El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) detectó que 60 por ciento de los adultos que habitan cerca de la zona de explotación de la minera Autlán, en la Sierra de Hidalgo, padecen síntomas similares al Parkinson. Además, 50 por ciento de la población estudiada presentó altas concentraciones de manganeso en la sangre.
Un dictamen recibido por la Cámara de Diputados en 2014 pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que estableciera diagnósticos de atención a las necesidades especiales en materia educativa de niños y jóvenes, con motivo de la disminución de capacidades de aprendizaje, intelectuales y daños físicos por altas concentraciones del material en sangre.
Desde el año 2000, autoridades estatales monitorearon los efectos en la salud y el ecosistema, y solicitaron ayuda de un equipo interdisciplinario de investigadores de instituciones de salud nacionales, universidades e instituciones públicas locales.
Los estudios arrojaron que 50 por ciento de la población presentaba concentraciones de manganeso en sangre por encima de los niveles recomendados internacionalmente.
Además, fue registrada una alta presencia de alteraciones en pruebas que miden la actividad motora en población infantil y juvenil, específicamente en las que requieren coordinación de movimientos, cambios de posición de manos y realización de dibujos secuenciales.
Encontraron que las concentraciones en cabello disminuyen significativamente el coeficiente intelectual de los niños; cada microgramo de manganeso en la cabellera reduce 1.5 puntos del coeficiente intelectual.
Asimismo, análisis del INSP arrojaron también que en promedio 60 por ciento de los adultos que habitan cerca de la explotación de manganeso tienen problemas neurológicos y temblores similares a los producidos por la enfermedad de Parkinson.
Si bien desde 1904 hasta 1950 México exportó más de 434 mil toneladas métricas de manganeso, fue hasta finales de esa década que geólogos localizaron el yacimiento de ese elemento más importante del país en Molango.
A partir de entonces, la minera Autlán convirtió ese en su proyecto más importante, explotándolo desde 1962 en una superficie de mil 250 kilómetros cuadrados.
El área de impacto directo radica en localidades de Molango, Lolotla, Xochicoatlán y Tlanchinol.
El manganeso es un metal que se encuentra en forma natural en diversos tipos de rocas. Se usa principalmente en la producción de acero para mejorar su dureza, rigidez y solidez. También puede usarse como aditivo en la gasolina para mejorar el octanaje.
Puede liberarse al aire, suelo o agua durante la manufactura de productos, por lo que ese material no puede ser degradado por el ambiente, únicamente puede cambiar de forma, adherirse o separarse de partículas.
La exposición a niveles excesivos puede ocurrir al respirar aire que contiene ese elemento. En altos niveles y periodos prolongados de exposición, puede provocar daño en el cerebro en el sistema nervioso central. Los efectos nocivos incluyen alteraciones del comportamiento y en la movilidad, que puede hacerse lenta y con falta de coordinación.
Análisis en niños revelaron que la exposición a niveles extremadamente altos de manganeso pueden alterar el desarrollo del cerebro, alternado así su comportamiento y restándoles capacidad para aprender y memorizar, agregó el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria de San Lázaro.
De lo anterior, la empresa enfrenta actualmente acusaciones del Movimiento Ambientalista de la Sierra Hidalguense por altos niveles de contaminación; los activistas exigen que la firma haga frente a sus responsabilidades.
A finales de septiembre de 2019, dentro de los compromisos asumidos por el subsecretario de Economía Francisco Quiroga con habitantes, fue establecido que sería realizada una auditoría ambiental a la empresa minera Autlán, ello bajo tres ejes rectores: responsabilidad ambiental, inclusión social y responsabilidad fiscal.
La productora enfrenta actualmente
acusaciones de activistas por altos niveles de contaminación y exigen que haga frente a sus responsabilidades
El manganeso se encuentra
en forma natural en diversos tipos de rocas y es usado principalmente en aceros; en altos niveles y periodos de exposición prolongados puede provocar daños en el sistema nervioso central
Propuesta para conformar una comisión multisectorial liderada por MINAM será presentada por representantes de PCM al premiere Zeballos
Luego de reunirse con representantes de más de 13 regiones afectadas por metales tóxicos, el Viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, junto a la Viceministra de Gestión Ambiental, Albina Ruiz, se comprometieron a presentar al premier Vicente Zeballos una propuesta para la conformación de la comisión multisectorial para su aprobación inmediata e implementación. Este documento, que deberá ser firmado por Zeballos y Martín Vizcarra, propondrá que se incorpore en la comisión a los representantes de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos y a la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana.
Los representantes de la PCM se comprometieron a que luego de ratificarse este decreto supremo, se instale la comisión multisectorial en la primera semana de noviembre dada la emergencia en salud que tienen las zonas afectadas. La primera reunión tendrá como objetivo la elaboración y aprobación del plan especial con el que se dará seguimiento a la implementación de todos los sectores.
Recordemos que esta semana estuvieron reunidos en lima más de 50 representantes de las más de 13 regiones afectadas por metales tóxicos agrupados en la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos. Ellos y ellas enfatizaron que a pesar de la grave crisis política del país, no pueden seguir esperando más a que el Estado dé una respuesta con enfoque integral y multisectorial para atender a las graves afectaciones a las salud humana y ambiental que viven.
Camilo Hornauer y Carolina Ruiz de Fundación Plantae nos comparten hoy una columna que habla acerca de la expansión minera y el riesgo que esta impone sobre los glaciares, abriendo la interrogante de si será hora de cambiar el modelo de desarrollo por uno acorde a los tiempos y realidades de hoy.
El pasado 19 de julio, la minera Anglo American ingresó a tramitación el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de su proyecto de expansión “Los Bronces Integrado” en la cordillera de la Región Metropolitana, y a solo 40 kilómetros de la capital. Esto a pesar de que se emplazará -a todas luces- en medio de ecosistemas frágiles y necesarios para el territorio donde habita un 40% de la población del país, más precisamente en la parte alta de la cuenca de los ríos Mapocho y Colorado, este último el principal afluente del Maipo.
Como queda demostrado en el propio documento del EIA, el proyecto tendrá faenas parciales en un área protegida, el Santuario de la Naturaleza de Yerba Loca, y en zonas colindantes con glaciares rocosos, cubiertos y blancos como el Bien Nacional Protegido Rio Olivares. En concreto, la compañía incluirá faenas subterráneas (660 m profundidad promedio) con “tecnología sustentable” y una expansión del actual rajo abierto, que supuestamente no afectará los glaciares.
