Internacional

El trazo sucio de la minas, rastreado en tres continentes

La serie “Green Bold” ha retomado las investigaciones de tres reporteros a quienes se les impidió informar sobre los posibles daños medioambientales y los abusos cometidos por las compañías mineras. Informar sobre temas medioambientales puede ser costoso para los periodistas. Pueden pagar su compromiso con su trabajo, perdiendo la tierra en la que viven e incluso sus perdiendo vidas. Cuanto más sagaz y persistente es la cobertura periodística, mayor es la provocación de las compañías mineras. Unas compañías, que no dudan un instante en tomar represalias y bloquear el acceso a la información. Es particularmente el caso en la industria minera. Por primera vez, 40 periodistas de 15 países, organizados por Forbidden Stories, decidieron ir al terreno, rastrear las cadenas de suministro y usar herramientas de software para investigar las minas que en India, Tanzania y Guatemala trataron de impedir el trabajo periodístico.

El 1 de junio de 2015, el reportero indio Jagendra Singh publicó su último post en su página de Facebook donde colgaba regularmente sus reportajes. Había estado publicando durante dos meses información sobre el político local Rammurti Verma y sus supuestos vínculos con la minería ilegal de la extracción de la arena. Una actividad que las Naciones Unidas (ONU) ha identificado como una amenaza medioambiental grave.

Ese día, Singh, ingresó en el hospital, con quemaduras en el 50% de su cuerpo. “Los hijos de puta me echaron gasolina. Si quisieran, podrían haberme arrestado, ¿Qué necesidad tenían de matarme?”, dijo Singh en un video antes de morir a causa de sus heridas.

Con los ojos cerrados y sin poder siquiera mirar a la cámara, acusó a los oficiales de policía y a los simpatizantes de Verma de prenderle fuego. En el video se pueden ver su cuerpo devastado por las quemaduras. Murió a causa de sus heridas siete días después. Tenía 46 años.

Los informes oficiales afirman que Singh se suicidó. Sin embargo, el día del funeral, el hijo de Singh presentó una denuncia contra Rammurti Verma y cinco policías por conspiración para matar e inmolar. Más tarde, retiró su denuncia. Para esclarecer los hechos, Forbidden Stories se reunió con varios miembros de la familia Singh. Ellos reconocieron que durante años habían temido a las represalias. Por esta razón, habían aceptado el dinero de Verma a cambio de su silencio.

Un portavoz de Verma dijo que no podía responder porque estaba hospitalizado.

Singh es uno de los cuatro periodistas indios que supuestamente han sido asesinados por denunciar a las mafias de la arena, unos de los grupos del crimen organizado más prominentes, violentos e impenetrables de la India.

Desde 2009 y según el Centro para la Protección de los Periodistas, CPJ, al menos 13 periodistas han sido asesinados en el mundo mientras trabajaban en historias relacionadas con el medio ambiente. Los casos en realidad pueden aumentar hasta 29 ya que el CPJ todavía está investigando otras 16 muertes sospechosas.

En 2015, Reporteros sin Fronteras ya denunció un “deterioro constante de la situación de trabajo de los reporteros medioambientales”.

Forbidden Stories, un consorcio de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicación, descubrieron que las historias relacionadas con el medio ambiente pueden provocar serios problemas a los periodistas locales. Problemas y, en el peor de los casos, pueden ser asesinados. En otros casos, varios periodistas han sido arrestados, censurados, demandados, hostigados, amenazados y atacados.

“La mayoría de los periodistas que se enfrentan a estas dificultades trabajan en áreas remotas de América Latina, Asia y África”, según Eric Freedman, profesor de la Universidad de Michigan, que escribió un artículo sobre “los peligros del periodismo ambiental”.

 

El silencio es oro para una mina en Tanzania

En Tanzania, los periodistas han tenido que lidiar para poder informar sobre el impacto de la mina de oro situada en la región de North Mara que es propiedad de Acacia Mining, cuyo accionista mayoritario es el gigante canadiense Barrick.

Forbidden Stories, individualizó a una docena de periodistas –entre extranjeros y locales– que habían sido arrestados, amenazados o censurados por las autoridades de Tanzania, por informar sobre la mina.

Incluso acercarse a la mina, a más de mil kilómetros de Dar es Salaam, la ciudad más grande de Tanzania, es, a menudo, peligroso. En 2011, cuatro periodistas fueron conducidos a la comisaría de policía después de ser arrestados mientras se dirigían a informar sobre las muertes en las cercanías de la mina de oro de North Mara.

Forbidden Stories, rastreó el oro de la mina North Mara hasta la refinería MMTC-PAMP, en la India, de la que se suministran importantes empresas de tecnología como Apple, Canon y Nokia. Empresas que promueven la ética corporativa y se declaran respetuosas con el medio ambiente, mientras uno de sus proveedores es acusado por la agencia reguladora de Estados Unidos. Asimismo, el oro de Tanzania podría terminar en los codiciados teléfonos y ordenadores de alta tecnología.

“Durante nuestra auditoría obligatoria realizada en North Mara, tomamos muy en serio los informes de la ONG y hemos enfrentado las cuestiones planteadas”, dijo Hitesh Kalia, un oficial de riesgos y cumplimiento de MMTC-PAMP.

Tanto Canon como Nokia destacaron que la refinería india había sido auditada previamente y se determinó que era conforme. “Si se confirman las acusaciones, esta refinería será reportada y pediremos a nuestra cadena de suministro que desvíe el negocio de esta refinería”, dijo un portavoz de Nokia. Apple compartió una declaración similar.

Sin embargo, en los alrededores de la mina, los aldeanos han tenido que vivir durante décadas con las consecuencias medioambientales causadas por la extracción del oro. En lugar de la minería artesanal, Acacia y sus predecesores implantaron una minería industrial, con cantidades aún mayores de subproductos como metales pesados, que se han detectado luego en las aguas cercanas a niveles superiores a lo normal. En mayo, las autoridades multaron a la compañía con 5.6 mil millones de chelines tanzanos (2.4 millones de dólares estadundenses) por supuesta contaminación de la presa de deshechos y relave de North Mara.

Acacia Mining dijo a Forbidden Stories que “ya ha reconocido la necesidad de un manejo adicional de relaves” y que “ha comenzado a planificar y diseñar una nueva instalación de almacenamiento de relaves”.

Los delitos medioambientales no son los únicos de los que la compañía minera ha sido acusada. Las organizaciones no gubernamentales han documentado 22 supuestos asesinatos perpetrados por la policía o la seguridad de la mina desde 2014, así como un gran número de ataques y violaciones. ¿Las víctimas? La mayoría mineros que trabajaban a pequeña escala donde la mina ahora se instaló. La compañía los llama “intrusos”.

