Paraguay

Por Ley queda prohibida la explotación minera en el Ybytyruzú

Autor: Baseis.org / Bio Diverdidadla.org

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 6341/19 por la cual se modifican los artículos 6 y 7 de la Declaración como Área Silvestre protegida de la Cordillera del Ybytyruzú, con la promulgación de estas modificaciones queda totalmente prohibida la explotación minera en la zona de la Cordillera. Organizaciones vecinales celebraron la adopción de la ley y señalaron que es fruto de la lucha de la población por la defensa de los recursos naturales y la vida.

Desde el año 2015 organizaciones comunitarias de la zona de la Cordillera venían denunciando el intento de diferentes empresas mineras de instalarse en el Ybytyruzú; esta amenaza los llevó a organizarse y exigir a las autoridades locales y nacionales que tomen medidas para evitar que se consume lo que consideraron sería una “masacre medioambiental”. Los pobladores veían de cerca la experiencia de paso Yobai, donde la extracción de oro ha generado la contaminación de arroyos y cauces hídricos de la zona y no ha logrado promover el desarrollo de los habitantes del lugar, además los antecedentes internacionales de explotaciones mineras en zonas similares a la Cordillera del Ybytyruzú mostraban los factores negativos de este tipo de emprendimientos.

Ante esta situación y viendo el avance de las empresas mineras en la zona, algunas que mediante prestanombres llegaron incluso a tener autorización para realizar trabajos de exploración en el Área Protegida, los pobladores decidieron elaborar una propuesta de Ley que fue consensuada con distintos actores. La propuesta ingresó a la Cámara de Senadores en agosto del año 2018 y fue estudiada y sancionada tras el estudio en ambas Cámaras del Congreso.

Las modificaciones a la Ley que Declara como Área Silvestre Protegida a la Cordillera del Ybytyruzú disponen que “en ningún caso se permitirá la prospección, exploración ni explotación de minerales e hidrocarburos en el área declarada como reserva y su zona de amortiguamiento” además la nueva legislación dispone que el incumplimiento de esta disposición será sancionado con pena privativa de libertad de 5 años y la obligación de recomponer el daño ambiental causado.

La Ley fue promulgada el pasado 16 de Julio y publicada en la Gaceta Oficial Número 133 de ese mismo día.

Minería en Paraguay

Según indica el investigador Guillermo Ortega en el libro Mapeamiento del Extractivismo, la minería es una forma más de extractivismo ya que es “un tipo de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, y que está orientado esencialmente a ser exportado como materia prima sin procesar, o con un procesamiento mínimo”. Ortega señala también que mientras el agronegocio es la principal dimensión del modelo extractivista en Paraguay “la minería y la extracción de hidrocarburos son otras dimensiones de la apropiación y mercantilización de la naturaleza y que están directamente relacionados con demandas de los mercados internacionales, como ser: oro, petróleo, uranio, titanio, gas y agua”.

Chile

Pascua Lama no se rinde, busca evitar clausura y acusa de “sesgada y prejuiciosa” a la SMA

Autor: Francisca O'Ryan , La Tercera.com
Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

Ayer comenzaron los alegatos en el Primer Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta, donde la compañía dueña del proyecto minero solicitó que la resolución que ordena el cierre de la obra quede sin efecto. En tanto, la Superintendencia de Medio Ambiente pidió que las sanciones cuestionadas sean confirmadas.

Un nuevo capítulo sumó el emblemático proyecto minero Pascua Lama, de la canadiense Barrick. Esto, luego que hoy el Tribunal Ambiental de Antofagasta diera inicio a los alegatos por las reclamaciones de la empresa, que acusó ilegalidad de la solicitud de la SMA de clausurar la faena.

El caso tiene su origen en la decisión de la Corte Suprema de ordenar al tribunal que revise su decisión en que acogió la petición de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) e impuso la máxima sanción contra Pascua Lama, esto es, el cierre definitivo y total del proyecto minero, que se concibió como el primero de carácter binacional del mundo y que se ubica en la frontera de la región de Atacama y la provincia transandina de San Juan.

El primero en intervenir en la audiencia fue el abogado de la Compañía Minera Nevada (filial de Barrick), Patricio Leyton, quien pidió que la resolución de la SMA quede sin efecto y que se dicte una nueva resolución, esta vez ajustada a derecho. Además, advirtió que si la clausura es definitiva y total, sería el equivalente a la pena de muerte en derecho ambiental.

En su opinión, en este caso la SMA “habló de manera sesgada y prejuiciosa, presumió intencionalidad sin considerar los actos positivos de la empresa por llevar al cumplimiento, sancionó por circunstancias que no fueron objeto de cargo, afectando su derecho de defensa”.

Leyton dijo además que la Superintendencia ha infringido los principios más básicos que se establecen en el ordenamiento jurídico, entre los que mencionó el principio de imparcialidad, al actuar de una manera sesgada y contra los intereses de su representada. También señaló que la SMA no respetó el principio de culpabilidad, al establecer presunciones de intencionalidad; y el de congruencia, en circunstancias que no fue por objeto de los cargos. “Se discrimina arbitrariamente, pues se sanciona con la pena más severa que establece nuestro ordenamiento jurídico, mientras en otros casos de mayor entidad se sancionó con penas o sanciones menores”, concluyó el representante de la empresa.

