Brasil

Se rompe represa minera y deja aislado a un pueblo en Brasil

Autor: Redacción El Espectador.com

Una represa con residuos mineros se rompió en el estado brasileño de Mato Grosso (centro-oeste) sin causar víctimas mortales, aunque el suceso dejó a un pueblo de la zona aislado e incomunicado.

Una represa con residuos mineros se rompió  en el estado brasileño de Mato Grosso (centro-oeste) sin causar víctimas mortales, aunque el suceso dejó a un pueblo de la zona aislado e incomunicado. Dos personas que trabajan en el dique, situado en el municipio de Nossa Senhora do Livramento, fueron trasladadas al hospital con heridas leves y ya han recibido el alta médica.

La represa, que tenía una altura de 15 metros y un volumen de unos 582.000 metros cúbicos, almacenaba restos generados a partir de la extracción de oro, informó la Agencia Nacional de Minería de Brasil en un comunicado.

Un pueblo cercano, Brejal, se ha quedado aislado, sin suministro de energía eléctrica y con los servicios de telefonía interrumpidos como consecuencia del colapso de la estructura.

 

La Agencia Nacional de Minería afirmó que en la última inspección realizada a la represa el pasado 21 de septiembre no se detectó ninguna anomalía. En relación a los daños medioambientales, técnicos de la institución constataran que la mancha de restos mineros avanzó a través de un área “donde había vegetación” y también derribó una torre de alta tensión que suministra energía a la región.

Un equipo de la empresa VM Mineração e Construção, propietaria de la represa, trabaja para evitar que los residuos se extiendan por otros lugares, de acuerdo con la Agencia Nacional de Minería. Por su parte, la Secretaría de Medioambiente de Mato Grosso aseguró que los restos mineros no afectaron a áreas de preservación, solo a zonas destinadas para pasto o de uso propio de la compañía.

Accidente

Los vecinos de la región fueron los que alertaron a las autoridades de la rotura de la represa. Poco después se trasladó hasta allí un equipo de técnicos de la Agencia Nacional de Minería, que constató que los residuos se habían extendido por una área que varía de uno a dos kilómetros desde la estructura.

La entidad cerró las instalaciones situadas en torno a la represa y continúa inspeccionando el lugar para verificar si existen otros riesgos para la población.

El pasado 25 de enero, en la ciudad de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, sureste del país, el colapso de un dique del gigante minero Vale generó un alud de agua y residuos minerales que provocó la muerte de 250 personas y la desaparición de otras 20.

Otro episodio parecido ocurrió a finales de 2015 en Mariana, municipio que también se encuentra en el estado de Minas Gerais y donde la rotura de varios diques de la minera Samarco, controlada por Vale y BHP Billiton, causó 19 muertos y una tragedia medioambiental enorme.

 

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/se-rompe-represa-minera-y-deja-aislado-un-pueblo-en-brasil-articulo-884068?fbclid=IwAR134tJS0q5__aIzOsqN3_EX3zlXDR479yyC3ffcE2bzJWPazSrtuAZAzGI

 

Perú

Ley Minera: 3 puntos que se deben considerar para su debate

Autor: Servindi.org

A fin de identificar el rol que la minería debería cumplir en la construcción del futuro en el Perú, la oenegé CooperAcción publicó el informe “Aristas del debate de la Ley Minera”.

El documento que propone una serie de puntos en torno al debate de la Ley Minera, toma en cuenta la propia Ley General de Minería plasmada en la Constitución del 1993 y recoge las referencias de tres legislaciones mineras de los países vecinos de Chile, Ecuador y Colombia.

En adelante, se presentan tres de los puntos más importantes que resumen el objetivo del informe:

1. La soberanía del Estado sobre los recursos mineros

La Ley General de Minería que rige en el Perú, establece que la concesión minera —el derecho real para explorar y explotar un yacimiento— es irrevocable, lo que significa que cuando el Estado otorga un título de concesión, no tiene opción a revertirlo.

Solo en el caso de que el titular incumpla con su obligación de realizar la actividad o efectuar los pagos correspondientes al Estado, el derecho podría ser extinguido.

CooperAcción presenta el caso de Chile, donde la concesión no es ajena a una expropiación bajo razones de utilidad pública o interés nacional. «[…] cabría preguntarse si el Estado debe mantener el candado que se pone a sí mismo en el ejercicio de su soberanía sobre los recursos […]», señala la oenegé.

 

2. Sobre la actividad empresarial del Estado en la minería

Con la Constitución de 1993, el Estado limitó su intervención en la actividad minera. De contar con el “derecho a ejercer, sin excepción, todas las actividades en la industria minera”, pasó a poder realizar actividad empresarial “subsidiariamente” y “sólo autorizado por ley expresa”.

En otras palabras, el Estado solo podría participar de las actividades en las que el sector privado haya decidido no intervenir o hacerlo de manera limitada.

Además, la nueva disposición le restaba y recortaba dos facultades importantes al Estado: ya no sería posible establecer reservas sobre ciertos minerales de interés nacional y la declaración de zonas reservadas por el Estado solo sería efectiva con carácter temporal de dos años. Luego, si algún privado la solicitara, no habría forma de negarse.

