Leonidas Wiener Ramos, abogado de CooperAcción, señala que los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) son una vía para que se aprueben de forma irregular varias modificaciones de un proyecto minero, siendo Las Bambas un caso paradigmático, ya que recurrió de manera abusiva en el uso de este instrumento ambiental para realizar cambios sustantivos, como: la reubicación de la planta de molibdeno, la planta de almacenamiento de concentrados y la planta de filtros. Una herramienta que fue concebido para uso excepcional se ha convertido en el procedimiento recurrente de las empresas mineras para hacer modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto.
P.- La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo señala que somos un país con una institucionalidad ambiental fuerte. Sin embargo, existen instrumentos de gestión ambiental que debilitan la gobernanza ambiental sin tener una mirada integral del impacto de las actividades extractivas…
R.- En el país hemos avanzado en ciertas cosas. Por ejemplo, hace 10 años no teníamos Ministerio del Ambiente, no existía el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), no existían entidades que pudieran contrarrestar el peso que tienen los ministerios que son más favorables a la inversión privada. También ha habido avances alentados por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero damos dos pasos para adelante y uno para atrás, y un claro ejemplo es el tema de los Informes Técnicos Sustentatorios, más conocidos como ITS. Estos sirven como una especie de contrabando para poder efectuar modificaciones a los Estudios de Impacto Ambiental sin realizar los procedimientos de participación ciudadana y sin realizar un trabajo de campo que permita evaluar cuáles son las implicancias de estas modificaciones. El carácter de los ITS implica que las modificaciones deben ser ambientalmente no significativas. Pero en las circunstancias actuales, donde hay un desequilibrio evidente entre los intereses de las empresas privadas y por otro lado de las poblaciones, es claro de que estos ITS sirven de alguna manera como una vía para que puedan aprobarse de forma irregular varias modificaciones.
P.- ¿Es posible una real fiscalización ambiental con instrumentos que permiten la fragmentación del EIA como es el caso de los ITS?
R.- Se están aprobando ITS con cambios significativos en lo que refiere a los proyectos mineros y que tendrán que ser informados a la población, como por ejemplo, una ampliación de un tajo o cambiar la modalidad de explotación subterránea a explotación superficial, una ampliación de un almacenamiento de concentrado; cambios que de alguna manera podrían generar impactos significativos, pero que se aprobaron como si no lo fueran a producir gracias a los ITS. Entonces, de alguna manera los ITS contribuyen a que la labor del OEFA pierda eficacia.
P.- La OEFA alertó que en un plazo de 15 días no se puede determinar con relativa certeza si una modificación propuesta tiene o no impactos ambientales significativos. ¿El órgano competente de admitir y rechazar el ITS puede evaluar en 15 días las dimensiones de cambios sustanciales?
R.- Es muy difícil hacerlo sin un trabajo de campo, sin que un evaluador vaya a la zona y pueda hacer un estudio que le permita determinar cuáles son las reales implicancias de estos cambios que se han propuesto. 15 días es insuficiente considerando la lentitud de los procedimientos administrativos.
Con la creación de los ITS se establecieron unas normas reglamentarias donde se establecieron algunos parámetros, pero este instrumento tiene serias falencias. El tema de fondo es que los ITS fueron concebidos como un instrumento excepcional para hacer cambios no significativos, pero al final si uno repasa los expedientes que entran al Ministerio de Energía y Minas y al SENACE, uno puede ver que la mayor parte de las solicitudes de modificaciones se están dando a través de los ITS y no por medio de los procedimientos regulares de modificación, que sí contemplan un procedimiento de participación ciudadana y un mayor tiempo en la evaluación.
P.- ¿Cuánto tiempo sería el ideal para determinar el impacto de un proyecto extractivo?
R.- Para los proyectos grandes que requieren un EIA detallado es un periodo de 120 días, que es un tiempo razonable, porque tampoco se puede alargar tanto el tiempo de evaluación. Pero, cuando salieron los paquetazos ambientales se establecieron responsabilidades en los funcionarios que no daban respuesta a la evaluación de estos expedientes dentro de un plazo de 45 días, y si se excedían de este plazo estos podían ser objeto de procedimientos administrativos en su contra e incluso hasta penales Entonces, ¿cómo puede trabajar una persona con esa presión? eso es un despropósito, porque el funcionario encargado de la evaluación de los EIA va a querer aligerar el proceso de evaluación y no va a ser riguroso con su labor. Esto es un claro favorecimiento a la inversión privada en desmedro de lo que corresponde al respeto y la protección de los estándares ambientales y sociales que deben formar parte de estos procesos de evaluación.
