Internacional

El precio del oro que llega a nuestros móviles

Reporteros represaliados, daño ambiental y mujeres violadas rodean la extracción del mineral en la mina North Mara, en Tanzania

Mujeres violadas por guardias de la mina, reporteros amenazados y perseguidos y contaminación medioambiental es la herencia de una mina de oro que abastece nuestra tecnología desde el norte de Tanzania. Los reporteros que intentan investigar la violencia, el daño ambiental y otras irregularidades están atrapados entre el silencio de un gigante minero y las mentiras de un Gobierno represivo. Al menos una docena de reporteros, locales y extranjeros, que escribieron sobre la mina han sido censurados o amenazados. Forbidden Stories, un consorcio internacional de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicación, ha investigado esta vergonzosa historia del oro de la mina de North Mara. Un mineral que termina en los codiciados teléfonos inteligentes y computadoras de alta tecnología. Este artículo forma parte de la serie Green Blood, un proyecto que indaga las historias de periodistas que han sido amenazados, encarcelados o asesinados mientras investigaban temas ambientales.

“Los productos realmente innovadores son los que dejan su huella en el mundo, no en el planeta”, afirma Apple con orgullo en su página web. «Estamos construyendo un mundo mejor para las generaciones futuras», dice el consejero delegado de Canon. Mientras que la tecnología de Nokia «mejora la vida». «En este momento, el abastecimiento responsable forma claramente parte del coste de hacer negocios, es parte de la necesidad comercial de una empresa para acceder a los mercados y al financiamiento, entre otros», dijo Tyler Gillard, experto en auditorías de compras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

En otras palabras, vale la pena anunciar productos ecológicos, libres de sangre, sostenibles y producidos de forma ética y humana. Por esta razón, las grandes empresas de tecnología obtienen el oro que necesitan para ciertos componentes electrónicos de proveedores certificados. En el caso de Apple, Canon, Nokia y más de 500 empresas registradas en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, es la Refinería MMTC-PAMP en India. Sin embargo, las certificaciones que garantizan minerales libres de conflictos se diseñaron teniendo en cuenta a los pequeños mineros, no a las multinacionales. Y en Tanzania, una mina de oro propiedad del gigante canadiense de la extracción de oro Barrick tiene un historial documentado de abusos a los derechos humanos y daños ambientales. La mina de oro North Mara actualmente envía sus lingotes a la refinería MMTC-PAMP, que los coloca luego entre los proveedores de muchos clientes de la industria tecnológica.

Tanto Canon como Nokia aseguran que la refinería india ha sido auditada previamente y que se determinó que era conforme. «Si se confirman las acusaciones, esta fundición será de bandera roja y pediremos a nuestra cadena de suministro que desvíe el negocio», dijo un portavoz de Nokia. Apple compartió una declaración similar.

En el otro extremo de la cadena, sin embargo, los reporteros locales y extranjeros que han tratado de cubrir lo que está sucediendo en el terreno se han enfrentado a la intimidación y a la censura del estado. Forbidden Stories, un consorcio de 30 medios de comunicación, descubrió irregularidades en la mina de oro North Mara, a pesar de las declaraciones de la compañía.

Durante aproximadamente dos décadas, la historia de la mina, cerca de la región de los Grandes Lagos, ha estado plagada de violencia. Como resultado, la explotación está rodeada por un muro de dos metros de altura y custodiada como una fortaleza. Física y metafóricamente. Forbidden Stories habló con varios reporteros que habían sido amenazados por informar sobre ella. Algunos fueron intimidados, otros censurados por las autoridades. Un reportero tuvo que huir del país durante un par de años. «Han generado miedo», dice Jabir Idrissa, un periodista de 55 años de Zanzíbar que no ha olvidado lo que le sucedió hace dos años. Trabajaba como editor de dos periódicos, el semanario de lengua suahilí MwanaHalisi y Mawio, ambos integrantes de un grupo de prensa reconocido por sus reportajes de investigación.

 

En junio de 2017, Mawio publicó un artículo que relacionaba a dos expresidentes con supuestas irregularidades en los acuerdos mineros firmados en la década de 1990. «Teníamos largas discusiones en la sala de redacción cuando decidíamos sobre las historias», dice Idrissa recordando la reunión editorial que precedió a la publicación. «En verdad, hay temas sobre los que no informamos debido al entorno general», señaló. “Pero este era un deber”, añade, «porque el trabajo del periodista es decir la verdad».

Esto es particularmente difícil en Tanzania, donde la libertad de prensa ha sido amenazada durante los últimos cinco años y, más concretamente, desde la elección de John Magufuli como presidente en 2015. Una reciente ley prevé más de tres años de prisión, una multa de más de cinco millones de chelines (1.870 euros) o ambos por publicar a sabiendas información o datos considerados «falsos, engañosos o inexactos».

Además, «los periodistas son atacados sin razón», según Ryan Powell, un especialista en desarrollo de medios que trabaja en África Oriental y Occidental. «La policía acosa a los periodistas y la gente no interfiere». Tanzania ocupa ahora el puesto 118 entre los 179 países en el Índice de Libertad Mundial de Reporteros Sin Fronteras. Cayó 25 puestos en el último año.

El día siguiente a la publicación de la investigación de Mawio, el ministro de Información Harrisson Mwakyembe, prohibió el periódico durante dos años. El editor jefe, Simon Mkina, afirmó que comenzó a recibir llamadas telefónicas amenazadoras. En cuanto a Idrissa, perdió su trabajo y fue excluido de cualquier otra posible ocupación como periodista. Sin recursos, teniendo que alimentar a sus tres hijos, comenzó a trabajar en la tienda de segunda mano de su primo en Zanzíbar.

La historia que causó todo esto era sobre Acacia Mining, una compañía registrada en el Reino Unido que ha sido propietaria de la mina de oro North Mara con diferentes nombres desde 2006 y cuyo accionista mayoritario es Barrick. La empresa matriz canadiense pronto podría convertirse en el propietario directo de la mina North Mara y otras dos más, debido a una disputa fiscal entre Acacia y el Gobierno de Tanzania.

Después de beneficiarse durante años de un acuerdo fiscal extremadamente ventajoso con el Gobierno de Tanzania, la compañía ahora está perdiendo su combate con las autoridades en el frente ambiental. En mayo, las autoridades multaron a la compañía con 5.600 millones de chelines (2,2 millones de euros), por supuesta contaminación en la presa de desechos de North Mara.

January Makamba, el ministro responsable de medio ambiente, dijo que la cuantía de la multa se justificaba, entre otras cosas, por la persistencia del problema. «Han pasado 10 años y en la instalación de almacenamiento de deshechos aún se producen filtraciones», apuntó sobre la presa que se supone debería evitar filtraciones de los subproductos de la operación minera. «La mina de oro de North Mara ha guardado el agua con veneno en esta instalación durante mucho tiempo, y esta presa no está construida correctamente, por lo que el veneno se ha filtrado en el agua subterránea y en los ríos y arroyos cercanos». Makamba reconoció cierta responsabilidad por parte del Gobierno de Tanzania diciendo: «Siempre creímos lo que la mina nos decía».

Acacia Mining notificó a Forbidden Stories que «ya ha reconocido la necesidad de un manejo adicional de relaves [residuos de minería]» y que «ha comenzado a planificar y diseñar una nueva instalación de almacenamiento de relaves».

El político opositor Tundu Lissu, que ha escrito sobre los aspectos ambientales de la industria minera en Tanzania, señaló «la contaminación de los ríos y las praderas de donde los aldeanos están obteniendo el agua y criando a sus animales” así como “graves problemas de salud asociados a la contaminación”. «Vi a seis personas que se lavaban en el agua cerca del área minera y sufrieron una muy mala reacción», dijo el Nega, exoficial médico del distrito en el área, sobre los pacientes que vio en 2013.

En 2009, un estudio encontró altos niveles de arsénico en el agua en las proximidades de la mina. Las concentraciones elevadas de arsénico están con frecuencia cerca de los sitios de extracción de oro. En 2015, agricultores de la región enviaron muestras de agua que iban de la mina a Kenia para que fueran analizadas. El análisis toxicológico de un analista del Gobierno de Kenia señaló que «los niveles de nitratos y nitritos se consideran inseguros para el consumo del ganado».

«Se produjo un incidente ambiental en la mina North Mara durante la temporada alta de lluvias de la primavera de 2009, cuando el agua que contenía las descargas de los estanques de contención y la escorrentía de la mina entraron al cercano río Tigithe», informó Acacia Mining en un comunicado. La compañía dice que tomó medidas inmediatas tras lo ocurrido.

Además, las organizaciones no gubernamentales han documentado 22 presuntos homicidios cometidos por la policía o los trabajadores de seguridad de las minas desde 2014. ¿Las víctimas? La mayor parte mineros ilegales, llamados «intrusos» por la compañía. «Los pequeños mineros que tenían licencias gubernamentales eran los dueños de la mayoría de las tierras en cuestión», explicó Mary Rutenge, profesora de la Universidad Mzumbe en Tanzania. «La adquisición de sus tierras por parte de la compañía desestabilizó sus medios de subsistencia y la compañía no les compensó adecuadamente».

 

En 2009, un estudio encontró altos niveles de arsénico en el agua en las proximidades de la mina

Todo aquello con resultados desastrosos: grupos de jóvenes desempleados de las aldeas vecinas se arman con machetes o lanzas de metal y se emborrachan con cerveza y Knoyagi –una marca local de ginebra– todas las noches para encontrar el coraje de escalar el muro con la esperanza de ganar un par de cientos de dólares al mes. En su lugar, encuentran a la policía armada al otro lado.

¿Por qué arriesgan tanto? “Tenemos que ir a buscar oro para ayudar a nuestras familias”, comentó Monchena Mwita, líder de los “intrusos” de Kiwanja, un pueblo que se encuentra al borde de la mina. «No podemos conseguir oro sin entrar en el lugar y no hay ningún otro para conseguir dinero, esta es nuestra única fuente de ingresos».

Los responsables de Barrick culpan a la policía de Tanzania de cualquier acción delictiva. «Ha habido muchas, muchas investigaciones sobre varias acusaciones, y no puedes responsabilizarme por lo que haga el Estado», afirmó el consejero delegado de Barrick, Mark Bristow, cuando Forbidden Stories le preguntó por los asesinatos.

