Guatemala

En Guatemala, demanda de minera norteamericana por caso La Puya

Autor: Sare Fabres , Avispa.org
Conflicto Relacionado: La Puya

El 11 de diciembre de 2018, la empresa minera norteamericana Kappes Cassiday & Associates presentó una demanda de arbitraje internacional por 300 millones de dólares en contra del Estado de Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) bajo el amparo del tratado de libre comercio DR-CAFTA, firmado entre los países centroamericanos y EEUU.

El recurso jurídico refiere al proyecto minero Progreso Derivado VII el cual fue suspendido el 22 de febrero de 2016 por la Corte de Constitucionalidad, debido al incumplimiento de la empresa al no realizar consulta a las poblaciones de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, antes de implementar el proyecto.

Desde 2011, mujeres, niños y hombres ha articulado acciones de resistencia contra la operación de la mina en una región campesina y con escasez de agua en el país centroamericano. A pesar de una campaña de criminalización y difamación, y una renovada presencia militar en la región, el campamento de resistencia se mantiene de forma permanente, durante las 24 horas del día.

Para hacer efectivo el rechazo a la mina, los habitantes colocaron un campamento para bloquear el camino a la maquinaria. Sin embargo, diversas denuncias señalaron la operación de la empresa utilizando otras vías para la extracción de los minerales, incluso después de la orden de la corte, lo cual derivó en la apertura de una carpeta de investigación por el delito de explotación legal.

Guatemala, con anterioridad, pagó 249 millones de quetzales (32.4 millones dólares) a dos empresas noretamericanas (RDV y TECO) que le demandaron internacionalmente y se abstuvo a suspender los trabajos de la Mina Marlin (propiedad del gigante GoldCorp) para evitar una demanda similar durante el gobierno de Álvaro Colóm.

 

El juicio, un abuso más contra las comunidades

El pasado 23 de julio de 2019, durante una citación realizada a diversos funcionarios de Gobierno, estos no informaron sobre la estrategia que utilizará el Estado guatemalteco en su defensa legal.

Durante la citación, realizada por el diputado Leocadio Juracán, la abogada Jennifer Moore del Centro de Estudios Políticos, presentó el estudio “Casino del Extractivismo: Las empresas mineras apuestan con la vida de los pueblos y la soberanía de los países de América Latina usando el arbitraje supranacional”.

Moore, resaltó como estas demandas permiten a las empresas ganar millones de dolores gracias a un sistema unilateral, en el que solo las empresas pueden demandar y quienes dictan sentencias son allegados suyos.

 

Despojo legalizado

El CAFTA-DR, al igual que los miles de otros acuerdos internacionales de inversión, otorga a las empresas transnacionales un recurso vinculante a un sistema de arbitraje internacional perverso conocido como Solución de Controversias Inversionista – Estado Estado-Inversor (ISDS, por sus siglas en inglés). Los reclamos de ISDS se escuchan en tribunales como el CIADI y han sido ampliamente condenados por privilegiar los intereses corporativos en detrimento de las comunidades locales y el medio ambiente. Este mecanismo permite a las corporaciones transnacionales pasar por encima de los tribunales nacionales y socavar a la soberanía de las naciones. Tribunales como el CIADI no son cortes de justicia, sino paneles secretos de abogados corporativos altamente pagados cuyas decisiones no tienen la obligación de respetar ningún precedente.

“Es una tergiversación del concepto de justicia, en donde se permite que empresas interpongan sus intereses mezquinos por encima y sin cumplir con la ley en el país”, expresó la abogada.

En la misma sintonía, la resistencia pacífica de La Puya expresó su preocupación por el hecho de que proceda una demanda de “esta empresa que a criminalizado, ha alterado la paz social de las comunidades, está atentando contra la vida de los ecosistemas de la zona y la calidad de vida humana”.

A su vez las comunidades en resistencia pacífica de La Puya demandaron “Que declare lesivo el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA y lo denuncie tal como se lo permite la Constitución Política de la República en el artículo 183 inciso o)”, pro lo cual actualmente se encuentra sujetos a demandas de arbitraje por cientos de millones de dólares.

 

Fuente:https://avispa.org/en-guatemala-demanda-de-minera-norteamericana-por-caso-la-puya/

Perú

Tía María: mujeres marchan en respaldo a paro acatado por Valle de Tambo |

Autor: Zenaida Condori , El Comercio.pe
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

Decenas de mujeres marcharon por las calles del centro de Arequipa
en apoyo a la población del Valle de Tambo, que desde el 15 de julio acata un paro indefinido en rechazo el proyecto minero Tía María. Las mujeres protestaron con banderas verdes y ollas en mano.

Las manifestantes se concentraron en la Plaza España, frente a la sede del Poder Judicial, desde las 5 p.m., luego marcharon por la calles, bloquearon el puente Grau y llegaron hasta la Plaza de Armas.

La convocatoria fue llevada a cabo por la Coordinadora de Defensa del Valle de Tambo, que agrupa a diferentes colectivos y organizaciones de universitarios.

“Protestamos porque nosotras consumimos los productos del Valle de Tambo y por el abuso de la policías con las madres agricultoras que las atacan con bombas lacrimógenas”, declaró una manifestante.

La marcha culminó frente a la Catedral de Arequipa, donde se realizó un mitin. Durante este evento, distintas mujeres demandaron la cancelación de la licencia de construcción otorgada a Southern para el proyecto Tía María.