P.- Los mecanismos de participación ciudadana han quedado nulos con los ITS ¿Se han incrementado los conflictos sociales con este instrumento de gestión ambiental?
R.- De hecho que sí y todavía no lo hemos visto con notoriedad, salvo en el caso de Las Bambas, que ha sido el caso paradigmático. Los ITS son un caldo de cultivo de conflictos que pueden surgir en cualquier momento. Los ITS se han convertido en el procedimiento regular de modificaciones de Estudio de Impacto Ambiental, y se están aprobando muchos cambios sin ser consultados ni ser informados a la población, lo cual va a dar lugar a que se produzcan conflictos derivados de estos ITS o de procedimientos que no fueron adecuadamente consultados a la población.
P.- Un caso emblemático del uso abusivo de los ITS es el proyecto Las Bambas…
R.- Este es un caso bastante particular, porque en primer lugar, inicialmente se había contemplado la construcción de un mineroducto de más de 200 kilómetros. Pero cuando Glencore Xstrata transfiere Las Bambas a la empresa china MMG, al caballazo se decide transportar el mineral por la carretera, que había sido utilizada como vía de acceso en la etapa previa de construcción del proyecto. La aprobación del uso de la carretera para el transporte del mineral se hizo cuando ya había pasado la etapa de evaluaciones técnicas, en la fase final del proceso de evaluación de la segunda modificatoria del EIA, por lo que no se recibió opinión técnica de los impactos ambientales y sociales que podía generar el transporte de carga pesada. No se pronunciaron ni el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ni el Ministerio del Ambiente, ni los gobiernos regionales o la Municipalidad provincial de Cotabambas.
Todos los cambios que se dieron para el uso de la carretera no fueron consultados ni negociados con las comunidades que eran dueñas de los terrenos superficiales. Así, de la noche a la mañana, la población tomó conocimiento de que 200 a 300 volquetes estaban pasando a través de sus comunidades. Cabe plantearse cómo es que surge este corredor minero, sin un plan de desarrollo, sin un plan que pudiera establecer unas adecuadas condiciones técnicas para que el transporte de mineral no generara una serie de impactos ambientales, como temblores en las casas, ruidos, o polvaredas.
P.- ¿Por qué no se saneó ese tema con antelación, por qué no hubo un proceso de negociación previo con las comunidades?
R.- En muchos casos, tanto las empresas y el Ministerio de Energía y Minas, consideran que, haciendo las cosas de manera rápida y sin consultar, les va a permitir reducir costos, como la negociación con las comunidades, el saneamiento de los terrenos, entre otras acciones. Pero lo que hemos visto en Las Bambas es justamente lo contrario. Ahora ambos tienen que lidiar con diversas comunidades que están a lo largo del corredor minero, para poder sanear los terrenos, para poder llegar a acuerdos económicos, principalmente, y eso al final les genera mayores costos a la empresa y al Estado. Falta una lógica que tienen muchas empresas: ser buenos vecinos, comunicar las cosas, ser transparentes, no hacer este tipo de leguleyadas para obtener ventajas, que a la larga no resultan siendo eficaces, ni eficientes por todos los costos que están asumiendo.
P.- ¿Qué cambio sustancial se ha dado en Las Bambas a través de los ITS?
R.- La reubicación de la planta de molibdeno, la planta de almacenamiento de concentrados y la planta de filtros, que inicialmente estaban en Espinar (…), a través de los ITS se decide reubicar estos componentes en la zona de Las Bambas. Es ahí donde se origina el primer conflicto en la zona; posteriormente se han aprobado cinco ITS más, inclusive uno de los ITS excedía los parámetros que estaban establecidos por las mismas normas que reglamentan los ITS, que era la ampliación de un depósito de almacenamiento. Lo que está pasando es que el propio Ministerio de Energía y Minas está yendo en contra de las normas que ellos mismos han aprobado para reglamentar este procedimiento aparentemente excepcional.
P.- ¿Cómo se puede fiscalizar realmente el cumplimiento de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)?
R.- Actualmente el mismo órgano fiscalizador establece candados para fiscalizar adecuadamente el cumplimiento de los estándares que establecen los EIA, de los estándares ambientales que debe de cumplir toda empresa. Se requiere de una reforma estructural a nivel del OEFA, que tenga mayor capacidad para poder sancionar y multar en los casos que hay evidentes impactos ambientales.
P.- ¿Cuál es el principal problema para no identificar el real impacto que va a generar la actividad extractiva en el medio ambiente?
