Argentina, Litio

Inversiones en litio: ¿Qué festeja el Gobernador de Jujuy?

Negocios privados que festeja no solo Morales con las multinacionales. Los economistas de Fernández también se anticipan al futuro de corporaciones que ubican a la provincia y al país subordinado a un modelo extractivista.

La semana pasada el gobernador, Gerardo Morales, junto a una nutrida comitiva de funcionarios se hizo presente en la planta de la empresa Sales de Jujuy con motivos del anuncio de una inversión de 300 millones de dólares.

Los fondos que contarían con un financiamiento de 180 millones de dólares por parte del banco japonés, Mizuho Bank Ltd. , estarían orientados a ampliar la capacidad productiva de litio de 17.500 a 42.500 toneladas para el año 2021.

“Están trabajando con una mentalidad abierta al mundo y eso es lo que queremos, que nuestros productos y su valor agregado se exporten e inserten en los mercados mundiales”, indicó, por lo cual ratificó el rumbo y el compromiso provincial “para sostener este proyecto con todo nuestro empeño y energía”, afirmó el Gobernador durante el acto según publicó El Tribuno (22/9/19).

No es la primera vez que Morales habla en primera persona cuando se refiere a la actividad de extracción del mineral de litio de la Puna jujeña. Casi como si fuera un logro de su gestión, cuando en realidad el negocio lo hacen empresas privadas.

En el caso de Sales de Jujuy, es propiedad de la australiana Orocobre y la japonesa Toyota, y opera la extracción de litio en común acuerdo con el Estado provincial que se ubica como socio menor de la multinacional con el 8,5 % del paquete accionario, a través de JEMSE, ¿Será entonces por esta sociedad que el Gobernador se siente parte de la producción de litio?

Si bien se desconocen los ingresos del Estado provincial que genera la sociedad de JEMSE con Sales de Jujuy, solo guiándonos por un cálculo aproximativo, el pago de impuestos del conjunto de las empresas mineras en la provincia es un insignificante 0,9 por ciento del total de sus exportaciones. Las migajas no deberían ser motivo de festejo.

Pero el ponerse la camiseta de Sales de Jujuy, tal vez, se pueda explicar a partir de ubicar al Estado como un garante de los negocios de grandes corporaciones que extraen con total libertad (bajo su amparo) recursos del suelo que pertenecen a las comunidades originarias, provocando además un fuerte impacto ambiental. De esta manera, el gobierno haciendo uso de una política con ciertos tintes “desarrollistas” a favor de las multinacionales, no da cumplimiento siquiera a derechos a los pueblos indígenas establecidos en la Constitución nacional o el Convenio 169 de la OIT y en otros tratados internacionales”. Este sería otro motivo para no festejar.

El litio en la mira

La explotación de litio en manos de un puñado de grandes empresas (Albemarle Corp., (USA), Soc. Química y Minera de Chile SA y Tianqi Lithium Corp. y Ganfeng Lithium Co. de China) opera, al igual, que otras actividades de tipo extractivistas en manos de corporaciones que ubican a los países de América Latina como reservorios de recursos naturales y, se aprovechan de la mano de obra cada vez más barata en dólares, producto de la devaluación del peso argentino que este año alcanza al 50 %, junto con leyes nacionales y provinciales que les dan facilidades fiscales.

No solo es el gobierno de Morales, sino el propio Frente de Todos, a través de sus economistas (Nielsen, Kulfas, Álvarez Agis) que ubican al litio como un destino privilegiado para potenciar la llegada de nuevas inversiones, como también para ensayar reformas laborales que quiten derechos a los trabajadores siguiendo el ejemplo que festejan los empresario que invirtieron en Vaca Muerta.

Anticipando el futuro

La Bolsa de Comercio de Rosario confeccionó un informe donde destaca como el mineral triplicó su precio en los últimos 10 años, a la vez, justifica el rol subordinado en el negocio del litio que le corresponde a la Argentina en las cadenas de valor en el mundo.

“Estados Unidos, Japón, China y Corea del Sur, nuclean el 95% de las exportaciones de todo el complejo del litio argentino y han establecido en la región varias compañías dedicadas a la extracción del preciado metal. Un excelente ejemplo de la integración vertical en la industria automotriz son los grupos japoneses Toyota y Mitsubishi, que buscan asegurarse suministros de litio a través de fuerte inversión en la puna argentina.”

Los elevados costos de transporte a los centros de fabricación y consumo como los altos requerimientos de especialización tecnológica son algunos de los principales motivos que destaca el informe, al momento, de justificar el rol de proveedor del recurso con un escaso valor agregado. Muy lejos de la fabricación incluso de baterías en los lugares de extracción del mineral, cuestión que las propias multinacionales ya tienen resuelto fuera de América Latina donde se concentran cerca del 80 % de las reservas mundiales de litio.

Los escenarios que anticipa la Bolsa de Comercio de Rosario para el litio son alentadores para las multinacionales, proyectando inversiones que van desde los 1400 millones hasta los 5.200 millones de dólares en el mejor de los casos entre el 2022 y el 2025. Si consideramos que la Inversión Extranjera Directa tuvo su mejor año en 2018 con 11.873 millones de dólares, las cifras que podrían ir al del litio muestran que este sector tiene un carácter más bien de nicho de buenos negocios, aunque de efectos más que limitados en el impacto sobre el conjunto de la economía provincial y nacional. Mientras tanto, por fuera del negocio de las mineras, sea en la voz de Morales o de Fernández, el litio contribuye al discurso electoral como una esperanza blanca.