Sin embargo, la barrera que separa a las fuerzas policiales nacionales de la seguridad de las minas no es tan clara. Según la organización no gubernamental del Reino Unido RAID, Acacia firmó un memorando de entendimiento con la policía en el que establece que «proporcionará apoyo monetario y en especie a la policía, pagará a los oficiales un subsidio, proporcionará comidas y alojamiento y suministro combustible ” para proteger a la mina.

Algunas víctimas también dicen que no fue la policía, sino los trabajadores de seguridad de la mina quienes los atacaron. Forbidden Stories, junto con un reportero de The Guardian (Reino Unido), se encontraron con Lucía Marembela, una mujer de 44 años que fue violada dos veces en 2010. Afirmó que reconoció a sus violadores como fuerzas de seguridad de la mina porque llevaban uniformes azules y no los beige de la fuerza policial.

Marembela fue acorralada por varios hombres mientras buscaba oro cerca de la mina, un destino que, comenta, es común para las mujeres de la zona. «Cuando nos cansábamos de correr terminaban atrapándonos y llevándonos con ellos», indica. «Nos tiraban en su vehículo y nos llevaban a un lugar aislado, cerca de un pequeño aeródromo, lejos de la vista de los transeúntes». Afirma que un hombre la violaba mientras los otros vigilaban. «Una vez que terminaban su sucio trabajo, te dejaban ir, subían a su vehículo y regresaban al trabajo», concluye. Hemos conocido a otras dos mujeres que describen el mismo ataque.

Marembela tendrá que pasar el resto de su vida viviendo con las consecuencias. Su esposo la dejó cuando supo que había sido violada, dejándola sola para criar a sus seis hijos. «Tengo muy malos recuerdos de lo que me hicieron», expresa ella. “Especialmente porque todos saben que fui violada, comenzando por mis hijos. A veces las personas, en la calle, hablan de lo que me pasó, y eso me duele mucho».

 

«Los abusos de derechos humanos relacionados con el uso excesivo de la fuerza por parte de la seguridad minera privada y pública fueron muy altos entre 2009 y 2016»

Marembela y otras mujeres fueron juntas para quejarse a la gerencia de la mina. La compañía, llamada posteriormente African Barrick Gold, las contactó y les hizo firmar un acuerdo: a cambio de 13,9 millones de chelines (5.400 euros aproximadamente), tuvieron que renunciar a su derecho de presentar un caso civil contra la mina o Barrick. Ella reconoce que no fue capaz de leer y entender completamente el documento antes de firmarlo.

«No se debe silenciar a las personas, pero siempre hay retribución», comenta Bristow. «En el poco tiempo que he estado con Barrick ha habido demandas de retribución, no por vía de la justicia, para pagar a las personas que están poniendo las demandas».

La situación continúa hoy en día. «Estos abusos, particularmente en la mina de oro de North Mara, van y vienen», dice Lissu, quien anteriormente representaba legalmente a los aldeanos en la región. Lissu fue víctima de un intento de asesinato en 2017, después de acusar al Gobierno de Magufuli de mentir sobre el contrato minero. “Hay periodos de calma, y luego algo sucede y todo explota. Pero las tensiones se mantienen».

«Los abusos de derechos humanos relacionados con el uso excesivo de la fuerza por parte de la seguridad minera privada y pública comenzaron a aumentar notablemente alrededor de 2005 y fueron muy altos entre 2009 y 2016», explicó Catherine Coumans, de la ONG canadiense Mining Watch, que ha estado documentando lo que está sucediendo en North Mara durante años. «Nuestros contactos locales, e incluso personal de la mina que he entrevistado, me han dicho que el enfoque internacional de MiningWatch y RAID han abierto el tema, han ayudado a reducir los casos de tiroteos, pero sigue habiendo fuertes palizas, especialmente en la cabeza y articulaciones de las personas, lo que a veces conduce a discapacidades de por vida». En una declaración, Acacia Mining dijo que había refutado consistentemente varias acusaciones de ambas ONG con respecto a muertes ilegales y temas de derechos humanos.

Los periodistas de Forbidden Stories se reunieron con las familias de dos hombres fusilados por la policía en incidentes separados en 2014 y 2016, cuando estaban dentro de la mina. Las familias dicen que no fueron compensadas. La policía insiste en que actuó en legítima defensa.

«De acuerdo con los propios registros de Acacia se desprende claramente que las violaciones de los derechos humanos continúan en esta mina», escribió en julio de 2017, Rights and Accountability in Development (RAID), una organización no gubernamental con sede en el Reino Unido. Sin embargo, las barras de oro de la mina ahora se refinan en MMTC-PAMP, una refinería india que forma parte del grupo suizo-holandés MKS PAMP, certificada por la London Bullion Market Association, la asociación comercial más prestigiosa de la industria.

«Durante nuestra diligencia en North Mara, tomamos muy en serio los informes de las ONG y desafiamos a la mina en las cuestiones planteadas», señaló Hitesh Kalia, un oficial de riesgos y cumplimiento de MMTC-PAMP. «Hemos evaluado las medidas tomadas por la mina para remediar los reclamos de derechos humanos, que son en gran parte históricos y relacionados con las actividades de la policía estatal que opera en la misma zona».

Volviendo a 2010, en el momento álgido de los abusos contra los derechos humanos, un documento escrito para inversores indicaba que el oro era refinado por la compañía suiza Argor-Heraeus, que también certifica y provee a más de 600 compañías.

Hay que fiarse menos de las etiquetas, insisten los expertos. «Es importante saber que estas etiquetas de la industria del oro, que son administradas por la propia industria, no son un programa de certificaciones», explica Gillard. «Verifican que las refinerías dispongan de sistemas para obtener oro de manera responsable, en conformidad con las normas de la OCDE. No tienen la intención de proporcionar una garantía sobre el estado de los productos, una garantía de que no hay trabajo infantil, una garantía de que no existe una financiación de conflictos con cada pedazo de oro que se compra». Y sostiene que la complejidad de la cadena del oro hace imposible el trabajo y que la calidad de las auditorías a menudo es insuficiente. La responsabilidad se diluye a lo largo de la cadena de suministro. Jürgen Heraeus, presidente de la Junta de Supervisión de Argor-Heraeus, describe la situación con franqueza en una entrevista en 2016: «En esta industria es imposible refinar oro limpio».

Así, de regreso en Tanzania, los mineros “intrusos” empobrecidos siguen buscando oro a riesgo de sus vidas, y los reporteros son castigados y se les impide arrojar luz sobre el daño ambiental y otros delitos. «Una vez que hayan usado el oro, se irán y dejarán tras ellos el veneno», remarcó Lissu sobre la actividad minera. Y, en el caso del periodista Jabir Idrissa, una carrera y un modo de vida destrozados.

En diciembre de 2018, Mawio ganó el caso en la corte contra el ministro para poder obtener la información que solicita. Sin embargo, el periódico no se volverá a abrir pronto, ya que necesitan una licencia del Gobierno para publicar nuevamente. «Así que solo depende del Gobierno. Si nos otorgan la licencia, volveremos a trabajar ”, continúa Idrissa. «No he perdido la esperanza de poder regresar y trabajar en condiciones y con coraje».

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/06/el-precio-del-oro-que-llega-a-nuestros-moviles/

Mexico

Más mentiras del Progreso y Desarrollo Minero.

Desde la semana pasada está bloqueada la mina El Coronel, confirma Sezac

Carlos Bárcena Pous, secretario de Economía en la entidad, confirmó que hay un bloqueo en la mina El Coronel por parte de habitantes de la comunidad de Boquillas, quienes piden que se cumplan acuerdos respecto al apoyo de viviendas.

Detalló que el bloqueo inició la semana pasada, por lo que se están realizando mesas de trabajo con los involucrados, en las que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía, participa como mediador.

Sin embargo, al parecer son dos personas, vecinas de la mina, quienes de manera radical decidieron bloquear la mina, pues hay disposición de los representantes de El Coronel, de dar cauce a sus peticiones.

Dijo que “se han firmado algunos acuerdos entre habitantes de la comunidad y representantes de la mina, se está radicalizando la posición de los habitantes, creemos que no debe ser así, porque son 10 o 12 personas que afectan a más de 900 trabajadores”.

Aclaró que este bloqueo no tiene que ver con el tema de la producción, o de cómo se trabaja en la mina. Y lo que se propone desde el gobierno es que de manera razonable y que ninguna de las dos partes lo dirima, sino que acuda un perito o director responsable que haga un levantamiento en la zona.

Comentó que después de que se evalué si hay un daño; en caso de haberlo, la empresa ha mostrado la disponibilidad para hacerse responsable de los gastos para la reparación.

“Los señores están un poco radicalizados, es decir, pues oye no queremos que nos arregles daños, sino que nos hagas una casa tres veces más grande, eso no es razonable. Por lo que buscamos que se llegue a un arreglo claro para ambas partes. Lo que quieren es llegar a un acuerdo razonable sobre el tema en específico de sus casas habitación, no vemos más de eso”, indicó.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/06/mas-mentiras-del-progreso-y-desarrollo-minero/

Mexico

El Frente Popular en Defensa del Sococonusco cumplimos 4 años de resistencia y celebramos nuestra organización declarando “Acacoyagua Libre de Minería”

El Frente Popular en Defensa del Sococonusco cumplimos 4 años de resistencia y celebramos nuestra organización declarando “Acacoyagua Libre de Minería”

 

Hoy 20 de Junio del 2019 el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) cumplimos cuatro años de organizarnos para poner un alto a la minería  en nuestro territorio y celebramos nuestra resistencia ganando la firma del Acta de Cabildo del H. Ayuntamiento de Acacoyagua que Declara al “Municipio Libre de Minería” durante su periodo administrativo.

 

La declaratoria de municipio libre establece principalmente el compromiso del presidente municipal C. Elmer Campos Gutiérrez y de las/os regidores de no autorizar ni un permiso de uso y factibilidad de suelo a las trece concesiones mineras en Acacoyagua, en segundo lugar a actuar y dar aviso a los y las habitantes en caso de que alguna empresa minera: Mina Cristina, Mina Casas Viejas o Bambú inicie algún tipo de actividad de exploración y explotación porque las empresas no cuentan con los permisos adecuados para su actividad y porque están suspendidas por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA). La declaratoria se compromete a respetar la decisión del Ejido Acacoyagua, Ejido 15 de Septiembre, Bienes Comunales de Acacoyagua de no permitir el paso al transporte de material pétreo ya que dañan los caminos ejidales y municipales y contaminan el medio ambiente. Es importante señalar que en el acta también se incluyó un apartado donde se obliga al presidente municipal y los/as regidores se reúnan o dispongan acuerdos con algún empresario, directivo o prominente del ramo minero (establecer diálogo, dar información sobre las comunidades, hacer trámites, etc.) ¡NUNCA MÁS UN MUNICIPIO A FAVOR DE LAS EMPRESAS Y CONTRA LOS PUEBLOS!