 

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-mujeres-marchan-respaldo-paro-acatado-valle-tambo-noticia-660521?foto=6&fbclid=IwAR1s–00oC4K85waIMIH_Dg8U-RFGTYr6Mug–bTGIWTLqFAYFD4WyP2Kgs

Chile

Denunciaron el derrame de concentrado de fierro en el desierto de Atacama

Autor: Claudio Silva , ADN Radio

Un derrame de concentrado de fierro afectó al desierto de Atacama, hecho que fue denunciado por una vecina de la Región de Atacama que difundió a través de Facebook los videos que registró del proceso de contaminación.

La usuaria Soledad Cordero comentó que el hecho se generó a unos 32 kilómetros de la ciudad de Copiapó, en una de las cañerías que traslada desechos mineros de la Mina Cerro Negro Norte y que pertenece a la Compañía de Acero del Pacífico (CAP).

Informa Meganoticias que la empresa expresó que la «rotura fue detectada de manera inmediata por personal de CAP Minería y se realizaron todas las labores contempladas en el plan de emergencia, como dar aviso inmediato a las autoridades».

Fuente:https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/denunciaron-el-derrame-de-concentrado-de-fierro-en-el-desierto-de-atacama/20190802/nota/3935230.aspx?fbclid=IwAR275YAbDfn-SW6QKWrVXPyJCVETkFE4gHYVYHvFrRHQT0LaOsFXF1ygNZI

Perú

La propuesta de una nueva ley de minería

Autor: José de Echave, Cooperacción.org.pe

Pese a que la propuesta del presidente Vizcarra de una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales y, por consiguiente, de recorte del mandato congresal y presidencial se robó todos los titulares, no hay que perder de vista otros anuncios que seguramente también marcarán el debate de las próximas semanas y meses.

Un tema clave ha sido la propuesta de una nueva Ley General de Minería. En la primera parte de su discurso, Vizcarra señaló que “la norma que la rige tiene cerca de 30 años de vigencia, y se hace necesario actualizarla para que se adecúe a nuestra realidad, brindando un marco legal claro a los inversionistas dando tranquilidad y desarrollo para todos”, señaló Vizcarra.

Las reacciones no se han hecho esperar: el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, se ha mostrado en contra de la propuesta y el editorial de El Comercio del 30 de julio señalaba que “el planteamiento de una nueva ley de minería es decididamente inoportuno. En este contexto de incertidumbre nacional por la propuesta de adelanto de elecciones, abrir un nuevo frente de riesgo particular para un sector que hoy apuntala la inversión privada es descaminado”.

Para comenzar el debate no está de más recordar el contexto en el que se dio la Ley General de Minería y lo que dice. Vamos por partes.

Los 90 y los ajustes estructurales

El Decreto Supremo Nº 014-92-EM o Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (04/06/92). Dicha norma no sólo consolidó en un solo texto los procedimientos para el inicio de las actividades de desarrollo minero, sino también definió los procedimientos administrativos, tributarios, de seguridad, protección ambiental y el régimen de concesiones mineras. No está de más recordar que en ese entonces, el ministro del sector era nada menos que Jaime Yoshiyama Tanaka.

Como ocurrió con una serie de medidas implementadas en ese entonces, la nueva Ley General de Minería estuvo enmarcada en lo que el Banco Mundial definió como las políticas de ajuste sectorial: el objetivo de los ajustes sectoriales era apoyar los cambios institucionales y de políticas, necesarios para crear lo que para este organismo era un ambiente propicio para el fomento de inversiones privadas en determinados sectores productivos. De esta manera, el ajuste sectorial llegó a actividades productivas, como es el caso de la minería metálica, el gas y el petróleo. Según el propio Banco Mundial, más de cien países, desde inicios de la década del 1990, implementaron reformas sustantivas de su legislación minera.

¿Qué decía entonces en Banco Mundial? Que “las industrias extractivas son importantes para el crecimiento económico de los países en desarrollo porque generan rentas y empleo y actúan como un activador de desarrollo infraestructural, educación, capacitación y actividad empresarial. Las enormes rentas para el gobierno apoyan otras actividades de desarrollo” y que el desarrollo de los sectores extractivos “puede contribuir al desarrollo sostenible y a la mitigación a la pobreza”[1]. Hoy en día la validez de estos planteamientos ha sido revisada por el propio organismo.

De este modo, el ajuste sectorial en el sector minería llegó a los países acompañado de asistencia externa para los gobiernos que impulsaron la reforma y las privatizaciones, con movilización de recursos financieros, el fortalecimiento de capacidades para la gestión de las rentas, entre otros aspectos que buscaron crear el marco adecuado para la entrada de las inversiones privadas.

Dos normas importantes antecedieron a la Ley General de Minería: en primer lugar, el Decreto Legislativo Nº 757, o Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, del 13 de noviembre de 1991, que, por ejemplo, modificó el Código del Medio Ambiente (1990), eliminó normas objetadas por las empresas como irreales, excesivas o de alto costo, y suprimió, por otro lado, toda reserva a favor del Estado para la realización de actividades económicas o la explotación de recursos naturales, salvo en el caso de áreas naturales protegidas. En segundo lugar, el Decreto Legislativo Nº 708, o Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero (del 14 de noviembre de 1991), que declaró de interés nacional la promoción de inversiones en el sector minero, estableciendo una serie de principios fundamentales para el desarrollo de esta actividad y de incentivos a los inversionistas del sector, tales como: estabilidad tributaria, cambiaria y administrativa; una tributación que grava únicamente la renta que distribuyen los titulares de la actividad minera; se reconoció la deducción de tributos que inciden en la producción; las inversiones aprobadas por la autoridad en infraestructura de servicio público eran deducibles de la renta neta; la no discriminación en materia cambiaria y otras medidas de política económica, respecto a inversionistas nacionales o a otros sectores de actividad económica; libertad de remitir utilidades, dividendos y recursos financieros; libre comercialización de los productos minerales; simplificación administrativa, etc.

