Ministro de Minería había acusado vicios de inconstitucionalidad.
Tras una larga discusión en la que se escucharon posturas de los profesores de Derecho Constitucional como Jorge Correa Sutil, Arturo Fernandois y Jaime Bassa, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados votó hoy el informe que declara inconstitucional la iniciativa que buscaba expropiar el litio.
La instancia legislativa estaba encomendada por la sala de la Cámara de Diputados para emitir un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del proyecto de Ley que “declara Interés Nacional la Explotación y Comercialización del litio”, situación que fue resuelta este lunes.
En esta oportunidad y por 7 votos contra 5, se declaró “inconstitucional y expropiatorio” el artículo 2 del Proyecto de Ley. En tanto, el artículo 1 terminó con un empate sobre la declaración del litio como interés nacional.
Al respecto, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, explicó que “se ha declarado inconstitucional el artículo segundo que declaraba de interés nacional los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL)”, además agregó que “el único contrato especial de operación de litio que existe es el que posee Codelco. A veces se confunde con los contratos que tiene Corfo con SQM o Albemarle, que no son contratos especiales de operación de litio, sino que son contratos de arriendos”.
El titular de la cartera al final de la sesión añadió que “este es el camino que tenemos que ir haciendo. Los parlamentarios han expresado su opinión, nosotros éramos partidarios que ambos artículos eran inconstitucionales, y se ha tomado este camino que yo espero sea ratificado también por la Sala de la Cámara”.
Por su parte, el subsecretario Ricardo Irarrázabal manifestó que “el artículo primero resulta meramente declarativo, y el artículo segundo es inconstitucional, lo que constituye un antecedente muy importante porque es precisamente la Comisión de Constitución la llamada a evaluar la constitucionalidad de los proyectos de ley y las mociones”.
Autor: Diego Alonso Bravo, El Desconcierto.cl Conflicto Relacionado: Caimanes-Los Pelambres
El Comité de Defensa del lugar ingresó una demanda acompañada por la desvalorización que han sufrido las viviendas por la construcción de los tranques «El Mauro», además de los efectos sicológicos que produce el miedo de tener ese centro de desechos tan cerca del sector habitacional.
Los residentes de la comuna de Caimanes dieron inicio al conflicto legal contra la minera Los Pelambres. El pasado viernes 30 de agosto, el grupo de Comité de Defensa de Caimanes (compuesto por 127 personas) presentó en el 16° Juzgado Civil de Santiago una demanda que busca indemnización por perjuicios.
El documento que compone la acción legal está acompañado de diferentes antecedentes que respaldan la búsqueda de una respuesta. Entre ellos, están las dimensiones geográficas de la zona (la distancia entre Caimanes y el tranque de relaves “El Mauro”, principal motivo del conflicto dada la peligrosidad de su ubicación; distintas resoluciones judiciales relativas al uso y distribución del agua del lugar; los efectos psicológicos que el conflicto mismo ha tenido en los habitantes de Caimanes, entre otros).
“Vivir en una comunidad regida por la desconfianza y la falta de afecto; vivir sin agua y con la conciencia de estar enfermándose; vivir en tierras contaminadas cuya capacidad agrícola ha desaparecido; y, finalmente, vivir con el miedo constante de morir aplastados por una avalancha de relaves incontenible y veloz, es el resumen de todos los daños que Minera Los Pelambres ha provocado en los habitantes de Caimanes (…) Contamos con estudios psicológicos y científicos que permitirán a S.S. observar aún con mayor claridad la plena justificación de esta acción legal. Este daño, como se insistirá, es un daño moral o sufrimiento psicológico que comparten todos los habitantes de Caimanes, sin perjuicio de los daños económicos directos (o daño emergente) derivado de la desvalorización de los inmuebles y de la pérdida real de los derechos de aprovechamiento de aguas”, se lee entre las conclusiones de la demanda.
Según la información que manejan los demandantes, las casas del sector de los Caimanes han sufrido una desvalorización del 70 por ciento desde 1998.
Por lo pronto, ahora queda esperar el camino que tome el conflicto.
Autor: Rocío Gallegos de La Verdad , Chiapas Paralelo.com Conflicto Relacionado: Samalayuca
Ejidatarios de Ojo de la Casa acordaron con inversionistas canadienses la ocupación de los predios para la extracción de cobre en yacimientos a tajo abierto; la compañía estima concluir la construcción de sus instalaciones en 6 o 9 meses, para comenzar las excavaciones a unos 50 kilómetros de la mancha urbana de Ciudad Juárez
– La decisión fue unánime. Los ejidatarios de Ojo de la Casa, en Samalayuca decidieron ir contra el decreto que desde el 2009 los incluyó dentro del área natural protegida, hace un año le ganaron al gobierno federal y concesionaron una parte de sus tierras a una empresa canadiense para la explotación de yacimientos de cobre a cielo abierto que se ubican en esa zona del ayuntamiento de Juárez.
“El acuerdo se toma por acuerdo ejidal… somos 53 integrantes con derecho a voz y voto. En este caso fue unanimidad” dice Javier Meléndez Cardona, presidente seccional de Samalayuca y ejidatario de Ojo de la Casa.
De acuerdo con los datos proporcionados por Meléndez, los ejidatarios hicieron un contrato de ocupación temporal de los predios con VVC Exploration Corporation, empresa que el pasado 7 de agosto anunció que su junta directiva aprobó la operación de una mina piloto en Samalayuca, la cual se espera pueda estar en operación en 6 o 9 meses.