 

Hace cuatro años nos reunimos en la casa Ejidal de Acacoyagua más de 40 representantes de diferentes comunidades de Acacoyagua y Escuintla con la preocupación por la salud de nuestras familias (cáncer, enfermedades en la piel y en los ojos), por la contaminación de nuestros ríos Cacaluta, Chicol y Cintalapa y por la muerte de sus especies. Ahí decidimos que nosotros/as nos debemos a estos ríos, a nuestros árboles, a nuestras montañas y a la tierra y que esperamos un futuro pleno para nuestros hijos, con salud, sin violencia y con la misma abundancia con la que heredamos nuestra tierra, por lo que decidimos alzar la voz, organizarnos y sacar a la minería de nuestro territorio. Hoy somos parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería-REMA, que ayer cumplió once años de lucha, contamos con organizaciones aliadas en la Costa, en el estado de Chiapas y América Latina y gracias a ellas comprendemos como actúa el modelo extractivo en nuestros territorios y contamos con estrategias para la defensa.

 

Este 20 de junio celebramos la valentía de hombres y mujeres para salir a las calles y exigir al municipio, a las autoridades estatales y a los empresarios: ¡No a la minería!. Celebramos el esfuerzo diario de visitar e informar casa por casa, en asambleas, en reuniones y concientizar sobre nuestros derechos para que los ejidos decidamos colectivamente y blindemos nuestros territorios, gracias a esto hoy celebramos: la suspensión de la actividad minera de los proyectos Cristina, Casas Viejas y Bambú, que tres ejidos han elaborado sus actas ejidales para no permitir el paso de las máquinas de las empresas y que hoy en las comunidades no será fácil para las empresas engañar y estafar a nuestros hermanos y hermanas con promesas falsas que comprometen la vida a cambio de la muerta.

 

¡Sí a la Vida, No a la Mina!

¡Ríos para la Vida, No para la Mina!

 

Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio”/ Red Mexicana de Afectados por la Minería-REMA

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/06/el-fpds-celebra-4-anos-de-lucha-y-la-firma-de-la-declaratoria-de-municipio-libre-de-acacoyagua/

Mexico

Desplazamiento forzado interno se agudiza por violencia y megaproyectos en México

Fuimos desplazados por la delincuencia organizada. Somos 58 familias, y entre esas 58 familias llevamos 27 muertos y 3 desaparecidos. Fuimos atacados a nuestras casas. Llegaron 5 veces a atacarnos en las casas. Ahí mataron, son 27. Una niña de 8 años vio cómo mataron a su mamá y a su hermano. Fue en 2012. Querían madera, plantar drogas y los minerales que hay ahí”, relata un testimonio recibido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Sierra de Totolapan, Guerrero, durante su visita a México en 2015

En México, desde el inicio de la militarización del país bajo el pretexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico” por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa en 2006, el número de personas que han sido internamente desplazadas por la violencia y la inseguridad pública no ha dejado de aumentar.

El número es incierto ya que no existen cifras oficiales, sin embargo, varios organismos han realizado esfuerzos para dimensionar la magnitud del problema.

Según registros de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), al menos 329,917 personas han tenido que abandonar su hogar del 2006 hasta la fecha.

Entre enero y diciembre del 2017, la organización civil registró 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo, los cuales afectaron a 20,390 personas de nueve estados del país: Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Coahuila, Durango y Zacatecas.

El registro destaca la importancia de precisar que esos números no contemplan “los desplazamientos que ocurren y no son reportados por los medios, ni aquellos que desplazan menos de 50 personas o diez familias”.

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) habla de 8,726,375 personas desplazadas en el periodo de 2011 a 2017, lo que representa cerca del 6.76% de la población mexicana.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) habla de 185,936 personas en el periodo entre 2009 y 2014 y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) contabiliza 206,965 personas en el periodo de 2005 al primer trimestre de 2018 .

Como lo señala el informe Entre la invisibilidad y el abandono: un acercamiento cuantitativo al desplazamiento interno forzado en México realizado por la CMDPDH, “a pesar de la evidente desigualdad en la magnitud de las cifras presentadas, los números representan personas que fueron victimizadas por el contexto de inseguridad y violencia del país, de manera que inclusive la menor cifra refleja una situación alarmante”.

Según el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado en México (2016) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), esos desplazamientos han provocado que al menos 53 pueblos y comunidades del norte y sur del país se hayan ido despoblando.

COMUNIDADES EXPULSORAS DE PERSONAS DESPLAZADAS A CAUSA DE LA VIOLENCIA

Fuente:https://avispa.org/desplazamiento-forzado-interno-se-agudiza-por-violencia-y-megaproyectos-en-mexico/?fbclid=IwAR0OKFRxa0c_zgyUWmmKO6aEC2YhBz-QZQ9QYLswjZGupiyRAMOfTmV12oE

Perú

Ancash: derrame de minera en aguas del río Santa se advertían hace 11 meses

Pese a que el acontecimiento se advertía desde agosto del año pasado al Ministerio de Energía y Minas, el pasado sábado 15 de junio, ocurrió el derrame de la minera Pushaquilca sobre las aguas de la laguna Pelagatos, del distrito de Pampas, de la provincia de Pallasca (Ancash), que desembocan en el río Santa.

Así lo hizo saber Marcial Valerio, alcalde del distrito de Pampas, en donde por lo menos dos comunidades (Paragón y Conzuso) se verían afectadas por la contaminación generada por el derrame de la minera Pushaquilca, cuyo propietario es Miguel Orbegoso Tudela.

“Estos relaves constituyen un riesgo potencial para los poblados. El agua es amarilla, se contamina con facilidad, por lo que hacemos un llamado a las autoridades distritales provinciales y regionales para investigar y encontrar culpables”, declaró el presidente de la Junta de Usuarios del Agua, Ascadio Díaz, para el diario local La Industria.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Santa abrió una investigación preliminar por 60 días por el presunto delito de contaminación ambiental en la laguna Pelagatos.

Las diligencias para identificar a los responsables del derrame estarán a cargo de la fiscal Carla Ramos Heredia. Por otro lado, el comisario de Pampas, Edgar Maldonado Priundo, reportó que, según los comuneros de la zona, se ubicó un túnel de la minera Pushaquilca por donde una sustancia naranja se filtraba a la laguna Pelagatos.

 

Fuente:https://wayka.pe/ancash-derrame-de-minera-en-aguas-del-rio-santa-se-advertian-hace-11-meses/?fbclid=IwAR3KwnfFsEWWWSr5GJhMRaROEUm7K54j0ulGPOHE0pcoN1zWQP4_iEk1sYs

Perú

Anuncian paro contundente para este jueves en rechazo a Tía María

Gremios de Arequipa se suman a la convocatoria del paro nacional de 24 horas para mañana 20 de junio. Piden a la gerencia de Educación la suspensión de labores escolares por la magnitud que tendría la medida contra el proyecto minero Tía María.

La medida de protesta nacional convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) cayó en el momento preciso para los diferentes gremios de Arequipaque buscan levantar su voz de lucha en rechazo al proyecto minero Tía María ante el inminente otorgamiento de la licencia de construcción por parte del Gobierno central.

Si bien el paro de 24 horas programado para mañana jueves 21 de junio tiene como consigna: ¡Por una nueva República con una nueva constitución! ¡Que se vayan todos los corruptos! ¡Por una democracia sin discriminación ni explotación!, entre otros, desde la capital se acordó incluir como punto el NO al proyecto de explotación minero de la empresa Southern en el Valle de Tambo, ubicado en el distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay (Arequipa).

El secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), José Luis Chapa Díaz señaló que el principal punto del pliego que toman en la región es la oposición a Tía María. Alega el respaldo a los agricultores que se oponen a la minería por la contaminación que señalan generaría en el lugar, afectando sus cultivos. Rubro del que cientos de familias viven.

Prevén una medida contundente, por lo que piden a la Gerencia de Educación que suspendan las labores escolares. En la Blanca Ciudad anuncian la obstaculización del transporte vehicular. Miguel Meza Igme, uno de los voceros de Tambo, indicó que también bloquearán el transporte en el cruce Santa María, que divide los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta de Bombón. No afectarán la Panamericana Sur.

Asimismo, se sumarán a la paralización empresas de transporte que se oponen a la implementación del SIT y trabajadores del sector público que exigen el incremento desalarios y pensiones.

Durante las últimas semanas, ministros y el mismo presidente de la República Martín Vizcarra han deslindado la importancia de la inversión privada para el desarrollo de las regiones. Suponiéndose de esta un posible otorgamiento a la licencia de construcción para el proyecto minero Tía María.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/06/19/arequipa-anuncian-paro-contundente-para-este-jueves-en-rechazo-a-tia-maria/

Mexico

Clérigos demandan cancelación de minas

Denuncian coacción por parte de las mineras canadienses; será devastador, advierten

La Iglesia Católica solicitó a los gobiernos municipal, estatal y federal que cancele los proyectos de minería en los municipios de Actopan y Alto Lucero, porque las empresas extranjeras continúan en la región con trabajos de exploración e incluso «coaccionan con dinero» a la población a fin de obtener los permisos y comenzar la explotación.

Los sacerdotes de las iglesias de Mozomboa, Urbano Domínguez, y de la parroquia de Actopan, Andrés Hernández Solano, expusieron que las empresas extranjeras dedicadas a la minería «tienen una política muy fuerte» con la intención de obtener el permiso de explotación en los municipios de Actopan y Alto Lucero, lo que representa un ecocidio.

Refirieron que estas empresas de origen canadiense laboran en estos dos municipios con trabajos de exploración desde el año 2012, y han ingresado ante la Secretaría del Medio Ambiente de Recursos Naturales (Semarnat) los Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) una y otra vez a fin de que el gobierno federal otorgue los permisos necesarios para su explotación.

«Tenemos dos problemas muy fuertes, uno es el saqueo desmedido que sigue en el país, y ahí pretenden continuarlo. Ha habido una política muy fuerte de los mineros que pretenden tener el permiso de explotación», expusieron.