Cabe señalar que el marco legal se siguió moldeando de acuerdo a las demandas empresariales: en sus 28 años de vigencia, la Ley General de Minería ha sido modificada 29 veces y en 34 ocasiones se han sustituido artículos.

Lo que pasó después y por qué la necesidad de hacer cambios

Lo que pasó desde 1992 para adelante es historia conocida. La minería comenzó a crecer: aumentaron las inversiones y por consiguiente la producción minera, las exportaciones, entre otras variables económicas. Otro dato clave es que la ocupación territorial de la minería también creció de manera significativa: las concesiones mineras pasaron de 2 millones trescientas mil hectáreas, a inicios de la década del 90, a más de 25 millones de hectáreas en los momentos picos de expansión. Todos los estratos mineros (gran, mediana, pequeña minería y la informal), se expandieron a lo largo y ancho del territorio nacional.

Al lado de esta expansión, también comenzaron a crecer los conflictos sociales vinculados a la minería. Desde que la Defensoría del Pueblo realiza reportes sobre conflictividad social en el país (2004), una constante ha sido que la gran mayoría de conflictos están vinculados a temas socio ambientales relacionados con la minería: conflictos vinculados al acceso a fuentes de agua y contaminación; disputas por ocupación de los territorios de poblaciones en general, comunidades campesinas y pueblos indígenas; impactos ambientales diversos y de actividades económicas como la agricultura; demandas por beneficios económicos; etc.

Lo que fue quedando claro con el transcurrir del tiempo, era que los conflictos vinculados a la minería eran multidimensionales: podían ser económicos, sociales, culturales y/o ambientales. Además eran claros indicadores que algo no estaba funcionando bien: que se había construido un marco legal e institucional muy favorable para atraer inversionistas mineros, pero que al mismo tiempo no se habían construido capacidades ni instrumentos para enfrentar los conflictos que esas inversiones fueron produciendo.

Cada vez que se propusieron cambios y reformas para mejorar los estándares sociales y ambientales y para incrementar la presión tributaria, los empresarios mineros, sus gremios y sus escribidores, manifestaron abiertamente que si se implementaban tales cambios, las inversiones se irían (como si fuese tan simple encontrar recursos geológicos significativos en cualquier lugar en el planeta). Se opusieron a la creación del Ministerio del Ambiente y todos sus organismos adscritos, y cuando comenzaron a operar buscaron debilitarlos a través de sucesivos paquetazos ambientales; se opusieron a la ley de consulta previa, libre e informada; tampoco querían las regalías mineras y menos aún el impuesto a las sobre ganancias en pleno súper ciclo de precios de las materias primas. Se siguen oponiendo a que el país cuente con una política de ordenamiento territorial y han bregado para que el país no transite el camino de mejorar sus políticas ambientales, laborales y tributarias, a los estándares de la OCDE.

Por eso no sorprende que, ante el anuncio de iniciar un debate sobre una nueva Ley General de Minería, estos actores salgan a manifestar su oposición e intenten nuevamente instalar su discurso conservador, contrario a cualquier cambio. El país tiene que avanzar, sacando lecciones de lo que ha venido pasando en los territorios, haciendo los ajustes necesarios: la perspectiva es construir una verdadera gobernanza en torno a las actividades extractivas que permita construir los equilibrios que, a todas luces, están haciendo falta.

[1] Banco Mundial. Página 18 de la Revisión de las Industrias Extractivas. Versión del 21 de agosto de 2003.

01 de agosto de 2019

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/la-propuesta-de-una-nueva-ley-de-mineria/

Perú

La ética rentista y el espíritu del extractivismo

Autor: Eduardo Gudynas , Noticias Ser.pe
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

En el marco de las polémicas que retornan ante el proyecto minero de Tía María, un grupo de personalidades subscribió en Lima un “Acuerdo por el Desarrollo”. En ese texto apoyan una minería que llaman “moderna” y  que serviría para el “desarrollo”, compartiendo una serie de recomendaciones para el Estado, la empresa y las comunidades locales, a las que les piden abandonar “discursos polarizantes”.

El politólogo Martín Tanaka, uno de los firmantes del “Acuerdo”, en twitter defendió ese Acuerdo ante una aguda crítica de Mirtha Vázquez, insistiendo en que compartía el “espíritu” de la declaración.

El uso de esa palabra, “espíritu”, en este contexto, inmediatamente me recordó a Max Weber con su clásico “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, publicado en 1905. En esa obra, el sociólogo alemán retrataba el profundo cambio cultural de la pérdida de trascendencia que antes se buscaba en la religión, para ser suplantada por una moralidad impersonal e individualista. Perseguir el éxito económico, ganar dinero y más dinero, se volvió un fin en sí mismo que pasó a ser aceptado socialmente. Allí está el “espíritu” al que se refiere Weber, y que se lo adjudica al “capitalismo”, aunque su uso de dicha palabra correspondería mejor a lo que hoy llamamos cultura o modernización.

Apelando a esa perspectiva, ¿cuál sería el “espíritu” del Acuerdo por el Desarrollo enfocado en Tía María? Para responder esto comencemos por precisar que aquella idea de “espíritu” no tiene un sentido religioso o metafísico, sino que sirve para entender los valores (ética) y los sentidos de lo correcto e incorrecto en la sociedad (moral). Hoy estamos frente a extractivismos mineros y petroleros que tienen por detrás una ética y una moral. En ellos, la valoración económica reemplaza otros valores, y por ello ya no interesa ni importa si se “matan” o “amputan” a los apus, ya que se los ha despojado de cualquier trascendencia. El objetivo es el éxito económico y captar la mayor proporción posible de renta económica. Esto no se esconde, sino que ahora goza de legitimidad moral. Lo moralmente correcto es ganarse los billetes como sea. Es más, la moral comenzó a actuar en sentido invertido ya que sería “inmoral” no aprovechar las riquezas minerales y petroleras del país, según dicen empresarios, gobiernos y buena parte de la academia.