“La visión de VVC ha sido durante mucho tiempo comenzar las operaciones en las zonas de Gloria con una mina piloto de cobre, de una manera ambiental y socialmente responsable, a la vez que genere impactos económicos y comunitarios positivos”, dice Jim Culver, presidente de la corporación minera a través de un comunicado donde informó de la obtención de los permisos para operar y del cambio de uso de suelo de los predios.
Para Santiago González Reyes, abogado derechohumanista que alista un amparo para frenar el proyecto, “cambiar de área natural protegida por una mina es una aberración”.
Además, considera que con su operación se pone en riesgo la única reserva de agua de Ciudad Juárez.
“Es un proyecto altamente contaminante que traerá consecuencias en nuestro medio ambiente” advierte a su vez Lydia Graco, vocera del Frente Ciudadano Contra la Mina a Cielo Abierto en Samalayuca e integrante del movimiento Para Que No Mine la Mina.
Sobre los opositores del proyecto Meléndez Cardona menciona que están en su derecho en manifestarse, pero usan argumentos basados en mentiras y asegura que la mina será una alternativa para generar empleo y los recursos para obras de infraestructura en el poblado.
El beneficio económico que alegan con la llegada de la mina no puede estar por encima de la sobrevivencia de una población de casi un 1.5 millón de personas en la región, dice González Reyes, quien también se desempeña como visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la ciudad, pero asegura que su acción contra el proyecto en Samalayuca es a título personal.
“No solo van a usar el terreno, que es lo único que les pertenece a los ejidatarios, van a usar recursos naturales como agua, deforestar, contaminar el ambiente y eso nos incluye y afecta a todos y todas”, advierte el derechohumanista.
Una veta en medio del área protegida
La veta del mineral –que se caracteriza por ser uno de los mejores conductores de electricidad– se aprecia a simple vista sobre las paredes de roca de la Sierra de Samalayuca, con diferentes tonalidades en color verde.
El yacimiento de Ojo de la Casa, ubicado a unos 50 kilómetros de la mancha urbana de Ciudad Juárez, está integrado por cuatro tajos, explica Meléndez: Gloria, Juliana, Zorra y Suerte. Aunque en el área también está los polígonos denominados Concha y Trinidad.
De acuerdo con los registros consultados, en ese depósito de metal se desarrollaron actividades en las épocas de 1965 y 1976, pero luego quedó en el abandono.
Ahora se pretende retomar la actividad. Meléndez dice que los inversionistas canadienses comenzarán la explotación en el tajo la Gloria.
En el lugar, al que se llega por veredas abiertas entre arenales y matorrales, la minera VVC inició la extracción en fase de exploración en agosto del 2017 y la extendió hasta diciembre del 2018 de acuerdo con información disponible su página digital.
El plan prevé la extracción de los recursos de óxido de cobre mediante un proceso de extracción de cobre a cielo abierto, con solventes y mediante una instalación de electrodeposición en el sitio, de acuerdo con datos difundidos por la compañía.
La planta que se construirá tendrá una capacidad inicial para procesar aproximadamente 2 mil toneladas de material mineralizado por día, aumentando a lo doble 12 meses después de su puesta en marcha, se informa en un comunicado que VVC lanzó el 7 de agosto. La empresa indica que el área de explotación es de mil 622 hectáreas.
El anuncio de la reactivación de la mina revivió la oposición al proyecto.
“Están mirando los beneficios económicos, pero no observan los riesgos para la salud humana, no hay estudios sobre esto, tampoco de la destrucción de flora, hay mucho sesgo en eso y no hay transparencia” comenta Lydia Graco, vocera del Frente de Ciudadanos contra la Mina a Cielo Abierto en Samalayuca.
Por eso, asegura, los ciudadanos que integran este movimiento respaldan la postura del abogado González Reyes que este jueves contempla solicitar un amparo contra el proyecto.
González asegura que con su petición al Poder Judicial busca frenar la expedición de permisos para la reactivación de la mina.
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Aunque la empresa y Meléndez aseguran que ya se cuenta con los permisos ambientales y de cambio de uso de suelo aprobados por la Semarnat y otras dependencias federales. Esto no pudo corroborase con la Semarnat ni con la Subsecretaría de Minería, de la Secretaría de Economía.
Meléndez asegura solo el ejido Ojo de la Casa logró revertir el decreto de área natural protegida sobre su territorio. “Fue el único que se amparó, los otros lo hicieron pero a mitad del camino desistieron, porque fue un proceso bastante largo, prácticamente duró tres años ese proceso”.
‘Hay candados de protección’, aseguran
El presidente seccional de Samalayuca asegura que cuando decidieron realizar los contratos de ocupación temporal de los predios con la empresa minera, se asesoraron con ingenieros en minas, medioambientalistas y establecimos algunos candados para protección del medio ambiente.
El primer de ellos, explica, es que la explotación de esta mina no se va a realizar en la zona arqueológica de los petrograbados o de arte rupestre, porque “de manera tendenciosa siempre se dice que se va a destruir ese patrimonio, lo cual es totalmente falso”.
“Nosotros, a nivel ejido, establecimos que los tres sitios que tenemos protegidos por el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), esos, no se tocan ni con el pétalo de una rosa”, dice.
