Perú

Movilización pacífica en reinicio de las protestas contra Tía María en Arequipa

Autor: Fiorella Montaño , La República.pe
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

Cumplen palabra. Cientos de manifestantes llegaron a la Plaza para exigir la cancelación del proyecto minero. Jornada se cumplió sin afectación al transporte ni atentados contra la propiedad privada.

Era la una de la tarde del jueves. Las cuatro calles que rodean la Plaza de Armas fueron colmadas por cientos de obreros de construcción civil. Una hora antes, una delegación menos numerosa de gremios sindicales también hizo su paso por este recinto.

Fue una movilización numerosa. Marcó el reinicio de las protestas convocadas por la Federación Departamental de Trabajadores (FDTA) en rechazo al proyecto minero de Southern en el valle de Tambo. Pero las actividades se desarrollaron con normalidad. Salvo obras paralizadas, colegios, universidades, comercios, instituciones públicas funcionaron sin inconvenientes.

Surtió efecto el pedido de diversas autoridades, que días antes exigieron que las manifestaciones sean pacíficas, que no se repitan los actos vandálicos ocurridos el 5 de agosto. En esa fecha se lanzó piedras contra unidades de transporte y comercios que atendían al público.

A raíz de esos sucesos lamentables, los gremios sindicales firmaron un compromiso con autoridades locales garantizando la tranquilidad de la medida. José Luis Chapa, secretario general de la FDTA, encabezó la movilización. Dijo que, en mérito al compromiso asumido, se realizó una manifestación pacífica.

En la plaza, el colectivo Jóvenes por el Valle de Tambo realizó una escenificación artística, como parte de su protesta.

Muy temprano, el gremio de Construcción Civil se concentró en el cono norte. Bloquearon el puente Añashuayco, momentáneamente se restringió el tránsito. Luego se concentraron en la plaza Las Américas del distrito de Cerro Colorado y desfilaron hasta la Plaza de Armas de Arequipa.

Al mismo tiempo, sindicatos de las empresas Franky Ricky, Michell, Sedapar y otras se concentraban en la Plaza España. Marcharon por la avenida Goyeneche, calles Don Bosco, Ayacucho, Villalba y Bolívar antes de ingresar a la Plaza de Armas.

Mientras las delegaciones avanzaban, la mayoría de comercios cerraban sus puertas por temor a agresiones. Efectivos de la Policía Nacional custodiaron el paso de los manifestantes. La Defensoría del Pueblo y Ministerio Público enviaron personal para evitar abusos de la policía o manifestantes.

Esencialmente paralizaron obras públicas en donde trabajan los obreros de Construcción Civil. En toda la región, estos participan de la edificación de 43 proyectos. En el Centro Histórico, los trabajos de adoquinado de la calle Jerusalén – San Juan de Dios se suspendieron. Las labores escolares se desarrollaron de forma normal y el servicio público de transporte de pasajeros no fue interrumpido.

La plataforma de los manifestantes también incluía la derogatoria del Decreto Supremo Nº 345-2018-EF, denominado “Política Nacional de Competitividad y Productividad”, y el adelanto de las elecciones presidenciales y congresales. Hoy continuarán las movilizaciones. Se concentrarán en la Plaza España.

En el valle de Tambo la huelga indefinida llegó al día 39. Los manifestantes realizan bloqueos en vías que conectan los distritos. En Mollendo, capital de la provincia de Islay, los opositores a Tía María se enfrentaron a la Policía cerca de las instalaciones de Petroperú.

Manifestantes con los rostros cubiertos hicieron retroceder a la policía, que se atrincheró en la casa del agricultor Javier Calcina, ubicada cerca a la empresa Egasa.

Los agentes lanzaron bombas lacrimógenas a la multitud en respuesta a las piedras lanzadas por los denominados “Espartambos”. Un hombre identificado como Walter, que se encontraba al interior de la vivienda, fue herido en la cabeza por un perdigón de goma. Se negó a recibir atención médica y acusó a la Policía de los destrozos por no querer salir de la casa. En la noche los manifestantes se colocaron en la puerta de salida de Petroperú.

En Camaná protestaron contra Tía María y Zafranal

Por dos días el Puente de Fierro, que se encuentra en la vía de ingreso a la provincia de Camaná, fue bloqueado por manifestantes. En la noche el tránsito se aperturó.

Los agricultores e integrantes de Construcción Civil de esta provincia salieron a protestar en contra del inicio de operaciones de la mina Tía María y también de la operación El Zafranal.

Este último proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Se ubica entre las provincias de Caylloma y Castilla.

En Camaná se teme que las operaciones mineras contaminen los afluentes del río Ocoña.

 

Fuente:https://larepublica.pe/politica/2019/08/23/movilizacion-pacifica-en-reinicio-de-las-protestas-contra-tia-maria-en-arequipa/?fbclid=IwAR1yHwHzWNgW7cmvHvSkHrdtGPZw4tH3P5O0d3tK9-GddJcDhcegZjC3fIo

Colombia

“En territorios mineros violan derechos humanos”: Pensamiento y Acción Social

Autor: ANNELISE BARRIGA RAMÍREZ/ EL PILÓN

Las organizaciones que analizan el tema tienen propuestas de cómo manejar y cuidar el ambiente, teniendo en cuenta que, de acuerdo a ellos, los indígenas y campesinos saben cómo tratar el medio ambiente mejor que nadie.

Investigadores de Colombia, Perú, Brasil y Argentina dieron a conocer en una conferencia realizada ayer en el Banco de la República que aunque las empresas mineras aseguran que no cometen violación de los derechos humanos, sino que eventualmente existen impactos ambientales, se encuentran violaciones a los derechos de la salud, ambiente sano y participación de las comunidades.

Diego Pérez, de la organización Pensamiento y Acción Social, contó que esta iniciativa nació el año pasado con investigadores de Perú, Brasil y Argentina que trabajan en territorios donde hay actividades de minería a gran escala, donde hay comunidades afectadas; ellos hicieron una investigación conjunta de cuáles son los patrones de afectación de las empresas trasnacionales.

“Presentamos el resultado de esas investigaciones. En el caso de Colombia se hizo en las comunidades de El Hatillo (El Paso), Tamaquito (Becerril) y Roche (Barranca, La Guajira) evidenciándose violaciones de los derechos humanos de las comunidades y los territorios. Además, el Estado se desentiende de proteger los derechos de las comunidades, deja que las empresas hagan obras sociales y de desarrollo, pero ese le compete es al Estado. En el corredor minero Cesar- La Guajira hay daños al territorio irreparables no solo por el daño al ambiente, sino por la forma en que se ha transformado el territorio a partir de la minería a cielo abierto con excavaciones, desechos, daño al agua y al aire. El lavado del carbón implica genera una serie de tóxicos que se van a profundidad de la tierra, aunque las comunidades tienen sus pozos para alimentarse, estos ya están contaminados”, argumentó.

La finalidad de esta investigación es que las comunidades de los territorios mineros de los cuatro países analizados tomen conciencia que pese a que se haga la explotación minera tienen derechos que deben exigir, insistir que los gobiernos deben ser responsables en la exigencia de licencias ambientales para explotar cualquier mineral como carbón, oro o níquel, teniendo en cuenta que las empresas mineras dejan un daño ambiental irreparable.

Entre las conclusiones planteadas están: “Las comunidades tienen propuestas de cómo manejar y cuidar el ambiente, teniendo en cuenta que los indígenas y campesinos saben cómo tratar el medio ambiente mejor que nadie; las Naciones Unidas pueden exigir la obligación de los estados, queremos incidir para que les pidan a los gobiernos que cumplan los planes y tratados que han firmado a nivel internacional relacionados al cuidado del medio ambiente”, subrayó Pérez.