En tanto, el abogado Emanuel Ibarra, quien defendió a la SMA, señaló que la decisión de clausura que se aplicaron es proporcionada y correcta. “Nos enfrentamos a un proyecto que con su actuar, ha reflejado un carácter de incumplimiento negligente con sus obligaciones (….). Todo el actuar de Pascua Lama, ha reflejado que su historia e instrumento, impide que se relacionen de manera saludable y correcta con el medio ambiental y comunidad”, dijo.

Más duro en el tono, el abogado Álvaro Toro -representante de la comunidad Valle del Alto-, acusó a la empresa derechamente de victimizarse. “La actitud de transgredir, de no cumplir los compromisos y obligaciones ambientales es permanente”, puntualizó.

Senado avanza con proyecto de delitos ambientales

Hoy, en la comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado hubo avances con el proyecto que sancionan delitos contra el medio ambiente y daños ambientales.

En la instancia, los parlamentarios aprobaron cinco de diez indicaciones consensuadas entre gobierno y oposición, quedando las demás pendientes.

Dentro de lo aprobado destaca el artículo que crea una multa de hasta 10.000 UTM al que vierta en el aire, suelo o subsuelo agentes contaminantes que pongan en peligro la salud animal o vegetal.

Otro artículo castiga con hasta con 500 UTM a quien, a sabiendas, presentare o mandare presentar información falsa en una solicitud de calificación ambiental en un plan de reparación o en un programa de cumplimiento.

 

Fuente:https://www.latercera.com/pulso/noticia/pascua-lama-no-se-rinde-busca-evitar-clausura-acusa-sesgada-prejuiciosa-la-sma/751292/?fbclid=IwAR2Xks-svVCppvuEfcoFm2VWaMk6HZZjnyJWMe06X_RZRIbRHsw2bq-YCDU

Argentina

Quieren que Irrigación controle a las Mineras

Autor: Jorge Fernandez Rojas , Mendoza Post.com

Hace 50 días el diputado del Partido Intransigente (PI), Eduardo Martínez presentó un proyecto de ley que impulsa la liquidación de la ley 7722 que restringe la actividad minera metalífera en Mendoza.

Se generó un gran impacto en ese entonces, porque Martínez trajo desde Buenos Aires al geógrafo Julio César Guarido. El científico llegó con el antecedente de «haber hecho el relevamiento de los glaciares».

El proyecto «intransigente» estipula la creación del «Consejo Provincial de Protección del Agua y el Ambiente», conformado por técnicos y representantes de las asociaciones ambientalistas que defienden la 7722.

Son las misma organizaciones civiles que en este último tiempo impulsan una ley contra la fracking petrolero.

«El Consejo tendrá por objetivo la coordinación de diversas entidades públicas y privadas, a fin de ejercer controles sobre todas las actividades industriales y productivas y poner en debate en forma definitiva y superadora la ley 7722 y la actividad minera en Mendoza», dijeron los impulsores de la reforma legal el 31 de mayo.

Un menú en tres pasos

Hoy lunes 22, cuando se reinicia la actividad legislativa, los diputados mendocinos que componen la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) empezarán a analizar el proyecto del PI.

«Hay que analizar y escuchar todos los planteos. No hay que negarse al debate. Quizás una modificación con buenos controles puede ayudar a Mendoza en su situación productiva y generar trabajo», señaló el presidente de LAC, el radical de Jorge Albarracín hace un mes.

¿Cuál el objetivo del proyecto? se le consultó a Martínez antes de la comenzar el debate en las comisiones de LAC y luego en Hacienda y Presupuesto. Hay un «paper» del PI que expone esquemáticamente el proyecto.

1- Por un lado, crear un órgano consultivo y con función de contralor que vincule a los distintos organismos e instituciones y asociaciones civiles que tienen conocimiento e injerencia en el ambiente y el recurso hídrico, para garantizar la preservación de los mismos.

2- Por otro lado, otorgar rango de ley a la Resolución 778/96 del Departamento General de Irrigación (DGI), que limita el vertido de sustancias como el cianuro, mercurio, ácido sulfúrico en cuanlquier tipo de industria. El DGI será la autoridad de aplicación.

3- Por último, frente a la posibilidad de que se reactive la minería en Mendoza la Legislatura tendrá 60 días para crear una ley que regule el destino de los fondos de las regalías.

 

Fuente:https://www.mendozapost.com/nota/125876-quieren-que-irrigacion-controle-a-las-mineras/

Mexico

Comunidades de la costa de Chiapas exigen freno a proyectos hidroeléctricos y mineros

Autor: Sare Frabes, Avispa.org

El 15 de julio pasado, el cabildo del ayuntamiento de Huehuetán en la región del Soconusco aprobó por unanimidad el no otorgar ningún tipo de autorización a empresas para la construcción de centrales hidroeléctricas en el municipio chiapaneco.

Esta acción es parte de la lucha de comunidades de dicho municipio y de Tapachula, quienes desde 2012 se oponen a los proyectos hidroeléctricos Coatán y Cuilco, informó La Voz del Pueblo mediante comunicado de prensa difundido el pasado lunes.

Desde el año 2012, dicha organización donde confluyen comunidades de la región costa y sierra chiapanecas han exigido a autoridades locales la cancelación de permisos para la implementación de proyectos hidroeléctricos y mineros en sus comunidades.

“Desde entonces seguimos organizados para vigilar la vida del río Cuilco y actuar frente a las amenazas del territorio, por ejemplo las concesiones mineras que también se han aprobado en la región”, refiere la organización chiapaneca que se opone a la construcción de la represa en la zona media alta de Tapachula entre los ejidos Mexiquito, Congregación Zaragoza y El Cairo, en el municipio de Huehuetán.