A mi modo de ver, el “Acuerdo por el Desarrollo – a propósito del proyecto Tía María”, está embebido de ese espíritu de la cultura capitalista o moderna aunque con algunas particularidades contemporáneas y criollas. Alrededor de cincuenta personas adhirieron al Acuerdo, y ciertamente hay variedad entre ellas, pero todos coincidieron en dos cuestiones básicas: alentar la minería y no advertir que lo que proponen es imposible. Para decirlo con más precisión: el punto de partida del Acuerdo son unas metas incompatibles entre sí. Es como si los que lo firmaron no hubiesen analizado con rigurosidad lo que allí estaba escrito. Esas incongruencias se disimulan por el llamado una y otra vez al “desarrollo”, y en ello reaparece otro aspecto del “espíritu” del documento: invocar una difusa idea del desarrollo como justificación de una moral que genera beneficio para algunos mientras se daña a otros y al ambiente.

Me explico: el Acuerdo comienza postulando que es posible una minería -un extractivismo- que atienda cuatro condiciones. Estas son cumplir con estándares globales, proteger el ambiente, dinamizar el desarrollo nacional y beneficiar a las poblaciones locales. Habría una minería, que ellos llaman “moderna” que debería cumplir los cuatro objetivos al mismo tiempo, lo cual es imposible. Y hay que decirlo con toda claridad y énfasis: no se pueden cumplir todas esas condiciones a la vez. Además, algunas de ellas ni siquiera existen en los términos en los que se plantean en el Acuerdo.

Para evaluar si es posible alcanzar las cuatro metas, comencemos por una de ellas. Supongamos  que un emprendimiento como Tía María realmente promueva el desarrollo nacional, dejando en suspenso que quieren decir los firmantes del Acuerdo con conceptos como “dinamizar” y “desarrollo”. Pero, si se implanta esa minera enseguida se incumple otra meta del Acuerdo, la de la protección ambiental. Es evidente que un megaproyecto como Tía María acarrea alteraciones ecológicas de tal magnitud que no es posible asegurar que habrá una “protección” de la Naturaleza. Por su propia dimensión y operación, ese proyecto conlleva un impacto ambiental severo, y las opciones de amortiguación y remediación son limitadas.

La discusión real es si se aceptarán o no, ese tipo de amputaciones ecológicas bajo el supuesto de un beneficio económico (entendido como ingreso de dinero por la exportación de materias primas). Es una falacia afirmar que se alcanzará a la vez una ventaja económica y una protección de la Naturaleza. Si hay lo segundo no habría beneficio económico tal como lo han planteado, y si se busca el provecho de la renta será necesario perforar, horadar y extraer el mineral con todos sus impactos ecológicos.

Algo similar ocurre con la meta de “estándares globales” que plantea el Acuerdo, ya que no existen requisitos internacionales acordados por ejemplo para lidiar con los impactos de la minería. En realidad, los países compiten por rebajar sus controles ambientales para atraer a los inversores, y ese propósito estaba detrás de los defensores del “paquetazo ambiental” (y no escapa a nadie que algunos de los firmantes apoyaban esas rebajas ecológicas). Si por “estándares globales” los firmantes del Acuerdo se refieren a algunas reglas de desempeño que se sigue, pongamos por caso en la Unión Europea o las que promueve Naciones Unidas, ya se sabe que la anterior evaluación ambiental recibió 138 observaciones de los veedores de UNOPS, y la más reciente padece de serios problemas como se reveló en la prensa. Estamos ante otro objetivo violado.

Los extractivismos de tercera generación, que corresponden a actividades como la megaminería a cielo abierto o la explotación petrolera en selvas tropicales, por sus impactos y las resistencias que generan, son rechazados por comunidades locales en Perú y en todos los países del continente. En todas ellas hay grupos locales que los consideran perjudiciales. Esto hace que se viole otra de las metas de los firmantes del Acuerdo, la que se refiere al “beneficio” de las comunidades locales. La imposición de los emprendimientos, muchas veces por medio de la policía o la criminalización, muestra cristalinamente la facilidad con que se abandonan objetivos de ese tipo.

Por todo esto, lo más impactante del texto de ese Acuerdo no es tanto que repita el mito de una minería moderna que sería mejor y más provechosa, sino que sus firmantes ni siquiera se dan cuenta que sus propias contradicciones, que lo hacen imposible. Si se cumplen una o dos de sus metas, inmediatamente se están violando sus otros objetivos. El Acuerdo tiene un vicio de nacimiento y es carecer de coherencia interna. Las referencias a los estándares globales o la protección ambiental quedan convertidos en una retórica justificativa.

Como hay una ceguera radical en advertir esto, el Acuerdo da unas curiosas vueltas basadas en recomendaciones, tales como impulsar programas de desarrollo de la agricultura, salud y educación, o crear un fondo de desarrollo. A tono con las clásicas defensas extractivistas, en el Acuerdo no hay pudor en concluir pidiéndole a las comunidades locales que dejen los “discursos polarizantes” y tomen a la minería como “una oportunidad de desarrollo”. Habría que ver si cuando una comunidad local reclama proteger el ambiente -una de las metas de los firmantes del Acuerdo- será respaldada desde Lima como paladines de la justica ecológica o los estigmatizara como actores atrapados en discursos polarizantes que impiden el desarrollo.

