La Comisión Nacional del Agua posibilita dar concesiones a discreción por internet para explotar el agua de ríos, manantiales y pozos. Desde 2018, cuando Peña Nieto levantó la veda a 10 cuencas, se han otorgado casi mil concesiones sin informar a las comunidades locales.

Conagua en Línea, el sistema de solicitud de concesiones de agua por internet, que entró en vigor en abril, y la expansión de los decretos de agua, emitidos por el expresidente Enrique Peña Nieto a todo el país, podrían dejar a los pueblos originarios del territorio mexicano sin acceso al agua.

La plataforma de Conagua en línea permite que cualquier persona o empresa obtenga concesiones para explotar el agua de ríos, manantiales y pozos de estas comunidades sin su conocimiento o consentimiento de las comunidades locales.

El lunes pasado, Eugenio Barrios, director de concesiones de Conagua, aseguró que planea expandir la figura de reservas de agua a todo el país. Esta figura inició a finales del sexenio pasado, el 5 de junio de 2018, cuando Peña Nieto levantó la veda a 10 cuencas de agua.

Estos decretos eliminaron la prohibición para explotar 300 cuencas hidrológicas. Ahora, bajo la nueva figura de “reserva” que se les dio a estos cuerpos de agua, se pueden expedir concesiones a particulares para que exploten entre 70 y 65 por ciento del líquido, y el resto se mantenga en reserva para su cuidado y para el consumo de las comunidades cercanas.

Las vedas de agua que protegían estas cuencas equivalen al 55 por ciento de los lagos y ríos del país.

Durante su campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador aseguró que echaría para atrás estos decretos, sin embargo, no ha sucedido.

El agua en pocas manos

“De acuerdo a como está configurada la actual ley de aguas nacionales, y sobre todo, por cómo se comportan los funcionarios, hace que las aguas se concentren y se privaticen”, advirtió Miguel Ángel Montoya, especialista del colectivo Agua para todos, una agrupación de ciudadanos que promueven el derecho al agua.

“Las vedas tienen una función ecológica para permitir que se exploten las cuencas, ésa es la mejor manera de conservarlas”, asegura. “Se nos vendió que el 35 por ciento era de reserva. De ese porcentaje una parte va al uso público urbano, de ese porcentaje destinaron 100 litros por habitante para las zonas indígenas y rurales, que desde luego, bajo este contexto de recorte, nunca van a poder acceder a él, porque no tienen la infraestructura que sí tienen el resto de los concesionarios. En pocas palabras, queda de adorno esa reserva de 100 litros por habitante por día”.

Para Miguel Ángel Montoya, las acciones que han emprendido los funcionarios de Conagua para reforzar este marco de operación constituyen una traición a la 4T y al presidente López Obrador.

Aunque su afirmación no es comprobable, lo cierto es que los funcionarios que ayudaron a crear los decretos de agua de Peña siguen en funciones en la Conagua, como el director de registro público de derechos de agua, Gerardo Reyes Juárez, o el subdirector general técnico, Víctor Alcocer Yamanaka.

Antes de que se abrieran a concesión, estas aguas formaban parte de la propiedad social, conformada a través de dotaciones de tierras, aguas y bosques por decreto presidencial. El cuidado de estas cuencas era algo que naturalmente realizaban los campesinos, pues, al no usar canales de riego y esperar al temporal para la siembra, ayudaban a recargar las cuencas y evitar la sobreexplotación, explica Julio César Cervantes, de la Central Campesina Cardenista.

“El Registro Nacional Agrario señala que gran parte de las aguas puestas a disposición se encuentran en las 23.4 millones de hectáreas que son propiedad de los 7462 núcleos agrarios, formados a través de decretos presidenciales que les dotaron de tierras, aguas y bosques”, explica Cervantes.

