Chile

Realizan actividades de divulgación y reflexión ante proyecto minero de tierras raras en el Biobío

Durante las últimas semanas y con diversas actividades de divulgación y de reflexión colectiva, organizaciones socioambientales del Gran Concepción han manifestado su rotundo rechazo al proyecto minero de tierras raras RRE UNO Spa en Penco, también conocido como BioLantánidos. El proyecto ingresó su Estudio de Impacto Ambiental a fines de 2018, por lo que en estos momentos el Servicio de Evaluación Ambiental lo estaría analizando para su eventual aprobación. Esto ha generado gran preocupación y alarma en parte de la población de la ciudad de Penco y el Gran Concepción. Como respuesta se han organizado caminatas a la zona en donde pretende emplazarse la minera y asambleas intercomunales en donde decenas de participantes han analizado las nocivas consecuencias de este proyecto.

Desde hace aproximadamente 4 años que está operativa la planta piloto del proyecto minero BioLantánidos en los cerros aledaños a la ciudad de Penco. La planta piloto inaugurada en 2015 constituye la fase de experimentación y preparación de una faena minera a tajo abierto que utilizaría, según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la empresa, 35.000 litros de agua por hora del Estero Penco y tendría una capacidad para procesar hasta 240 toneladas por hora de mineral.

Además, el Servicio de Evaluación Ambiental ha respondido a la anterior Declaración de Impacto Ambiental de la Empresa advirtiendo sobre la posibilidad de contaminación radioactiva destacando que el proyecto «no presenta antecedentes técnicos que permitan descartar la presencia de otros contaminantes en el mineral agotado el que será dispuesto en las quebradas, que producto de la extracción minera puedan ser liberados al medio, tales como sustancias radiactivas (Uranio, Torio, u otras), las que a consecuencia de la actividad de extracción, pudiesen aparecer en el material agotado, u otros que antes no estaban disponibles o lo estaban en forma muy limitada».

Por todas estas razones es que organizaciones socioambientales están realizando actividades para alertar a la población sobre los impactos de esta minera. Durante el sábado 10 de agosto la Coordinadora Penco Lirquén organizó una caminata al lugar afectado por el proyecto de minera BioLantánidos en la comuna de Penco, visitando los remanentes de bosque de queules que se ubican alrededor del estero Penco. Además, la actividad contó con la colaboración de la Fundación Keule para conversar acerca de la importancia de este árbol en peligro de extinción amenazado por la minera.
Según sus organizadores/as la actividad fue realizada como «un esfuerzo para dar a conocer en la comunidad, el patrimonio natural de nuestro pueblo, junto con informar los impactos que podrían provocar grandes proyectos extractivistas como la Minera BioLantánidos». La iniciativa tuvo gran asistencia, participando niños/as, familias y pobladores de Penco y el Gran Concepción que realizaron una excursión rodeando el estero Penco y adentrándose en la cordillera de la costa de la comuna.
Por su parte el sábado 17 de agosto en la comuna de Concepción se realizó la primera Asamblea Intercomunal como Red Biobío Sin Mineras, integrada por la Coordinadora Penco-Lirquén, Concepción Sin Mineras, Coordinadora Tomecina, Fundación Keule y Vocalía de Derechos Humanos UdeC. A la actividad asistieron decenas de personas que participaron en 5 mesas temáticas: Biodiversidad, Justicia Ambiental, Salud, Organizaciones sociales y pobladores y Comunicaciones. La jornada fue evaluada positivamente y es un paso más hacia la conformación de una organización socioambiental que pueda sortear el gran desafío para la región que implica la amenaza minera.
Para este 29 de agosto se realizará a las 17:00 horas en tribunales de justicia una nueva manifestación contra la instalación de mineras en el Gran Concepción.
Fuente:https://resumen.cl/articulos/realizan-actividades-de-divulgacion-y-reflexion-ante-proyecto-minero-de-tierras-raras-en-el-biobio
Mexico

Pidió ayuda a la embajada de Canadá, y a los 4 meses lo asesinaron

Este 19 de agosto, la familia de Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre de 2009, interpuso una nueva demanda contra la embajada canadiense por incumplimiento de normas que le exigen apegar su actuar respetando los derechos de las personas en donde tienen inversiones sus connacionales.

Mariano Abarca Roblero fue precursor en la defensa del medio ambiente en Chiapas. Él y habitantes del ejido Grecia, municipio Chicomuselo ubicado en la Sierra Madre, se opusieron a que la empresa canadiense Black Fire, siguiera vertiendo sus desechos en los ríos de la zona. Por sus protestas, recibieron amenazas y agresiones directas.

En julio de 2009, Abarca acudió a la embajada de Canadá para solicitar su intervención en la protección de los derechos de la población afectada por la minera. Cuatro meses después fue asesinado. A una década de los hechos, su familia continúa exigiendo se investigue el actuar de la embajada, y a la justicia mexicana.

