Año: 2019

Mexico

La megaminería vulnera derecho a la salud de pueblos invadidos por esta actividad

Autor: Iris Juárez Galván , La Jornada Zacatecas

Realizan Séptimo Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva

■ Las poblaciones en resistencia deben pagar la factura por no haber sido consultadas oportunamente antes de que se implementaran megaproyectos sociales en su territorio 

La fractura en la salud de las comunidades a causa de los mega proyectos industriales y la vulnerabilidad el derecho a la salud de los pueblos que son invadidos por la minería, fue la tesitura de la mesa “Territorio y defensa del Agua” en el marco del Séptimo Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva “El derecho a la salud: un desafío para el México actual.

Los ponentes expusieron algunos casos específicos donde las megaindustrias han afectado la forma de vida de las comunidades. En el caso de la defensa del territorio, coincidieron en que los movimientos de resistencia, usan el cuerpo como una forma de detener los avances de las grandes empresas que fragmentan y cambian las dinámicas de vida de las comunidades. El cuerpo de cada integrante de la comunidad entra en una lógica de la salud y la enfermedad, lo social se vuelca individual y viceversa.

Los pueblos en resistencia deben pagar la factura por no haber sido consultados oportunamente antes de que se implementaran megaproyectos sociales en su territorio.

En el mismo sentido, Ricardo Pérez, de la Universidad de Chile, habló de “Zonas de sacrificio ambiental” y cuestionó la situación de Chile al respecto. El concepto que desarrolló, data de la década de los 50, cuando un diario de derecha chileno aseguró que había que sacrificar territorios para conseguir un fin superior: el progreso. Al día de hoy en Chile, el modelo extractivista ha sido devastador, hasta el punto que el estado no ha podido garantizar los derechos ambientales de regiones importantes y amplias del país.

En Chile hay 116 conflictos socioambientales, de los cuales 62 están activos y 24 están cerrados. Todos ellos se relacionan con empresas de energía, principalmente termoeléctricas y complejos mineros.

En este sentido, hay una formación de percepción de riesgos donde las empresas no reconocen sus prácticas criminales y que pueden afectar a las comunidades, y la institución [del estado], no reconoce a la empresa como un peligro para el medio ambiente. Y no hacen un esfuerzo por medir la salud de las comunidades. Opinión que se consenso entre los participantes de la mesa.

Esto trae como consecuencia rupturas sociales, pues las empresas tienen como estrategia prometer progreso a las comunidades y en un principio se entregan apoyos. Una vez que la empresa se instala, estas se olvidan del bienestar de la población. Un modelo repetido en toda América Latina. Esto origina fractura, cuando la opinión sobre la instalación de las industrias es dividida.

 

Fuente:http://ljz.mx/2019/10/26/la-megamineria-vulnera-derecho-a-la-salud-de-pueblos-invadidos-por-esta-actividad/?fbclid=IwAR1snA6bRG6g86xLZVbBi0fETaXPSQS0bnXqbFSvgYhybq-XL2oiQh8TJf4

Colombia

Bienvenido el debate sobre la minería en Jericó

Autor: Jorge Eduardo Cock L, El Tiempo
Conflicto Relacionado: Jerico-Tamesis-Quebradona

En EL TIEMPO del pasado martes 8 de octubre, bajo el título ‘Debate sobre minería en Jericó debe basarse en argumentos’, salió publicado un extenso artículo del exministro de Minas y Energía Ramiro Valencia Cossio, en el cual trata de rebatir el que me publicó el mismo medio el pasado miércoles 2 de octubre bajo el título ‘Los riesgos del proyecto de minería en Jericó’.

Desde el mismo título y en seis puntos más, aunque no entiendo por qué se refiere a infraestructura, se empeña en afirmar, sin saberlo, que debo basarme en argumentos, “en un contexto científico y fáctico, y no en impresiones e imprecisiones”, que mis críticas al proyecto de Quebradona no cuentan con los suficientes argumentos técnicos y científicos, que una discusión compleja es “orientada desde la percepción y no desde las pruebas ingenieriles”. En todo ello está totalmente mal informado, desinformado, y muy equivocado, como veremos en seguida.