Ahí, asegura, están concentrados el 95 por ciento de los petrograbados de la región. “Muchos se imaginan que están por toda la sierra, pero eso es falso,
El segundo candado es que en la mina de Samalayuca no se va a utilizar el cianuro, que es un químico altamente letal. Aquí para se va a utilizar el ácido sulfúrico en un 30 por ciento dentro de una solución de agua, que es suficiente poder hacer la investigación que ellos necesitan, menciona.
Tercero, agrega, el agua que van a utilizar es un volumen muy razonable, es el equivalente de lo que se utiliza para llenar una alberca olímpica. “Eso es lo que establecimos con ellos, pero ellos también tendrán que ser regulados por la Comisión Nacional del Agua”.
El otro candado, menciona, es el que se estableció para avanzar en las excavaciones: por cada 4 por ciento de la superficie en la que trabajen deben tapar los hoyos y volver a plantar la flora de la región, incluso hasta de algunos árboles, antes de hacer otro hueco, “mientras no tapes o rellenen ese hoyo no podrán abrir uno nuevo”.
–Hay señalamientos contra usted por este acuerdo con la empresa canadiense, cuestionan que como funcionario público promueva negocios que le reditúan por ser propietario de predios que promueve para la minería, ¿qué dice de esto?
¡Bueno fuera!, responde. “Si soy ejidatario de Ojo de la Casa, pero el ejido ya está a parcelado, ya tenemos lo que se dice el dominio pleno, es decir, cada porción del ejido ya tiene un propietario y en los terrenos donde va a entrar la empresa minera, ninguno de ellos es mío. Tengo propiedades, claro, pero no ahí”.
Sin embargo, González Reyes asegura que Meléndez sí está actuado en un claro conflicto de interés porque promueve negocios en sus tierras. “Espero que Javier Meléndez recapacite y pase a la historia por una obra distinta a esta, que proteja al Samalayuca que tanto dice querer”.
Advierten desastres ambientales
El abogado derechohumanista dice que los antecedentes de toda mina a nivel mundial y en el país son de desastres ambientales, negligencia y corrupción. Por eso promoverá un amparo para que se transparente el proceso, estudios y permisos.
Meléndez concede que hay muchas suspicacias con el proyecto, porque las empresas mineras han tenido accidentes y enfrentan situaciones en las que luego hay corrupción, pero dice que los ejidatarios están dispuestos a integrar observatorios ciudadanos para que vigilen que los candados ambientales impuestos se cumplan.
Considera que entre quienes cuestionan el proyecto hay pronunciamientos que son genuinos, “de gente que se preocupa de qué va a pasar con el medio ambiente y a esa gente creo que hay que estarle informando que la catástrofe que se dice de la mina, apocalíptica, no es tal”.
Hay otros, agrega, que cuestionan por estar en contra de todo, “esos ni nos preocupan, ellos que sigan haciendo su labor”.
Asegura que todos los beneficios que se tienen son a costa de un costo ambiental y cita como ejemplo: “si en Juárez tenemos electricidad, pues es a costa de la planta termoeléctrica de Samalayuca que tiene que utilizar agua para la generación de energía eléctrica. Si traen un celular o una computadora, pues bueno, se tuvieron que obtener metales para los componentes de estos aparatos, todo tiene un impacto ambiental”.
Pero González Reyes es tajante: “Me indigna que todo lo han hecho en sigilo, a escondidas de la ciudadanía”.
“Cuando no se pueda sembrar más en esa tierra y el agua se contamine, a ver si beben y comen dólares”, asevera.
Junto a comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes desplazadas por la minería de carbón, miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos, empleados de la empresa Cerrejón y funcionarios de gobierno caminé por más de cinco horas por donde alguna vez corrió el cauce natural del arroyo Bruno.
Lo que vi a mi paso fueron restos de caracoles que murieron de sed, pegados al fango, y el cuerpo sin vida de un tigrillo que, inerte, nos muestra lo que no debería pasar de nuevo.
El Bruno es una vena de agua que irrigaba el departamento de la Guajira, ubicado en el extremo norte de Colombia y azotado hace años por una sequía extrema.
El arroyo es un generoso tributario del río Ranchería, una de las fuentes hídricas más importantes del departamento, y hace parte de los sistemas subterráneos de agua que han dado vida a las comunidades de la región.
Fue doloroso caminar por donde alguna vez el Bruno fluía libre, pensar —mientras lo hacía— que lo que ahora es un tramo seco, antes era un caudal rebosante de vida.
Ese domingo también recorrimos lo que ahora pretende ser el cauce artificial del arroyo después que, en 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales autorizara a Cerrejón desviar 3,6 kilómetros del caudal del Bruno para favorecer la continuidad de la explotación de carbón en la Guajira.
Varias cosas me impresionaron ese día.
Una de ellas fue que pese a que los ríos nos pertenecen a todos y las fuentes naturales de agua son públicas, estuvimos siempre acompañado por empleados de la empresa. Entramos a terrenos “de propiedad” de la concesionaria de explotación de carbón en la Guajira. Las comunidades que antes transitaban libremente la rivera del arroyo hoy no pueden hacerlo.
Aunque el Bruno es una de las pocas vertientes de agua del departamento menos lluvioso de Colombia y una de las escasas fuentes de agua dulce de las comunidades, su cauce fue taponado y desviado para facilitar la minería.