Ante la embajada, el 22 de julio de 2009, Abarca Roblero explicó que para lograr entrar a el ejido Grecia, empresarios de la minera Black Fire, “dijeron que iba a ver empleo para todos y no es cierto. Ahí tienen en un oficio 20 obras que no cumplieron, aparte están destruyendo en la cabecera municipal lo que es la infraestructura”.

En un video que quedo registrado cuando Robledo encabeza el mitin afuera de la embajada. Ahí señaló, “nosotros no estamos tanto por la infraestructura, sino que por la contaminación que ellos están haciendo del medio ambiente en nuestro municipio, aparte de que es una sierra importante, la Sierra Madre de Chiapas. Y al afectar a la Sierra Madre de Chiapas se va a afectar gravemente todo lo que es el estado, principalmente por los ríos corren a hacia el estado, que es Tuxtla Gutiérrez, pasando por Villa Hermosa, desembocando en el Golfo de México”.

Abarca Roblero y los habitantes del ejido Grecia, sostuvieron que durante cuatro la minera extrajo barita y vertió los desechos en los ríos de la zona. Para cuando realizaron la manifestación afuera de la embajada, los ríos ya estaban contaminados. “Ya hay estragos que esta haciendo esta compañía, además de algunas amenazas en contra de nuestras personas, de los que estamos en el movimiento. Entonces nosotros pensamos que nos es justo que esta empresa extranjera este agrediendo a nuestra propia gente, generando un conflicto con nuestra propia gente, llevándose la riqueza a otro país”.

No fueron recibidos por los diplomáticos de la embajada. La embajada canadiense pidió al gobierno mexicano intervenir para crear las condiciones que permitieran a la empresa seguir operando.

La respuesta llegó después. El 17 de agosto de 2009 Mariano Abarca fue arrestado por autoridades del estado de Chiapas. Black Fire lo acusó de los delitos de Atentados Contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado, Asociación Delictuosa, Delincuencia Organizada y Ataque a las Vías de Comunicación. Estuvo una semana bajo arraigo.

El 24 de agosto fue liberado. Sin embargo, continuaron las amenazas. El 23 de noviembre Mariano Abarca presentó una queja ante la policía, en donde manifestaba que dos empleados de la Black Fire lo habían amenazado de muerte. El 27 de noviembre de 2009 Mariano Abarca fue asesinado. Empleados de la empresa fueron detenidos, y a los pocos meses exonerados.

La familia e integrantes de las organizaciones ambientalistas a las que pertenecía, entre ellas la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Mining Watch, decidieron seguir exigiendo justicia. A través de la ley de acceso a la población de Canadá, recuperaron más de una centena de documentos y correos que intercambiaron directivos de la empresa y personal de la embajada. Uno de ellos aconsejaba a los empresarios demandar al gobierno mexicano por incumplir en crear condiciones óptimas para la operación de la mina.

Con estos y otros elementos, la familia Abarca presento en febrero de 2018 una denuncia ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, para que investigue las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México. En dos ocasiones se ha negado iniciar el proceso. Este 19 de agosto, en conferencia de prensa, la familia del líder ambientalista dio a conocer que este día interpuso un nueva apelación ante la Corte canadiense para pedir de nuevo la investigación.

“No vamos a cejar hasta encontrar justicia para mi hermano. No vamos a parar la lucha que empezamos, porque es un caso emblemático no solo para Chiapas, sino todos los países que luchan contra la contaminación que dejan las empresas mineras en nuestros países”, sostuvo Uriel Abarca, hermano de Mariano Abarca.

 

Fuente:https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2019/08/pidio-ayuda-a-la-embajada-de-canada-y-a-los-4-meses-lo-asesinaron/?fbclid=IwAR1rKQJyoRG5911c6RFhY0tWCMk_44GasbBcXs9zSAoYv0YsxvSvpUHFSpM

Brasil

Moradores de Brumadinho homenageiam vítimas no dia em que tragédia completa sete meses

Neste domingo (25), dia em que a tragédia em Brumadinho completa sete meses, moradores da cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte fizeram um ato em homenagem aos 248 mortos e 22 desaparecidos.

Familiares e amigos das vítimas participaram de uma missa e depois caminharam até a entrada de Brumadinho, onde foram soltos balões brancos, com mensagens e nomes das pessoas que morreram, e vermelhos, das vítimas que ainda não tiveram os corpos localizados. Também foram espalhados cartazes com fotos e nomes dos entes queridos que morreram após o rompimento da barragem.