Si nos vamos al detalle y en concreto a la afectación de glaciares, vemos que poca importancia le dan a la escasa distancia de las operaciones con los glaciares infiernillo y observatorio (que por ser del tipo “Glaciares cubiertos”, pudieran no verse a simple vista) que se podrán ver duramente afectados por la evidente generación de polvo y material particulado, las vibraciones de procesos, maquinarias y tronaduras y la filtración de agua desde los mismos glaciares en la fase subterránea. Y esto no es algo que nosotros simplemente creemos, los daños históricos en glaciares, como en el infiernillo, han sido documentados por varios estudios entre 1992 y 2010, y confirman que el impacto de estos proyectos es real.
Si ampliamos aún más el foco, también nos encontramos con que la expansión pasará muy cerca de un Bien Nacional Protegido poniendo en riesgo los glaciares Olivares Alfa y Beta los cuales registran las mayores reducciones de superficie de la zona central de Chile. Estos glaciares se encuentran inmediatamente al norponiente de la explotación Los Bronces y Andina (de CODELCO), donde con vientos del noreste, es evidente la deposición de polvo y partículas. Una situación que no debiera ser despreciable si consideramos que estos glaciares contienen la mayor reserva de agua dulce de la región Metropolitana.
Con esto surge la duda y la preocupación de si las figuras de protección por si solas son suficientes o si requerimos de miradas e instrumentos más integrales a escala territorial para hacer conservación. En este sentido, que se sigan gestando esta clase de mega proyectos nos hace pensar que los esfuerzos de conservación aislados, como los BNP o las áreas protegidas, no son suficientes si a su alrededor se desarrollan industrias extractivas y energéticas con evidentes impactos y que, en este caso, quieren ampliarse de forma subterránea intentando convencer que de esta manera lograran la anhelada sustentabilidad. Lo más aterrador de todo esto, es que esta intención es en rigor un derecho que le otorga la ley minera a los titulares la cual les transfiere total soberanía bajo el subsuelo dotándoles de un poder que es absoluto.
Con lo anterior, queda claro que el derretimiento acelerado de los glaciares, atribuible en gran medida al cambio climático, ya no es la única amenaza para las reservas de agua de esta zona, ahora lo es también su mala gestión e incipiente protección. La expansión minera y el riesgo que ésta impone sobre los glaciares y el agua de la alta cuenca del Rio Olivares y Mapocho (Santiago) es evidente, y lamentablemente se mantendrá latente mientras no se modifique nuestra arcaica legislación y no se materialice una protección y planificación efectiva del territorio por parte del Estado.
Por dar algunas cifras, según Sernageomin, en las cuencas Olivares y Colorado, solo Angloamerican cuenta con al menos 75 concesiones (de exploración y explotación) lo que corresponde a aproximadamente 12.000 hectáreas, de las cuales una fracción de ellas están inmediatamente bajo glaciares. La dimensión del interés y potencial minero de este territorio quedan confirmados al contabilizarse más de 200 concesiones de explotación y aproximadamente un 50% de la superficie de este territorio con algún tipo de concesión (ver foto 3).
Resulta curioso además que Aes Gener, una empresa generadora de energía y dueña de Alto Maipo, tenga gran cantidad de concesiones mineras otorgadas a su nombre (compradas a Aguas Andinas según convenio de junio 2011) principalmente en el cauce del rio Colorado. ¿Será acaso qué el código minero es usado también como mecanismo para llevar a cabo otros fines? Esto nos hace pensar que si hidroeléctricas y sanitarias también poseen concesiones mineras, lo que involucra una afectación sobre el recurso agua, la dimensión y gravedad del impacto es enorme para la soberanía sobre nuestros recursos naturales, imprescindibles para nuestra vida y para la sustentabilidad del desarrollo.
De concretarse la expansión minera en los territorios antes mencionados, no solo se estaría contribuyendo al deterioro y derretimiento acelerado de los glaciares, sino que además se les estaría entregando en bandeja las aguas que pudieran caer en su propiedad. Si, leyó bien, porque de acuerdo al código de agua de 1981 y al de minería de 1983, quienes sean titulares de una concesión minera tendrán el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en sus labores mientras sean utilizadas para sus trabajos de exploración y explotación. Un “beneficio legal” pensado justamente para fomentar la actividad minera sobretodo en el norte donde la disponibilidad de este bien preciado es escasa. Actualmente en la reforma al código de agua se busca regular el uso de este derecho, el cual se les seguiría otorgando con la salvedad de que el titular deberá justificar a la DGA que efectivamente están haciendo uso de estas aguas en sus faenas. Sin embargo, dado el escenario actual de escases hídrica que azota nuestro país – y fuertemente a la RM – pareciera ser que esta medida sigue siendo bastante débil, descontextualizada e insuficiente.
Todo lo anterior parece irónico cuando se contrasta con los resultados entregados por el Instituto Mundial de Recursos Hídricos (WRI), a un mes del ingreso del SEI del Proyecto de expansión de los Bronces, el cual sitúa a Chile en el lugar número 18 del ranking global de países con estrés hídrico lo que significa que nos encontramos en riesgo alto de vivir una gran crisis, lo que significa alta vulnerabilidad. Sumado a esto, Fundación Chile en su informe “Transición Hídrica: El futuro del agua en Chile” posiciona a la región Metropolitana en una situación extremadamente alta.
Para seguir sumando, el propio Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia (CR2) y la Dirección meteorológica de Chile (DMC), confirman la megasequía en la zona central de Chile, que se extiende por al menos 10 años, alcanzando para este año, al mes de julio, un déficit anual del 72% en las precipitaciones, y que está generando bajas en los caudales del rio Maipo en un 50% (mínimos históricos el año 2019). Y como si fuera poco, y en pleno invierno, el Ministerio de Agricultura acaba de decretar emergencia agrícola en la zona y desde el gobierno anuncian la creación de una mesa nacional de la sequía.
Con estos antecedentes, parece lógico pensar que los glaciares y su protección toman un rol absolutamente clave. ¿Tendrá sentido proyectar y operar un proyecto de extracción minera en estos territorios por las próximas décadas poniendo en riesgo un ecosistema que provee de agua a los 7 millones de personas que viven aguas abajo, y pudiendo afectar negativamente al Santuario de la naturaleza Yerba Loca y los glaciares que alberga el Bien Nacional Protegido Rio Olivares?