Un replanteo del esquema extractivista dependiente sobre el litio exige tomar medidas de otra clase, como propone el Frente de Izquierda, peleando por la nacionalización de las empresas mineras bajo control de los trabajadores y comunidades originarias con el fin de reorganizar la producción con un sentido social y evitando el fuerte impacto sobre la naturaleza que estas actividades generan.

 

Fuente:http://www.laizquierdadiario.com/Inversiones-en-litio-Que-festeja-el-Gobernador-de-Jujuy

Venezuela

Velasco Páez: El territorio amenazado en el Arco Minero del Orinoco supera el tamaño de Portugal

El investigador del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Francisco Javier Velasco, participó como invitado en el espacio República de Ciudadanos del medio Punto de Corte, con motivo de los actuales incendios que ocurren en la Amazonía y las causas estructurales del extractivismo que han generado las condiciones para este desastre ambiental.

En este espacio el investigador ofreció un panorama del avance del extractivismo en la región ante el amparo de gobiernos que han apostado por el saqueo de la naturaleza y ofreció datos relevantes sobre el impacto del mega proyecto del gobierno venezolano del Arco Minero del Orinoco.

 

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/09/09/territorio-amenazado-arco-minero-del-orinoco-supera-tamano-portugal/

Venezuela

Cierre de minas en Bolívar evidencia tensiones entre mineros, FANB y grupos irregulares

Ante el avance del extractivismo en Venezuela hacia una fase predatoria, que se articula con una política del saqueo en la que participan actores públicos, privados, civiles, militares, nacionales y extranjeros, pueblos enteros en Venezuela y la región son arrastrados por la lógica de actividades como la minería, que terminan siendo el único modo de vida factible para muchas comunidades como Tumeremo en el estado Bolívar.

Diversos medios locales y nacionales han reportado esta semana que mineros y pobladores de Tumeremo han protagonizado protestas por el cierre de al menos 30 zonas de extracción aurífera en las zonas de Corre Gente, Bochinche y Los Candados del municipio Sifontes del estado Bolívar.

Estas minas han permanecido cerradas desde hace unos tres meses por órdenes del comandante del Ejército, Ernesto Solís, a quien señalan como responsable de desapariciones forzosas y atropellos contra el pueblo, según informaron mineros este 24 de septiembre, en una protesta que realizaron en el casco histórico del pueblo.

 

«Que nos dejen trabajar», «fuera Solís», «el pueblo está pasando hambre». Son algunas de las frases que más se escuchan en el pueblo. Desde que el Ejército les impide la entrada a las zonas mineras, los mineros en Tumeremo han tenido que rebuscarse para sobrevivir ante la crisis económica que impulsó a muchos a optar por la minería y dejar sus ocupaciones anteriores.

De acuerdo con Milagros Cabrera, minera desde hace 18 años, aproximadamente 70 % de la población de Tumeremo es minera.

“La minería es suerte, nosotros no sabemos lo que tenemos bajo la tierra, pero en un día me podían quedar 10 gramas de oro; al precio que está ahorita, 510.000 bolívares cada grama de oro, hacía bastante. ¿Cómo nos sustentamos vendiendo un café en 2 o 3 mil bolívares?”, señaló Cabrera.

María Farías, licenciada en Educación, que desde hace un año se mudó desde Cumaná para trabajar en la mina, impulsada por su situación económica, indicó que “El alcalde dice que esas zonas pertenecen a los indígenas, pero los siete capitanes indígenas se reunieron con los mineros y no tenían problema de que trabajaran la mina (…) el oro se lo está llevando los brasileños, los colombianos, y el minero venezolano es el que está pasando hambre”.

Farías pidió al gobierno enviar una comisión presidencial porque la situación podría ponerse peor si las minas siguen cerradas, “le vamos a cerrar la troncal, tienen que ayudarnos o aquí habrá un estallido social”, reclamó. La opción que están tomando algunas personas es ir a minas con menos posibilidades de conseguir oro como El Cacho, donde por día logran sacar solo uno o dos puntos del metal, es decir, unos 200 miligramos.

“La mina va para tres meses cerrada y nos rebuscamos por esas minitas que hay por ahí. Estamos pasando trabajo, lo que queremos es que nos abran la mina, queremos trabajar, aquí hay muchos padres de familia”, dijo Jonathan Arocha.

“Aquí hay masacres, el Ejército encima de los mineros. El comandante del Ejército tiene la mina parada porque él dice. Los niños no han podido comenzar las clases porque los padres no han trabajado y no tienen para comprarles los útiles (…) queremos que antes de que pase algo en Tumeremo, abran las minas”, manifestó William Padilla, minero.

Hace unas semanas, familiares de mineros denunciaron que hay más de 400 desapariciones y, en algunos casos, ejecuciones confirmadas en Tumeremo. Jerania Lara, habitante del pueblo, señaló que apenas ha transcurrido una semana desde que se conoció de otras cinco desapariciones. Simplemente no se sabe nada de esas personas.

Mineros advirtieron que la situación puede empeorar de no tener respuesta, desde un estallido social hasta la tranca en la troncal 10, vía que comunica con los municiones del sur y al estado con Brasil.