Al mismo tiempo las comunidades se oponen al proyecto que pretende instalarse en los ejidos Chespal Nuevo y Chespal Viejo, afectando territorios indígenas Mam de los municipios de Tapachula y Cacahoatán.

De acuerdo al testimonio de Claudia Ytuarte Núñez, integrante de la La Voz del Pueblo, existen por lo menos siete proyectos para la construcción de centrales hidroeléctricas en la región costa sur de Chiapas.

También, en la misma zona existen 78 conseciones mineras (de un total de 99 en todo Chiapas) en los municipios de Escuintla, Chicomuselo, Acacoyagua y Tapachula. Los minerales son extraídos por empresas canadienses y chinas, los cuales van del oro, plata, mercurio, zinc, plomo, hierro hasta el titanio, éste último clave para las industrias tecnológicas, aeronáutica, naval y armamentista.

“En 2014 vimos la relación presa-minería”, relata Ituarte, antropóloga quien ha colaborado con la organización del Soconusco desde su creación. “Dónde había permisos de exploración mineras en la costa fue donde ubicamos un punto cerca de Congregación Zaragoza donde esta la (presa) de Cuilco. La (presa) de Coatán donde está cerca el punto de Aguacaliente. Descubrimos que todos los minerales que son importantes extraer, la mayor parte marcaron desde Ciudad Hidalgo por toda la llanura hasta Mapastepec y el mar; con las presas realmente toda esta franja costera desaparecería porque es un sistema bien interconectado. Por ejemplo, los manglares desde San José hasta Pijijiapan están conectados por la (reserva) Encrucijada”.

 

Renovables en Chiapas, un atractivo negocio

El estado de Chiapas alberga el 30 por ciento del agua superficial en todo México y genera mas del 40 por ciento de la energía hidroeléctrica del país.

Esto se debe al impulso gubernamental del siglo pasado para la generación de energía “limpia” mediante gandes proyectos hidroeléctricos.

Actualmente, las energías renovables representan enorme rentabilidad para las inversiones privadas por lo cual han optado por “disminur” el impacto ambiental con la implementación de mini-hidroeléctricas en caudales de todos los tamaños en el estado del sureste mexicano.

Ubicación del proyecto hidroeléctrico en el río Cuilco.

“El problema de estas empresas limpias están ubicadas en zonas muy pobres que nunca recibieron el desarrollo que México hizo con esas presas grandes y ahora resulta que ellos tienen que pagar el desajuste de la ecología, los mismos que no recibieron el apoyo que dio México. ¿Cómo le vamos a poner todo encima a comunidades que jamás se beneficiaron de un desarrollo que destruyó el medio ambiente?”, cuestiona Claudia sobre el discurso con el cual las empresas se aproximan a las comunidades.

Específicamente, el proyecto de Cuilco presentado en 2012 planteaba la construcción de una cortina de 35 metros de alto, lo cual inundaría un área de nueve hectáreas de terreno donde los campesinos siembran café y plátano.

A pesar de que la empresa Hidrochiapas, S. de R. L. de C. V. argumentó desde la presentación del proyecto que “cuenta con la anuencia de la mayoría de los propietarios de la zona”, fue hasta el año de 2014 cuando representantes de las empresas Asergen S.C. y Comexhidro S.A de C.V. se dieron cita en el lugar para intentar comprar tierras para la instalación de mini centrales hidroeléctricas en los ríos Coatán y Cuilco.

 

Afectaciones

En el comunicado de este 2019, los habitantes de Huehuetán y Tapachula enumeran las afectaciones al ambiente y comunidades si es realizado el proyecto hidroeléctrico: “deterioro del canal fluvial, erosión del lecho del río, los eco-sistemas que viven en él, evaporación del agua dulce, pérdida de los nutrientes que lleva el río y que alimentan la tierra; así como evitar decisiones restringidas de un bien de uso colectivo ( agua) que se dan en procesos de privatización y mercantilización”.

“Las cabeceras municipales de Tapachula, Cacahoatán y Huehuetán, podrían resultar afectadas con la construcción de las (mini) hidroeléctricas, porque las empresas particulares tendrán la posibilidad de cerrar o abrir compuertas y bajaría el agua cuando ellos quieran”, relata un testimonio publicado por medios locales sobre la problemática de los campesinos de la región, quienes dependen de las aguas para la agricultura.

“Huehuetán recibiría el agua de la presa. A ellos les afecta porque tienen muchos sembadios de mango, tienen cacahuatales y es un municipio que vive de la agricultura y esa agua llega a la Reserva de la Encrucijada”, agrega Ituarte sobre la preocupación de los campesinos sobre el bloqueo del flujo fuvial.

“Las pequeñas y medianas hidroeléctricas en el país dejarán una derrama de poco más de 30,000 millones de pesos en los siguientes 10 años, señaló en 2013 Jacobo Mekler Waisburd, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica. Dicha asociación, através del Grupo Comexhidro promueve los proyectos de Cuilco y Coatán. A su vez, Amexhidro representa los intereses de un conglomerado de 19 empresa, las cuales cuentan con 4 proyectos en operación, 23 permisos aprobados por la Comisón Reguladora de Energía y 43 proyectos en desarrollo.

