El conflicto entre las comunidades del valle del Huasco y la empresa Nueva Unión, nacida de la alianza entre Newmont Goldcorp y Teck, llegó el pasado seis de septiembre a la Corte de Apelaciones de Copiapó. Desde las comunidades denuncian que el proyecto minero no cumplió con informar a la población, fraccionó el plan original para no entregar Estudio de Impacto Ambiental y transgredió el convenio 169 de la OIT.

Este viernes seis de septiembre en la Corte de Apelaciones de Copiapó, se realizaron los alegatos sobre los sondajes ilegales realizados por la empresa Nueva Unión en la cuenca del Río Huasco. Actualmente el proyecto se encuentra detenido por la determinación de la Corte de Apelaciones, a la espera de que se realice la investigación contra la empresa y contra el Servicio de Evaluación Ambiental que permitió el proyecto.

Recordemos que la planificación de la empresa Nueva Unión  comenzó a ejecutar el dos de mayo, realizando una serie de sondajes y calicatas en el sector de Maitencillo, con la finalidad de estudiar el paso del concentraducto con metales pesados y agua contaminada, 24 metros bajo el cauce del Río.

En su página web, Nueva Unión, afirma que la vida útil del proyecto se estima en 38 años, con potencial de expansión. La empresa buscará producir anualmente 224 mil toneladas de cobre, 269 mil onzas de oro, y 1.700 toneladas de molibdeno, durante los primeros cinco años de vida de la mina. Además, desde las comunidades denuncian que la iniciativa también proyecta construir  un relave de más de dos mil hectáreas junto a cuatro botaderos de estériles, los cuales amenazan afectar el ecosistema glaciar y los más de 350 vestigios arqueológicos que hay en el lugar.

Es importante aclarar que hasta ahora el proyecto no ha ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), por lo que las especificaciones técnica aún no son públicas.

Entre los principales problemas expuestos por las organizaciones defensoras del valle es que el diseño de los sondajes fue fraccionado para no tener que presentar un Estudio de Impacto Ambiental y solo entregó pertinencias, saltándose así el mayor filtro que disponen las instituciones ambientales.

Nueva Unión realizó un total de 193 sondajes sin entregar un Estudio de Impacto Ambiental al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). El reglamento SEIA, artículo 3, letra i2 determina que al realizar más de 40 sondajes se debe presentar un estudio o una declaración de impacto ambiental. El número de sondajes disminuye a 20 cuando los proyectos son realizados entre las Regiones de Valparaíso y la Región de Magallanes y Antártica Chilena, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Esta situación se ha convertido en uno de los argumentos más importantes para detener el proyecto, así lo consigna la abogada representante de las comunidades del Valle del Huasco, Alejandra Donoso.

“El SEA nunca sumó la cantidad de pertenencias o si las sumó no las hizo notar, y la verdad es que son más de 190 sondajes y eso si requeriría haber sido ingresado a evaluación y de hecho a través de un Estudio de Impacto Ambiental“

Otro arista del conflicto es la participación de comunidades diaguitas entre las agrupaciones afectadas. Este hecho significaría que la empresa estaría transgrediendo el convenio 169 OIT, vigente desde el año 2009 y acuerdo internacional que consigna el deber para el Estado de Chile de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, a través de sus instituciones representativas y procedimientos apropiados.

Esto según la abogada de la ONG Defensoría Ambiental, Alejandra Donoso, es otro de los argumentos que sustentan su reclamo.

“El convenio 169 es aplicable en este caso, dado que dentro del área de influencia del proyecto hay comunidades indígenas. Hay decisiones administrativas que han sido tomadas como la decisión del SEA de opinar que no hay un deber de ingreso a evaluación ambiental, son decisiones que afectan a las comunidades indígenas”.

Desde las comunidades, la vocera del Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco, Constanza San Juan, denuncia la forma en la que se enteraron de la realización de los sondajes, lo que ocurrió sin recibir ninguna información por parte de la empresa.

“Nos enteramos gracias a la alarma que iniciaron los agricultores y canalistas del cuarto tramo, cuando supieron que el dos de mayo se pretendían ejecutar tres sondajes en el río Huasco. Esto abría paso a una de las propuestas del proyecto Nueva Unión, que es pasar un concentraducto por debajo del río Huasco, con dos cañerías asociadas con agua contaminada”.

Es importante mencionar que la comuna del Huasco, en la región de Atacama  en los últimos años ha sido protagonista de la destrucción y contaminación industrial. Desde la minera Pascua Lama que afectó de forma irreparable los glaciares, hasta la contaminación generados por la empresa Agrosúper en Freirina. Estos son algunos de los hitos que han convertido a la región en una zona de sacrificio.

Actualmente las comunidades luchan por defender la cuenca del río Huasco y el ecosistema completo de la región, que se ve nuevamente amenazado por proyectos industriales. Entendiendo este panorama, la vocera del Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco, Constanza San Juan, critica el trabajo de las instituciones del Estado.

