Chile

Dominga: El proyecto queda vivo, pero tambaleando

Corte Suprema entregó su veredicto en el caso Minera Dominga, gigantesca mina de hierro controlada por la familia Délano. El fallo ordena que el Tribunal Ambiental revise el fondo del caso, es decir, los antecedentes técnicos. Tanto la empresa como ambientalistas valoraron la decisión.


A seis meses desde que la causa quedó en acuerdo, la Corte Suprema entregó hoy su veredicto en el caso de Minera Dominga. La sentencia -con cuatro votos a favor y uno en contra- fue valorada de lado y lado, tanto opositores como la empresa que desarrolla la iniciativa, Andes Iron.

En resumen, el fallo de 183 páginas toma dos determinaciones claves. La primera es que despeja las dudas sobre la fase final del proceso de evaluación, es decir, los rechazos que en 2017 dieron el Consejo de Evaluación Regional de Coquimbo y el Comité de Ministros, que entonces presidía el exministro de Medio Ambiente del gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Mena.
Ambas actuaciones, a juicio del máximo tribunal, estuvieron dentro de la legalidad.

Este punto fue un duro golpe a las aspiraciones de Andes Iron, pues la arbitrariedad que acusaba respecto de ambas votaciones constituía el punto central de su estrategia judicial. Así lo expresó la defensa de la firma en marzo, en los alegatos ante la Corte Suprema, cuando acusó que “el proyecto Dominga no fue evaluado jurídicamente, con una mirada objetiva, sino su rechazo se debió a una decisión de mero orden político pequeño del momento”.

Esto, en relación con el caso Penta, empresa en la que uno de sus dueños, la familia Délano, está ligado a Dominga.

El segundo punto clave es que la Suprema devolvió el caso al Tribunal Ambiental de Antofagasta, que había revertido el rechazo al proyecto, para que se refiera ahora sobre el fondo, es decir, los aspectos técnicos.

Es este punto el que abre una luz de esperanza para la compañía, aseguran cercanos a la defensa. La visión que tienen es que los aspectos técnicos ya fueron revisados favorablemente para sus intereses, dado que la única revisión consolidada que existe es la hecha por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que en 2017 recomendó a los servicios públicos visar el proyecto.

“El Servicio de Evaluación Ambiental, una vez culminado un riguroso proceso de evaluación ambiental, procedió a dictar el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), resolución que recomienda a la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo aprobar el proyecto minero Dominga, precisamente por cumplir rigurosamente con la normativa ambiental vigente en el país”, dijo el presidente ejecutivo de la compañía minera Andes Iron, Iván Garrido.

Ello, creen en Andes Iron, sienta un precedente favorable para su aprobación.

Pero los opositores al proyecto tienen una percepción totalmente distinta. Además de celebrar un fallo que, creen, pone la lápida a la iniciativa, destacaron que si la revisión del Tribunal Ambiental se centra en aspectos técnicos deberá considerar diversos informes de organismos públicos que, contrario a lo que decidió el SEA, sí acusaban falencias.

“Ahora, el Tribunal Ambiental tendrá que ver los temas de fondo, que son la deficiencia en línea de base y donde prácticamente todos los científicos relevantes del país han señalado que es insuficiente”, planteó Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de la ONG Oceana.

El exministro clave

Quien presidió la sesión del Comité de Ministros que rechazó el proyecto -y que abrió una crisis que terminó con la renuncia de los ministros de Economía y Hacienda, Luis Felipe Céspedes y Rodrigo Valdés- fue el exministro de Medio Ambiente Marcelo Mena.

Del fallo conocido hoy, Mena destacó el hecho de que se descartaran irregularidades en la fase final de la evaluación. Además, dijo que si la justicia ambiental se mete al fondo del caso, existen informes que complican bastante la situación judicial de Dominga.

“La Corte Suprema clarificó que procedimentalmente no hubo vicio en los rechazos que se llevaron a cabo a nivel regional y en el Comité de Ministros. La corte obliga al Tribunal Ambiental a fallar el fondo, es decir, deberá observar los informes del Servicio Nacional de Pesca, el SAG, Conaf, el Shoa y los ministerios del Medio Ambiente, Salud, Agricultura y Desarrollo Social, que son lapidarios respecto de las falencias de línea base que motivaron su rechazo”, comentó Mena.

Ezio Costa, director ejecutivo ONG Fima, plantea otro punto relevante, que es que el Tribunal Ambiental de Antofagasta renovó varios de sus miembros, por lo que se espera una visión distinta sobre la iniciativa.

“Este fallo tiene una serie de consideraciones muy notables sobre también la falta de cuidado por parte del Tribunal Ambiental en revisar las cuestiones de fondo y habiendo hecho solamente un análisis de forma que era evidentemente poco profundo. Es muy bueno que el juicio vuelva al Tribunal Ambiental con nuevos miembros y ahí que se resuelva como corresponde”, comentó.

En tanto, dos expertos ambientales alertaron que el fallo abre más incertidumbre a un proyecto que ya lleva seis años en evaluación ambiental.

“Es complejo que el proyecto se pueda desarrollar, ya que vuelve a la etapa del pronunciamiento del tribunal donde estará por lo menos un año más y, además, que el tribunal necesariamente va a tener que pronunciarse respecto del fondo y luego vendrán recursos posteriores, entonces lo pone muy cuesta arriba”, advirtió el exsubsecretario del Medio Ambiente, Jorge Canals.

“No es un buen fallo para el país. Primero, porque no accedió a lo principal, es decir, que se mantenga el rechazo del proyecto, perpetuando la incertidumbre. Y segundo, porque desatiende las consideraciones ambientales que esgrimió tanto la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como el Comité de Ministros para rechazarlo”, agregó el exfiscal del Ministerio del Medio Ambiente, Jorge Cash.

 

Fuente:https://www.latercera.com/pulso/noticia/dominga-proyecto-queda-vivo-tambaleando/836915/

Chile

Los glaciares en manos mineras

Resulta insólito que sea el ministro de Minería, Baldo Prokurica, quien defiende las indicaciones incorporadas por el Ejecutivo al proyecto de Ley de Protección de Glaciares. ¿No deberían ser el Ministerio de Medio Ambiente o la Dirección General de Aguas, los interlocutores respecto de esta política pública? Es claro que el gobierno entregó a quienes están destruyendo glaciares, la prerrogativa de modificar, de acuerdo a sus intereses, el proyecto que propone protegerlos. Por ello no es necesario que responda sobre quien hace lobby para debilitar el texto. Él junto a Joaquín Villarino, del Consejo Minero, se han evidenciado al defender las indicaciones.