Un minero dijo “en esa zona el oro se lo están llevando los colombianos”. Al consultarle sobre si se refería a algún grupo irregular colombiano en específico, argumentó que no podía hablar más porque su vida corría peligro, “yo no me voy a poner a decir aquí delante de todo el mundo lo que pasa allá adentro, porque mi familia corre peligro. Me van a matar”.

En Tumeremo aseguran que quien tiene tomado estos yacimiento del metal precioso es un grupo irregular que se instaló con anuencia del gobierno y el Ejército, pero no se atreven a señalarlo ni a ponerle nombre, solo dicen que los han escuchado hablar y tienen acento distinto a los venezolanos. Varios coinciden en decir que tienen acento colombiano.

 

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/09/29/cierre-minas-bolivar-evidencia-tensiones-mineros-fanb-grupos-irregulares/?fbclid=IwAR3WhugT4hqC4KjKuDxKOhZuwpO_HmaYEiWSOXOdplmOKPnijvZYECvkBVQ

Argentina, Litio

Luz verde para las multinacionales del litio que afectan las aguas dulces en Jujuy

En la legislatura se aprobó una ley que facilita aún más los procesos de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental para las mineras que extraen litio. Los ecosistemas de salares y la provisión de agua para las comunidades indígenas están cada vez más en peligro.

El jueves 4/09 se aprobó en la legislatura el Decreto Acuerdo N° 9194 propuesto por el ejecutivo que ratifica a las reservas minerales que contengan litio como recurso estratégico. El decreto convertido en Ley N° 6.138 deroga el Decreto Acuerdo N° 7592 – P/2011 que plantea que en materia de exploración y explotación de minerales de primera categoría, como es el litio, un procedimiento adicional, a los previstos en el Decreto N° 5772 – P/10, como es el estudio ambiental por parte del Comité de Expertos (integrado por representantes del ministerio de producción, CONICET, UNJu, Dirección de Minería, de la legislatura, entre otros) para el Análisis Integral de Proyectos de Litio.

Fue el mismo estado provincial en el año 2011 el que tuvo que reconocer, aunque sea formalmente, que en la Reunión de expertos senior sobre el desarrollo sostenible del litio en América Latina, organizada por la CEPAL – Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe en el año 2010, habían concluido que “La extracción de litio a través de la evaporación de salmueras en salares puede tener impactos significativos en el delicado equilibrio de los suministros de agua. Estudios exhaustivos de impacto medioambiental y de monitoreo son esenciales para impedir, minimizar y mitigar cualquier impacto negativo en la flora y fauna así como en los ecosistemas de los salares y las áreas adjuntas”. Por eso afirmaban que “es aconsejable aplicar análisis específicos sobre el impacto y conveniencia de la ejecución de proyecto de exploración y explotación del litio”.

Con el Decreto 7592 del año 2011, los proyectos de litio para ser aprobados o rechazados tenían que tener resolución conjunta del ministro de producción y el Secretario de Gobernación, aprobación de la Dirección Provincial de Minería y Recursos Energéticos, previo procedimiento de la U.G.A.M.P. (Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial) (conformada por instituciones del estado provincial, universidad, empresarios mineros, AOMA, entre otros) y recomendación favorable del Comité de Expertos para el análisis Integral de Proyectos de litio. Con la Ley aprobada recientemente el Estado provincial facilita aún más el proceso de estudios de impacto ambiental a favor de las multinacionales y empresas mineras, y reduce la misma solamente a la evaluación por parte de la U.G.A.M.P. totalmente cuestionada por organizaciones ambientales y comunidades indígenas.

El negocio del litio

La provincia de Jujuy tiene una de las principales reservas de litio y es parte de lo que se denomina el triángulo del litio, cuyas áreas concentran el 80 % de las reservas mundiales de salmueras entre Argentina, Bolivia y Chile. Este recurso no renovable ha cobrado especial interés de parte de las multinacionales mineras por el rol en la producción de baterías para dispositivos electrónicos, para la fabricación de autos eléctricos y la industria automotriz. En los proyectos mineros puede verse la incidencia de empresas multinacionales del sector automotriz como la Toyota, Nissan, y Mitsubishi en la extracción primaria del mineral.

En el país hay por lo menos 47 proyectos (42 de extracción en depósitos en salmueras y 5 en depósitos de la roca pegmatita) según un informe del Ministerio Nacional de Energía y Minería del año 2017. Los proyectos más avanzados en la puna argentina están en Jujuy, a través de Sales de Jujuy y Minera Exar situados en el salar Olaroz Cauchari, al sur oeste de la provincia. Ambos son proyectos propiciados por el gobierno provincial y la empresa estatal JEMSE, quien es socia minoritaria (8.5 % de los intereses) de multinacionales como Orocobre (Australia) y Toyota Tsusho (Japón), en el caso de Sales de Jujuy, o Lithium Americas (Canadá) y GFL Lithium Co. (China), en el caso de la empresa EXAR.

Si bien el litio se puede extraer de distintos depósitos: de la salmuera, de la roca dura y de depósitos sedimentarios, y cada uno exige distintos tipos de extracción y métodos de procesamiento, es la extracción de los depósitos de salmueras por evaporación la forma más rentable, y es a la vez la que pone en riesgo los ecosistemas de salares y humedales por la afectación de las reservas de agua dulce, afectando el modo de vida, de producción y de identidad de las comunidades indígenas de la zona.

