp.pe/economia/economia/china-amenaza-con-dejar-a-estados-unidos-sin-tierras-raras-noticia-1199758

Perú

20,000 metros de perforación en Cajamarca, anuncia minera hambrienta de oro y cobre

Este año la empresa minera Regulus Resources adicionará 20,000 metros de perforación a su actual programa de exploración en el proyecto AntaKori, ubicado en la provincia cajamarquina Hualgayoc.

Durante una conferencia en ProExplo 2019, David Portocarrero, geólogo de la minera, expresó que la campaña de perforación evidencia que el proyecto es más interesante de lo que se pensaba al comienzo.

«Se encontró más sistemas libres de arsénico, y por tanto mayores concentraciones, lo cual nos conviene mucho”, aseveró.

Asimismo, especificó que la diferenciación y el reconocimiento de los elementos de cada sistema hidrotermal (litología, alteración y mineralización) serán claves para orientar la exploración a zonas mejor mineralizadas.

“El yacimiento es considerado un skarn con sobreexposición epitermal y con evidencia de un nuevo sistema porfirítico”, explicó.

Regulus está perforando el pozo 32, con el cual tienen un total de 23,000 metros avanzados que sirvieron para realizar el cálculo de recursos.

AntaKori posee 212 hectáreas de concesiones, con 49 hectáreas adicionales pendientes de ser agregadas al proyecto.

Adyacente al proyecto, se encuentran las minas Tantahuatay y Cerro Corona.

 

Fuente:https://www.energiminas.com/20000-metros-de-perforacion-en-cajamarca-anuncia-minera-hambrienta-de-oro-y-cobre/

Chile

Ingresa recurso de protección por sondajes ilegales de Nueva Unión

Tras la reciente declaración de admisibilidad por parte de la Corte de Apelaciones de Copiapó a un recurso de protección interpuesto por más de 80 personas y comunidades indígenas diaguitas de mar a cordillera (Provincia) en nombre del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco y Coordinadora por la Vida del Valle del Huasco por la ilegalidad de los sondajes de Nueva Unión, a la opinión pública comunicamos:

1- Nos alarmamos respecto de los sondajes de Nueva Unión tras el llamado de urgencia de los agricultores del cuarto tramo al saberse del inicio de los trabajos de sondajes y calicatas en el río Huasco en el sector de Maitencillo, Freirina. Ante ello, nos convocamos a una serie de reuniones para abarcar la problemática, entendiendo en esas reuniones, por una serie de información que fue compartida, que había más sondajes de nueva Unión en la Provincia y muchos de ellos ya con consecuencias funestas para los territorios y comunidades.

2- Informándonos más del asunto, se nos dijo que estaban trabajando por medio de pertinencias, que no son más que respuestas del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a consultas que pueden realizar los titulares de proyectos previo a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de si es pertinente su ingreso al mismo o no. Esto no quita que la Superintendencia del Medio Ambiente lo obligue de ingresar al sistema.

3- Logrando acceder a las pertinencias, nos hemos encontrado con que LOS SONDAJES SON ILEGALES.

4- La trasnacional ha ingresado desde marzo de 2017 a la fecha un total de 16 consultas de pertinencias separadas y desfasadas en el tiempo por más de 193 sondajes. Muchos de ellos realizados, otros por realizar, pero todos dentro del mismo proyecto: Nueva Unión. Según nuestra legislación para esa cantidad de intervención necesita ingresar al Sistema de Impacto Ambiental: Decreto Supremo N°40/2012 (RSEIA). Tratándose de las regiones de Arica y Parinacota a la Región de Coquimbo, con más de 40 sondajes se hace obligatorio el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
5- Por otro lado, los sondajes se realizan en sectores y territorios que cumplen al menos con uno de los efectos, características y circunstancias mencionados en el Artículo 11 de nuestra legislación ambiental y que obliga a que se presente un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) (riesgo para salud de la población, efectos adversos en recursos naturales entre ellos el agua, alteración de sistema de vidas y costumbres, si está en o próximo a recursos u áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales y glaciares, si provoca alteración significativa de paisaje, si provoca alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico). En su mayoría, los sondajes de Nueva Unión están próximos a cursos de agua, vegas altoandinas, donde hay fauna y flora en estado de conservación, afectando estilos de vida de crianceros e incluso en el mismo río como es el Caso de Maitencillo y en Quebrada Larga en la Comuna de Alto del Carmen. En otras palabras, son tan graves los impactos asociados a este tipo de actividades que no sólo exigen su ingreso al SEIA, sino que además deben hacerlo mediante un EIA, que representa una forma más exigente de evaluación de impactos ambientales.