A nuestro parecer la respuesta es que por ningún motivo se debe aceptar mas proyectos en este territorio, y esto validado también por la ciudadanía, quien se encuentra tremendamente preocupada. La empresa propietaria de los Bronces y su proyecto de expansión recalca que ha invertido varios años de trabajo con comunidades. Sin embargo, no han logrado convencerlos a todos ya que actualmente vecinos del sector de Farellones están llamando a través de sus redes sociales para movilizarse en contra de este proyecto y defender los glaciares. Una lucha difícil de dar dado el maratónico plan de audiencias de Anglo American, que según el portal infolobby registra en lo que va del año 140 audiencias, siendo éstas realizadas con servicios públicos, instituciones y ministerios, muchos de los cuales deben manifestarse en la evaluación ambiental del proyecto de expansión. Angloamerican es el top 1 del país en lobby.
Si vamos resumiendo, la cordillera de Santiago está viendo amenazada sus aguas y por ende nuestra seguridad hídrica, tenemos un “saludo a la bandera” con la conservación de ecosistemas frágiles y un precedente impresentable sobre la vulnerabilidad directa de un área protegida e indirecta de un Bien Nacional Protegido. Y, por otro lado, proyectos mineros con alto nivel de lobby y escaso o nulo apoyo ciudadano.
Al mismo tiempo que entra este EIA minero al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ocurren otros tres importantes hitos para la institucionalidad ambiental y que consideramos pertinente mencionar. Por un lado, se discute el Proyecto de ley sobre protección de Glaciares y por otro lado se vota en el Senado la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y se intenta reformar el SEIA.
Según lo que se pudo observar en una de las últimas sesiones de la comisión de energía y minería del senado sobre la Ley de protección de Glaciares, hay presión minera y del propio ministerio de la cartera por limitar sus contenidos, definiciones y restricciones, e incluso relativizar su pertinencia y existencia. En simple, estamos frente a un Gobierno que no está de acuerdo con el proyecto de ley porque no quiere dificultar el camino a la actividad minera, y se escuda diciendo que conservación y minería son compatibles, y anteponiendo argumentos relativos al efecto en el empleo y la merma en los ingresos que ocasionaría la promulgación de esta ley. Esta postura viene a confirmar y mantener abierto el camino, no solo para que mineras emplazadas en áreas de alto valor de conservación (por ejemplo, aquellas cercanas a fuentes de agua) sigan operando, sino que permite la futura expansión de sus operaciones, nuevos proyectos y prospecciones en casi cualquier territorio.
La ciudadanía, al mismo tiempo que comienza a desconfiar del mito que la minería es el “Sueldo de Chile”, plantea legítimas dudas sobre los potenciales impactos de algunos proyectos mineros sobre los glaciares, áreas protegidas y ecosistemas cordilleranos, así como de la robustez y confiabilidad del actual Servicio y Sistema de Evaluación Ambiental (SEA y el SEIA respectivamente) en su tarea de preservar nuestro medio ambiente y la biodiversidad.
Es por ello que la declaración de nuevas Áreas Protegidas Oficiales -que incluyan Glaciares- se perfila como una medida real y urgente para la zona central de Chile, siempre y cuando contemple además la implementación de medidas accesorias, pero muy relevantes, como declararlas áreas de interés científico para efectos mineros – que traspasa la responsabilidad del Intendente al Presidente de la República para aprobar el uso minero dentro de estas áreas – y que se considere en su diseño zonas buffer para protegerse de externalidades generadas por industrias colindantes. Sin embargo, la real y anhelada solución sería que con el solo hecho de que un territorio tenga una categoría protegida se prohibiera explícitamente el ingreso de la minera dentro y alrededor de estas.
De modo general, la existencia de Parques Nacionales y el uso de infraestructura verde, son medidas fundamentales de mitigación y adaptación ante el cambio climático y un escenario de escasez hídrica. El gobierno debe involucrarse y hacerse cargo de su responsabilidad, pero con una visión holística, coherente e integrativa con las comunidades.
Número y superficies de glaciares en las áreas protegidas del SNASPE.
En paralelo al despertar ciudadano en lo que refiere a materias ambientales, su importancia y urgencia, y la necesidad de involucrarse ante el escaso compromiso del Estado y el desmesurado interés económico, resuenan cada día con más fuerza las iniciativas civiles que intentan cuidar y preservar estos territorios de montaña y sus recursos. Un objetivo necesario a seguir empujando y presionando -con argumentos científicos y con base en lo socioambiental- desde la ciudadanía y las ONGs debe ser redefinir el código minero y el código de agua, ambos instrumentos que no hacen otra cosa que prolongar la agonía del país y amenazar nuestra propia supervivencia. Asimismo, deben buscarse soluciones basadas en la justicia ambiental o ecológica, y en un entendimiento más profundo y ético de nuestra relación con la naturaleza.
Vemos que las autoridades enfrentan la megasequía desde una óptica cortoplacista y asistencialista, con un foco claro en infraestructura gris y tecnificación, con subsidios parche y con un claro interés en seguir aumentando los suelos agrícolas regables y otras actividades económicas con alta demanda de agua, continuando de paso con la privatización del agua. No parece razonable ni ético que, en estos días, estando en una situación de crisis hídrica alarmante, el Estado siga rematando más derechos de agua para el desarrollo de actividades económicas privadas, con un sobreotorgamiento del recurso, como el reciente caso del Rio Renaico.
En todo caso, aunque la tecnificación, la racionalización, la concientización sobre su consumo y la infraestructura son obligatorias como estrategias para la gestión del recurso, es impensable e inaceptable que el gobierno no vaya al origen, a la naturaleza misma del agua, entendiendo su ciclo, y a cuidar su fuente y a priorizar el consumo humano, que es un derecho, por sobre el uso industrial.
Es seguro que se intentará desviar la atención de la ciudadanía alejándola del real origen del problema y de las estrategias de mitigación más acertadas, y se presentarán como brillantes soluciones las carreteras hídricas y el bombardeo de nubes, o poner énfasis en la responsabilidad a la ciudadanía (y no en la agricultura e industria) como se insinúa con la cuestionada campaña “dúchate en 3 minutos”. Todas estas iniciativas son a nuestro juicio incoherentes y no atacan el problema de raíz.
En el escenario actual de cambio climático donde se constata un severo estrés hídrico y donde la institucionalidad ambiental y el modelo económico están en crisis ¿qué opción nos queda?, ¿Estamos suficientemente informados de los proyectos que se están perfilando a solo kilómetros de nuestros hogares y sus consecuencias?, ¿Nos damos cuenta que estos proyectos están amenazando nuestros derechos, como es el agua y una naturaleza libre de contaminación?, ¿Actuamos en coherencia cuando vemos que nuestros territorios y recursos son sacrificados por el mero interés económico?, ¿No será hora de cambiar el modelo de desarrollo por uno acorde a nuestros tiempos y realidad? ¿Qué opina Ud?