Un ejemplo de cómo podría afectar este tipo de concesiones se vivió en en la Costa Oaxaqueña, en el poblado de Paso de la reina, donde, por medio de amparos legales, vencieron los decretos presidenciales de Peña Nieto.

Al respecto, Claudia Gómez Godoy, abogada que ayudó con el proceso legal de esa comunidad, asegura que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se han sentado las bases para proteger el agua de las comunidades del país.

“No está asentado la protección que se requiere. Llevamos una discusión de muchos años sobre el agua y los derechos de los pueblos a nivel nacional, y aún no se llega a nada. En el caso de Paso de la reina, no se consideraron los derechos territoriales de los pueblos, que son reconocidos por diversos tratados internacionales, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que defiende la consulta previa a los pueblos originarios antes de disponer de los recursos del lugar en el que habitan”, explica la abogada.

La misma ruta de concesiones que minería

La plataforma de Conagua en línea es muy parecida al sistema de concesiones mineras que creó la Secretaría de Economía hace unos años. A través de la página de internet, cualquier persona puede solicitar una concesión minera o de agua. Sólo basta llenar un par de formularios y hacer un pago de derechos en el banco y listo. En el caso de las minas, este sistema de concesiones terminó por desposeer a miles de personas de sus tierras sin que ellos se enteraran que el lugar en el que vivían había sido concesionado.

Lo mismo podría  pasar con Conagua digital, se va a dar acceso a la explotación del recurso a personas sin que se le avise a quienes originalmente habitan las cuencas y que son, por tiempo, primeros en derecho a esos recursos; a estos flujos de agua que durante años han tenido como derecho fundamental.

“Desafortunadamente vemos que, en este sistema de concesiones, el derecho al agua de estas comunidades y de estos ejidos les es retirado para poderlo meter en un mercado. Así va a ser lo que va a pasar con Conagua digital. Lo que hace este mercado es concesionar a través de estas personas, a quienes verdaderamente están interesados en pedirlas”, asegura Julio Cervantes.

De acuerdo con el especialista, muchas empresas, desde agropecuarias, lecheras, mineras, cerveceras y de todo tipo, están empezando a promover que terceros pidan concesiones para después comprárselas y acaparar los derechos de explotación del líquido. Esto, con la intención de no ser identificados y ocultar de cuánta agua se hacen.

Hace una semana, el mismo día que el director de concesiones de Conagua, Eugenio Barrios anunció sus intenciones de expandir los decretos del agua de Peña, el Think Tank Ethos publicó un estudio sobre la corrupción al interior de Conagua que permite que este tipo de concesiones proliferen y se den al mejor postor.

“En el área de transmisiones y concesiones encontramos que entre 2015 y diciembre de 2018 se otorgaron 77 concesiones en lugares en donde ya no hay agua. Eso nos dice que no se está respetando el proceso ni se está garantizando la sustentabilidad de los recursos hídricos”, dijo Rodrigo Bolaños, uno de los investigadores encargados del estudio en una entrevista radiofónica.

Mil concesiones en un año

De acuerdo con la información que compartió el director de concesiones de Conagua, Eugenio Barrios, para defender su propuesta de ampliar los decretos del agua, desde que se levantó la veda, se han otorgado solo 362 nuevas concesiones de agua.

La mayoría de ellas, el 90 por ciento, fueron aprobadas para uso agrícola de pequeños productores, y que el volumen aprobado, no excede los 101 millones de metros cúbicos de agua por año, es decir, .25 por ciento del total que se permite explotar a terceros.

Sin embargo, información del colectivo Agua para todos revela que no son 362, sino 968 concesiones las que se han aprobado para explotar el agua que antes estaba vedada. Incluso, una de ellas, contempla una concesión de 127 millones de metros cúbicos.

“Esa es una mega mega concesión que se dio en el pueblito de Chilón, Chiapas, a nombre del gobierno municipal. Este municipio está bajo sitio por paramilitares, y el comité de agua del pueblo ha recibido amenazas de muerte por parte de estos grupos”, explica Elena Burns, de Agua para todos.