Una obra de ingeniería afectó una de las vertientes más importantes para una región sedienta y creó un camino artificial por el que no corre ni un hilo de agua.
“Si llevan agua son ríos; si no, son caminos, nos enseña uno de los versos del poeta indígena guatemalteco Humberto Ak’abal. El nuevo “cauce” del Bruno no es río, “sino camino estéril” que atestigua el deterioro de un ecosistema sensible. El “camino” no recupera ni mitiga los daños de la desviación del arroyo. Por el contrario, produce nuevos.
El mundo enfrenta una crisis climática y la minería de carbón es una de sus principales causas. Mientras varios países están reemplazando el uso de carbón en sus matrices energéticas por opciones limpias, en Colombia se decide secar un río para explotar cada vez más carbón.
Recorriendo caminos de justicia
Pese a todo, al día siguiente de la caminata, la frustración por lo absurdo no impidió un asomo de esperanza.
El lunes, a la audiencia pública convocada por algunos congresistas para la rendición de cuentas sobre lo ocurrido con el Bruno, llegaron los representantes de las comunidades y organizaciones.
La fuerza y dignidad de sus palabras, en donde se cifran décadas de resistencia, me abrazaron el alma.
“Este territorio es nuestro, nuestros ríos son nuestra vida y la vida se cuida, por nuestros hijos, por nuestro presente y por nuestro futuro y el del mundo”.
Como en muchas ocasiones antes, la Guajira le habló al país y al mundo.
Les dijo que no es posible que se priorice el uso del agua para la minería sobre su consumo humano
Les advirtió que el país debe transitar a formas de producción de energía que no generen los daños que la minería de carbón ha provocado por décadas en el clima, los derechos humanos y en los ecosistemas y especies que nos sostienen.
El arroyo debe volver a su cauce, los caracoles deben beber nuevamente de sus aguas y ningún tigrillo debe seguir muriendo por la destrucción de su mundo.
En una sentencia de 2017, la Corte Constitucional evidenció que existen incertidumbres sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto de modificación del cauce del arroyo Bruno. Y ordenó la creación de una Mesa Interinstitucional para resolver las denuncias de las personas afectadas.
Las comunidades seguirán exigiendo el cumplimiento de ese fallo y demostrando que las incertidumbres son en realidad certezas de daños que siguen minando sus vidas.
AIDA, junto con otras organizaciones, seguirá acompañando esa lucha para evidenciar los daños de la minería de carbón y promover alternativas limpias y justas que respeten el ambiente y a las personas.
Una jueza con competencia nacional dictó esta noche prisión preventiva por el delito de incendio agravado a siete ambientalistas que se oponen a un proyecto minero, que se construye al margen de la ley en la comunidad de Guapinol, ubicada en el municipio de Tocoa, Colón.
Los siete pobladores fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” de Támara, Francisco Morazán, tras una intensa audiencia inicial desarrollada en los Tribunales en Materia Antiextorsión de Tegucigalpa.
El director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora, que además forma parte de los abogados defensores de los ambientalistas, denunció que el juicio está plagado de irregularidades.
El defensor de los derechos humanos citó entre las irregularidades que el agente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Wilmer Márquez, usurpó funciones al realizar labores de «inteligencia» que solo pueden realizarse a través de la Dirección de Investigación Policial (DIPOL). “Lo que queda claro en la audiencia inicial, es que estos agentes para realizar los informes se basan en chismes», dijo Tábora.
Los imputados son: Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez, quienes han venido realizando acciones en defensa del río Guapinol, concesionado en el año 2013 al proyecto minero ASP y ASP 1, ahora en poder de la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.
Inicialmente los ambientalistas habían sido acusados por los delitos de asociación ilícita y portación ilegal de armas.
El proceso judicial involucra a nueve personas. Entre las que figura insólitamente, Antonio Martínez Ramos, fallecido el 5 de abril del año 2015 y otro ambientalista que está recluido en el centro penal de La Ceiba, Atlántida. Sin embargo, el requerimiento fiscal del Ministerio Público, presentado en septiembre de 2018, incluye un total de 32 ambientalistas.
El proyecto minero jamás debió desarrollarse, porque está instalado en una zona protegida. No obstante, sobre el mismo hay cualquier cantidad de abusos e ilegalidades, ya que fue desde las instituciones del Estado que se reformó el decreto de creación del Parque Nacional Montaña Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, para adecuarlo a las pretensiones de la empresa minera.
El conflicto ha dejado al menos seis personas muertas y la criminalización de decenas de ciudadanos, que se han organizado alrededor del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales.
Los defensores han sido arrinconados a los Juzgados con Competencia Nacional Territorial, donde se ventilan casos del crimen organizado, ubicándolos en una categoría como si se tratasen de criminales de alta peligrosidad.
En su Cena Anual, sector subrayó que la certeza jurídica es clave y reafirmó compromiso con la sustentabilidad.
La inquietud por los últimos fallos de los tribunales ambientales, el proyecto de ley sobre glaciares y el aporte a la lucha contra el cambio climático, fueron temas medioambientales destacados en la Cena Anual de la Minería que se desarrolló ayer en CasaPiedra. En la ocasión, los representantes del sector subrayaron que la certeza jurídica es clave para la inversión y reafirmaron el compromiso con la sustentabilidad.