Por su parte, el representante de comunidades campesinas, Guillermo Pérez, quien hace parte de la Mesa de Derechos Humanos y Territorios del Cesar, manifestó que: “Más allá del imaginario que hay de desarrollo o afectaciones tangibles, que también son importantes, también miramos las afectaciones socioculturales, la ruptura del ‘cordón umbilical’ de las comunidades y el territorio. Cuando por alguna circunstancia a alguna comunidad le toca reasentarse eso genera una ruptura espiritual, que no lo remedia nada. Por ejemplo, una comunidad campesina que vive en casas de bahareque y techos de palma, los corren a lugares con casas de cemento, en condominio u otro tipo de habitad al que no están acostumbrados. Los reasientan, pero quién reasienta sus tradiciones, saberes, sus muertos, sus espíritus; los sitios sagrados de comunicación de comunidades campesinas, indígenas o comunidades afro. La desconexión con el entorno genera enfermedades mentales porque ya no pueden hablar con los árboles, pájaros o con sus vecinos”, precisó.

 

Fuente:https://elpilon.com.co/en-territorios-mineros-violan-derechos-humanos-pensamiento-y-accion-social/

Chile

Los glaciares chilenos tienen un enemigo

Autor: Redacción El Expres.com
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La minería, una de las actividades más lucrativas de Chile, pone en riesgo una de las fuentes de agua más importantes del país.
El geólogo del gobierno Gino Casassa se baja del helicóptero y mira consternado a su alrededor. Casassa está de pie al pie de un glaciar a 4 mil 200 metros sobre el nivel del mar.
El cielo sobre los Andes es de un azul profundo, pero algo no está bien: es julio (mediados de invierno en América del Sur) y, sin embargo, el termómetro está por encima de los 0 grados. Se quita la chamarra de esquí naranja y camina sobre una roca.
«Todo esto debería estar cubierto de nieve en esta época del año», dice, señalando Olivares Alfa, uno de los glaciares más grandes del centro de Chile, a pocos metros de distancia. «Solía haber un solo sistema de glaciares que cubría todo este valle; ahora se ha retirado tanto que se ha dividido en cuatro o cinco glaciares más pequeños».
Chile tiene una de las mayores reservas de agua dulce del mundo fuera de los polos norte y sur, pero los abundantes glaciares que son la fuente de ese preciado producto se están derritiendo rápidamente. No se trata solo de un desastre ecológico, se está convirtiendo rápidamente en un dilema económico y político para el gobierno de la nación más rica de América Latina.
Un cóctel tóxico de temperaturas crecientes, el periodo más seco en nueve años registrados y la actividad humana, incluida la minería, resultan letales para el hielo de la región central de Chile, que retrocede un metro por año en promedio.
En menos de dos décadas a partir de ahora, algunos glaciares habrán desaparecido, mientras que el volumen total de todos los glaciares en Chile se habrá reducido a la mitad para fines de siglo, afirma Casassa. Ese es un problema grave ya que Chile, que tiene el 80 por ciento de los glaciares de América del Sur, también es el país del continente con mayor riesgo de estrés hídrico extremadamente alto, según el Instituto de Recursos Mundiales.
Más de 7 millones de personas que viven en los alrededores de la capital, Santiago, dependen de los glaciares para alimentar la mayor parte de su suministro de agua en tiempos de sequía.
El gobierno de Chile es muy consciente del problema. Una unidad de glaciares se estableció en 2008 y se encargó de producir un inventario con el objetivo de protegerlos y crear conciencia sobre su importancia. Pero sus recursos son limitados: tenía solo siete empleados el año pasado (Casassa es el director de la unidad) y hasta ahora ha publicado un único registro de glaciares, en 2014, utilizando datos de hace una década. La unidad emitirá un segundo inventario a finales de este año que permitirá la primera comparación de todos los glaciares de Chile.
Un proyecto de ley de la oposición ahora ante el Congreso tiene como objetivo asegurar la protección legal de los glaciares. Pero el gobierno del presidente Sebastián Piñera se opuso, argumentando que si se implementan las medidas dañarían el desarrollo económico de Chile, específicamente su lucrativa industria minera.
Los glaciares cubren algunos de los depósitos de cobre que hacen de Chile el mayor productor mundial de metal, con aproximadamente un tercio de la producción mundial proveniente de sus minas cada año. La minería es clave para la economía de Chile, ya que representa el 10 por ciento de su PIB y comprende poco más de la mitad de sus exportaciones.
Esa realidad económica está en el corazón del dilema del gobierno, que evalúa las compensaciones requeridas para proteger el medio ambiente, al tiempo que respalda una industria valorada en unos 19 mil millones de dólares para la economía. El ministro de minería de Chile, Baldo Prokurica, insiste en que ambos objetivos no son excluyentes.
El proyecto de ley propone que todos los glaciares y sus alrededores se conviertan en áreas protegidas, prohíbe las intervenciones no científicas y considera cualquier violación de las reglas como delitos. Es demasiado para el gobierno, que planea su propia legislación. «Creo en la preservación de los glaciares, pero también en la minería», dijo Prokurica.
Actualmente se sabe que los glaciares ayudan a bajar las temperaturas y a aumentar la humedad del aire en un radio de 50 kilómetros. También son la razón por la cual los ríos en el centro de Chile transportan casi el mismo volumen de agua durante la sequía extrema que en condiciones normales.
El resultado es que a medida que las condiciones de sequía se vuelven más frecuentes en el mundo, Chile permanece relativamente protegido. Un 70 por ciento de la población de 18 millones del país vive en áreas donde los glaciares marcan la diferencia.
Pero esa red de seguridad natural está bajo una tensión creciente. Si bien la mayoría de las minas en Chile se encuentran en el desierto del norte de Atacama, los mineros se mueven hacia el sur y encuentran glaciares en el camino.
Casi todas las grandes compañías mineras que operan en Chile han afectado los glaciares, incluida Anglo American Plc. en su mina Los Bronces y Antofagasta Plc. en Los Pelambres, según un artículo académico de 2010.
La operación Los Bronces de Anglo American y la mina Andina de Codelco están explotando el depósito de cobre más grande del mundo en los Andes, a unos 64 kilómetros de Santiago. Solo una cresta de roca los separa del glaciar Olivares Alfa. Los dos pozos gigantes, camiones mineros y el polvo de las explosiones son claramente visibles desde un helicóptero.
Los mineros rechazan los señalamientos. Joaquín Villarino, presidente del grupo industrial Consejo de Minería, mencionó que los glaciares se están reduciendo debido al cambio climático, y que la contaminación del transporte y otras actividades en Santiago tienen un impacto. La factura del glaciar contiene «errores graves», dijo.
De todos modos, los mineros están tomando medidas. Mientras Codelco está realizando trabajos de ingeniería en una expansión de su mina a cielo abierto Andina, su mina hermana, Los Bronces, irá parcialmente bajo tierra en un plan de 3 mil millones de dólares para evitar el impacto en la superficie.
Anglo American «reconoce la importancia de los glaciares y tiene la convicción de que la actividad minera y la preservación del medio ambiente pueden coexistir», respondió la compañía por correo electrónico. Codelco declinó hacer comentarios sobre sus planes para Andina.
La administración de Piñera va a la ofensiva. La aprobación del proyecto de ley de glaciares obligaría a cuatro minas, incluidas Andina y Los Bronces, a detener las operaciones, con un costo de miles de millones de dólares y más de 34 mil 500 empleos, según un informe de la comisión de cobre del gobierno. La producción caería un 11 por ciento hasta 2030, impactando los mercados mundiales de metales, dijo.
Casassa ve que el impacto del cambio climático se está acelerando, pero comparte la evaluación del gobierno de que no hay necesidad de legislación específica sobre glaciares.
Sin embargo, el gobierno no puede detener el proyecto de ley, ya que carece de mayoría legislativa. Guido Girardi, un senador de oposición, estima que la ley podría pasar en ambas cámaras para principios del próximo año, un resultado que él considera de importancia mundial.
«Todos los cambios que estamos viendo, todas las catástrofes climáticas en todo el mundo son solo el comienzo», dijo. «Los glaciares de Chile son estratégicos, no solo para nuestro país, sino para toda la humanidad».
Con información de Bloomberg
Fuente:http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=207948&fbclid=IwAR336nQkbtUPmLi0M-mLoW8dv2ectMvAaNi5cCrh8Qv-F-ZM6eLIsB8guwk
Chile, Litio