Abundante investigación científica ha demostrado la destrucción de glaciares por la minería en Chile. Golder Associates en 2005 mostró la destrucción irreversible de 62% del Glaciar Toro 1 y 71% del Glaciar Toro 2 por las exploraciones de Barrick entre 1981 y 2000. Brenning y Azócar muestran que al año 2010 las mineras habían destruido 4,5 km2 de glaciares, estimando una pérdida de más de 24.000 m3 de agua dulce. Recientemente Capus demostró que 1/3 de los glaciares presentes en 1955 en el área de faenas de Codelco/Andina y Anglo American/los Bronces, han sido destruidos por ambas empresas en la cordillera de Valparaíso y Santiago (Bodin 2019). Empresas que junto a los ministros de Minería han sido las más activas en bloquear todas las iniciativas legislativas para la protección de los glaciares en la última década.

Los glaciares son la principal reserva agua dulce en Chile central aportando entre 33% y 67% de los caudales según la misma DGA, dependiendo de la temporada. Por ello, el Presidente Piñera debería proteger los glaciares y no avalar iniciativas para seguir destruyéndolos. Chile puede vivir y desarrollarse con menos cobre, pero no así con menos agua.

 

Fuente:https://www.latercera.com/opinion/noticia/los-glaciares-manos-mineras/835216/?fbclid=IwAR10yevvXEzTuA8FRuyawbVaKUgkMRAh_I_efQLWCx8y0-9MsrmtVp9b394

Chile

Problemas medioambientales que han provocado empresas mineras en Chile

En pleno contexto de debate medioambiental, a nivel internacional y nacional, hacemos una recopilación de algunos casos emblemáticos de conflicto ambiental en donde empresas mineras han estado involucradas.

El debate medioambiental se encuentra al centro de la opinión pública a nivel internacional y nacional. Se expresó en la grave situación que afectó a la Amazonía, en los incendios sucedidos en sectores de África, en sequías en distintos lugares del mundo, entre otros varios preocupantes hechos que grafican la crisis ambiental producto del cambio climático y la destrucción de la naturaleza por parte del capitalismo.

Esta situación ha generado una respuesta mediante movilizaciones y protestas en distintos países del mundo- con el movimiento #FridaysForFuture a la cabeza y la activista Greta Thunberg-, y la activación de diversos gobiernos y estados que buscan contener el descontento y posicionarse a favor del medioambiente tras los profundos cuestionamientos, especialmente, por parte de la juventud.

Es en este contexto que se abren diversos cuestionamientos que apuntan a la destrucción del medioambiente, por parte de empresas y trasnacionales que han saqueado durante décadas recursos naturales, con el propósito de obtener suculentas ganancias, sin importar el daño que se cometa a la naturaleza, a comunidades, y a la vida de los sectores más empobrecidos, especialmente si hablamos de países atrasados y saqueados por potencias imperialistas.

Si pensamos en Chile, este saqueo y destrucción ambiental se expresa en el sur del país con las grandes forestales- en manos de las familias Matte y Angelini- que han destruido los bosques nativos y robado territorios a comunidades mapuche, y también con la gran minería en manos, principalmente, de trasnacionales imperialistas, las que no solo se han enriquecido gracias a los recursos naturales del territorio, sino que también se han visto implicadas en conflictos ambientales.

Casos de daño al medioambiente y comunidades por parte de empresas mineras

La extracción de minerales en un territorio no es en sí un problema, sino que el conflicto recae en cómo se realiza el trabajo, en beneficio de quiénes, y en la consideración que se tome hacia el medio ambiente, la naturaleza, los animales y los habitantes del sector. La clase empresarial y las autoridades del país han demostrado que el impacto ambiental y la contaminación provocada por las empresas mineras no es un asunto de relevancia para ellos, pues primero que todo están las millonarias ganancias que se obtengan de la explotación de la tierra y de los minerales. Tampoco es importante la situación laboral de los trabajadores que laboran en minas, menos su seguridad, lo que ha quedado demostrado en las variadas muertes de obreros en yacimientos mineros.

Los problemas medioambientales y de contaminación que afectan principalmente a las personas que viven en las cercanías de yacimientos mineros y de empresas, son variados e impactan desde distintos frentes. El Centro de Computación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile (CEC) en uno de sus documentos (1) establece ocho situaciones donde la extracción minera perjudica al entorno:

1) Daño a la tierra, donde se ha estimado que “el uso de tierra para uso minero entre 1976 y 2000 es de 37.000 km2; esto es cerca del 0,2% de toda la superficie terrestre (…) El grado de recuperación de esos terrenos es creciente y muchos hoyos antiguos se han utilizado para botar desperdicios de minas antiguas o domésticos”; 2) Liberación de sustancias tóxicas, donde “los metales no solo son importantes para el uso que hacemos de ellos, sino que también son parte integral de nuestra naturaleza y de otros organismos vivos (…) En el medio natural los excesos pueden generarse por drenajes de aguas de minas, de desmontes o de relaves mineros”; 3) Drenaje ácido de minas, lo que provoca las aguas ácidas “generadas por la minería actual o pasada resultan de la oxidación de minerales sulfurados principalmente pirita en presencia de aire, agua y bacterias (…) Esta agua pueden venir de tres fuentes principales: sistemas de desagüe de minas, tranques de relaves y desmontes”; 4) Salud y seguridad de los trabajadores, debido a que “existe el riesgo de exposición de los trabajadores mineros a materiales tóxicos derivados de las menas en las minas, plantas y fundiciones (ej. Cd, Pb, Hg) y a los reactivos químicos utilizados en el procesamiento de menas, para lo cual deben considerarse las medidas de protección adecuadas”, situación que no se toma con responsabilidad por parte de las empresas mineras y que se traduce en diversas enfermedades que afectan todos los años a los obreros, debido a la constante exposición a sustancias tóxicas.