En una declaración, Acacia Mining dijo que había refutado consistentemente varias acusaciones de ambas ONGs con respecto a muertes ilegales y temas de derechos humanos. “En los cuatro años transcurridos entre 2014 y 2017, seis personas perdieron la vida en la mina North Mara como resultado de enfrentamientos con miembros de la policía local”, agregaron. Un portavoz de Barrick dijo que, como accionista, la minera canadiense no ejerce control operativo sobre North Mara.

Forbidden Stories, junto con un periodista de The Guardian (Reino Unido), entrevistaron a Lucia Marembela, una mujer de 44 años que declara haber sido violada dos veces en 2010, donde la mina se instaló. Marembela fue capturada por unos hombres mientras buscaba oro en la mina, una actividad que según cuenta es muy común entre las mujeres de la zona.

“Cuando estábamos cansadas de correr, acababan atrapandonos y llevándonos con ellos”, dice. “Nos tiraban en sus vehículos y nos llevaban a un lugar aislado, cerca de un aeródromo, lejos de la vista de los transeúntes”. Dice que un hombre la violaba, mientras los otros vigilaban. “Una vez que terminaban su sucio trabajo, me dejaban ir, subían a su vehículo y regresaban a su trabajo.”

Con la privatización de la industria minera de Tanzania, los habitantes del norte de Mara perdieron su tradicional y principal fuente de ingresos: la minería artesanal. “La compra de sus tierras por parte de la compañía, desestabilizó su medio de vida y la compañía nunca les compensó adecuadamente”, dice Mary Rutenge, profesora de la Universidad Mzumbe de Tanzania.

 

En Guatemala, una foto compromete una mina ruso-suiza

“En las economías emergentes, donde las personas dependen de los recursos naturales y estos recursos naturales son muy valiosos para la industria o para el gobierno, el trabajo de los periodistas es muy peligroso”, afirma Meaghan Parker, directora ejecutiva de la Sociedad de Periodistas Ambientales.

Especialmente porque a veces, las autoridades no reconocen a los periodistas medioambientales que trabajan en áreas remotas, como tales. “La línea entre activistas y periodistas puede ser muy borrosa”, añade Parker. “Los activistas que protestan y los periodistas que informan sobre la protesta corren un riesgo”.

Esto es lo que le sucedió al reportero Carlos Choc, miembro de una comunidad guatemalteca Maya Q’eqchi en El Estor, que durante un año debía trabajar en un proyecto de investigación sobre el impacto medioambiental y social de una mina de ferroníquel local. El 27 de mayo de 2017, un grupo de pescadores organizó un bloqueo para protestar a la vez contra las autoridades, que consideraban que les habían abandonado, y contra la mina, propiedad del grupo suizo Solway, al que acusaban de contaminar el lago Izabal que es su principal fuente de sustento.

Cuando los pescadores comenzaron a tirar piedras, los policías respondieron con balas. Una hora y media después, un pescador yacía muerto en el suelo en medio de un charco de sangre, con un proyectil en su pecho disparado por un policía. Carlos Choc, que capturó la escena con su cámara, fue inmediatamente acusado de “amenazas”, “incitación a cometer delitos” y “asociación ilícita”.

“La compañía de níquel, a través de sus trabajadores, estaba diciendo cosas como que yo llevaba un arma de fuego, o que yo llevaba un machete, o un palo y que era yo quien dirigía el grupo”, explica Choc. “Yo repito que, en primer lugar, nunca he llevado un arma de fuego. Mi trabajo es cargar una cámara fotográfica, o simplemente una grabadora, y llevar mi teléfono celular y mi computadora portátil. Eso es todo lo que llevo, no llevo nada más”.

Los periodistas, coordinados por Forbidden Stories, descubrieron que tanto los propietarios de las minas como las autoridades guatemaltecas mintieron repetidamente sobre la protesta y el impacto medioambiental de la mina. Un portavoz de la mina negó que la planta de procesamiento emitiera vapores rojos por la noche, a pesar de las pruebas fotográficas que indican lo contrario. En cuanto a la contaminación del lago, entrevistamos expertos que cuestionan las afirmaciones de las autoridades. “Al comparar los niveles de níquel que se encuentran en el lago junto a la mina y la planta para procesar su mineral, con los niveles de las aguas que se encuentran más alejadas, hay pruebas bastante sólidas para sostener que la mina y la planta están contaminando el lago”, dijo el biólogo portugués Eduardo Limbert.

La empresa matriz Solway dijo que los niveles de contaminación no habían cambiado desde que la planta comenzó a operar.

Mientras las autoridades le perseguían con cargos criminales, Choc, tuvo que vivir clandestinamente durante más de un año, lejos de sus hijos. La situación era insostenible. Tras conocer que un colega suyo había sido arrestado por los mismos cargos, decidió esconderse de las autoridades hasta poder presentarse ante el juez.

Choc, finalmente pudo ver a un juez en enero y lograr así evitar la prisión preventiva. Ahora está a la espera de la audiencia sobre su caso.

Confrontado a todos estas informaciones, José Felipe Baquiax, un juez que preside la sala de lo criminal de la Corte de Guatemala, dijo a los periodistas de Expresso (Portugal) y Le Monde (Francia) que iniciaría una investigación sobre el juez Édgar Aníbal Arteaga López, el magistrado a cargo de perseguir judicialmente tanto a los pescadores como a Carlos Choc.

“La libertad de expresión está incluida en la Constitución, por lo que no constituye un delito”, subrayó Baquiax.

“Cuando los periodistas informan sobre temas medioambientales, a menudo informan sobre compañías o actores corruptos que están en total sintonía con el gobierno”, dice Bruce Shapiro, director de Dart for Journalism and Trauma de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia. “Esto significa que los protagonistas de las investigaciones se convierten los enemigos más peligrosos del mundo, y me cuesta pensar en una categoría de reporteros de investigación que trate habitualmente con actores más peligrosos que los periodistas medioambientales”.

 

Las mafias de la arena callan a periodistas en la India

Esto a menudo significa enfrentarse a organizaciones poderosas. En el sur de la India, el cacique local de la minería de arena, S. Vaikundarajan, encabeza un imperio fundado por su padre en 1989. Su principal compañía, VV Mineral, extrae más arena de la que está oficialmente permitida y en lugares donde no se permite la minería.

“Aproximadamente, digamos que del 85 al 90% de la extracción de arena en la playa, legal e ilegal, está monopolizada por esta única familia”, dice Sandhya Ravishankar, un periodista de 37 años que trabaja en Tamil Nadu, un estado de la India donde la extracción ilegal de arena está devorando las tierras.