BBC: Cómo la apuesta de Chile por el litio está desatando una disputa por el agua en Atacama

Autor: BBC News y T13.cl
Conflicto Relacionado: Litio Salar Atacama

Dos empresas están extrayendo litio en el Salar de Atacama, en el norte de Chile. Pero las cantidades de agua que necesitan para esta actividad preocupa a los campesinos de la zona.

Peine, el pueblo polvoriento donde vive Sara Plaza en el norte de Chile, se encuentra en una ladera junto al Salar de Atacama, que se extiende 3.000 kilómetros cuadrados dentro del desierto más seco del planeta.

Plaza dice que la gente solía llevar a sus animales a pastar al borde de Atacama, bajo las montañas gigantes de los Andes.

«Solía haber hermosas lagunas allá abajo, con cientos de flamencos», dice. «Ahora está todo seco y los pájaros se han ido».

Plaza dice que la extracción de litio en Atacama está utilizando toda el agua dulce de los acuíferos de la región, que son capas de roca porosa bajo el suelo que sirven de depósitos de agua.

«Era tan verde, ahora es un terreno duro y agrietado. Ya no podemos mantener llamas», se lamenta Plaza.

El litio, un metal blanco, plateado y suave, se utiliza para fabricar baterías de celulares, laptops y automóviles eléctricos. Su demanda se ha disparado en los últimos años, con una producción mundial que se triplicó desde 2005 a 85.000 toneladas en 2018, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Un metal al alza

Chile es el segundo mayor productor de litio del mundo, solo precedido por Australia. El año pasado, su producción ascendió a las 16.000 toneladas, todas salidas de Atacama. Con un valor de US$949 millones, esto supuso un aumento del 38% en comparación con 2017.

Actualmente solo hay dos empresas que extraen litio aquí: la estadounidense Albemarle y la chilena SQM.

Bajo el salar hay un enorme depósito subterráneo natural de agua salada que contiene sales de litio disueltas. Para extraerlas, los mineros bombean esta salmuera a la superficie, donde dejan que se evapore con el sol, de modo que el carbonato de litio quede listo para recoger. Esta sal puede ser transformada en litio metálico.

Si bien hay preocupación respecto al impacto que la extracción de esta agua salada está teniendo en el ecosistema, incluidas las afirmaciones de que las lagunas de agua salada de los flamencos se están secando, el problema más apremiante para Plaza y otros residentes locales es que las empresas mineras también están accediendo a los suministros de agua dulce.

Necesitan agua dulce para limpiar maquinaria y tuberías y también para producir un producto auxiliar de la salmuera, la potasa, que se usa como fertilizante.

De pie entre matorrales amarillentos de hierba que solían ser pastizales, Plaza, que monitorea los suministros de agua para su comunidad indígena, señala una pequeña estación de bombeo que extrae agua dulce subterránea y la conduce a las minas de litio.

A unos 40 km más al norte, Jorge Cruz cultiva maíz y alfalfa en una pequeña parcela de tierra en el pueblo de Camar, otra comunidad indígena cercana al salar.

Él dice que si las compañías mineras continúan usando agua dulce al ritmo actual, su pueblo no sobrevivirá.

«Las aves se han ido, ya no podemos tener animales», dice. «Cada vez es más difícil cultivar. Si empeora… tendremos que emigrar«.

Diego Hernández, presidente de la sociedad minera chilena, Sonami, dice que la cantidad de agua dulce utilizada por las compañías de litio es insignificante. Pero está de acuerdo en que todos los niveles de agua deben ser mejor monitoreados por las autoridades.

Jorge Cruz dice que ya no puede criar animales debido a la falta de agua dulce.

«El gobierno no tiene un modelo hidrológico de todo el acuífero», afirma. «Debería ser capaz de tomar decisiones informadas basadas en datos técnicos. Pero en Chile tenemos más normas y leyes que dinero para ejecutarlas».

Tanto Albemarle como SQM realizan su propio monitoreo de agua subterránea.

«Tenemos las herramientas más avanzadas en la industria para monitorear la salud del Salar de Atacama», dice Eric Norris, presidente de Albemarle.

Todas las mediciones de Albemarle están disponibles para las autoridades y las comunidades locales, agrega. Y los ingenieros de la firma están trabajando en nuevas tecnologías para producir mayores cantidades de litio utilizando menos agua, porque son conscientes de la necesidad de administrar la región de manera sostenible.

«Estamos muy interesados en proteger este ecosistema», dice.

Ambas compañías tienen cuotas de la cantidad de agua que pueden extraer cada año. Sin embargo, las dos han sugerido alguna vez que la otra incumple esos límites.

Albemarle dice que está autorizada a bombear 442 litros por segundo de salmuera y 23,5 litros por segundo de agua dulce.

Alejandro Bucher, vicepresidente de medio ambiente de SQM, dice que su compañía también está comprometida a llevar a cabo sus operaciones de manera sostenible.

Pero afirma que los ecosistemas de Atacama son extremadamente dinámicos y muestran variaciones importantes de un año al otro. Bucher agrega que los observadores no deben interpretar estas variaciones como cambios permanentes en el entorno local.

«Nuestro monitoreo medioambiental a largo plazo, que es evaluado regularmente por las autoridades medioambientales, muestra que los ecosistemas están intactos, incluidas las áreas de vegetación, lagunas y poblaciones de flamencos», dice.

Sin embargo, algunos organismos gubernamentales se muestran preocupados, incluida la agencia estatal de desarrollo, Corfo.

El año pasado descubrió que había más agua dulce y salmuera que salía del sistema por bombeo y evaporación de la que regresaba a través de la lluvia y la nieve. Pero no pudo determinar si la extracción de litio o cobre era específicamente la culpable. Las minas de cobre, a más de 80 km de distancia, acceden a las mismas fuentes de agua dulce y la canalizan a sus instalaciones.

Trabajo en conjunto

A los grupos locales les gustaría un enfoque más en conjunto para administrar el agua de Atacama, y quieren que el gobierno se asegure de que las comunidades cercanas tengan suficiente agua dulce para la agricultura y su propio consumo.

«El nivel (actual) de extracción de agua está causando un daño real al ecosistema y a las comunidades cercanas», dice Gonzalo Pimentel de la Fundación del Desierto de Atacama, una institución sin fines de lucro que apoya a las comunidades locales.

Sin embargo, lo que no se hará será frenar la extracción de litio.

Varias compañías internacionales están en negociaciones con el gobierno sobre las licencias para unirse a Albemarle y SQM en la extracción de litio en Chile.

El congresista oficialista Guillermo Ramírez dice que, como país minero, Chile ha tenido que equilibrar las necesidades de agua de los ciudadanos con las demandas de la industria.