Por esto concluyo que el contenido del Acuerdo sí tiene un espíritu, y siguiendo la inspiración de Max Weber de hace más de un siglo atrás, me pregunto si no estamos ante algo así como “La ética rentista y el espíritu del extractivismo”.

Si por el contrario, el objetivo de los que firmaron el “Acuerdo por el Desarrollo” es como indican, “evitar una confrontación con posibles consecuencias lamentables”, deberían comenzar por sopesar que tal vez la primera línea de su documento debería haber sido un llamado a detener todo ese proceso.

 

Fuente:http://www.noticiasser.pe/opinion/la-etica-rentista-y-el-espiritu-del-extractivismo?fbclid=IwAR3gsnyOgzJQRKTPUIiGMN_sJcUWuFrHQJLiZcLxspSYXzu6gDsca4ZcNSo
Mexico

México. Al menos 14 defensores ambientales fueron asesinados en México en 2018: Global Witness

Autor: Desinformemonos.org y Radio Temblor.org

Al menos 14 defensores del medio ambiente fueron asesinados el año pasado en México “por defender sus hogares, bosques y ríos de las industrias destructivas”, señaló un informe de la organización internacional Global Witness.

“Muchos más fueron silenciados a través de ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales”, agregó el documento, en el que la organización indicó que en 2018 fueron asesinados 164 ambientalistas en todo el mundo, de los cuales la mitad de las muertes sucedieron en América Latina.

De acuerdo con el informe, la impunidad generalizada dificulta identificar a los perpetradores, pero la organización “pudo vincular a las fuerzas de seguridad del Estado con 40 de los 164 asesinatos; actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes también fueron los presuntos agresores en 40 casos”. “Los gobiernos y las empresas no logran abordar la causa estructural de los ataques que, en su gran mayoría, es la imposición de proyectos perjudiciales para las comunidades, sin su consentimiento libre, previo e informado”, agrega el documento.

Global Witness destacó que la mayoría de los defensores asesinados se oponían a la minería, con 43 víctimas, mientras que 21 ambientalistas murieron por luchar contra los proyectos de la agroindustria y 13 contra la explotación forestal. Por otra parte, 17 defensores del agua fueron asesinados en 2018, lo que representa un aumento significativo respecto a los cuatro registrados en 2017, señala el informe.

La organización incluyó en su reporte el uso y abuso de las leyes y políticas para criminalizar e intimidar a los activistas, sus familias y las comunidades que representan, a través de acciones como “mancillar su reputación, interrumpir el financiamiento y acorralarlos en costosas batallas legales que les impiden realizar su trabajo”.

“Además de los ataques físicos, los gobiernos y las empresas utilizan los tribunales y los sistemas judiciales para silenciar a quienes amenazan sus intereses. Es una ironía brutalmente salvaje: quienes destruyen la tierra y asesinan a las personas defensoras del medio ambiente generalmente escapan al castigo, mientras los activistas son calificados como criminales”, apuntó Global Witness.

De acuerdo con el informe, los países más peligrosos para los ambientalistas en 2018 fueron Filipinas, con 30 casos, Colombia, con 24, Indía, con 23, Brasil, con 20, Guatemala, con 16, y México, con 14. Por otro lado, el único país europeo donde se registraron asesinatos de defensores ambientales fue Ucrania, con tres casos, mientras que en todo África se registraron 14.

 

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=15169&fbclid=IwAR0-9Rxrypi8K8QABXnZiY5VCQovWaudkGs6TEJKheYPLEZI6rjI-2FSkJU

Chile

El problema de mina Invierno

Autor: Nicolo Gligo , Radio U. Chile.cl
Conflicto Relacionado: Isla Riesco- Mina Invierno

Activistas de Greenpeace despliegan un banner en la cinta transportadora de carbón de la Mina Invierno ubicada en Isla Riesco, Región de Magallanes. La acción, se enmarca dentro de las actividades internacionales de Greenpeace contra los combustibles fósiles y la campaña «Salvemos los mares del fin del mundo», que busca proteger los mares de la Patagonia Chilena ante el avance de la salmonicultura.

Volvieron, como en tiempo de Trillium, los antiguos fantasmas a la Región de Magallanes: el impedimento o la paralización de un proyecto propuesto o en ejecución (como Mina Invierno) debido a causas ambientales. Pero hay que ser claro, pues los fantasmas no existen. Son creaciones interesadas, movidas generalmente por intereses de lucro, o por la lógica de empresas que, al basarse en la explotación de recursos naturales no renovables, siempre tienen sus días contados.

Antecedentes relevantes

La empresa de Mina Invierno eligió el tipo de explotación de carbón de rajo abierto sobre la base de implementar un sistema de menores costos y de mayores utilidades, asumiendo su mayor impacto ambiental.
No obstantes los cuestionamientos sobre la alta insustentabilidad ambiental y la expoliación subsidiada que significaba el proyecto, se le dio la aprobación argumentándose su impacto en la economía regional, particularmente en la creación de empleos.

El proyecto de Mina Invierno fue autorizado SIN EL USO DE TRONADURAS, afirmación que los mismos ejecutivos de la empresa plantearon. Aún sin tronaduras, la Evaluación de Impacto Ambiental costó mucho aprobarla por el cúmulo de impactos negativos, muchos de los cuales no fueron considerados. La explotación carbonífera ha tenido un marcado impacto ambiental cuyas medidas de mitigación aún no ha sido evaluada en profundidad.