En Tamil Nadu, la extracción ilegal de arena ha ido aumentado desde los años 2000. En 2012, las autoridades del Estado decidieron actuar. Un prohibición fue declarada, mientras que investigaciones se abrieron sobre las potenciales actividades ilegales de la minería privada. Aun así, entre 2013 y 2016, las mineras exportaron más de 2 millones de toneladas métricas de minerales, según un informe de expertos presentado al Tribunal Superior de Madras.

Vaikundarajan dijo a Forbidden Stories que “la suspensión de la minería hasta que se complete la inspección no equivale a una prohibición de la minería”.

En un informe publicado en mayo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente subrayó los impactos ambientales y sociales de la extracción de arena, afirmando que es un tema de importancia mundial.

“Hay indicios de que nos estamos acercando a un futuro en el que el acceso a este recurso será un problema crítico para la sostenibilidad, y todos los costos de la extracción de arena sin control, están por venir”, enfatizó.

“Somos la única empresa que opera con una autorización ambiental válida… así que la degradación ambiental es una historia imaginaria que se difunde con un motivo oculto”, dijo Vaikundarajan, quien culpó de erosión del litoral al calentamiento global.

Ravishankar comenzó a informar sobre la extracción ilegal de arena de playa en 2013. Tan pronto como apareció su primera historia, recibió un recordatorio sobre la sensibilidad del tema: “El día que lo publicamos, al cabo de una hora o dos, llegó al periódico una demanda por difamación en la que se incluía mi nombre entre los acusados”.

La periodista de Chennai luego escribió una serie de seis artículos más pero nadie parecía dispuesto a publicar sus reportajes. Finalmente, en enero de 2017, el sitio web de noticias indio The Wire, publicó los resultados de su investigación. La periodista dice que empezó a recibir llamadas telefónicas amenazantes, que grabaciones de seguridad de una de sus reuniones con una de sus fuentes fueron publicadas en Internet.

“Sandhya Ravishankar tiene una enemistad personal contra nuestra compañía”, dijo Vaikundarajan en una larga declaración criticando largamente a la periodista que, según él, trabaja para uno de sus competidores.

Ravishankar no ha viajado a la región desde 2015 por miedo a su seguridad.

“Hay una verdadera parálisis por culpa de los ataques”, afirma Saul Elbein, un profesional independiente que ha escrito sobre el asesinato de periodistas medioambientales, para el Centro Pulitzer.

“A medida que el mundo se precipita hacia una crisis medioambiental, los reportajes más significativos que se realizan en los lugares remotos donde ocurren los delitos medioambientales, son cada vez más escasos. En otras palabras, las luces se están apagando, justo cuando son más necesarias.”

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/07/el-trazo-sucio-de-la-minas-rastreado-en-tres-continentes/

Mexico

Megaproyectos mineros en Wirikuta, ¿desarrollo o etnocidio?

El día 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW), representantes del pueblo wixarika, junto con la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales A. C. (UWCC), emitieron una respuesta a la convocatoria  procedente de una asociación civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano norte, donde convocaban a los representantes de los wixaritari a una reunión con el objeto de, entre otros motivos, negociar el amparo judicial que el pueblo wixarika interpuso en el año 2011 a la instalación de megaproyectos mineros en al Altiplano norte-Wirikuta, que suspende cautelarmente cualquier actividad minera en el desierto.

 

La Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, como se llaman a sí mismos, intentan presentar el conflicto al que mire de lejos como un conflicto interétnico que enfrenta a chichimecas y wixarikas.

No son chichimecas, ni representan a las comunidades. Se trata de un grupo de gentes captadas y engañadas por la transnacional minera en la práctica de estrategias dirigidas a dividir y a entrar en las comunidades, como nos muestran las actuaciones de estas transnacionales en otros casos similares como Salaverna, Mazapil, el Cerro Gordo de San Pedro o el Basurero tóxico de Palula, por citar solo algunos casos cercanos al Altiplano, de los más de 130 conflictos mineros documentados en México por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

La Unión de Ejidos A. C. se erige como representante de los intereses de las comunidades, cuando en realidad representan a algunas secciones de ciertos ejidos, pero -sobre todo- representan los intereses mineros de la First Majestic, circunstancias que hacen que la Unión de Ejidos A. C. no tenga poder de representación de las comunidades del desierto ante los representantes y autoridades de todo un pueblo originario.

No obstante, el pueblo wixarika a través del CRW (organismo oficial de los wixaritari conformados por autoridades legalmente establecidas como representantes del pueblo wixarika, con poder efectivo para tomar decisiones vinculantes en lo referente a las posiciones de este pueblo originario y la UWCC A.C.) en respuesta emitieron un comunicado público donde constataban la posición de total oposición del pueblo wixarika respecto a las concesiones mineras a los tres niveles de gobierno mexicano y a la sociedad civil, lanzando un mensaje en el que manifiestan su firmeza en la resistencia junto con las comunidades mestizas del Altiplano, en contra de las actividades mineras. (El comunicado original del pueblo Wixarika está disponible aquí).

Presentar el contenido de la respuesta institucional del pueblo wixarika, que habla claramente por sí misma, no es el objetivo de este comentario a los últimos acontecimientos. Más bien queremos señalar que la situación creada por la Unión de Ejidos A. C. saca a la luz, por un lado, la intensificación de las actividades y las estrategias de la transnacional minera en este preciso momento del conflicto, con la proximidad del fin del amparo judicial, algo de lo que nos sirve de ejemplo esta última acción de este grupo de choque comunitario, que puede ser definido sin ningún pudor como un grupo de acción comunitaria que defiende los intereses de la First Majestic.

Esta intensificación de las relaciones entre actores polarizados reactiva las matrices wixarika y comunitarias de un conflicto que está relacionado con diferentes construcciones territoriales del desierto, habitantes de las comunidades con modos de vida agricultores y ganaderos, y una visión profunda del desierto de los wixaritari, con Wirikuta como el lugar donde nació el Sol y donde permanecen vivos los antepasados formadores de nuestro mundo, cuyo recuerdo es mantenido y la vitalidad es reactivada a través de practicas culturales de reconocimiento y reciprocidad con la naturaleza.

Por otro lado, la introducción del modelo extractivo de matriz capitalista no necesita a las comunidades, como argumenta el investigador Claudio Garibay, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, porque reproduce el modelo de campamentos mineros separados de las comunidades, extraen los recursos que son convertidos en divisas y evadidos a los mercados internacionales sin apenas mediaciones económicas para los países y para las comunidades que reciben solo despojos.