El documento continúa graficando otras cuatro situaciones provocadas por la extracción de minerales, 5) Polvo, por lo que “el control de polvo debe ser importante en cualquier mina en la cual se genere polvo silíceo puesto que este puede producir silicosis y enfermedades pulmonares asociadas”, situación que hace recordar las movilizaciones convocadas por los habitantes de Antofagasta, bajo la consigna de “Este polvo te mata”- durante el 2015-, haciendo alusión a los problemas de salud generados por la empresa Antofagasta Terminal Internacional S.A. (ATI) del grupo Luksic; 6) Ruido, debido a que “las operaciones mineras, plantas y fundiciones usualmente tienen altos niveles de ruido. Este es uno de los peligros ocupacionales más comunes”; 7) Desmontes y relaves, producto de que “la minería frecuentemente involucra mover mucho material estéril o de leyes no económicas y depositarlos en desmontes en las cercanías de las minas”, un problema que viven en la actualidad los habitantes de Caimanes, debido a la contaminación del agua que ha provocado la minera Los Pelambres; y por último 8) las fundiciones que “emiten SO2, el cual junto con NOx y CO2 origina lluvia ácida. Esto también ocurre en plantas eléctricas termoeléctricas que usan carbón. Las fundiciones de Caletones de Codelco y Ventanas de Enami liberan alrededor de 400 toneladas al día de SO2 al aire”.

Los conflictos medioambientales y la respuesta de la población

“Este polvo te mata”, como se mencionó anteriormente, es la consigna con que miles de antofagastinos salieron a las calles en 2015 para evidenciar un grave problema de contaminación que afecta a la salud de la población del sector. La empresa responsable de esta situación es Antofagasta Terminal Internacional S.A. (ATI) del grupo Luksic, la que provocó que en enero de dicho año 143 niños que asisten a dos jardines infantiles que se ubican cerca del Puerto de Antofagasta, presentaran fuerte presencia de arsénico y plomo en su sangre. Debido a esto, miles de personas se movilizaron en repudio a dicha empresa que genera graves problemas a la salud a los habitantes.

Los habitantes de Caimanes estuvieron por lo menos 14 años luchando por la demolición del tranque de relaves El Mauro de la minera Los Pelambres, con el objetivo de permitir el escurrimiento de las aguas del estero Pupío a la comunidad de la zona. Fueron miles de personas las que se movilizaron y realizaron diversas protestas con el objetivo de visualizar esta situación que estuvo oculta durante años por los medios de comunicación tradicionales.

La dura represión policial y del Gobierno en más de una ocasión violentó a los habitantes de Caimanes, los que denunciaron en varios momentos esta situación. Producto de la intensa lucha de las personas, en marzo de 2015 el Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos ordenó la demolición del tranque, sin embargo, minera Los Pelambres anunció que apelaría legalmente.

Por su parte, en noviembre de dicho año se difundió una resolución legal que estableció que el Estado de Chile debía indemnizar a pobladores de Arica, debido a los perjuicios provocados por la contaminación causada por un acopio de minerales en un sector residencial ubicado en el cerro Chuño.

Estos tres ejemplos mencionados son solo algunos de los problemas medioambientales y de salud provocados por empresas mineras, las que son responsables directas de los perjuicios hacia la población, mientras cada año obtienen millonarias ganancias a costa de la explotación de los trabajadores y la depredación del medio ambiente.

 

Fuente:http://www.laizquierdadiario.cl/NO-SUBIR-Problemas-medioambientales-que-han-provocado-empresas-mineras-en-Chile

Argentina, Chile, Litio

La industrialización del litio: Los casos de Argentina y Chile

La definición e implementación de una Política de Industrialización en Chile debe trascender los gobiernos de cuatro años y convertirse en una Política de Estado, de modo de viabilizar el avance hacia un país más competitivo.

En marzo de 2018 se anunciaba que para 2021 el grupo compuesto por las surcoreanas Posco y Samsung SDI construiría una planta de cátodos en Chile, en el marco del proyecto de baterías de litio que le adjudicó Corfo. A este consorcio se sumaban otras iniciativas de Molymet Chile y el grupo chino Sichuan Fulin Industrial Group, que en su conjunto invertirían más de US$750 millones en el país, utilizando litio suministrado por Albermale a un precio preferencial.

Sin embargo, recientemente Posco se retiró del proyecto en Chile, posteriormente lo hicieron los otros actores, dado que su planta requiere hidróxido de litio, una variedad cada vez más demandada por los fabricantes de baterías de autos, pero que Albemarle no produce en el país. Es importante destacar que Corea del Sur se proyecta para 2028 como proveedor del 25% de las baterías de litio a nivel mundial, y en este escenario, Posco ha contraído acuerdos con la australiana Pilbara Minerals para la construcción en Corea de una planta de hidróxido de litio y de carbonato de litio que entrará en producción en 2020.

Acuerdo con Albemarle

Albemarle y el gobierno chileno firmaron en 2016 un acuerdo que le permite a dicha compañía triplicar su producción de litio. Pero el acuerdo requiere que la empresa reserve hasta un 25% de su producción para compañías que buscan construir baterías o sus partes en Chile. Sin embargo, el contrato no especifica si Albemarle debe producir carbonato de litio o hidróxido de litio en sus instalaciones. A la fecha Albermale produce carbonato de litio y ha declarado no tener planes de producir hidróxido de litio en Chile.

Esta sucesión de hechos se da en el esfuerzo de modernizar la política nacional sobre el litio, elevar la producción y desarrollar una industria de valor agregado, en un contexto en que el país posee los mayores recursos de litio del mundo, cuya demanda creciente está asociada a la futura demanda mundial de vehículos eléctricos. Obviamente el anuncio de Posco es un revés en esta “política de industrialización”.

 Paralelo con Argentina

Este desafío de generación de productos de valor agregado a partir de litio no es sólo empeño de nuestro país, también de nuestros vecinos Argentina y Bolivia, países que también poseen recursos relevantes a nivel mundial y que han implementado estrategias bastante diversas. A la fecha, pareciera ser que Argentina lleva el liderazgo con su proyecto en Jujuy.

De acuerdo con el informe “Litio en la Argentina” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2019, las reservas de litio en ese país representan un 13% de las mundiales; mientras que la producción local del mineral es de 30.400 ton al año, lo que convierte a Argentina en el tercer mayor productor de litio del mundo. El estudio coincide en que el litio en el país se concentra en Catamarca, Jujuy y Salta. Por otra parte, según información de Cochilco, Chile tiene el 48% de las reservas mundiales de litio.