Na entrada da cidade, balões foram soltos às 12h28, horário exato do rompimento da barragem. O ato foi seguido por um minuto de silêncio, em homenagem às vítimas. No dia 25 de janeiro deste ano, a barragem da Mina do Córrego do Feijão, da Vale, se rompeu, deixando um rastro de lama até o rio Paraopeba.

 

Fuente:https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/moradores-de-brumadinho-homenageiam-v%C3%ADtimas-no-dia-em-que-trag%C3%A9dia-completa-sete-meses-1.737786?fbclid=IwAR2Y3gjeOKP57_2KwlHWSQqq2sXy3i-8jZuhu8sbnqEFEskmzPQiSVHCrN0

Perú

Tía María: el proyecto minero que complica a Vizcarra en Perú

El gobierno peruano suspendió la licencia de construcción por 120 días, lo que causó una indignación transversal. El congresista aprista Mauricio Mulder estaría evaluando presentar una moción de vacancia contra el Mandatario.

No solo significaba una inversión de US$ 1.400 millones, sino que también aumentaría el PIB de Perú en 0,4% y consolidaría a ese país como el segundo mayor productor de cobre del mundo. Semanas atrás, el Ministerio de Energía y Minas decidió suspender la licencia de construcción del proyecto minero Tía María por 120 días, luego de que el gobernador regional de Arequipa y algunas organizaciones sociales presentaran recursos de revisión. La misma secretaría de Estado había otorgado el permiso en julio, tras la aprobación del segundo estudio de impacto ambiental.

Tía María es un proyecto ubicado en la provincia de Islay, en la región de Arequipa. Desde el año 2003 la empresa Southern Copper se encarga del plan, que contempla la construcción de dos minas denominadas “Tía María” y “La Tapada” para la obtención de cobre.

Según la última encuesta de El Comercio/Ipsos, el 54% de los peruanos está informado sobre Tía María. De ese porcentaje, un 54% está contra su desarrollo. Así, el Presidente Martín Vizcarra heredó una crisis de lo que en Perú se conoce como “conflictos sociales”. Pero también el propio gobierno estaría dando pasos en falso.

Años de discusión

En 2009 se presentó el primer estudio de impacto ambiental, sometido a evaluación por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos. Pero fue declarado “inadmisible” por el ministro de Energía y Minas de ese entonces, Pedro Sánchez Gamarra.

En agosto de 2014 se aprobó un segundo estudio, determinándose que el proyecto minero no usaría agua dulce del río, sino agua de mar desalinizada. Además, el proyecto utilizaría dos geomembranas, sensores y capas de protección para asegurar que no hubiera impacto en el subsuelo. El informe también señalaba que el proyecto minero no generaría evaporación de ácido sulfúrico, lo que descartaba la posibilidad de lluvias ácidas.

Desde entonces, la iniciativa ha provocado una gran controversia en la sociedad, especialmente en Arequipa. Las protestas en contra del plan han provocado 7 muertes, incluida la de un policía. En 2011, luego de la presentación del primer estudio, se inició una manifestación que terminó con cuatro fallecidos y varios heridos. En 2015 volvieron las protestas, dejando a tres fallecidos y más heridos.

Tras la suspensión de la licencia, la prensa peruana publicó un audio donde se escucha a Vizcarra y autoridades de Arequipa conversando sobre el proyecto y la zona donde se desarrollaron las protestas. “Si ustedes ven que en un mes yo no cumplo, ahí hagan una medida radical y todo”, dice el Mandatario en la grabación. Con esto, la popularidad de Vizcarra se ha visto afectada.

“La posición que ha tomado Vizcarra frente al tema sintoniza con el clamor regional, pero se opone a los intereses de las élites empresariales y de los niveles socioeconómicos más altos”, señala Carlos Meléndez, politólogo peruano.

Fernando Rospigliosi, exministro del Interior peruano, cree que las protestas seguirán porque el descontento provocado por Vizcarra es transversal. “El tratamiento que dio al conflicto lo ha hecho quedar mal con todos, empresarios y opositores al proyecto. Los radicales y caudillos oportunistas han visto la debilidad del gobierno y seguirán promoviendo disturbios para sacar provecho político”, indicó.

En medio de esta creciente tensión, el congresista aprista Mauricio Mulder, anunció la posibilidad de presentar una moción de vacancia contra Vizcarra, similar a los procesos iniciados contra su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski.

Sin embargo, la probabilidad de que logren destituir a Vizcarra por este tema es muy baja. “No existen los votos suficientes. La moción de vacancia es una bandera de la oposición más radical, y ni siquiera dentro del APRA tiene el consenso de todo el partido”, señala Meléndez. “Un Congreso con gran desaprobación no puede destituir a un Presidente con alta aprobación, es políticamente inviable”, concluye Rospigliosi.