«Los casos exitosos de empresas públicas, como CODELCO en Chile o ECOPETROL en Ecuador, y sus aportes importantes a los ingresos de sus países, nos permite sugerir que cualquier debate sobre la Ley General de Minería no puede descartar la posibilidad de un Estado con un rol más activo sobre la actividad minera […]», se lee en el informe.

3. Derechos y obligaciones del concesionario

Según refiere CooperAcción, el titular minero ingresa a los territorios de los pueblos indígenas como lo hace con cualquier otro propietario de tierras sin considerar «[…] la importancia que la tierra tiene para garantizar la existencia física y cultural de estos pueblos».

De tal forma, como el accionar de los concesionarios no se vendría ajustando a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, se considera indispensable que la Ley de General de Minería incluya los principios y lineamientos que presenta el convenio; además del derecho a la consulta previa y la implementación del Estudio de Impacto Ambiental como acto consultable.

Conclusiones

La situación actual de la minería en el Perú, viene generando problemas graves de gobernabilidad que, de alguna forma, terminan afectado a pueblos enteros e impactan sobre los propios proyectos mineros.

Los constantes conflictos sociales surgidos en la zona de influencia de los proyectos, revelan que las cosas no marchan bien, lo que se traduce en las enormes dificultades que tienen las poblaciones para ejercer plenamente sus derechos.

En tanto, CooperAcción considera que el reto que debería ser abordado cuando se plantean cambios y se abre el debate sobre una nueva Ley General de Minería en el Perú, debe responder si es momento de que estos conflictos sociales impulsen cambios institucionales que, finalmente, permitan que las actividades extractivas contribuyan de manera más efectiva y equitativa con el desarrollo de un país.

 

fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/25/09/2019/ley-minera-3-puntos-que-se-deben-considerar-para-su-debate?fbclid=IwAR0_8EYrlpHGBhEvEcVDVlQ9hoMwV0u93mUy7w7boDGm1gBeq24WW1W3LYA

Perú

Licencia social: No es lo mismo obtenerla que mantenerla

Autor: Julio Failoc , Noticias Ser.pe
Conflicto Relacionado: Pucamarca - Valle del Lluta , Quellaveco-Moquegua-Anglo American-Tacna

En nuestro artículo de la semana pasada sosteníamos que la “licencia social” no se obtenía en los espacios de participación ciudadana organizados por SENACE, donde las empresas mineras presentaban sus Estudios de Impactos Ambientales-EIA, para recoger las preocupaciones sociales y ambientales de la población a modo de observaciones y que -en un plazo determinado- tiene la obligación imperativa de absolverlas a satisfacción de la persona, organización e institución que la realizó.

Decíamos que la “licencia social” por el contrario es la aprobación continua de la comunidad local y otros grupos de interés, aprobación continua o amplia aceptación social. Decimos que es continua porque en cualquier momento se puede perder y que no es otorgada a la empresa minera, sino a un proyecto específico. Es decir, una empresa minera puede tener licencia social para un proyecto y para otros no.

Un ejemplo de perdida de “licencia social” es el proyecto Quellveco de Anglo American que en un momento la tuvo y la perdió por una percepción de incumplimiento de sus compromisos relacionados con el empleo y compras locales.

Los elementos claves de la “licencia social” son legitimidad, credibilidad y confianza. No son concurrentes y por lo general son secuenciales. La legitimidad te lleva a la aceptación de un proyecto y permite generar credibilidad. De la misma forma, la credibilidad te lleva a la aprobación de un proyecto porque genera confianza, y es allí donde la comunidad otorga la “licencia social”. Ahora bien, obtener y mantener la “licencia social” es un proceso complejo que exige compromiso y voluntad política.

La experiencia del Proyecto Pucamarca de Minsur en el distrito de Palca en Tacna, que desarrollaremos en un próximo artículo nos ha dejado varias lecciones. Obtener la “licencia social” exige comprender la organización de las comunidades, sus preocupaciones sociales y ambientales, los conflictos intercomunales y sus cosmovisiones. La transparencia y la socialización de la información relacionada con el proyecto minero, son condiciones necesarias, pero no suficientes. Se requieren construir mecanismos de vigilancia y control ambiental con participación ciudadana, una rendición de cuentas permanentes de los avances del proyecto y un trato horizontal con las autoridades políticas y representantes de las organizaciones sociales. Requiere también involucrarse en los procesos de desarrollo local y orientar la inversión social de la empresa en función a las necesidades más sentidas de la población.

¿La licencia social se puede medir? Efectivamente, se puede medir, definiendo un cuerpo de indicadores en torno al nivel de aceptación de la “licencia social” que existe en la comunidad, que puede ser de rechazo, aceptación, aprobación y de co-propiedad.