En Chile el término “Política de Industrialización” ha estado en general ausente en los discursos y espacios de reflexión. Sin embargo, países como Australia han sostenido desde décadas una visión integrada de lo que es el desarrollo de la industria y cómo influye en ella la innovación y la investigación y desarrollo.

A principios de junio último, en la provincia argentina de Jujuy se dio inicio a la construcción de la primera planta de fabricación de baterías de iones de litio de Sudamérica. La empresa funcionará en el Parque Industrial de Perico y estará gerenciada por la firma Jujuy Litio, que asocia a Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y la italiana SERI.

El Grupo SERI tendrá una participación en el proyecto del 40%, y el Estado, a través de Jemse (Jujuy Energía y Minería), el 60% restante. La inversión proyectada es de US$60 millones. Por otra parte, se construirá una planta espejo en Nápoles (Italia) en donde las participaciones de SERI y Jemse serán inversas, con el 60% y 40% respectivamente, atendiendo así también intereses de la EU en cuanto a manufactura local.

Las etapas del proyecto contemplan el montaje de una planta piloto de ensamble de baterías de litio, la fabricación de celdas de la batería de litio y la producción de material activo, en base al material extraído de los salares jujeños bajo normas sustentables y amigables con el medio ambiente.

SERI es una compañía italiana que tiene una larga trayectoria en la fabricación de baterías de litio en Europa, y su posicionamiento le permitirá tener mayor exclusividad que los países asiáticos a la hora de ingresar baterías a la UE. Así, SERI contribuye a la alianza con capital, conocimiento técnico especializado y acceso a mercados.

Las estrategias seguidas por ambos países se diferencian en varios aspectos:

– Encadenamiento productivo: Argentina, en el proyecto de Jujuy, ha implementado la integración total de la cadena de producción, en donde al recurso que tiene el país se suma todo el encadenamiento productivo de su socio SERI. Chile, por el contrario, en su estrategia fracciona el encadenamiento productivo dejando que la extracción sea un negocio independiente del futuro encadenamiento productivo, que empresas como Posco y Samsung SDI prometían aportar. Los incentivos y convergencia de intereses en el éxito del negocio difieren sustantivamente en uno y otro caso.

– Los incentivos a la inversión: Chile estableció una estrategia en donde las empresas como el consorcio Samsung SDI y Posco podían optar a un precio de litio más barato que en el mercado, mejorando así la rentabilidad del futuro negocio de generación de partes de baterías de litio. Argentina, en específico Jujuy, definió ser socia mayoritaria a través de la empresa estatal Jemse, de modo de reducir el riesgo de la inversión del privado al compartir el Estado el riesgo del negocio.

– Retorno esperado: ambas estrategias esperan generar empleo más calificado, así como investigación y desarrollo en sus respectivos Institutos del Litio. Sin embargo, en el caso argentino se suma que el Estado es partícipe directo del negocio con la propiedad del 60% de la nueva empresa, accediendo así al beneficio económico directo que éste genere, y aún más, al control mediante su participación mayoritaria. Por otra parte, Chile cobra un “royalty”, el cual tiene dos componentes: uno basado en ventas y otro consistente en un pago anual según margen operacional.

Política de Industrialización

Todos los anteriores elementos forman parte de una Política de Industrialización, en donde es crucial lo que un país defina, ya que puede llevar a caminos muy distintos en el desafío de aumentar la competitividad y llegar a ser algún día un país desarrollado.

En Chile el término “Política de Industrialización” ha estado en general ausente en los discursos y espacios de reflexión de cómo superar el estancamiento de nuestra economía. Sin embargo, países como Australia han sostenido desde décadas una visión integrada de lo que es el desarrollo de la industria y cómo influye en ella la innovación y la investigación y desarrollo. Es así que este país tiene el Ministerio de Industrias, Innovación y Ciencia, bajo cuyo alero existen centros como el conocido Csiro y la Agencia de Geociencia, a los que se suman organizaciones como el “Australian Qualifications Framework”, donde se definen los estándares para la educación calificada en Australia, la que comprende la educación terciaria con diplomas, certificaciones, masters y doctorados, potenciando así la alineación entre las necesidades de la industria, la formación académica y la investigación, desarrollo e innovación.

 

Fuente:http://www.latinomineria.cl/blog/2019/09/13/la-industrializacion-del-litio-los-casos-de-argentina-y-chile/

Internacional, Litio

Tianqi posterga ampliación de proyecto de litio en Australia ante exceso de oferta global

Según prensa de Australia, la firma china dueña del 24% de SQM decidió poner en pausa la ampliación del proyecto de hidróxido de litio Kwinana. Tras la decisión, Albemarle y la minera chilena subieron en bolsa.

Nuevas medidas para contener el exceso de oferta en el mercado del litio decidió la empresa china Tianqi, dueña del 24% de la propiedad de SQM y uno de los principales productores de litio del mundo.

Según reportaron diversos medios australianos como Financial Review y The West Australian, la china hizo este anuncio en medio de la inauguración de la primera etapa de ese proyecto, que costó US$700 millones. La expansión que la compañía decidió poner en pausa costaría otros US$300 millones.

La medida provocó que las acciones de los otros productores mayores de litio en el mundo, Albemarle -que es socia de Tianqi en proyectos en Australia- y la chilena SQM elevaran su cotización en los mercados internacionales. Los papeles serie B de la firma nacional subieron 4,3% en la bolsa de Santiago y 4% en el caso de los ADR, mientras que los papeles de Albemarle lo hicieron en 4,47%. Esto, ante las mejores perspectivas para estas empresas que abre esta decisión, pues el sector enfrenta un escenario deprimido para los precios del litio dado el exceso de oferta que se vive a nivel global.

Por ello, la decisión no es aislada en la industria. La propia SQM ha decidido reducir sus ventas de litio en los mercados internacionales, de manera de completar inventarios para aprovechar un mejor panorama de mercado a futuro.

Además, la propia Tianqi y Albemarle decidieron posponer la expansión del proyecto de litio Greenbushes, mientras que el proyecto de Albemarle Kemerton se redujo en respuesta a la demanda más débil proyectada para los negocios de electromovilidad y baterías.