Comienzo por juzgar que si las cosas fueran como las plantea el exministro Valencia Cossio, con tanta ignorancia del tema por mi parte, no tendría explicación alguna el hecho de que no se haya conocido siquiera un intento de negación o controversia oficial, con los ingenieros o los consultores de AngloGold Ashanti, la multinacional surafricana dueña del proyecto, reacción que me anunció la vicepresidenta de asuntos corporativos de AGA cuando me dijo que “esos documentos se filtran y llegan muy rápidamente a nuestras manos, y ya lo estamos analizando en detalle”.

Se refería al documento ‘Consideraciones sobre el proyecto de minería de cobre Quebradona, de AngloGold Ashanti en Jericó, Antioquia’ y su resumen ejecutivo, que empezábamos a enviar a mucha gente en versión digital a principios de julio del presente año, elaborado por el ing. geólogo, consultor y profesor Fabián Hoyos Patiño, graduado de la Universidad Nacional y magíster de la Universidad Estatal de Arizona, y mi persona, tras muchos meses de estudio sobre el proyecto, que incluyeron asistencia a dos presentaciones de socialización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de AGA y sus consultores, y recibo de los documentos presentados, además de muchos otros que ya teníamos.

El estudio es completísimo, cubre todos los aspectos técnicos y sociales, con cálculos propios y detalle de las bases, las variables y las fórmulas utilizadas y con un listado completo de datos, fuentes de información y referencias. Y, claro está, muchos de los resultados difieren bastante de los oficiales que ellos presentan.

Para reforzar mis capacidades y mis posiciones, cuento siempre con el desinteresado apoyo de otros preclaros profesionales en las materias claves, a quienes vengo consultando desde hace dos años largos, cuando me dediqué a estudiar el tema, para reforzar lo aprendido en la presidencia de Carbocol, donde me tocó hasta la selección de equipos, en mis muchos trabajos de consultoría sobre minería, en la promoción, la fundación y la junta de una empresa minera grande, y luego en la presidencia de Asomineros, mas no en el Ministerio –donde solo aprendí que estábamos destruyendo el medioambiente del país–; en igual forma a lo que se está haciendo en todo el mundo, hasta con ‘las mejores y las más avanzadas tecnologías’, y que la mayoría de las grandes empresas mineras engañan fácilmente a los gobiernos.

Pues bien, aclarado esto, veamos los principales puntos que el señor Valencia Cossio incluye, y otros que no toca y son fundamentales, con los cuales quiere “AGAcharme” para agradar y defender a sus contratantes, porque es lo único bien dicho en su escrito: que a él le pagan por decirlo, mientras del otro lado del debate muchos trabajamos por conciencia y por amor a las causas ambiental y popular.

Qué buscarán los señores AGA con esto y cómo creerles todo lo que dicen, como lo hacen Valencia Cossio y los demás consejeros que bastante le deben costar por ese trabajo

En fin, para no entrar en minucias, me referiré a los más protuberantes errores del señor Valencia Cossio, que a su vez son los de mayor y más grave impacto.

Uno es la repetición e insistencia en el cuento de que en las montañas de Jericó no hay acuíferos y que, por lo tanto, las aguas no serán afectadas. Es una afirmación atrevida, tremendamente grave, de sus geólogos y de la mayor trascendencia porque las afectaciones a las aguas sí serán enormes y dañísimas. La prueba que se le ocurrió al autor del artículo lo único que genera es un torrente de risa: que “en dichas áreas, los habitantes no tienen captaciones de agua subterránea tipo aljibe o pozo para suplir sus actividades agropecuarias ni domésticas”. ¡Pues claro! A ellos no se les ocurre hacer eso pudiéndola tomar de nacimientos y manantiales que corren por sus veredas. Pero pasemos a las pruebas definitorias.