Él dice que el gobierno siempre garantizará que las comunidades tengan agua y que la clave es una buena regulación de la industria minera. No obstante, cree que el potencial del litio es demasiado valioso como para ignorarlo.

Pero Sara Plaza tiene miedo: «Nos dejarán aquí sin agua, sin animales, sin agricultura, sin nada».

Fuente:https://www.t13.cl/noticia/nacional/bbc/como-la-apuesta-de-chile-por-el-litio-esta-desatando-una-disputa-por-el-agua-en-atacama

Perú

Gobernadores del sur plantean consulta previa obligatoria para minería

Autor: Redacción La República.pe

Los gobernadores de la Marco Región Sur presentaron ayer un primer borrador del proyecto de la Nueva Ley General de Minería. Entre los planteamientos, están hacer obligatorios para una empresa la obtención de la licencia social y la consulta previa para un proyecto minero.

Las autoridades de Cusco (Jean Paul Benavente), Moquegua (Zenón Cuevas), Tacna (Juan Tonconi), Madre de Dios (Luis Hidalgo) y Arequipa (Elmer Cáceres) participaron ayer del V Encuentro Nacional de Mancomunidades Regionales.

En el borrador también se contempló que el impuesto especial a la minería, el gravamen minero y las regalías mineras que dan las empresas al Estado no sean consideradas dentro del cálculo del impuesto a la renta que pagan. Además se propuso crear un impuesto diferenciado a las sobreganancias mineras.

Se quiere reducir de 30 a 15 años la vigencia de las concesiones mineras y se busca incrementar los montos o conceptos que pagan las empresas por sus concesiones o infracciones.

El gobernador arequipeño Elmer Cáceres señaló que hay que ser más severos con el proyecto y exigir que el 80% de las utilidades de las mineras sea destinado a la población. El proyecto aún será discutido en una reunión en setiembre.

 

Fuente:https://larepublica.pe/economia/2019/08/28/gobernadores-del-sur-plantean-consulta-previa-obligatoria-para-mineria/

Perú

Presidente Vizcarra sobre Tía María: “No tiene las condiciones sociales para que se lleve adelante”

Autor: Rumbo Minero.com
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

El presidente de la República, Martín Vizcarra, manifestó que el proyecto minero Tía María no cuenta con las condiciones sociales para concretarse, y negó haber caído en un doble discurso en su reciente diálogo con las autoridades de Arequipa que fue conocido mediante la difusión de un audio.

“Nuestra posición en público y en privado ha sido la misma. En Lima y en Arequipa hemos dicho que este proyecto no tiene las condiciones sociales para que se lleve adelante. Sin embargo, concluyendo un procedimiento que empezó mucho antes de nuestro gobierno, correspondía darle la licencia de construcción (a Southern Copper). La empresa misma sabía que esa licencia no garantizaba la marcha del proyecto”, recogió el diario Gestión del semanario Hildebrandt en sus trece.

Asimismo, justificó la cuestionada sugerencia que les hizo a las autoridades arequipeñas, de tomar una “medida radical”, solo si después de un mes no ven cumplido su ofrecimiento de atender a las demandas.

“Lo que ocurría era que estaban en una medida de fuerza que estaba generando afectación a ellos mismos. Les dije: la medida de fuerza a ustedes les está afectando. Entonces, inicien su procedimiento administrativo y esperen. Si ustedes ven que no hay solución, pueden tomar la medida que crean más conveniente. Era una sugerencia para que se sujeten al estado de derecho”, comentó.

 

Fuente:http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/presidente-vizcarra-sobre-tia-maria-no-tiene-las-condiciones-sociales-para-que-se-lleve-adelante/

Chile

Álvaro Montaña denuncia concesión minera en la ciudad de Ancud

Autor: La Revuelta.cl
  • La organización Defendamos Chiloé denuncia públicamente a la empresa Inversiones e Inmobiliaria Santa Lucía S.A,  tras presentar al Sernageomin una solicitud minera de explotación en la ciudad de Ancud, la cual se encuentra en estado de tramitación. Advierten que la empresa se instalaría en el pleno cerro Huaihuén,  un lugar rodeado de escuelas, centros de salud, poblaciones y otras instituciones.

 

El aumento exponencial de las concesiones mineras en el Archipiélago de Chiloé durante los últimos años, ha sido una preocupación permanente para las organizaciones sociales y la ciudadanía en general de Chiloé, que ven el fantasma de la minería un peligro permanente. Defendamos Chiloé ha puesto en la agenda local el tema. Uno de sus miembros, el geógrafo Álvaro Montaña, ha monitoreado permanente el estado y avance de las concesiones mineras en el territorio chilote. La última novedad fue el descubrimiento de una solicitud en medio de la ciudad de Ancud, tras lo cual denuncia públicamente los impactos y problemas que traería a la comuna.

La solicitud fue ingresada Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) por  la empresa Inversiones e Inmobiliaria Santa Lucía S.A. Se trataría de un tipo de «explotación» minera, que se ubicaría en pleno cerro Huaihuén, en medio de la ciudad de Ancud que si bien no está en el centro de la ciudad,sin embargo el lugar  está rodeado de escuelas, centros de salud, poblaciones y otras instituciones.

Sobre el tipo de concesión, Álvaro comenta que “se trata de una concesión minera de explotación, las cuales son a perpetuidad y caducan solamente si se dejan de pagar las contribuciones u otras causales de este tipo”. Además el geógrafo al referirse al uso explica que “Muy probablemente esta concesión minera que se entregaría no es para fines mineros sino que buscaría asegurar para siempre la propiedad del subsuelo, esto dado que el código de minería y la constitución vigente establece que la propiedad minera del subsuelo es diferente a la propiedad de la tierra”.

En cuanto a las implicancias que tendría la solicitud, “se provocaría efectos jurídicos y conflictos legales entre los dueños de la tierra que quieran desarrollar proyectos, actividades que impliquen una remoción del suelo, provocando conflictos con los dueños del subsuelo”.

Por último desde Defendamos Chiloé remarcan la gravedad de esta situación y hacen un llamado a las autoridades y la ciudadanía a manifestarse en contra, y para organizar e impedir que esta concesión se apruebe.

Fuente:https://www.re-vuelta.cl/news/alvaro-montana-los-impactos-de-la-concesion-minera-en-la-ciudad-de-ancud/
Chile

Pampa Colorada: Intento de mayor extracción de aguas por minera Escondida

Autor: Coord.por la Defensa del Agua y la Vida.
Conflicto Relacionado: Peine Pampa colorada- BHP BILLINTON

Pampa Colorada se ubica en la cercanía de los poblados de Peine, Socaire y Toconao, al sur este del pueblo de San Pedro, en el altiplano de la comuna de San Pedro de Atacama, a 4 mil metros sobre el nivel del mar y cerca de la frontera con Argentina.

Este conflicto enfrentó, durante los años 2006 y 2007, a las comunidades indígenas atacameñas de la zona, contra Minera Escondida, empresa que pretendía extraer agua subterránea desde acuíferos en las cuencas alto andinas ubicadas en la zona de Pampa Colorada. La resolución de este conflicto marca un importante precedente, pues constituye uno de los pocos casos en que el Estado negó a la empresa minera los permisos para la explotación de los recursos hídricos locales. Constatándose con ello un rol distinto del Estado, que ejerció como garante de los derechos territoriales ancestrales y los recursos hídricos atribuidos a las comunidades indígenas.

