Perú

Emergencia sanitaria en Espinar:

Un último informe de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) develó que el agua de consumo humano en la provincia de Espinar (Cusco) tiene hasta 23 metales tóxicos, entre ellos: arsénico, aluminio, hierro y manganeso.  Desde hace 16 años mediante monitoreos ambientales se alerta de la contaminación en la zona. Desde hace ocho años el Estado peruano ha identificado que hay centenares de personas contaminadas. Existe un Plan de Intervención en Salud para la provincia de Espinar, sin embargo, no se ha implementado por falta de presupuesto.

Apóyanos para que la problemática de salud y agua en Espinar sea escuchada por las autoridades peruanas y se implementen políticas públicas para contrarrestar esta alarmante situación.

Paradójicamente en esta provincia se encuentra una de las minas de cobre más grandes del mundo, la poderosa mina suiza Glencore,  que controla el 50% del mercado libre de cobre. Desde la provincia de Espinar se exporta diariamente 70 mil toneladas de minerales (cobre como principal producto, oro y plata como subproductos), solo en concentrado de cobre la empresa reporta que extrae 160 mil toneladas anualmente.

Esta tierra andina rica en minerales  lleva 36 años de explotación minera y no ha superado aun los niveles de pobreza ni desnutrición, según el Censo del 2007 (INEI), el 65% de la población de la provincia de Espinar es pobre y la desnutrición crónica afecta al 47% de los niños menores de cinco años. Para el 2009, el 52% de la población no contaba con agua y el 79% no contaba con desagüe.

Estado indolente
El año 2012, es recordado por los espinarenses debido a que estalló un conflicto que dejó como saldo dos muertos y decenas de heridos. Frente a estos hechos los representantes del Estado asumieron compromisos que hasta la fecha no se cumplen, como realizar un estudio que determine las causas de la contaminación  y la implementación de un Plan de Intervención en Salud, entre otros acuerdos que solo ha generado falsas expectativas en las poblaciones.

Cinco años después de los primeros resultados del Censopas y cuatro años después de la Mesa de Diálogo de Espinar, todavía no existen medidas concretas implementadas, ni el presupuesto necesario para afrontar la grave situación existente en la provincia.

El informe “Metales pesados  tóxicos y salud pública: El caso de Espinar”, elaborado por CooperAcción afirma que la situación de Espinar incrementa claramente el riesgo de toxicidad aguda y crónica por exposición continuada a metales pesados como plomo, arsénico, mercurio y cadmio, esta contaminación viene deteriorando la salud de las personas”. Añade que el caso Espinar es un claro ejemplo de los graves impactos en la salud que se producen en varias zonas con presencia minera en nuestro país, la ineficiente respuesta del Estado y la ausencia de políticas públicas orientadas a proteger y a atender de manera eficiente a las  poblaciones de estos lugares.

Ante el fracaso de los varios planes y descoordinaciones del gobierno, los afectados de Espinar exigen que se declare el estado de emergencia sanitaria por exposición crónica a metales pesados en la provincia, como  medida para asegurar que se activen mecanismos efectivos de inversión pública para la atención a la salud y a las fuentes de agua. No obstante, las entidades de gobierno hacen caso omiso a las demandas y continúan con una estrategia mínima de atención genérica y esporádica a la población, así lo confirma la propia Defensoría del Pueblo.

La situación en la zona es preocupante y el Estado se mantiene de brazos cruzados como un Estado indolente sin garantizar derechos humanos tan básicos.  Firma esta petición para que el Estado peruano declare a Espinar en emergencia sanitaria.

Mayor información:

  • Documental transmedia La vida no vale un cobre
    www.lavidanovaleuncobre.com
  • Reportaje El cobre tóxico de Espinar
    bit.ly/2rMXzFx
  • Teaser Melchora
    bit.ly/2rc7mEJ
  • Campaña #SaludyAguaParaEspinar
    bit.ly/2GANTrJ
  • Infografía: #Espinar población altamente vulnerable
    bit.ly/2BvEbRS
  • Infografía: Minería en Espinar desde hace tres décadas
    bit.ly/2EHlgaq

? Súmate a la campaña «Salud y agua para Espinar»

 

Fuente:https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/El_Estado_peruano_Declaracion_de_emergencia_ambiental_en_Espinar/publish/?new&fbclid=IwAR22KMzd4Ocu24kffs7fp3zrl59um4VcDeZHmKiomYt2SdezQ3mYzvgDG7o

Perú

Puno: provincia de Melgar en alerta por contaminación del río Ramis

Desde el 2017 diversos distritos de la provincia de Melgar, en la región Puno, vienen denunciando la contaminación del río Ramis provocada por la minería informal.

Según denuncia la población, las aguas de la zona continúan siendo contaminadas por la minería informal que nace en la cabecera del distrito Ananea, sectores Chaquiminas, Ancocala, Pampa Blanca y Oriental.

En esa línea los habitantes de los distritos de Crucero, Potoni, San Antón, Asillo y Azángaro denuncian que no han tenido respuesta o acción por parte del gobierno central y el Ministerio de energía y minas.

Las autoridades, como los jueces de paz, rondas campesinas, dirigentes de la cuenca Ramis y representantes de la municipalidad constataron el problema. Según la constatación de las autoridades locales, el río Ramis muestra un color café y con bastante lodo. Asimismo los pobladores manifestaron que el ganado que ha estado tomando estas aguas, han padecido de diarrea y que las crías nacen con malformaciones. Incluso denuncian que el agua ha dejado de ser apta para elaborar el chuño blanco.