6- Denunciamos con alarma entonces, que Nueva Unión ha FRACCIONADO SU PROYECTO y DISMINUIDO LOS IMPACTOS DE LOS SONDAJES CON EL CLARO OBJETIVO DE ELUDIR EL SISTEMA DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y hacer leso a los servicios, organismos y autoridad ambiental, logrando así no ser evaluado ambientalmente, y consecutivamente no tener la obligación de realizar participación ciudadana ni menos consulta indígena.

7- Denunciamos también de manera muy sentida, que el Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama, teniendo los antecedentes no fue capaz de poner atención a esta situación de elusión y fraccionamiento, contestándoles a las consulta de pertinencia de Nueva Unión que no deban ingresar al SEIA cuando si lo requería. Es por ello, que el recurso de protección también es en contra de este servicio, con la intención de que esto no vuelva a suceder y que cumpla con su misión que es velar por la “preservación y conservación de los recursos naturales y la calidad de vida de los habitantes del país, por medio de la gestión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, asegurando una calificación ambiental transparente, técnica y eficiente en coordinación con los organismos del Estado, fomentando y facilitando la participación ciudadana en los procesos de evaluación”, que claramente no esta cumpliendo.

8- Lo anterior es gravísimo, ya que vulnera nuestros derechos básicos más fundamentales que son a la vida, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a desarrollar actividades económicas y la igualdad ante la ley por parte de comunidades indígenas e indígenas (consulta), pasándose a llevar la legislación ambiental y también los principios precautorio y preventivo que están en el espíritu de dicha ley. En donde este último se estableció “Con el fin de proteger el medio ambiente y de que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente” o sea la inexistencia de evidencias prácticas sobre daños potenciales no es razón válida para no establecer las normas que se consideren necesarias para prevenir la ocurrencia de resultados perjudiciales.

9- Con todo esto, hoy en día, en estos mismos momentos se están produciendo y avanzan impactos ambientales que pueden generar daños irreparables e irreversibles para la cuenca, a las actividades productivas, ecosistemas, flora y fauna, entre otros, para los cuales no se ha hecho siquiera una evaluación ambiental. Es por ello que acudimos de recurso de protección buscando resguardo y cautela inmediata.

10- Por todo esto es también que hemos denunciando esta situación a la Superintendencia del Medio Ambiente, quien tiene la facultad de fiscalizar esta situación y tomar medidas. De hecho ya ha sancionado a una serie de empresas que han realizado las mismas ilegalidades (Vizcachita Holding en Aconcagua entre otros).

11- Estamos completamente seguros que saldremos victoriosos de estas acciones, y que se demostrará la ilegalidad de los trabajos logrando su paralización. Y que con ello se confirmará que Nueva Unión no hará nada distinto de lo que ya ha realizado en otras partes del mundo. Las tres trasnacionales que la conforman – Newmont, Goldcorp y Teck- tienen los peores prontuarios ambientales y sociales a nivel mundial, reconocidas como vulneradoras de derechos. Seguiremos trabajando para extirpar la megaminería del Valle del Huasco y por supuesto a Nueva Unión que es un megaproyecto de cordillera a mar que sólo traerá destrucción.
MOVIMIENTO SOCIOAMBIENTAL VALLE DEL HUASCO
COORDINADORA POR LA VIDA DEL VALLE DEL HUASCO

Contacto: Constanza San Juan / +56962413008/ coordxlavidadelvalledelhuasco@gmail.com

 

Fuente:http://www.radioprofeta.cl/ingresa-recurso-de-proteccion-por-sondajes-ilegales-de-nueva-union/

Perú

TC revisará convenios firmados entre la PNP y minera Glencore Antapacay

Tras tres años de espera, el Tribunal Constitucional (TC) admitió la demanda de amparo que denunció los convenios entre la Policía Nacional del Perú y la empresa minera Glencore Antapacay, por vulnerar derechos constitucionales.

…el Tribunal Constitucional (TC) admitió la demanda de amparo que denunció los convenios entre la Policía Nacional del Perú y la empresa minera Glencore Antapacay, por vulnerar derechos constitucionales.

En la notificación, el TC manifestó que “las instancias judiciales anteriores han incurrido en un error al rechazar la demanda”, y dispuso su nulidad, manifestando que el caso amerita una pronta respuesta.

El TC admitió a trámite la demanda de amparo –presentada el año 2015- que pide se declare inaplicable el “Convenio de Servicios Extraordinarios Complementarios a la Función Policial” suscrito entre la empresa minera Glencore Antapacay (antes Xtrata Tintaya) y la Policía Nacional del Perú, entre otras exigencias.