Ecosistemas en peligro

Hay varios estudios como los realizados recientemente por la *FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) en Jujuy y también por el **OCMAL (Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina) que dan cuenta de la fragilidad de los ecosistemas de salares. Los salares se encuentran en regiones de gran aridez, donde los balances hidrológicos son negativos (se pierde más agua por la evaporación de los salares de lo que ingresa por las lluvias estacionales). Las únicas fuentes de ingreso de agua al sistema del salar, son a partir de las lluvias de verano y las recargas laterales de los ríos de estación debido a la aridez del clima.

La producción de litio mediante el método de evaporación y sin la reinyección de agua en el sistema subterráneo, como lo hacen actualmente las multinacionales, puede generar un riesgo muy probable en la degradación irreversible de las reservas de agua dulce cercanas, como también la alteración del sistema hídrico superficial y la afectación del proceso ancestral de cosecha de sal practicada por las comunidades originarias.

Según el geólogo forense Fernando Díaz, citado en varias investigaciones al respecto, afirma que por cada tonelada de litio extraído, se evaporan dos millones de litros de agua. También menciona que la extracción de la salmuera para obtener litio genera la disminución del nivel base de agua subterránea de las cuencas generando un descenso de agua dulce fuera de los bordes de la salina, provocando la desaparición de lagunas y vegas.

Tanto en Chile, en el salar de Atacama, como en la cuenca Olaroz Cauchari, o en Salinas Grandes y Guayatayoc, diversos científicos coincidieron sobre la amenaza que implica la explotación indiscriminada de las aguas de la zona especialmente a través de la minería del litio en microorganismos, especies mamíferas y vegetales, en el balance hidrológico, impactos salinos sobre la superficie y acuíferos, y afectación de la vida de las comunidades del lugar. Hay que mencionar también que la producción de carbonato de litio requiere altos niveles de agua durante su procesamiento con distintos elementos químicos generando así la contaminación de las aguas, y afectación de la salud de los trabajadores y las comunidades indígenas.

El agua es vida

La explotación de litio por parte de las multinacionales mineras en la provincia siguen teniendo luz verde a pesar de los daños irreversibles que podrían llegar a ocasionar.
Los procedimientos de evaluación y estudios de impacto ambiental en la provincia, que data de gobiernos anteriores, vulneran las mismas legislaciones nacionales e internacionales como vienen denunciando organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas en la provincia, en relación a lo que plantea la Ley General de Ambiente (Ley 25.675) y el Convenio 169 de la OIT que da cuenta del proceso de consentimiento previo, libre e informado de las comunidades originarias involucradas.
El proyecto de ley aprobado recientemente por el oficialismo, donde el mismo estado provincial disuelve la Mesa de Expertos del Litio para la evaluación de los proyecto de extracción de litio, es una clara muestra de que la tendencia es dar vía libre a las multinacionales, incluso derogando las normas vigentes que ya son completamente limitadas y con sobrados cuestionamientos.

El estudio de la FARN realizado en el salar Olaroz Cauchari, a partir de entrevistas realizadas a integrantes de las comunidades indígenas atacameñas, da cuenta que no hubo espacios de información y debate sobre los impactos ambientales y sociales en su modo de vida y producción agropastoril del proyecto de minería, y ningún espacio garantizó el procedimiento de consentimiento previo libre e informado a las diez comunidades del lugar, de hecho el grupo Apacheta denuncia el accionar fraudulento al respeto. Es importante remarcar que la concesión realizada por el estado provincial a las multinacionales en el salar Olaroz Cauchari es territorio indígena, y además se encuentra en una Reserva provincial de Flora y Fauna creada en 1981.

En la cuenca de Salinas Grandes y Guayatayoc viven 33 comunidades coyas y atacameñas. Actualmente no se explota litio de los salares, pero si desde el 2009 que multinacionales como Orocobre, avanzaron en acciones de exploración, generando impactos ambientales y sociales en la cría artesanal de sal, contra los derechos de las comunidades indígenas. Las comunidades están organizadas desde hace años en la Mesa de Salinas Grandes y Guayatayoc contra este accionar que rechazan. Vienen realizando distintas acciones, marchas, denuncias legales que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Interamericana de Derechos Indígenas.

Portón abierto a las multinacionales extractivistas y saqueadoras

Gerardo Morales tomó la posta del trabajo realizado por el PJ y profundizó la política minera junto con Macri generando todo tipo de facilidades como las rebajas impositivas votadas en la legislatura jujeña (con el aval del PJ), o la eliminación de un impuesto a la exportación de minerales por decreto, a la que se suma la retención por regalías de un minúsculo 3%.

 

El Código de minería y la Ley de inversiones mineras del menemismo vigentes hasta ahora, procedimientos de Estudios de impactos ambiental EIA más rápidos y funcionales a las empresas, y de consulta previa libre e informada falsos y plagados de irregularidades son el mejor escenario para el saqueo y el extractivismo a favor de las multinacionales mineras de los países imperialistas en Jujuy y Argentina. Por eso Morales anunció con bombos y platillos el avance en la inversión de los dos principales proyectos en extracción de litio en el salar Olaroz Cauchari, como Sales de Jujuy S.A. y Minera EXAR, y Alberto Fernández afirmó que las personas deben amigarse con la minería, dando todo tipo de garantías a las multinacionales imperialistas para que continúen con el saqueo y la contaminación.