Sin embargo, según “SociaLicence”: “la calidad de una “licencia social” es dinámica y responde a los cambios en la percepción de la compañía y del proyecto, y que también es susceptible a influencias externas; por lo tanto, debe ser mantenida. Para tener confianza en el status de la “licencia social”, la misma debe ser medida periódicamente y los resultados relevantes deben ser utilizados para modificar las prácticas con la intención de mejorar la calidad de las relaciones entre el proyecto y la comunidad (y otros grupos de interés presentes en su ámbito).

 

Fuente:http://www.noticiasser.pe/opinion/licencia-social-no-es-lo-mismo-obtenerla-que-mantenerla?fbclid=IwAR0Mq1uH2Erl34rEpF8YB_mFCHQeRCWcJEy_zan78CGfnvlJOlZp8V3F7rg

Chile

Senador Guido Girardi : «Mineras aceleran la desglaciación»

Autor: The Times.cl

El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y autor de la Ley de Protección de Glaciares, junto al doctor en Química, Francisco Javier Cereceda, afirmaron que “la actividad humana y la minería ya intervienen los glaciares y es imprescindible protegerlos si queremos contar con estas importantes reservas de agua para el futuro”.

El parlamentario y el también profesor titular del Departamento de Química y director del Centro de Tecnología Ambientales de la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso, presentaron el estudio “Determinación Óptica de Muestras de Concertación de Black Carbon en la Nieve, un Nuevo Método Analítico”, publicado este año y realizado por Cereceda junto a un grupo de científicos nacionales y extranjeros.

“Los glaciares tienen más de 20 mil años son herencia de la glaciación, no se renuevan y van a ser la única fuente agua cuando no llueva, por lo tanto, hay que cuidarlos porque se están derritiendo”, advirtió Girardi.

Agregó que “no es cierto que estén protegidos como dice el Gobierno, pues de los 2.215 glaciares sólo 36 están en Áreas Silvestre Protegidas y entre ellos ninguno de los que están en la zona central (Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins) y de los que dependerá mayor número de población”.

Asimismo, afirmó que “el proyecto de ley presentado establece una protección rigurosa y permite que se pueden desafectar, pero debe ser una decisión que se tome de cara al país por medio una Ley de la República y no entre gallos y medianoche, de manera trasparente y con sustento científico, pensando en el interés país y no de determinados grupos económicos”.

El parlamentario acusó que el gobierno envío una indicación sustitutiva para «permitir la intervención de glaciares porque los somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental lo que es someterlos a la explotación y, además, exceptúan a los glaciares de roca que tienen grandes contenidos de agua y son fundamentales para la preservación futura.

Por su parte, el doctor en Química, Francisco Cereceda, uno de los autores del estudio “Determinación Óptica de Muestras de Concertación de Black Carbon en la Nieve, un Nuevo Método Analítico” -publicado en 2019- señaló que “estamos en un período de desglaciación y los glaciares se van a derretir, el asunto es cuanto se va a demorar y como controlamos la actividad humana para no aumentar la velocidad de derretimiento”.

Cereceda señaló que “desde 2003 junto a un equipo de científicos suizos monitoreamos diferentes cumbres y tomamos muestras de aerosoles –partículas que viajan desde las fuentes de emisión en la ciudad hasta la cordillera y se depositan sobre la nieve e impactan el glaciar”.

Agregó que los “contaminantes de vida media corta como el black carbon se emiten por cualquier tipo de fuente como quema de leña, vehículos, uso de carbón y las corrientes de aire trasladan hasta las altas cumbre y se depositan en la nieve. Por ser partículas negras absorben radiación infrarroja y aceleran el derretimiento del glaciar”.

El científico explicó que “también cambian el albedo, -la radiación que reflejan las superficies blancas del planeta- porque oscurecen la nieve y con ello incrementan el efecto invernadero y el Cambio Climático global”.

Además, señaló que “estos contaminantes, que son metales pesados, hacen que el agua se congele no a 0° sino que a -5° o -10° y por tanto la isoterma cero se produce más arriba de los mil metros y toda el agua que queda entremedio se puede deslizar y producir aluviones”.

“Descubrimos que los glaciares que retroceden más rápidamente (son aquellos) que sufren un impacto directo desde las ciudades o de la actividad minera como tronadura, movimiento de áridos y uso de camiones a diesel que generan in situ grandes cantidades de material particulado y de black carbon los que se depositan directamente en los glaciares y aceleran su retroceso en un 20, 30 o 40% más que si sólo se considera el efecto invernadero”, finalizó.

Fuente:https://thetimes.cl/noticia/1860/senador-guido-girardi-mineras-aceleran-la-desglaciacion?fbclid=IwAR2e28GagSxWZB4ud0FUKM-3x5Im_5CU5sFUY9T146saAriX7i9E4DfXlwQ#.XZQI-XFrGUU.facebook

Ecuador

El drama minero en Río Blanco

Autor: Aro, El Mercurio.ec
Conflicto Relacionado: Rio Blanco-Molleturo

Hace casi 25 años las comunidades de Río Blanco, Molleturo, San Pedro de Yumate y Cochapamba llevan compartiendo sus tierras con la industria minera metálica y son tres empresas distintas las que han llevado a cabo las etapas de estudio, exploración y explotación de los recursos mineros locales.