El entonces alcalde de la provincia de Espinar Oscar Mollohuanca y el presidente de la Asociación de Productores Pecuarios de Huinipampa, Carlos Umasi, impulsaron esta demanda contra el Ministerio del Interior, el director general de la PNP de la Décima Región Policial del Cusco y la empresa minera Xtrata Tintaya (hoy Glencore Antapacay).

Sin embargo, fue declarada improcedente en primera y segunda instancia: en diciembre del 2015 y junio del 2016. Esta iniciativa y proceso ha sido acompañada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF).

Según los demandantes, el citado convenio vulnera una serie de derechos fundamentales de la población y el principio que establece que los trabajadores públicos están al servicio de la Nación.

Además, la Policía Nacional del Perú (PNP), al resguardar a empresas privadas en exclusividad, desnaturaliza el rol que debe cumplir en un Estado constitucional y se parcializa con estas empresas en desmedro de la ciudadanía y de los pobladores de la provincia de Espinar.

La demanda también pide que se ordene a la PNP la adopción de medidas que garanticen su deber de proteger el orden interno en función del interés general, entre otros.

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Fuente: Publicado el 29 de mayo 2019 por IDL: https://idl.org.pe/tribunal-constitucional-revisara-los-convenios-que-firmo-la-pnp-y-la-empresa-minera-glencore-antapacay/?

 

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/30/05/2019/tc-revisara-convenios-firmados-entre-la-pnp-y-la-minera-glencore

Colombia

Extractivismo a la brava en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Duque

Expandir la actividad extractiva es uno de los más claros propósitos del Plan Nacional de Desarrollo. Para conseguirlo, el gobierno pretende inmiscuirse en las competencias de los entes territoriales y, de esa manera, bloquear los ejercicios de autonomía que buscan prohibir o limitar la actividad extractiva en los municipios.

El aumento de las consultas populares y los acuerdos municipales que prohíben o reglamentan la extracción de los recursos naturales no renovables frente al interés del gobierno nacional por expandir la exploración de yacimientos y agilizar el otorgamiento de títulos mineros, evidencia una tensión entre las competencias de la Nación, los entes territoriales y de estos dos (el Estado) para regular el uso del suelo y del subsuelo.

El Gobierno Nacional, por medio del PND 2018-2022, busca resolver la tensión a su favor inmiscuyéndose en las competencias de los entes territoriales, a través de dos estrategias: en primer lugar, con la inclusión de la variable minero-energética en los Planes de Ordenamiento Territorial
(POT), y en segundo lugar, con la firma de 300 acuerdos municipales que avalen la explotación minero-energética.

Ambas propuestas van en contravía de la Constitución colombiana y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues aún no se ha llevado a cabo el proceso de concertación para reglamentar el uso de los recursos del subsuelo. “Incluir” y no “discutir” la variable minero-energética en los POT es una afrenta a la autonomía de los entes territoriales y una omisión de los llamados de las altas cortes a concertar el modelo extractivo.

El centro de la discusión está en la interpretación del artículo 332 de la Constitución Política que señala que “el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables”. Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones afirmando que el Estado, la nación y los entes territoriales deben ponerse de acuerdo sobre el asunto. El problema se presenta cuando el gobierno nacional tiene intereses en expandir el modelo extractivo y los entes territoriales, haciendo valer su autonomía, deciden oponerse.

En la sentencia C-035 de 2016, referente a la demanda de inconstitucionalidad de las Áreas Estratégicas Mineras, la Corte Constitucional manifestó que la Autoridad Nacional Minera y el Ministerio de Minas deben, concertar con las autoridades locales de los municipios donde están ubicadas, con anterioridad al inicio del proceso de selección objetiva de las áreas de concesión minera, garantizando (sic) que la definición y oferta de dichas áreas sean compatibles con los planes de ordenamiento territorial respectivos (cursivas agregadas).

De igual forma, la sentencia C-077 de 2017, que resuelve la demanda de inconstitucionalidad sobre las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), declaró inexequible el párrafo 4° del artículo 4º, que decía que los municipios debían acoger, mediante sus POT, lo
dispuesto por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). La Corte halló que este artículo violaba la autonomía y las competencias de los entes territoriales para definir zonas y usos del suelo en su jurisdicción, pues modificaba “la competencia constitucional radicada en cabeza de
los entes territoriales atinente al ordenamiento territorial”.

Frente a las consultas populares que buscan restringir la actividad minero-energética, la misma Corte (SU 095 de 2018) ha dicho que, en materia de la explotación de los recursos del subsuelo, la competencia es del Estado y que “para resolver la tensión en las competencias otorgadas a la nación
y las entidades territoriales en materia de suelo y subsuelo, debe darse aplicación al artículo 288 constitucional que define los principios de coordinación y concurrencia (…)”. Así mismo, exhorta “al Congreso de la República para que en el menor tiempo posible defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación territorio”.