 

Fuente:https://www.latercera.com/mundo/noticia/tia-maria-proyecto-minero-complica-vizcarra-peru/796962/

Sin categoría

Modelo Extractivo Minero no es sustentable: REMA

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), emitió un pronunciamiento este martes dirigido al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para “recordarle”, que el Modelo Extractivo Minero, “por definición no es sustentable, toda vez que se trata de una actividad que se basa fundamentalmente en el uso de insumos no renovables”.

El pronunciamiento, hecho llegar a los medios de comunicación del país por la REMA, se advierte que “toda actividad minera por si misma genera daños ambientales y a la salud por la lógica de su implementación operativa, tenemos entonces una combinación maquiavélica y perversa, porque los daños son descomunales”, por lo que le exigieron al mandatario mexicano, cancelar sobre todo los proyectos de minería a cielo abierto, por ser ésta actividad minera “la más depredadora”.

A diferencia de la minería subterránea –que tampoco es sustentable-, sin embargo “prácticamente desde hace medio siglo, la minería dio un salto cuántico con el uso de técnicas y tecnologías capaces de movilizar en pocas horas miles y miles de toneladas de rocas, que en conjunto significan cerros enteros, a tal grado que sólo en este periodo de 50 años ya se han extraído poco más del doble de la cantidad de metales que se extrajeron desde la llegada de la corona española a México”, explica la REMA, .

En este proceso, se modificaron las técnicas de extracción y empezaron a implementarse las técnicas “a cielo abierto y la de tumbe y relleno”, mismas que se vieron en la necesidad de extender sus áreas de extracción para poder tener espacio suficiente, “para lograr procesar la descomunal cantidad de material removido y extraer los metales de su interés con la ayuda de sustancias químicas como el cianuro de sodio o el ácido sulfúrico”, comenta.

“Si tomamos en cuenta estos aspectos, no hay forma que nadie pueda sostener de manera real, coherente y científica que hay minería verde, sustentable, amigable con el ambiente. Quienes promueven ese discurso de matices y maquillajes son los mismos de siempre, las multinacionales que utilizan a la ONU y otras instancias para mentir y seguir engañándonos, al igual que a usted, con que el progreso y desarrollo minero es el camino de los pueblos”, menciona.

Además el que las concesiones mineras que ha entregado el gobierno mexicano, en las últimas décadas, están comprometidas en los Tratados de Libre Comercio para asegurar la ganancia y el extractivismo de las empresas mineras a tal grado que, de amenazar su actividad, demandan a los gobiernos con millones de dólares por impedir su actividad altamente lucrativa a expensas de los pueblos y del medio ambiente, tal como ya sucede en México, agrega la REMA.

Por otra parte, la red analiza en su pronunciamiento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador “ni que decir de evasión o desviación o la omisión de los pagos hacendarios/impuestos, que realmente corresponderían a sus ganancias y, sobre el pago del impuesto minero a municipios, que ahora se propone sea directo a comunidades, la verdad es que no tiene caso ni opinar al respecto, porque es notorio el desconocimiento de lo que ello significa”.

“No respetan ni las débiles leyes mexicanas, ni las directrices internacionales, ni los convenios con las comunidades que, engañadas firman la depredación de la tierra: la ley minera que tenemos en México es un símil que Canadá impuso en toda América Latina, con lo cual le queremos decir, que de ninguna manera es cierto que en Canadá y en Estados Unidos la minería es cumplida, amigable y sustentable, sino todo lo contrario”.

La REMA también criticó con dureza el que Andrés Manuel López Obrador haya designado al frente de la subsecretaría de minería, en la Secretaría de Economía, a Francisco Quiroga Fernández, por ser ex empleado de importantes empresas mineras, y que en el sector público ahora, tendría conflictos de interés:

“De Quiroga, sabemos es un exdirector de empresas mineras, por ende, un promovente que le interesa el sector, pero en lo más mínimo los daños que ocasiona, y por ello va a cenar con los empresarios mineros, pero es incapaz de atender a los pueblos afectados por las empresas”.

Finalmente, la REMA le exige al presidente López Obrador, que dirija su mirada a la problemática minera que enfrentan cotidianamente “quienes han sido asesinados por defender la vida y el territorio, porque sus asesinatos son prácticamente carpetas de investigación, folders archivados, familias que se niegan a la impunidad y continúan persiguiendo a la justicia”.

Bernardo Vázquez, Mariano Abarca, Bety Cariño, Ismael Solorio y su esposa Manuela Ortiz, son algunos de los vacíos del corazón que cargamos por una política basada en el desastre y la violencia, que viven pueblos enteros y que todo ello empeora de manera significativa en aquellos que le dijeron sí a la minería, como Carrizalillo y Nuevo Balsas en Guerrero, como en Salaverna, Mazapil, La Colorada y Chalchihuites en Zacatecas, como también sucedió en Cerro San Pedro de San Luis Potosí.