Hacia una información más veraz y transparente

Ante la amenaza de cierre o de disminución de labores muchas opiniones de políticos, de los representantes de la empresa, de dirigentes de gremios patronales, etc. han sido publicado últimamente. Frente a ellas y sus impactos en la opinión pública cabe hacer algunas consideraciones:

La empresa ha afirmado que sin tronaduras se impide “la normal explotación del yacimiento carbonífero…”. Cabe preguntarse: hasta la fecha y sin tronaduras, ¿no se ha realizado una explotación normal?

También se ha afirmado por representantes de la empresa “que con medidas como esta se genera un mal precedente para la economía del país pues para hacer inversiones a largo plazo es fundamental contar con certeza jurídica…” (El Mercurio, 26/06/2019). Lo que sucede es precisamente lo contrario pues los tribunales ambientales en función de sus atribuciones están aplicando la ley con certeza jurídica basada en el profundo conocimiento del tema.

Al notificarse a los trabajadores sobe sus despidos se argumenta “los índices de producción durante 2018 y 2019 se han reducido en un 51,1% en extracción de estériles y en un 44,6% en extracción de carbón.” Esas reducciones son exclusivo resorte de la empresa pues, tal como se argumentó cuando querían convencer a la ciudadanía de las bondades del proyecto, carbón en esas vetas hay para más de 100 años. El único problema es que el negocio ya no es interesante como en años anteriores. O sea que hacer alusión al artículo 161, para desvincular al personal debido a “necesidades de la empresa” no es un argumento válido.

El Ministro de Minería Pablo Terrazas, advirtió que “todo esto puede terminar demorando la cartera de proyectos que el Gobierno está promoviendo para la Región de Magallanes” (El Mercurio, 26/06/2019). Como este es un proyecto aprobado y que se está materializando, se supone que el Ministro quiere llamar la atención sobre las condicionantes ambientales. Entonces, la lectura tendría que hacerse en forma positiva: es bueno que de demoren ciertos proyectos si no cumplen a cabalidad las leyes y reglamentaciones ambientales.

Desde la SOFOFA se criticó a aquellos que afirman que la explotación minera del carbón es incongruente con el plan de descarbonización que impulsa el gobierno, argumentándose que el país en las próximas décadas necesitará carbón y que si no lo produce deberá importarlo de Colombia o Australia. Esta argumentación es errónea, pues el carbón utilizado en las termoeléctricas del país necesitan ser de mayor calidad que el de Magallanes, por lo que habrá necesariamente que importarlo.

Otros dirigentes gremiales han utilizado este problema solo para enviar sus consabidos mensajes por las exigencias ambientales. El planteamiento de los grandes gremios es tratar de “modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, insistiendo en la disminución de requisitos ambientales.

La realidad actual

La inversión de puesta en marcha inicial, de maquinarias, construcciones, caminos y del puerto ha sido recuperada con las utilidades de los primeros tres a cuatro años de operación. O sea, la empresa está en muy buenas condiciones para enfrentar su actual situación.

El problema básico que enfrenta la empresa es la baja rentabilidad actual. Ha habido un aumento de los costos derivados de las deficiencias de los estudios básicos que no diferenciaron las distintas realidades del subsuelo. Por otra parte, ha bajado el precio del tipo de carbón como el de Mina Invierno.

Es obvio que las perspectivas de la explotación no son buenas. Ante ello, y en una visión de largo plazo, es probable que la empresa haya delineado una estrategia para ir disminuyendo al personal en forma paulatina, al margen de lo que suceda con las tronaduras. No obstante, para la empresa, si se autorizaran las tronaduras podría permitirle una mayor rentabilidad. Pero, si persistiera la actual prohibición de utilizarlas, le serviría como excusa para desvincular trabajadores, proceso que tarde o temprano deberá llegar.

Toda esta situación podría dejar en la sombra dos desafíos que son de plena responsabilidad de la empresa: por una parte, la remediación del sitio, y por otra, la obligada responsabilidad social de reconversión.

El país tiene en el sector minero numerosos e importantes pasivos ambientales derivados de la falta de una legislación adecuada, o la ausencia de sistemas de seguros que permitan impedir el cierre de empresas sin que se inviertan los recursos financieros necesarios para la recuperación de los ecosistemas dañados en los procesos extractivos. Según lo estipulado, la Minera Invierno está tomando ciertas medidas de remediación, pero las principales e ellas deberá hacerlas después del cierre.

Por otra parte, las empresas mineras, que trabajan recursos naturales no renovables, conocen perfectamente que el recurso algún día se acabará. Ello exige responsabilidad social para reconvertir los trabajadores que irán quedando cesantes en la medida que el recurso de agote. Este es un aspecto crucial que ya debería haber sido abordado por Mina Invierno.

El destino de Minera Invierno ya está sellado: Poco más tarde, poco más temprano, terminará. Carbón, como el de Mina Invierno, sub bituminoso, de muy bajas calorías y de gran poder contaminante pronto se prohibirá comercializarlo, más aún, habiendo formas de explotación del carbón con casi nulos impactos ambientales. Quedarán los restos de la explotación como memoria de un proyecto que nunca habría que haberlo ejecutado.

 

Fuente:https://radio.uchile.cl/2019/07/12/el-problema-de-mina-invierno/

Ecuador

Yaku Pérez entrega a la Corte pregunta para prohibir la minería metálica

Autor: Foazuay.org

Cientos de personas del Azuay ingresaron a la capital. Se veía banderas azules y carteles. Se escuchaba el sonido de los tambores, el saxofón y las consignas: “agua sí, oro no”, “viva el agua”, “fuera mineras”, etc. Era una marcha que a la distancia se veía un solo color, el azul, como el agua, los océanos, los cielos del Ecuador.