Lo primero es que la evidencia a la vista y los conceptos de muchos geólogos e hidrogeólogos muy conocedores de la zona, la estructura de sus rocas, sus diaclasas y sus quebradas contradicen esa afirmación, y ello deja sin piso muchas otras cosas de su EIA y de la gente de AGA.

Lo segundo, que para contar con el respaldo de pruebas técnicas, Fabián Hoyos, acompañado de campesinos de la zona, tomó personalmente muestras de aguas que luego envío a los Estados Unidos, para hacerle pruebas isotópicas, que son utilizadas para datar la edad y el origen del agua, su renovación y el tiempo de tránsito en el sistema hidrogeológico.

Otro refuerzo valiosísimo es el del geólogo Julio Fierro Morales, de la firma Terrae, de Bogotá, quien por otro camino, el de la conductividad eléctrica, me dice que “en sus presentaciones públicas realizadas en el primer semestre de este año, AGA mostró datos físico-químicos de las aguas, cuyos resultados son muy similares a los datos de aguas de manantiales que han sido medidos por grupos de trabajo técnico independientes contratados por las comunidades. Los datos de conductividad muestran que los manantiales de la parte baja (tierra caliente) tienen valores consistentemente mayores conforme se alejan de la parte alta (tierra fría), y esto solo puede ser explicado por el recorrido de las aguas a través de los macizos rocosos. Una roca que permite que el agua se infiltre en la parte alta, la recorra y luego salga en la parte baja se llama, en Jericó y en Cafarnaúm, acuífero. Quizá valga la pena que Valencia se dé un paseo por la tierra caliente y vea que cada finca toma de agua en los nacederos, para que su voz no sea solo un eco de lo que dice la cuestionada empresa minera”.

Por estas razones no pueden decir que no se afectarán las aguas. El consumo en los procesos de la empresa sería varias veces superior al que ellos dicen, al volumen de lo que tomarían del río Cauca como única fuente, pero… claro: la realidad sería que con las filtraciones a los túneles y a la gigantesca caverna que se formaría con la explotación de la roca suplirían sobradamente el agua que necesitarían y no traerían del Cauca. El gran consumo sería en el proceso de flotación, que es el frecuentemente utilizado para separar los concentrados metálicos y las arenas y lodos residuales, que son las famosas colas o relaves que Valencia Cossio prácticamente omite, pasa por encima, hablando de un supuesto “proceso de relave”.

Otro es la de contaminación del aire, sobre la cual afirma que yo desconozco “que las actividades de explotación en el proyecto son subterráneas y que en ese sentido las emisiones de la explotación son tratadas en su interior sin que sean percibidas en la superficie”.

Puedo asegurar que jamás en parte alguna he dicho lo contrario. Clara y simplemente, me he referido a la administración y a otras operaciones grandes como la de flotación, empaque y despacho de concentrados, más la filtración y el secado de relaves que harían, según dicen sus técnicos, todo ello, cierta e indiscutiblemente, en la superficie.

Pero esos relaves tienen que ser almacenados sin límite de tiempo, es decir, eternamente, casi siempre en estado líquido, como lodos, en represas que se rompen con frecuencia y generan grandes desastres, como el muy divulgado hace unos meses en Brasil. Dice AGA que ellos los almacenarán (más de 17.000 toneladas por día) en una inmensa pila de 174 hectáreas de base y 120 metros de altura.

Y si eso resultara verdad, los relaves así preparados tendrían que ser transportados a la pila en camiones mineros que, dependiendo de su capacidad de cargue, requerirían muchos viajes por hora durante las 24 horas del día, todo el año. En días de lluvia harían tremendo pantanero y mucho rodaría al Cauca. Pero en días secos, la polvareda sería enorme y dañaría cultivos y pulmones. ¿Podrá sostenerse el señor Valencia Cossio en su afirmación?

Otro más, lo de revegetalizar la zona. No es decente ni honesto atacar a alguien poniendo en su boca lo que no ha dicho. Tampoco he afirmado en vez alguna que no se pueda revegetalizar la zona. Sí he dicho, y lo sigo sosteniendo, que es imposible revegetalizar la pila o montaña de relaves.