El encuentro reunió a alrededor de 900 invitados encabezados por el ministro de Minería, Baldo Prokurica, a quien se sumaron autoridades, embajadores, parlamentarios, líderes empresariales y productores de la pequeña, mediana y gran minería.
En ese marco, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Diego Hernández, cuestionó la presentación de proyectos como el de un nuevo royalty minero para la minería del cobre y litio, o el que apunta a declarar la explotación del litio como una actividad de interés nacional, lo que abriría la posibilidad de nacionalizar empresas privadas. «Este tipo de iniciativas no solo impacta negativamente y levanta dudas respecto de toda la institucionalidad, sino que también envía señales negativas respecto de las condiciones para invertir en el país», sostuvo.
Asimismo, expresó la inquietud de la industria por el curso que ha tomado el proyecto de ley sobre glaciares. «La protección de los glaciares requiere que se consideren las particularidades de cada uno de estos cuerpos. Sin esas especificaciones y solo con definiciones generales, un proyecto de este tipo terminaría costando miles de empleos, al poner en riesgo el desarrollo de numerosas iniciativas de nuestro sector y dejando en manos de la Corte Suprema la definición de glaciar, ambiente periglacial y permafrost», aseguró. Luego añadió: «Da la impresión que el objetivo del proyecto, más que la protección de los glaciares, es abrir la puerta a la judicialización de todos los proyectos futuros y en operación en la alta cordillera».
Hernández también expuso la preocupación del sector por la incertidumbre jurídica causada por fallos como el del Tribunal Ambiental de Valdivia que prohibió las tronaduras en Mina Invierno. «Nos preocupa que los esfuerzos públicos y privados desplegados para reactivar la economía nacional y atraer inversiones, se vean frustrados por el actuar arbitrario por parte de los Tribunales Ambientales, como el de Valdivia», indicó. Agregó que la decisión sobre Mina Invierno «levanta una alerta en la minería nacional, no solo por la falta de fundamento jurídico y técnico, sino porque el impedimento de realizar tronaduras en la práctica implica el fin de la actividad minera».
Compromiso Sustentable
El compromiso con la sustentabilidad y la lucha contra el cambio climático fueron otros temas abordados por el presidente de la SONAMI. Al respecto, Hernández señaló: «Estamos conscientes de que un futuro bajo en carbono requiere de nuestro activo rol, porque somos los proveedores de insumos indispensables para las tecnologías limpias, tales como centrales de energía renovables no convencionales, la eficiencia energética y la electromovilidad, que requieren de gran cantidad de cobre, hierro y litio, entre otros minerales».
En la misma línea, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, planteó: «No va a haber lucha contra el calentamiento global sin la minería. La minería es absolutamente indispensable para poder revertir la situación que nos aqueja». Agregó que frente al escenario adverso que vive el rubro en la actualidad, marcado por la baja en el precio del cobre, «no debemos olvidar que seguimos siendo un actor relevante a nivel mundial, ya que poseemos los mayores yacimientos a nivel mundial de cobre y de litio, metales que serán altamente demandados por el acelerado crecimiento de la electromovilidad».
De igual manera, concluyó: «Somos un gobierno pro inversión, pero al mismo tiempo partidarios de compatibilizar esta actividad con el cuidado del medio ambiente».
El segundo mayor productor mundial de litio —un componente clave de las baterías de vehículos eléctricos— está en busca de inversiones de empresas en India, cuyo objetivo es convertirse en un centro global para la fabricación de vehículos de nuevas fuentes de energía.
Chile se ha acercado a empresas que incluyen a Mahindra & Mahindra Ltd. con el fin de establecer plantas de fabricación de baterías en la nación latinoamericana, según Rodrigo Yáñez, viceministro de Comercio chileno. También busca inversiones de compañías en otros países asiáticos, incluidos China, Japón y Corea del Sur, dijo Yáñez en una entrevista en Nueva Delhi a principios de esta semana.
«Nos hemos reunido con Mahindra y otras compañías indias aquí», dijo Yáñez, quien se encontraba en la capital india para firmar los términos de referencia para ampliar un acuerdo comercial preferencial entre los dos países. «Sabemos que cuando hablamos de movilidad electrónica, India está realizando muchas actividades al respecto y podemos ser socios estratégicos en el desarrollo».
Los comentarios de Yáñez llegan en un momento en que la administración del primer ministro indio, Narendra Modi, redujo los impuestos y dio a conocer un plan de US$1.400 millones para alentar la adopción más rápida de vehículos eléctricos como parte de sus esfuerzos por combatir la toxicidad del aire en un país que cuenta con algunas de las ciudades más contaminadas del planeta. La nación, que tiene el consumo de petróleo de mayor rápido crecimiento en el mundo, prevé convertirse en el cuarto
mercado más grande para los vehículos eléctricos en 2040, según BloombergNEF.
Chile está haciendo un nuevo intento de atraer a inversionistas para desarrollar productos de litio de valor agregado, al ofrecer litio más barato después de que tres compañías, incluidas Posco y Samsung SDI, se retractaran de sus contratos para establecer instalaciones de procesamiento en el país. Chile, hasta ahora, solo ha podido exportar el mineral en bruto a países como China o Corea del Sur, donde se fabrican la mayoría de las baterías.
«No queremos convertirnos simplemente en un exportador de materias primas», dijo Yáñez. «Queremos comprometernos con nuestros socios comerciales en esta iniciativa. Esto proporcionará estabilidad en
el suministro de litio a precios más baratos».