Si quieres hacer seguimiento a la evaluación del EIA de los Bronces, ingresa aquí.
Autoridades de los pueblos se reunieron en un foro en el séptimo aniversario del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio
Tlapa
El Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) realizó un foro y celebró su séptimo aniversario contra la minería.
Ahí los municipios de Malinaltepec y San Luis Acatlán se declararon libres de minería, con lo cual suman tres con Iliatenco, que se les había pedido ratificaran como lo habían hecho las administraciones municipales que concluyeron sus periodos en el 2015-2018.
El foro se realizó el sábado 5 de octubre en la comunidad de San Miguel el Progreso, municipio de Malinaltepec, donde el CRAADT festejó su séptimo aniversario por la Defensa del Territorio en la región Montaña donde se concesionaron por el gobierno federal las tierras para la explotación minera, que generó una resistencia legal a su incursión en la zona.
A la actividad acudieron 13 comisariados de bienes ejidales y comunales de la región y 30 autoridades municipales; y una asistencia de cerca de 500 personas, mujeres y hombres.
En las participaciones del foro acudieron representantes del Ayuntamiento de San Luis Acatlán y de Malinaltepec quienes leyeron ante los asistentes las actas de Cabildo en que se declaran libres de minería.
Armando Galeana Méndez, del área de Fortalecimiento Comunitario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan contextualizó que con esas lecturas ya son tres los municipios que levantan su acta de Cabildo, porque Iliatenco ya la tiene, aunque no acudieron los del gobierno municipal, pero sí los agrarios.
Se trabajaron cinco mesas con los temas de autoridades agrarias donde coincidieron que es necesario que les sigan dando información sobre los proyectos extractivistas que se pretenden implementar o existen para generar conciencia en las personas y que se siga fortaleciendo el Consejo para seguir con el cuidado del territorio de manera colectiva.
En la mesa de autoridades municipales donde estuvieron comisarios y delegados se le pidió al Consejo que dé seguimiento a los presidentes municipales que, si ya aprobaron en Cabildo estar libres de minería, ahora las inscriban en el Diario Oficial del Estado y que se siga invitando a que más presidentes se sumen a declararse contra la minería.
En la mesa, plan para el desarrollo alimentario coincidieron en que es necesario generar nuevas formas de producir sus alimentos para generar soberanía alimentaria y se debe hacer de una manera orgánica para no dañar la tierra, el ambiente, los ríos ya que también sembrando la tierra se defiende y poco a poco hacer a un lado y no permitir la entrada a la Montaña de alimentos que no los benefician.
En la mesa, de participación de la mujer en los núcleos agrarios, se mencionó que se le reconoce su participación en la defensa del territorio y se exigió mayor espacio para que sean tomadas como sujetas de derechos propietarios agrarios.
Y que se vayan integrando al CRAADT y se enfatizó que se debe respetar su participación.
En la mesa sobre los jóvenes en la defensa del territorio se acordó que deben adherirse a la defensa de sus territorios y acercarse a sus asambleas; dotarse de mayor información y formarse para ayudar a sus pueblos.El Consejo Regional de Autoridades Agrarias se formó con el objetivo de organizar los núcleos agrarios para la defensa del territorio ante las políticas económicas del gobierno de Enrique Peña Nieto ante el impulso del modelo económico extractivista a través de las empresas mineras para explotar los recursos naturales de los pueblos.
El pueblo de San Miguel el Progreso o Júba Wajiín en 2011 inició un proceso de resistencia contra la empresa minera Hochschild luego de que la Secretaría de Economía entregó una concesión para realizar trabajos de exploración sin que lo tomara en cuenta.
Por eso se organizó contra las decisiones del gobierno federal e inició la defensa jurídica con la que frenó la embestida parando las concesiones, durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto y ahora esperan el tratamiento que hará el gobierno del morenista Andrés Manuel López Obrador a este tipo de proyectos extractivistas que se dan en los territorios indígenas.
En el foro donde se celebró el séptimo aniversario estuvieron la Red de Afectados por la Minería (Rema), Centros de Estudios Ecuménicos, la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), Antropología y Lingüística Aplicada. https://suracapulco.mx/impreso/2/se-declaran-libres-de-mineria-malinaltepec-y-san-luis-acatlan-suman-tres-con-iliatenco/
* Tienen bloqueadas los accesos a las comunidades de Real del Limón y la Fundición, municipio de Cocula, donde habrían desaparecido al activista Oscar Hernández, denuncian comisarios.
La policía comunitaria bloqueó las entradas a las comunidades Real del Limón y La Fundición, y amenazó de muerte a los pobladores de ambas localidades para que detengan la búsqueda del líder sindical y activista Óscar Hernández Romero.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) alertó que el grupo de civiles armados que opera en la zona del Balsas se adjudicó la desaparición de Hernández Romero y amagó con desaparecer a más personas.
Los pobladores redactaron a mano una denuncia sobre estos hechos y la enviaron a Rema, organización civil que la hizo pública a través de las redes sociales.
En la denuncia se indica que el martes 1 de octubre, los comisarios de Real del Limón y La Fundición fueron “mandados a traer” a la localidad de Nuevo Balsas por la policía comunitaria que opera en la zona.
Se señala que los comisarios fueron citados por Saludito Villalobos y Marcelo Ríos, comandantes de las policías comunitarias de Nuevo Balsas y La Fundición, respectivamente.
Sin embargo, ninguno de los comisarios asistió a la cita, razón por lo que supuestamente fueron amenazados de muerte por la policía comunitaria.
Según la denuncia escrita, les exigieron “que desistieran de la búsqueda del compañero Oscar Hernández Romero”, o de lo contrario “vendrían por más ciudadanos” para desaparecerlos.
Aseveraron que dicha policía comunitaria opera en favor del crimen organizado y que sus ramificaciones en Azcala y Valerio Trujano mantienen asediadas a las comunidades.
Incluso dijeron que los obligan a trabajar “cuidando las entradas” de La Fundición y Real del Limón y por realizar esa actividad les pagan 250 pesos diarios.
El líder sindical y activista Oscar Hernández Romero desapareció desde el lunes 23 de septiembre, cuando salió de su casa en Real del Limón hacia Nuevo Balsas.
Hernández Romero se opuso a la compañía minera canadiense Torex Gold Resources, porque en 2018 prohibió una campaña de sindicalización de sus trabajadores del proyecto Media Luna.
La campaña de sindicalización fue suspendida después de que tres partidarios fueron asesinados y hasta ahora nadie ha sido arrestado por esos crímenes.
El viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, recibió a los representantes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados a fin de informarles sobre los avances que se vienen implementado en el marco de la creación de una comisión multisectorial que enfrente la problemática de la contaminación con metales pesados que afecta a los ciudadanos en diversas regiones del país.
“La comisión multisectorial se crearía a través de una resolución suprema, la cual esperamos pueda ser emitida en octubre. En ella participarían representantes de la plataforma, la Defensoría del Pueblo y de los sectores involucrados. El objetivo es instalar la comisión en noviembre para empezar a trabajar”, informó el viceministro Molina.
El representante de la Presidencia del Consejo de Ministros resaltó la necesidad de trabajar en conjunto con la ciudadanía para enfrentar un problema de esta magnitud. “Dependerá de nosotros trabajar seriamente para elaborar un plan de trabajo, definir prioridades y abordar los diversos aspectos de este problema nacional”, finalizó.
La sociedad moderna depende de metales como el cobre, el oro y el níquel para usos que van desde la medicina hasta la electrónica. La mayoría de estos elementos son raros en la corteza terrestre, por lo que extraerlos requiere el desplazamiento de grandes volúmenes de tierra y rocas. La minería de rocas duras, llamada así porque se refiere a la excavación de minerales duros, no materiales más blandos como el carbón o las arenas bituminosas, generó US $ 600 mil millones en ingresos en todo el mundo en 2017 .
Estudio paisajes alterados por humanos, incluyendo áreas impactadas por minas. Las operaciones mineras son las principales fuentes de contaminación del agua y pueden causar problemas que persisten por generaciones. Sus huellas globales también reestructuran directamente porciones significativas de la topografía de la Tierra, dejando evidencia indeleble de la presencia humana.
Excavando profundo y ancho
En la mayoría de los lugares, las concentraciones de cobre, oro y otros elementos son demasiado bajas para extraerlas de manera rentable. Pero en algunos lugares ocurren en vetas de minerales extraíbles de alta concentración llamados minerales. La concentración económicamente viable de un mineral depende en gran medida de su precio de mercado. El mineral de oro puede ser viable a concentraciones tan bajas como 0.0001%, mientras que el cobre se vuelve antieconómico por debajo del 0.5%.
Para llegar a estos depósitos bajo tierra, los mineros hacen un túnel, excavan pozos abiertos o raspan la superficie de la Tierra. La elección de la técnica depende de factores que incluyen qué tan consolidado está el mineral, el entorno geológico y la profundidad del mineral.
Las minas profundas perturban la menor cantidad de tierra superficial, pero son inherentemente más peligrosas para los mineros. Muy por debajo de la superficie de la Tierra, los equipos constantemente corren el riesgo de encontrarse con gases tóxicos o aire viciado sin oxígeno vital. Otros peligros incluyen terremotos y fallas en los equipos. En 2010, 33 mineros chilenos pasaron más de dos meses atrapados bajo tierra en una mina de oro y cobre después de que una rampa colapsó, pero finalmente fueron rescatados.
El creciente énfasis internacional en la seguridad de las minas y los cambios en la tecnología y la calidad del mineral han provocado un cambio de minería profunda a minas de pozo o minas de superficie, que acceden a minerales desde el aire libre. Las minas de pozo pueden tener hasta tres cuartos de milla de profundidad, pero generalmente cubren menos de 20 millas cuadradas. En contraste, las minas de superficie típicamente se extienden a menos de 1,000 pies dentro de la corteza terrestre, pero pueden extenderse sobre cientos de millas cuadradas.
Junto con metales como el oro, la plata y el hierro, las minas también producen materiales como arena y grava, piedra triturada y cemento Portland.USGS
Aguas ácidas
El acceso al mineral generalmente implica volar el lecho de roca, extraerlo del pozo o pozo y almacenar los materiales de desecho cercanos después de extraer el mineral. En estos montones de rocas sueltas, conocidas como pilas de desechos, los minerales en bruto previamente enterrados están expuestos al aire o al agua. Los compuestos ricos en azufre en la roca reaccionan con el oxígeno y el agua, produciendo ácido sulfúrico, que puede reducir el pH de las corrientes cercanas a niveles comparables al jugo de limón o al vinagre.
En el peor de los casos, este proceso, conocido como drenaje ácido de mina , puede matar la mayoría de la vida acuática nativa. Si el drenaje ácido llega al agua subterránea, puede persistir durante décadas o siglos y comenzar una cascada de otros impactos que perjudican la calidad del agua en las redes fluviales locales.
Cuando el drenaje ácido de la mina reduce el pH de una corriente, otros metales también pueden comenzar a derretirse de minerales en pilas de desechos, pozos de minas o suelos adyacentes, lixiviados en el suelo y el agua subterránea que cruza estas áreas. Esto crea aguas con mayores niveles de cadmio, cobre, plomo y otros metales pesados, que son perjudiciales para los insectos acuáticos, los peces y la salud humana.
Estos efectos pueden ser transportados río abajo y durar por generaciones. Las minas viejas y abandonadas de todo el mundo han dañado la calidad del agua mucho después de que la minería haya cesado . Sus impactos pueden venir como fugas lentas a largo plazo, o como descargas repentinas como el derrame del Rey del Oro 2015 cerca de Silverton, Colorado, que liberó tres millones de galones de aguas residuales y escombros en el río Animas.
Según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE. UU., Existen al menos 161,000 sitios de minería de roca dura abandonados en el oeste de EE. UU. Y Alaska. De estos, al menos 33,000 contaminaron el suministro de agua o dejaron pilas de desechos mineros contaminados con arsénico.
Alterando la forma del planeta
Las operaciones mineras también han dejado alterados miles de millas cuadradas de tierra. En algunos casos, particularmente en la extracción minera de la cima de la montaña , formas terrestres enteras se reforman permanentemente . Durante milenios, la superficie del planeta fue configurada por los lentos procesos geológicos del viento y la lluvia. En contraste, la minería altera la propia geología, topografía, hidrología y ecología de los sitios en años o décadas.
Estas actividades de movimiento de tierra representan el tipo de efecto que ha llevado a muchos científicos ambientales a argumentar que nuestro planeta ha entrado en una nueva época geológica, el Antropoceno , donde las elecciones humanas tienen un mayor impacto en la Tierra que los procesos puramente naturales. La evolución del paisaje se mueve en ciclos muy lentos, por lo que estos impactos topográficos y geológicos pueden durar mucho más que los efectos de la minería en la calidad del agua. Y debido a que los procesos geológicos son lentos, los científicos no saben cómo estos paisajes divergirán o convergerán en su evolución futura.