Paradójicamente para los campesinos, la energía producida por las mini centrales hidroeléctricas de los ríos sería distribuida a clientes privados e incluso se habló desde 2012 que el excedente sería vendido a ciudades como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas.

El caso de Grupo Comexhidro es un ejemplo del suministro de energía eléctrica producida por la inversión privada mediante proyectos de energía “limpia” en México la cual responde a intereses corporativos como lo exhibe su catálogo de clientes: Walmart, Comex y General Motors así como a 10 ayuntamientos de estados del centro-norte de México.

Lavado verde

La inversión privada en proyectos de generación energética mediante recursos renovables cobraron auge después de la reforma energética promovida por la administración federal en el año de 2013.

En particular, la reforma al artículo primero de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energía, adicionó la densidad de potencia como criterio para evaluar si los proyectos de pequeñas y medianas hidroeléctricas pueden calificar como renovables.

Con la reforma implementada desde hace seis años, la energía de cualquier planta hidroeléctrica con una capacidad mayor a 30 Megawatts que presente una relación entre capacidad de generación y superficie del embalse superior a 10 Watts/m2 será considerada renovable siguiendo los lineamientos del Protocolo de Kyoto.

“Actualmente, hay 81 proyectos hidroeléctricos registrados a pequeña escala que emplean este tipo de metodologías avaladas por Naciones Unidas con la siguiente participación por países: India 20 por ciento, Brasil 15 por ciento, República de Corea 12 por ciento, China 10 por ciento y el 43 por ciento restante están distribuidos en la región de Latinoamérica y el Caribe. En México Grupo Comexhidro desarrolló la primera metodología para que proyectos hidroeléctricos participen dentro del Protocolo de Kyoto y dicha metodología fue aprovechada por diferentes proyectos hidroeléctricos a nivel mundial”, expuso Jacobo Mekler Waisburd presidente de la Amexhidro, asociación que desde 2014 ha cabildeado con el gobierno mexicano para que los Certificados de Energías Limpias otorgadas a mini hidroeléctricas adquieran un mayor valor pues argumenta “que son menos impactantes al Medio Ambiente (reconocidas mundialmente) que otras Energías Limpias Renovables”.

Hidroeléctricas: abuso y violencia en México

Mientras el negocio en energías renovables ofrece gran rentabilidad para las corporaciones, en las comunidades donde se instalan los proyectos abundan las denuncias por prácticas ilegales tales como corrupción y violencia contra quienes se oponen a las represas.

Un ejemplo es lo que sucede con las comunidades en la región donde opera la central hidroeléctrica en la sierra de Zongolica, Veracruz. La implementación de la hidroeléctrica a cargo de Asergen S.C. y Comexhidro S.A de C.V. en conjunto con Electricidad del Golfo de S.L y Conduit Capital Partners LLC, ha sido señalada por pagar sobornos para obtener licencias irregulares o inexistentes y omitir consultar a las comunidades dentro del rango de afectación en las cuencas.

De acuerdo al reporte “Conversando con Goliat: Participación, movilización y represión en torno a conflictos neoextractivistas y ambientales”, de un total de 304 megaproyectos registrados en todo el territorio mexicano donde se ha suscitado hechos violentos, la industria hidroeléctrica se encuentra en tercer lugar en generación de conflictos, sólo después de la actividad minera y petrolera.

Entre las empresas hidroeléctricas que suman mas reportes de violencia se encuentra Grupo Comexhidro.

“Regularmente, las comunidades que se oponen a un megaproyecto recurren principalmente a la acción institucionalizada, como los juicios y recursos de amparo. En tanto que las comunidades que buscan la negociación de beneficios son las que realizan acciones ‘no institucionalizadas’, como la toma de instalaciones, de oficinas públicas, de las empresas, o retención de funcionarios”.

“Por otra parte, expertos relacionados con la industria extractiva en México, dentro del sector público y privado –que fueron consultados para esta investigación– coincidieron que la consulta previa frente a un megaproyecto sirve para legitimar la implementación del proyecto y la actuación del Estado más que para las propias comunidades”, denuncia el reporte presentado en marzo de 2019.

Aún con toda la documentación e incluso con la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las comunidades circundantes al río Cuilco han impedido la realización de la obra pues “coloca en riesgo la vida del río Cuilco que abastece a cientos de comunidades que subsisten de él y a la Reserva de la Biosfera de La Encrucijada, donde desemboca”, enfatizó la organización La Voz del Pueblo.

“Nosotros lo hemos detenido. Acacoyagua (donde se detuvo la operación minera) y todos los que estamos aquí lo hemos detenido por esa parte de el compromiso de la sociedad con el lugar donde vive”, señala Claudia sobre la firmeza de la organización en hacer frente a la imposición de proyectos que las comunidades nunca solicitaron.

Fuente:https://avispa.org/comunidades-de-la-costa-de-chiapas-exigen-freno-a-proyectos-hidroelectricos-y-mineros/?fbclid=IwAR1OM_JbzUOPLtutFE9FirjZLjOchQkSnrxwsn02bS1SdrnSK64oClh1Kck

Perú

Tía María: Trabajadores mineros tampoco confían en Southern y apoyan al Valle de Tambo

Autor: Redacción La Mula.pe
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

Federación Minera rechaza la forma en la que se pretende imponer el proyecto en Arequipa y reveló la mala relación entre la empresa mexicana y sus trabajadores.