Los párrocos comentaron que aun cuando el discurso del gobierno federal, del de Veracruz y de los municipales es que no habrá permisos para la explotación de la minería, lo cierto es que las empresas han avanzado con la exploración y hasta actúan de manera agresiva con los habitantes.

«Tenemos dudas (de que se cancelen los permisos) porque los mineros siguen allí coaccionando con dinero a la gente, a la población, sacando permisos de paso, de una manera agresiva, hay incluso denuncias de los pobladores que no se han atendido», señalaron.

Los sacerdotes se mostraron muy preocupados por la afectación al medio ambiente que dejará la explotación de metales preciosos en territorio veracruzano.

Cabe mencionar que en la empresa canadiense Calendaria Mining Corp, busca explotar el cerro La Paila, ubicado en Palma Sola, municipio de Alto Lucero, de donde pretenden extraer hasta 20 toneladas de oro durante los próximos ocho años.

La explotación minera se pretende extender a lo largo de la zona costera, abarcando Actopan, Alto Lucero, Juchique de Ferrer, Yecuatla, Colipa, Tatatila y Chiconquiaco.

«Si empiezan con la explotación del cerro La Paila, que está en Alto Lucero, es el inicio de la devastación de la sierra, sería un siniestro terrible, un ecocidio terrible, sería la destrucción de la flora y la fauna, y la afectación del ser humano por los tóxicos», expusieron los sacerdotes.

Aseguraron que desde que iniciaron la exploración, las mineras no han suspendido los trabajos.

«Están en la etapa de exploración, ahí siguen, nunca se ha suspendido la exploración, en 2012 no se dio el permiso de explotación, pero se solicitó por parte de los mineros. En 2017 vuelven a meter su Manifiesto de Impacto Ambiental, está ahí, está metida la MIA, pero la retiraron por la movilización social», explicaron.

Finalmente señalaron que hay investigaciones realizadas por académicos de la Universidad Veracruzana (UV) y del Instituto Nacional de Ecología (Inecol) que advierten sobre un daño masivo al medio ambiente en la entidad con la explotación minera.

«Queremos que se cancelen los proyectos mineros en esa región central de Veracruz, la contaminación sería tremendísima y esto no es dicho por nosotros, sino por técnicos, científicos de la UV, Inecol, entre otros, cuyas ponencias constan en el libro Cerro La Paila, inviabilidad de la minería tóxica en Veracruz», finalizaron.

 

Fuente:http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=190618_091130_024&fbclid=IwAR2dua4kuPwT6y5Hc72L0BjONut3_eowJKJhU8aFeMv2eX_HUTis05f6EXQ

Mexico

La mina Santa Fe en Chiapas y la estrategia del despojo territorial

Desde hace siglos, la actividad minera configura un silencioso y encubierto territorio de sacrificio en la medida que aparecen restricciones de acceso a la tierra, problemas de salud, manejo de grandes cantidades de explosivos y en general transformaciones sociales con profundos impactos en la reproducción de la vida cotidiana. Este artículo aborda la estrategia de despojo que implementa la empresa minera Frisco en la mina Santa Fe, ubicado en un pequeño poblado del norte de Chiapas – sureste mexicano, para limitar la sobrevivencia de la población local y de esta manera, expandir el control de la explotación de minerales.

Introducción

La minería en México no es una actividad reciente, sino que data de cinco siglos de explotación. De manera histórica ha operado bajo cuatro ciclos de extracción según López Bárcenas (2017). El primer ciclo parte de la llegada de los españoles hasta la instauración de la República en el siglo XIX; el segundo con el Porfiriato y pasada la revolución mexicana de 1910; el tercer es la época de la mexicanización que comprende de 1960 a 1980 caracterizada una explotación controlada desde el gobierno nacional y, finalmente el cuarto es el ciclo de la globalización con la llegada de grandes corporaciones transnacionales, el retiro del Estado en la explotación y un marco jurídico ambiental y fiscal amigable para favorecer a las empresas privadas.

Por sus características de operación, la minería actual tiene seis características, de acuerdo Svampa y Viale (2014): la primera es la transición de la minería tradicional de socavón a la moderna de cielo abierto o tajo que requiere grandes cantidades de agua, explosivos y químicos; la segunda es la concentración en poca manos de la operación minera por parte de capitales extranjeros; la tercera es la operación a gran escala conectadas a otros mega-proyectos como presas hidroeléctricas o vías; la cuarta es el carácter excluyente de la minería en tanto que subordina económicamente otras actividades de la población en el territorio donde se implanta; la quinta característica es la estela de daños ambientales que genera en la biodiversidad y en la salud animal y humana, y finalmente, la sexta son los conflictos sociales que genera en la escala local.

Para Eduardo Gudynas (2015), la minería moderna se inserta en la lógica del neo-extractivismo por el uso intensivo de recursos naturales, tecnología, baja mano de obra y su carácter exportador, a diferencia de la minería tradicional que se realizaba mediante técnicas artesanales y sin elementos tóxicos. Por todos estos elementos y características, la minería no es una actividad sustentable como pretende presentarse en la nueva narrativa ambiental que promueven las empresas socialmente responsables.

En el plano social, la minería crea territorios vacíos o socialmente vaciables como zonas de sacrificio caracterizadas por áreas aisladas o de escasa densidad poblacional, de tal suerte que las economías regionales son devaluadas respecto de los impactos posibles de la actividad minera (Svampa y Viale, 2014). En el caso de México, podemos encontrar lugares históricos como Real de Catorce en San Luis Potosí y Salaverna, Zacatecas, devastados por la minería tras ser explotados. Hoy en día son paisajes de verdaderos pueblos fantasmas, o territorios de terror como ocurre con la minería ilegal en Madre de dios, Perú.

En el caso mexicano en las últimas dos décadas, el Estado intensificó el despliegue de la geografía minera hacia las zonas indígenas del país; Gracias al avance del desmantelamiento de la propiedad colectiva y un marco jurídico y fiscalad hoc, las compañías mineras han tenido un fácil acceso a los recursos minerales en territorios indígenas y campesinos, de tal suerte que bajo la narrativa del progreso y la gobernanza ambiental (empresas socialmente responsables) las comunidades son seducidas con empleos temporales, actividades lúdicas para la niñez y apoyos económicos para escuelas como una medida para resarcir los daños ambientales.

En el actual ciclo de la globalización minera, la actividad México se puede medir en términos de los permisos otorgados y la superficie asignada para exploración y explotación. El último mapa de indicadores mineros elaborado por la Cámara Minera Mexicana (CAMIMEX) en 2016 reveló que en el país existen 1,558 minas en explotación y 1,156 en proyectos de exploración, en una superficie concesionada de 22.3 millones de hectáreas (11.3% del territorio nacional), concentrados principalmente en los estados del norte como Sonora, Durango, San Luis Potosí y Chihuahua, de donde se extraen oro, plata, plomo y cobre, principalmente. Un total de 1,186 empresas extranjeras operan en el país, mientras que 1,848 son de capital mexicano.

Un lugar llamado Mina Santa Fe

Vayamos ahora a un caso mexicano donde puede ilustrarse el lento despojo territorial y las dinámicas de las transformaciones espacios rurales, donde la actividad minera subordina la vida cotidiana.

En 1879, los hermanos Zepeda, Enrique y Manuel, propietarios de la hacienda Zacualpa municipio de Solosuchiapa, encontraron unas vetas de oro y plata sobre los arroyos Los Pinos y Danta, lo cual bastó para que la compañía inglesa Chiapas Minning Company, con sede en Londres Inglaterra, se interesara en explorar el lugar casi inaccesible conocida como Mina Santa Fe. Al poco tiempo, una terrible inundación dentro de la mina hizo que varios obreros perdieran la vida en 1892, aunado a las difíciles condiciones para hacer llegar maquinaria, sepultaron las posibilidades de la explotación a gran escala hasta su cierre temporal en 1905. [1]

La zona en realidad es una gran región mineralizada que comprender dos grandes yacimientos que forman parte de un corredor mucho más amplio de 70 mil hectáreas de tierras del norte de Chiapas conocido ahora como corredor La Victoria- Santa Fe, que se extiende hacia otros municipios cercanos.

Posterior al cierre de Chiapas Minning Companyse cuentan con escasos datos que revelen los efectos producidos por el retiro de explotación minera. Una pista es el censo levantado en 1930, cuando la población campesina estaba concentrada en la finca La Zacualpa (hoy ejido Agustín Rubio), contigua a la zona de explotación minera. Al parecer la hacienda atrajo a los trabajadores de la antigua mina. Otros campesinos fundaron el poblado El Beneficio con campesinos zoques de Ocotepec, Pueblo Nuevo y Tapilula, que llegaron a la zona en buscaban tierras de cultivo hacia 1950, empujados por el reparto de tierras que el gobierno había emprendido en la zona.

Por decreto, las tierras de las minas pasaron a manos del gobierno, quien se adjudicó la propiedad de 147 hectáreas por remate judicial, pasando a manos de la Comisión de Fomento Minero. Sin embargo, el 19 de abril de 1968, el gobierno ordenó la desincorporación del predio a favor de la para estatal Minera Corzo SA de CV [2] , para que iniciara nuevamente la explotación de oro, plata, zinc y wollostonita. Fue en este periodo que algunos campesinos sin tierras se convirtieron en obreros de los nuevos propietarios.

De manera oficial, el 28 de octubre de 1979, el gobierno mexicano amplió la asignación m inera sobre 875 hectáreas para la exploración de oro, plata, pl omo, cobre, zinc y wollastonita a la empresa Minera Corzo , y años más tarde – el 15 de junio de 1984- se amplió la explotación hacia el socavón La Victoria por un periodo de 3 años más [3] . Don Eliud Camacho Velasco, recuerda a esta época como periodo donde se extrajo la mayor cantidad de wollastonita, un mineral que servía para la cerámica del centro del país. Al poco tiempo, la paraestatal Minera Corzo quebró y cerró sus operaciones.

En pleno arranque del proyecto neoliberal en México que puso su acento en el remate de bienes nacionales, el 7 de junio de 1988la inmobiliaria Piedras Dorada, propiedad de Carlos Slim Helu adquirió las tierras de la mina Santa Fe, que para ese entonces, estaban ocupadas parcialmente por los campesinos de El Beneficio. La primera estrategia de la inmobiliaria fue obligar a cada familia campesina a firmar un contrato de arrendamiento por 5 años con una renta anual de 300 pesos a partir del 26 de mayo de 1989.