Esencial y escaso
Al igual que los productores de petróleo y gas, las compañías mineras tienen que lidiar con el hecho de que los productos que buscan son escasos , y ya se han aprovechado las piscinas fácilmente extraíbles, lo que lleva a una disminución en la calidad del mineral . Pero la demanda de estos metales continúa creciendo.
La rápida expansión de la energía verde requerirá la extracción de grandes cantidades de metales de tierras raras para alimentar turbinas eólicas , baterías de vehículos eléctricos y paneles solares . Teléfonos celulares, computadoras, lentes de cámara y otros productos también contienen estos materiales.
Los imperativos económicos llevan a las compañías a continuar presionando por nuevas minas, ya sea en los EE. UU. O en el extranjero, donde los controles ambientales pueden ser más débiles y es probable que los nuevos proyectos muevan más roca, consuman más energía y tengan impactos más duraderos que los que los precedieron.
Asegurar que las operaciones mineras estén sujetas a una supervisión efectiva y un monitoreo a largo plazo, y que las empresas rindan cuentas por los daños ambientales, es un desafío a largo plazo donde sea que se realice la minería. La mejor manera de evitar por completo las complicaciones derivadas de la extracción de más minerales es reducir el consumo de ellos, hacer que los procesos de extracción sean más eficientes y hacer que sea más económico reciclar materiales industriales y metales de tierras raras .
La reciente crisis política, precipitada por la disolución del Congreso, nos ha hecho perder de vista que, desde inicios de la última semana de setiembre, distintos puntos del corredor minero de Las Bambas vienen siendo bloqueados por comunidades pertenecientes a la provincia de Chumbivilcas (Cusco). Este último episodio conflictivo en torno a Las Bambas y la carretera, coincidió con la presentación pública de la fiscalización ambiental realizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que se realizó en el corredor minero comprendido en el ámbito de dicha provincia. El estudio fue presentado en Santo Tomás, capital de Chumbivilcas, el pasado 27 de setiembre, y comprende los resultados del monitoreo realizado entre los meses de junio y agosto del presente año. Esta iniciativa del OEFA fue una respuesta a las constantes quejas y demandas de las comunidades y autoridades locales de esta provincia, molestas por lo que consideran un Estado renuente a tomar acciones concretas que permitan reducir los impactos sociales y ambientales ocasionados por el transporte de los minerales de la empresa minera. Es por esta razón que el OEFA incluyó la participación de distintos representantes de la población en este monitoreo ambiental.
El estudio realizado por el OEFA incluyó la evaluación de componentes tales como: ruido, aire, suelo, flora, fauna, agua, geomorfología y hábitat. Los resultados evidencian una serie de vulneraciones a la normativa ambiental, producidas como consecuencia del transporte de los minerales de Las Bambas. Por ejemplo, en el caso del componente ruido, se pudo identificar que en 22 de los 26 puntos de monitoreo instalados, se excedían los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de ruido. Por su parte, en el caso del aire, en 2 de las 12 estaciones colocadas se excedían los ECA aire (generación de material particulado: PM10). Justamente una de las estaciones donde se registró una excedencia continua de los ECA aire fue en el distrito de Ccapacmarca, que limita con la provincia de Cotabambas en Apurímac. Personalmente pude constatar las inmensas polvaredas que se levantan con el paso de los camiones, a escasos metros de las viviendas y las chacras de la población de este distrito.
Ante tales hallazgos, OEFA ordenó a Las Bambas restringir el tránsito de los camiones en la provincia de Chumbivilcas en el horario de 12-18 horas (restricción que en la práctica comprende a todo el corredor minero). También dispuso que la empresa mejore sus mecanismos para mitigar la emisión de material particulado, con especial consideración en los tramos en que existen localidades colindantes a la carretera. En la misma línea, se solicitó acceder en tiempo real, al sistema de geoposicionamiento satelital (GPS) de los camiones de Las Bambas, para regular la cantidad y la velocidad de dichos vehículos.
Pero el resultado más destacable de esta fiscalización es que el OEFA ordenó a Las Bambas, modificar y/o actualizar su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para incorporar todas estas medidas. La empresa se encuentra obligada a incorporar en esta revisión del EIA, todos aquellos impactos negativos identificados por el OEFA, que se generan como consecuencia del transporte de los minerales.
La necesidad de revisar el EIA de Las Bambas ha sido señalada en reiteradas oportunidades, tanto por parte de CooperAcción como por las organizaciones sociales y las comunidades de las distintas provincias y distritos de Apurímac y Cusco, que son afectados día a día por el tránsito de los camiones. Es importante recordar que el cambio en la modalidad de transporte de los minerales -y que habilitaba a Las Bambas el uso del corredor minero- fue incluido en la etapa final de la evaluación de la Segunda Modificatoria de su EIA, en el 2014. En esa fase ya había concluido el proceso de participación ciudadana y el período de opiniones técnicas por parte de otros órganos del Estado. De esa manera, las decenas de comunidades que se ubican a lo largo del corredor minero, recién se enteraron del uso que se daría a esta vía cuando Las Bambas comenzó a movilizar cientos de volquetes diarios.
Hasta la actualidad esta vía no ha sido asfaltada, ni reúne mínimas condiciones para el transporte continuo de carga pesada. Las consecuencias de estas graves irregularidades vienen siendo asumidas de forma dramática por la población que habita próxima a esta vía: continúas polvaredas que afectan la salud de la gente y sus cultivos, rajaduras en las viviendas, problemas de transitabilidad, accidentes. Todo ello en una carretera que fue declarada como vía pública -es decir que pertenece a todos los peruanos- pero que casi exclusivamente es utilizada por Las Bambas y otras empresas mineras de la zona. Incluso, a pesar de que esta carretera tiene una condición de vía pública, no se ha cumplido con el saneamiento físico legal de las propiedades individuales y comunales que fueron afectadas por su construcción y las sucesivas ampliaciones que se hicieron sobre esta vía en los últimos años.
La situación descrita explica los continuos incidentes conflictivos que tienen lugar en el corredor minero, con numerosos bloqueos y paros que se suceden desde inicios del 2016, momento en el cual se iniciaron las operaciones de Las Bambas y con ello la utilización de esta carretera para el transporte de los minerales. En octubre de ese año, luego de un irregular operativo policial para tratar de desbloquear un punto de la carretera, falleció de un disparo en la cabeza el comunero Quintino Cereceda, que fue la cuarta víctima de los conflictos suscitados en torno al proyecto minero Las Bambas. Casi tres años después, la situación no ha cambiado mucho, y en este momento los bloqueos se registran en el ámbito de la provincia de Chumbivilcas.