Uno de los argumentos de los que defienden Tía María es que Southern Copper invertirá 1,400 millones de dólares en la construcción de la mina y esto generará puestos de trabajo en Arequipa. Sin embargo, como ya hemos señalado, esta empresa no es nueva y tiene antecedentes que deben ser tomados en cuenta. No solo tienen historial ambiental, sino también laboral. La Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos de Perú (FNTMMSP) tiene una posición clara sobre esta empresa.

Jorge Juárez, secretario general de esta federación minera, cuenta que actualmente hay cerca de 2 mil trabajadores de Southern afectados, ya que desde hace dos años la empresa judicializó el laudo que contiene la Negociación Colectiva 2018-2019, lo que impide que los empleados gocen de sus beneficios. La minera hizo esto a pesar de que la Nueva Ley Procesal de Trabajo (Ley 29497) señala que “la interposición de la acción impugnatoria no impide ni posterga la ejecución del laudo arbitral”. Actualmente, la empresa desconoce el pago a los trabajadores.

«Las empresas mineras en general, están teniendo no solo diálogos no fructíferos con la población, sino también con sus trabajadores. […] Hay empresas que son de la gran minería, que se podría pensar que al menos van a respetar por cuidar su imagen, pero lamentablemente no es así. La relación laboral con Southern es mala», dijo a Exitosa.

El pasado 2 de julio, un grupo de trabajadores despedidos de Southern se reunió con la congresista Indira Huilca. Ellos fueron a denunciar que fueron despedidos por participar en una protesta en julio del 2017, cuando participaron de la huelga nacional convocada por la federación minera. Pese a que la empresa se comprometió a no tomar represalias, un grupo de trabajadores fue despedido y actualmente llevan un proceso judicial exigiendo su reposición.

«Durante los años 2018-2019, la empresa ha continuado despidiendo dirigentes sindicales de distintas zonas: Ilo, Cuajone y Toquepala. El sindicato mayoritario afiliaba a más de 1800 trabajadores antes de la huelga, con todos estos actos antisindicales la afiliación ha decrecido notablemente», informó el despacho de la congresista Huilca.

Estos antecedentes explican la posición de los trabajadores mineros sobre el proyecto de Southern Copper en el Valle de Tambo.

«El trabajo es importante para todos, es más nosotros vivimos de la minería, pero entendemos que se tienen que respetar determinadas condiciones. Hay demasiada corrupción, lamentablemente las autoridades de trabajo a veces son cómplices, las inspecciones no son efectivas», dijo Juárez.

El dirigente sindical recordó que contra Tía María se han realizado dos protestas en 2011 y 2015 y resaltó que si en todo este tiempo la empresa no ha sido capaz de mejorar las condiciones, «el Estado no puede ser cómplice» al pretender imponer el proyecto. La desconfianza no es solo con la minera, sino también con el Estado que no cumple su función de proteger a los posibles afectados por la minería y a los trabajadores, señaló.

«El Estado ha dejado de ser un estado de protección, eso no existe. […] Con las condiciones que se está dando ahora, creemos que primeramente se ha debido escuchar a la población. El estudio que ha aprobado el Minem, bajo estas condiciones [Tía María] no debería ir», afirmó.

Para Juárez, las empresas extranjeras vienen a Perú a invertir porque «ya conocen cómo es la actuación del Estado, por eso les gustan las inversiones en el país donde no hay mayor protección ni para la población, ni para el trabajador».

«El Perú, en corrupción, está explotando en estos momentos. Por todos lados el empresariado está buscando sacar beneficios. Hace poco hemos tenido el conflicto por Las Bambas. Las instituciones de Gobierno no existen, lamentablemente no existe seguridad jurídica. No se cree en un Estado corrupto».

La empresa minera y el Ejecutivo afirman que la mina no se construirá hasta que en el Valle de Tambo existan las condiciones sociales óptimas para ejecutar el proyecto. Pero el representante de la federación minera no les cree.

«No creemos en Southern Perú. Los trabajadores no creen en Southern Perú. Si la empresa desconoce los derechos, ¿cómo creerle cuando dice que van a respetar? Si no respetan a sus trabajadores».

El dirigente señaló que es importante para ellos establecer contactos con los manifestantes del Valle de Tambo. Contó que están vinculándose a través de los sindicatos de Islay.

«El empresariado nos ha hecho creer que los trabajadores nada tenemos que ver con las comunidades locales. Eso es mentira. La mayoría de las poblaciones afectadas trabaja en los proyectos. No podemos estar divorciados, tenemos que tener una misma mirada», dijo.

El problema no es solo Southern, los trabajadores mineros están preparando una huelga nacional indefinida para el próximo 10 de setiembre. ¿El motivo? En marzo pasado, la federación minera realizó una propuesta de negociación colectiva, pidió a las mineras dialogar, pero estas no se quisieron ni sentar a escuchar, señaló Juárez. «Ellos rechazan totalmente los derechos de los trabajadores, ese es el nivel de diálogo que ofrecen las empresas mineras en estos momentos», afirmó.

«El Estado, que debería promover la negociación colectiva, no dice nada. La palabra diálogo la usan ellos [los empresarios] a su conveniencia», agregó.

El representante de los trabajadores mineros llamó la atención sobre la manera en la que tratan las empresas a sus obreros. Señaló que las mineras han aumentado su rentabilidad hasta en 50%, con ganancias que llegan al 160% y a una cifra de 29,000 millones de soles anuales. Mientras tanto, los trabajadores solo reciben un aumento salarial de 2% anual.

