El pasado 5 de noviembre, Bolivia volvió a rendir el Examen Periódico Universal (EPU) sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, esta vez en su Tercer Ciclo. Pese a ciertos logros, la cantidad de países que realizaron recomendaciones y observaciones aumentó con relación a la última versión, en 2014.
El EPU es un mecanismo cooperativo de examen, creado en el año 2007 por el Consejo de Derechos Humanos, para de evaluar la situación de los Derechos Humanos en los 193 países miembros de la ONU y verificar si los Estados cumplen sus obligaciones y compromisos asumidos voluntariamente al firmar y ratificar los instrumentos de Derechos Humanos para lograr mejores prácticas.
Para Bolivia se desarrollaron dos EPU: en 2009 y 2014. La tercera ronda del EPU para Bolivia se dio el 5 de noviembre.
En la intervención inicial de Alto Nivel, liderada por el ahora exministro de Justicia, Héctor Arce, se resaltaron algunos progresos sobre a los derechos de los pueblos indígenas.
Sin embargo, el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), señala que el Estado Plurinacional de Bolivia, en dicha intervención, “omitió mencionar sobre el respeto a los derechos de defensoras de Derechos Humanos y del medio ambiente, la violación del derecho a consulta previa de los pueblos indígenas o el etnocidio de pueblos indígenas en aislamiento voluntario”.
Más países hicieron recomendaciones
En cada una de las tres rondas del EPU, el número de países que realizaron recomendaciones fue aumentando paulatinamente. En la primera ronda fueron 57 países. En la segunda ronda, el año 2014, fueron 76. Para esta tercera ronda fueron 91 países que realizaron observaciones y recomendaciones, o sea 14 nuevos países.
Debido a lo que el Estado boliviano omitió reconocer, y al aumento de países con recomendaciones, el CEDIB considera que “Bolivia reprobó el examen de Derechos Humanos de la ONU”.
Entre los 14 que hicieron recomendaciones por primera vez están países de África, las Américas, Europa, Asia y Oceanía, que se enfocaron, en gran medida, precisamente en la situación de derechos humanos de pueblos indígenas y quienes abogan por sus derechos. Entre ellos destacan Canadá, Alemania, Austria, Francia, Bélgica, Perú, Nicaragua y Namibia.
Recomendaciones
Durante el dialogo, el Reino Unido y Alemania formularon preguntas al Estado Plurinacional de Bolivia, particularmente acerca de los pueblos indígenas afectados por la explotación de recursos naturales, resaltando casos como Jach´a Marka Tapacarí Condor Apacheta, Choquecota Marka del Suyu Jacha´a Carangas, Marca Quila Quila, Takana II y Takovo Mora.
El CEDIB agrega que también indagaron sobre planes para introducir una legislación integral sobre la contaminación causada por metales pesados, “ya que los niveles de emisiones de mercurio que generan las actividades mineras siguen en aumento”, y por medidas para “lidiar con la impunidad generalizada en caso de violencia a minorías”.
Por su parte, Dinamarca recomendó ajustar el marco legal del sector de minería e hidrocarburos de acuerdo con el convenio 169 de la OIT, incluso mediante la reforma de la ley de Minería 535 y el Decreto Supremo 2298 para garantizar el derecho al consentimiento libre, informado y previo.
En tanto, Suecia recomendó la revisión de la Ley 351 y el Decreto Supremo 1597. Estas normas ya habían sido denunciadas por el CEDIB y otras ONGs en Bolivia por considerar que “restringen los derechos de la sociedad civil a la reunión y asociación pacíficas”.
El país escandinavo también se centró en estas normas porque dificultan el cumplimiento de que los defensores de los derechos humanos y los derechos ambientales, incluidos los críticos con las políticas y opiniones del gobierno, puedan realizar sus actividades sin intimidación. En el mismo sentido, la República Checa insistió en las recomendaciones del ciclo pasado relacionadas con la protección al trabajo de periodistas, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas y ONG.