Las mujeres de pollera encabezaron la caminata y portaban un cartel, donde estaba la pregunta de la consulta popular para prohibir la minería metálica en fuentes de agua de la provincia del Azuay. Caminaron por la 12 de octubre y se concentraron en los exteriores de la Corte Constitucional.  El prefecto Yaku Pérez se dirigió a las oficinas para entregar la pregunta.

En la salida, los medios de comunicación esperaban las declaraciones de la autoridad provincial y varias personas manifestaban públicamente su respaldo a la iniciativa como Patricia Mogrovejo, presidenta de la Federación Kañaris del Azuay (FOA), autoridades de Gualaceo y Santa Isabel, los tres coincidieron en que el pueblo debe decidir si quieren minería en su territorio.

El prefecto Yaku Pérez recordó los resultados de la Cámara Provincial del pasado 22 de julio, donde faltó tres votos para que se dé la consulta popular de manera inmediata. Razón para impulsar a través de la iniciativa ciudadana.

Pérez también hizo un llamado a los jueces de la Corte Constitucional para que el pronunciamiento sea pensando en las nuevas generaciones.

Una vez que la Corte Constitucional califique la constitucionalidad de la pregunta y de ser aprobada, el proceso pasa al Consejo Nacional Electroral- CNE y facilite la entrega de formularios para la recolección de firmas. El prefecto aspira recolectar 65 mil firmas, tiene confianza, luego del resultado en el cantón Girón, donde el 87% de la población rechazó las actividades mineras.

La pregunta de la consulta popular:

¿Está usted de acuerdo que se prohíba sin excepción las actividades de prospección, exploración, y explotación de minería metálica en fuentes de agua, páramos, humedales, bosques y zonas de recargas y regulación hídrica?. Si o No.

 

Fuente:https://foazuay.org/2019/07/31/yaku-perez-entrega-a-la-corte-pedido-de-consulta-popular-en-contra-de-la-mineria/?fbclid=IwAR0CsvGzErmD8w9Q2w9jkGpRZbLXfb9OWkDlrYD_zqqJPtjwYRiv4MuqyXI

Perú

Tía María: Más del 90% del distrito de Cocachacra ha sido otorgada para concesiones mineras

Autor: Redacciòn Gestión.pe
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

El presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, Jesús Cornejo, señaló que las concesiones mineras en la provincia de Islay (región Arequipa) ha registrado avances en los últimos años, en tanto en lo que respecta al distrito de Cocachacra, zona en la que se sitúa en proyecto minero Tía María, ésta se encuentra concesionada al 96.2%.

De igual manera, indicó que las áreas de cultivo de dicho distrito actualmente también se encuentran concesionados para realizar actividades mineras.

“¿Qué nos refleja estas concesiones mineras? La intención de la minería en la provincia de Islay, de que se encuentra todo mineralizado. Entonces ¿Cuál es el futuro de que entre el proyecto Tía María y La Tapada? De que (la minería) va ir acabando con este sector agrario que dicen que ambos pueden convivir. O sea, es un engaño al que nos llevan”, sostuvo Cornejo en diálogo con Exitosa.

En ese sentido, reiteró que el pedido de la población del Valle del Tambo al Gobierno es la anulación de la licencia de construcción que otorgó a Southern Copper, encargada de desarrollar Tía María, para posteriormente establecer una mesa de diálogo en la que se escuche las razones por las cuales rechazan la ejecución de esta obra.

“… (Queremos) un debate de lo que realmente significa la oposición, las razones que tiene la población y autoridades en cuanto al proyecto y ahí definir si va o no va. Un debate, que eso nunca se nos ha dado, nunca se nos ha escuchado, no se no has permitido”, sostuvo.

El dirigente también cuestionó la labor de los legisladores, quienes – según dijo- en su momento elaboraron leyes a favor de las empresas mineras sin haber cumplido con los procesos correspondientes, tal como realizar la consulta previa.

 

Fuente:https://gestion.pe/economia/tia-maria-mas-del-90-del-distrito-de-cocachacra-ha-sido-otorgada-para-concesiones-mineras-noticia/?ref=gesr&utm_source=facebook&utm_medium=organicfb&utm_campaign=tia-maria&fbclid=IwAR3RlIWIddpXB5RMLZ9zgnRNp5kFtffYKf3_uUFs97852256HnRwLS2dgPw

Perú

Cusco: reserva de Ausangate amenazada por concesiones mineras

Autor: José Víctor Salcedo, La República.pe

Se puede afirmar que, en Sallani y Phinaya, brota la fuente de vida para Cusco. Ambas son comunidades campesinas en las provincias cusqueñas de Canchis y Quispicanchi, localizadas a casi 5000 metros de altura.

En su territorio, hay nevados y lagunas que surten de líquido a decenas de pueblos de la región. Además, alimentan un ecosistema de flora y fauna. En estas comunidades, se pretende crear el Área de Conservación Regional de Ausangate (ACR Ausangate). Eso garantizaría el abastecimiento de agua.

La iniciativa abarca 72 534 hectáreas de montañas, glaciares, lagunas, animales y especies vegetales. El proyecto nació en 2008 y, ocho años después, concluyó la redacción del expediente. La propuesta está en manos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para su aprobación.

La amenaza

Sin embargo, el proceso de creación del ACR Ausangate está frenado. Incluso podría sufrir un revés por la presencia de ocho concesiones mineras y nueve petitorios para explorar litio. El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) otorgó las concesiones y admitió los pedidos entre noviembre de 2018 y mayo de este año en una extensión de 13 400 hectáreas. Se estima que 6295 se encuentran superpuestas al territorio del ACR Ausangate. Incluso dos están situadas en el nevado Quelccaya.