Se pronostica que la demanda de baterías de iones de litio utilizadas en vehículos eléctricos aumentará de 151 gigavatios-hora en 2019 a 1.748 GWh en 2030, a medida que las ventas de vehículos eléctricos de pasajeros aumenten a 28 millones en ese año, informó BNEF.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados debe votar este lunes su informe sobre la constitucionalidad del proyecto que busca declarar como interés nacional a las empresas del litio en nuestro país.
Según sus impulsores, esta iniciativa es el primer paso para expropiar Soquimich y otras grandes empresas explotadoras de litio.
Pero en la antesala de esta votación, han surgido críticas desde la bancada comunista, a la que pertenece el diputado Daniel Núñez, autor del proyecto, porque acusan que la comisión de Constitución está traspasando sus atribuciones.
Según Hugo Gutiérrez, la sala de la Cámara ya validó la constitucionalidad de la iniciativa y no corresponde que se vote en dicha instancia.
Pero el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, defendió el mandato de la comisión y manifestó que los diputados deben conocer las implicancias que tendrá esta legislación desde el punto de vista legal y constitucional.
La otra reclamación que ha hecho la bancada comunista, es que el ministro de Minería, Baldo Prokurica, ha intentado bloquear la votación de este proyecto.
Sin embargo, Prokurica contrató al abogado constitucionalista, Jorge Correa Sutil, de la Democracia Cristiana, quien aseguró haber detectado al menos cinco vicios de constitucionalidad en la iniciativa.
En días previos, el jefe de bancada de los diputados comunistas, Boris Barrera, envió una carta al presidente de la Cámara, Iván Flores, acusando al presidente de la Comisión de Constitución de tratar de votar, sin atribuciones para ello, el proyecto que declara al litio de interés nacional y permite expropiar operaciones relacionadas con la extracción del mineral no metálico.
La creación de esta zona fue un intento del régimen de Nicolás Maduro por conseguir ingresos luego de la caída de los precios del petróleo.
Un desalentador escenario se observa desde las alturas al sur del río Orinoco, en el estado Bolívar, donde está ubicado el Arco Minero.
La creación de esta zona fue un intento del régimen de Nicolás Maduro por conseguir ingresos luego de la caída de los precios del petróleo.
La Asamblea Nacional ha manifestado preocupación por la explotación de los minerales sin importar el daño ambiental que puede causar.
Pertenece a la Amazonia
El diputado Ramón Flores publicó un video en Twitter en el que muestra las condiciones del Arco Minero del Orinoco, zona perteneciente a la Amazonia.
«La destrucción indolente cometida con el pulmón vegetal más grande del planeta, que está ubicado al sur de Venezuela. Víctima de las manos criminales de este régimen por la extracción de recursos naturales», escribió en la red social.
Por estas acciones también hay denuncias debido a la presunta presencia de guerrilleros que explotan oro, diamante y coltán con el respaldo del régimen y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Incendio voraz
La explotación de los minerales en el Arco Minero del Orinoco cobró mayor importancia en los últimos días por el voraz incendio que se registra en la Amazonia desde hace más de dos semanas.
«Es el pulmón vegetal del mundo. Está conformado por 8 países, se cuentan 17 días de un incendio voraz que ha sacudido esta zona destruyendo el pulmón vegetal del mundo», dijo Flores en una entrevista ofrecida a la periodista Diana Carolina Ruiz.
La historia de la zona más golpeada por los pasivos mineros en Cajamarca, que se rehúsa a la sobreexplotación de sus tierras.
A tres horas de la ciudad de Cajamarca, en medio de una neblina y un viento helado que envuelve la vegetación de Chugur (Hualgayoc) a 4000 m.s.n.m; el pequeño y silencioso Jhon Gallardo Pérez de siete años desconoce las reformas políticas pendientes en el Congreso y apenas ha escuchado sobre los incendios forestales desatados en la Amazonía de Brasil. Lo que ha aprendido a su corta edad es que los ríos no son de agua clara sino amarillenta, que su familia y sus animales sufren males por la contaminación de las mineras que lo hacen saltar del susto por los estruendos de las explosiones; y que otra empresa quiere entrar a Chugur a hacer exploraciones en busca de minerales.
Antes de que las operaciones mineras comiencen a dejar extensos pedazos de tierra muerta por la provincia de Hualgayoc, el distrito de Chugur solo era reconocido por los 12 mil litros diarios de leche y otros productos derivados que llegan hasta los mercados de Lima, Trujillo (La Libertad) y Chiclayo (Lambayeque). Chugur es un nombre que proviene de “chugurcillo”, una planta de flores lila que abunda en sus campos; o del término “cchuga” -de la desaparecida lengua culi según el lingüista cajamarquino Hugo Miranda- y que hace referencia a “terrenos en forma de plato”.
Desde hace dos años, Jhon siente dolores en el cuerpo. Se lo contó a su mamá, Roxana Pérez Ruiz (28), y a su abuela, Isabel Ruiz Alarcón (62), quienes se dedican a la producción de leche, y a la siembra de papa y olluco cerca a su casa, en la zona alta de Chugur, conocida como Sinchao, por donde pasa un río amarillento del mismo nombre.
Roxana Pérez Ruiz, junto a su hijo, Jhon. Viven en la zona alta de Chugur, Sinchao, una de las áreas más afectadas de la provincia de Hualgayoc (Cajamarca).