Por otro lado, el dirigente de la rondas campesinas base Túpac Amaru, Felipe Quispe, ha pedido una urgente remediación de la contaminación y que se cumplan los compromisos asumidos; sin embargo, de no tener solución la dirigencia y su población alzarán su voz de protesta con una huelga indefinida. También señalaron que la minera Minsur también contamina y debe también de remediar. Por eso piden con urgencia la presencia del presidente de la República en los lugares afectados.

Cabe recordar que las primeras protestas se registraron en el año 2007. Entonces los pobladores de las provincias de Azángaro y Carabaya llegaron a la ciudad de Juliaca y protestaron pidiendo atención al Estado.

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/06/13/puno-provincia-de-melgar-en-alerta-por-contaminacion-del-rio-ramis/

Perú

Las Bambas: avances en la mesa de justicia y derechos humanos

Este viernes 14 de junio, se retomó el diálogo en el grupo de trabajo de “Justicia y Derechos Humanos”, en la ciudad de Tambobamba, en la provincia apurimeña de Cotabambas.

Recordemos que esta mesa forma parte del proceso de diálogo entre el gobierno central, autoridades regionales y locales, empresa y dirigentes, luego del último estallido social. Las mesas fueron acordadas como parte del intento de atender las demandas de las comunidades afectadas por diversos impactos del proyecto minero Las Bambas. Las demandas giran en torno al tema de la carretera, la judicialización de los dirigentes comunales por los conflictos anteriores, entre otros aspectos.

Asimismo, hoy se cumplen los 20 días de plazo del pedido a la Corte Suprema de Justicia para que evaluara en un Pleno Jurisdiccional las consecuencias penales de la protesta social. Lo que se busca con esta medida es que los jueces puedan contar con estándares y criterios para evaluar apropiadamente el reclamo de las comunidades en conflictos sociales.

En el mismo plazo, se presentó un pedido ante la Fiscalía de la Nación y las Oficinas de Control Interno del Ministerio Público para que, en el marco de sus competencias, evalúe el desempeño de los fiscales de la provincia de Cotabambas. Como se sabe, los fiscales encargados han suspendido en reiteradas ocasiones la audiencia de juicio oral seguido contra los comuneros procesados por los estallidos del año 2015 y 2016.

En cuanto a las acusaciones contra los dirigentes comunales, hasta el momento se ha informado del archivamiento de tres casos a nivel de la investigación fiscal, principalmente del año 2018. Los demás casos aún están en evaluación. De la misma forma se ha informado que la empresa MMG Las Bambas está mostrando voluntad para encontrar una solución a estos procesos.

Entre otros acuerdos se ha informado que a finales del mes de junio, la empresa minera comenzará a hacer efectivo el apoyo humanitario para las víctimas del conflicto de los años 2015 y 2016. Además hay gestiones para incorporar a los familiares en los programas sociales.

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/06/14/las-bambas-avances-en-la-mesa-de-justicia-y-derechos-humanos/?fbclid=IwAR3udPP9Cdf6a7jsMg9NE8FDo1O7ujkXJxNbGRvbH5CYc1Nkr0qSd59t3Yo

Perú

Cierran Mina por contaminación del río que afecta hasta el Valle de Tambo

Esto para evitar que siga afectando con residuos mineros el agua de los afluentes del río Coralaque , que desciende hasta el Valle del Tambo (Arequipa). De esta quebrada , agricultores de comunidades de la provincia Sánchez Cerro , también son perjudicados.

El Estado a travéz de sus organismos reguladores, toma acciones concretas sobre la Mina Florencia – Tucari de la Empresa Aruntani SAC , ubicada en la frontera de Moquegua y Puno . A travéz del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) , ordenó a la compañía suspender de manera definitiva sus actividades de lixiviación (lavado de oro).

continuar leyendo esta noticia en el sgte link:https://www.elpuertonoticias.com/2019/06/14/cierran-mina-por-contaminacion-del-rio-que-afecta-hasta-el-valle-de-tambo/?fbclid=IwAR2kekxRLrPp9jzqA03EIhQ6c4o0TLMVOIccxC0tr409XEC4vShdz980xUg

Argentina

Instan a frenar la explotación de Litio porque consume el agua de lagunas y salares puneños

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales FARN, a partir de un estudio técnico alertó sobre “una situación de riesgo inminente” para las lagunas y salares puneños por la explotación del litio, pues tiene como consecuencia la menor disponibilidad de agua dulce en esas fuentes, líquido vital para el desarrollo de la vida humana, la flora y fauna de esa región.

En un comunicado difundido ayer FARN “hace un llamado a las autoridades de las provincias de Salta y Jujuy, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente en la valiosa Puna argentina.”

“Es mandatorio que se ponga un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente en la cuenca de referencia no será significativamente afectado”

La organización, a partir de estudios técnicos realizados señala que existe evidencia suficiente para presuponer daños irreparables, con consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares, por lo que considera mandatorio poner un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente no será significativamente afectado.

 

Litio, el nuevo grial

Por ser el más ligero de los minerales, el litio es un excelente almacenador de energía y, por tanto, un gran “aliado” frente al cambio climático ya que, al poder acumular energía derivada de una fuente renovable, las baterías de ion-litio podrían contribuir a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Estas baterías son, además, utilizadas para garantizar distintos tipos de movilidad eléctrica.