Y esa pila es solo una fracción del área que ocuparían las instalaciones de administración y operación de la empresa, un conjunto de edificaciones y patios industriales de más de 50 hectáreas que brillaría como parche en el verdor de arboledas y potreros, causando irremediable daño al paisaje, al que yo vengo llamando ‘monumento a la feúra’. Esto, para tocar algo del tema de daños al paisaje, que tantos esfuerzos les está costando, pero que solo dejarán el recuerdo de las alabanzas de Valencia Cossio.

Y otro: a propósito del almacenamiento de estos residuos, es importante copiar aquí la opinión bien autorizada de Julio Fierro, que coincide con lo que afirma Fabián Hoyos, bien explicado en el documento ‘Consideraciones…’, del que comenté en párrafo anterior.

Dice Fierro: “Es necesario explicarles a los pobladores del suroeste la imposibilidad de tener relaves encapsulados y supuestamente ‘secos’ como lo muestra la empresa minera en sus presentaciones. Los relaves con menor humedad se denominan filtrados, los cuales no son posibles cuando las precipitaciones son superiores a 50 mm de lluvia mensuales, de acuerdo con los estudios de la empresa Golder, que parece ser la biblia para los explotadores mineros. En el caso de Jericó, las estaciones de Ita y de Pueblo Rico nunca muestran promedios mensuales que sean menores al valor crítico para poder disponer relaves filtrados”. Al respecto, cabe preguntar ¿qué buscarán los señores AGA con esto y cómo creerles todo lo que dicen, como lo hacen Valencia Cossio y los demás consejeros que bastante le deben costar por ese trabajo?

Juzgarán los lectores si es el anterior artículo mío o este o el del exministro Valencia Cossio el que no se basa en argumentos válidos. Y de igual manera podrán pensar y juzgar sobre la calidad de la empresa minera.

 

Fuente:https://www.eltiempo.com/economia/sectores/exministro-propone-debate-sobre-mineria-en-jerico-425952

Mexico

Mina Los Filos – El Bermejal, Carrizalillo, Guerrero, Mexico

Autor: Ejatlas.org

Carrizalillo es una comunidad del municipio de Eduardo Neri, antes Zumpango del Rio, situada en la región centro del estado de Guerrero, en México. Sus tierras, de régimen agrario ejidal, comunal y parcelario, se ubican sobre una zona que goza de una muy peculiar y abundante riqueza en metales preciosos, a tal grado que su territorio es atravesado por una franja de aproximadamente 100 km de longitud, por 80 km de ancho, denominada “El Cinturón Dorado”, en donde prevalecen grandes empresas mineras de capitales privados extranjeros y nacionales.

La comunidad cuenta con poco más de 1,000 habitantes (252 familias) quienes, antes de la llegada de la minería trasnacional, se dedicaban a la siembra de milpa, la producción y venta de semilla de calabaza, la cría de ganado, sobre todo vacuno y la producción de mezcal. [1]

Su primera relación con las actividades extractivas mineras fue a partir de establecer convenios con empresas privadas, cuando la compañía Peñoles S.A. de C.V. llegó a un acuerdo de ocupación temporal de los terrenos ejidales, que le permitía a la empresa realizar estudios de exploración, [2] y con el cual iniciaron una serie de conflictos, los cuales se han incrementado de manera significativa y que lamentablemente persisten desde el 2003 hasta la fecha.

En 2005 la empresa canadiense Goldcorp, a través de su filial Compañía Minera San Luis, S.A. de C.V. (Luismin S.A. de C.V), compró dichos estudios, así como las concesiones del subsuelo, con el propósito de iniciar la operación de una mina a tajo abierto denominado proyecto “Los Filos”. No obstante, para empezar su operación, la empresa en el 2005 debió renovar los convenios de ocupación que el ejido tuvo con su antecesora, y estableció acuerdos para la compra y renta de tierras con carácter de expropiación, no sólo con Carrizalillo, sino con tres de las comunidades que, en ese momento abarcaban el total de superficie ocupada de 2,960 ha. [1]; Carrizalillo (970 ha), Mezcala (1,300 ha) y Xochipala (420 ha), para desarrollar dos tajos a cielo abierto (Los Filos y El Bermejal), las áreas de operación y oficinas, el patio de lixiviados y el área de filtrado, laboratorio y control del proceso de fundición de barras Doré, además de un área de extracción subterránea que ya operaba dentro del mismo complejo llamada túnel “Nukay”.