Aparece el Altiplano norte-Wirikuta por un lado, como un lugar cuya territorialidad ha sido construida desde un modelo basado -como afirma la socióloga Maristella Svampa- en una memoria corta como un territorio heredado por parte de las comunidades mestizas que ha convivido con el modelo territorial de las personas wixaritari basado en una memoria larga como territorio originario y, por otro, las empresas mineras introducen en Wirikuta un modelo de matriz capitalista con una concepción de territorialidad a gran escala, que convierte el desierto en un territorio sacrificable que produce conflictos de dimensiones ecosociales.

Finalmente los wixaritari, con sus prácticas, fertilizan y rejuvenecen la matriz de vida que activa Wirikuta y, al mismo tiempo, Wirikuta activa la cultura de los wixaritari. Desde esta perspectiva, Wirikuta aparece como el elemento territorial que da sentido espiritual y material, como el lugar donde la cultura wixarika toma tierra.

En este sentido el final de Wirikuta, puesto en peligro por las tecnologías y la envergadura de los megaproyectos mineros, pone en serio peligro la supervivencia de las sociedades del desierto y la supervivencia de la cultura wixarika tal como la conocemos, y esto tiene un nombre, se llama etnocidio. ¿Quién se va a hacer responsable?

*David Avilés es investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (España), en el área de Antropología de orientación pública.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/08/megaproyectos-mineros-en-wirikuta-desarrollo-o-etnocidio/

Colombia

En Consulta Popular Legítima en Colombia Mercaderes dijo NO a la explotación del territorio

Con más de 6000 votantes en contra de la destrucción territorial y de las aguas por parte del modelo extractivo en el municipio colombiano de Mercaderes, departamento de Cauca, cerró el 3 de agosto la Consulta Popular Legítima.

Luego de la negativa del Estado colombiano a realizar la consulta, la población organizada articuló esa instancia. Más de la tercera parte de la población habilitada para participar de la votación acudió a las urnas y con más del 99 por ciento de los votos en contra de la explotación territorial se selló este proceso autogestionado, respuesta a la falta de voluntad política estatal.

El departamento del Cauca es uno de los fuertemente golpeados en Colombia por el modelo extractivo minero-energético, la imposición del modelo transnacional y la violencia contra la población y los defensores y defensoras de los territorios y los derechos de los pueblos. No obstante, también el Cauca es un ejemplo de lucha y organización popular para la defensa territorial, tanto desde los pueblos indígenas y afrodescendientes, como desde las comunidades campesinas que habitan mayoritariamente el territorio departamental. Y fue esta vez la comunidad campesina la que en su ejercicio de autodeterminación y soberanía popular manifestó su total negativa a la destrucción del agua por el modelo minero energético, aspecto central en torno al cual fue convocada la Consulta a través de la Coordinadora Integral Social Mercadereña.

Días previos a la realización de la instancia de votación, esa estructura popular emitió un comunicado en el que señaló: “la Coordinadora Integral Social Mercadereña, consciente de la falta de consciencia por parte de la institucionalidad nacional para proteger los territorios, y luego de reflexionar y llevar a cabo acciones para la defensa de las aguas, ha convocado a la Consulta Popular Legítima el próximo 3 de agosto de 2019”. “La próxima cita democrática en el municipio de Mercaderes tiene el objetivo de fomentar la planeación y el ordenamiento popular alrededor de las economías propias, posicionar el agua como un derecho fundamental y convocar a una amplia participación para el cuidado de los bienes comunes municipales y regionales”, agregó el parte de prensa.

Nuestro colaborador en Colombia Danilo Urrea estuvo presente en el desarrollo del ejercicio de participación y autodeterminación popular en Mercaderes, a donde también fue invitada la red de organizaciones ambientalistas Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), como garante internacional del proceso.

Luego de conocidos los resultados, la ambientalista Daniela Rojas, de CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia, dijo en la actividad pública que “esta consulta es un paso, un paso más que se da alrededor de la autonomía y la soberanía, y para que este paso nos haga seguir caminando hay que impulsar y seguir andando”. “Hay que saber cómo dar el próximo paso. Aquí esperamos que el compromiso de todas las personas que estuvieron en esta campaña, en estos años de tanto cariño, de tanta fuerza, de tanto esfuerzo también, siga estando y sigamos construyendo el colectivo”, agregó.

En tanto, la activista Elizabeth Castillo, integrante de la Coordinadora Integral Social Mercadereña, manifestó en entrevista brindada a Danilo que “dentro del equipo estamos muy animados porque la gente ha respondido con todo el proceso que la Coordinadora ha venido haciendo”. Catalogó la jornada de la votación como “muy positiva” y agregó que se trató de un proceso “histórico”. Es que “a pesar de tantas trabas y limitantes jurídicas hemos concientizado a las personas de que no necesariamente debemos tener una aprobación legal, que podemos también desde lo local, lo comunitario, exigir nuestros derechos y que eso también es válido y muy legítimo”. “Y a partir de ello podemos empezar a cambiar muchas de las cosas en términos no solamente del agua y el territorio, sino de la vida y los derechos humanos”, razonó Castillo.

 

Fuente:https://rmr.fm/informes-especiales/colombia-consulta-popular-industria-extractiva-locomotora-minero-energetica/?fbclid=IwAR0_ylDQF6z8IfWattPsLNnsQ42_JHa6NhGAgc29QMdvV02-8E-TaTuQFZU

Perú

Alcalde de Arequipa anuncia suspensión de licencia de obras de Tía María

El anuncio lo hizo el alcalde Omar Candia. El Consejo de Minería emitió su decisión de oficio. Sin embargo, quedan pendientes dos medidas cautelares entablada días atrás por la Municipalidad Provincial de Islay y la Junta de Usuarios del Valle de Tambo.

El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, hizo publica parte de lo que sería la resolución del Consejo de Minería. “A través del auto Nro 014-2019, resolvió suspender la licencia de construcción de Tía María”, precisó.

De este modo, el proyecto cuprífero Tía María, situado en el valle de Tambo de la provincia arequipeña de Islay, quedaría en compás de espera. A raíz de la aprobación de la licencia de construcción a favor de la minera Southern, propietaria del proyecto, se desataron una serie de protestas y desmanes de parte de la población.

A decir de Omar Candia “la noticia concreta el compromiso que el presidente de la República, Martín Vizcarra, había asumido con Arequipa (…) Demostrando su vocación democrática y lo importante que es el dialogo en la solución de conflictos”.