“No queremos más violencia del Estado para quienes resisten por la vida y luchan en contra del despojo y del desplazamiento forzado. Basta de persecución por parte del Estado en Chiapas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Baja California Sur, Jalisco, Morelos, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, en prácticamente todo el país. No nos parece ni correcto que usted señor Presidente, establezca agenda con dichos falsos sobre una minería sustentable, que no existe ni en México, ni en Canadá, ni en China”.

 

Fuente:https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/08/20/modelo-extractivo-minero-no-es-sustentable-rema-4460.html?fbclid=IwAR2M-WEKG4TUNyLLxEOy9ZOhvb-JsrVFeoFpywgvIF0Q5Ci5xUfzpEvK1WQ

Perú

Preocupante sentencia de 6 años de prisión a Walter Aduviri sobre caso “Aymarazo”

Desde tempranas horas el día , lunes 19 de agosto, se informó del bloqueo de carreteras de Puno – Desaguadero y Puno – Juliaca, como medida de solidaridad con el gobernador regional que actualmente se encuentra en la clandestinidad frente a la condena del Juzgado Penal Colegiado de Puno, que ordenó 6 años de prisión y 2 millones de soles de reparación civil por el delito contra la tranquilidad pública en el desarrollo de las protestas contra el proyecto minero Santa Ana de la empresa canadiense Bear Creek.

El bloqueo de carretaras viene dándose por 24 horas como inicio de las protestas en rechazo a la sentencia señalada. Asimismo, los manifestantes señalan que también se solidarizan con las protestas que se dan en Arequipa contra el proyecto Tía María; en Moquegua contra el proyecto Quellaveco; y en Tacna contra Southern que viene extrayendo agua de las lagunas de Candarave desde hace casi 60 años, perjudicando el acceso al agua de la población.

La Sentencia

La sentencia completa la darán a conocer el lunes 26 de agosto. Para el abogado experto en derecho penal y derechos humanos, David Velasco, de la institución FEDEPAZ, miembro de Red Muqui; el adelanto de sentencia que señala a Walter Aduviri como “coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública” en el caso conocido como el Aymarazo”, es un término novedoso respecto al grado de participación en que se acusa a las personas de cometer delitos. “En más de 25 años de abogado litigante nunca había escuchado y leído el término de coautor no ejecutivo”, señaló Velasco. Quien manifestó que lo que se venía usando era el término de autor mediato para incriminar a aquellas personas que no cometen directamente el delito, pero ordenan, dirigen realizarlo. El caso más conocido es el de Fujimori, que lo sentenciaron por autoría mediata en el caso del asesinato en Barrios Altos y la Cantuta. Sin embargo, el abogado señaló que estará a la espera de que la sentencia se haga pública para opinar al respecto; ante una tipificación penal que causa sorpresa.

No obstante, el abogado señaló que, en términos generales, la sentencia contra el ahora gobernador regional, Walter Aduviri, es parte de la criminalización de la protesta que realiza el Estado peruano contra quienes protestan en defensa de derechos colectivos de sus comunidades y pueblos.

Cabe precisar, que en el Consejo Regional se viene discutiendo la suspensión de Aduviri como gobernador regional, de acuerdo a lo sugerido por el Poder Judicial de Puno. Consejeros que postularon con la lista de Aduviri están a favor de su suspensión.

 

 

Noticia del miércoles 14 de agosto

 

El día de hoy en la mañana, miércoles 14 de agosto, el Juzgado Penal Colegiado de Puno dio el adelanto de sentencia al ahora gobernador regional, Walter Aduviri, a 6 años de prisión y a la reparación civil de 2 millones de soles por ser “coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública en el caso conocido como el «Aymarazo». La entidad judicial ha dispuesto también su captura inmediata.

El “Aymarazo”

Como se recuerda, el pueblo aymara inició una huelga indefinida que llegó a su pico más alto en mayo del 2011, en rechazo al proyecto minero Santa Ana, que estaba a cargo de la empresa canadiense Bear Creek. La protesta fue impulsada por el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno y Aduviri era el presidente del Frente.

En esa época, las protestas se radicalizaron luego de que el gobierno de Ollanta Humala hizo caso omiso a los pedidos de diálogo y exigencias del pueblo aymara. La población señalaba que la minería perjudicaría sus actividades agropecuarias y generaría la contaminación de las aguas. Señalaron también que se vulneró la normatividad vigente que establecía la prohibición de actividades a menos de 50 kilómetros de la zona de frontera, en este caso con Bolivia.

Criminalización de la protesta

En opinión de José Bayardo Chata, abogado de la Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, la sentencia genera un precedente negativo para el ejercicio de la defensa de derechos colectivos indígenas y derechos humanos en general, expresados en la protesta social.