El interés por este mineral ha generado la movilización de recursos del sector público, y principalmente del sector privado, para conocer sus cualidades, cómo puede ser integrado a dispositivos electrónicos y baterías, y de qué manera hacer más eficientes las baterías de distinto tipo. Sin embargo, muy pocos son los estudios que han analizado en profundidad los impactos de la extracción de litio en las fuentes de agua de las regiones áridas en que se encuentra este mineral.

Estudios sobre el impacto en recursos hídricos

Es en base a estos antecedentes FARN realizó estudios técnicos, en colaboración con los expertos Marcelo Sticco, Patricio Scravaglieri y Antonella Damiani, y se propuso indagar en profundidad la situación de los recursos hídricos de la zona afectada, teniendo en cuenta todos los proyectos que, en distintas etapas de desarrollo, están vigentes en los salares de la Puna en la actualidad.

El estudio se focalizó en dos cuencas específicas y utilizó como principal fuente la información técnica de las propias empresas mineras que es de pública disponibilidad. Se estudió la situación del agua en:

1) Olaroz-Caucharí, provincia de Jujuy, cuenca en la que existen tres proyectos, uno de ellos en extracción desde 2015 y otro cuya explotación fue recientemente autorizada; y

2) Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy, donde existen tres proyectos en etapa de exploración a pesar de la presencia de comunidades que se oponen terminantemente a la extracción de litio.

Los objetivos específicos fueron conocer la conexión entre el agua salada y las zonas de agua dulce, y aproximarse al balance hídrico de cada una de las cuencas estudiadas; esto es, conocer la cantidad de agua que naturalmente entra al salar y aquella que sale, para así comprender mejor las posibilidades de riesgo hídrico a las que pueden resultar expuestos estos frágiles ecosistemas al verse afectados en cuanto a su disponibilidad de agua.

Las principales conclusiones del estudio realizado por FARN respecto de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, ya que el análisis vinculado a Olaroz-Caucharí se encuentra en proceso de finalización, son los siguientes:

“En los salares de la Puna existen cuerpos de agua dulce y de agua salada que forman parte de un mismo acuífero. En el centro de la cuenca está el agua con alto contenido de sales disueltas (también conocidas como salmueras), entre las que se hallan los compuestos de litio; en tanto que en las zonas periféricas se encuentra el agua dulce o de baja salinidad.

Pero existe conexión entre el agua dulce y el agua salada: las distintas masas de agua se encuentran conectadas en una zona de “mezcla” o “intermedia” en la que ambos tipos entran en contacto.

La explotación de litio se realiza a partir de la extracción de sales contenidas en la salmuera en las zonas centrales de los salares, lo que produce efectos en las zonas de agua dulce, que se moviliza hacia las zonas de extracción de litio y, así, se saliniza de manera irreversible, en tanto ya no puede volver a su estado anterior.

Debido a las escasas precipitaciones en la zona, se concluye que se extraerá mayor cantidad de agua que aquella que ingresará al sistema de forma natural.

Esto porque el uso de agua por parte de las empresas mineras (descarga), de acuerdo con la proyección de construcción de pozos, es superior al nivel de ingreso (recarga).

Además, se calcula que solamente el 5% del agua de lluvia –escasa de por sí- ingresa al subsuelo. Como consecuencia se genera un desequilibrio que afecta el nivel de agua subterránea de forma gradual, lo que finalmente provoca el desplazamiento del agua dulce -ubicada en zonas adyacentes a salares en vegas y lagos a mayor altura- a una mayor velocidad hacia el centro del salar (movimiento centrípeto, desde el borde hacia adentro) por tratarse este último de una zona más baja, desde la que se extrae la salmuera.”

El cuadro de alarma que plantean las conclusiones a las que arriba esta investigación, aun cuando sus resultados son preliminares, alcanza para dar cuenta del panorama de riesgo para los ecosistemas que supone la extracción de litio y, por tanto, la importancia de poner en funcionamiento una serie de mecanismos y herramientas para salvaguardar la valiosa Puna argentinaecorregión que se encuentra entre las prioridades de conservación.

 

Invocan a la aplicación de Ley General del Ambiente

Por todo lo expuesto, FARN realizó un “llamado a las autoridades competentes, tanto en las provincias de Salta y de Jujuy como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo -además de los de solidaridad y cooperación- que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente al sistema hídrico de la Puna argentina.”

En ese sentido, la organización recuerda que “el principio de prevención, previsto en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, establece que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”.”

Invocan también “el principio precautorio, el que sostiene que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.”

Ambos principios de acuerdo a FARN “son de aplicación directa para el caso de Salinas Grandes ya que, por un lado, el de prevención obliga a actuar para prevenir impactos negativos que puedan darse sobre los salares de la Puna y, por otro, aun cuando estudios como el aquí presentado puedan ser complementados con investigaciones adicionales que den mayor certeza respecto de la envergadura de los daños en los recursos hídricos, existe evidencia suficiente para presuponer son irreparables e implican consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares.”

“Por ello es mandatorio que se ponga un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente en la cuenca de referencia no será significativamente afectado”, concluye el comunicado.