Los contratos de arrendamiento de la empresa con los campesinos terminaron con la irrupción zapatista de 1994, toda vez que campesinos tsotsiles de Pueblo Nuevo, Bochil y Jitotol afiliados a los Central Independiente, Obrera, Agrícola y Campesina (CIOAC) bajaron a ocupar las tierras dela finca La Zacualpa y con ello, el predio de la mina. En 1995 el gobierno se vio obligado a comprarla finca, pero no la mina, luego de movilizaciones campesinas, tensas negociaciones y conflictos. La fracción donde se encuentra la mina fue desalojada por la policía estatal y entregada a la inmobiliaria Piedras Doradas. Los campesinos fundaron el poblado Agustín Rubio sobre el caso principal de la antigua finca La Zacualpa.Eliud Camacho, un viejo obrero de la mina, recuerda que las maquinarias que aún permanecían dentro las minas fueron rematadas por los propios campesinos.

Mediante diversas maniobras legales de poca claridad la inmobiliaria Piedras Negras realizaba el traspaso de la explotación en plena efervescencia del movimiento armado del EZLN. En abril de 1995, Minera Cerro del Plata obtuvo la concesión minera por 50 años sobre 821 hectáreas, pero luego se traspasó el título a Minera San Francisco del Oro, y finalmente, en agosto de 2012 cedió sus derechos mineros a Minera Arroyo de la Danta, una subsidiaria de Minera Frisco e Inmobiliaria Frisco, esta última se fusionó con Inmobiliaria Piedras Doradas en octubre de 1997. Todas estas empresas propiedades de Carlos Slim, actúan como complejo consorcio con títulos en la Bolsa Mexicana de Valores.

No obstante, en febrero del año 2001, un total de 23 campesinos del grupo Mina Santa Fe solicitaron al gobierno la compra de las 147 hectáreas del predio Santa Fe La Zacualpa o Santa Fe, pero la respuesta fue negativa. A cambio, el gobierno ofreció reubicarlos en el predio La Argentina en el municipio de Bochil. Tras la respuesta, muchos campesinos sin tierras comenzaron por abandonar el sitio hacia los municipios vecinos. Este 21 de mayo de 2019, – tras 24 años – nuevamente campesinos de la CIOAC ocuparon aquella porción de tierras que el gobierno devolvió a la inmobiliaria Piedras Doradas, exigiendo la salida de la minera Frisco. Pero el fondo de las inconformidades campesinas tiene su raíz en la dinámica territorial que ha impuesto la minera en los alrededores del municipio de Solosuchiapa.

Limitar la sobrevivencia, estrategia de Minera Frisco

Una estrategia central que desarrolla la empresa Minera Frisco en el poblado El Beneficio es limitar la capacidad de sobrevivencia de la población local para vaciar el territorio, y de esta manera, expandir el control de la explotación hacia todo el corredor minero del norte de Chiapas. Hasta 1994, años en que termina el contrato de arrendamiento de los campesinos con la minera, El Beneficio sirvió como un pueblo de contención para evitar el ingreso de campesinos hacia el predio donde se encuentra la mina.

El poblado El Beneficio se fue construyendo como una comunidad débil en términos de estructura, organización social y baja población para hacer frente al proyecto minero. A lo largo de los años, la mina ha ganado terreno en tanto ha transformado el territorio, afianzado su relación con la población local y las relaciones de la vida cotidiana, sin que los efectos ambientales sean cuestionados.

Los habitantes de El Beneficio siempre refieren que son “pocos habitantes” “que están solos”, por tanto, “no somos unidos” frente a otros pueblos vecinos para hacer frente a la empresa. Desde su fundación, la mina ha impedido la articulación de las comunidades con el ir y venir de obreros. No es una comunidad estable en cuanto a población. Además, el régimen de propiedad privada de las tierras de las minas, el arrendamiento y la nula respuesta del gobierno para dotarles de tierras generó desarraigo entre los campesinos del poblado. Muchos migraron hacia otras localidades vecinas una vez que dejaron de rentar la parcela; otros, la minera les dio dinero para que adquieran otras viviendas fuera del predio y solo en algunos casos, tierras. Desde la lógica minera, era mejor ofrecer dinero a cambio de la salida de los campesinos. Así es como la mina y el poblado El Beneficio construyeron una relación de subordinación.

La minera restringe las actividades agrícolas para limitar la reproducción campesina. Los pobladores tuvieron que girar hacia nuevas actividades como extractores de arena y grava sobre el rio La Sierra como jornaleros o empleados de la propia mina porque la gente no tiene tierras, es decir, la población tuvo que buscar nuevas formas de sobrevivencia.

Actualmente, la mina desarrolla un sin de estrategias para vaciar a la población del lugar para limitar la sobrevivencia. Por ahora, no permiten ingresar al predio para recoger “leña” para uso doméstico; Desde que la mina entró, los campesinos dejaron de cosechar frutales que servían para la comunidad, y la alimentación. Una vieja construcción para almacenar agua quedó dentro de las tierras de la mina; se mantienen cerrados los caminos ancestrales y tradicionales que conectaban hacia otros pueblos, en particular con Chapultenango; persisten constantes amenazas de desalojo y de ocupar nuevas tierras hacia el rio La Sierra por parte de la mina.

Un problema actual que manifiestan los pobladores son los problemas de salud sobre todo casos de malformaciones y casos de diarrea entre la población infantil. No existen aún estudios específicos que demuestren la correlación con la actividad minera, pero el conocimiento popular refiere que tiene relación directa con la empresa.

Otro aspecto es el manejo de grandes cantidades de explosivos; hay demasiados polvorines como llaman los habitantes a los depósitos de polvora; las detonaciones de esos polvorines se escuchan hasta en los poblados de Chapultenango y en algunas comunidades de Ixhuatán y Solusuchiapa, donde culpan a Minera Frisco de los sismos y los cortes intermitentes de energía eléctrica.

La empresa apoya de manera preferente y diferenciada a las familias, sobre todo a quienes se muestran amigables con el proyecto de exploración, mientras excluye de beneficios sociales a la población que cuestiona su presencia. Así es como entregan materiales de construcción y alambres para los potreros a la población que muestra simpatía con la empresa. Estos tipos de apoyos causan tensiones y rivalidades entre Monte Horeb, La Constancia, El Beneficio y Agustín Rubio, quienes resultan beneficiadas por la empresa.

Al menos unas 20 mujeres se han marchado de manera gradual de la comunidad El Beneficio luego de que se casaron con los perforistas de la empresa que llegaron al pueblo y estos los abandonaron; algunas por “vergüenzas” ante el pueblo decidieron probar suerte en las ciudades. “Los perforistas dejan hijos por todos lados” dice un habitante.

Un elemento central que aparece con la presencia de la minera en El Beneficio, es un aparente mercado laboral que bajo la promesa de buenos salarios atrae a los campesinos y jornaleros del lugar. Esto está ligado con la preparación de la mano de obra local para el mercado minero mediante el apoyo del Centro de Capacitación Frisco (CECAFRI) donde se adquieren conocimientos de competencias laborales que favorezcan el crecimiento de los proyectos mineros. En 2017, estos cursos fueron llevados a 439 localidades, incluidas algunas de Chiapas. [4]

El cine es otro elemento discursivo que se pone en marcha como herramienta seductora para las nuevas generaciones de las comunidades vecinas, misma que se presenta como una actividad altruista y como un acto de reciprocidad. A partir de enero 2017, la población infantil de tres pueblos Agustín Rubio, El Beneficio y Siberia fueron seducidos por el arte del séptimo arte, por patrocinio de México Minero [5] cuyo esquema se repitió en otros estados mineros del país.

Apuntes desde el sur mexicano

La revisión del caso de la mina Santa Fe en Chiapas nos permite entender el despliegue del proyecto neoliberal y el extractivismo en América Latina como un proceso de relaciones de poder entre los gobiernos nacionales y las empresas, facilitando en gran medida por las profundas reformas estructurales iniciadas en la década de 1990.

A lo largo de estos años, las empresas mineras han construido un corpus y una praxis a veces heterogénea y otras veces homogéneas para apropiarse de la vida cotidiana de la población local, que tiene como fondo, limitar la capacidad de sobrevivencia de las personas a costar de ceder el territorio.

Pese a los intentos de las empresas mineras de construir una nueva narrativa basada en el discurso de la minería sustentable y la gobernanza ambiental, la población cercana a la zona de explotación percibe y expresa con mayor fuerza los efectos ambientales y de seguridad en torno a la actividad minera.

En el caso mexicano, pese a la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obradora la presidencia de México, los proyectos mineros no parecen detenerse, por el contrario, amenazan con expandirse en gran medida por el marco jurídico y las relaciones de poder construidas por las empresas mineras, mismos que garantizan la continuidad de los proyectos por 25 años e incluso hasta por 50 años.  

Bibliografía

Gudynas, Eduardo, 2015, Extractivismos. Ecología, economía y política de   un modo de entender el desarrollo y la naturaleza, primera edición, Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES): Cochambamba, Bolivia.

López Bárcenas, Francisco, 2017, La vida o el mineral. Los cuatros ciclos del despojo minero en México . Primera edición, Akal Ediciones: México, DF.

Svampa, Maristella y Enrique Viale, 2014, Mal desarrollo: La Argentina del extractivismo y el despojo , primera edición, Katz editores: Buenos Aires Argentina.

 

Fuente:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=257305&titular=la-mina-santa-fe-en-chiapas-y-la-estrategia-del-despojo-territorial-&fbclid=IwAR05rdOyzMxUm4k1Ah9M_8zUHv5bJKnpnOKS4y7wmXXpPGPbbf7Uhz-hT6Q

Internacional

Las mafias de la arena callan a periodistas en la India

Cada año se extraen en todo el mundo hasta 50 mil millones de toneladas métricas de arena y grava. La inagotable necesidad de arena de este país en rápido desarrollo es el caldo de cultivo propicio para las actividades ilegales que se conocen como las “mafias de la arena”. Forbidden Stories, un consorcio internacional de 40 periodistas, que publican en 30 medios de comunicación de todo el mundo, ha investigado la censura, la violencia y el daño medioambiental que han provocado estos magnates de la arena. Estas investigaciones forman parte de la serie, “Green Blood”, un proyecto que indaga las historias de los periodistas que han sido amenazados, encarcelados o asesinados mientras investigaban temas medioambientales.