Hasta el momento, el Congreso no ha definido el mecanismo de participación ciudadana frente a la explotación de recursos naturales no renovables, ni mecanismos para que el gobierno nacional y los entes territoriales se pongan de acuerdo. Sin embargo, la sentencia del Consejo de Estado (sala cuarta, 4 de octubre de 2018) que declara la validez del Acuerdo Municipal del municipio de Urrao, Antioquia, en el que se prohíbe la minería, afirma que “el mecanismo de coordinación por excelencia es el (…) [POT] o su equivalente porque en su formulación concurren autoridades municipales y nacionales”.

En la misma sentencia, el Consejo de Estado dijo: «Las autoridades locales y nacionales tienen competencias concurrentes en los asuntos mineros, ambientales y energéticos; motivo por el cual deben coordinar el ejercicio de sus funciones. Si no se logra[ra] una concertación entre los distintos niveles decisorios, primaría la competencia de las autoridades municipales porque, en virtud del principio de subsidiariedad, son la autoridad más cercana a los ciudadanos».

Por lo tanto, según el Consejo de Estado, los entes territoriales tienen la facultad de “prohibir la actividad minero-energética en sus territorios en ejercicio de sus competencias de protección del medio ambiente y reglamentación del uso del suelo”.

El contenido de las sentencias mencionadas pone de presente una disputa de gran calado, una cuestión que encierra la tensión entre el centralismo y la autonomía territorial. Así como las disputas locales por la defensa del territorio frente a proyectos extractivos y el interés del gobierno nacional por expandir la explotación minera y petrolera.

Ahora bien, la inclusión de la variable minero-energética en los POT, como lo propone el PND en el Pacto por los Recursos Minero-Energéticos, da por sentado que ya se zanjó una discusión que no se ha dado: la que tendría por finalidad que el Estado (Nación + entidades territoriales, entre ellas los territorios indígenas) definan si la extracción de recursos naturales no renovables debe realizarse o no y, de ser positiva la decisión, dónde y cómo.

En el PND, la palabra inclusión debería transformarse por discusión de la variable minero-energética. De no ser así, se está violando la autonomía de los entes territoriales, pues incluir es muy diferente a concertar. Por ello, la propuesta no da cumplimiento a los principios de coordinación y concurrencia que señala la Corte.

Además, como lo ha dicho el Consejo de Estado en la sentencia referida, los “principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad operan en doble vía”. Por tanto, el gobierno nacional ha debido concertar el modelo minero-energético con anterioridad y no, como sucede ahora, presionar para incluir la variable minero-energética en donde ya se han adjudicado bloques petroleros y se han otorgado títulos mineros.

En definitiva, lo que busca el actual PND es “metérsele al rancho” a los entes territoriales, para así bloquear ejercicios como las consultas populares o acuerdos municipales, mecanismos que empezaban a hacer valer las competencias y la autonomía de los municipios en materia de ordenamiento de su territorio.

 

Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/extractivismo-a-la-brava-en-el-plan-nacional-de-desarrollo-del-gobierno-de-duque/44087

Chile

Detienen a manifestantes que protestaban contra sondajes de Nueva Unión

Carabineros acudió hasta las obras de la empresa para detener a los manifestantes que aludían ilegalidad en los sondajes que se estaban ejecutando.

Un grupo de mujeres fueron detenidas durante el medio día de Hoy Miércoles, en la localidad de Maitencillo, donde carabineros realizó un operativo logrando la detención de 3 Mujeres las cuales pasaron a constatar lesiones al Hospital de Huasco.

Aludiendo ilegalidad en las obras que efectúa una empresa contratista de la Minera Nueva Unión que busca presentar el estudio de impacto ambiental pasando sus tuberías bajo el rio Huasco a la Altura de Maitencillo, lugar hasta donde llego carabineros.

Informacion en desarrollo

Fuente:http://www.radioprofeta.cl/detienen-a-manifestantes-que-protestaban-contra-sondajes-de-nueva-union-video/
Colombia

Comunidad de Jericó sigue oponiéndose a proyecto minero

Los habitantes de este municipio de Antioquia impidieron la instalación de una plataforma de exploración de la multinacional AngloGold Ashanti, empresa que tiene previsto el desarrollo de un proyecto de extracción de cobre en esta región.