Para la ampliación de sus faenas, Minera Escondida requería un total de 648 millones de metros cúbicos de agua adicional en la comuna de San Pedro de Atacama, para lo cual solicitó una tasa de extracción media anual máxima de 32,4 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a un caudal de extracción medio anual máximo de 1.027 litros por segundo. El proyecto de ampliación de la minera implicaba una inversión aproximada de 300 millones de dólares para extender en 20 años su vida útil. El inicio de la fase de construcción de este proyecto estaba previsto para el segundo semestre de 2008, pero finalmente no sucedió.

La empresa pretendía extraer recursos hídricos desde napas subterráneas en la zona cercana a Peine y Socaire, para llevarla por 190 kilómetros hasta sus faenas mineras a través de un sistema de tuberías, por una ruta con centenares de sitios arqueológicos prehispánicos. El proyecto contempla una inversión de 300 millones de dólares, valor que implica un quinto del costo si se utiliza agua de mar para la faena.

Este proyecto de explotación de recursos hídricos generó muchas dudas desde el momento mismo en que fue presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Según la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el estudio de la empresa reducía el área de influencia de los impactos del proyecto, ya que se iban a extraer los recursos hídricos de las lagunas Miscanti y Miñiques, y un poco más abajo del Salar de Atacama, ambos sitios protegidos por la Reserva Nacional Los Flamencos; pero estas lagunas no estaban consideradas dentro del área de influencia del proyecto que la empresa presentó en su Estudio de Impacto Ambiental. Por ende el estudio no reflejaba, en su línea de base informativa, los verdaderos impactos del proyecto.

Actualmente existe consenso en que la explotación hídrica de Pampa Colorada habría provocado el mismo impacto irreversible que ocurrió en Pichincha, donde la extracción de agua destruyó irreversiblemente el Salar de Michincha, y degradó gravemente el Salar de Coposa. El importante triunfo de la comunidad de Socaire al impedir la explotación del agua en Pampa Colorada, marcó un importante precedente para el futuro de los recursos hídricos en el país.

Pampa Colorada pertenece al área de desarrollo indígena «Atacama La Grande», que presenta importantes atractivos paisajísticos y gran potencial turístico. Destacan como sitios de interés en esa área el salar de Aguas Calientes II y la Laguna Tuyaito. Si el proyecto de extracción hídrica de Minera Escondida se hubiese materializado, se habría comprometido gravemente la existencia de importantes ecosistemas de la Puna alto andina, las actividades de etnoturismo que desarrollan las comunidades indígenas de Peine y Socaire, y la continuidad de su economía y cultura en el frágil desierto de Atacama.

Los principales actores confrontados en este conflicto son la Compañía Minera Escondida, sociedad anónima de propiedad de BHP Billiton (57,5%), Río Tinto PLC (30%), Jeco Corporation (consorcio japonés liderado por Mitsubishi Corporation) (10%) y la Corporación Financiera Internacional, filial del Banco Mundial, (2,5%). El proyecto Pampa Colorada, fue presentado por la empresa, para posibilitar la expansión de sus faenas extractivas, como estrategia para aprovechar el auge del precio internacional de los metales en general, y del cobre en particular, en el mercado mundial.

Dicha pretensión de la empresa motivó la confrontación con las comunidades atacameñas de Peine, Socaire, Toconao y San Pedro, que subsisten de la agricultura, la ganadería y el turismo; además de las repercusiones culturales y sociales por emplazarse el proyecto en territorios ancestrales reclamados por las comunidades.

Entre los actores directamente involucrados en este conflicto entre las comunidades indígenas y Minera Escondida, destaca el Consejo de Pueblos Atacameños, el cual reúne a 27 comunidades indígenas del Alto Loa. Los miembros de este Consejo manifestaron en diversas instancias su malestar contra el proyecto de Pampa Colorada. Por ejemplo, la presidenta de la comunidad indígena de Peine, María Barrera, una de las responsables de la campaña contra el plan de expansión de la minera, señalaba en ese entonces «No queremos que nos saquen el agua», «El proyecto es descabellado y las cantidades de agua son espantosas. Nosotros captamos 1,5 litros por segundo para consumo y no nos alcanza. ¿Y ellos quieren sacar esa cantidad?» (1.027 litros por segundo) se preguntaba con indignación.

Sandra Berna, alcaldesa de San Pedro de Atacama, comuna a la que pertenecen las localidades de Peine, Socaire y Toconao que se oponían al proyecto, también exigió rechazar la extracción de agua. «Si en San Pedro escasea el agua, ¿cómo es posible que de un día para otro digan que van a sacar mil litros por segundo para hacer funcionar una minera? Son millones de metros cúbicos que van a usar por 20 años”. Ella y las comunidades cuestionaban además, “que nadie les podía explicar si esos recursos se iban a recuperar.

¿Quién les aseguraba que iban poder seguir viviendo en esta región?». La alcaldesa señaló que en San Pedro la carencia de agua es del 40% y recalcó que «Estamos con 12 litros por segundo y necesitamos 20. Nosotros no usamos ni un pelo de lo que ellos quieren sacar y sin embargo, no tenemos los recursos para sacar agua».

La alcaldesa también hizo notar su desconfianza en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Minera Escondida. «De las mineras sólo quedan los hoyos», comentaba en ese entonces. «Dicen que se van a preocupar de no impactar, pero lo dudo. Los resultados no son los mismos que quedan en el papel. El papel aguanta mucho». Refiriéndose al desequilibrio e inequidad del sistema de evaluación ambiental, que les impide como comunidad, por falta de recursos, hacer un estudio de impacto ambiental paralelo para presentar como contraparte al que realizan las empresas mineras, denunció que por esta razón el sistema de evaluación se va viciando, al considerar el estudio de impacto de un sólo sector, es decir la posición de quien quiere que se le apruebe el proyecto.

Para las comunidades atacameñas es crucial conservar los bofedales, base de la ganadería altiplánica, además de preservar el respetuoso culto que le rinden al recurso, explicó la alcaldesa. «Para ellos el agua no tiene precio, es de las comunidades de San Pedro y no hay ningún negocio que hacer, sólo cuidarla». Lo exitoso de esta cruzada fue que las comunidades y el municipio se unieron, ya que ellos manifestaban que “no necesitaban plata, sino la seguridad de que iban a vivir muchos años más en sus tierras”.

Entre los actores ciudadanos también cabe destacar al Programa Chile Sustentable, que junto con asesorar al Consejo de Pueblos Atacameños, participó en el proceso de observaciones contra la viabilidad ambiental del proyecto. Su fundamento principal, además de las prohibiciones que establece la ley vigente sobre protección de vegas y bofedales del Norte Grande, fue que la autoridad debía rechazar el proyecto, porque el titular no se hizo cargo de los efectos, características y circunstancias establecidas en el Artículo 11 de la Ley 19.300 de Bases del Medioambiente:

a) El proyecto afecta a acuíferos protegidos mediante la Ley 19.145 de protección de vegas y bofedales de la I y II Región, y la Resolución Nº87/2006, Dirección General de Aguas9, que establece explícitamente que la protección de estos acuíferos tiene como propósito la protección de los humedales ubicados en las zonas delimitadas, pues ellos sustentan ecosistemas únicos y frágiles que se hace necesario conservar y preservar.

b) La intervención en ecosistemas únicos y frágiles contradice lo especificado en la Convención de Protección de la Diversidad Biológica, suscrita por Chile en la Cumbre de Río en el año 1992, y ratificada por el país en mayo de 1995 (D. S. Nº1963/1995, Ministerio de Relaciones Exteriores); y también contradice lo expresado en el Plan de Acción País para la Implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, en cuya Línea de Acción 1.2 se refiere al establecimiento de Programas para la Conservación y uso Sostenible de los Humedales de Alto Valor Biológico.

c) La realización del proyecto contradice lo comprometido en la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (ratificada mediante D. S. Nº2065/1997 del Ministerio de relaciones Exteriores) y la Convención Relativa a las Zonas Húmedas de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de las Aves Acuáticas (Convención de Ramsar), que establecen como obligación la conservación de ecosistemas frágiles de alta relevancia para la diversidad biológica; alimentación y anidamiento de aves migratorias.