Fuente:http://jujuydice.com.ar/noticias/jujuy-3/instan-a-frenar-la-explotacion-de-litio-porque-consume-el-agua-de-lagunas-y-salares-punenios-46069?fbclid=IwAR2l4dqIZGrV_hg6-qNb_KnF5rPBaUbr9pU00AttPQlps-PRZilouiF9z6A
Mexico

¿La gente no quiere la mina? Fácil: se demanda al país por millones. Es la nueva táctica, dice informe

En el caso de México, el estudio destaca que cuatro mineras han amenazado con presentar demandas contra el Estado, en tres casos por medidas regulatorias relativas a conflictos socioambientales a nivel local, mientras que en un caso tiene como origen medidas tributarias. Una de estas empresas ya presentó su demanda.

Las empresas mineras han encontrado una nueva forma de violar la soberanía de los países de América Latinapara imponer sus proyectosdemandar con montos millonarios a los gobiernos ante un sistema de arbitraje supranacional cuando se implementan políticas públicas en respuesta a las exigencias de comunidades afectadas por la minería.

El informe “Casino del Extractivismo: las empresas mineras apuestan con la vida y la soberanía de América Latina usando el arbitraje supranacional”, elaborado por la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), el Instituto de Estudios Políticos (EU), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (EU) y Alerta Minera Canadá (MININGWATCH), demuestra cómo el acudir al arbitraje supranacional es una oportunidad para que las mineras se enriquezcan a través de temerarias apuestas dentro de un sistema donde las probabilidades están en su favor.

“La facultad de éstas últimas de acudir a espacios de arbitraje supranacional representa otra amenaza a la autodeterminación de las comunidades y a las pocas protecciones a las que pueden acudir a través de sus cortes, sistemas regulatorios y gobiernos para exigir que se respete sus derechos humanos y hacer cumplir la ley”, dice Jen More Y Manuel Pérez-Rocha Loyo, autor del informe.

La proliferación del arbitraje entre inversionistas y Estados de parte de empresas mineras contra gobiernos en América Latina coincide con el aumento de conflictos y resistencias comunitarias en contra de la desenfrenada expansión de la minería metálica industrial en la región.

México, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Chile, Guatemala, Uruguay, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Honduras, Granda y Guyana, son los países de Latinoamérica y El Caribe donde las mineras han presentado casos de arbitraje en contra de los gobiernos.

El estudio analiza 38 demandas en las que más de la mitad de las mineras tienen su domicilio en Canadá. Asimismo, la mayoría de estos casos los presentaron empresas de exploración que no cuentan ni con minas en operación ni con ningún otro proyecto minero, y realizan un último intento de extirpar millones e incluso miles de millones de dólares de gobiernos en la región a través del arbitraje supranacional sin importar si respetaron o no los reglamentos ambientales y mineros locales, y en casi todos los casos sin contar con el consentimiento de la comunidad para operar.

Las cláusulas sobre Solución de Controversias entre Inversionista y Estado (SCIE) que se incluyen en Tratados de Libre Comercio (TLC), Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y otros pactos, normas y contratos sobre inversiones les permite a los inversionistas evadir a los tribunales nacionales y presentar sus demandas ante un sistema de arbitraje supranacional. Este sistema les permite a los inversionistas extranjeros presentar demandas por millones, e incluso miles de millones de dólares, contra Estados soberanos ante “tribunales” privados de arbitraje, siendo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial el más comúnmente utilizado, mientras que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) se presenta como otra opción.

Estas demandas se realizan frente a un panel de tres abogados corporativos, altamente remunerados, quienes usualmente se encuentran en secreto sin la presencia de testigos.

LAS DEMANDAS CONTRA MÉXICO

En el caso de México, el estudio destaca que cuatro mineras han amenazado con presentar demandas contra el Estado, en tres casos por medidas regulatorias relativas a conflictos socioambientales a nivel local, mientras que en un caso tiene como origen medidas tributarias. Una de estas empresas ya presentó su demanda.

De acuerdo con el estudio, todos los sospechosos del asesinato tenían vínculos con la empresa, pero aún no se ha hecho justicia.

Años más tarde, una solicitud amparada en la Ley de Libre Acceso a la Información en Canadá reveló que la embajada de Canadá en México había asesorado a Blackfire Exploration sobre cómo iniciar una demanda, a pesar de que funcionarios del gobierno canadiense tenían un detallado conocimiento sobre las protestas con relación a la mina de barita de Blackfire, al igual que la criminalización, las amenazas y la violencia contra miembros de las comunidades que se habían pronunciado sobre los impactos de la mina, refiere el informe.

La empresa no llegó a materializar su amenaza de demanda y se disolvió en 2017.

Otro caso es el de la empresa canadiense Primero Mining (que First Majestic Silver compró posteriormente). En junio 2016, unas semanas antes de la Cumbre de los “Tres Amigos”, entre México, Canadá y los Estados Unidos, México recibió la notificación de intención de someter a arbitraje internacional la reclamación de la minera por el supuesto incumplimiento de normas del TLCAN luego de que la autoridad impositiva mexicana presentara una acción legal para intentar incrementar el pago de impuestos de la empresa con base en sus ventas de plata.

Primero Mining era gravado sobre la base de sus ventas de plata a un precio muy por debajo del valor de mercado, conforme a un acuerdo con las autoridades mexicanas para el período entre 2010 y 2014. El precio por debajo del valor de mercado se remite al contrato entre Primero Mining y Silver Wheaton, a la cual le vende una parte de la plata proveniente de la mina San Dimas en Durango a través de una subsidiaria off-shore, es decir una subsidiaria ubicada en un paraíso fiscal. Luego, Silver Wheaton vende esa plata a un precio más elevado.