Además, debemos señalar que el 70% de los trabajadores del sector son tercerizados, grupo que sometido a inestabilidad mediante contratos temporales, sin derecho a utilidades ni beneficios, con salarios que están entre el mínimo (930 soles) hasta los 2,000 soles.

Sobre Tía María, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos de Perú (FNTMMSP) reafirma su apoyo y solidaridad con la población del Valle de Tambo, ya que son testigos de la:

«[…] lógica depredadora bajo la cual ha venido accionando Southern Perú y otras compañías mineras imponiendo proyectos desde el Ejecutivo sin considerar la decisión de la población arequipeña y maltratando a sus trabajadores. Buscamos una minería que respete al medioambiente, a las comunidades y también a sus trabajadores».

La semana pasada, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) otorgó licencia a Southern Copper para que construya el proyecto Tía María en la provincia de Islay (Arequipa), una zona cercana al Valle de Tambo, dedicada a la agricultura. La decisión fue tomada a pesar de que la población viene manifestando su rechazo a esta inversión desde hace nueve años. Tras la convocatoria a protestas y el inicio de paro indefinido en la zona, desde Lima representantes del Ejecutivo dicen que dialogarán con autoridades y dirigentes. La condición de los manifestantes es que primero se anule la licencia y luego se sentarían a conversar. El principal problema es, como vemos, la falta de confianza en la empresa minera. Ni los trabajadores mineros, que serían los beneficiados por esta inversión, le creen.

 

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/07/19/tia-maria-islay-southern-copper-trabajadores-mineros-agricultores-valle-de-tambo-confianza-protesta/jorgepaucar/

Perú

Huancavelica: miles de litros de relave minero contaminan el río Mantaro

Autor: América TV.com

El hecho ocurrió en las inmediaciones del centro poblado de Expansión en el distrito San Pedro de Coris.

Cuarto Poder puso en evidencia un desastre ambiental. Metros y metros cúbicos de desechos tóxicos y residuos minerales cayendo a una de las cuencas más afectadas por la minería, el río Mantaro.

Los pobladores del distrito de San Pedro de Coris, en Huancavelica se muestran impotentes al ver cómo el principal río, que irriga sus chacras kilómetros abajo, se está contaminando con metales pesados.

En plena sierra central, entre Huancavelica y Ayacucho, uno de los principales ríos del país se ha contaminado, pero poco se ha hablado sobre esto. Cuarto Poder reveló lo que ocurrió el miércoles 10 de julio en un centro poblado que subsiste en las faldas de la minera Cobriza.

Coris es un distrito ubicado en plena zona de emergencia y rodeado de abismos. Aquí, en la parte baja, se encuentran los relaves de la mina Cobriza. Inmensos contenedores llenos de material tóxico.

Los residuos de la extracción del mineral, principalmente el cobre, se arroja en esta zona. Para esta actividad se usan elementos altamente tóxicos para humanos y animales. Gran parte de este relave, cayó al río.

La falta de mantenimiento en la zona hizo que uno de los pozos se rompiera y dejara un forado que por lo menos tiene entre 6 a 7 metros de altura. Por ahí salió todo el relave.

Primero sepultó por completo la subestación eléctrica de la misma planta y dejó sin luz a toda la población de Expansión. Luego el relave siguió su camino y el huaico repleto de metales se desvió hacia un abismo. 67 mil metros cúbicos de relave terminaron afectando la tierra y el río Mantaro.

Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) lo que ha ocurrido es muy grave, pues el relave contiene metales dañinos para la salud. Aún faltan los resultados del laboratorio para determinar qué tan contaminado ha quedado el Mantaro.

Expansión es una pequeña comunidad que subsiste por la presencia de la minera. Están a metros de la puerta principal de la planta y viven de la mina. Ahora están en medio de la incertidumbre, pues si la empresa no trabaja, no tienen ingresos, pero ahora con estos daños ambientales sus vidas corren peligro.

El problema no termina en el agua contaminada del río. Los residuos que quedaron en el cerro, el relave que sepultó la subestación y el polvo de residuos tóxicos que voló por la ciudad siguen comprometiendo la salud del pueblo. La planta ha quedado paralizada, lo que también significa que el comercio de toda Expansión, está cerrado.

En este lugar, la presencia del Estado no existe. Sus postas están vacías, apenas un médico practicante atiende las emergencias que puedan ocurrir en la zona. Aquí no hay pistas, ni veredas. La mina muchas veces suple la función del Gobierno.

Expansión está ahí, a metros de la mina, pero la dirección oficial de la empresa está en otra región, eso significa que el grueso del canon minero queda fuera de esta ciudad.

Cobriza pertenece al complejo metalúrgico de Doe Run. Una empresa en proceso de venta. Este problema ha llevado a que Cobriza tenga limitaciones en el mantenimiento de sus plantas, pero también a otros problemas más.

Según la OEFA, desde el 2011 a la fecha, Doe Run ha recibido multas por incumplir normas de protección ambiental, por incumplir los límites máximos permitidos, normas de residuos sólidos, entre otros, por un total de 8 589 UIT, lo que equivale a casi 32 millones de soles. Una sanción se soluciona con el pago de una multa, pero ¿cómo se soluciona un desastre ambiental?

Doe Run se pronuncia

En un comunicado la empresa Doe Run informó que tras el derrame del 11 de julio se activaron inmediatamente los protocolos de limpieza y remediación.