En automóvil se tardan casi cuatro horas para ir desde Lucknow, la capital de Uttar Pradesh, hasta la ensordecedora ciudad de Shahjahanpur.

Una ciudad en la que no es fácil moverse por sus calles estrechas, llenas de bicicletas y vendedores ambulantes. En el aire resuena constantemente un concierto de bocinas.

Lejos del bullicio de las calles principales, encontramos una plaza rodeada de casitas. Entre ellas, una vivienda tranquila de dos habitaciones, queda oculta a los transeúntes por una pared verde de tres metros y unas puertas de hierro azul. Dentro de esas paredes, todavía no se ha resuelto el misterio de lo que le sucedió al periodista independiente indio, Jagendra Singh, hace cuatro años.

El 1 de junio de 2015, Singh, estaba esperando una visita aun así no sabía exactamente lo que le esperaba. Durante semanas, había estado escribiendo sobre la supuesta participación del político local, Rammurti Singh Verma, en el negocio ilegal de la extracción de arena. Había llegado el momento de un encuentro.

Sin embargo, a primera hora de la tarde, fue la policía la que se presentó en su casa. La familia de Jagendra Singh dice que los partidarios de Verma también se presentaron. Al rato, Singh ingresó agónico en el hospital con quemaduras en más del 50% de su cuerpo.

“¿Qué necesidad tenían de matarme?”, dijo en un video grabado en el vestíbulo del hospital local al que fue rápidamente transportado. “Los hijos de puta me rociaron con gasolina. Saltaron por encima del muro y entraron en mi casa. Si hubieran querido, pudieron haberme arrestado en lugar de hacer eso”.

Con los ojos cerrados y sin poder siquiera mirar a la cámara, acusó a los oficiales de policía y simpatizantes de Verma de prenderle fuego. En el video, se pueden ver sus quemaduras devastadoras. Murió a causa de sus heridas siete días más tarde. Tenía 46 años.

Más allá de las fechas y los protagonistas involucrados, los hechos de ese día son discutidos. La familia de Singh, dijo que el periodista fue atacado y quemado vivo. La policía, en cambio, concluyó que se trataba de un suicidio. El único testigo presencial del incidente, una amiga de Singh que estaba en la casa con él, inicialmente apoyó la versión de los hechos del periodista, pero cambió su historia varias veces. Incluso en una entrevista reciente, muy nerviosa, dio tres relatos completamente diferentes de lo que sucedió ese día.

Forbidden Stories, un consorcio internacional de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicación de todo el mundo, recopiló testimonios que desdicen la versión oficial del suicidio de Jagendra Singh. Forbidden Stories, cree que su muerte forma parte de la historia de represión y silenciamiento llevada a cabo por los magnates de la arena en la India en estos últimos años.

“Se metió en problemas desde el momento en que escribió contra el ministro [Verma]”, dijo la viuda de Singh. “Lo regañé. Le dije que no debería escribir tales historias y él me contestó que quería llegar hasta el final”.

Desde el comienzo de su carrera periodística en 1999, Singh, cambió de empleador varias veces porque se sentía regularmente censurado. “A veces, a sus jefes se les pedía que abandonaran una historia o les pagaban dinero para asegurarse de que las noticias nunca se publicarían y mi padre se enfadaba”, dijo Rahul, el segundo hijo de Singh.

El 27 de abril de 2015, Singh, posteó su primera publicación en Facebook acusando a Verma, el entonces Ministro de Bienestar en Uttar Pradesh, de dirigir operaciones ilegales. Sus publicaciones periodísticas en Facebook las seguían miles de personas.

“No queda casi ningún negocio ilegal que no esté siendo administrado por el ministro Ramamurthi Singh Verma”, posteó en uno de ellos. Uno de los negocios del ministro, escribió, era la extracción ilegal de arena. Junto con las fotos, Singh, publicó una historia acusando a los trabajadores del Ministro de extraer ilegalmente la arena del río Garra. Singh, afirmó que Verma sobornó a la policía local con 10,000 rupias (150 dólares) por día, para permitir la extracción.

Un portavoz de Verma dijo que no podía responder porque estaba hospitalizado.

Las relaciones entre los dos hombres se fueron tensando durante meses. Simpatizantes de erma presentaron denuncias supuestamente falsas contra el periodista. Solo se fueron empeorando la situación ya que Singh continuaba escribiendo sobre el Ministro. Las amenazas pasaron a ser físicas. Según Singh, los secuaces de Verma le rompieron un tobillo tras un ataque.

Aun así Singh persistió. Su desesperación era tal, que decidió jugar con las mismas cartas que el Ministro. Sus amigos confiesan que, exasperado – en lo que describen como un acto impropio de él – ayudó a presentar una denuncia por violación supuestamente falsa, contra Verma. La denuncia fue retirada tras la muerte de Singh.

El día del funeral de Singh, el 9 de junio de 2015, su hijo presentó una denuncia contra Verma y cinco policías por conspiración para cometer asesinato e inmolación. No pasó mucho tiempo antes de que el ministro se pusiera en contacto con la familia.

Por primera vez, los miembros de la familia Singh han reconocido a Forbidden Stories y a un periodista de Le Monde (Francia), que abandonaron el caso después de llegar a un acuerdo con Verma.

Después de la muerte de Singh, la presencia y la atención de los medios de comunicación mantuvo a la familia esperanzada durante un par de semanas. Pero pasado un cierto tiempo los periodistas tuvieron que irse y la familia comenzó a sentirse aislada e indefensa frente a Verma. Los familiares y amigos comenzaron a presionarlos para que aceptaran un acuerdo con el ex ministro. La viuda de Singh dijo que temía por la vida de sus hijos.

“Muchos de nuestros familiares se pusieron de repente contra nosotros”, recuerda. “Nos dijeron que la vida de mis hijos estaba en peligro”.

La familia afirma que Verma les dio en efectivo el equivalente a tres millones de rupias (45 mil 000 dólares). La familia comprendió que esta generosa donación estaba condicionada a una declaración en la que se dijera que Singh se había suicidado.

Finalmente, el 23 de julio de 2015, el hijo de Singh retiró su denuncia.

Un mes más tarde, el 27 de agosto de 2015, Verma, hizo una deposición ante la policía en la que estipulaba que la denuncia presentada por Singh era “falsa”. Verma también declaró que nadie había acosado a Singh, ni nadie lo había quemado. En esta declaración, Verma, no mencionó el acuerdo con la familia ni el dinero que les donó.

Según la familia, Verma, quería que la familia destinase el dinero a la hija de Singh, Diksha. “Educadla y dejad que estudie hasta que ella quiera y que luego se case, usad ese dinero para su matrimonio”, así es como recuerda el hijo de Singh las palabras de Verma.

Hoy, la familia está destrozada por culpa de este acuerdo. La hija de Singh, determinada a que su padre sea reconocido como asesinado, se niega, en contra de los deseos de su familia, a tocar el dinero y a casarse.

“Él quería luchar para obtener justicia y siepre quiso hacer algo bueno por Shahjahanpur”, recuerda la hija. “Muy pocas personas son tan valientes como para enfrentarse a un ministro tan poderoso. Mi padre fue uno de los pocos que expuso la verdad”.

En India, Singh, no era el único periodista presuntamente atacado por escribir sobre las mafias de arena. Sandeep Kohari murió solo un par de semanas después de Singh. Karun Misra lo hizo en febrero de 2016 y Sandeep Sharma en marzo de 2018. Todos estaban investigando la extracción ilegal de arena cuando fueron asesinados.

Según Aunshul Rege, profesor asociado en el departamento de justicia penal de la Universidad de Temple, en Filadelfia, “la `mafia de la arena´ es considerada actualmente como uno de los grupos de crimen organizado más prominentes, violentos e impenetrables de la India”. Y está claro que estás mafias harán todo lo posible para mantener en secreto su negocio.

En el terreno, las ONG y los periodistas que intentan esclarecer el funcionamiento de la industria de la minería de arena, se enfrentan a una batería inmediata de amenazas. A medida que van acercándose a la verdad, las advertencias son fulminantes. Cuando se investiga el negocio de la arena, la intimidación es frecuente y la corrupción es sistemática.

Porque, a pesar de estar disponible para cualquiera, la arena es un producto lucrativo. Las playas son fuente de minerales valiosos como el granate, la ilmenita y el circón. Minerales que se utilizan principalmente en el campo de los abrasivos de voladura (a menudo llamados chorro de arena), comunes tanto en la fabricación de aeronaves, como en la construcción naval y en la industria automotora.

La extracción ilegal de arena se ha extendido desde 2000 a lo largo de la costa de Tamil Nadu. En 2013, las autoridades estatales finalmente decidieron tomar medidas. Se prohibió la extracción mientras se iniciaban las inspecciones de las actividades ilegales de las compañías mineras privadas.

Sin embargo, entre 2013 y 2016, las mineras privadas continuaron exportando por todo el mundo más de dos millones de toneladas métricas de minerales, según un informe de expertos presentado ante el Tribunal Superior de Madras.

En una declaración a Forbidden Stories, Vaikundarajan indicó que “el cese de la minería hasta que se complete la inspección no equivale a la prohibición de la minería”. En cuanto al informe pericial presentado ante el tribunal, Vaikundarajan dijo que “todas las alegaciones formuladas carecían de fundamento y no eran conformes a la ley”.

Sandhya Ravishankar, periodista de Chennai en Tamil Nadu, es una de los pocos profesionales que han investigado este tema.

Tan pronto como apareció su primera historia en 2013, recibió un aviso muy claro: “El mismo día de la publicación, en tan solo una hora o dos, demandaron al periódico por difamación e incluyeron mi nombre entre los acusados ”.

La periodista de Chennai continuó escribiendo una serie de seis artículos más, pero nadie quería publicar sus reportajes. Finalmente, en enero de 2017, el sitio web de noticias indio, The Wire, publicó los resultados de su investigación. Como consecuencia recibió más amenazas telefónicas y fue espiada. La periodista dice que empezó a recibir llamadas telefónicas amenazantes, que grabaciones de seguridad de una de sus reuniones con una de sus fuentes fueron publicadas en Internet.

“Sandhya Ravishankar tiene una enemistad personal contra nuestra compañía”, dijo Vaikundarajan en una larga declaración criticando largamente a la periodista que, según él, trabaja para uno de sus competidores.