La empresa indicó que su amenaza con relación al TLCAN por un monto indefinido desembocó en un proceso de diálogo con las autoridades mexicanas y que por esta razón había suspendido el procedimiento arbitral a marzo de 2018.

Otro caso ocurrió en septiembre de 2018, poco después de que se hiciera público el texto renegociado del TLCAN (actualmente denominado Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá o T-MEC). La empresa estadounidense Legacy Vulcan LLC y su subsidiaria mexicana Calizas Industriales del Carmen (Calica), notificó su intención de someter una demanda en contra de México en el marco del TLCAN y con relación a una controversia ambiental sobre la extracción de piedra caliza en el estado de Quintana Roo.

La empresa está en disputa con el municipio de Solidaridad, cuyo Programa de Ordenamiento Ecológico Local y Programa de Desarrollo Urbano han impedido que la empresa explote dos predios.

El estudio indica que la empresa efectivamente presentó la demanda de arbitraje el 3 de enero de 2019, y el monto que reclama rondaría los 500 millones de dólares. En seguida de esta demanda, a inicios de 2019, la también estadounidense Odyssey Mineral Exploration entabló una notificación de intención de demandar a México por no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato en suelos marinos cerca de costas de Baja California Sur por la enorme cantidad de 3 mil 540 mil millones de dólares.

 

Fuente:https://www.sinembargo.mx/17-06-2019/3598209?fbclid=IwAR3A_3tsOL911EQlfvjcgDNZSPV-FU6zDx1-9Ozw9WZmRqimeaIfN4uZK7o

 

Honduras

Asesinan a ambientalista en el Valle de Siria, Francisco Morazán

Tegucigalpa.-El ambientalista, Santos Isidro Cruz, fue asesinado el jueves en la comunidad de El Guante, municipio de Cedros, al norte de Francisco Morazán, en el sector del Valle de Siria.

De acuerdo a una publicación del sitio Defensores en Línea del Comité de Familiares de Honduras (Cofadeh) el cadáver de la víctima, que recibió tres impactos de bala, tenía señales de tortura.

El ambientalista fue encontrado con vida, por lo que fue trasladado al Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa, donde murió.

Relato de Defensores en Línea:

Su esposa e hijas desconocen porque “Chilo” fue impactado con tres balas en el pecho y el abdomen, y señales de forcejeo en sus brazos, por lo que presentaron la denuncia a la policía del municipio de Cedros, a 95 kilómetros al norte de Tegucigalpa, capital de Honduras, donde residía el defensor de los bienes comunes de la naturaleza.

Cruz, de unos 40 años de edad, era Vocal del Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS), entidad que tiene casi 20 años en oposición permanente de la explotación minera, en una región conocida internacionalmente por los efectos en la salud que deja el extractivismo a cielo abierto.

El miércoles, Chilo salió de su casa en motocicleta, con destino al instituto de educación media “Alma Latina” en la comunidad de “El Guante”, donde trabajaba de vigilante le pidió a su esposa que lo acompañara porque iba a recibir su decimos cuarto mes de salario, pero ella no pudo.

Y al no volver a su hogar, empezó la preocupación y búsqueda. La policía lo encontró a la orilla de la calle, con las heridas de bala y a bordo de una patrulla lo trasladaron a Tegucigalpa, para ser atendido en el Hospital.

La familia no constató si Chilo tenía el dinero -que se supone habría cobrado- cuando la policía lo encontró. En virtud de lo anterior, su hija presentó denuncia en la posta de Cedros para que se investigue este crimen.

El CAVS pide que se investigue el hecho que hoy los tiene de luto, ante el clima de criminalización de la defensa de los bienes comunes y temor que se impone con la persecución de los líderes ambientales.

El Comité ha recibido amenazas por denunciar el proyecto de muerte “San Ignacio” I, II Y III, y defender de río Playa, el que ya sufrió daños con la empresa minera “Entremares”, y que con las nuevas mineras desconocen el impacto real en la región donde se extrae oro a cielo abierto, y la broza que exportan las concesionarias, detalló su dirigencia.

Informes dados a conocer el 2 de noviembre de 2011 por parte el Movimiento Amigos de la Tierra Internacional destacan que estudios forenses realizados en el 2007 en muestras de sangre y orina a 62 personas de tres municipios del valle de Siria, todas salieron contaminadas con metales pesados, porque hay concentración  de cianuro, plomo, mercurio y arsénico en la sangre-.

Para evitar más daños a la salud humana, fauna y flora, el ambientalista José Isidro Cruz, lideraba la oposición al proyecto en el área del Chancuaco, Cedros, informó el CAVS, a Defensores en Línea, a pocas horas de dar sepultura al ambientalista.

Con más de 10 años de activismo ambiental, Cruz denunciaba el riesgo que enfrentaba al ser defensor de los bienes comunes, porque se enfrentan a grandes transnacionales coludidos con poderes facticos nacionales.

Honduras el país peligroso para los ambientalistas

Defensores del CAVS

Otros defensores y líderes sociales del Valle de Siria, que está entre los municipios de Cedros, Vallecillos y San Ignacio, han denunciado constante vigilancia, persecución, campañas de desprestigio y amenazas contra sus vidas. Estos defensores son: los profesores Carlos Amador, Roger Escober y Olguer Escober.

Recientemente Olga Velásquez, expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su visita de país, que era objeto de intimidación y vigilancia por parte de hombres extraños en horas de la noche.