Entre los actores públicos, los más relevantes, por sus atribuciones sectoriales y su participación en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), de este proyecto fueron: la Dirección General de Aguas (DGA), que decide directamente sobre la viabilidad de utilización de los recursos hídricos; la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), encargada de velar por la legislación indígena y los derechos de las comunidades existentes en el Area de Desarrollo Indígena Atacama la Grande; el Ministerio de Bienes Nacionales, bajo cuya tutela fiscal están los territorios de esta área, a pesar de la reclamación ancestral por parte de las comunidades; la Corporación Nacional Forestal (CONAF), a cargo de resguardar el territorio de la Reserva Nacional los Flamencos, parte constitutiva del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE); SERNATUR, institución encargada de velar por la Zona de Interés Turístico (ZOIT) establecida en la comuna de San Pedro de Atacama; y finalmente la CONAMA, que coordina el proceso de evaluación ambiental pública del proyecto y las instancias de participación ciudadana.

Relación con el marco jurídico vigente.

El objetivo principal del proyecto Pampa Colorada, de Minera Escondida, era la explotación de recursos hídricos en la provincia del Loa. Por ello, uno de los cuerpos legales centrales en el estudio y evaluación de dicho proyecto tenía relación con el Código de Aguas y la Ley 19.145 (de 1992) que protege vegas y bofedales de la I y II Región.

Al momento de la presentación del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la comunidad de Socaire tenía derechos de aguas ya constituidos sobre el río Socaire y las vertientes Quepe; mientras que la comunidad de Peine tenía constituidos los suyos sobre las vertientes Tulán, Chasquesoque, Ossa y Viste, y sobre el río Tarajne. Por ello, la DGA solicitó a Minera Escondida indicar, si había conexión y afectación del proyecto sobre esas fuentes y sobre los derechos de agua de las comunidades.

En la misma fecha, la empresa contaba con varias fuentes de extracción de aguas. Dos subterráneas -los pozos de Punta Negra y Monturaqui- y una planta desalinizadora en Antofagasta que permitía a la minera bombear 500 litros por segundo desde el océano.

El principal argumento jurídico, utilizado por la DGA contra la explotación de agua por parte de Minera Escondida, es lo establecido en la Ley 19.145 (que protege vegas y bofedales de la I y II Región), en el sentido de prohibir la realización de nuevas explotaciones en zonas que corresponden a acuíferos que alimenten vegas y bofedales del Norte Grande. Razón por la cual consideró legalmente improcedente autorizar un proyecto que afectaría las vegas de Aguas Calientes II y laguna Tuyaito, sistemas que de ser intervenidos podrían afectar a otros 6 humedales, ubicados en la precordillera de la misma cuenca.

Un segundo problema legal que enfrentó la empresa, fue que los terrenos en donde se pretendía realizar la extracción de aguas estaban siendo saneados por las comunidades atacameñas de Peine, Socaire, Talabre, Camar y Toconao, en virtud de los artículos 12, 63 y 3 transitorio de la Ley Indígena, para oficializar su propiedad. Por ello la CONADI de la Región de Antofagasta argumentó que, antropológica y sociológicamente, esas tierras les pertenecían a las comunidades atacameñas, pues las han ocupado el lugar ancestralmente, aunque jurídicamente son fiscales. «En el futuro esas tierras serán legalmente de esas comunidades con un título. Es un trabajo lento y complejo. Y aunque no sean dueños legales de esos terrenos, la aprobación del proyecto debería serles consultada igual, tal como lo dice los artículos 34 y 35 de la Ley indígena».

En consecuencia, en la evaluación del proyecto se consideró prioritariamente la Ley Indígena como marco legal de los derechos indígenas, la propiedad y soberanía sobre los territorios que pretendía intervenir la empresa; en segundo término el Código de Aguas, dada la regularización de derechos de agua ya realizados por las comunidades atacameñas, y finalmente la Ley 19.145 de Protección de Humedales. Aunque los aspectos vinculados a impactos sobre biodiversidad y áreas protegidas fueron también parcialmente incorporados, particularmente por CONAF, no tuvieron la misma fuerza vinculante para fundamentar el rechazo en la tramitación ambiental.

Finalmente cabe destacar que el marco legal establecido en la Ley Indígena, y la Ley de Protección de Humedales en territorios indígenas, hoy ha sido reforzado por la vigencia del Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

Posición y acción del Estado.

En este conflicto el Estado jugó un rol distinto del comportamiento habitual de privilegiar los intereses de los inversionistas en desmedro de los derechos e intereses de las comunidades locales. La denegación del permiso para la extracción de aguas de Pampa Colorada, significó una resolución favorable a las comunidades atacameñas, con fundamento en la Ley Indígena en el caso de la CONADI, actuando el Estado como garante de los derechos territoriales e hídricos sustentados por la comunidad.

La DGA a su vez fundamentó su rechazo del proyecto, señalando que el Código de Aguas no permite efectuar nuevas explotaciones en zonas de acuíferos que alimentan vegas y bofedales del Norte Grande12, por lo que, según ese servicio, el proyecto era legalmente improcedente. En su afán por relativizar la postura de la DGA, la empresa respondió que “esa es una discusión jurídica que hay que resolver con la DGA para ver qué significa afectación de vegas y bofedales. Creemos que con las adecuadas medidas de mitigación no se van a afectar».

La CONAF también recomendó el rechazo del Estudio de Impacto Ambiental realizado por Minera Escondida expresando lo siguiente, «Hemos evaluado estudios de impacto ambiental de estas características desde hace 10 años, y se requiere mayor control y monitoreo para manejar la disponibilidad del recurso hídrico en condiciones de explotación porque son proyectos invasivos. Sería ingenuo pensar que un proyecto así no dañe el entorno. Este proyecto pondría en peligro el ecosistema».

En paralelo, conocida la opinión negativa de los servicios públicos sobre el proyecto de explotación hídrica en Pampa Colorada, 16 parlamentarios, liderados por el diputado de la zona Marcos Espinosa (PRSD), firmaron, el 9 de octubre de 2007, un Proyecto de Acuerdo Nº 473, ”Rechazo al EIA de Suministro de Agua Pampa Colorada”, mediante el cual llaman a la COREMA de Antofagasta a rechazar el proyecto en los siguientes términos:“A pesar de lo que indica el Estudio de Impacto Ambiental encargado por Minera Escondida, la oposición de diversos entes del gobierno y de la misma comunidad cercana de Pampa Colorada, los diputados que suscribimos tenemos la impresión de que la extracción afectaría el maravilloso y frágil ecosistema altiplánico, como la vida de las comunidades indígenas”.

Los parlamentarios aludieron en su “Acuerdo” a la posición de rechazo de la Dirección General de Aguas (DGA), del Ministerio de Obras Públicas, la Municipalidad de San Pedro de Atacama, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), expresados durante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

En base a estos antecedentes y pronunciamientos técnicos, el día 24 de octubre de 2007, la COREMA de Antofagasta rechazó el proyecto de suministro de agua Pampa Colorada de Minera Escondida, que pretendía la extracción de mil veintisiete litros por segundo (1.027 lt/seg.) durante 20 años, desde la cuenca alta del Salar de Atacama.

Posición, acción y propuestas de la comunidad en torno al conflicto.