R.- Lo que ocurre en muchos casos es que, cuando comienza una operación minera en una determinada zona, esta operación no parte de una línea de base. Entonces no se puede saber cuál era el estado del suelo, del agua, del aire, si el suelo era muy ácido, si era propicio para la agricultura o era propicio para otro tipo de actividad económica, porque nunca se ha realizado un proceso adecuado de ordenamiento territorial, de zonificación ecológica económica que pudiera determinar las potencialidades y usos del territorio. Por ejemplo, el Proyecto Pierina en Ancash, empezó sus operaciones con un PAMA (comienzos de los noventa), y no se hizo una medición de cuál era el caudal de agua existente en la zona. Así, cuando la mina comenzó sus operaciones, el caudal de agua del cual dependen las poblaciones para su subsistencia, se ha ido disminuyendo con el paso de los años. Pero como no hubo una línea de base es muy difícil medir cuáles son los impactos y en qué medida esos impactos se le pueden atribuir a la empresa. Tenemos que corregir la elaboración de las líneas de base y el tema del ordenamiento territorial.
P.- Sin embargo el ordenamiento territorial es visto como un obstáculo para fomentar la inversión minera…
R.- Todavía no hay una adecuada articulación entre lo que hace el gobierno central y lo que hacen los gobiernos regionales o gobiernos locales para poder efectuar un adecuado ordenamiento territorial y definir cuáles son los usos y potencialidades del territorio. Es decir, no se trata de desterrar la minería o de desterrar actividades extractivas, pero en determinadas zonas hay actividades que pueden traer muchos más beneficios a la población de lo que trae la actividad extractiva. Es importante que se considere la percepción de la población y sus propias prioridades en lo que corresponde a su desarrollo económico, que no necesariamente van a estar vinculados a las actividades extractivas, como es el caso de los agricultores del valle del Tambo, quienes consideran que la minería va a afectar sus intereses.
P.- ¿En que están fallando los mecanismos de participación ciudadana en los proyectos extractivos?
R.- Hay empresas que tienen una mayor predisposición para generar legitimidad en sus proyectos, para poder ganarse a la población de alguna manera, y hay otras empresas que no tienen mayor interés y quieren gastar el menor dinero posible y simplemente cumplir con lo que le indica la norma para poder avanzar en el siguiente paso de sus operaciones. Hay empresas que son más responsables que otras, pero el Estado no debería desentenderse, sino debería tener un papel mucho más activo para poder verificar, para poder estar como una especie de veedor y certificar de que estos procedimientos de participación ciudadana realmente estén llevando toda la información correspondiente del proyecto extractivo, y debería además poder verificar de que el proyecto tenga legitimidad.
P.- ¿Cuál es el poder y la influencia del gremio minero en las políticas estatales?
R.- Muchos de los funcionarios que están ahorita en altos cargos en el Estado son funcionarios que en algún momento trabajaron en empresas privadas. Por ejemplo, el caso más típico es que un funcionario de una minera que trabajó 10, 15 años en una mina, luego pasa a ocupar el puesto de director de minas o viceministro de minas u otro cargo importante con poder de decisión. El mecanismo de la puerta giratoria es algo muy común en el Estado, y eso parte de que no existe un concepto de carrera pública como una vocación de servicio al país, sino que se prioriza a aquellas personas que tienen vínculos con el sector privado para que entren a puestos altos en el Estado.
En las condiciones actuales, los ministerios son bastante permeables a la capacidad de influencia del sector privado, a los lobbies que existen. Entonces el funcionario de la empresa tiene la capacidad de poder reunirse cuando quiera con el ministro o el viceministro directamente, para poder presionar para que se apruebe su EIA o para que le den la autorización de inicio de operaciones, etcétera. Pero cuando van los dirigentes sociales a tocar las puertas, en muchos casos solo los atienden cuando el conflicto ya ha estallado, porque ya no tienen otra opción que atenderlos y negociar.
P.- ¿Cuál es el reto que tenemos para poder garantizar la gobernabilidad ambiental en el país?
R.- Pasa por reducir los desequilibrios que existen actualmente, comenzando por los desequilibrios que existen entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente. A este último nunca se le ha dado el rol que debería asumir como autoridad nacional ambiental, lo cual genera un desequilibrio en la gobernanza de las industrias extractivas. El Ministerio del Ambiente debería tener un rol mucho más importante en lo que corresponde al ordenamiento territorial, para definir los usos del territorio, y esto está relacionado con la mayor capacidad y los mayores poderes que deberían de tener a su vez los gobiernos regionales y locales, para que dentro de su jurisdicción territorial ellos tengan la posibilidad de definir el uso del territorio y que este parta de un proceso de consulta ciudadana, donde se pueda distinguir de forma clara en qué zonas hacemos minería, en qué zonas hacemos agricultura, en qué zonas podemos forestar, o en qué otras zonas podemos hacer actividades turísticas; es decir, que todo esté articulado entre los tres niveles del gobierno y que el otorgamiento de concesiones mineras tenga mayores candados y restricciones y que se articule a estos procesos de ordenamiento territorial.