Hay que hacerse eco de las denuncias y de la lucha de las comunidades originarias de la puna, de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, y de organizaciones ambientalistas y técnicos que vienen dando cuenta del peligro e impactos que puede generar la extracción evaporítica de litio en los salares, el uso y la contaminación indiscriminada del agua. Es necesario exigir el cumplimiento de la Ley General de Ambiente y todas las leyes ambientales, como también el Convenio 169 de la OIT, leyes y tratados internacionales de derechos indígenas, que hacen al consentimiento previo, libre e informado, y al derecho a decidir de las comunidades sobre sus territorios, sobre sus modos de vida, cultura y producción, como también la prohibición de la megaminería y toda técnica extractivista que ponga en riesgo nuestros bienes y recursos naturales, como el agua.

[1* Extracción de litio en Argentina: un estudio de caso sobre los impactos sociales y ambientales. FARN. Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Autora: Marchegiani y otros. Año 2.017.
Estudio de los Recursos hídricos y el impacto por explotación minera de litio. Cuenca Salinas Grandes y Guayatayoc, Jujuy. FARN. Autores: Sticco y otros. FARN. Año 2.018.

** Impacto socio ambiental de la extracción del litio en las cuencas de los salares alto andinos en el Cono Sur. Autora: Bárbara Jerez Enriquez. Observatorio de conflictos mineros de América Latina. OCMAL. Año 2.018.

Fuente:http://www.laizquierdadiario.cl/Luz-verde-para-las-multinacionales-del-litio-que-afectan-las-aguas-dulces-en-Jujuy
Perú

«ACUSA GOLPE»: El retroceso de Vizcarra frente al embate minero

Acusar golpe, es una frase usualmente dicha para expresar que alguien admite que ha sufrido el daño de una agresión y frente a eso, temeroso de mayor agravio, cede ante sus adversarios. ¿Será que esto es lo que le está sucediendo al gobierno de Vizcarra?

Luego del mensaje presidencial de julio, en el que el Presidente se atrevió a plantear una nueva Ley de Minería, admitiendo que necesitamos nuevas condiciones para seguir impulsando esta actividad, y post Tía María, donde además confrontó abiertamente al gremio minero diciéndoles que “respetar el Estado de Derecho no significa sacar un proyecto a sangre y fuego”; el empresariado liderado por la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Minería se le vino encima, al punto de pedir incluso su vacancia, vía sus aliados fujimoristas, con una campaña rabiosa basada en un doble discurso.  A esto se sumó las evidencias que han ido saliendo sobre la vinculación de su ex premier y amigo personal, César Villanueva, de quien a estas alturas ya nadie duda que también fue tocado por la mano de Odebrecht. 

Debilitado sin duda por este sismo político, parece que Vizcarra acusa golpe; sí necesita el apoyo político del sector social (sin bancada ni partido), pero tampoco ha sido capaz de confrontar al sector empresarial, quien mantiene su poder en este escenario y puede moverse estratégicamente para lograr un buen daño al gobierno.  

Salvador del Solar, acaba de estar en PERUMIN, la conferencia minera más importante del país, y en ella anunció el primer gran giro para calmar al empresariado. Ya no va más la propuesta de una Nueva ley de Minera, a la cual dicho sea de paso, los únicos que se oponían son los empresarios, ahora propone la creación de una “comisión minera para un nuevo desarrollo minero”, osea ¿quién sabe?

Renunciar a la reforma de una Ley desfasada, que no se ajusta a estos nuevos contextos, que fue impulsada bajo el gobierno de Fujimori, en el marco de una crisis económica que casi obligaba a darle todas las prebendas a los inversionistas para que se animaran a invertir en un país quebrado (contratos de estabilidad, beneficios tributarios preferentes, ventajas para esta actividad sobre otras, etc.), es simplemente aceptar las modificaciones cosméticas que quieren los empresarios, y que por supuesto no tocarían los temas medulares.

Otro giro radical, se observa en la posición respecto al proyecto Tía María. Mientras Del Solar se lucía frente a los mineros en el PERUMIN, la ministra del Ambiente salía a declarar el mismo día, que consideran que el Proyecto Tía María  subsanó las observaciones de la UNOPS, con lo cual casi está anunciando la viabilidad de tan discutible proyecto. 

Mientras tanto en PERUMIN dan voz a las posturas más ultras pro minería. Basta ver discurso del consultor de Seguridad Sandro Espinoza, que no tiene reparo de acusar abiertamente a los movimientos sociales de ser organizaciones criminales, y hasta al propio Viceministro, Raúl Molina de ser miembro de las mismas, pidiendo al Estado principio de autoridad y que persiga y que encarcele a todos. Y el gobierno parece de alguna manera estar oyendo ese discurso. En Las Bambas el propio Estado sabotea el diálogo que impulsó, sitiando a la población con cientos de policías que ya han generado enfrentamientos, provocando el retroceso de este proceso.

Pero hay más, se agudiza la persecución a líderes sociales reviviendo la persecución legal sin fundamento del ex alcalde Oscar Mollohuanca y metiendo a prisión a Walter Aduviri, no por ser autor de algún delito, sino por ser el líder del movimiento social aymara. Y 19 líderes de Cotabambas van a juicio este 14 de octubre y otros 21 del mismo lugar van por el mismo camino, todos responsabilizados de delitos que no ejecutaron, pero que se les atribuye por representar a sus comunidades.

La minería es la actividad productiva que ha generado más conflictos en el país en los últimos años, por ello negarse a reformas serias, y limitarse a promover fórmulas que mantengan tranquilo al gremio minero, solo contribuye a mantener el estatus de siempre, donde el que tiene más poder y fuerza se impone.