La posición de la comunidad fue de rechazo al proyecto. Desde que tuvo conocimiento de éste, comenzó a movilizarse para poder resguardar los recursos que permiten su subsistencia y estilo de vida. Organizada a través del Consejo de los Pueblos Atacameños, y con la asesoría de organizaciones ambientales, mantuvo la posición de que la extracción de agua en Pampa Colorada provocaría un daño irreversible a los acuíferos del salar.

Según la comunidad indígena, los acuíferos de la cuenca estaban interconectados y por tanto su función de recarga de las vegas de Aguas Calientes II, de la laguna Tuyaito y del Salar de Atacama no podían reemplazarse con medidas de mitigación. Sostenían que de prosperar el proyecto, se afectaría la biodiversidad de la zona, que por la existencia del agua permitía la supervivencia de especies de flora y fauna del altiplano; y por tanto la mantención de las comunidades indígenas.

La comunidad siempre señaló que con una intervención como la de Minera Escondida, sobre las vegas y bofedales de la zona, éstos podrían desparecer; lo cual además habría afectado la supervivencia de llamas, guanacos, vicuñas, ñandúes y flamencos. Como antecedente de este tipo de impactos, presentaron el caso de la destrucción de los salares de Michinca y Coposa, a consecuencia de la extracción hídrica de las mineras, en la provincia de Iquique.

Las comunidades adujeron que los recursos naturales, bosques, tierra, agua, tienen un doble estatus para los pueblos indígenas. Por una parte, constituyen dones que confieren identidad cultural y simbolizan la relación con la divinidad, los antepasados o los héroes fundadores. Por otro lado, son los proveedores del sustento material y espiritual de la comunidad. El uso de los recursos para estas comunidades se regula no por la apropiación, sino por medio de la imposición de ritos. En tal sentido las comunidades criticaron la falta de una visión antropológica de las distintas leyes sectoriales, que privilegian el acceso y extracción de “recursos naturales” para beneficio de las empresas, ignorando el valor cultural y la visión integrada de la naturaleza que poseen las comunidades ancestrales.

En el marco de las propuestas las comunidades atacameñas fundamentaban que el sistema de riego de las comunidades indígenas era solidario con los ecosistemas. Ello, porque desde tiempos ancestrales, el sistema de aplicación de riego ha sido gravitacional y de eficiencia a nivel predial; como las aguas derramadas superficialmente y su escurrimiento aflora aguas abajo, alimentan la cuenca y pueden ser captadas por otras personas que las utilizan nuevamente para riego, lo que se traduce en que la eficiencia global a nivel de la cuenca y sector es muy alta.

Los métodos de riego utilizados por los atacameños son por surco, que se emplea principalmente en el maíz, orégano, papas y verduras en general. Por inundación, para regar pequeñas áreas, ubicadas en forma escalonada de terrazas a través de la ladera de los cerros, en las que se cultivan verduras en general; y por tendido, usado para riego de alfalfa y en superficies mayores de siembras de orégano15.

Entre las principales propuestas de la comunidad destacan:

– Ampliar el catastro de bofedales protegidos por la Ley 19.145 de Protección de Vegas y Bofedales del Norte Grande, debiendo el Estado proteger el agua que las sustenta.

– Realizar un acabado análisis del río Loa, con el fin de restaurar su caudal ecológico, y con ello preservar los ecosistemas que nacen y subsisten en base a su caudal.

– Prohibir la expansión extractiva de aguas subterráneas de las mineras, ya que como ocurrió en Michinca y Coposa, las aguas subterráneas alimentan las cuencas superficiales de los ríos, las que al ser extraídas indiscriminadamente ponen en riesgo la supervivencia de los diversos ecosistemas, como también de las comunidades indígenas.

– Establecer la obligación de impulsar agua de mar para las faenas y el uso de espesaje profundo por parte de las compañías mineras. Ambas tecnologías implican sustitución y ahorro en el uso de agua dulce, lo que permitiría devolver agua a las cuencas en la Región de Antofagasta, zona en donde este recurso es escaso y se están poniendo en riesgo las diversas actividades productivas y haciendo más vulnerables a las comunidades indígenas y a la población en general.

– Destacan que una de las tareas urgentes de Chile -a la hora de enfrentar el cambio climático- es incrementar la protección y eficiencia en el uso de los recursos hídricos. Por eso es necesario que las mineras trabajen para el uso y desalinización del agua de mar u otras técnicas, para evitar el uso de agua de las cuencas para traslado de minerales o para la instalación de tranques de relaves. Lo anterior, no sólo por el proceso de desertificación que afecta norte y centro del país, sino porque se sabe que la falta de agua será aun más crítica con el cambio climático.

– Demandan que el Estado debe garantizar recursos fiscales para que las comunidades locales cuenten con asesoría técnica y puedan contrarrestar los estudios presentados por la parte interesada en la realización de proyectos de inversión.

– Manifiestan que la implementación y profundización de la Estrategia de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas es una política que debe ser desarrollada en plenitud, pues aunque no es una herramienta de ordenamiento territorial, sí colabora en la protección del agua y ayuda a compatibilizar el uso de los recursos hídricos entre los sectores, y puede atenuar los conflictos que surgen entre las diferentes actividades productivas por el uso del recurso hídrico en una misma cuenca. Así, la Estrategia de Cuencas contribuiría al uso coordinado y equitativo del recurso hídrico de manera de no comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas.

– Finalmente manifiestan que a mayor avance minero, menor cantidad de agua para la población. Muestran el caso de San Pedro de Atacama como un ejemplo claro al respecto: a las 10 de la noche se corta el agua hasta el día siguiente a las 7 de la mañana. Algunas veces, el corte de suministro se extiende por todo el día y puede ser mayor en verano. Por tanto, es necesario recuperar la gestión democrática del agua para evitar que el suministro para la población y los ecosistemas dependa de privados que tienen su propiedad.

 

Fuente:http://www.derechoalagua.cl/mapa-de-conflictos/pampa-colorada-intento-de-mayor-extraccion-de-aguas-por-minera-escondida/

Argentina

Morales quiere expropiar tierras de Comunidades Originarias en las Salinas Grandes con la excusa del turismo

Autor: Redacción Jujuydice.com
Conflicto Relacionado: Salinas Grandes Litio

Malestar en las comunidades de Salinas por el avasallamiento a sus derechos, no hubo consulta libre, previa e informada. El Estado busca avanzar con el turismo y se sospecha con la minería, en sus territorios.

Después de varios meses, los legisladores provinciales vuelven a sesionar, y  a pesar que en el orden del día no ingresó ningún pedido para pedir un nuevo crédito, en el encuentro de la Casa de Piedra la polémica estará presente por el proyecto enviado desde el ejecutivo provincial que dispone la “expropiación de terrenos” en el territorio de Tumbaya- Salinas.

El proyecto, despertó un gran malestar en las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, ya que dispone la expropiación de tierras comunitarias. Así, una vez más, el Estado avanza sobre las comunidades indígenas sin realizar la consulta libre previa e informada. Además, el estado provincial conoce y deliberadamente ignora la posición de las comunidades que han dicho “no a la megaminería”, en esa región.

De esta manera hoy, alrededor de las 15 horas, los legisladores pondrán en debate un proyecto que no tiene trabajo en comisión, no se ha consultado a la oposición y no tiene despacho. Así bajará al recinto parlamentario para que una vez más los legisladores oficialistas levanten la mano sin debatir, con gran irresponsabilidad al sancionar una norma viciada de irregularidades,  presentada entre gallos y medianoche.