En 2006 empieza la explotación minera del tajo “El Bermejal” y se realizó el primer depósito de material en el patio de lixivia­dos. El año siguiente, esos patios empezaron a ser regados con cianuro de sodio y se produjo la primera barra de “doré”. Sin embargo, en el 2007 se presenta la primera muestra pública conflictiva entre la empresa y la comunidad de Carrizalillo, en la cual el Ejido decidió cerrar las instalaciones de la empresa e instalarse en Asamblea Permanente, de acuerdo a lo determinado en la ley agraria, con el propósito de, conjuntamente con  ejidatarios, población y trabajadores, exigirle a la empresa un incremento del pago que previamente ambas partes habían acordado. Este hecho es considerado un parteaguas que ha marcado de manera significativa la relación de conflicto entre empresa y ejido, porque fue en ese momento que el Ejido se enteró que la empresa había comprado las tierras de uso común de forma ilegal, porque es una acción prohibida por la ley agraria, lo cual fue ratificado por el Tribunal Unitario Agrario (TUA), quien emitió una sentencia a favor del Ejido, obligando a la empresa a la restitución y el pago de los daños de las tierras, al mismo tiempo que abrió una nueva posibilidad de “mejorar” el convenio anterior.

Para lograrlo fue necesario que el Ejido cerrara las operaciones de la empresa durante 83 días, en los cuales se presentaron una serie de situaciones entre las que destacan;  a). La detención con violencia de aproximadamente 80 personas de la comunidad por parte de la policía estatal [1], b). Con el juicio agrario a favor, lograron establecer una mesa de diálogo y negociación con los directivos para elaborar un nuevo acuerdo de arrendamiento de tierras que pasó de 1,250 pesos/ha anuales a 13,500 pesos/ha, además de incorporar una serie de cláusulas de tipo social ausentes del primer acuerdo y, c). Firmar un convenio de arrendamiento solamente por un año de vigencia, lo que posteriormente, sin tenerlo totalmente claro, fue la acción más importante de este proceso porque desde entonces le ha permitido a la comunidad aprender, tomar experiencia, evaluar sus logros anuales y, en consecuencia, mejorar su pliego petitorio.  Resaltamos que, antes de este nuevo acuerdo, Goldcorp ya mostraba una tremenda relación de asimetría financiera con el Ejido, porque la empresa recibía 999.26 dólares por cada mil dólares de oro vendido, y las comunidades solamente 74 centavos. Posteriormente el reparto a las comunidades subió a 5.87 dólares. [2]

Sin embargo, a partir de entonces, un nuevo aprendizaje se generaría en la comunidad; un año después de ese nuevo convenio, con el que supuestamente habría armonía entre la empresa y el ejido, se desencadenó una multiplicidad de conflictos que jamás serían resueltos con el paso de los años. El monto del arrendamiento de tierras pronto se volvió insuficiente para atender la masiva aparición de DAÑOS que se presentaban de manera exponencial y multifactorial. Un censo local arroja que la población gasta cerca de 27 millones de pesos para atender los diversos daños a la salud de la población, mientras que la empresa medianamente cubre una cuarta parte de ese gasto.