El CAVS sumará a sus demandas que el crimen contra Cruz, no quede en la impunidad. Y es que les toca luchar, según la organización Global Witness, en el país más peligroso para defender del planeta.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre las personas defensoras de los derechos humanos urge a los Estados a apoyar y proteger estas personas, pero en Honduras la justicia opera a la inversa, donde hay presos políticos por oponerse al régimen de Juan Hernández, defensores  con medidas sustitutivas a la prisión por defender el río, las playas, el territorio y el bosque, y asesinatos contra líderes indígenas y campesinas como Margarita Murillo, Berta Cáceres, José Ángel Flores, Salomón y Juan Samael Matute, por mencionar algunos casos.

Por su parte el Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), declaró que “el asesinato de Chilo, muestra que vivimos en un país hundido en la criminalización, persecución, miedo, terror y el asesinato. Sigue siendo Honduras uno de los países más peligrosos para los y las defensoras”.

El MAS, expresó su solidaridad y muestras de apoyo a su organización hermana en la defensa del ambiente. Por lo que demanda la pronta investigación y que se dé con los responsables intelectuales y materiales de este crimen.

Denunció a este régimen como responsable directo del asesinato de ambientalistas y defensores en Honduras. Y exigió que se haga justicia, cese a la represión y a este sistema que cada día contribuye a sembrar miedo y terror bajo la lógica de la militarización y control territorial. Y no probó de responsabilidad a los países que siguen reconociendo esta ilegal reelección que contribuye a dar seguimiento al golpe de estado político-militar del 2009.

 

Fuente:https://criterio.hn/2019/06/15/asesinan-a-ambientalista-en-el-valle-de-siria-francisco-morazan/?fbclid=IwAR2nipivZYSDLFnO3O8kLM-V-LSIEA5XPOUq7WdcBS2YBBCaGyQmj9UCNu4

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DOCUMENTAL // SAN LORENZO (NAR.) DICE NO A LA MEGA MINERÍA

San Lorenzo Nariño quiere conservar sus recursos naturales intactos y luchara hasta las últimas consecuencias para que empresas extranjeras no entren en su territorio, el 25 de noviembre de 2018 San Lorenzo dijo No a la mega minería en una consulta popular, este corto documental recoge lo que fue este proceso histórico con el que Nariño una vez mas demuestra no estar alineado con las políticas neoliberales del gobierno actual.

Dirección: David Sañudo Pazos
Producción: Surfilms Incubadora Audiovisual S.A.S.

Video Apoyado por el Instituto Pensar, Centro de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá.

Música:
Nicola Cruz Remix
Margarita Lasso
Bambarabanda

San Lorenzo (Nar.)
2018

Argentina

Estudios técnicos revelan riesgo hídrico en zonas de explotación de LITIO

FARN hace un llamado a las autoridades de las provincias de Salta y Jujuy, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente en la valiosa Puna argentina.
La organización remarca que existe evidencia suficiente para presuponer daños irreparables, con consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares, por lo que considera mandatorio poner un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente no será significativamente afectado. Ignorar este cuadro alarmante, así como la aplicación de las normas ambientales vigentes, no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.

Por ser el más ligero de los minerales, el litio es un excelente almacenador de energía y, por tanto, un gran “aliado” frente al cambio climático ya que, al poder acumular energía derivada de una fuente renovable, las baterías de ion-litio podrían contribuir a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Estas baterías son, además, utilizadas para garantizar distintos tipos de movilidad eléctrica.

Este mineral “maravilla” se encuentra esencialmente en Argentina, Bolivia y Chile, países que conforman el llamado “triángulo del Cono Sur del Litio”, con aproximadamente el 70% de las reservas de salmueras de este mineral a nivel mundial. Más precisamente, está en los salares de altura de la región de la Puna, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, en ecosistemas considerados frágiles y con escasez hídrica donde, no obstante, desde tiempos ancestrales y en armonía con la naturaleza, habita una importante cantidad de comunidades indígenas.

El interés por este mineral ha generado la movilización de recursos del sector público, y principalmente del sector privado, para conocer sus cualidades, cómo puede ser integrado a dispositivos electrónicos y baterías, y de qué manera hacer más eficientes las baterías de distinto tipo. Sin embargo, muy pocos son los estudios que han analizado en profundidad los impactos de la extracción de litio en las fuentes de agua de las regiones áridas en que se encuentra este mineral.

Para paliar esta falencia, en 2010 la Defensoría del Pueblo de la Nación convocó a un grupo de especialistas para que hiciera un análisis de la situación del agua en estos frágiles ecosistemas, en un contexto en que la exploración y extracción de litio se encontraban aún en etapas iniciales. En ese marco, un estudio fechado en 2012 ya advertía acerca de un potencial riesgo hídrico para las cuencas estudiadas en la Puna argentina.

Es en base a estos antecedentes que FARN, en colaboración con la expertise de Marcelo Sticco, Patricio Scravaglieri y Antonella Damiani, se propuso indagar en profundidad la situación de los recursos hídricos de la zona afectada, teniendo en cuenta todos los proyectos que, en distintas etapas de desarrollo, están vigentes en los salares de la Puna en la actualidad.

El estudio se focalizó en dos cuencas específicas y utilizó como principal fuente la información técnica de las propias empresas mineras que es de pública disponibilidad. Se estudió la situación del agua en:

1) Olaroz-Caucharí, provincia de Jujuy, cuenca en la que existen tres proyectos, uno de ellos en extracción desde 2015 y otro cuya explotación fue recientemente autorizada; y

2) Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy, donde existen tres proyectos en etapa de exploración a pesar de la presencia de comunidades que se oponen terminantemente a la extracción de litio.