Vale recordar que, a comienzos de este año, se iniciaba un conflicto por la instalación de mineras para la extracción de litio en las salinas. Las comunidades rechazaron de plano la megaminería y la bandera fue defender el agua frente a la explotación litifera que la emplea en cantidades masivas. Hubo reuniones con funcionarios, pero no con el gobernador de la provincia. La posición de las comunidades se mantuvo clara y determinada en defensa del agua, recurso escaso e imprescindible para la vida en la Puna.

El objeto del proyecto que se tratará esta tarde en sesión ordinaria pretende declarar de utilidad pública y disponer la expropiación de una fracción del lote rural ubicado en el distrito Piscuno y Colorado del Departamento Tumbaya, en la intersección de la Ruta Provincial N° 79 Y Ruta Nacional N° 52, con destino a la construcción de un centro de recepción de visitantes en las Salinas Grandes, constituyendo un polo de desarrollo de actividades turísticas y culturales, equipado con recursos humanos, capacitados, infraestructura edilicia, servicios y vías de comunicación. La localización del terreno con proximidad al salar, y la afectación territorial de comunidades aborígenes, generan suspicacias por la supuesta conveniencia de la expropiación para destinarla además a la explotación minera.

Es que la iniciativa de expropiación cuyo destino manifiesto sería construir un centro observatorio turístico, que estará casualmente ubicado próximo a Inti Killa, lugar donde se pretende explotar la actividad minera de litio. Las personas que figuran como titulares del inmueble pertenecen a comunidades indígenas que no tuvieron acceso a la consulta libre, previa e informada violándose así, una vez más, el artículo 17 Inciso 22 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.

En medio de los reclamos y la lucha de los pueblos en defensa de sus territorios y del derecho a vivir en los mismos, en un ambiente sano y libre de contaminación, este proyecto de ley resulta un atropello que atenta contra el derecho de autodeterminación de las comunidades más aun, luego de los hechos acontecidos en febrero de este año, con la clara postura de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, definiendo rotundamente un No al Litio.

Por ello integrantes de las comunidades concentrarán esta tarde a las 14,30 horas, en la Legislatura Provincial reclamando que el proyecto no sea tratado por inconstitucional.

En estas últimas semanas los proyectos que elabora el ejecutivo son expropiaciones de tierras, así como propone en las Salinas, también lo hizo en La Esperanza tras regalar el ingenio histórico al grupo Budeguer, expropio 1000 hectáreas al Parque Nacional Calilegua, otra fue en Purmamarca, y otras tierras por Palma Sola.

Por otra parte, en la sesión de hoy también se tratará otro proyecto referido a la modificación de un artículo que tiene que ver con un proyecto de superación progresiva de la emergencia del transporte y regularización del transporte alternativo. Esos fueron los dos temas que se acordaron elevar al plenario de la Cámara en la Labor Parlamentaria.

 

Fuente:http://www.jujuydice.com.ar/noticias/jujuy-3/morales-quiere-expropiar-tierras-de-comunidades-originarias-en-las-salinas-grandes-para-turismo-y-mineria-46536?fbclid=IwAR0EhUM_yDijDAMcglhb3JBNFTgL8m2kI5guD8beLvrVFI89pbGsh8UE6lU

Latinoamerica

América Latina, la región más mortífera para los ecologistas

Autor: Teresa de Miguel , El País.com
La ONG Global Witness cifra en más de 80 los activistas asesinados el año pasado. Colombia, con 24 muertos, supera a Brasil como el peor país.

Julián Carrillo sabía que iba a ser asesinado. Como su cuñado Santiago. Y su yerno Julián. También sus sobrinos Guadalupe y Alberto, y su hijo Víctor, a quien vio morir a balazos. Solo era cuestión de tiempo. En diciembre de 2017 un grupo armado prendió fuego a su casa. Logró salir vivo, pero un año después no pudo escapar a su suerte: fue abatido por un grupo de hombres con armas de alto calibre, como si fuese un peligroso criminal.

Pero el delito que cometieron Carrillo y los cinco miembros de su familia asesinados en dos años en el territorio indígena de Coloradas de la Virgen (Chihuahua, norte de México) fue resguardar los bosques de la Sierra Madre. Protegerlos de las nuevas concesiones mineras autorizadas por el Gobierno; de la tala ilegal y del crimen organizado, que se apropia del territorio para sembrar cannabis o amapola.

Carrillo fue uno de los 14 defensores de la tierra asesinados en el país norteamericano el año pasado, según el último informe de la organización ecologista Global Witness. La cifra revela que la situación apenas ha mejorado respecto al año anterior, cuando murieron 15 activistas. También demuestra que los mecanismos de protección que brinda el Gobierno a los defensores y periodistas en riesgo raramente funcionan. El protector de los bosques de la Sierra Madre contaba con ese mecanismo. De poco sirvió.

Su lucha fue la continuación de la de tantos otros líderes indígenas rarámuris que dieron la vida por evitar la deforestación de sus territorios. Porque, para esa etnia, el bosque lo es todo: atrae el agua, provee de alimentos, da refugio a los animales. Defenderlo está en su ADN.

El crimen más sonado en la comunidad fue el de Isidro Baldenegro, ganador del Premio Goldman, conocido como el Nobel de la Ecología. Ser uno de los activistas más reconocidos de América Latina no impidió que fuera asesinado sin piedad, también a tiros, en enero de 2017. Ni que la impunidad, la intimidación y la violencia contra sus sucesores —entre ellos Julián Carrillo— continuase en Coloradas de la Virgen.

La situación no es mucho más alentadora en los demás países de América Latina: la región volvió a ser en 2018 la más mortífera del planeta para los defensores de la tierra, según la lista negra de la ONG. Colombia superó por primera vez a Brasil como el país con más asesinatos de la región, con un total de 24 frente a los 20 del país gobernado por Jair Bolsonaro.

Pero la organización alerta que todo apunta a que la situación en Brasil empeorará. “Bolsonaro ha prometido permitir la explotación de las reservas indígenas con proyectos de minería, agricultura e infraestructura. En lo que va del año, esto ya desencadenó una serie de invasiones a tierras indígenas por parte de usurpadores de tierras armados”.

El informe ¿Enemigos del Estado? hace un llamado especial sobre la situación en Guatemala, un país en el que se quintuplicaron los asesinatos en el último año. Si en 2017 murieron tres defensores en ese país, el año pasado la cifra se disparó hasta los 16 debido a una ola de violencia vinculada a proyectos hidroeléctricos en tierras ancestrales.

En concreto, la organización denuncia el asesinato de los hermanos Neri y Domingo Esteban Pedro, dos de las cabezas más visibles del movimiento indígena en contra de la hidroeléctrica de San Andrés, que, según Global Witness, está vinculada a la poderosa familia Mata.

Los cuerpos de los hermanos Esteban Pedro aparecieron a orillas del río Yalwitz en diciembre de 2018, cerca de la hidroeléctrica. No fueron los únicos miembros de la organización Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis en sufrir las consecuencias de su activismo. En octubre de ese año, al menos seis de ellos ya habían resultado heridos al ser atacados por la policía durante una manifestación.

Por primera vez, el informe documenta también cómo los Gobiernos utilizan sus leyes para criminalizar e intimidar a los defensores. Por ejemplo, destaca que decenas de campesinos y estudiantes fueron detenidos en Nicaragua después de que el gobierno aprobase en 2018 una ley que ampliaba la definición de terrorismo.

“A diferencia de los asesinatos, estas amenazas más sutiles no llegan a ser titulares de prensa, razón por la que son muy útiles para quienes buscan aplastar la disidencia”, asegura Global Witness. “Al igual que con los asesinatos, las personas indígenas están en la primera línea de ataque de los sistemas judiciales de sus países”.

 

Fuente:https://elpais.com/sociedad/2019/08/02/actualidad/1564774252_605978.html