Como se recuerda, el Ministerio de Justicia, aprobó hace poco, a través de resolución ministerial, el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”. Esta norma señala que son defensores de derechos humanos las “personas naturales que actúan de manera individual o como integrantes de un grupo, organización, institución pública o movimiento social, así como personas jurídicas, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad es la promoción, protección, o defensa de los derechos humanos, dentro del marco del derecho nacional e internacional”.

El abogado de la Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, integrante de la Red Muqui, señaló que el proceso judicial no consideró la condición de integrante de pueblo indígena aymara de Walter Aduviri; el derecho a la protesta que le asiste a todo grupo que vea vulnerado sus derechos, más aún cuando se trata de pueblos indígenas que de acuerdo a la legislación internacional del Convenio OIT 169, deberían ser respetados en sus decisiones, de acuerdo a la autodeterminación que como pueblos indígenas les corresponde. “El juicio se fue manejando como un proceso ordinario. Y es preocupante que en el juicio no se haya tenido en cuenta, por ninguna de las partes, la normativa que protege los derechos de los pueblos indígenas”, finalizó José Bayardo Chata.

En el comunicado público de la Asociación en mención, se señala: “Con esta sentencia condenatoria, el Estado renueva su ánimo de persecución a toda persona o grupo humano que recurra a la protesta social como recurso último en la búsqueda de reivindicación de sus derechos denegados”.

Desenlace

La defensa legal de Walter Aduviri, que no estuvo presente hoy en el adelanto de lectura de sentencia, podrá apelar a decisión del Juzgado en primera instancia. Asimismo, recién el lunes 26 las partes serán notificadas por el Juzgado de Puno, con la sentencia completa.

Durante el adelanto de lectura de sentencia en el Juzgado de Puno, se concentraron cerca de 300 personas que protestaban por la injusticia que se estaba dando. Miembros de organizaciones campesinas del norte de Puno, señalaron que estaban evaluando la realización de un paro regional frente a lo que consideran una injusticia y abuso de poder.

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/927-preocupante-sentencia-de-6-anos-de-prision-a-walter-aduviri-sobre-caso-aymarazo?fbclid=IwAR38HiYKWNQKl0FXn-tuQ09fLhKrOFOs5OtZ4mxe1W7Eavzu9TL5jl57WAg

Perú

Moquegua: Denuncian a policías por tortura en paro contra Quellaveco

Dos oficiales y siete suboficiales de la Policía, que fueron parte del contingente desplazado a garantizar la seguridad y el orden en el paro realizado en la localidad de Tumilaca – Moquegua, fueron denunciados por un grupo de pobladores. La protesta se acataba en contra del proyecto minero Quellaveco.

En el Ministerio Público se denunció al comisario de Samegua, mayor Alexander Sánchez Choque, y al jefe de la comisaría central, alférez Antony Salazar Bernahola. También han sido comprendidos en la acusación los suboficiales Jonathan Palacios, Tomás Ayala Luna, Jhon Cano, Wilder Quispe, Erick Mamani Luna, Uriel Zapana y Deryian Mamani Orocollo.

La denuncia la hicieron seis trabajadores de la comuna distrital de Torata. Acusan a los oficiales de abuso de autoridad y a los suboficiales de tortura.

Según se detalla en la denuncia, los efectivos policiales, por orden de sus superiores, los confundieron con los manifestantes que bloquearon un tramo de la carretera Binacional, el primer día del paro (12 de agosto). Los agraviados contaron que los maltrataron verbal y físicamente. Incluso dijeron que a dos de sus compañeros les provocaron serias lesiones. El incidente ocurrió a las 16:25 horas de ese día en el kilómetro 26+700 de la carretera Binacional.

Los trabajadores aseguran que después de cumplir con su jornada, fueron a recoger a dos obreros y material del proyecto de mejoramiento de servicios turísticos del Cerro Baúl. Bajaron de Torata a Moquegua a bordo de la camioneta de placa Z6C-739. La unidad era conducida por Alejandro Díaz Flor. Cuando iban a recoger el material, fueron interceptados por una camioneta policial. Los efectivos, sin dar explicaciones y calificándolos de “terroristas”, los habrían golpeado con las varas y escudos.

La agresión fue brutal, por ello Ramón Ponce Quispe y Ángel David Aparicio fueron llevados al hospital de EsSalud. Mientras tanto, sus compañeros Alejandro Díaz Flor, Marco Ramos Chicalla, Andy Tenazoa Condori y Juan Calcina Nina a seguridad del Estado.

Niegan que hubo excesos

El jefe de la Región Policial, coronel PNP Herbert Espinosa Ochoa, sostiene que los efectivos policiales cumplieron con sus funciones. Dijo que su despacho no recibió reporte de algún exceso y tampoco agresiones, como aducen los denunciantes. El oficial refiere que si se prueba los excesos, los implicados deberán responder.