El mandatario -recordó la autoridad de Arequipa- habría señalado que la resolución estaría lista entre este viernes o el lunes próximo. Finamente, hace unas horas el anuncio fue realizado a Omar Candia luego de una comunicación oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros, producto de las reuniones en la ciudad de Lima, en busca de dar una solución a este conflicto social que degeneró en una huelga.

La resolución del Consejo de Minería es de oficio y fue emitida con el propósito de resolver primero los recursos ingresados en contra del proyecto. Detallan que dentro de un plazo no mayor a 120 días naturales y concluidos los informes orales, la causa quedará expedita para ser resuelta en un plazo no mayor a 15 días.

MEDIDAS CAUTELARES

Una de las medidas cautelares innovativa administrativa fue presentada contra la Resolución Nro 328-2019-MINEM-DGM/V, a través de la cual se concede la autorización de construcción a la empresa Southern Perú para el proyecto Tía María. La Municipalidad Provincial de Islay, situada en la región Arequipa, fue la responsable de presentar el recurso, el pasado 02 de agosto, ante el Ministerio de Energía y Minas, a fin de que se suspenda los efectos legales y cualquier acción tendiente a iniciar las obras de proyecto cuprífero.

También esta pendiente la medida cautelar de los agricultores de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, quienes pretenden paralizar la ejecución del proyecto minero Tía María. Argumentan que es inviable debido a que tajo La Tapada si sitúa a 800 metros del principal río de la zona.

 

Fuente:https://larepublica.pe/politica/2019/08/09/alcalde-de-arequipa-anuncia-suspension-de-licencia-de-obras-de-tia-maria/?fbclid=IwAR22LGnR6pa5K_yzf4QN-qLqDesgRQRYjLt-SRWyldu9Ur-Wdt8VLAgeI-I

Chile

Expectación ante inminente fallo de la Corte Suprema por Dominga: ¿Cuáles son los escenarios posibles para el proyecto?

La empresa Andes Iron, la comunidad de La Higuera, los opositores de la iniciativa y el Gobierno esperan que en estos días el máximo tribunal se pronuncie respecto al futuro de la mina a rajo abierto.
El caso del proyecto minero portuario Dominga está a días de volver a ubicarse en el centro de la atención mediática. Es que a cinco meses de las audiencias por los recursos de casación presentados ante la Corte Suprema, se calcula que el máximo tribunal estaría ad portas de dar a conocer su fallo respecto a la polémica iniciativa que se ubicaría en la comuna de La Higuera, Coquimbo.
Así, en la recta final de la espera, fuentes al interior de la empresa dueña del proyecto, Andes Iron, confirmaron a Emol que «hay mucha expectación» y que «obviamente esperamos un fallo favorable que ratifique la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta. Eso sería el ideal para Dominga».
Por su parte, Ezio Costa, el abogado representante de Oceana -una de las ONG que se ha mostrado abiertamente en contra del proyecto y que presentó uno de los seis recursos de casación en contra de lo decidido por el Tribunal de Antofagasta- insistió en que «la sentencia del tribunal tiene falencias notorias y creemos que la Suprema va a modificar la sentencia manteniendo el rechazo a Dominga como debe ser».
Sin embargo, para entender qué es lo que está juzgando el máximo tribunal y los escenarios que podrían darse con su sentencia, es necesario recordar la serie de episodios del caso Dominga, los que provocaron, entre otras cosas, la salida del equipo económico del Gobierno de Michelle Bachelet.
Lo que la Suprema tiene que juzgar
En marzo de 2017 la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, integrada por 10 Seremis, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Intendencia, rechazó la construcción del proyecto minero portuario que tendría por ubicación la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo. La votación tuvo un empate de seis votos por lado y fue el intendente Claudio Ibáñez quien tuvo que tomar la decisión final.
La empresa apeló apuntando no a los temas ambientales, sino que al «actuar desapegado a la ley de los seremis que rechazaron la iniciativa al no fundamentar su voto en aspectos técnicos». Así, el caso pasó al Comité de Ministros, el cual mantuvo el rechazo al proyecto gracias a los votos de los Ministerios de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, mientras que Minería y Energía votaron a favor de su construcción.
 Fue precisamente por estas dos votaciones -la de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y la del Comité de Ministros- que Andes Iron escaló su caso hasta el Tribunal Ambiental de Antofagasta presentando un recurso de reclamación en noviembre de 2017. ¿El objetivo? Revertir ambos procesos, los que, a juicio de la empresa, no se ajustaron a derecho.
A fines de abril de 2018, el Tribunal Ambiental de Antofagasta falló a favor del proyecto y se ordenó retrotraer el procedimiento hasta la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo argumentando que los rechazos no se habían dado cumpliendo las formalidades necesarias.
Ante el nuevo escenario, los detractores de la mina a rajo abierto llegaron hasta la Corte Suprema con el objetivo de que el máximo tribunal deje sin efecto la resolución del Tribunal Ambiental y se confirme el rechazo a Dominga.
El fallo de la Suprema y sus escenarios posibles
Desde las partes involucradas, la empresa y los opositores a la iniciativa, confirmaron a Emol que son tres los posibles escenarios que podría desencadenar la Suprema al momento de emitir su fallo.
US$2.500 millones es la inversión de Andes Iron para construir Dominga y su vida útil es de 26,5 años
El primero, es que la Corte acoja los alegatos de los detractores y anule el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, con lo cual el proyecto se mantendría rechazado y sería, por ahora, el fin de Dominga.
De todas formas, el abogado de Oceana y también director ejecutivo de FIMA explicó que «eso no implica que los dueños de las pertenencias mineras puedan presentar de nuevo otro proyecto para explotar mineral, pero tendrían que empezar de cero y, obvio, tendrían que enfocarse en los estudios de impacto ambiental, que son los que en Dominga tienen información deficiente».
Sin embargo, desde la empresa defienden los estudios medioambientales del proyecto, «porque sabemos que es una zona delicada». Lo anterior, ya que el terminal de embarque portuario de Dominga y su planta desalinizadora se ubicaría a sólo 30 kilómetros de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, zona mundialmente conocida por su biodiversidad y riqueza ecológica única en el planeta. (Ver mapa más abajo)
«Con una operación a rajo abierto, Dominga contempla la producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, como subproducto» Andes Iron
Así, la segunda posibilidad es que el máximo tribunal rechace los recursos de casación y respalde lo decidido por el Tribunal de Antofagasta. En ese caso, el proceso comenzará de nuevo desde la votación de la Comisión de Coquimbo, lo cual, de no satisfacer a alguna de las partes, podría volver a escalar hasta el Comité de Ministros, el Tribunal Ambiental y la Suprema.
Por último, aunque menos factible según las partes, existe la posibilidad de que la Corte Suprema rechace los alegatos de los opositores, pero genere una sentencia nueva, diferente a la hecha por el Tribunal Ambiental de Antofagasta.
Ministro Prokurica: «Los fallos se respetan nos gusten o no»
Consultado por la situación, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, confirmó a Emol que desde su cartera están pendientes del tema y que él mismo se ha reunido con el alcalde de La Higuera y las comunidades de la zona, por lo que ha visto cómo algunos están en contra y otros a favor del proyecto.
«Tengo confianza en la institucionalidad, yo creo que funciona y si algún tribunal, ya sea medioambiental o la propia Corte Suprema, declara que un proyecto tiene que ir adelante porque no daña el medio ambiente, bueno, yo entiendo que lo que tenemos que hacer es respetar un fallo cuando nos gusta y cuando no nos gusta» Baldo Prokurica
Así, el ex parlamentario por la Región de Atacama enfatizó que «en Chile existe una institucionalidad sólida y que cualquiera de los pasos que se den, deben dar seguridad y certeza no solo a la inversión, sino también al cuidado del medio ambiente. Cualquier fallo que salga de la Corte Suprema lo vamos a respetar y vamos a hacer todo lo posible para que se cumplan estos dos objetivos».
Consultado por la situación en la que quedaría el Gobierno en caso de que el fallo fuera a favor de Dominga y considerando que Chile será sede de la COP25 en diciembre, el ministro indicó que «todos tenemos opiniones en esa materia y el Gobierno del Presidente Piñera no está disponible a apoyar proyectos que no hayan pasado por al legislación vigente y la institucionalidad».
«Por lo tanto, si la institucionalidad que tiene Chile determina que el proyecto A, B o C no se puede hacer porque daña el medio ambiente, ese proyecto no se hace. Por el contrario, si se determina que es un proyecto que respeta el miedo ambiente, a mí me parece que nadie puede excluirse de respetar los fallos de los tribunales. Nosotros, como Gobierno, tampoco».