Los síntomas de las afectaciones a la salud empezaron a ser evidentes a partir de 2010, ya que un porcentaje importante de la población manifestaba enfermedades relacionadas en la piel, los ojos, las vías respiratorias y los oídos; se documento un aumentó significativo de los problemas gastrointestina­les, se acrecentó el número de mujeres embarazadas que presentaron abortos y partos prematuros, muchos de ellos con deformaciones, así como la aparición de enfermedades no registradas como el cáncer. Dichas afectaciones están vinculadas a la actividad minera y se deben a la exposición continua que la población tiene con diversos metales pesados liberados por la explotación minera y que, una vez liberados del subsuelo, se transportan por el aíre, el agua y el consumo de animales, es decir, por ingesta, contacto y absorción.  Un censo realizado en 2012 por el equipo comunitario de promotores de salud, comprobó que todas las familias de la comunidad tenían por lo menos UN INTEGRANTE con una o más de las enfermedades que están relacionadas con la extracción de minerales, aunque TAMBIÉN se reportaron familias en donde el 100% de sus integrantes presentaban algún tipo de daño o enfermedad. La comunidad hizo un gran esfuerzo por documentar esas afectaciones, para lo cual se apoyaron utilizando un protocolo para la documentación de daños elaborado por la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4), quienes les acompañaron en ese proceso, de manera parecida a cómo también fue instrumentado, aunque con menos intensidad, en la población de otros sitios como San Miguel Ixtahuacán en Guatemala y las comunidades del Valle de Siria en Honduras, las cuales también tenían a la misma empresa Goldcorp operando es sus territorios. Parte de los resultados de ese monitoreo se presentaron en julio 2012 en el Tribunal Popular Internacional de Salud realizado en San Miguel Ixtahuacán, Guatemala, ante la presencia de varias personas de las comunidades afectadas, para que un juzgado colegiado formado por integrantes con diferentes perfiles profesionales, emitieran su fallo, el cual sancionó en contra de la empresa trasnacional Goldcorp dando inicio a la construcción de la campaña internacional «Goldcorp Me Enferma» y preparar una ruta de documentación que permitiera a las y los afectados exigir la rendición de cuentas a la empresa. [3]

El avance empresarial minero sobre el territorio comunitario de Carrizalillo fue mostrando la verdadera cara del falso “Progreso y Desarrollo” ofertado por la actividad minera. Pronto los conflictos se volvieron un común denominador para la población; Incumplimiento de clausulas del convenio, la irreparable desaparición de 14 fuentes de agua además de la contaminación con metales pesados y arsénico de otras fuentes de agua disponibles. El agotamiento de agua que va generando otros conflictos en paralelo, como la compra de agua de garrafón, a tal grado que, en época de lluvias en promedio cada familia gasta entre 1,000 y 1,500 pesos mensuales en adquirir agua de garrafón, mientras que en tiempo de secas gastan entre 3,000 y 3,500 mensualmente, al margen de que la empresa también realiza una dotación de agua no potable por medio de pipas. La subcuenca principal de captación de agua de Carrizalillo, que ocupa el 77.4 % de su territorio, ha sido destruida y alterada en un 90% de su estructura superficial, destacando el espacio que ocupa el área del tajo “El Bermejal”, así como el constante crecimiento del patio de lixiviados. El agotamiento del agua limpia ocasiona que poco más del 80% de las familias presenten daños de leves a severos en la piel y que se manifiestan recurrentemente en irritación, aparición de man­chas, resequedad, agrietamiento, ámpulas, pigmentación, salpullido, ardor, comezón, entre otros malestares.En contraparte, de acuerdo a lo descrito en el Manifiesto de Impacto Ambiental, la empresa utiliza poco más de 250 millones de litros de agua diarios destinados a lixiviación, filtrado y procesamiento, regado de caminos, talleres y consumo de instalaciones administrativas y operativas, que según sus datos representa solamente la “reposición” de una tercera parte del agua que consumen, es decir, su consumo total es descomunal. [1]

El desarrollo del proyecto minero provocó también una destrucción total del paisaje. El bosque y los cerros fueron reemplazados por los dos tajos de más de 2.3 km de ancho por 1 km de profundidad cada uno. Ello implicó destruir dos áreas con categoría de protección, la Región Terrestre Prioritaria número 118” (RTP#118), rica en plantas del género Bursera; así como también han muerto infinidad de aves, en especial los llamados cuatolopos y la paloma güilota que llegaban por miles a este territorio declarado como “Área de Importancia para la Conservación de Aves Migratorias” (AICA #18), territorio también rico en evidencias tangibles patrimoniales históricas que no fue razón para evitar que la empresa dinamitara una pirámide y sus centros ceremoniales del rededor de la cultura “Balsas Mezcala”, precursora de la cultura Teotihuacana, sin que se presentará algún tipo de intervención, salvo un rescate parcial y tardío, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). [1]