“Una pésima forma en la que han actuado, irresponsable y negligente por decir lo mínimo. Se sabe que este proyecto cuenta con todo el apoyo del Ministro Procurica y del Estado. Es uno de los proyectos mineros que más se nombra como estrella, por lo tanto sabemos que hay mucha presión y creemos que los servicios lo han recibido. La DGA (Dirección General de Aguas), no dio el permiso sectorial y finalmente termina concluyendo que hay posibilidad de afectación un mes después de que la obra se estaba haciendo, o sea el nivel de irregularidad, el nivel de irresponsabilidad es gigante“.

Luego de los alegatos presentados el viernes seis de septiembre, la Corte de Apelaciones de Copiapó debe emitir un veredicto. Las comunidades esperan que la sentencia de por terminado el proyecto de Nueva Unión.

Por otra parte, el importante daño ecosistémico y social sufrido por la Región de Atacama y en especifico el daño industrial que ha recibido la provincia del Huasco  lleva al cuestionamiento: ¿Hasta cuándo la prioridad del Estado van a ser las grandes industrias?

Fuente:https://radiojgm.uchile.cl/comunidades-del-valle-del-huasco-denuncian-ilegalidades-en-el-proyecto-nueva-union/?fbclid=IwAR3xMFqeg8F9AWUUdsmKtRi8Pvdq6UBE_cg7sZlPgQ0Doa2KMfpa4ZZ9xCo

Cómo toda zona industrial, el área adyacente al Gran Concepción ya está afectada por la contaminación atmosférica, química y marina de diversas industrias termoeléctricas, metalmecánicas, petroquímicas, pesqueras y de celulosa, así como otras actividades. Ahora podría sumarse un nuevo tipo de contaminación de aprobarse un nuevo rubro extractivo en la región: la minería de tierras raras. Y es que la temida contaminación radiactiva podría llegar a la zona de aprobarse el polémico proyecto a pocos kilómetros de la población de Penco y el Gran Concepción.

A tan solo 15 minutos en vehículo de la plaza de Penco en pleno centro de la ciudad, ya se encuentra funcionando una planta minera piloto de Tierras Raras en el fundo «El Cabrito» en dirección a la autopista del Itata por la ruta 0-390. El proyecto minero se encuentra además a menos de 10 kilómetros de densas zonas pobladas de la comuna de Concepción, lo cual no fue informado ni consultado a la comunidad penquista. Es el denominado proyecto minero Biolantanidos, el cual pretende la instalación de una faena minera a rajo abierto que utilizaría, según la empresa, 35.000 litros de agua por hora del Estero Penco y el Estero El Cabrito. También tendría la capacidad para procesar hasta 240 toneladas por hora de mineral a pocos kilómetros de la zona poblada. Actualmente este proyecto ingresó su Estudio de Impacto Ambiental a fines de 2018, por lo que en estos momentos el Servicio de Evaluación Ambiental lo estaría analizando para su eventual aprobación.

Las Tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos entre los que se encuentran el lantano, cerio, praseodimio y neodimio. Este grupo de elementos de la tabla periódica reciben también el nombre de Lantánidos. Las tierras raras se han vuelto indispensables para el desarrollo de nuevas tecnologías marcadas por aplicaciones cibernéticas, desarrollo creciente de la inteligencia artificial, nuevos materiales para dispositivos bélicos por parte del complejo militar-industrial y de programas espaciales de las potencias imperialistas, tales como aleaciones para fuselaje de aeronaves y vehículos espaciales, o sistemas de guías de misiles y aviones no tripulados (drones). Algunas aplicaciones civiles incluyen el desarrollo de microprocesadores, dispositivos de almacenamiento eléctrico e información digital, el desarrollo de energías eólica, solar, vehículos, medicina alópata, smartphones, cámaras digitales, televisores LED, baterías recargables, entre otras. Resultando unos elementos altamente estratégicos en el campo de la geopolítica mundial y la industria de la guerra.

Actualmente potencias como Estados Unidos están muy interesadas en adquirir nuevos suministros de estos metales desde diversas zonas del mundo, algunos analistas internacionales han planteado que detrás del interés de Trump por comprar Groenlandia estaría sus importantes yacimientos de Tierras Raras. En la lucha geopolítica global, Chile podría ser una buena alternativa para suministrar tierras raras a Estados Unidos, de hecho el portal Chile minería publicó que «a mediados de 2019, Chile podría convertirse en uno de los pocos países en la lista de los exportadores de tierras raras. Esto, luego de que la empresa Biolantánidos, que posee un yacimiento de estos minerales en Penco, Región del Biobío, firmara su primer contrato para suministrar concentrado al exterior». El cliente sería una empresa estadounidense llamada Rare Earth Salts. Por su parte recientemente La Tercera señaló que la subsecretaría de Adquisiciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos reconoció que «El Pentágono está preocupado por el control chino del mercado de tierras raras, fundamentales para el desarrollo de la industria armamentística y tecnológica del país».