La empresa agregó que a la fecha “no se han detectado indicios de contaminación o riesgos para la población, flora y fauna”.

Fuente:https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/huancavelica-miles-litros-relave-minero-contaminan-rio-mantaro-n380648?fbclid=IwAR3IupK-BtNHN26wpLTnyogEOwlnE2kTqDKbk0RMVmwOE4X0bUIY7cOgmYU

Perú

Las Bambas: mesa sobre convenio marco se instaló con dificultades

Autor: OcmPe.org
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

El día viernes 12 de julio se desarrolló el eje 3 sobre la suscripción de un convenio marco con la empresa minera Las Bambas, que es uno de los 9 ejes que conforman la Mesa de diálogo y cumplimiento con la provincia apurimeña de Cotabambas y el distrito de Progreso, en Grau.

La sesión de instalación fue encabezada por el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes. Los dirigentes de los seis distritos y sus autoridades municipales sustentaron la necesidad de firmar un Convenio Marco con el que la empresa Las Bambas debiera comprometerse a un aporte social significativo.

Con las normas actuales, el dinero de las regalías y el canon que aún no tienen una fecha de inicio, permitirían básicamente el financiamiento de infraestructura. Sin embargo esto no es suficiente para el desarrollo de Cotabambas y Progreso.

Los dirigentes sostuvieron que el aporte social debe apoyar en cuatro aspectos claves para el desarrollo de Cotabambas y que no serán atendidos por el canon y regalías: 1) calidad educativa, 2) calidad en salud, 3) fomento a la actividad agropecuaria y 4) fortalecimiento de la cultura e identidad.

Los dirigentes comunales señalaron que sólo aceptaron el ingreso de Las Bambas a la provincia, con la esperanza de que cuando se retire hayan alcanzado un nivel alto de desarrollo. Sin embargo, a pesar que la empresa está en su cuarto año de explotación (y le restan 16 años), continúan las alarmantes cifras de anemia y desnutrición infantil, bajo aprendizaje en comprensión de lectura y matemáticas, entre otros indicadores deficitarios.

La respuesta de la empresa respecto a la pregunta de si firmarían o no un convenio marco fue poco clara, tal es así que el ministro Ísmodes encaró a los representantes de Las Bambas para que sean claros con la población respecto a esta pregunta.

La empresa se ha resistido a usar la palabra “marco” en el convenio que se firmaría. Esto causó malestar y la población amenazó con iniciar una medida de fuerza.

Finalmente quedó instalado este eje de convenio marco con estas observaciones. Por su parte los dirigentes exigieron que para las siguientes sesiones de la mesa de diálogo, asistan representantes de la empresa con poder de decisión.

Cabe resaltar por otro lado, que en los últimos días la empresa Glencore de la operación Antapaccay, transfirió 86 millones de soles a la provincia cusqueña de Espinar como parte de un Convenio Marco que tienen suscrito desde el 2003.

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/07/15/las-bambas-mesa-sobre-convenio-marco-se-instalo-con-dificultades/

Perú

Tía María: más de 400 policías iniciaron el desbloqueo de la Panamericana Sur

Autor: OcmPe.org
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

En medio de gases lacrimógenos y perdigones, más de 400 efectivos de la Policía Nacional han desbloqueado un tramo de la Panamericana Sur la mañana de este lunes, en el kilómetro 1049 (Arequipa) que había sido tomada por manifestantes que se oponen al proyecto minero Tía María. Sin embargo, aún hay tramos donde hay grupos de manifestantes que se mantienen movilizados.

Los efectivos llegaron hasta la Panamericana Sur, en la vía de penetración hacia Cocachacra y tras algunos enfrentamientos con manifestantes fue liberada y desbloqueada en ese tramo. Los policías utilizaron abundantes bombas lacrimógenas y disparos de perdigones, que en algunos momentos fue respondido por los protestantes con piedras y palos.

El ministro del Interior, Carlos Morán, aseguró que los vehículos, varados desde el último sábado, continuaron con su marcha sin problemas. Además, recordó que a causa de la erupción del volcán Ubinas se procedió a coordinar el envío de ayuda humanitaria que no pudo llegar en camiones debido al bloqueo.

Dijo también que no se debe confundir “actitud dialogante con debilidad” y que el Gobierno tiene toda la disposición de solucionar el conflicto pese a que se han encontrado incluso “voces altisonantes” en alusión a las autoridades del Valle del Tambo que se oponen a la puesta en marcha del proyecto.

Los efectivos policiales van a permanecer en la zona para evitar que vuelva a haber un bloqueo a la altura del kilómetro 1048 de la Panamericana, en la vía que conduce hacia el distrito donde se desarrollan las protestas.

Asimismo la misión de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos -CNDH reportó que hay detenidos y heridos de perdigones. La PNP no ha brindado mayor información de en qué lugares están los detenidos. Los 4 personas detenidas son: Fernando Quilla, Mauricio Mamani, Juan Galdos y Remy Rolando Quea Mamani (17 años). Seguiremos informando.