Tras estas intimidaciones, Ravishankar, decidió continuar su investigación a distancia. Por razones de seguridad, nunca ha regresado a la zona. Forbidden Stories ha unido esfuerzos para trabajar con ella y seguir informando sobre la minería ilegal de arena en la playa en Tamil Nadu.

En uno de los distritos donde la extracción ilegal ha sido más intensa, la gente tiene miedo de hablar. El temor es tal que algunos habitantes no se atreven a mencionar el nombre del imperio local de extracción de arena en la playa: V.V. Mineral.

La compañía la dirije S. Vaikundarajan, cuyo nombre aparece más de una vez en las investigaciones estatales y judiciales. “Alrededor de, digamos, entre el 85 y el 90% de la extracción de arena de playa, tanto legal como ilegal, está monopolizada por esta familia”, afirma Ravishankar.

Hay un recordatorio de V.V. Mineral en cada esquina de Thisayanvilai. El más importante es el V.V. Colegio de Ingeniería, un nuevo e imponente edificio construido en 2010 y protegido por guardias de seguridad. La fachada rosa y blanca está impoluta, destacando en medio de este pueblo rural y pobre. A una corta distancia, un centro de salud lleva el nombre de este magnate del negocio de la arena. Sin embargo, el impacto ambiental a largo plazo de la minería de arena, empaña este cuento de hadas.

En un informe publicado en mayo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, subrayó los impactos medioambientales y sociales de la extracción de arena afirmando que se trataba de una cuestión de importancia mundial. “El aumento del volumen de minerales extraídos, la mayoría ilegalmente, de los ecosistemas marinos y fluviales, da lugar a la erosión fluvial y costera, amenazando a la pesca en agua dulce y marina, y a la biodiversidad”, señaló.

Los minerales de arena de playa requieren mucha menos cantidad de arena que la construcción, pero aún así pueden perturbar el ecosistema. “Somos la única empresa que opera con una autorización ambiental válida… así que la degradación ambiental es una historia imaginaria que se difunde con un motivo oculto”, dijo Vaikundarajan, quien culpó de la erosión del litoral al calentamiento global.

Hasta ahora, tanto autoridades, como periodistas y organizaciones no gubernamentales, han hecho poco hasta ahora para medir el coste medioambiental de la extracción de arena en Tamil Nadu. Pero lo cierto es que todos los testimonios apuntan en una misma dirección: “Un impacto evidente es que las dunas de arena han desaparecido, y el mar está entrando en la tierra”, dice Ravishankar.

Los periodistas de Forbidden Stories se reunieron en Kovali – una aldea de Tamil Nadu – con un pescador que se quejaba de que el mar se expanda cada año un poquito más sobre la arena, un fenómeno llamado erosión que el pescador considera ser el resultado de la minería ilegal en la zona.

Los aldeanos tienen que retirar sus casas, lejos de la costa o son tragadas por el mar. “Todas las casas que como la nuestra, estaban aquí hace 3 o 4 años, se han ido para siempre”, declaró. El pescador también afirmó que alrededor de 300 personas perdieron sus hogares en la área.

Debido a la pérdida de la barrera natural que supone la arena, se sospecha que el agua salada se ha filtrado en el agua subterránea. “El agua se volvió salada”, dijo un granjero local. “Las plantas de banano no pudieron adaptarse a la salinidad del agua y tras un tiempo tuve que vender la tierra ”.

El impacto podría ser un problema a muy largo plazo. “La erosión costera puede continuar incluso décadas después de que se haya detenido la extracción de arena”, afirma Pascal Peduzzi, jefe de la Unidad de Cambio Global y Vulnerabilidad del Programa de Medio Ambiente de la ONU.

Mientras tanto, los periodistas que intentan denunciar los actos perpetrados por las mafias de la arena que devoran las costas indias, viven bajo constante amenaza. En mayo de 2019, el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, denunció un nuevo ataque en Odisha, un estado costero al norte de Tamil Nadu. Según el CPJ, “Seis individuos no identificados que empuñan un machete y otros objetos afilados, atacaron al periodista Pratap Patra”.

El periodista dijo creer que el ataque estaba relacionado con un artículo que había publicado sobre una empresa local de extracción de arena que estaba trabajando ilegalmente, según CPJ.

“Antes de que yo empezara a publicar, solía haber más periodistas informando, pero fueron acosados y sus familias se asustaron con las amenazas, y, simplemente, tuvieron que abandonar, no tenían otra opción”, afirma Ravishankar sobre el trabajo de los periodistas que investigan sobre la minería ilegal de arena en Tamil Nadu. “Hoy probablemente soy la única que todavía se atreve a meter la nariz en este asunto”.

 

Fuente:https://www.proceso.com.mx/589093/las-mafias-de-la-arena-callan-a-periodistas-en-la-india

Guatemala

En Guatemala, una foto compromete una mina ruso-suiza

Un grupo de pescadores de una comunidad indígena en Guatemala exigió conocer el impacto ambiental de una mina de ferroníquel implantada en sus tierras ancestrales. Uno de ellos fue asesinado, y un periodista local fue criminalizado por cubrir la historia. Forbidden Stories, un consorcio internacional de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicación, unió fuerzas para continuar el trabajo del reportero. Este artículo forma parte de la serie “Green Blood”, un proyecto que sigue indagando las historias de periodistas amenazados, encarcelados o asesinados mientras investigaban temas medioambientales.

Si no fuera por un periodista que tomó fotos ese día, algunos podrían decir que no está claro cómo ocurrieron los últimos momentos de Carlos Maaz. Había una nube de gas lacrimógeno, el caos de una protesta improvisada, el eco de balas y rocas volando entre la multitud. En una fotografía, sin embargo, se le ve parado, en medio de la calle, entre los manifestantes, con las manos en los costados, sin arma. Un minuto después, el cuerpo del pescador yace sobre el pavimento y un policía, echado atrás en la parte trasera de una camioneta pickup, con la pistola en la mano, apunta hacia la cámara. Las imponentes montañas verdes de la Sierra de Santa Cruz permanecen impasibles en el fondo, testigas de un asesinato cometido por un hombre en uniforme. La serie de fotografías, durante mucho tiempo la única prueba concreta de lo que sucedió ese día.

Según su esposa, Maaz fue abandonado durante medio día antes de que los aldeanos, conscientes de que las autoridades no iban a mover el cuerpo, lo recogieran y lo enterraran. Carlos Maaz era miembro de la comunidad Maya, Q’eqchi, de Guatemala, un grupo indígena con un apego especial a la tierra. Era un pescador artesanal, preocupado por la sospecha de contaminación del lago que era su medio de vida. También era padre y esposo.

“Él nos proveyó y nos cuidó”, dice su viuda Cristina Maaz Pop. “Cuando fue asesinado, ni siquiera pensé en ser feliz. Desde ese día ya no me siento segura en ningún lugar. Y ahora no hay quién me ayude”.

La sociedad que está en la raíz de las preocupaciones de los pescadores es Solway, un grupo con dirección rusa, con sede en Suiza y una sociedad de cartera en Malta. Se instaló en 2011 en El Estor, un municipio remoto oculto en medio de montañas y colinas, para tomar el control de una mina de ferroníquel llamada Fenix Project, que vende el precioso mineral a diversas industrias, como la construcción o la electrónica.

Impunidad policial

Durante la conferencia de prensa posterior a la protesta, la policía negó que alguien haya muerto. Era simplemente una mentira, según Carlos Choc, periodista de la página web de noticias mayas Prensa Comunitaria, quien tomó la foto del cuerpo sin vida de Maaz. El periódico digital de la comunidad acababa de iniciar un proyecto, de un año de duración, que iba a cubrir el impacto social y ambiental de la mina. El proyecto quedó detenido ese día. La investigación criminal sobre la muerte de Maaz estaba paralizada, mientras que las autoridades llegaron incluso a abrir una causa penal contra Carlos Choc.

Forbidden Stories, un consorcio de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicación en el mundo, incluyendo Prensa Comunitaria, han retomado el trabajo de Choc. Después de una investigación de ocho meses, descubrimos que tanto las autoridades guatemaltecas como la compañía han mentido de forma repetida sobre lo que le sucedió a Maaz, así como sobre el impacto ambiental de la mina. También descubrimos que los reporteros que investigan estos hechos han sido criminalizados erróneamente por hacer su trabajo. Y que las comunidades Maya Q’eqchi que viven en El Estor tienen razón al preocuparse por su tierra y salud.

 

Una mancha roja “misteriosa”

El día que murió, Carlos Maaz, participaba a una protesta con un grupo de pescadores. La causa de su preocupación: una mancha roja que apareció en marzo de 2017 en el lago Izabal, el lago más grande de Guatemala, y que atribuyeron a la mina de ferroníquel.

Pidieron un estudio ambiental. Un mes después, el gobierno tomó muestras de agua y concluyó que la maleza acuática era la culpable de la coloración del lago.

Aquella era causada por la Hydrilla, una planta acuática invasiva, dijo Alfonso Alonzo, el ministro del Medio Ambiente, “que es roja, la mancha roja es parte del ecosistema del lago. Esa Hydrilla creció gracias al agua contaminada por bacterias, por causa de la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales en el río Polochic”.

Sin embargo, los expertos que consultamos llegan a una conclusión diferente. Según el biólogo brasileño especializado en contaminación del agua, Lucas Barreto Correa, “todos los resultados de los análisis existentes muestran una clara evidencia de los elementos característicos de las actividades mineras. Hay inconsistencias en las declaraciones oficiales, y se necesita una información gubernamental más consolidada con respecto a la contaminación presente en el lago”.

Niegan daños ambientales

Durante una visita a la mina realizada por los reporteros de Forbidden Stories, la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), que opera en la mina, negó categóricamente cualquier daño al medio ambiente. “No daña al lago porque, de hecho, tanto Pronico [la planta de procesamiento de metales]como CGN tienen programas de monitoreo ambiental”, dijo Carlos Fernández, director de una reserva natural administrada por la mina.

“Tenemos certificaciones [de la Organización Internacional de Normalización], y estamos comprometidos con los estudios de impacto ambiental autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas, y esos compromisos son una gran responsabilidad que cumplimos como empresa”. La empresa matriz Solway dijo que los niveles de contaminación no habían cambiado desde que la planta comenzó a operar.

Los pescadores no lo creyeron y afirmaron que la sospecha de contaminación les estaba afectando significativamente.