Interpelación de la sociedad civil boliviana
Para la tercera ronda del EPU fueron 50 organizaciones de la sociedad civil (ONG, representaciones de pueblos indígenas y otras) que suscribieron un informe sobre la situación de los Derechos Humanos, actividades extractivas y grandes infraestructuras, a través de la conformación de la Alianza por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente (Adhma).
Entre las organizaciones que aglutina la Adhma destacan la Asamblea permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Coordinadora de Defensa y Autodeterminación de los Pueblos y del Medio Ambiente (CODAPMA), CENDA, Jubileo, Infante, CEDIB, Probioma, Fundación TIERRA, Somos Sur, CIPCA, Cáritas Tarija, CONTIOCAP. Además de la Capitanía Tacobo Mora, Comunidad Caigua (Aguaragüe), Subcentral Tariquía, y varios otros.
El informe de estas organizaciones para el EPU 2019 mostró los avances, retrocesos o estancamiento de los derechos laborales y humanos (trabajo forzoso, trabajo infantil, derechos de las mujeres, etc.), e incorporó un informe específico sobre Pueblos indígenas y medio ambiente, que llamó la atención de nuevos países de la ONU.
El documento presentado analizó 23 casos de violación de derechos humanos: 6 en el sector minero, 7 en el hidrocarburífero, 3 en relación a infraestructuras, de los cuales 16 afectan territorios indígenas. Y realizó sus propias recomendaciones concretas en cada una de las violaciones. En unos años se conocerán nuevos avances y retrocesos.
El Ejecutivo publicó un decreto de urgencia que aprueba medidas extraordinarias para liberar y expropiar áreas en el Corredor Vial Apurímac-Cusco, también conocido como “corredor minero”.
La activista indígena Epitacia Zamora Teodoro, defensora del territorio de la comunidad de Zacualpan en contra de la minería, fue reconocida de manera post mortem con la condecoración “Eleanor Roosevelt”.
En el primer recorrido que realizaron por las comunidades que se encuentran en los márgenes de los ríos Sonora y Bacanuchi, funcionarios federales descubrieron que el gobierno de Enrique Peña Nieto ocultó un segundo derrame de tóxicos mineros, la existencia de más de mil enfermos “no reconocidos” en la zona, y que el agua de ese importante caudal sigue contaminada.
En un país que atraviesa una emergencia humanitaria compleja como la de Venezuela, hablar de conservación, naturaleza y biodiversidad es también verificar que los derechos ambientales también se resienten, se quiebran. Por eso, hacer una retrospectiva del año en esta materia es llegar a la conclusión de que los problemas no hicieron más que agudizarse por razones tan diversas como la profundización de una actividad extractivista que no respeta estándares ambientales y que es vista como el salvavidas a la crisis económica, hasta la flexibilización de normas para la protección de áreas protegidas que hace una década eran infranqueables.
La declaratoria “libre de minería”, de Tocoa, Colón, representa un logro importante para el pueblo organizado y no organizado que, desde hace más de 4 años viene denunciando las concesiones mineras otorgadas por el Estado de Honduras, en la montaña “Parque Nacional Carlos Escaleras”, dijo en Radio Progreso la líder social Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (Copa) y el Comité Municipal Ambiental.
En reciente informe de seguimiento a la Sentencia T-361, el Ministerio Público concluyó que el Ministerio de Ambiente no cumplirá con el plazo del 18 de diciembre para expedir la nueva delimitación de Santurbán.
En Lima y Callao cerca de medio millón de ciudadanos no tiene acceso al agua potable, millones no cuentan con un acceso de calidad según el INEI. Dada esta situación, en el último año nuevas amenazas al recurso vital han generado manifestaciones de la ciudadanía en la capital y el primer puerto. Esto refuerza los datos de la Defensoría del Pueblo que indican que el 30% de la conflictividad a nivel nacional se debe a la afectación del agua, de forma importante por parte de la minería irresponsable.
El 12 de diciembre se publicó en el diario El Peruano un Decreto de Urgencia que permite la adquisición de terrenos en el corredor minero en el tramo Apurímac – Cusco para la ejecución de obras viales, consideradas de necesidad pública e interés nacional.
La sanción se dio luego de que los profesionales de la Superintendencia del Medio Ambiente detectaran nueve infracciones.