Elena acepta que el 90 por ciento de las concesiones se pudieron haber dado a campesinos, sin embargo, concesiones como las del pueblo de Chilón, quedan en ese 10 por ciento que queda, este tipo de procesos abren la puerta a disputas por el territorio que generan una violencia terrible, asegura Elena Burns.

En el siguiente mapa, elaborado con datos de la propia Conagua por Agua para todos, se muestran las concesiones otorgadas a partir de los decretos de Agua de Peña Nieto:

Fuente:https://piedepagina.mx/el-agua-de-mexico-disponible-via-internet/?fbclid=IwAR3yUyphsbm6kmyoi2RnNAyL8N5F_42NO-Bvw8br0b2Ug8eBZjoLbGPU284#.XaGEIdz0GxJ.facebook

En las entrañas del municipio de Cocula, en el estado de Guerrero, desde el 2010 la empresa minera canadiense Torex Gold Resources INC., por medio de su subsidiaria “Minera Media Luna S.A. de C.V.” opera, a través de las técnicas a cielo abierto y subterránea, el proyecto para la extracción de oro y plata denominado; “El Limón-Guajes”. Desde su llegada, ha sido una de las empresas “consentidas” de diversos operadores políticos del estado de Guerrero, en especial de los gobernadores en turno, así como también, recurrentemente es visitada por el cuerpo diplomático de la embajada canadiense en México, lo que le ha permitido al Sr. Fred Stanford, presidente, CEO y director de Torex Gold Resources Inc., transitar en total impunidad a pesar de los cientos de agravios cometidos por la empresa y sus violentos operadores, para con las y los pobladores principalmente de las comunidades de Nuevo Balsas, La Fundición, Real de Limón y Atzcala.

El historial de esta empresa en la zona, incluye varios cierres de operaciones por parte de opositores y trabajadores en donde siempre está presente algún acto violento perpetrado por los trabajadores de la CTM y el crimen organizado, el mismo que, desde hace años, opera abiertamente para la empresa controlando entradas y salidas, ofreciendo empleo y sometiendo a sus caprichos a la población. La lista de agravios de esta empresa es igual de grande que la impunidad en la que opera este país; desde los desplazados de la comunidad La Fundición que tuvieron que huir del país o rumbo a otros estados para no ser asesinados, la aparición de falsas escrituras de tierras para despojar a los dueños originarios, la reubicación forzada para cerca de 170 familias de La Fundición y Real del Limón, la contaminación del agua ocasionada por la minera que afectó para siempre la actividad económica y la salud de las y los pescadores de la comunidad de Nvo. Balsas, contaminación que fue distorsionada, por lo tanto falseada, por la Universidad de Guerrero, lo cual no es casualidad si entendemos que dicha Universidad está siendo financiada desde hace años tanto por la Torex Gold como en su momento por la Goldcorp que operaba en Carrizalillo.

También se suman a las agresiones múltiples extorsiones, levantones y secuestros, que nos hacen recordar la ocurrida a los 3 hermanos Víctor, Miguel y Modesto Rebolledo Salinas, miembros del ejido Real del Limón, quienes fueron levantados no sin antes haber sido balaceado, el otro hermano, Eligio Rebolledo Salinas, lo que también nos trae a la memoria el asesinato de otros dos hermanos; Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña, trabajadores de la empresa que se opusieron a continuar siendo explotados por la empresa y el sindicato de la CTM. Lo “singular” del asesinato de ambos hermanos, es que suceden ante la mirada de unos “militares” adscritos a la patrulla número 0827327 quienes pocos días antes instalaron un reten de seguridad, porque ese proceso se encontraba en un momento álgido del cierre de la empresa ocasionado por poco más de 600 trabajadores quienes luchaban por ejercer su libertad de asociación, la libertad sindical y la libertad de negociación colectiva como derechos fundamentales. Poco después asesinaron a otro de los principales líderes de ese movimiento obrero patronal, el Sr. Quintín Salgado Salgado. La Limpia de Luchadores por sus Derechos, por parte de la empresa Torex Gold y sus sicarios, incluye por supuesto, despidos individuales y masivos, y persiste una persecución que raya en lo grotesco, porque continúan las desapariciones de opositores como le ocurrió a Óscar Hernández Romero este 23 de septiembre de este año, a quien desde entonces más de 100 personas salieron a buscarlo en diferentes rincones de Cocula. La causa de esta desaparición es porque 200 trabajadores que fueron despedidos de forma injustificada, sostienen una demanda contra la empresa. Ahora la seudopolicia comunitaria e integrada por sicarios que opera en la zona a favor de la empresa, ha decidido detener la búsqueda y mantiene amenazada de muerte a las y los amigos que buscan a su líder.