El primer día del paro, los policías, en su intento por despejar la vía, lanzaron bombas lacrimógenas.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/08/22/denuncian-a-policias-por-tortura-en-paro/?fbclid=IwAR342B71whXcTIv2ATLxrFwIfSg6Z79ptxDsUADOUjgRovV17DzKC8Y0vwE

Mexico

‘Pasta de Conchos es facultad de federación’

Cristina Auerbach Benavides, directora de la Organización Familia Pasta de Conchos, dijo ayer que para la conformación del comité que participa en las mesas de diálogo para el rescate de los restos de los mineros, no se corrieron invitaciones a otros niveles de gobierno y este órgano forma parte del Plan Integral para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos.

«La minería del carbón es del ámbito federal y el tema de Pasta de Conchos lo ha tomado la Federación, quien tiene facultades para hacerlo. De hecho, siempre ha sido la minería del carbón, facultad de la Federación, entonces, eso explica porque está todo, todas las secretarás de Estado Federales», precisó.

Dijo que el Comité Técnico es presidido por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y diversas dependencias del ámbito federal.

El Comité Técnico está conformado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la Secretaría de Economía, la Subsecretaría de Minas, la dirección general de Minas, así como el Sistema Geológico Mexicano.

Además del Fideicomiso para el Fomento Minero, la Secretaría de Gobernación, la SEMARNAT y PROFEPA, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Facultad de Ciencias Forenses de la UNAM, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) y la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC).

«Está la Facultad de Ciencias Forenses de la UNAM, porque obviamente no estamos hablando de recuperar cuerpos, sino de recuperar restos óseos; entonces, el tratamiento de identificación es distinto», refirió.

Ayer trascendió que el gobernador Miguel Ángel Riquelme, afirmó que no se le había notificado sobre ninguna reunión para programar dichas acciones entre el Gobierno federal, expertos y familiares de las víctimas.

Fuente:https://www.elsiglocoahuila.mx/coahuila/noticia/308277.pasta-de-conchos-es-facultad-de-federacion.html?fbclid=IwAR2JR_ACuccD148BXKnSiuvDbmQxkGa6-3w3_nuidA1Rrh17lUsnuhUrNlk

Mexico

El neoextractivismo de la “cuarta transformación” en México: el “molino satánico” y una mirada crítica al patriarcado

Extractivismo, destrucción de la tierra, profundización del sistema patriarcal, ocultamiento de las culturas originarias, son las políticas enquistadas en el Estado mexicano.

Lo que el nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, llama la “cuarta transformación” (4T) es la actual forma en que se nombra el despojo. Mientras que, para los regímenes anteriores, fueron megaproyectos frustrados e inacabados, para el actual grupo de poder narco-empresarial-político-militar, es una pulsión terca que pretende territorializar la histórica maquinaria de destrucción.

La metáfora del “molino satánico” es retomada de Karl Polanyi (2009), quien se percató de “la gran transformación” del siglo XIX al XX, identificando la maquinaria del progreso como la prolongada guerra contra los territorios y formas de autoabastecimiento de los pueblos.

En la actual realidad que vivimos, dicha ofensiva aparece con el Proyecto Integral de Desarrollo (PIC), focalizado en la región sur-sureste mexicano. Este es continuidad de aquello que, desde hace 40 años, el neoliberalismo ha pretendido territorializar en la región mesoamericana desde diversas iniciativas: el Sistema de Integración Centroamericana, el Proyecto Pantera, el Plan Puebla-Panamá, el Proyecto Mesoamericano y las Zonas Económicas Especiales.

El “molino satánico” de la iniciativa político-económico y cultural de la 4T aparece en el sur-sureste mexicano como un proyecto que pretende ser más eficaz y audaz en la forma de devorar los mundos de vida indígenas-campesinos. Las aspas de la maquinaria pretenden triturar y transformar los espacios de vida en no vida. Se presenta desde el Proyecto Integral Morelos, el Proyecto Integral del Itsmo de Tehuantepec y el Proyecto Integral de la Península mexicana, donde aparece el “caballo de troya” de lo que amañadamente llaman “Tren Maya”. Los circuitos de las vías férreas de dichos proyectos para algunas regiones estarán conectadas con super-autopistas. Para el caso concreto de la selva Lacandona, en Chiapas, se concretaría la super-vía San Cristóbal de Las Casas-Palenque.

