El 5 de noviembre de 2015 parecía un día como cualquier otro para los habitantes de Bento Rodrigues, pequeña localidad del estado de Minas Gerais, al sureste de Brasil. Nada hacía presagiar lo que pronto ocurriría.
Súbitamente, se produjo el colapso de un depósito de relaves, que causó la liberación de más de 60 millones de toneladas de residuos provenientes de la mina Samarco. La avalancha tóxica arrasó con varios poblados y sepultó la vida de casi 20 personas, mientras que otros tantos quedaron en condición de desaparecidos.
El accidente fue calificado por el gobierno como el peor desastre ambiental en la historia del país carioca. El torrente se desplazó 650 kilómetros a lo largo del río Doce, causando graves daños a vía fluvial, y frenó su cauce arrollador solo cuando llegó al océano Atlántico. Sumado a las lamentables pérdidas humanas, como saldo de la tragedia resultó perjudicada una región de la costa brasileña que posee una gran diversidad de vida marina.
En Chile también han sucedido incidentes de características similares. Durante el terremoto de La Ligua, en marzo de 1965, a pocos kilómetros de La Calera, el tranque de relaves El Cobre cedió y, a consecuencia de ello, originó un alud que enterró al poblado minero El Cobre casi en su totalidad. Estimaciones cifran en alrededor de 200 las personas fallecidas y cientos de kilómetros de superficie contaminados con relaves. El depósito no contaba con normas de seguridad adecuadas, ya que en esa época no había un marco regulatorio aplicable.
En las décadas siguientes se elaboraron disposiciones orientadas a la minería extractiva, hasta llegar a la promulgación de la ley N° 20.551, que “Regula el cierre de faenas e instalaciones mineras”. Este cuerpo legal, que entró en vigencia en 2012, establece medidas dirigidas a mitigar los impactos ambientales de las operaciones y sus residuos, tras el cese de las actividades productivas.
Peligro Latente
Jacques Wiertz, profesor adjunto del departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, afirma que los residuos mineros son un tema que genera gran preocupación en las comunidades aledañas a las faenas. Los habitantes perciben la cercanía de tranques de relaves como una amenaza a su calidad de vida, en términos de los eventuales efectos sobre el aire, agua y suelos de su entorno.
Según la ley N° 20.551, el objetivo de un plan de cierre es “la integración y ejecución del conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos que se derivan del desarrollo de la industria extractiva minera, en los lugares en que ésta se realice, de modo de asegurar la estabilidad física y química de los mismos, en conformidad a la normativa ambiental aplicable”.
Esto significa, comenta Wiertz, que el depósito de relaves o estériles demuestre una estabilidad física y química que perdure en el tiempo. “Hay que considerar que los materiales van a quedar probablemente para siempre en el lugar donde se emplazan las instalaciones, por lo tanto todas las operaciones de la mina tienen que estar enfocadas a asegurar esa estabilidad”, explica.
La estabilidad física se refiere a una situación de seguridad estructural, que mejora la resistencia y disminuye las fuerzas desestabilizadoras que podrían afectar obras o depósitos de una faena minera, para lo que se adoptan medidas con el fin de evitar fenómenos de falla, colapso o remoción.
Fuente:https://www.induambiente.com/especial/residuos/para-un-final-feliz
Si bien todos los frentes –que implicaron acciones civiles y penales– se fueron cerrando, uno quedó abierto. Se trata de una querella presentada originalmente por Huertos de Catemu, que acusaba a varios ejecutivos de la minera de haber presentado falso testimonio en el citado juicio ambiental. 
El 14 de agosto de 2019 se cumplieron 10 años de que la 
¿Pueden las empresas afectar los derechos humanos de las personas? ¿Cómo? ¿Qué se puede hacer frente a ello?
Líderes y lideresas de las provincias de Espinar, Chumbivilcas, Paruro (Cusco) y Cotabambas (Apurímac) firmaron una carta en la que solicitan al señor Vicente Antonio Zeballos Salinas, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, que se les incorpore dentro del proceso del Plan Nacional de Acción. Las y los dirigentes de las cuatro provincias señalaron la importancia de participar en este espacio ante la continua afectación a sus derechos humanos por parte de las empresas mineras transnacionales que operan en el corredor minero. Así mismo, solicitaron que este proceso participativo sea llevado a cabo en las regiones de Cusco y Apurímac.
Al menos cuatro empresas mineras plagiaron estudios de impacto ambiental de otros estados para operar en Guanajuato capital, por lo que les fueron negados los permisos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Las luchas por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza están brotando desde las comunidades más humildes del país. Los pobladores y pobladoras han comprendido, porque lo viven día a día, que los bienes comunes de la naturaleza representan la vida de está humanidad cada vez más devastada ambientalmente.
La Sierra Norte de Puebla es históricamente territorio ocupado por comunidades indígenas, principalmente nahuas o maseuales, tutunakus, ñhañhus u otomíes, hamaispini o tepehuas entre otros grupos originarios y también por comunidades mestizas. Todos hemos convivido, sobrevivido y desarrollado bajo el manto de recursos que la Sierra y el bosque de niebla nos brindan. Cabe señalar que el estado de Puebla es el sexto estado con mayor diversidad bilógica a nivel nacional y cuarto con mayor diversidad cultural. Es por lo que, en las últimas décadas, ha estado en la mira del Estado y las grandes empresas nacionales y transnacionales para ser explotada y vendida al mejor postor.
El fin de semana se realizó el II Encuentro Macro Regional del sur en el distrito de Cocachacra, en Islay, Arequipa. En el evento se dieron cita, diversos representantes y delegaciones de Tacna, Moquegua, Puno, Cusco y Madre de Dios, quienes acordaron exigir la cancelación del proyecto minero Tía María de la empresa Southern.
Han pasado más de 50 días desde el inicio del paro indefinido en el Valle de Tambo. En la localidad siguen las protestas y se anuncian nuevas medidas de fuerza en contra de la criminalización por parte de la Policía Nacional. Los episodios de enfrentamiento continúan dándose en todo Islay, fuera de Cocachacra, en Mollendo y la Joya, donde protestan por la cancelación del proyecto minero. Solamente la última semana se dieron ocho detenciones nuevas contra manifestantes que protestaban contra el proyecto Tía María. Además, los manifestantes señalan que por la criminalización que se da en su contra, prefieren no acudir a los servicios de salud a atender a sus heridos.