Pulso publicó este domingo que los precios del “oro blanco” no debieran repuntar en el corto plazo. Así lo dejó entrever hace algunas semanas, en la entrega de sus resultados al primer semestre, el CEO de SQM, Ricardo Ramos, quien proyectó el precio del litio en US$10.000 la tonelada para el cierre del tercer trimestre lo que no sería tan malo para SQM.

SQM prevé una fuerte recuperación del mercado desde 2020

Mejores perspectivas para el negocio del litio dio a conocer ayer SQM en su día del inversionista en Nueva York. La compañía estimó que la demanda de litio crecerá en un promedio anual de 18% en el período 2020-2025, en un rango que podría fluctuar entre 16% y 20%.

Pablo Altamiras, vicepresidente de Negocios de Litio y Yodo de SQM dijo que la “la demanda sólida y los fundamentos apoyan la visión de un importante crecimiento en los próximos años”.

En cuanto a los precios, SQM pronosticó que estos se ubicarán entre US$10.000 y US$15.000 la tonelada de aquí al 2025.

El CEO de SQM, Ricardo Ramos, agregó que dado este escenario consideran un plan de inversiones sólo en el negocio de litio de US$1.332 millones en el período 2019-2023.

 

Fuente:http://www.latinomineria.cl/blog/2019/09/11/tianqi-posterga-ampliacion-de-proyecto-de-litio-en-australia-ante-exceso-de-oferta-global/

Chile

Andes Iron tras fallo de Dominga: «Tenemos plena confianza de la evaluación ambiental que se hizo»

El presidente ejecutivo indicó además que el proyecto que estará emplazado en la Región de Coquimbo concilia el desarrollo minero con el medio ambiente.


La empresa a cargo del proyecto, Andes Iron se refirió al fallo de la Corte Suprema sobre Dominga, y afirmaron que tienen plena confianza de la evaluación ambiental que se hizo de la iniciativa.

“Andes Iron reitera su compromiso invariable de cumplir con los más altos estándares en materia ambiental. Por eso valoramos positivamente, tal como lo dispone la sentencia del máximo tribunal del país, que los tribunales ambientales deban pronunciarse sobre el fondo de los aspectos jurídicos ambientales del proyecto”, indicó el presidente ejecutivo de la compañía minera Andes Iron, Iván Garrido, en un comunicado.Además comentó que “el Servicio de Evaluación Ambiental, una vez culminado un riguroso proceso de evaluación ambiental, procedió a dictar el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), resolución que recomienda a la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo, aprobar el proyecto minero Dominga, precisamente por cumplir rigurosamente con la normativa ambiental vigente en el país.”

Finalmente el ejecutivo indicó que el proyecto que estará emplazado en la Región de Coquimbo concilia el desarrollo minero con el medio ambiente.

“Tenemos la convicción que las características de este proyecto son plenamente compatibles con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en lo relativo a la protección del medio ambiente y a la biodiversidad existente en la zona, así como cumple totalmente con la legislación nacional medioambiental”.

 

Fuente:https://www.latercera.com/pulso/noticia/andes-iron-tras-fallo-dominga-tenemos-plena-confianza-la-evaluacion-ambiental-se/836493/

Chile

«La situación climática empeoró; el único camino es la presión social»

Como antesala de la Asamblea General, la ONU convocó a un debate del que participaron dirigentes, empresarios y referentes ecologistas. El tema será abordado por los líderes mundiales en Nueva York. «Hoy no está asegurado que no sobrepasemos el 1,5º de alza de temperatura», dijo el ambientalista chileno Lucio Cuenca.

La Cumbre de Acción Climática, celebrada a un día del comienzo de la Asamblea General, convocó en la sede de la ONU en Nueva York a líderes mundiales, empresarios y referentes medioambientales como la joven sueca Greta Thunberg, quien sintetizó la dramática situación que atraviesa el planeta: «Nos están fallando. Los ojos de las futuras generaciones están sobre ustedes», dijo ante varios jefes de Estado.

«La situación ha ido empeorando gradualmente, por lo tanto el camino que está quedando es la presión social, la presión activa de la ciudadanía, los movimientos sociales y esta nueva generación de jóvenes».

«La historia nos ha demostrado que sin acción, sin movilización social, no se podrá cambiar la mentalidad de nuestros políticos, para cambiar los modelos productivos que profundizan la crisis climática», aseguró a Voces del Mundo Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) desde Chile.

El ambientalista chileno expuso un escenario poco optimista y cuestionó la responsabilidad de las potencias mundiales. «Hay que ponerse en posición de exigencia con las economías más grandes, que son responsables de las emisiones históricas, a costa de los países del sur, que vivimos las consecuencias de ese nivel de consumo y de ese estándar de vida. No debemos diluir las responsabilidades, hay unos más responsables que otros, que deben comprometerse por bajar sus emisiones. La justicia climática tiene que ver con esa visión», aseguró.En tanto, Cuenca se refirió a la COP25 –la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático–, que este fin de año tendrá lugar en Santiago. Criticó los llamados mecanismos de mercado que buscan regular la emisión de gases de efecto invernadero mediante bonos negociables y advirtió sobre la actividad minera en su país.

«Las empresas mineras están desarrollando grandes campañas comunicacionales diciendo que la minería es el centro de la transición energética para enfrentar la crisis climática, cuando son un factor de la crisis climática».

«Los mismos que han generado el problema ahora nos quieren vender la solución. Y no se considera el impacto de la minería. Llamaría a tener cuidado al avalar esos discursos, que quieren ampliar aun más la explotación de minerales en la franja limítrofe en nuestros países. Los glaciares no son solo reservas de agua, sino testigos geológicos de la la historia y reguladores de la temperatura», apuntó.

Fuente:https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/201909241088772345-cambio-climatico-preocupacion-de-la-onu/?fbclid=IwAR0v-IBriFuml3fk78Jy84Cwq12WI_PnTEB3VQwLzLMse_xuoFP0JhSXuCw
Chile

Minera Dominga: Corte Suprema rechaza reclamación de Andes Iron y devuelve caso al tribunal ambiental

Dominga es un proyecto integrado de mina y puerto, que se ubicará en la comuna de La Higuera, al norte de la Región de Coquimbo.


En un fallo muy esperado, la Corte Suprema finalmente se pronunció sobre Minera Dominga y decidió rechazar las reclamaciones presentadas por Andes Iron, devolviendo el caso al Tribunal Ambiental de Antofagasta, el que ahora deberá analizar el fondo del caso.