“Si las concesiones mineras prosperan, el riesgo es que nos quedemos sin agua”, sentencia el alcalde del distrito de Pitumarca, Benigno Fredy Vengoa Caro. El burgomaestre pide la anulación de esas concesiones y apuesta por la intangibilidad de este territorio. “Aquí, en Pitumarca, tenemos claro que no queremos minería”, refiere. El 3 de agosto próximo, habrá una reunión para decidir “qué acciones tomamos”, señala el alcalde respecto a las concesiones mineras.

Riqueza de Sallani

La República recorrió estas dos comunidades. Sallani, a 4500 metros de altitud, es la puerta de ingreso a la propuesta del Área de Conservación Regional Ausangate. En las montañas, pastan alpacas, ovejas y llamas. En torno a las lagunas, habitan wallatas y gaviotas. Avanzamos y aparecen manadas de vicuñas y bandadas de aves, así como parejas de cóndores. Según las evaluaciones ecológicas de expertos que formularon el expediente del área de conservación, en este territorio hay 77 especies de aves, 25 de mamíferos y seis de anfibios. En la lista se mencionan, entre otros, al puma, taruca, sapo andino, cóndor andino, wallata y canastero frontirojizo. Se suman el flamenco chileno, el montañés barbudo y otros. De la variada avifauna, una docena está en peligro de extinción, mientras que otras especies han sido catalogadas como “casi amenazadas” y hay especies “endémicas”. Se les llama así cuando su existencia está restringida a una ubicación geográfica muy concreta y fuera de ella no pueden vivir.

Belleza de Phinaya

Hemos llegado a 5 900 metros de altitud, territorio de la comunidad campesina de Phinaya. El viento glacial silba y arrastra los pastos amarillentos con dirección a la cadena de nevados del Ausangate. El sol opacado por las nubes cae sobre los campos.

En Phinaya, está la laguna Sibinacocha, la segunda más grande de Cusco después de Langui-Layo en Canas. Es un inmenso depósito de agua dulce que surte del líquido al río Vilcanota, que a su vez da agua potable al 53% de la población de la provincia de Cusco, más de 427 000 habitantes. La generación de energía eléctrica en la Hidroeléctrica Machupicchu y la agricultura también dependen de ella. Su capacidad de almacenamiento llega a 110 millones de metros cúbicos de agua (m³/agua).

Sibinacocha está casi en el centro de una extensa red de lagunas de menor tamaño, por lo menos son cinco, además de bofedales. Todas las fuentes de agua se alimentan de los glaciares de la cordillera del Vilcanota.

“Sin el agua que da esta laguna, en temporada de sequía, no podría funcionar la hidroeléctrica y más de la mitad de los cusqueños dejarían de tener agua en sus casas”, precisa Porfirio Zegarra, especialista de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA).

Una eventual desaparición de Sibinacocha y otras lagunas afectaría la crianza de camélidos sudamericanos, única fuente de ingreso económico de los comuneros. En Sallani y Phinaya hay grandes extensiones de pastos naturales gracias a las lagunas y los nevados. Cada productor cuenta en promedio con 100 o 200 cabezas de ganado. Hay otros, más prósperos, que poseen hasta 5000 ejemplares. Ambas comunidades campesinas son las protectoras de esos recursos. Saben que de ellos depende su supervivencia.

Nevado en peligro

El nevado Quelccaya, a 5650 metros de altura, es uno de los más importantes de la cordillera del Vilcanota y es parte de la propuesta de ACR Ausangate. Es un gigante en forma de domo (cima semiesférica) y es considerado como uno de los casquetes glaciares (masa de hielo) tropicales más grandes de la tierra.

Quelccaya supera en importancia a los glaciares Ausangate, Cuncapata, Sorañaño, Japupunta, Jatunhuma, Chumpe, entre otros. Con sus 44 km² de masa de hielo, concentra casi el 20% de toda la capa glaciar de la cordillera del Vilcanota. Pero el calentamiento global empezó a derretirlo y una eventual luz verde a la explotación minera empeoraría la situación.

El especialista Porfirio Zegarra y el alcalde de Pitumarca, Benigno Vengoa, confían en que el Gobierno priorizará la protección de ese sitio natural. “Eso (el deshielo y la desaparición) se puede evitar”, dice Zegarra.

Según el Inventario Nacional de Cordilleras Glaciares del Perú, hecho en 2016 por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), la cordillera del Vilcanota, incluido el Quelccaya, desaparecerá en el año 2075.

Sucede que el área glaciar de la cordillera disminuyó de 495.05 kilómetros cuadrados (km²) a 255.44 km² en 53 años. Hubo un retroceso de 48.40% en medio siglo. “Sin embargo, esta tendencia se ha agudizado en los últimos años”, precisa Inaigem, dado que su tasa de retroceso anual es de 4.47 km².

La desaparición de la cordillera dejaría sin agua a gran parte de la población cusqueña. El río Vilcanota, que atraviesa y riega los campos de cultivo de ocho de las trece provincias de la región imperial, empezaría a sufrir estrés hídrico. No hay que perder de vista que la cordillera del Vilcanota es la segunda cordillera glaciar más grande del Perú, después de la cordillera Blanca. Su desaparición sería una catástrofe. El pronóstico es apocalíptico, pero, sobre todo, científico.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/28/ausangate-donde-nace-el-agua-para-cusco/?fbclid=IwAR17QJNmM7Za1MwtzNvth56iqBZsaUA4pTxEz_EY-0UWSxz0bcih3FZg6Vc