Los objetivos específicos fueron conocer la conexión entre el agua salada y las zonas de agua dulce, y aproximarse al balance hídrico de cada una de las cuencas estudiadas; esto es, conocer la cantidad de agua que naturalmente entra al salar y aquella que sale, para así comprender mejor las posibilidades de riesgo hídrico a las que pueden resultar expuestos estos frágiles ecosistemas al verse afectados en cuanto a su disponibilidad de agua.

Compartimos aquí las principales conclusiones respecto de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, ya que el análisis vinculado a Olaroz-Caucharí se encuentra en proceso de finalización.

Entre los principales hallazgos se resaltan los siguientes:

  1. En los salares de la Puna existen cuerpos de agua dulce y de agua salada que forman parte de un mismo acuífero. En el centro de la cuenca está el agua con alto contenido de sales disueltas (también conocidas como salmueras), entre las que se hallan los compuestos de litio; en tanto que en las zonas periféricas se encuentra el agua dulce o de baja salinidad. Pero existe conexión entre el agua dulce y el agua salada: las distintas masas de agua se encuentran conectadas en una zona de “mezcla” o “intermedia” en la que ambos tipos entran en contacto. La explotación de litio se realiza a partir de la extracción de sales contenidas en la salmuera en las zonas centrales de los salares, lo que produce efectos en las zonas de agua dulce, que se moviliza hacia las zonas de extracción de litio y, así, se saliniza de manera irreversible, en tanto ya no puede volver a su estado anterior.
  2. Debido a las escasas precipitaciones en la zona, se concluye que se extraerá mayor cantidad de agua que aquella que ingresará al sistema de forma natural. Esto porque el uso de agua por parte de las empresas mineras (descarga), de acuerdo con la proyección de construcción de pozos, es superior al nivel de ingreso (recarga). Además, se calcula que solamente el 5% del agua de lluvia –escasa de por sí- ingresa al subsuelo. Como consecuencia se genera un desequilibrio que afecta el nivel de agua subterránea de forma gradual, lo que finalmente provoca el desplazamiento del agua dulce -ubicada en zonas adyacentes a salares en vegas y lagos a mayor altura- a una mayor velocidad hacia el centro del salar (movimiento centrípeto, desde el borde hacia adentro) por tratarse este último de una zona más baja, desde la que se extrae la salmuera.

Si bien el contenido de la investigación y las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de los autores y la autora y no reflejan necesariamente la opinión de nuestra organización, FARN considera de vital importancia contar con estudios del estilo que pongan en la agenda, para su oportuna  discusión, los aspectos generalmente ignorados de la cuestión del litio; esto es, los impactos ambientales vinculados a su extracción.

El cuadro de alarma que plantean las conclusiones a las que arriba esta investigación, aun cuando sus resultados son preliminares, alcanza para dar cuenta del panorama de riesgo para los ecosistemas que supone la extracción de litio y, por tanto, la importancia de poner en funcionamiento una serie de mecanismos y herramientas para salvaguardar la valiosa Puna argentinaecorregión que se encuentra entre las prioridades de conservación. También es de tenerse en cuenta que Salinas Grandes fue elegida como una de las siete maravillas naturales de la Argentina. Asimismo, destacamos que el estudio no tiene en cuenta los usos de agua por parte de las comunidades, circunstancia que ha de ser integrada en tanto podría agravar el impacto de la extracción de salmueras previsto por esta investigación.

Por todo lo expuesto, FARN hace un llamado a las autoridades competentes, tanto en las provincias de Salta y de Jujuy como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo -además de los de solidaridad y cooperación- que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente al sistema hídrico de la Puna argentina.

En ese sentido, se recuerda que el principio de prevención, previsto en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, establece que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”. Además el principio precautorio sostiene que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.

Ambos principios son de aplicación directa para el caso de Salinas Grandes ya que, por un lado, el de prevención obliga a actuar para prevenir impactos negativos que puedan darse sobre los salares de la Puna y, por otro, aun cuando estudios como el aquí presentado puedan ser complementados con investigaciones adicionales que den mayor certeza respecto de la envergadura de los daños en los recursos hídricos, existe evidencia suficiente para presuponer son irreparables e implican consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares.

Por ello es mandatorio que se ponga un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente en la cuenca de referencia no será significativamente afectado.

Existe hoy normativa ambiental suficiente, vigente tanto a nivel provincial como nacional, para abordar la problemática aquí planteada, con herramientas que evalúen acumulativamente los impactos ambientales previstos a nivel cuenca, por lo que ignorar este cuadro alarmante y la aplicación de las normas no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.

Por otra parte, esta situación moviliza a las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en defensa de sus derechos. Preocupadas por el agua y su vida, ven las amenazas concretas que genera la explotación de litio en sus posibilidades futuras, ya que dependen del agua -escasa de por sí- para el desarrollo de distintas actividades económicas y la reproducción de su vida cultural. Por eso, realizaron acciones para llamar la atención de las autoridades, que en ningún caso dieron una respuesta acorde a la gravedad de lo denunciado.
Con esta publicación esperamos, por un lado, traer elementos fundamentales para un debate basado en evidencia científica que dé cuenta de que no se puede seguir avanzando a ciegas en la explotación de un mineral, sin evaluar suficientemente sus impactos ambientales. Por otro, contribuir al debate de sustentabilidad desde una perspectiva amplia, problematizando la forma en que mayoritariamente se piensan las cuestiones relativas al litio, con la mera enunciación de su potencial para la contribución a la transición energética global como “excusa suficiente” para pasar por alto debates fundamentales que involucran tanto aspectos ambientales como sociales y culturales.