La Corte Suprema estableció en un fallo de más de 180 páginas que “se rechaza el segundo capítulo de la reclamación deducida por Andes Iron SpA, vinculados a la denuncia de vicios formales en la tramitación de las reclamaciones administrativas y en el pronunciamiento del Comité de Ministros”.

Además indicó que “el Primer Tribunal Ambiental, a través de Ministros no inhabilitados, conocerá y decidirá el fondo del asunto debatido, vinculado a las materias respecto de las cuales se omitió pronunciamiento”.

La decisión del Máximo Tribunal es favorable para la reclamación que presentaron los ambientalistas y no para Andes Iron, empresa que acusó vicios en el proceso que llevó adelante el Comité de Ministro.

La Corte Suprema retrotrae el proceso al Tribunal Ambiental de Antofagasta, indicándole que se pronuncie sobre el fondo del proceso -anteriormente lo hizo solo sobre la forma- y analizar si la información ambiental que se desarrolló en el proceso de evaluación ambiental es suficiente o no para aprobar la iniciativa.

El Proyecto

La iniciativa de Andes Iron, ligada a la familia Délano y Garcés, había sido rechazada tanto por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como por el Comité de Ministros en 2017.

Cabe recordar que la votación en esa instancia generó un verdadero terremoto político durante el gobierno de Michelle Bachelet, el que finalmente se tradujo en la salida del equipo económico de esa administración y que estaba liderado por el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, y su par de Economía, Luis Felipe Céspedes.

Dominga es un proyecto integrado de mina y puerto, que se ubicará en la comuna de La Higuera, al norte de la Región de Coquimbo.

En construcción creará 10.000 puestos de trabajo directos y 1.450 cuando esté en operación. Según la empresa, por cada empleo directo se generan unas 2,5 plazas laborales.

El proyecto con una vida útil estimada de 26,5 años contempla la producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, como subproducto.

 

Fuente:https://www.latercera.com/pulso/noticia/minera-dominga-corte-suprema-rechaza-reclamacion-andes-iron-devuelve-caso-al-tribunal-ambiental/836266/?fbclid=IwAR2GnLuQ9Z-bFn8OIav5uh2CrEMCjt7R1bZmhCFxkQsUc7j0TgafvtB9l4g

Internacional

La multimillonaria industria de los “servicios climáticos” está alterando el acceso a los datos sobre el cambio climático

¿Cómo evitamos un futuro en el que los mejores datos para salvar vidas y propiedades de la destrucción climática sólo estén disponibles para aquellos que puedan permitírselo?

Esta es la pregunta que se hacen algunos observadores y críticos de los “servicios climáticos”. El rápido crecimiento de este campo en los últimos años marca un cambio profundo en la forma en que nuestra sociedad crea y utiliza la ciencia. En lugar de centrarse ampliamente en los impactos regionales, nacionales o mundiales del aumento de las temperaturas, los proveedores de servicios climáticos crean datos adaptados a los responsables específicos de la toma de decisiones: el alcalde de una ciudad costera, por ejemplo, o el director ejecutivo de una empresa de servicios energéticos.

Este campo está generando una industria de compañías de servicios climáticos que perciben el potencial de beneficios enormes mediante la venta de datos personalizados a clientes que desean conocer con detalle financiero explícito dónde y cuánto les afectará el cambio climático.

Uno de los líderes de la industria, un ejecutivo de Silicon Valley llamado Rich Sorkin, defendió los servicios climáticos en mayo ante el Subcomité de Medio Ambiente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Argumentó que tomar la ciencia climática a gran escala producida por las agencias federales y convertirla en evaluaciones de amenazas hiperlocales es una forma crucial y efectiva para que las ciudades, estados, compañías e inversionistas se preparen mejor para la emergencia climática.Sorkin sugirió que su compañía climática Júpiter, centrada en el riesgo, está especialmente capacitada para asumir este trabajo. “Creemos que el gobierno federal debería delegar en el sector privado en esta área”, dijo en un comunicado.

Según la investigadora Svenja Keele, el crecimiento de los servicios climáticos privados “aleja los incentivos para la ciencia climática del interés público y los lleva a la búsqueda continua de beneficios.

Sin embargo, esa no es una opinión universalmente aceptada. A principios de este año, la revista Climatic Change dedicó un número especial a los servicios climáticos, que incluía preguntas difíciles de los críticos. La investigadora de la Universidad de Melbourne, Svenja Keele, argumentó en un documento que el crecimiento del campo “aleja los incentivos para la ciencia climática del interés público y los lleva a la búsqueda continua de beneficios”.

Mientras tanto, el profesor asistente de la Universidad de Guelph Eric Nost se preguntaba: “¿Cuándo agravan realmente los servicios climáticos las vulnerabilidades existentes?”Sorkin argumenta que empresas como la suya —que es parte de una industria que en 2015 se valoraba globalmente en 2.600 millones de dólares, con un crecimiento anual del 6% al 10%— son ágiles e innovadoras allí donde el gobierno puede ser lento y cauteloso. “Estamos años por delante de lo que está haciendo el sector público”, dice.

En su exposición, comparó el impacto de Júpiter en la ciencia climática con la influencia perturbadora de Amazon, Microsoft y Google en la supercomputación: “En casi todos los casos, el sector privado está liderando la adopción de estas nuevas tecnologías, impulsado por la brutal competencia por las ganancias”.

Y para compañías como la suya, esas ganancias pueden ser lucrativas. Entre los clientes de Júpiter se encuentran empresas de petróleo y gas, seguros y defensa. Un nuevo cliente puede esperar pagar entre 200.000 y 500.000 dólares para aprender cómo está expuesto a inundaciones, calor, tormentas, incendios y otros impactos del cambio climático. Una suscripción de un año de duración podría comenzar con un millón de dólares, dice Sorkin, “y para las grandes corporaciones podría ser mucho más que eso”.

Otras empresas también están tratando de sacar provecho del miedo y la inseguridad financiera provocados por el aumento de las temperaturas mundiales y el clima impredecible.

¿BUENO PARA LA SOCIEDAD?
Pero con esto han surgido preguntas sobre quién gana realmente.

“[Los servicios climáticos desarrollados comercialmente] a menudo son exclusivos y sólo son accesibles para aquellos involucrados y/o que pagan por ese servicio”, escribió en un correo electrónico Marta Bruno Soares, becaria universitaria de Met Office en el Reino Unido. “Lo que es crítico en este punto es entender cómo se están autorizando los servicios climáticos y qué acceso se permite a quién”.