Estas comunidades vecinas y hermanadas por el tiempo y la distancia han vivido intensos meses y años que han transformado su dinámica y sobre todo sus relaciones sociales, quizás para siempre.

Primero, la quema del campamento minero de la empresa Ecuagoldmining en mayo de 2018, luego la suspensión temporal de las actividades de la empresa por parte del Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil del Azuay, y el levantamiento de puntos de control por parte de los activistas antiminería.

Los moradores de la zona han venido reclamando que se vive una especie de estado de sitio sin plena libertad de tránsito y tocados por la imposibilidad de ingresar a sacar sus productos con total normalidad, todo acompañado de la incertidumbre de que “si se para o se continúa explotando el material”, como lo indica Segundo Ochoa, habitante de Río Blanco.

El Gobierno y la empresa minera china dicen que sobre su presencia no se ha podido demostrar la contaminación del recurso hídrico, mientras la comunidad antiminera, de la mano de grupos activistas como Yasunidos, insiste en que ya se afectó la zona y no permitirá que siga operando la minera en Río Blanco.

En medio de ese escenario están los miembros de las comunidades que han visto cómo su vida dio un giro de 360 grados durante este último año. Habitantes de Cochapamba afirman que en Yumate no quieren a la minera, porque ahí la gente no se vio beneficiada con puestos de trabajo, y en Yumate, en cambio, afirman que “en Cochapamba es “donde más lloran por la empresa” dado que ellos trabajaban ahí”, comenta Luisa Criollo.

Ciertamente, más allá del debate pro o antiminería, los efectos sociales de la presencia de la industria minera en la zona son muy profundos. Muchos reconocen y aplauden los aportes de las empresas en las comunidades y la contraparte asegura que se trata de una estrategia para comprarles complacencia.

Por otro lado, nativos como Etelvina Durazno presumen que la presencia de Yasunidos en la zona no es más que una pantalla para detener la minería industrial y darle paso a la artesanal. “Yo he visto muchos signos de que lo que quieren es hacer ellos mismos la minería artesanal”, asegura Durazno.

La mancomunidad y espíritu vecinal están fracturados en Río Blanco y sus adyacencias. La intimidación y la inseguridad se hicieron presentes en estos lugares tradicionalmente seguros y en el panorama no asoma una pronta solución. Más bien, por el contrario, pareciera que el clima de desconexión y revanchismo van a perdurar por muchos años, con o sin minería industrial.

 

Fuente:https://ww2.elmercurio.com.ec/2019/10/01/el-drama-minero-en-rio-blanco-video/?fbclid=IwAR1rdLYpzFqx3fGLIBaON8nrFZ7yoDUJMA86ihS6erP7VtpN096qIBaamJg

Mexico

Descarta Minera Gorrión consulta para mina en Ixtacamaxtitlán

Autor: Laura Ruíz, E-consulta.com
Conflicto Relacionado: Ixtacamaxitlán-Almaden Minerals

Al presentar avances del proyecto de la mina de oro y plata en Ixtacamaxtitlán, directivos de Minera Gorrión destacaron que la misma autoridad federal ha reconocido que no hay en la zona comunidades indígenas sujetas a consulta.

Como empresa, se dio a conocer este miércoles en una rueda de prensa, ha buscado las posturas no sólo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que está en el proceso de autorizarles o no un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para construir la mina, sino de otras que tienen que ver con el impacto social.

De entre ellas se destacó la de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México (CDI), hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que en septiembre del año pasado reconoció en una misiva que las localidades afectadas en un radio de distancia tienen presencia indígena más no son consideradas como comunidades indígenas, hecho que determinaría una consulta.

«Preguntamos, en la zona del proyecto, nos pueden por favor decir si en el municipio de Ixtacamatitlán y fuimos durante todo el debido proceso para llegar a un resolutivo que nos dice, las comunidades que están en la zona del proyecto, en la zona de influencia, en la zona núcleo del proyecto ninguna de ellas está catalogada como una comunidad indígena, por lo tanto no existe un sujeto de consulta para llevar a cabo una consulta indígena.

«Nosotros como empresa estamos siempre manejándonos en que vamos a cumplir lo que diga la ley porque confiamos en las instituciones, entonces, a quién le vamos a presentar, a la institución encargada», explicó Daniel Santamaría, líder del Proyecto Ixtaca.

En esta carta, se agregó, la autoridad federal reconoce el tipo de población que existe y aunque es un antecedente, en ellos quedaría el llevar o no al cabo la realización de una consulta previa a obras de construcción de aprobarse el MIA.

Sobre las afectaciones a poblaciones con presencia indígena también se destacó el pleito legal que mantienen pobladores de la localidad de Tecoltémic, al que le falta una sentencia firme y que ya ha pasado por la discusión de diferentes instancias de gobierno.

Respecto a los activistas se destacó que aunque empezaron una lucha en 2015, quedan fuera del radio de un kilómetro de afectación que se prevé en la ley y que sí considera en cambio otras 12 comunidades.