 

Descargar documentos:

Fuente:https://farn.org.ar/archives/26798?utm_source=Facebook&utm_medium=Post&utm_campaign=LitioJujuy&utm_content=BirdBox&fbclid=IwAR27oBhEZ970FEL5mAZep2WGozAQX4y8xEr2rFcNckZ21Cz1e0svh82t1SU

Chile

Angloamerican podría dejar sin agua a El Melón

Con la finalidad de interceptar las infiltraciones del Tranque de Relaves El Torito, la transnacional Anglo American Chile, división El Soldado ha presentado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la consulta de Pertinencia de Ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental el Proyecto denominado “Habilitación Transitoria de Pozos de Captación de Infiltraciones Tranque de Relaves El Torito”, este proyecto se ubica en la provincia de Quillota, Región de Valparaíso.

Dicha petición se enmarca en la necesidad de revertir la contaminación del agua  producto de la operación minera. Esta obra consiste en la habilitación transitoria de una cortina de nueve pozos profundos de extracción de agua subterránea, aunque se perforarán seis pozos adicionales para reemplazo en caso de que uno quede inutilizable, sumando con ello un total de 15 pozos profundos a construir, además la minera proyecta en el corto plazo la construcción permanente de una zanja de intercepción. El trabajo se justifica por parte de la empresa, debido a que  lo proyectado originalmente para la disminución de la contaminación del vital elemento no está dando resultados positivos.

La cantidad de pozos profundos le permitirá a la minera extraer más de un millón y medio de litros de agua por día, situación que tiene en alerta a los vecinos de la localidad de El Melón. El escenario de escasez hídrica se viene arrastrando de hace bastante tiempo en la zona, por lo cual de autorizarse dichas obras dejarán prácticamente sin agua al distrito poniendo en peligro la disponibilidad del vital elemento para  el consumo humano, además podría aumentar la pobreza en la localidad al no poder contar con ella para las labores propias de la agricultura y ganadería en las cuales trabajan centenares de personas de la comuna de Nogales.

Cabe tener en cuenta que según cifras oficiales de las Naciones Unidas sobre consumo humano, la cantidad de agua que podría extraer la minera diariamente de la cuenca del Estero El Cobre superaría en cantidad al agua necesaria para la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes de  la comuna de Nogales.

Existe incertidumbre al respecto de la necesidad de extraer agua en dicho sector, ya que debido a los años de sequía que han azotado la zona las napas subterráneas han ido disminuyendo drásticamente su capacidad de entrega del líquido, esto también afectaría el negocio del cobre considerando que  desde el año 2005 a la fecha la división El Soldado prácticamente ha duplicado el consumo de agua fresca para la extracción de cobre, consumiendo en el  año 2005 un volumen de 3.362.959 M3  equivalente a 50 Mpor tonelada de cobre fino obtenido y en el año 2012 consumieron 6.013.000 metros cúbicos  equivalentes a  111 Mpor tonelada de cobre fino obtenido. Es importante destacar que en el año 2013 bajó su producción de cobre y por lo tanto su consumo de agua fresca proveniente de agua subterránea y también de agua superficial, la cantidad consumida en este período fue de 4.498.000 M3 .

Teniendo como base estos antecedentes se podría deducir que la minera dispondría de forma más económica  de 567.648 M de agua fresca por año para su operación, esto tomando en cuenta la disminución de los costos de bombeo desde los pozos ubicados en El Melón y El Litre hacia la operación. La transnacional en caso de ser aprobada la solicitud deberá requerir el traslado de derechos de agua desde los pozos ubicados en El Melón y Los Litres a la nueva ubicación que resulta más conveniente por la disponibilidad de agua y por la cercanía a la faena minera.

La comunidad local también manifiesta temor debido a los trabajos de reparación que se han realizado en  el Tranque de Relaves El Torito, lo que implicó cambiar el talud del muro de contención y con ello disminuir la seguridad del mismo al tener que retirar el relave desde la pata del muro para depositarlo en el coronamiento del tranque, no respetando con ello el diseño original  aprobado por las autoridades en el año 2004.

En relación al tema de contaminación de las napas subterráneas, Anglo American división El Soldado se encuentra sometida a un proceso sancionatorio instruido por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) caratulado como F-019-2013, pues la transnacional no ha dado cumplimiento a la Resolución de Calificación Ambiental RCA Nº 163/2004 que autorizó la Ampliación del Tranque de Relaves El Torito, además cabe señalar que cuenta con otras infracciones como no cumplir con el manejo de reforestaciones, manejo de fauna, manejo de botaderos de estériles, manejos de aguas lluvias, etc. Igualmente la compañía minera se encuentra demandada por el Consejo de Defensa del Estado por la destrucción de más de 30 hectáreas de Bosque Nativo que incluyó  Bellotos del Norte, Monumento Natural protegido por ley.

Grupo Ambientalista El Melón

 

Fuente:http://www.agenciadenoticias.org/angloamerican-podria-dejar-sin-agua-a-el-melon/?fbclid=IwAR1nPsV54V47yLHRJLJJXmHG5BWRYpTuOAk-64aNyylRCtPWobLPvU1BqvQ