Y concluyó: «Las empresas, los medioambientalistas, los pescadores, los agricultores, los pueblos originarios, todos tenemos que respetar la institucionalidad, porque cuando se rompe, se puede romper por cualquiera de los dos lados».

Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Economia/2019/08/03/956743/La-expectacion-ante-el-fallo-de-la-Suprema-por-el-proyecto-minero-Dominga.html

Internacional

La crisis por el agua pronto afectará a un cuarto de la población mundial

Los países en donde vive un cuarto de la población del planeta enfrentan un riesgo cada vez más urgente: la posibilidad de quedarse sin agua.

Desde India e Irán hasta Botsuana, hay diecisiete naciones en el mundo que ya tienen un estrés hídrico extremadamente alto, lo cual significa que están usando prácticamente toda el agua que tienen disponible, de acuerdo con datos del World Resources Institute que fueron publicados el 5 de agosto.

Muchos de esos países de por sí son áridos; algunos están desperdiciando la poca agua que les queda. Varios dependen demasiado de aguas freáticas que deberían estar resguardando en casos de sequía.

En aquellos países hay muchas ciudades grandes y sedientas que han tenido escasez pronunciada en fechas recientes, incluyendo São Paulo, Brasil; Chennai, India, y Ciudad del Cabo, Sudáfrica, que en 2018 apenas pudo superar el llamado “día cero”, cuando todo el suministro iba a secarse por completo.

 

Estrés hídrico en zonas urbanas con más de 3 millones de habitantes

Más de un tercio de estas urbes tienen un estrés hídrico alto o extremadamente alto.

“Es muy probable que veamos más días cero en el futuro», dijo Betsy Otto, quien dirige el programa global de agua del World Resources Institute. “Es un panorama alarmante en muchas partes del mundo».

El cambio climático agrava este riesgo. A medida que los patrones de lluvia se vuelven más erráticos, el suministro de agua se torna más variable. Al mismo tiempo, como los días se están volviendo más calurosos, se evapora más agua de las reservas justamente cuando hay una mayor demanda por esta.

Los lugares en estrés hídrico muchas veces tienen una doble maldición: São Paulo, por ejemplo, fue azotada por inundaciones un año después de que vivió una sequía prolongada. Chennai tuvo anegaciones fatales en 2015; ahora sus depósitos de agua están prácticamente vacíos.

Las aguas subterráneas desaparecen

Ciudad de México ha estado sacando sus aguas freáticas con tal rapidez que se está hundiendo, literalmente. Daca, la capital de Bangladés, depende de sus aguas subterráneas tanto para los residentes como para las fábricas de ropa que engullen agua, por lo cual ahora tiene que sacar el líquido de acuíferos a más de 100 metros de profundidad. Los habitantes indios de Chennai, acostumbrados a depender de las aguas freáticas, ahora se enfrentan al hecho de que ya no las hay. En partes de India y de Pakistán, los agricultores están drenando los mantos acuíferos para cultivos, como el algodón y el arroz, que implican un uso intensivo de agua.

El pronóstico: más estrés

En 33 de las ciudades con más de tres millones de habitantes (con una población conjunta que supera los 255 millones de personas), los investigadores del World Resources Institute concluyeron que ya hay un estrés hídrico extremadamente alto, lo que tiene repercusiones para la salud pública y puede significar agitación social.

Para 2030, se prevé que la cantidad de ciudades en la categoría de estrés hídrico extremadamente alto aumente a 45 urbes, con casi 470 millones de personas afectadas.

¿Cómo se puede gestionar el problema?

Hay mucho en juego para los sitios que enfrentan estrés hídrico. Cuando una ciudad o un país está usando prácticamente toda el agua que tiene disponible, una sequía puede ser catastrófica.

En 2018, después de una sequía de tres años, Ciudad del Cabo se vio forzada a tomar medidas extraordinarias para racionar el agua que quedaba en sus depósitos. La severa crisis no hizo más que aumentar el problema en una ciudad cuyos cuatro millones de habitantes compiten con los agricultores por los pocos recursos hídricos que hay.

Los Ángeles vive algo parecido. La sequía más reciente en la ciudad californiana terminó este año, pero el suministro de agua ahí no está a la par de la enorme demanda. Tampoco ayuda que hay una amplia tendencia a que la gente tenga piscinas en el patio trasero.

En Bangalore, una serie de años con poquísima lluvia exhibieron la muy mala gestión que la ciudad india había tenido del agua. Los muchos lagos que alguna vez adornaron la urbe y las áreas circundantes han sido tapados por construcciones o se han vuelto vertederos de desechos. Ya no son los almacenes para agua de lluvias que alguna vez fueron. Así que la ciudad tiene que buscar en lugares cada vez más lejanos de dónde sacar el agua para sus 8,4 millones de habitantes; buena parte de ese líquido se pierde en el camino.