Además de CDI, para medir el impacto social, la minera destaca que pidió que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) definiera si se afectaban o no zonas arqueológicas y que lo mismo hicieron con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) ante señalamientos de opositores sobre supuestas irregularidades.

Hace unas semanas Almaden Minerals Ltd., la filial canadiense de la mexicana Minera Gorrión, expuso en un informe de proyecciones financieras que de aprobarse los permisos federales en tiempos previstos, podrían comenzar con la construcción de la mina en marzo de 2020.

 

Fuente:https://www.e-consulta.com/nota/2019-09-25/sociedad/descarta-minera-gorrion-consulta-para-mina-en-ixtacamaxtitlan?fbclid=IwAR2EzUe3kaBHRupthSrlUImar7puuWllGNiW1iQGPC3DZ59k0AI_xk__Lz4

Mexico

Zacatecas: MINERAS SECAN MÉXICO

Autor: Rema / Otros Mundos Chiapas.org

Con agua concesionada a mineras se podría garantizar el derecho a este recurso de toda la población del estado.

El dato fue aportado por el investigador Federico Guzmán, en el programa Sound Politicón

■ La industria minera en la entidad tiene concesionados al año 55.7 millones de metros cúbicos de agua y de éstos 44 millones corresponden únicamente a la Peñasquito

Con el agua que la industria minera tiene concesionada al año se podría garantizar el derecho humano al vital líquido de toda la población del estado.

Este dato fue aportado por el investigador Federico Guzmán, durante su participación en el programa radiofónico Sound Politicón, transmitido por Radio Zacatecas y conducido por Carlos Galaviz y Raymundo Cárdenas.

Tan sólo con el agua que utiliza anualmente la mina Peñasquito, ubicada en el municipio de Mazapil, podrían tener acceso a este derecho un millón 200 mil zacatecanos.

El académico agregó esta precisión en el contexto de las protestas que está habiendo nuevamente en contra de esta explotación, entre otros temas, por el abatimiento de los mantos acuíferos de la región y las afectaciones que habitantes de comunidades como Cedros han denunciado.

En su intervención, refirió que la industria minera en la entidad tiene concesionados al año 55.7 millones de metros cúbicos de agua y de estos 44 millones corresponden únicamente a la mina Peñasquito.

Explicó que el cálculo para comparar la cantidad de vital líquido que consume el sector de la minería con lo que se necesita para el consumo humano proviene de las estimaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca del agua que debe tener disponible una persona para considerar que tiene su derecho garantizado.

En este sentido, expuso que este organismo internacional determina un parámetro de 50 a 100 litros diarios por lo que, partiendo del tope que se establece en esta medición, al año una persona tendría su derecho humano al agua garantizado con 36.6 metros cúbicos.

Esto provoca las comparaciones antes mencionadas y que a nivel nacional la cantidad de agua concesionada al año a toda la industria minera del país, que es de 436.6 millones de metros cúbicos, sea suficiente para abastecer de vital líquido a 11.9 millones de mexicanos.

Además, el investigador destacó que en poco más de una década ha habido un crecimiento exponencial en las concesiones de agua que tiene la minería en México pues, frente a los 436.6 millones de metros cúbicos anuales, refirió que a inicios del siglo XXI eran 51 millones de metros cúbicos al año.

Federico Guzmán habló también del tema económico, es decir, de cuántos recursos se quedan en las comunidades, municipios y estados mineros ante las ganancias de las empresas o el valor de la producción minera que se reporta.

Ejemplificó este ámbito con la cantidad de recursos que tuvo el Fondo Minero desde su creación en 2014 hasta el año 2017. En este sentido, mencionó que en este lapso desde el fondo se ejercieron 11 mil 360.69 millones de pesos en cerca de 23 estados del país, entre ellos Zacatecas.

No obstante, tras señalar que en este mismo periodo el valor de la producción minera en el país fue de 575 mil 19 millones de pesos, hizo hincapié en que lo que se distribuyó en las entidades federativas fue sólo el 2 por ciento lo que significa que sólo 2 de cada 100 pesos que ganaron las empresas mineras se destinó al fondo minero.

 

Fuente:http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-extractivismo/mineria/3311-mineras-secan-mexico?fbclid=IwAR3_kj_C-EZFRV8s6Qv4g3KGVMm9M9a7Sr46QmAkagenZ28SFs1c1WBtD7I

Honduras

Municipios de La Paz se suman a declaratorias de zonas libres de minería e hidroeléctricas

Autor: Movimientom4.org / Radio Progreso

Las luchas por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza están brotando desde las comunidades más humildes del país. Los pobladores y pobladoras han comprendido, porque lo viven día a día, que los bienes comunes de la naturaleza representan la vida de está humanidad cada vez más devastada ambientalmente.

A pesar de la criminalización y persecución que el Estado hondureño ha montado contra los luchadores y luchadoras que defienden el medio ambiente, las comunidades organizadas de varios municipios del país continúan con el proceso para evitar que estos proyectos de muerte se instalen y acaben con sus bienes naturales.