-¿Has sentido algún tipo de malestar o dolores en el cuerpo? -le preguntamos a Jhon, quien inmutado asiente con la cabeza. Al preguntarle qué partes del cuerpo le duelen, se lleva el dedo índice a la sien y lo desliza hacia abajo hasta llegar a la nariz. Roxana, su madre, rompe el silencio de su hijo y comenta que a veces le sangra la nariz. El dedo índice de Jhon sigue bajando hasta llegar a la garganta, y tras una pausa que indica dolor en esa parte de su cuerpo, termina en el estómago.
Roxana cree que los dolores que siente su hijo son secuelas causadas por convivir con los pasivos ambientales. Los mismos que han contaminado a sus animales y los ríos de donde consumen agua. “Acá ya no podemos tomar agua cruda, antes tomábamos sin hervir (…) Estaremos con los metales más pesados acá, plomo a la sangre tendremos pe, si estamos acá cerquitita”, susurra.
Las sospechas de Roxana tuvieron sustento cuando, luego de la declaratoria de emergencia ambiental en los distritos de Hualgayoc y Chugur, las intervenciones delOrganismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (CENSOPAS) pusieron en el papel los altos niveles de contaminación por metales pesados en Hualgayoc.
En Sinchao, la zona alta de Chugur en donde la empresa Anta Norte pretende empezar a explorar en busca de minerales, hay por lo menos 91 pasivos ambientales mineros sin reparar.
Salud en emergencia
En setiembre de 2016, la entonces ministra de Ambiente, Elsa Galarza Contreras, declaró en Emergencia Ambiental las zonas altas de las microcuencas de los ríos Tingo-Maygasbamba, Hualgayoc-Arascorgue y Perlamayo, ubicados en Hualgayoc, provincia que actualmente tiene 1286 pasivos ambientales.
Con las alertas activadas desde la PCM, se empezó a ejecutar el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo y las intervenciones de diferentes sectores del Ejecutivo para medir el grado de afectación por metales en personas, animales, ríos y suelos.
El CENSOPAS empezó por examinar a 372 personas en Hualgayoc, de los cuales 97 eran de Chugur. En todos ellos encontraron plomo, cadmio, mercurio y arsénico, por lo que el gobierno aprobó el Plan de Entrega de Resultados y Atención Primaria de Salud para darle seguimiento y vigilancia a los afectados por metales pesados.
En Chugur, las enfermedades más comunes, según las estadísticas del Ministerio de Salud y los censos del 2007 y 2017, son las gastrointestinales y las respiratorias, las cuales se contraen por el consumo de aguas contaminadas.
Exámenes realizados por la OEFA y la Universidad Nacional de Cajamarca encontraron plomo, arsénico y cadmio en varias quebradas y lagunas de Chugur.
Para el toxicólogo Ricardo Puell, quien ha atendido a por lo menos una treintena de afectados por metales tóxicos, la convivencia con los pasivos ambientales como sucede en la población de Chugur , genera que el daño sea crónico, y por ende, peor. «Se encuentran expuestos a diferentes metales que no se encuentran solos, sino en mezclas, y por lo tanto tienen un factor de riesgo de potenciación, haciendo que a pesar de tener los metales dentro de los Valores Límites Permisibles (VLP), este fenómeno hace que la combinación de los mismos en el cuerpo tengan un potencial tóxico final alto», apunta.
“Acá era bonito. los cerros eran bonitos, las aguas acá no faltaban y ya no hay ni para dar a nuestro ganado. Las aguas están amarillas. ¿Ya de dónde van a tomar?”, se pregunta Roxana, desde lo alto de Chugur, en Sinchao, rodeada de por lo menos 91 pasivos ambientales dejados por la minería, como 20 bocaminas, 13 piques, 8 tajos y 28 depósitos de desmontes y relaves.
Señalando a sus vacas, Roxana continúa: “Ellas también, tenemos que ver de dónde lo toman el agua para también la producción de leche lo podamos consumir. Hay tipos de cambio en su caquita y en partes orinan negro”.
Para la abogada especialista en temas ambientales, Gabriela Salvador, el estado de la zona alta de Chugur es crítica. “Una de las zonas que más pasivos ambientales en Hualgayoc es Sinchao (…) Por más que suene duro, se habla de que el área de Sinchao debería de verse la manera de generar desplazamientos. Estamos entrando en una etapa de desplazados ambientales. Y, aún, así el Minem está dando permisos de exploración”, sostuvo.
Además de vidas humanas afectadas por metales pesados, los animales y las tierras también estarían contaminadas por los pasivos ambientales que dejan sin reparar las empresas mineras.
Un estudio de la Universidad Nacional de Cajamarca sobre la calidad de las aguas de Chugur encontró plomo, arsénico y cadmio en seis quebradas de Chugur: Sinchao, Colorada, San Juan Pampa, Tacamache, Seca y Ramírez Tantahuatay. La OEFA, por su parte, encontró altos niveles de plomo en las lagunas Los Gentiles y La Huaca, y en menor grado en Las Auroras, Kiwillas y Campos.
La evidencia recogida muestra que las aguas no son la única fuente de contaminación. Una Declaración de Impacto Ambiental elaborada por la compañía CICA Ingenieros Consultores Perú SAC muestra la presencia de arsénico, cadmio y plomo en los suelos de Chugur. Las causas, según el estudio, podrían ser “la formación natural de los suelos” o la “antropogénica por las actividades desarrolladas en el sitio”.