Aquí detenemos este breve relato de los recurrentes agravios de la violenta empresa minera canadiense Torex Gold Resources INC., porque se hace necesario poner en la mira del público una historia no contada o poco analizada, quizás únicamente por el Diario el Sur de Acapulco.

Desde el cierre de las operaciones de la empresa promovido por los poco más de 600 trabajadores de la mina, exigiéndole a la empresa canadiense DESCONOCER el contrato colectivo de trabajo que mantenían con el sindicato de la CTM, poco a poco se fueron presentando una serie de acontecimientos violentos que le fueron dando más y más notoriedad a este caso. Fue así que se intentaron visitas solidarias de diferentes actores, mismas que en el camino a las comunidades fueron detenidas por grupos de sicarios. También aparecieron los más altos niveles del gobierno del estado, el cuerpo diplomático canadiense, la policía estatal y municipal, la gendarmería y el ejercito, así como se presentó el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRM), liderada por el actual Senador Gómez Urrutia quien, utilizando la influencia canadiense de la que goza, hizo participes de este conflicto al Sindicato de los Trabajadores del Acero de Canadá (USW), quienes solicitaron la intervención del primer ministro Justin Trudeau para con las autoridades mexicanas, y detener la represión contra los promoventes del paro laboral. El sindicato canadiense también emitió un boletín denunciando “que la filial de Torex Gold Resources pactó una alianza con la CTM para afiliar a todos sus trabajadores en el sindicato -sin su consentimiento-, y recordó que esta “práctica corrupta” es ilegal, tanto en Canadá, como Estados Unidos”. La asesoría de estos sindicatos, pronto llevó el caso a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde por lo menos se efectuaron dos audiencias públicas y determinar fecha en la cual se llevaría a cabo la votación para la selección del sindicato, que claramente apuntaba a la creación de una sección a cargo del STMMSRM.

Por los medios se anunció la fecha en la cual se realizaría el conteo que finalmente definiría el cambio de sindicato. Sin embargo, un día antes de la fecha dispuesta por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la empresa movió por todos lados un comunicado, en el cual hacia manifiesto su gusto por finalmente las partes haber establecido un acuerdo interno, con el cual se levantó el bloqueo y así, de un plumazo, quedó en el “olvido público” el conflicto, los asesinatos, los secuestros, las extorsiones, al mismo tiempo que no se supo más tampoco del apoyo nacional que habían recibido los opositores por parte del STMMSRM o del apoyo internacional del USW. Las auto-loas del artífice represor el Sr. Fred Stanford, director de Torex Gold Resources Inc., fueron exuberantes y llenas del buen proceder empresarial, pero todo fue mentira, porque los relatos de los opositores citan que fue el crimen organizado a cargo de la empresa quienes concluyeron con el plantón, se presentaron y de golpe y porrazo las y los amenazaron con masacrarlos a todos, si no terminaban con el paro laboral. Todos se retiraron sin decir nada; sindicatos (nacional y extranjero), gobierno estatal y municipal, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, consulado canadiense en México, fuerzas armadas del estado y federales, mientras el Sr. Stanford salía en todos lados celebrando su “el gran acuerdo”.