En el país más de 45 municipios, en las distintas regiones han realizado declaratorias contra los proyectos mineros e hidroeléctricos.

La declaratoria más reciente se realizó en el municipio de Santiago de Puringla en el departamento de La Paz, a través de un cabildo abierto donde decenas de comunidades indígenas lencas dijeron: No a los proyectos mineros e hidroeléctricos. La decisión se ratificará a través de una consulta que se desarrollará en los meses próximos.

Félix Vázquez, secretario general de la Unión de Trabajadores del Campo UTC, asegura que el cabildo abierto fue convocado por las organizaciones campesinas e indígenas, en el mismo se movilizaron al menos 2,000 personas de las diferentes comunidades.

Dijo que, la consulta soberana se realizará posiblemente en enero porque durante el tiempo restante se trabajará en una propuesta que será consensuada con todas las comunidades.

El líder comunitario dice que la iniciativa de la declaratoria surge a raíz de las intenciones que tiene una empresa minera de instalarse en la zona, asimismo, existe la amenaza de construir represas hidroeléctricas en los principales ríos que abastecen de agua a las comunidades.

 

Guajiquiro

Cansados que sus recursos naturales sean entregados a manos de empresarios y políticos de la zona, al menos 45 comunidades presionaron a las autoridades municipales de Guajiquiro, La Paz, para declarar al municipio libre de proyectos hidroeléctricos y mineros.

Julián Mendoza representante del Comité para la Protección de la Microcuenca Cancire, dice que en la zona la diputada Gladys Aurora López, a través de su empresa “Inversiones Aurora”, ha intentado convencer a las comunidades para instalar un nuevo proyecto hidroeléctrico, en una de las principales fuentes de agua del municipio.

Agregó que, aunque ya ha quedado plasmado en actas municipales que se prohíben las concesiones en el municipio, las comunidades y organizaciones continuarán con el proceso de organización.

La Paz es uno de los departamentos con mayor cantidad de municipios que se han declarado libres de proyectos mineros e hidroeléctricos.

 

Campaña de estigmatización

Las comunidades indígenas Lencas del departamento de La Paz enfrentan una oleada de conflictos generados por la defensa de sus territorios amenazado constantemente por el gran capital que, en nombre del desarrollo, busca despojarlos de sus bienes comunes.

En la zona continúa imparable la persecución, criminalización y las campañas de desprestigio contra los defensores y defensoras del ambiente.

Martín Gómez Vásquez representante del Movimiento Independiente Lenca La Paz Honduras MILPAH, asegura en las últimas semanas, a raíz de la lucha contra la instalación de represas hidroeléctricas, en Guajiquiro, se han incrementado los ataques y las campañas de odio contra líderes ambientalistas.

El líder comunitario asegura que los ataques vienen de gente ligada con los proyectos mineros e hidroeléctricos, liderados por la diputada nacionalista Gladys Aurora López.

Según del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Milpa, son unos 40 conflictos que hasta ahora han documentado, todos relacionados a su defensa de la autodeterminación del Lenca.

Según Global Witness, Honduras es el país más peligroso para defender el planeta. Desde 2010 han muerto más de 120 personas. Las víctimas eran personas que se opusieron a las represas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras y murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/09/municipios-de-la-paz-se-suman-a-declaratorias-de-zonas-libres-de-mineria-e-hidroelectricas/

Internacional

Tres millonarios, en la vanguardia de la privatización de la era espacial

Autor: Redacción Gestión.pe

“El sector privado busca hacer el espacio más accesible, yendo más allá de lo que ha ido la NASA”, dijo en una entrevista a Efe el periodista y escritor Christian Davenport, en referencia a la agencia espacial estadounidense.

Después de amasar fortunas millonarias, los magnates Jeff Bezos, Elon Musk y Richard Branson “se han volcado en su pasión real” con la exploración del espacio, de la que el Gobierno de Estados Unidos está empezando a apartarse.

“El sector privado busca hacer el espacio más accesible, yendo más allá de lo que ha ido la NASA”, dijo en una entrevista a Efe el periodista y escritor Christian Davenport, en referencia a la agencia espacial estadounidense.

Davenport, quien cubre las industrias espacial y de defensa para el diario The Washington Post, es el autor del libro “Space Barons” (Los señores del espacio), para el que entrevistó a Bezos, fundador de Amazon; Musk, el artífice de Tesla y PayPal; y Richard Branson, quien encabeza Virgin.

Además, tuvo la oportunidad de conversar con Paul Allen, quien fuera socio de Bill Gates en la invención de Microsoft.

El título “Space Barons” evoca a lo se conoce en inglés como los “railroad barons”, es decir, los magnates que en el siglo XIX aprovecharon el respaldo del Gobierno federal, que otorgó tierras y dio la protección militar, para la expansión de las redes ferroviarias privadas.-

-Un modelo diferente más barato-

“Los viajes espaciales siguen siendo muy caros -indicó Davenport-. Lo que el sector privado encara es un cambio en el modelo de esta exploración” especial para hacerla asequible al público.