Respondiendo a uno de los informes que la empresa minera Biolantánidos ha ingresado en forma de Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el Servicio de Evaluación Ambiental advirtió sobre la posibilidad de contaminación radioactiva destacando que el proyecto «no presenta antecedentes técnicos que permitan descartar la presencia de otros contaminantes en el mineral agotado el que será dispuesto en las quebradas, que producto de la extracción minera puedan ser liberados al medio, tales como sustancias radiactivas (Uranio, Torio, u otras), las que a consecuencia de la actividad de extracción, pudiesen aparecer en el material agotado, u otros que antes no estaban disponibles o lo estaban en forma muy limitada».

El portal Vida Sostenible indica que «tanto la extracción como el procesamiento de las tierras raras causan un elevado impacto ambiental. La extracción se hace en minas a cielo abierto y para su procesamiento se requieren productos químicos muy agresivos. Además, en los minerales de los que se extraen es muy común la presencia de elementos radiactivos como el torio o el uranio. En este contexto, la producción de una tonelada da lugar a entre 9.600 y 12.000 metros cúbicos de gas residual que contiene polvo concentrado, ácido fluorhídrico, dióxido de azufre y ácido sulfúrico, unos 75.000 litros de agua residual ácida y alrededor de una tonelada de residuos radiactivos. Con ello, suponen la eliminación total de la vegetación del área de la mina y también de sus alrededores dada la contaminación que se genera (siendo esta de naturaleza diversa -radiactiva, de partículas o de productos químicos-, afectando al aire, la tierra y a las aguas circundantes)».

De esta manera la explotación clásica de estos elementos estaría asociada a contaminación química y radioactiva. Aunque la empresa Biolantánidos ha anunciado (como es frecuente en propaganda publicitaria o en los propios proyectos para evaluación) que sus actividades serán inocuas para la población. Parte de los habitantes del Gran Concepción se mantienen escépticos a estas afirmaciones debido a las frecuentes trangresiones de empresas extractivistas a las pobres normas ambientales que existen en el país, así como la escasa capacidad de fiscalización de instituciones ambientales.

China, el principal productor mundial de tierras raras se caracteriza por contaminar enormes extensiones de terreno mediante su extracción. Un caso emblemático es lo que ocurre en la ciudad de Baotou la llamada capital de las Tierras Raras, descrito como uno de los lugares mas contaminados del mundo, donde las instalaciones mineras envenenan los cultivos y villas en la región, según ha informado The Guardian.  En esta ciudad se ha creado un lago artificial gigante, toxico y radiactivo, una imagen digna de las más escalofriantes distopías de ciencia-ficción. Por su parte la BBC ha explicado que «Liam Young, un investigador que trabaja en Reino Unido, tomó recientemente muestras al barro recogido en el lago y encontró que tiene una alta presencia radioactiva.» El medio de comunicación DW de Alemania ha realizado reportajes audiovisuales en donde se relatan consecuencias altamente contaminantes de accidentes como el de Mountain Pass en Estados Unidos que terminó afectando radiactivamente una reserva natural. En España en donde también han existido proyectos de extraccion de tierras raras, durante el año 2017 el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) concluyó que el tratamiento de tierras raras que la empresa Quantum Minería estaba tratando de extraer en el Campo de Montiel (Ciudad Real) debería vigilarse radiológicamente al superar los límites máximos de riego permitido.

Desde 2015 está operativa la planta piloto El Cabrito del proyecto minero Biolantánidos de extracción de Tierras Raras en los cerros aledaños a la ciudad de Penco. La planta es presentada como la primera fase de un proyecto minero que podría cambiar drásticamente los ecosistemas, así como la vida de los y las habitantes de la comuna de Penco, el Gran Concepción e incluso la región del Biobío. El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) ha informado que en la región del Biobío existe la impresionante cantidad de 476.300 hectáreas de concesiones mineras, muchas de empresas ligadas a Tierras Raras, lo cual gráfica la magnitud de la explotación que se podría imponer en la región.

Es por eso que de aprobarse el proyecto minero de tierras raras Biolantánidos podría ponerse en peligro la población de Penco y el Gran Concepción ubicada a pocos kilómetros de la faena minera. Una zona ya habituada a diversos tipos de contaminación atmosférica y química por complejos termoelectricos, petroquímicos e industriales en general, ahora podría verse afectada por la contaminación radioactiva, la cual podría afectar gravemente la salud de la población y los ecosistemas a su alrededor. Los desechos de esta minería a poca distancia de la población podría traer al Biobío el triste e impotente panorama que viven miles de familias acostumbradas a convivir con la contaminación minera en ciudades y localidades como Copiapó, Andacollo o Caimanes entre muchas otras en el norte del país.

Fuente:https://resumen.cl/articulos/el-peligro-radioactivo-que-acecha-al-gran-concepcion-ante-la-minera-de-tierras-raras?fbclid=IwAR24t_W_cIe5X7pgg9OZhIaomg42fK5WDeGQeRs8G10maDel9VY3DLVkGJ0