Fuente:http://elgranangular.com/blog/entrevista/leonidas-wiener-los-its-son-una-especie-de-contrabando-para-poder-efectuar-modificaciones-a-los-estudios-de-impacto-ambiental/?fbclid=IwAR0Ps_ko4gqDZFXrRaYHrR8uGzeiwDKtopflywWaxrXLk17msY94oXd7JVQ
El lunes 5 de agosto se realizó la audiencia sobre el proyecto Ariana en el Sexto Juzgado Constitucional. Este juzgado tiene la tarea de evaluar si se declara la nulidad de las resoluciones que aprobaron la operación del mencionado proyecto que se ubica en la parte alta de la cuenca del río Rímac y el Alto Mantaro y que representa una seria amenaza a las fuentes del agua que abastecen a la ciudad de Lima y Callao.
La comunidad de Pumallacta, ubicada en el distrito de Quiñota, Chumbivilcas en Cusco, denunció que la minera Anabi S.A.C. ha contaminado al menos cuatro ríos y dos lagunas. Para comprobarlo, un grupo de afectados llegó a Arequipa, donde costeó con su propio dinero un estudio para que revise las aguas presuntamente contaminadas.
Tanto Estados como empresas están diseñando planes para extraer codiciados minerales desde el fondo oceánico. Mientras parte de la comunidad científica ha advertido que el conocimiento de la propia vida en el fondo marino es escaso, las empresas contratistas mineras que buscan licencias de explotación no han realizado pruebas suficientes para demostrar que su actividad no causará un daño catastrófico. Tres tipos de ecosistemas marinos están en peligro: las llanuras abisales que tienen nódulos metálicos, los montes submarinos que tienen costras de minerales en su corteza y las zonas volcánicas con chimeneas hidrotermales que tienen depósitos de sulfuros masivos con minerales. Actualmente, con los escasos datos disponibles se ha concluido que la minería en aguas profundas tendrá impactos devastadores y potencialmente irreversibles en la vida marina.
En los últimos días hemos estado escuchando diferentes versiones sobre las concesiones mineras que ocupan el territorio de la provincia arequipeña de Islay y sus respectivos distritos.
Cómo se esperaba en el ámbito minero, Anglo American inició la semana pasada el trámite del permiso ambiental para un proyecto de US$ 3,000 millones, con el que busca sostener la producción de Los Bronces, en nuestro país. Aunque el proyecto promete no afectar glaciares, biodiversidad ni aumentar el uso de agua en la zona cordillerana de la región metropolitana, hay varios sectores y organizaciones ambientales que están alertas ante esta inicitaiva.
Las legiones de avariciosos aventureros que se adentraron en estas tierras de Brasil en el XVIII no se pararon a pensar en que el oro no se come. Algunos murieron de hambre con pedruscos en el bolsillo. No había comida, carreteras, ni comercio. Aquella fiebre del oro sentó los cimientos de un estado que debe casi todo a las minas. Su nombre, su desarrollo, su patrimonio histórico y su economía. El verde paisaje de Minas Gerais (minas generales) está punteado por enormes brechas de ocre intenso que la minería escarba en la tierra y por descomunales depósitos para depositar los residuos que genera. El 
El 27 de noviembre de 2009 fue asesinado a tiros Mariano Abarca, un activista que encabezaba la resistencia contra la mina de barita de la firma canadiense Blackfire Exploration ubicada en el ejido Grecia del municipio de Chicomuselo (Estado de Chiapas, sur de México). Abarca solía protestar por los impactos sociales y medioambientales de este proyecto. Tras el crimen, varias personas fueron detenidas —todas ellas con algún vínculo laboral con la empresa—, pero fueron liberadas más adelante. Blackfire Exploration, que fue disuelta en 2017, siempre negó cualquier implicación en el asesinato, el cual sigue impune. Familiares de Abarca y organizaciones de México y Canadá han criticado 
El extractivismo se ha profundizado en Oaxaca, decenas de proyectos hidroeléctricos, mineros, supercarreteras, líneas de transmisión de energía, zonas francas, entre otros arman el rompecabezas del despojo.
Las minas a tajo abierto ocasionan una gran contaminación ambiental que acaba con todas las especies de flora y fauna en México, además provocan afectaciones graves en la salud, no sólo de los mineros sino también de los habitantes aledaños a éstas.