Incluso los líderes de la industria reconocen el riesgo de un futuro no tan lejano donde los ricos y poderosos tengan mejor información y herramientas para protegerse de la devastación del cambio climático que los pobres y vulnerables.

“Esa es una gran preocupación, y ciertamente no voy a pretender que tenemos la solución”, dice Emilie Mazzacurati, fundadora y CEO de Four Twenty Seven, una compañía de servicios climáticos con sede en California que fue adquirida recientemente por Moody’s. Cuando se trata de la adaptación al cambio climático, añade, “hay una desigualdad enorme y preocupaciones enormes sobre la equidad que no vamos a resolver con datos”.

“Creo que es un tema extremadamente importante sobre el que estamos prestando mucha atención para tratar de abordarlo”, dice Sorkin. Según este directivo la compañía está buscando maneras de ayudar a los que tienen menos recursos, como trabajar con las comunidades de Estados Unidos para alejarse de los peligros climáticos en lugar de limitarse a reconstruir después de que ocurra un desastre.  “No estamos en posición de regalar lo que estamos haciendo, pero hacemos una cantidad sustancial de trabajo altruista”, dice.

INTEGRACIÓN DE RIESGOS
Mazzacurati fundó Four Twenty Seven después de que el huracán Sandy devastara la ciudad de Nueva York en 2012. “Lo que más me impactó fue el caos que [un] evento climático extremo podía traer a una de las ciudades más ricas, organizadas y con más recursos del mundo, y a algunas de sus empresas más poderosas”, recordó más tarde.

Con partes de Manhattan inundadas y sin electricidad, se pregunta por qué las organizaciones financieras en particular —que requieren una comprensión detallada del riesgo para sobrevivir— no se preparan para una amenaza climática obvia.

“Los científicos estaban diciendo ‘sabíamos que esto podía pasar”, dice Mazzacurati. “[Había] una desconexión entre los datos y proyecciones sobre los riesgos del cambio climático y el hecho de que no estuvieran integrados de forma sistemática para la mayoría de las organizaciones”.

Four Twenty Seven se describe a sí mismo como un proveedor de “inteligencia de mercado”. Pero se basa en el supuesto de que las empresas y los inversores que aprenden sobre los peligros hiperespecíficos a los que se enfrentan a causa del cambio climático —ya se trate de una fábrica expuesta a las inundaciones o de una inversión de alto carbono que podría devaluar una cartera— no sólo protegerán sus activos individuales, sino que impulsarán soluciones climáticas más amplias.

“Necesitamos tanto una acción política global como que las corporaciones se preparen para impactos específicos”, dice Mazzacurati. “La comprensión de cuán complejos [y costosos] son esos impactos… debería ayudar a motivar un mayor compromiso político”.

 

Mientras dirigía el equipo de servicios climáticos del Met Office Hadley Centre, Carlo Buontempo realizó un proyecto sobre el impacto del cambio climático en las corporaciones y las compañías petroleras.

“Cuando cambias la narrativa y empiezas a debatir el impacto que el cambio climático tendrá en ellos en lugar de lo malvados que son… entonces tienes una conversación completamente diferente”, dice Buontempo. “Es probable que desencadene la acción”.

Pero potencialmente sólo hasta cierto punto. En 2017, Royal Dutch Shell desinvirtió 7.250 millones de dólares en inversiones de las arenas petrolíferas de Canadá después de enterarse del daño financiero que un cambio en el mercado hacia la energía baja en carbono podría tener en su modelo de negocios. Sin embargo, más o menos al mismo tiempo la compañía gastó 53.000 millones de dólares en la adquisición del gigante de los combustibles fósiles BG Group, y The Economist informó recientemente que Shell está “destinando la mayor parte de su presupuesto anual de gastos de capital de 30.000 millones de dólares durante el período de cinco años [2021-2025] a proyectos relacionados con los combustibles fósiles”.

¿REEMPLAZO O COMPLEMENTO?
Los críticos se preguntan si es prudente asumir que los intereses de las corporaciones y otros actores poderosos se alinean perfectamente con los intereses más amplios de la sociedad.

“Debemos estar atentos a la posibilidad de que los modelos de prestación de servicios [climáticos], redactados en el lenguaje de la iniciativa empresarial, la eficiencia, la utilidad, la personalización y la flexibilización, simplemente consoliden el status quo… en lugar de apoyar respuestas transformadoras y equitativas al cambio climático”, escribió Keele en Climatic Change.

Mientras tanto, los defensores cuestionan la premisa subyacente de tales críticas: que el crecimiento de los servicios climáticos se produce a expensas de la investigación tradicional. “No reemplazamos la ciencia fundamental que realizan los científicos y las agencias gubernamentales”, dice Mazzacurati. “Somos usuarios de los datos y ayudamos a llevarlos al mercado”. De hecho, los ataques de la administración Trump contra la ciencia climática de Estados Unidos —incluyendo una propuesta de recortar mil millones de dólares sólo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica— son noticias desagradables para la industria. “Estamos muy preocupados por los recortes presupuestarios”, dice Mazzacurati.

Aún así, Sorkin reconoce que es poco probable que un enfoque del sector privado —al menos por sí solo— sirva a las necesidades de los más vulnerables del planeta. “Realmente no vemos a las comunidades o países subdesarrollados como generadores de ganancias para nosotros”, dice. Este tipo de proyectos, dice, sólo tienen sentido desde el punto de vista financiero con el gobierno o las ONG como socios.

UN CAMBIO DESESPERADAMENTE NECESARIO

No importa de qué lado estés, el hecho es que décadas de advertencias de los científicos climáticos aún no han producido la acción global necesaria para evitar la catástrofe. Buontempo dice que las empresas que responden a estrechos intereses egoístas son un aspecto de un cambio desesperadamente necesario que se aleja de las actividades que producen carbono, junto con estrategias para hacer frente a los impactos en los que ya estamos atrapados.

“La participación del sector privado es para mí inevitable”, dice. “No hay suficientes académicos trabajando en el clima para desarrollar todos los servicios que una sociedad necesita en esta etapa”. Independientemente de si es así o no, la cuestión sigue siendo la misma: ¿Quién se beneficiará en última instancia de esta participación, la sociedad en general o los ricos y bien posicionados?