 

Fuente:https://grufides.org/blog/acusa-golpe-el-retroceso-de-vizcarra-frente-al-embate-minero?fbclid=IwAR2v29WG75UJ4IgROaRAI-037DYOaM1WaBbbTB2urqg2vXNv0n-toKNxMbY

Perú

Comunidades de Cusco acatan protesta contra Las Bambas

La comunidad campesina de Ccancahuani en el distrito de Ccapacmarca, provincia cusqueña de Chumbivilcas, inició una medida de lucha contra el proyecto minero Las Bambas por incumplimiento de compromisos. Desde la tarde del domingo 22 de setiembre, cerca de 300 comuneros iniciaron el bloqueo de parte de la carretera del Corredor Vial Minero Sur.

Los manifestantes realizaron dos zanjas de un metro de profundidad en el sector de Muyoq Orcco, con la intención de evitar el paso de los vehículos encapsulados de la empresa MMG Las Bambas.

El miércoles 25 de setiembre, las comunidades Huiniquiri e Idiopa Ñaupa Japo se incorporaron a la medida de huelga indefinida en la zona en reclamo del resarcimiento de las afectaciones producidas por la empresa.

Los pobladores exigen a la transnacional que cumpla con los acuerdos, en relación a la bolsa laboral para los comuneros y temas socioambientales, así como un resarcimiento económico por el uso de la vía.

De acuerdo a lo informado por el subprefecto de Ccapacmarca, Efraín Angulo, la medida se realiza de manera pacífica. “El bloqueo de la vía obligó a los conductores a tomar una ruta alterna por Santo Tomás, los comuneros demandan la presencia de un representante de la empresa Las Bambas”, señaló.

Trascendió que los comuneros reclaman un trato directo con la empresa minera, sin intervención del Gobierno central. Cabe recordar que hace dos semanas, comuneros del distrito de Mara en la provincia de Cotabambas, región Apurímac, acataron una medida similar en el corredor minero. En esa ocasión, se reportaron dos personas heridas durante enfrentamientos con la policía. Tras ello, los manifestantes depusieron su medida hasta nuevo aviso.

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/09/25/comunidades-de-cusco-acatan-protesta-contra-las-bambas/

Internacional

El acaparamiento de tierras y agua por parte de grandes multinacionales agrava los efectos del cambio climático en países empobrecidos

Alianza por la Solidaridad alerta de que ya 2.100 millones de personas no tienen acceso a agua potable mientras se vacían acuíferos en todo el mundo

  • La ONG pide la movilización social durante esta semana para el cambio de un modelo económico y de consumo que genera injusticia climática
  • En el mundo ya hay 2.900 grandes conflictos generados por el medio ambiente y cientos de activistas son asesinados por la defensa de sus territorios.

La emergencia causada por el cambio climático a nivel global está aumentando la presión del acaparamiento de tierras de cultivo y agua potable segura en los países en desarrollo, un fenómeno que se incrementará a medida que suban las temperaturas hasta los 2ºC y los fenómenos climáticos extremos -como huracanes, sequías, inundaciones, etcétera- sean más repetitivos, si no se pone freno con urgencia al calentamiento generado por las emisiones contaminantes.

Alianza por la Solidaridad recuerda que sólo el 0,007% del agua es potable para el suministro de más de 7.000 millones de personas, y si bien sería una cantidad hoy suficiente con una gestión adecuada, lejos de mejorar, la realidad es que empeora en muchas regiones del mundo, acuciada, por una parte, por la falta de lluvias, la explotación industrial de los acuíferos, el desvío de ríos por grandes hidroeléctricas o la contaminación por sectores como la minería o el agronegocio. A medida que los glaciares pierdan más hielo, más de la mitad de la población mundial perderá también el acceso a un recurso que es fundamental para la vida, algo que no se tienen en cuenta en los actuales planes de desarrollo.

Otra de las caras del cambio climático son las lluvias erráticas que provocan inundaciones y pérdidas de cultivo en los países más empobrecidos. Este es el caso de la Casamance en Senegal. Durante el año 2019, han conocido los dos fenómenos, la sequía y la llegada tardía de unas lluvias torrenciales cuya gran fuerza se está llevando por delante buena parte de los cultivos. Los efectos son más graves sobre las mujeres de las zonas rurales de la Casamance, ya que ellas tienen asignado el rol de proveedoras del hogar, tanto de agua como de alimentos. “La pérdida de alimentos y peor acceso al agua, las afecta gravemente porque ellas son sus proveedoras en el hogar”, señala Mame Yacine Diop, responsable de Género de la ONG senegalesa FODDE, socia de Alianza por la Solidaridad en Senegal.

La misma situación se produce con la tierra.  El sistema alimentario global y los agrocombustibles, que se han considerado como alternativa a los combustibles fósiles, están generando un acaparamiento de tierras de cultivo de las que son desplazadas las poblaciones más desfavorecidas. Así lo documenta Alianza por la Solidaridad en los países de América Latina y África en los que tienen  proyectos de desarrollo desde hace décadas (El Salvador, Nicaragua, Senegal, Mozambique, Haití, Guatemala, Colombia, etcétera).