En la misma geografía se suma la territorialización de plantaciones para amarrar la dependencia asistencialista del tutelaje estatal mediante el programa desarrollista “Sembrando vida” que es un mecanismo de cambio de uso de suelo y mediando la monetarización/bancarización para efectuar el cultiricidio de regiones campesinas. Del lado opuesto a la selva, se cartografía la minería a cielo abierto con extracción de oro, plata, cobre, entre otros, y, a la militarización ya existente de todo Chiapas, se suma una nueva fuerza represiva institucionalizada en la recientemente creada Guardia Nacional. Como ya dijeron decenas de intelectuales: “Más que una estrategia de seguridad, parece una estrategia de guerra”. En cuya misión se suma el combate de flujos migratorios de Centroamérica y más allá, que manifiestan el continuo vendaval multicromático de desposeídos y despojados, quienes se topan con el corrimiento del muro del río Bravo al río Suchiate, Usumacinta y el Hondo, en la frontera estatal de México y Centroamérica.

 

 

Mexico

En Gómez Palacio no quieren fábrica de cianuro

Desde hace dos años la población de varias comunidades agrarias de Gómez Palacio, Durango, luchan contra la instalación en su cercanía del complejo industrial Chemours. Produciría cianuro de sodio sólido que se emplea en la industria minera para separar oro y plata durante el proceso de extracción. El complejo incluye un gasoducto cuya finalidad es abastecer a las mineras. Se trata de una inversión de 250 millones de dólares. Ya en funcionamiento daría empleo a 350 personas. Las autoridades dicen que la oposición a esos proyectos se debe a la mala información que existe y a personas y organizaciones que no quieren que a Gómez Palacio le vaya bien.Chemours es parte de la trasnacional Dupont y México le es estratégico como consumidor y productor. Sus exportaciones y ventas locales superan los 2 mil millones de dólares. Desde 1960 tiene presencia en Tamaulipas, donde elabora dióxido de titanio. También cuenta con centros de envasado y almacenes en Monterrey y centros de distribución en San Luis Potosí y Hermosillo.

Las personas que no desean ese complejo industrial consideran que el cianuro es altamente tóxico, muy contaminante y que ocasiona daños irreversibles en la salud humana y el medio ambiente. El último cuarto de siglo hubo por lo menos 30 tragedias por el vertido de tan peligrosa sustancia. Por eso la oposición de muchos países, como los de la Unión Europea, para utilizarlo en, por ejemplo, la minería.

En abril del año pasado, un juez federal ordenó suspender la construcción de la citada planta que tenía un avance de 40 por ciento. Sus directivos aseguran que todo se resolverá en su favor y que casi convencieron a las comunidades inconformes de que Chemours y las obras complementarias les traerán progreso, no problemas. Mas los integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna (región en la que destaca el corredor urbano-industrial integrado por las ciudades de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo) indican que sigue vigente el juicio promovido en 2017 para pedir la nulidad de los permisos para establecer la planta y obras complementarias; así como un amparo sobre el mismo asunto que estudia la Suprema Corte de Justicia de La Nación. Denuncian que, pese a ello, los trabajos en Chemours siguen con el cobijo de los gobiernos estatal y municipal.

El mes pasado se anunció que el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales visitaría La Laguna para escuchar a los inconformes. Aún no lo hace. Existe otro problema: a 10 opositores al proyecto se les sigue proceso penal en libertad acusados de daños, lesiones y ataques a las vías de comunicación al sostener un violento enfrentamiento con la fuerza pública en marzo de 2018. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario federal de Derechos Humanos, asegura que las autoridades locales dejarían sin efecto el proceso penal si se permite construir a Chemours y realizar las obras complementarias.

Luis Rebollar, vicepresidente de la compañía, espera una resolución judicial definitiva y favorable para concluir el proyecto, el cual beneficiaría la economía regional sin atentar contra la salud ni el medio ambiente. Cabe recordar que el manto freático de varios de los municipios que integran la región lagunera está contaminado con arsénico.

Y por agua de mala calidad no paramos. Hace un año La Jornadainformó de las inundaciones causadas en los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán por el desbordamiento del canal La Compañía, pestilente río conformado por las aguas negras y de lluvia provenientes de la zona más poblada del estado de México. Cada año varias colonias de esos dos municipios y otros vecinos se inundan, pues el canal está metros arriba de los asentamientos humanos debido al hundimiento que sufre esa parte de la cuenca de México a consecuencia de la explotación irracional del mantro freático y al avance de la mancha urbana sobre zonas de recarga.

Las autoridades llevan años prometiendo medidas para evitar las inundaciones. El remedio lo conocen bien: dragar el cauce del canal La Compañía para extraer la basura y el lirio que impiden el flujo normal del agua. Y lo fundamental: que no sea ya el destino final de la basura de hogares, la industria y el comercio, ni del cascajo de obras que se realizan en los municipios ubicados al oriente del estado de México.

 

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/08/19/opinion/018a2pol?fbclid=IwAR00Xsm8nKsTnJNxSBkA_QoRla8XHMMjx6r5Dnt-X0eH-2UOVhO948ZguV0