 

Fuente:https://avispa.org/la-multimillonaria-industria-de-los-servicios-climaticos-esta-alterando-el-acceso-a-los-datos-sobre-el-cambio-climatico/?fbclid=IwAR2_On0MYtS5-_irFuVBXPX-xVO20FpCS6QsAQMALR2hafa1tZ4vNntYFog

Mexico

Entregar a escuelas recursos del Fondo Minero es una “perversa lógica de dependencia”: Rema

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) rechazó la propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para entregar los recursos del Fondo Minero –actualmente en litigio en el Poder Judicial– a los comités de madres y padres de familia de las escuelas primarias, para atender las necesidades de esos centros educativos.

Esa idea cultivaría una “perversa lógica de dependencia” para las escuelas frente a las grandes empresas mineras, subrayó la Rema, y alertó que, de concretarse la propuesta del Ejecutivo, las empresas mineras podrían utilizar ese programa para “lavar de facto” los daños al ambiente y a la salud que ocasionan.

López Obrador hizo la propuesta el pasado viernes 6, durante una visita al municipio de Charcas, San Luis Potosí, donde operan mineras.

En ese lugar detalló que actualmente se litiga la disposición de los recursos del Fondo Minero (para el desarrollo sustentable de estados y municipios mineros), cuya entrega fue suspendida por su administración, por considerar que las autoridades municipales no deben ser “intermediarias”, sino que los recursos deben ser entregados directamente a pobladores de las comunidades.

El presidente dijo que, si el gobierno federal es favorecido con la sentencia judicial, los recursos del fondo que corresponden a Charcas –casi 25 millones de pesos– podrían entregarse a comités de madres y padres de familia de las 33 escuelas primarias en el municipio, para que desde allí se administren y dispongan.

Fondo Minero “no llegaba a los pueblos”

En esa visita, López Obrador precisó que muchos años después de que se comenzó la entrega de territorio a las empresas mineras mexicanas y del extranjero, “desde la oposición empezamos a denunciar” que éstas no pagaban impuestos, “y se logró apenas hace cuatro años que se estableciera un impuesto para la explotación minera, y que ese dinero se destinara a apoyar las comunidades donde hay minas, como es el caso de Charcas y de muchos municipios del país”.

Lo obtenido para el Fondo Minero, aseguró, no llegaba a los pueblos, “por eso tomamos la decisión de detener ese fondo hasta aclarar bien cómo íbamos a entregar estos recursos, porque, como en todo, si el dinero pasa por muchas instituciones o hay intermediarios, no llega o llega con moche, con ‘piquete de ojo’, y ya no queremos que sea así, queremos que llegue directo a la gente el apoyo”.

En algunas entidades esa decisión provocó una controversia que llegó al Poder Judicial Federal.

El presidente dijo tener una propuesta “para destrabar el asunto”, siempre y cuando haya el acuerdo entre su gobierno, los estados y los municipios.

“Estaba yo proponiendo al gobernador (Juan Manuel Carreras) lo siguiente, a ver cómo se analiza, siendo también respetuosos de la autoridad municipal: nosotros estaríamos dispuestos a entregar estos 24 millones de pesos si se entregan directamente a la sociedad de padres de familia de las escuelas de Charcas. Así no pasan por ninguna oficina del gobierno federal, ni estatal, ni municipal, sino que nos ponemos de acuerdo con el presidente municipal, con el gobernador, y se entrega”, explicó AMLO en la visita que hizo Charcas el pasado viernes 6.

El dinero se dividiría entre las 33 escuelas primarias del municipio potosino, de acuerdo con el número de alumnos y necesidades de cada sociedad de madres y padres de familia, “y ellos deciden cómo ejercer ese presupuesto”, abundó.

Incluso anunció que el esquema comenzaría en Charcas y se replicaría en el resto del país. “Yo estoy seguro que así el dinero va a rendir. Todos los padres de familia van a querer tener bien las escuelas donde estudian sus hijos, y no se va a permitir que nadie se robe el dinero”, señaló.

De igual manera, expresó que si no surge el acuerdo y la controversia acaba dirimiéndose en tribunales, si éstos le dan la razón al gobierno federal, aplicará la repartición tal y como lo anunció: directamente a los comités escolares.

“Esa decisión la tenemos tomada”, apuntó López Obrador.

Sin embargo, para organizaciones como la Rema, esa forma de asignar los recursos del Fondo Minero ataría a las escuelas a una “lógica perversa de dependencia con respecto a las actividades de despojo a partir de la extracción que realizan las grandes empresas mineras”.

En un pronunciamiento, la organización reconoció las carencias en las escuelas, pero acusó al gobierno federal de no entender el problema de las actividades mineras en México. No es la redistribución de sus ganancias, “sino respetar el derecho de las poblaciones a decidir autónomamente sobre los bienes naturales localizados en los territorios y el tipo de actividades que pueden desarrollarse en los mismos”, puntualizó.

También recordó que el gobierno federal está obligado a dotar de recursos suficientes a las escuelas y al personal docente de las mismas, y si esto se liga directamente con la obtención del impuesto por las empresas mineras, dijo, “se condiciona la garantía de este derecho a la presencia de actividades extractivas profundamente destructivas”.

La organización recordó que Charcas es uno de los municipios del país donde la actividad de las mineras ha causado graves accidentes y la muerte de trabajadores, como ocurrió en 2016 con cinco trabajadores de la empresa Minera México que fallecieron en accidentes.

“El municipio de Charcas es, trágicamente, un caso que demuestra la gravedad de incurrir en la lógica planteada por López Obrador. ¿Acaso los 24 millones de pesos del Fondo Minero justifican el terrible deceso de estos trabajadores? ¿Justifican acaso la contaminación y daños ambientales que los habitantes de Charcas continuarán sufriendo años después de que cierren los proyectos extractivos de Grupo México y el flujo de recursos del Fondo Minero se interrumpa?”, cuestionó Rema.

 

Fuente:https://www.proceso.com.mx/599712/entregar-a-escuelas-recursos-del-fondo-minero-es-una-perversa-logica-de-dependencia-rema?fbclid=IwAR23nhcmCBT2XYnGNGlAecOD3DkcTAeQN6CyuIQ48RNEDwNI0W4CjyBiWtU