Desde los comienzos de la aventura humana de la exploración del espacio a mediados de la década de 1950, esta se ha caracterizado por su gran coste, que hasta ahora ha sido asumido por el Gobierno, en el caso de EE.UU.

Para llegar a la exosfera, este país y sus competidores han empleado cohetes propulsores con segmentos que, una vez que impulsan la nave a su órbita o trayectoria, caen al mar o quedan flotando en el espacio, con lo que no pueden ser reutilizados y se eleva el coste.

La excepción ha sido el programa de transbordadores espaciales que la NASA inauguró en 1981 y terminó en 2011, después de 135 misiones que contribuyeron a la construcción de la Estación Espacial Internacional (EEI), un proyecto de US$ 100,000 millones en el que participan 15 países.

Sin embargo, la NASA ha anunciado que hacia 2024 concluirá su participación en la EEI.

Ante este “repliegue” de la agencia especial estadounidense, se presentan alternativas dentro del sector privado.Los dos rivales en el sector que reciben más atención en el libro de Davenport son Musk, con su Space Exploration Technologies (SpaceX), fundada en 2002; y Bezos, con su Blue Origin, establecida en 2000.

Ambas trabajan, a un ritmo diferente, en el desarrollo de cohetes propulsores que pueden recuperarse para usos múltiples, lo que, según los empresarios, bajará los costos y permitirá negocios como el “turismo espacial”.

Incluso Virgin, de Branson, ha sugerido que una excursión espacial puede costar unos 250.000 dólares, mientras que a la NASA le cuesta US$ 50 millones el envío de humanos a órbita y calcula en US$ 35,000 por noche la estancia de turistas.

-Futuros posibles-

La visión de los “señores del espacio” a largo plazo es diferente y guía la tecnología que sus empresas desarrollan, explicó Davenport.»Estos empresarios ven las misiones a la Luna o a Marte como exploraciones», añadió el escritor, quien subrayó que, “en Marte, no saben qué podrán encontrar”.

“En cuanto a la Luna, sabemos ya que en su polo sur hay agua en forma de hielo”, continuó.

“Esto es hidrógeno y oxígeno que pueden usarse como combustible para propulsar otros vehículos”.Davenport apuntó que en una perspectiva de cientos de años estos empresarios ven el futuro de la humanidad entre recursos limitados y la población creciente: “Musk piensa en términos de una catástrofe en el cual el ‘plan B’ sea el desarrollo de nuevas naves espaciales y la colonización de Marte”, dijo.

“El enfoque de Branson es la oportunidad de viajes más allá de la atmósfera, algo que hay quienes consideran una diversión para ricos, pero otra forma de verlo es como la oportunidad de observar la Tierra desde lejos, de ver la envoltura fina que es la atmósfera, la visualización de que estamos todos juntos en este planeta”, agregó.

En el caso de Bezos -que es dueño del diario para el que trabaja Davenport- el “plan B” es que la humanidad cuide de este planeta más que la colonización de otros mundos.-

-La privatización de la exploración del espacio, aún por regular-

En más de seis décadas desde que un artefacto humano orbitó a la Tierra por primera vez, la exploración espacial estadounidense, financiada y regulada por el Gobierno, “ha traído beneficios para toda la humanidad”, indicó Davenport.

Ahora, “la participación del sector privado en la exploración espacial trae a colación asuntos que requerirán legislación, como la seguridad de las personas”, añadió.

En ese sentido, Davenport explicó que “el turismo espacial tiene muy pocas regulaciones, tanto para la protección de las personas como de la propiedad.

Es por eso que hasta ahora las misiones de prueba se llevan a cabo sobre el mar”.El autor recordó que desde abril de 1961, cuando el cosmonauta ruso Yuri Gagarin completó la primera misión espacial tripulada, solo 560 personas han ido al espacio más allá de la atmósfera terrestre.

“Hay un potencial en el desarrollo del transporte”, indicó Davenport. “Un vuelo de Nueva York a Madrid, que ahora ocupa seis horas, podría completarse en una hora con un vehículo que salga de la atmósfera y retorne a ella”

 

Fuente:https://gestion.pe/tendencias/tres-millonarios-en-la-vanguardia-de-la-privatizacion-de-la-era-espacial-noticia/

Colombia

Sentidos ambientales de la participación

Autor: Censat Agua Viva.org /Contagio Radio

Paradójicamente, el importante uso de los mecanismos de participación ciudadana en la defensa de los bienes comunes ha intensificado la disputa por el verdadero sentido de la democracia durante los últimos años. Esto debido a que la fundamental participación de los pueblos en la defensa y la protección de los bosques, los suelos y las aguas ha desembocado en una reflexión sobre ¿qué es participar? ¿cómo se concibe la participación?, ¿cuál es su significado legal y/o legítimo en los territorios? Al mismo tiempo, estos pensamientos plantean retos importantes en cuanto a la concepción de las luchas ambientales más allá de lo jurídico, y presentan interesantes horizontes para la articulación de los actores en los territorios, en su diversidad y diferencias.