Sin embargo, sí hay mucho que puede hacerse para mejorar la gestión hídrica.

Primero, los funcionarios de las ciudades pueden tapar las fugas en el sistema de distribución hídrico. Las aguas residuales pueden ser recicladas. El agua de lluvia puede ser recolectada y almacenada para cuando el recurso falte: los lagos y humedales pueden limpiarse y los pozos viejos pueden restaurarse. Además, los agricultores pueden hacer el cambio de cultivos intensivos en agua, como el arroz, a cultivos menos sedientos como el mijo en grano.

“El agua es un problema local y requiere de soluciones locales», dijo Priyanka Jamwal, del Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (Fondo Ashoka para la investigación Ecológica y Medioambiental), con sede en Bangalore.

 

Fuente:https://www.nytimes.com/es/interactive/2019/espanol/ciencia-y-tecnologia/crisis-del-agua.html?fbclid=IwAR2kRL4BBpE5DpLEPOPdzU36xn5Oh4YdNIF2yie5ATldfUEb9ykDNrXkchM

Perú

Las inversiones y el contexto minero

Pese al incremento de la conflictividad social y los estallidos de casos como el de Las Bambas (Apurímac) y Tía María (Arequipa), las cifras consolidadas del primer semestre muestran que las inversiones mineras han seguido creciendo: el incremento acumulado de la inversión minera en los primeros seis meses del año ha sido de 26.2%, lo que significa que las inversiones mineras alcanzaron la suma de US$ 2,352 millones.

El incremento se debe, sobre todo, al impulso de las inversiones en proyectos como Quellaveco (Moquegua), Minas Justa (Ica) y la ampliación de Toromocho (Junín). Las tres regiones mencionadas concentran el 50.1% del total de la inversión minera en lo que va del año y seguramente seguirán marcando la tendencia en el segundo semestre y hasta el próximo año. Por supuesto, en una situación opuesta, se encuentra el proyecto Tía María de Southern Perú Copper Corporation (SPCC), que mantiene el rechazo contundente de la población del Valle de Tambo (Islay, Arequipa).

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, todos los rubros de inversión en minería, salvo el de exploración e infraestructura, muestran una evolución positiva. Destaca, el incremento de la inversión en Equipamiento Minero, Preparación y Desarrollo y otros.

Hay que prestarle atención a la evolución del rubro de inversión en exploración, que es un indicador bastante sensible y que usualmente marca los cambios de tendencia de la minería. Históricamente, la tendencia de las inversiones en exploración ha estado fuertemente relacionada a la evolución de las cotizaciones (como se puede apreciar en el siguiente gráfico): las inversiones en exploración a nivel global aumentan cuando las cotizaciones de los minerales están al alza y el escenario cambia bruscamente en la situación inversa.

El contexto internacional desfavorable viene provocando una caída de las cotizaciones de minerales de base como el cobre, que esta semana se acerca a los US$2.50 la libra, su nivel más bajo en el último año y medio, mientras que la cotización del oro ha llegado al máximo de seis años: US$1,484.20 la onza.

Si las inversiones en exploración minera en el Perú siguen a la baja, la principal explicación está en el contexto internacional. La guerra comercial desatada entre los Estados Unidos y China sigue empujando a la economía mundial a la recesión y, como consecuencia, a la caída de los precios de los minerales -sobre todo los de base- y los flujos de inversión.

09 de agosto de 2019

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/las-inversiones-y-el-contexto-minero/

Perú

Espinar: Comunidad campesina paraliza operaciones de Antapaccay

Desde el 8 de agosto , la comunidad originaria de Alto Huarca (Espinar-Cusco) realizó protestas en contra de la empresa minera Glencore Antapaccay, debido a que la compañía no estaría cumplimiento con los compromisos de responsabilidad social y respeto al medio ambiente.

No es la primera vez que las y los comuneros realizan este tipo de manifestaciones, sin embargo, esta vez decidieron llegar hasta uno de los tajos y lograron paralizar las operaciones mineras.

Cabe señalar, que la comunidad ha solicitado reiteradas veces reunirse con el gerente general de Antappacay, pero dicha reunión nunca se ha concretado. Según lo denunció el periodista espinarense, Vidal Merma, desde sus redes sociales, la comunidad exige la urgente atención de mitigación ambiental generada por las operaciones mineras.

Según Merma, la comunidad continua hasta hoy protestando, pues los funcionarios de la empresa no han pactado aún ningún espacio de diálogo.

 

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/espinar-comunidad-campesina-paraliza-operaciones-de-antapaccay/?fbclid=IwAR1AtWBVIsUvQNqCUxI63mpF8pb3i3tOgUOrsGUrhf9L3r_aObz5DtoEpZ0

Perú

ÚLTIMO MINUTO | Gobierno suspende licencia a proyecto Tía María

Suspensión se hará efectiva durante un plazo máximo de 120 días, tiempo en el que el Consejo de Minería tendrá que resolver el recurso de revisión presentado por el Gobierno Regional de Arequipa

El Gobierno suspendió la licencia de construcción otorgada a Southern Copper Perú para la ejecución del proyecto Tía María en la provincia de Islay, región Arequipa.  La suspensión se hará efectiva durante un plazo máximo de 120 días.

En ese tiempo el Consejo de Minería tendrá que resolver el recurso de revisión presentado por el Gobierno Regional de Arequipa ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) el pasado viernes 19 de julio.

Uno de los argumentos del recurso de revisión radica en que la zona donde se ejecutará el proyecto Tía María-La Tapada tiene una sobreposición de un “ecosistema frágil”, denominado Lomas de Cachendo, que fue incorporado por el Ministerio de Agricultura (Minam) a través de Serfor. Según el Gobierno Regional de Arequipa, se trata de terrenos protegidos en donde no se puede realizar actividades extractivas.

Desde Arequipa se presentaron dos acciones legales: un recurso de revisión por parte del Gobierno Regional y una medida cautelar enviada por la municipalidad Provincial de Islay.

Según confirmaron fuentes de El Comercio, la suspensión se da como aprobación medida cautelar hasta la fecha en que se resuelva el citado recurso de revisión.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, manifestó en RPP que suspensión de licencia se realizó de oficio. «Entiendo que todas las autoridades han sido notificadas. El Consejo de Minería es un ente autónomo. Son cinco vocales los que conforman el consejo y la votación ha sido por unanimidad», indicó.