“No podremos vivir de los peces si continúan contaminando nuestra agua”, dijo Alfredo Maquin, uno de los pescadores. “¿De qué vamos a vivir, qué les daremos a nuestros hijos? ¿Dónde vamos a trabajar?”

Finalmente, el Ministerio de Medio Ambiente anunció en una nota sumamente corta que se celebraría una reunión a 60 kilómetros de distancia del pueblo para abordar las inquietudes de los pescadores según el padre Ernesto Rueda Moreno, sacerdote que ejercía como contacto local para las autoridades.

Sin embargo, había rumores de que se inciaban procedimientos penales contra ellos por bloquear el paso de los camiones desde la mina unas semanas antes. “Los pescadores temían ser arrestados”, recuerda el padre Ernesto.

 

David y Goliath

Cuando se reunieron al amanecer del 27 de mayo de 2017, se dieron cuenta que las autoridades guatemaltecas los habían abandonado. La respuesta de los pescadores fue organizar un bloqueo. No era el primero que armaban. Por su parte, la policía ya estaba de camino. Cuando los pescadores comenzaron a tirar piedras, los policías respondieron con balas. Una hora y media después, Maaz yacía sangrando y muerto en el suelo, herido en el pecho por un policía.

Dos años y un informe de balística más tarde, el ministro de Medio Ambiente todavía niega que una persona haya muerto. Cuando periodistas de Expresso (Portugal) y Le Monde (Francia) lo enfrentaron en su oficina de la ciudad de Guatemala, él continuó dándole vueltas a un tecnicismo: “No se hizo ninguna investigación, no se pudo hacer ninguna investigación, ningún fiscal ni nadie del estado oficialmente estuvo ahí para verificar si esa persona había muerto”, dijo.

Por ende, nadie ha sido responsabilizado por el asesinato de Carlos Maaz. En cambio, han sido criminalizados tanto los pescadores como los periodistas. Las órdenes de detención emitidas en agosto de 2017 acusaron a siete de ellos de “amenazas”, “incitación a cometer delitos” y “asociación ilícita”.

Los pescadores fueron inicialmente procesados por una manifestación anterior durante la cual bloquearon una carretera en El Estor y acusados por detener en su coche a empleados de la mina. Choc y su colega Jerson Xitumul solo fueron mencionados en los expedientes judiciales posteriormente.

“Creemos que los hechos presentados por la compañía como acusación no fueron suficientes para justificar una orden de arresto”, dijo el abogado de Choc. “De lo que hemos analizado en el expediente, hemos visto que se basa en identificaciones hechas por el abogado de la empresa que no estaba presente en el momento de los hechos”.

Según José Felipe Baquiax, un juez que preside la sala de lo criminal del Tribunal de Guatemala, los tipos de cargos presentados contra los pescadores y los periodistas suelen ser los que se usan contra el crimen organizado, no contra los manifestantes. “La libertad de expresión está reconocida en la Constitución, por lo que esto no constituye un delito”, subrayó Baquiax. “Debo decirle que no he visto aquí, desde que empecé como juez hasta ahora que soy magistrado, a nadie condenado por haber participado en una manifestación”.

Para los dos reporteros de Prensa Comunitaria, estos cargos significaban la amenaza de arresto. Jerson Xitumul pasó un mes en una de las cárceles más peligrosas del país antes de que se le permitiera regresar a casa bajo arresto domiciliario. En julio de 2018 se retiraron todos los cargos contra él, pero decidió abandonar el periodismo.

Cuando Carlos Choc vio lo que le había pasado a su colega, decidió esconderse. “Tenía que vivir clandestinamente”, recuerda. “Todo mi corazón está en mi ciudad, mi pasión por mi trabajo periodístico está en El Estor, pero hubo momentos en los que me desesperé”. Durante ese tiempo, Choc se separó de sus hijos y tuvo que vender la mayor parte de sus posesiones al no poder trabajar.

Choc comenzó a trabajar en el mundo del periodismo hace 12 años y se unió a Prensa Comunitariaen diciembre de 2016. Prensa Comunitaria es la página web de noticias mayas en Guatemala cuyo objetivo es “documentar la voz de la comunidad y sus diferentes luchas”.

Choc describe su trabajo simplemente como “decir la verdad”. Su pasión por el periodismo se remonta a su adolescencia. “Cuando tenía 15 años, recuerdo que a mi padre realmente le gustaba escuchar fútbol”, recuerda sonriendo. “Recuerdo que cuando él ponía la radio, a veces me gustaba narrar el juego. Ahí es donde nació mi trabajo como periodista. Luego, fui conociendo un poco más y también descubrí la necesidad que existe en nuestras ciudades y en nuestro pueblo de poder informar de la realidad de las cosas”.

Las tensiones entre las comunidades maya Q’eqchi, las autoridades y la mina han ido aumentando durante décadas. En El Estor, la operación minera de ferroníquel ha significado una reducción del gigantesco pulmón verde que era el bosque. Desde el cielo, ahora se puede ver una mancha de color naranja allí donde estaban los árboles: edificios y tuberías cubiertas de polvo de mineral.

En 2007 y 2009, las expropiaciones originales, necesarias para el establecimiento de la mina, provocaron acusaciones de violaciones y asesinatos por parte de la policía y las fuerzas de seguridad de la mina. En ese entonces, la mina era propiedad de una compañía canadiense, Skye Ressources, antes de que la compraran otros canadienses, la compañía, Hudbay, quienes finalmente la vendieron a Solway.

 

Empleados arriesgan sus vidas

En El Estor, los rusos reemplazaron a los canadienses en 2011, pero la compañía operadora sigue siendo la Compañía Guatemalteca de Níquel. La seguridad industrial de la empresa ha sido cuestionada repetidamente. En 2016, la explosión de una caldera mató a cinco trabajadores. “Muchos de nosotros les advertimos que esta caldera era peligrosa y lo ignoraron”, explicaba Manuel Ramos Ochoa, exempleado. “Están interesados en producir, producir, producir… ¡No les importa la vida de nadie!”

La viuda de uno de los trabajadores muertos en el accidente cuenta una historia similar. Ella desea permanecer en el anonimato por temor a que, al hablar, la compañía pueda quitarle la compensación financiera que recibe como resultado de la muerte de su esposo.

“Cuando él murió, siguieron trabajando”, dice. Su esposo había advertido varias veces sobre los problemas con la caldera hasta el día fatal de la explosión. “Su jefe dijo que no importaba, que siguiera trabajando, que nada iba a suceder. Incluso dijo que había más muertos [en Rusia]y que eso no era nada, que estaban acostumbrados a perder personas”.

En una declaración, el presidente del Consejo de Solway, Dan Bronstein, confirmó que en la mañana del 13 de agosto de 2016, el día que explotó la caldera, ocurrieron problemas en un almacén temporal de desperdicio, una unidad auxiliar de la caldera. “El personal de la planta térmica detectó que el muro de la tolva se había descompuesto”, dijo.

Pero “de acuerdo a la documentación del diseño de una caldera de este tipo, este tipo de desviación no requiere detener el trabajo”, señaló sobre la decisión de no apagarla. Agregó que la compañía está reemplazando la caldera dañada con otra de un fabricante diferente y que otra caldera, idéntica a la que explotó ha sido apagada. Expertos contratados por la compañía operadora y una investigación gubernamental fueron incapaces de establecer la causa de la explosión, aseguró.

Contaminan de noche

Fuera de la mina, las preocupaciones sobre su impacto ambiental están creciendo. Si bien no hay pruebas definitivas de que las operaciones mineras hayan causado problemas a los pescadores y a las personas, existen pruebas de un daño ambiental creciente. Los aldeanos reportaron haber visto humo rojo saliendo de la mina de noche.

“Por la noche, quitan los filtros, cuando están procesando sus productos”, dijo Ochoa. “Piensan que la gente no lo ve, y al final, nadie dice nada al respecto”. Un portavoz de la mina negó que su planta de procesamiento emitiera vapores rojos por la noche, a pesar de la evidencia fotográfica de lo contrario.

Forbidden Stories probó la calidad del aire durante un mes con un sensor ambiental. Los resultados muestran picos de concentraciones de partículas finas seis veces más altas que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. “Estos son los niveles que se pueden medir en China durante los principales episodios de contaminación”, dijo el científico atmosférico Boris Quennehen.

En un comunicado, Solway dijo que “las concentraciones excesivas de [partículas finas] en las comunidades están asociadas con fuentes de polvo no relacionadas con las plantas: polvo de la carretera, incineración de residuos en los campos y madera utilizada para cocinar”.

“Estamos preocupados porque eso tiene un impacto a largo plazo”, dice Anibal Coti, director de un centro médico en El Estor. “Hay personas que ingresan con problemas bronquiales, problemas de asma, bronquitis, neumonía”.

 

Confrontan a ministro

Durante una visita a la mina en abril, los reporteros de Le Monde y Expresso enfrentaron a Maynor Alvarez, gerente de asuntos comunitarios de la CGN. Él simplemente les respondió: “El monitoreo se lleva a cabo, no solo para el agua: para el agua, el polvo y el ruido. Y el monitoreo se lleva a cabo periódicamente de acuerdo con lo que la ley ordena. Tenemos fe, yo como Pronico, yo como autoridad, yo como comunidad, tenemos fe en estos monitoreos”.

En cuanto al gobierno, los aldeanos sienten que se han ignorado en gran medida sus preocupaciones. “Los gobiernos nunca piensan realmente en los pueblos indígenas”, explica Cristóbal Pop, el líder de la asociación de pescadores. “Lo que les importa son solo los intereses, dónde hacer dinero con las empresas, que les puede dar buenas ganancias, independientemente de la vida de la gente, del campesino, de los indígenas”.

Después de pasar un año y medio escondido, el periodista Carlos Choc finalmente pudo ver a un juez en enero y logró evitar la prisión preventiva. Ahora está esperando una audiencia sobre su caso.

“Nunca pensé, durante los 12 años que trabajé como periodista, que algún día pasaría por esto debido a mi trabajo”, dijo. “Sé que las falsas acusaciones van a terminar. Y cuando todo esto termine, no quiero llorar”.

 

Fuente:https://www.proceso.com.mx/588937/en-guatemala-una-foto-compromete-una-mina-ruso-suiza?fbclid=IwAR189-AhPRpzvbDshSY_Z4_Rc22u2TiG1MwUEXaRad2jVurnbqyMHIb_wNg