Esta reseña sirve para ubicar que, la violenta realidad que viven los pueblos del Mpio. de Cocula y de los municipios del rededor, no ha cambiado a favor un sólo milímetro. El gobierno federal sigue ausente de la zona, aun a pesar del efecto creado por el caso de los muchachos de Ayotzinapa, por lo tanto, la impunidad sigue siendo el elemento central del poder corporativo empresarial que tiene sumisos, sometidos y comprados a cada uno de los operadores políticos del estado. El progreso y desarrollo minero, tal cual lo hemos documentado y denunciado hasta el hartazgo como REMA, es por decirlo suavemente una barbaridad.

REMA se solidariza con la lucha de las y los compañeros que viven la violencia sistémica en toda la zona conocida como el “Cinturón Dorado” del Estado de Guerrero. Sabemos que es una lucha que ustedes hacen en soledad absoluta, porque ahí El Estado tiene rato que le pertenece al crimen organizado y a las empresas mineras, y en ese contexto, reconocemos cada uno de sus enormes esfuerzos por mantener la cabeza erguida y seguir luchado por la vida.

¿CUÁNDO TERMINARÁ LA SIMULACIÓN Y LA IMPUNIDAD?

SI LA 4T NO PONE EN PERSPECTIVA ESTE TEMA DE FONDO, TODO LO QUE DIGAN EN LAS MAÑANERAS, ES TOTALMENTE IRRELEVANTE

APARICIÓN CON VIDA DE ÓSCAR HERNÁNDEZ ROMERO

POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Fuente:https://movimientom4.org/2019/10/la-empresa-minera-canadiense-torex-gold-resources-inc-arquetipo-de-la-violencia-en-guerrero/?fbclid=IwAR0Epo7l86oc-h_BNbtrca7r_cSG0XgJOyMG54sKYxDuwqi6wSGN-_PvoCk

Después de que decenas de ciudadanas y organizaciones civiles difundieron un comunicado denunciando la deplorable alianza entre el Oaxaca FilmFest y Minera Cuzcatlán, y tras la interrupción de la clausura del festival por activistas que alegan la responsabilidad de la minera en la contaminación del río Coyote, el Oaxaca FilmFest anunció su cancelación del patrocinio.

“Somos sensibles al exhorto de la sociedad y las comunidades que han manifestado la petición de retirar de nuestros patrocinadores a la empresa minera”, declaró el comité organizador del festival en un comunicado difundido en los medios de comunicación este miércoles. “Es importante reflexionar ante la voz de la sociedad civil y por ello se ha decidido terminar de manera inmediata y definitiva ese patrocinio”, precisaron. Para el jueves, el logo de Cuzcatlán ya no aparecía en la página web del Oaxaca FilmFest, y la compañía minera había iniciado su típica guerra propagandística a través de los medios sociales.

En Twitter y Facebook, donde el comunicado y los videos de la acción fueron ampliamente compartidos, Cuzcatlán se vio obligado a responder a las críticas una por una con el fin de salvar su imagen manchada.

También difundió una declaración titulada “Compañía Minera Cuzcatlán lamenta decisión del Oaxaca FilmFest”, destacando los grandes beneficios que ofrece al pueblo de Oaxaca en materia de empleo, derrame económico y desarrollo comunitario. Muchas, sin embargo, parecían no estar convencidas. “Qué cínicos. Oaxaca no necesita la ayuda de una minera para poner en alto el nombre de los pueblos”, respondió un usuario a la empresa en Twitter. Mientras otra participante en la conversación opinó: “Qué asco que vengan a justificarse en redes sociales”.

Fuente:https://www.educaoaxaca.org/tras-protest-oaxaca-filmfest-cancela-el-patrocinio-de-minera-cuzcatlan-video/