Más minería
En mayo de este año, una carta de tono urgente llegó al despacho del congresista Marco Arana (Frente Amplio). Era del alcalde de Chugur, José Vargas Paredes, quien daba cuenta que la empresa Anta Norte S.A.C ya había empezado a realizar talleres en el distrito para presentar el proyecto de exploración de minerales, resaltando que en la zona aún hay pasivos ambientales sin reparar.
La empresa Anta Norte SAC es una compañía que fue cofundada por Southern Legaly Peru SAC, una subsidiaria de Regulus Resources Inc, una exploradora canadiense que busca minerales en Cajamarca para Southern Cooper Corporation Compañía de Minas Buenaventura, que tiene 169 infracciones ambientales y 42 multas que suman 4 millones 283 mil 168 soles.
Para los comuneros de Chugur, las empresas mineras que han operado en su distrito solo ha dejado tierra muerta después de extraer minerales.
El congresista Arana envió una carta al ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes Mezzano, en la que escribía: “solicito se me informe qué acciones adoptará su sector respecto al rechazo del proyecto de exploración Anta Norte por parte de la población de Chugur”.
Wayka pudo acceder a la transcripción del taller realizado en 19 de marzo por Anta Norte, con el acompañamiento de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, autoridades locales y comuneros. Casi al inicio de la ronda de preguntas, el comunero Martín Ramos Rondero tomó la palabra para expresar: “Toda empresa minera trae contaminación”.
La respuesta que le dio el ingeniero Melanio Estela Silva, de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MINEM, intentó –malamente- igualar la contaminación a gran escala de una trasnacional con la de un campesino en los andes: “Bueno eso es cierto, por si acaso toda actividad humana trae contaminación, no solamente la empresa minera. Hasta hacer mi casa en un rincón de mi chacra, si ya cambié el uso de esa zona, o sea, toda actividad origina, entonces lo que debemos hacer es cuidarlo y no maltratarlo mucho”.
Transcripción del taller que realizó la empresa Anta Norte el pasado 19 de marzo de este año, con el acompañamiento de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas.
Wayka también accedió a la Declaratoria de Impacto Ambiental que realizó la compañía CICA Ingenieros Consultores Perú SAC para Anta Norte S.A.C y encontró la larga lista de posibles impactos socioambientales en la zona.
La presencia de Anta Norte SAC en Chugur podría generar la alteración de la calidad del aire, emisiones gaseosas, variación de los niveles de ruido, afectación de los suelos por derrames de hidrocarburos, residuos u otras sustancias tóxicas; alteración de las aguas superficiales y subterráneas, además de las especies de flora y fauna, riesgo a la seguridad de los trabajadores y a la salud de la población.
“El Ministerio de Energía y Minas siempre dice que la agricultura y la minería pueden ir de la mano. Eso es totalmente absurdo, ustedes han podido ver. Con los años, los suelos y las aguas contaminadas, no podemos producir, no podemos tomar agua”, opina el alcalde de Chugur, José Vargas, quien también tiene una hija de 11 años, afectada por los constantes dolores de cabeza a consecuencia de los metales pesados.
Las operaciones de Anta Norte en Chugur consisten en remover 12 mil 908 metros cúbicos de tierra para construir 23 plataformas de perforación de 18×20 metros, además de dos pozas por plataforma para depositar los fluidos. También se instalarán pozas de lodos, almacenes de aceites, petróleo y residuos sólidos. Sobre esto último, se ha previsto generar hasta 64.8 kg de residuos peligrosos.
Una larga lista
Antes de Anta Norte, figura una lista de mineras que han operado en Chugur, y han dejado pasivos ambientales por doquier como el proyecto Tantahuatay, a cargo de la minera Coimolache -que es parte de Compañía de Minas Buenaventura-, la cual tiene 20 infracciones ambientales según la OEFA, y 137 mil 978 soles en multas, además de haber destruido parte del cerro “Dos Tetas” ubicado en la frontera de los distritos de Hualgayoc y Chugur.
Otra operación que dejó pasivos regados a su paso fue el proyecto Colorada, de la Compañía San Nicolás, que arrastra 62 infracciones y 7 millones 586 mil 845 soles en multas. La empresa Gold Fields, con 26 infracciones y 864 mil 312 soles en multas, también es conocida por la contaminación que desatan sus operaciones en Cajamarca: la población los responsabiliza de la muerte de más de 16 mil truchas y la contaminación de las aguas de 36 canales de riego.
Cuando un proyecto minero se queda en la zona, no discrimina altura, bajas temperaturas, flora, fauna o vidas humanas. Las infracciones y multas parecen quedar en el archivo del olvido, igual que las vidas afectadas.
La empresa Anta Norte SAC pretende instalar 23 plataformas de perforación de 18×20 metros en Chugur para buscar minerales, pese a que aún no se reparan los pasivos ambientales.
“Mire que Chugur ha sido tan bonito, con sus pastos verdes, su ganadería, hemos estado bacán, pero acá la empresa minera ha venido y lo ha secado todas las aguas, las plantas”, dice Roxana, repasando la vista de sus campos desde su casa. Ahora, sin saber de dónde consumir agua sin metales para su familia y sus animales, a ella como al resto del distrito, solo le queda recordar cómo fue Chugur antes de la minería.
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