Agregó que esta medida brinda una oportunidad para un diálogo entre el Gobierno y las autoridades de la región Arequipa. «Tenemos el compromiso de promover el diálogo para que estos proyectos se pueden hacer realidad y se respeten los recursos naturales», dijo Ísmodes a Canal N.

La población de Valle de Tambo llevaba 25 días de paro indefinido en rechazo al proyecto minero. Este lunes se sumó a la protesta un grupo de sindicatos que integran la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), así como como organizaciones sociales de toda la región.

 

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/arequipa/minuto-gobierno-suspende-licencia-proyecto-tia-maria-noticia-663726?fbclid=IwAR1315G3s1_kqkoJiJOxmm0KRDBtAzwB-rFg8UiFx5jxyPKW6ErVvJKjQlM

Honduras

Población tolupana de Yorito, expulsa a empresa minera

Entre las frescas montañas indígenas tolupanes del municipio de Yorito, Yoro, resurge el grito y la rebeldía de “Cicumba” (líder de la resistencia tolupan en la época colonial). En esta ocasión, “como población nos hemos levantado a una sola voz contra una empresa minera que amenaza las fuentes de agua, el bosque y la vida misma”, dijo Luís Navas, del Comité Pro Defensa del Medio Ambiente, de dicho municipio.

“Unas 400 personas subieron a la montaña y detuvieron los trabajos de la maquinaria de la empresa minera que estaba extrayendo barita (nombre del mineral), y que estaba contaminando los ríos Tepemechín y Aguán. Dos retroexcavadoras y  dos tractores que realizan los trabajos, fueron obligados a salir del lugar”, manifestó Navas.

La concesión está ubicada en el Cerro Nuevo Plan. El Gobierno habría extendido un permiso de explotación minera a la empresa Comercializadora de Agregados de Honduras S.A. de C.V.  (CEASA).  Este territorio pertenece a la tribu Tolupan, Nuevo Plan, jurisdicción Yorito, por lo que la mayoría de la población se ha sumado a las jornadas de protestas que se han desarrollado.

El municipio de Yorito, colinda al norte con el municipio de Yoro, al sur con Sulaco, al este con Marale, y al oeste con el municipio de Victoria. La población indígena de la zona teme que dicha explotación minera, genere destrucción de la biodiversidad, tal como ya ha ocurrido en otros lugares de Honduras en donde operan empresas mineras.

Ante esta situación, y haciendo uso de su autodeterminación, el Comité Pro Defensa del Medio Ambiente de Yorito, dará otro gran paso en rechazo al modelo extractivista. “Nosotros nos encaminamos a auto declararnos «territorio libre de explotación minera y de represas hidroeléctricas». Esta decisión la tomaremos en un cabildo abierto que estamos por programar junto a la corporación municipal”, indicó Gerson Torres, líder comunitario.

 

Violentaron la consulta previa

La consulta previa, libre e informada, es un derecho específico de los pueblos indígenas reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas, mismo que ha sido ratificado por el Estado hondureño, en diversos tratados internacionales.

Para el caso, el Convenio 169 de la OIT, compromete a los Estados firmantes a preguntar a los pueblos interesados sobre medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente, con la finalidad de llegar a un acuerdo y consentimiento sobre dicha medida.

“Este derecho debe de aplicarse de manera obligatoria en las comunidades indígenas, antes que un proyecto, ya sea hidroeléctrico o minero, se instale. Aquí se exige toda la información necesaria de manera objetiva para que desde su autodeterminación, el pueblo tome la decisión de dejarlo pasar o detenerlo”, indicó el doctor Joaquín Mejía, especialista en Derecho Humano Internacional.

“Si no se desarrolla, la Consulta Previa, cualquier proyecto extractivo que se apruebe desde el Gobierno, el Congreso o las municipalidades cae en la ilegalidad porque violentan tratados internacionales, que están por encima de la misma Constitución de la Republica. Desgraciadamente en Honduras, se violenta en todos los proyectos aprobados”, acotó Mejía.

 

¿Destrucción y muerte?

En un reciente artículo, el sociólogo y ecologista mexicano, Gustavo Castro Soto, quien sobrevivió de una bala cuando asesinaron a lideresa indígena Berta Cáceres, aseguró que la “empresa canadiense Blackfire Exploration, lleva años explotando las montañas para extraer barita en el estado de Chiapas, México”.

Indica que “los campesinos de la zona, denuncian la contaminación del agua y la muerte de ganado. El óxido de bario es un irritante. Puede provocar dolor y enrojecimiento en los ojos o la piel, pero es mucho más peligroso cuando se ingiere. Puede causar náusea y diarrea, parálisis muscular, arritmia cardíaca e incluso provocar la muerte”.

A renglón seguido dijo que, “muchos vertederos de residuos peligrosos contienen ciertas cantidades de Bario que afectan a quienes viven cerca de ellos y están expuestos a respirar polvo, por contacto con la piel, por comer tierra o plantas, o beber agua que está contaminada con bario”.

 

¿Para qué se usa la Barita?

Principalmente se usa en la industria del petróleo ya que al ser mezclada la barita no produce chispas. Esto permite que en las perforaciones petroleras no haya riesgos de explosión por las fricciones o por bolsas de gas.

Los compuestos del Bario también se usan en la industria del aceite y gas para fabricar lubricantes para taladros. Para hacer pinturas resistentes a los ácidos; o en la fabricación del litopón (polvo blanco que consta de 20% de sulfato de bario, 30% de sulfuro de zinc y menos del 3% de óxido de zinc) como pigmento de pinturas blancas. El cromato de bario, cromo limón o amarillo cromo, se emplea en pigmentos amarillos y fósforos de seguridad.

Los compuestos del Bario son también usados en la industria de la cerámica para prevenir la eflorescencia en arcillas para loza, o en la fabricación de azulejos; como fundente en la industria del vidrio o para producir diversos tipos de vidrio, o como vidriado en alfarería y en vidrio óptico. Otro uso que se le da es en la fabricación de balatas para frenos de automóviles. También como aislante del plomo en las radiaciones. Como protección en los cuartos de rayos X por absorber la radiación.

En la medicina se usa para ser bebido con el fin ayudar al contraste en las radiografías del aparato digestivo y en preparaciones medicinales. El óxido de bario se usa como recubrimiento para cátodos calientes y en tubos de rayos catódicos. Para fabricar alambres de bujía en aleación con el níquel. Pero también en aleación con plomo y calcio para producir el metal de Frary. También se usa para recubrir los filamentos de las lámparas frías. La industria lo usa con el fin de aumentar la refracción en diversos fines industriales o como catalizador.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/08/poblacion-tolupana-de-yorito-expulsa-a-empresa-minera/