22 de julio de 2019

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/07/22/tia-maria-mas-de-400-policias-iniciaron-el-desbloqueo-de-la-panamericana-sur/?fbclid=IwAR0PSDBwLeUn2PvEYWobgkxbEkACMjOOddIHsUAGhUnPC0rckStc-NMeah8

Mexico

Megaminería a cielo abierto

Autor: Juan Carlos Ruiz Guadalajara , La Jornada.com
El pasado 18 de julio, aniversario luctuoso de Benito Juárez, el presidente López Obrador (AMLO) declaró que la producción minera en México debe continuar, porque según él, esta actividad representa empleos y distribución de la riqueza (sic). Sin embargo, complementó su dicho señalando que no se puede destruir el medio ambiente en aras de la creación de riqueza: …sí queremos el crecimiento, pero sin destruir el medio ambiente, si se tratara de crecer por crecer podríamos decir ¡vamos!, ¡a seguir con las rondas petroleras!, ¡a seguir entregando concesiones para la minería, no le hace que sea a cielo abierto, no le hace que contamine!.. entonces, podríamos crecer en 6 por ciento anual, pero destruimos el territorio, y ¿qué le dejamos a las nuevas generaciones?, eso es muy irresponsable… Estas declaraciones se dieron en el contexto del reclamo ciudadano de sanciones contundentes a Grupo México por los criminales y reiterados daños ambientales que ha provocado su negligencia.

La postura de AMLO en defensa del medio ambiente frente al depredador modelo extractivo minero es una señal positiva, mas no deja de contrastar con las ambigüedades jurídicas que en la materia se ha mostrado. Por un lado, el gobierno suspende el otorgamiento de nuevas concesiones mineras y por otro se niega a la abrogación de la Ley Minera de 1992, la cual declaró la explotación de minerales como actividad preferente por sobre cualquier otro aprovechamiento del territorio. Se trata de una de las joyas jurídicas del neoliberalismo salinista que ha traído a México miseria, división social, violencia, muerte, desplazamientos, pérdida de soberanía y destrucción irreversible del patrimonio ambiental y cultural. Algo similar encontramos en las contradicciones de política pública: mientras las áreas responsables de la minería en la Secretaría de Economía fueron entregadas a empleados de la industria minera trasnacional, la Secretaría de Medio Ambiente ahora es dirigida por uno de los mayores defensores del territorio frente a la crisis civilizatoria que representa el neoliberalismo.

 

¿Por qué entonces no desterrar la ambigüedad y dar pasos definitivos hacia la protección del territorio frente a la megaminería, principalmente la de tajo a cielo abierto?, ¿por qué no ha iniciado el proceso de desmantelamiento jurídico del neoliberalismo y su postura extractivista?, ¿por qué siguen vigentes las leyes y normas que lo han hecho inatacable, profundamente injusto y peligroso para la biodiversidad?, ¿no acaso elegimos a AMLO con estas esperanzas por delante? Es fundamental insistir en ello, sobre todo ante la llegada de un nuevo 22 de julio, Día Mundial contra la Megaminería a Cielo Abierto, fecha en que los pueblos se solidarizan con las poblaciones que padecen el desgraciado arribo de ésta a sus regiones. Pero también es vital recordarle al gobierno que mientras da balbuceantes pasos para intentar detener la destrucción que la megaminería a cielo abierto provoca sobre nuestros territorios, los corporativos mineros, con los canadienses a la cabeza, dan pasos firmes en sus objetivos de fracturar, con mentiras y dinero, a las comunidades para imponerles sus fugaces e irracionales proyectos.

 

En cuanto a la megaminería canadiense, su arrogancia no encuentra límite. No sólo tiene pendiente responder, entre otros, por el crimen que una de sus empresas realizó en el ahora desaparecido Cerro de San Pedro Potosí, sino que mantiene la presión y el chantaje sobre muchas comunidades. Ejemplos actuales de aguda amenaza minera los encontramos en Ixtacamaxtitlán, Puebla, y en Dolores Hidalgo, Guanajuato. En aquella población y su región, la canadiense Almaden Minerals lleva años dividiendo a los habitantes para imponer un megaproyecto de tajo a cielo abierto que le permita obtener el medio gramo de oro que por tonelada de subsuelo existe en la zona, en un proceso que duraría tan sólo 14 años y que dejaría como herencia perpetua más de mil hectáreas destruidas, incluyendo un enorme cráter de kilómetro y medio de diámetro y 400 metros de profundidad, además de la aparición de dos enormes montañas con más de 50 millones de toneladas de desechos contaminantes y la contaminación de millones de metros cúbicos de agua que se usarían en los procesos de beneficio del mineral.

 

Un panorama similar se presenta en San Antón de las Minas, municipio de Dolores-Hidalgo, donde la canadiense Argonaut Gold pretende imponer un proyecto de megaminería a cielo abierto para triturar, a punta de explosivos y en tan sólo siete años, el Cerro del Gallo y sus profundidades, lo que provocaría un ecocidio de grandes dimensiones en el territorio que vio nacer la lucha por la Independencia. Los canadienses, con sus serviles aliados mexicanos, pretenden extraer medio gramo de oro por tonelada de subsuelo dolorense, utilizando más de mil 500 millones de metros cúbicos de agua del acuífero de la Independencia, cuya cuenca hidrológica se encuentra en situación crítica.

 

Nada de esto tendría que estar sucediendo si la declaratoria de muerte del neoliberalismo fuese verdad. Por ello, las resistencias organizadas desde los pueblos son la única esperanza para detener esta depredación y heredar vida y dignidad a los que vienen.

*Investigador de El Colegio de San Luis.

 

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/07/20/opinion/016a1pol?fbclid=IwAR0W6XKJXL8VBKt8OKjkRD_RyUAEL2pL5EjaIRl5bC_uE54GqVTeS_-nm2M#.XTNsNGuPnbA.facebook