En América Latina, se constata que si bien es una región menos contaminante que el promedio global, están aumentando las emisiones por cambio de uso de suelo para la agricultura y la ganadería (el 42% del total) comparado con el 18% del promedio mundial. Este aumento se ve favorecido por la llegada de grandes empresas que exportan recursos cada vez más escasos para las poblaciones, debido al mismo cambio climático que generan.

Este es el caso de El Salvador, donde el monocultivo de caña de azúcar se ha desarrollado, pese a ser a pesar de ser el país centroamericano con menor extensión territorial de Centroamérica. Más de la mitad de la producción de azúcar (55%) es exportada, según el propio MAG. No obstante, en los últimos años, el Consejo Nacional de Energía salvadoreño fomenta también la producción de agrocombustibles a partir de caña de azúcar, con ese impulso, entre otros, de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esta situación está generando la expulsión de los pequeños agricultores, a los que no se les reconoce la propiedad de la tierra.

Conflictos ambientales y asesinatos

Todo ello está generando un incremento del número de conflictos en las comunidades campesinas, muchas de ellas indígenas, cuyos líderes y lideresas se enfrentan a estos proyectos y acaban perseguidas, criminalizadas y asesinadas.

Según el Atlas de Justicia Ambiental, si en 2017 había 2.100 conflictos en el mundo relacionados con el medio ambiente, ahora son ya más de 2.900 los que tiene registrados. En 2018, 347 defensores y defensoras fueron asesinados y el 77% lo fueron por defender los recursos naturales (ríos, bosques, tierras…) frente a la presión cada vez más acuciante de las empresas.

Con motivo de la Huelga Climática Global y la Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas, Alianza por la Solidaridad exige que los dirigentes de los países que tomen medidas para que las empresas, más allá de las reducciones impuestas en de emisiones contaminantes que deben adoptar para cumplir el Acuerdo del Clima de París, cumplan con los derechos ambientales y sociales que son vulnerados sistemáticamente en muchos países debido a su actividad.

La ONG española considera fundamental la aprobación de un instrumento jurídicamente vinculante a nivel global para controlar las operaciones de las empresas transnacionales y su impacto en los Derechos Humanos. Se trata de un contexto en el que la emergencia climática es ya una realidad en muchos países. En este sentido, recuerda que el primer borrador sobre este futuro instrumento avanza mucho más lento en los grupos de trabajo de Naciones Unidas de lo que lo hace el cambio climático, mientras otras normativas os instrumentos existentes tienen un impacto relativo dado que son de carácter voluntario para las empresas.

Alianza por la Solidaridad,  tiene en marcha en estos momentos varias campañas relacionadas con el desarrollo sostenible, como es la campaña TieRRRa por las inversiones responsables de las empresas tanto dentro como fuera de su territorio nacional y la campaña DesTieRRRadas para visibilizar la especial violencia que sufren a  las mujeres líderes ambientales que están en peligro en Centroamérica por defender el medio ambiente.

El próximo viernes 27 de septiembre, Alianza se suma a las movilizaciones que tendrán lugar en varias ciudades españolas y en los países donde se encuentra trabajando y anima a la ciudadanía a participar en las manifestaciones y la huelga de consumo.

Alianza por la Solidaridad lanza, asimismo, una campaña en redes con el hastag #FuckIndiferenciaClimática con el que anima a compartir vídeos y fotos en los que la ciudadanía exprese las razones por las que “El momento es ahora”.

Fuente:https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/2019/09/25/el-acaparamiento-de-tierras-y-agua-por-parte-de-grandes-multinacionales-agrava-los-efectos-del-cambio-climatico-en-paises-empobrecidos?fbclid=IwAR3LXXBOAQ0gOnKCzPxBVV5u-QwR28eJWyiJ1Y0x9OH7IEA5HPZRZMs0TWQ
Latinoamerica

Inicia el Primer Encuentro Continental de Afectados por Represas

Más de 110 delegados de distintos países de Latinoamérica como de Asia, África, Europa y Norte América participan del 1º Encuentro continental de afectados por represas en Panamá. Cuyo objetivo es intercambiar y reflexionar entre comunidades, aliados e invitados. Las afectaciones por represas en diversos países, para encontrar estrategias comunes que permitan luchar contra las violaciones sistemáticas de derechos y fomentar prácticas que conduzcan a una solución estructural para estos problemas, entre las que se cuenta el fomento de sociedades alternativas y la creación de modelos energéticos populares para esas sociedades.

La primera Jornada estuvo constituida por la apertura de una mística entre los países hermanos, que le siguió con el Encuentro de Mujeres Afectadas por Represas.

Es por eso, que en la actual crisis ambiental nos hace un urgente llamado, para la acción, para movilizarnos en torno a la demanda creciente de los desastres naturales a causa del cambio climático, pero también ante gobiernos o estados que proponen soluciones bajo el capitalismo verde, que no es otra forma soslayar la responsabilidad y dando el beneplácito a las megas industrias de continuar sus políticas extractivas y su contaminación a nuestro planeta.

Al cierre de la primera jornada se efectuó un análisis de coyuntura internacional con la participación del Prof. Carlos Vainer de la UFRJ de Brasil, Prof. Richard Morales de la Universidad de Panamá, y representantes de los afectados por represas de las regiones (América Latina, Caribe, América del Norte y África).

El 1º encuentro se realiza del 24 al 27 de septiembre como el lema “Por agua, energía y soberanía de los pueblos” convocado por el Movimiento de Afectados por Represas de Latinoamérica MAR. Cuya sede es la Universidad de Panamá.