Resulta difícil prever como esta situación podrá resolverse en los siguientes meses puesto que aún no se obtienen resultados concretos en el proceso de saneamiento físico legal de las propiedades afectadas por esta carretera, así como tampoco se ha tenido mayor avance en el asfaltado de esta vía o el mejoramiento de sus condiciones técnicas para soportar carga pesada de forma continua. Tal es así la situación, que en una entrevista reciente a altos funcionarios de la empresa Las Bambas, estos declararon que evaluaban alternativas para el transporte de los minerales: por ejemplo, a través de la construcción de un tren, o regresando al plan original de construir un mineroducto[1]. Es irónico (y hasta tragicómico) que la empresa vuelva a poner sobre la mesa la posibilidad de construir el mineroducto, pues justamente su descarte y la opción de la carretera es, en buena parte, la principal causa de todo este mayúsculo problema de ingobernabilidad permanente que existe en su área de influencia social.
Desde CooperAcción, saludamos que el OEFA haya adoptado decisiones concretas que permiten controlar de mejor manera los impactos generados por el transporte de los minerales de Las Bambas. Consideramos que este monitoreo ambiental debe ampliarse a todo el ámbito del corredor minero (particularmente la provincia de Cotabambas) y comprender a todas las localidades afectadas, pues solo de esa manera se podrá tener una mirada integral del problema descrito, y así, contar con un EIA riguroso y coherente, que cumpla con eficacia el principio de prevención ambiental y de atención a las poblaciones.
Sin embargo, considerando que nunca se hizo una línea base sobre esta carretera, que pudiera identificar o predecir los potenciales impactos sociales y ambientales que se generarían por el transporte de minerales, no queda del todo claro si las medidas impuestas por el OEFA a Las Bambas resultan siendo suficientes o las más idóneas para reducir significativamente los impactos negativos. Es lógico que una adecuada fiscalización ambiental solo se puede sostener sobre una buena certificación, en tanto las deficiencias que pudieran existir en los EIA repercuten directamente en la eficacia de los mecanismos de fiscalización. Ello revela la importancia de que los EIA sean lo suficientemente claros y detallados, de modo que puedan incluir las medidas necesarias para cuidar el ambiente y la salud de las personas.
Lo ocurrido en el caso Las Bambas y la forma cómo se aprobó el uso de la carretera como corredor minero no se ajustó a ese objetivo. Estos errores u omisiones no solo tienen como responsables al Ministerio de Energía y Minas, sino que también arrastran al Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), que es el órgano que actualmente aprueba los EIA de los grandes proyectos mineros. Cuando SENACE aprobó la Tercera Modificatoria del EIA de Las Bambas, a inicios de 2018, el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas presentó un recurso administrativo para impugnar dicha decisión, que contó con el apoyo técnico de CooperAcción. En el documento presentado ante SENACE, se expusieron de forma fundamentada, las graves omisiones de esta Tercera Modificatoria del EIA en lo que se refería al control y mitigación de los impactos generados por el transporte de los minerales. SENACE rechazó este recurso, por considerar que las medidas que había adoptado Las Bambas eran suficientes para garantizar el cuidado ambiental. Pero los hallazgos identificados por el OEFA en este último monitoreo ambiental, parecen no darles la razón. Más allá de estas responsabilidades, la situación descrita plantea la necesidad de mejorar los procedimientos de certificación ambiental. Otro aspecto esencial y álgido que requiere ser puesto sobre la mesa en la recién creada Comisión para evaluar cambios en la ley minera.
Hoy lunes 7 de octubre se debe ver la causa del caso del proyecto Tía María en el Consejo Nacional de Minería. Como se recuerda, luego que se hicieran públicos los audios de la reunión que el presidente Vizcarra sostuvo con los gobernadores de las regiones del Sur el pasado 24 de julio, se abrió todo un debate, y en medio de la agudización del conflicto era claro el cuestionamiento sobre la viabilidad del proyecto minero.
Es así que el 09 de agosto, frente al riesgo de pérdida de vidas humanas y económicas, el Concejo Nacional de Minería anunció la suspensión de la licencia de construcción del proyecto minero. Como fue señalado en su momento, esto no implicaba la cancelación del proyecto.
Por lo tanto, el día de hoy será la vista de la causa del recurso de revisión presentado por el gobierno regional de Arequipa, la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, entre otros. Sin embargo, que se lleve a cabo esta audiencia no quiere decir que se resuelva en lo inmediato. Lo que ocurrirá hoy es que los abogados de una y otra parte presentarán sus alegatos orales y la causa quedará al voto, es decir listo para tomar una decisión. Por lo tanto, no habría que descartar que el Consejo Nacional de Minería se tome un tiempo para resolver.
Tía María es uno de los conflictos más largos en la historia del país. No sólo por sus dos capítulos previos que involucran a varios gobiernos, sino porque en este tercer capítulo ya son varios meses de tensión social. Lo que se espera es que, resuelta (o encaminada) la crisis política, el gobierno se aboque a resolver, en serio y a fondo, conflictos sociales como el caso Tía María. Estaremos atentos.
Autor: Paula Huenchumil , Interferencia.cl Conflicto Relacionado: Collahuasi- Pica
La Asociación Indígena Aymara de Coposa presentó una reclamación contra la Superintendencia de Medio Ambiente, por la resolución de esta en que aprobó el programa de cumplimiento de la minera Doña Inés de Collahuasi, mediante la cual la empresa se asegura la extracción de agua hasta 2040.
El miércoles 2 de octubre el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta realizó la audiencia de reclamación de la Asociación Indígena Aymara de Coposa contra la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por la resolución con que esta aprobó el Programa de Cumplimiento de la Compañía Minera doña Inés de Collahuasi, suspendiendo además el procedimiento administrativo sancionatorio en su contra.
En una sesión que duró cerca de tres horas, el Primer Tribunal Ambiental -con sede en Antofagasta- escuchó los alegatos que interpuso la Asociación Indígena Aymara de Coposa que pretende dejar sin efecto la resolución exenta del 16 de mayo de 2019 que benefició a Collahuasi, puesto que considera que la decisión de la SMA no es admisible por tratarse de un infractor con imcumplimientos reiterados y graves a la normativa medio ambiental.