Luego de horas de diálogo con las autoridades municipales, la comunidad y la fuerza pública, la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti, decidió retirarse de la vereda Vallecitos del municipio de Jericó, en Antioquia, en donde proyecta adelantar un proceso de exploración minera.

Este lunes, la compañía pretendía instalar una plataforma de exploración en un predio privado y un grupo de personas de la región impidió el procedimiento, por lo que sus representantes decidieron no ingresar, según lo confirmó la propia organización.

Según la Mesa Técnica del Suroeste de Antioquia, la posible perforación de la montaña por parte de la compañía minera es una violación al Acuerdo Municipal 010 de 2018, mediante el cual se prohíbe la minería metálica en este municipio.

Claudia Vásquez, directora de la mencionada mesa, dijo que existe un amplio consenso por parte de comunidades, empresarios, colectivos y autoridades de que Jericó es un territorio autosuficiente, rico y sostenible que cuenta con fuentes importantes de desarrollo que pueden verse seriamente afectadas por la operación minera, lo que los ha llevado a determinar que la extracción no representa un buen modelo de negocio para este municipio.

“Nuestra posición es que la minería en Jericó, analizada en el largo plazo, trae menos beneficios que otras actividades empresariales y sociales que pueden desarrollarse en el territorio, y que hoy son materia de análisis por parte de otras corporaciones”, sostuvo Vásquez.

La restricción, explicó, deberá ser acogida por parte de la compañía minera, hasta que las autoridades departamentales se pronuncien en contra o a favor del proyecto, y éste solo podrá contar con viabilidad en su desarrollo hasta presentar los estudios de impacto ambiental, los cuales deberán ser analizados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y que, según la Mesa Técnica, aún no han sido compartidos por parte de la multinacional sudafricana.

Los habitantes de la región esperan que la ANLA, al momento de realizar su análisis, tenga en cuenta los beneficios presentes y futuros que tiene Jericó en materia de desarrollo económico y social, así como el riesgo que estos corren por cuenta de la operación de una sola compañía en el territorio.

Consideran que Jericó puede generar más crecimiento y desarrollo de la mano de múltiples industrias sostenibles y por ello es tan importante conocer el estudio de impacto ambiental que debe presentar la empresa.

 

Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/comunidad-de-jerico-sigue-oponiendose-a-proyecto-minero/44194

 

Colombia

El fracking y la minería vuelven a las calles

Como protesta al supuesto guiño que le hizo el Plan Nacional de Desarrollo al Ministerio de Minas para que estudien la posibilidad de explorar y producir hidrocarburos a partir de yacimientos no convencionales en el país, más de 100 municipios preparan movilizaciones.
Un llamado al presidente Iván Duque para que cumpla su promesa de campaña y no implemente el fracking en Colombia, será una de las exigencias que harán los ciudadanos que asistan a la marcha-carnaval que se realizará, el próximo 7 de junio, en todo el territorio nacional contra esa técnica de fracturación hidráulica de hidrocarburos y la minería contaminante. 

En la actividad, a la que viene convocando el Movimiento Nacional Ambiental y la Alianza Colombia Libre de Fracking, se espera que participen de manera simultánea, por lo menos, 100 municipios del país y algunas ciudades en el extranjero.
Esta movilización surge como respuesta a la inclusión en la hoja de ruta del fracking en las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Queremos que el gobierno y el Congreso entiendan que el país rechaza rotundamente el fracking y que sus decisiones deben ser consecuentes con las preocupaciones de las comunidades”, manifestó Amarilys Llanos, vocera de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

Renzo García, vocero del Movimiento Nacional Ambiental, aseguró que decidieron sumarse a la marcha-carnaval por el agua, la vida y el territorio convocada por el Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima ese mismo día, para hacerse sentir, ver y escuchar contra la dictadura minero-energética que pretende imponer el gobierno nacional, coartando el derecho de las comunidades de participar de activa y eficazmente en las decisiones que afectan a las comunidades y el medioambiente.
En ciudades como Ibagué, Armenia, Bogotá, Valledupar, Tunja y Barrancabermeja ya se han confirmado para ese día plantones y marchas-carnaval confirmadas.
«Invitamos a personas y organizaciones a contactarnos a través de http://www.colombialibredefracking.wordpress.comy movimientoambientalcol@gmail.com para coordinar las movilizaciones en sus municipios”, señaló  Llanos.
Los organizadores de la actividad reiteraron, además, que por la suspensión del marco normativo del fracking por parte del Consejo de Estado, hoy sería ilegal la realización de cualquier proyecto piloto de fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales, tal y como lo recomendó el Comité de Expertos convocado por el Ministerio de Minas y Energía.
Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/marcharan-contra-el-fracking-y-la-mineria-en-toda-colombia/44171