Fuente:https://movimientom4.org/2019/09/inicia-el-primer-encuentro-continental-de-afectados-por-represas/
Latinoamerica

El mercurio sigue siendo una amenaza para los ríos de Sudamérica

Aunque Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú hacen parte del Convenio de Minamata, persisten los efectos del mercurio en ríos y peces.

Bolivia es el segundo emisor de mercurio de América Latina. En Perú y Colombia, sus efectos podrían llegar a los indígenas en aislamiento y en Ecuador, la población más vulnerable sufre la contaminación de la minería sin control.

Los efectos del mercurio son reales. A pesar de que se descontinuó su uso a gran escala en la década de 1960, la minería artesanal e ilegal continúa vertiéndolo en suelos y fuentes de agua en búsqueda de oro, causando enfermedades, muerte y destrucción de bosques en diversas regiones del continente.

El riesgo de padecer los nocivos efectos el mercurio en la salud es principalmente alto en los lugares donde los peces son la base de la alimentación. Esto es lo que sucede en algunas regiones de la Amazonía boliviana, peruana, ecuatoriana y colombiana.

Por ejemplo, entre 2005 y 2016, las importaciones de mercurio en Bolivia se incrementaron 646 veces, pasando de 369 kg a 238 330 kg, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. En Perú investigan la presencia de mercurio en la Reserva Nacional Tambopata y la afectación de decenas de indígenas de la etnia Nahua. En la Amazonía colombiana, el mercurio está generando afectación a algunas comunidades indígenas y sus efectos podrían llegar a pueblos en aislamiento. En Ecuador, la minería desbordada en la provincia de Esmeraldas está contaminando ríos y peces, y sus dañinos efectos ya se están manifestando en las personas.

El mercurio no es ofertado en las comunidades asentadas a orillas de los ríos que buscan explotar oro, sino que llega desde La Paz. Según el estudio Mercurio en Bolivia: Línea base de usos, emisiones y contaminación, el país emite y libera en promedio 133,1 toneladas del metal pesado al medio ambiente, lo que representaba el 6,8 % de las emanaciones en el mundo en 2005. No obstante, en 2014 ese porcentaje se elevó al 12 %, lo que convierte al país en uno de los principales emisores de mercurio en América Latina.

En el año 2016 esta bióloga llegó a la Reserva Nacional Tambopata como guardaparque oficial del Servicio Nacional de Áreas protegidas por el Estado (Sernanp) y desde entonces recorre esa parte de la Amazonía peruana para trabajar por la conservación.

Su motivación actual es evaluar la presencia de mercurio en aves. “Sabemos que los cuerpos de agua están contaminados por estudios que se han hecho, pero no sabemos si los bosques están sanos. Eso es lo que vamos a evaluar”, dice. Para hacerlo, captura aves y trabaja con sus plumas y con muestras de sangre para ver los niveles de mercurio en ellas.

Entre noviembre del 2014 y octubre del 2015, el Centro de Salud Ocupacional y Ambiental (CENSOPAS), por encargo del Ministerio de Salud (MINSA), recogió muestras de orina entre los indígenas nahuas hasta en cuatro oportunidades. En todas estas ocasiones se encontraron fuertes concentraciones de este metal pesado, especialmente en niños menores de 12 años.

Los ríos que rodean el Parque Nacional Río Puré, donde habitan los indígenas en aislamiento, están plagados de mercurio. Además, este es un problema que no solo viven los aislados. Robinson López, coordinador de Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), cuenta que los uitotos, por ejemplo, “se están muriendo lentamente” por la alta contaminación de mercurio que deja la minería ilegal.

Un estudio de Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía), Usaid, la Gobernación de Amazonas y las Universidades de Cartagena y Jorge Tadeo Lozano, reveló que los habitantes de varias comunidades del Río Caquetá tenían concentraciones promedio de mercurio que oscilaban entre 15,4 y 19,7 μg/g (ppm), valores altísimos si se tiene en cuenta que los estándares internacionales indican que la concentración normal es de una parte por millón (1.0 ppm)

En la provincia de Esmeraldas, la minería se suma a la deforestación para obtener maderas finas, la expansión de los cultivos de palma africana y los conflictos por tierras. La actividad minera ha contaminado tanto los ríos que casi no hay peces y si se consume agua, la gente se enferma.

Un estudio analizó la calidad de cuerpos de agua en la provincia de Esmeraldas —como el estero Mario Unión, estero Sabaleta, río Santiago y río Sabaleta— y determinó nefastos resultados como peces con deformidades y metales pesados en su interior, producto de la extracción ilegal de oro.

El mercurio sigue siendo utilizado en gran medida en la actividad de la pequeña minería en Colombia, a pesar de los daños causados a a la salud de las poblaciones y al medio ambiente.

 

Fuente:https://es.mongabay.com/2019/09/mercurio-en-los-rios-efectos-sudamerica/?fbclid=IwAR2qxWLpTd1cRragGP_68xFonkuCgDE_UWL50aZfj2o6loOky1_aeps-HLw

Costa Rica

Plan Nacional de Descarbonización: lo bueno, lo malo y lo feo

Fuente:https://movimientom4.org/2019/09/plan-nacional-de-descarbonizacion-lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo/?fbclid=IwAR2CI0P-ypvBXx1pzJWfVW91Xx6RZSnsjy8gZ9HjOo3axU79xrwSBjczfuU