Collahuasi pertenece a la británica Anglo American (44%, la que también es dueña de la mina Los Bronces en conflicto con los glaciares cordilleranos frente a Santiago), la multinacional suiza Glencore (44%) y al consorcio de compañías japonesas lideradas por Mitsui & Co., Ltd. (12%). Según señala la memoria anual de 2018 de la compañía, la cual opera sus propias minas en la I Región de Tarapacá, en 2018 tuvo ingresos por 3.241 millones de dólares y utilidades netas por 1.014 millones de dólares.
En 2018, Collahuasi produjo una cantidad de cobre fino de 559.147 toneladas, “la producción más alta en sus más de 20 años de operación”, dicen en su memoria anual 2018 (el promedio del precio del cobre en 2018 fue de 2,96 dólares la libra).
Respecto a su relación con los pueblos indígenas, en el sitio web de Collahuasi se señala que su trabajo se fundamenta en una Política de Desarrollo Sustentable, en la cual enfatiza que la compañía «reconoce, valora y respeta las culturas, costumbres, patrimonio y valores de las comunidades y pueblos originarios, basándose en el cumplimiento de sus valores y de los principios voluntarios a los que adhiere, así como la legislación y los tratados y acuerdos internacionales vigentes en Chile».
El reclamo
Sin embargo, la comunidad indígena reclama lo contrario y señalan que están enfrentadas a la minera por los recursos hídricos y el daño medioambiental causado al Salar de Poposa. La reclamación representada por Wilson Challapa Choque y la abogada Carolina Sagredo Guzmán, enfatiza en que las operaciones de Collahuasi afectan directamente el territorio indígena que han habitado ancestralmente la cuenca de Coposa, ubicada en el altiplano en la comuna de Pica, Región de Tarapacá, donde históricamente los aymaras han llevado una forma de vida basada en el pastoreo, en un lugar de un ecosistema que presenta características únicas.
El reclamo destaca la importancia del vínculo de la comunidad con el ecosistema, como un ser vivo más, donde suceden sus formas de subsistencia, reproducción y organización de su cultura.
La reclamación en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente, fue atendida por Mauricio Oviedo y los ministros Marcelo Hernández y Cristián Delpiano, mientras que Carolina Sagredo Guzmán representó a la comunidad indígena; Javier Vergara a la minera Minera doña Inés de Collahuasi y Pamela Torres Bustamante a la SMA.
Según informa el Primer Tribunal Ambiental, la abogada reclamante solicitó dejar sin efecto la «resolución del órgano fiscalizador y que se rechace el programa de cumplimiento presentado por la empresa minera con el fin de que dicho organismo continúe con el proceso sancionatorio».
En la audiencia la abogada Sagredo señaló que la resolución de la SMA es inadmisible pues se trata de un «infractor con incumplimientos reiterados y graves a la normativa medio ambiental», cuyo comportamiento infraccionado habría provocado ya grave daño ambiental al Salar de Coposa. «La compañía ofrece un nuevo plan hidrogeológico con el fin de extender sus operaciones al 2040 y seguir extrayendo agua», argumentó Sagredo.
En tanto, la abogada litigante de la SMA señaló que «es cierto que la empresa no realizó todos los monitoreos de ave y fauna», pero que la existencia de una infracción no es suficiente como para que «no se pueda presentar un programa de cumplimiento”. Por su parte, el defensor de la minera manifestó que la reclamación se presentó fuera de plazo y que Collahuasi intenta convivir adecuadamente con las comunidades indígenas.
El Primer Tribunal Ambiental ahora deberá resolver si aceptan o rechazan la reclamación, proceso que podría durar algunos meses.
El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) detectó que 60 por ciento de los adultos que habitan cerca de la zona de explotación de la minera Autlán, en la Sierra de Hidalgo, padecen síntomas similares al Parkinson. Además, 50 por ciento de la población estudiada presentó altas concentraciones de manganeso en la sangre.
Propuesta para conformar una comisión multisectorial liderada por MINAM será presentada por representantes de PCM al premiere Zeballos
Camilo Hornauer y Carolina Ruiz de Fundación Plantae nos comparten hoy una columna que habla acerca de la expansión minera y el riesgo que esta impone sobre los glaciares, abriendo la interrogante de si será hora de cambiar el modelo de desarrollo por uno acorde a los tiempos y realidades de hoy.
Autoridades de los pueblos se reunieron en un foro en el séptimo aniversario del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio
* Tienen bloqueadas los accesos a las comunidades de Real del Limón y la Fundición, municipio de Cocula, donde habrían desaparecido al activista Oscar Hernández, denuncian comisarios.
El viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, recibió a los representantes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados a fin de informarles sobre los avances que se vienen implementado en el marco de la creación de una comisión multisectorial que enfrente la problemática de la contaminación con metales pesados que afecta a los ciudadanos en diversas regiones del país.
La sociedad moderna depende de metales como el cobre, el oro y el níquel para usos que van desde la medicina hasta la electrónica.
La reciente crisis política, precipitada por la disolución del Congreso, nos ha hecho perder de vista que, desde inicios de la última semana de setiembre, distintos puntos del corredor minero de Las Bambas vienen siendo bloqueados por comunidades pertenecientes a la provincia de Chumbivilcas (Cusco). Este último episodio conflictivo en torno a Las Bambas y la carretera, coincidió con la presentación pública de la fiscalización ambiental realizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que se realizó en el corredor minero comprendido en el ámbito de dicha provincia. El estudio fue presentado en Santo Tomás, capital de Chumbivilcas, el pasado 27 de setiembre, y comprende los resultados del monitoreo realizado entre los meses de junio y agosto del presente año. Esta iniciativa del OEFA fue una respuesta a las constantes quejas y demandas de las comunidades y autoridades locales de esta provincia, molestas por lo que consideran un Estado renuente a tomar acciones concretas que permitan reducir los impactos sociales y ambientales ocasionados por el transporte de los minerales de la empresa minera. Es por esta razón que el OEFA incluyó la participación de distintos representantes de la población en este monitoreo ambiental.
Hoy lunes 7 de octubre se debe ver la causa del caso del proyecto Tía María en el Consejo Nacional de Minería. Como se recuerda, luego que se hicieran públicos los audios de la reunión que el presidente Vizcarra sostuvo con los gobernadores de las regiones del Sur el pasado 24 de julio, se abrió todo un debate, y en medio de la agudización del conflicto era claro el cuestionamiento sobre la viabilidad del proyecto minero.
La Asociación Indígena Aymara de Coposa presentó una reclamación contra la Superintendencia de Medio Ambiente, por la resolución de esta en que aprobó el programa de cumplimiento de la minera Doña Inés de Collahuasi, mediante la cual la empresa se asegura la extracción de agua hasta 2040.