Recientemente, la Corte Constitucional ha emitido una serie de sentencias contradictorias frente al derecho de participación ciudadana que promulga la Constitución de Colombia (ej: T-342 de 2019), donde limita aún más la posibilidad de los municipios de decidir sobre la realización o no de actividades extractivas en sus territorios. Por esta razón, la Corte insta al Congreso de la República que defina mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio.

Bajo este contexto, es posible determinar dos escenarios producto de las limitaciones a la participación por parte de la corte. Por un lado, desde el inicio del año, el gobierno junto a sectores mineros y petroleros han anunciado la propuesta de un proyecto de ley sobre la coordinación y concurrencia del gobierno central con los representantes de los municipios -alcaldes- para la concertación de las actividades extractivas. Aunque hasta el momento no se ha presentado por parte del gobierno dicho proyecto, si se ha venido denunciando en diferentes medios de comunicación la estrategia de la Agencia Nacional Minera y Agencia Nacional de Hidrocarburos de reunirse con los alcaldes para promulgar tales territorios como municipios mineros y dar vía libre a las actividades extractivas. Es necesario aclarar que la estrategia del gobierno también se encuentra articulada con una reforma de la ley de regalías, actualmente en debate en el Congreso, que incrementaría el nivel de beneficios a los municipios que aportan mayores recursos al Sistema General de Regalías, intentando presentar a la minería y petróleo como más codiciables.

Quienes sí presentaron un proyecto de ley sobre la concertación y concurrencia respecto a actividades extractivas fueron los partidos de oposición, radicado el 24 de julio del 2019. El proyecto establece la necesidad de audiencias públicas ambientales, la participación de las universidades para los estudios previos a actividades extractivas, el reconocimiento a las posibles objeciones de los municipios y participación de la “ciudadanía”. Ahora bien, será necesario que el proyecto de ley pase por los diferentes debates y que no se convierta en un adefesio en donde la participación quede eclipsada por una simple concertación bilateral entre el gobierno central y los alcaldes, o que parta de un diálogo desigual entre comunidades y el sector empresarial. En definitiva, queda la pregunta ¿qué posibilidades reales van a tener las comunidades para decir no a un proyecto extractivo?.

Por otro lado, frente a esta situación los procesos organizativos han seguido construyendo y fortaleciendo propuestas de autonomías energéticas, alimentarias y de ordenamiento territorial popular, que se traducen en acciones concretas en la disputa por la participación y por la gestión comunitaria de los bienes comunes. En este sentido, y durante los últimos meses se han consolidado las consultas populares legítimas, inspiradas en ejercicios de participación ciudadana con el objetivo de radicalizar la democracia. Estamos hablando, por ejemplo, de la Consulta Autónoma realizada en La Guajira en el 2014, entre otras cosas, contra la expansión caboniféra en territorios étnicos, los mandatos populares en el Suroeste Antioqueño, construidos por varias comunidades en temas sobre uso del suelo y agua, patrimonio cultural y ambiental, participación social y educación territorial, así como propuestas de ordenamiento en relación con la construcción social y cultural de los territorios.

Sumado a lo anterior, la última consulta popular legítima respecto a la exploración y explotación de minería metálica e hidrocarburos llevada a cabo en Mercaderes (Cauca) el pasado 3 de agosto, fruto de la organización de varios procesos en la Coordinadora Integral Social Mercadereña y de las históricas luchas por las aguas en la región, deja enseñanzas que robustecen los ejercicios autónomos de las comunidades: 1) Se consolida una pedagogía popular y ambiental en donde las comunidades son capaces de aprender y enseñar en el voz a voz, de casa en casa, donde las expresiones culturales y artísticas se convierten en una oportunidad para el convite, la solidaridad y la alegría del compartir. 2) Redimensión (resignificación) de los territorios: ha sido la posibilidad de recorrer nuevamente los territorios, recordarlos, inquietarse nuevamente por sus montañas, fuentes y paisajes, en algunos momentos hasta se ha podido descubrir nuevos caminos, cuerpos de agua o animales. 3) Radicalizar la democracia ante la negativa del Estado de hacer cumplir el derecho de participación de la ciudadanía, las comunidades se organizan para hacer efectivo su derecho, el Estado se convierte en algo superfluo, no necesario para la expresión de una democracia radical. 4) Articulación de actores diversos más allá de sus diferencias para la protección del agua y de la vida, que abarca también la lucha por las economías propias y las posibilidades de transformación desde la raíz.

Uno de los retos fundamentales radica en ¿cómo dar continuidad a la construcción de los sentidos de la participación en clave de ejercicios de autonomía territorial? Si bien, las posibles respuestas son asuntos para seguir reflexionando y construyendo, hay ejemplos y pistas en lo más profundo del tejido territorial, resulta importante seguir aprendiendo de ellas, tanto de sus obstáculos como de sus aciertos.

 

Fuente:https://www.contagioradio.com/sentidos-ambientales-de-la-participacion/