Las condiciones laborales de la empresa son otra área de conflictos permanentes que contrasta con el discurso oficial de una «empresa socialmente responsable». Se han presentado varios decesos de hombres y mujeres trabajadores de la mina por intoxicación por cianuro en los laboratorios, así como por estar expuestos y sin equipamiento adecuado a materiales sumamente tóxicos en la zona de patios de lixiviación, tajos y  basureros, como también hay decesos por diversos accidentes como el sucedido en la mina Sub­terránea “Nukay”, donde hubo una explosión en la que fallecieron por lo menos tres trabajadores, hecho del cual la empresa rápidamente logró ocultar la información. [1] En términos laborales porque la mayoría de los trabajadores están contratados bajo el modelo de outsourcing y en consecuencia, sin derechos sindicales, contratos que la empresa maneja a su antojo con poca transparencia en sus procesos de licitación, que le permite actuar en total impunidad cuando realiza despidos individuales o masivos injustificados, cambios de áreas sin previo aviso al trabajador o la capacitación innecesaria para cargos que no se ejercen, entre otros problemas.

En resumen, se puede afirmar que la minería actual es causal de la creación de conflictos multifactoriales que política y mediáticamente resuelven con dinero, el contubernio con estructuras gubernamentales, y la impunidad, violencia y control territorial a través de sumisión, miedo o represión. No es casual entonces que en cada comunidad en donde persista este tipo de proyectos extractivos habrá una gran generación de conflictos que inician con la aplicación de acciones para generar la ruptura total del tejido social y comunitario y que, en este caso de Carrizalillo, se evidencia bajo el siguiente testimonio: “Dejamos de ser una comunidad rural, campesina y libre, para ahora conformar una comunidad obrera bajo presencia patronal, ya que nuestras principales actividades productivas han desaparecido en un 90%, lo cual no sólo ha impactado los procesos identitarios y los rasgos culturales, sino que también se modificó rápidamente la forma de vivir, alterándose paulatinamente la conducta comunitaria que antes se basaba en la solidaridad y el apoyo mutuo”[1].

La creación de conflictos como conducta empresarial permanente, apuesta a la desestructuración de procesos históricos de los pueblos a partir de la eliminación de las actividades productivas y económicas, así como alterando y cambiando los procesos relacionados con la cosmovisión de los pueblos, por ejemplo; al suplantar ritos religiosos tradicionales que, por ejemplo, se realizaban en torno a la siembra y cosecha de milpa o la producción del mezcal, para ahora, ya sin tierras para sembrar, esos actos continúan realizándose pero para bendecir carros y bienes materiales. Igual sucede con la modificación de los hábitos alimenticios y la pérdida total de la soberanía alimentaria, para ahora establecer la sumisión alimentaria bajo la dependencia del dinero y que por supuesto también afecta las estructuras de gobernanza de la comunidad, tanto las municipales como la agraria.

El conflicto toma dimensiones demenciales cuando  la evidente aplicación empresarial y gubernamental de ingeniería para la generación de conflictos, a todo lo señalado anteriormente se añade la presencia de la inseguridad y la violencia por parte del crimen organizado en este proceso.

A la desgracia del “Progreso y Desarrollo” minero hay que agregarle numerosos secuestros, levantones, desapariciones, extorsiones, asesinatos, violaciones sexuales, toques de queda y restricciones de movilidad, entre otros efectos. Esta violencia empezó en 2011 y para este 2019 ha provocado el asesinato de 55 personas de la comunidad y un número indefinido de integrantes de diversos carteles que se disputan la plaza. En los momentos más álgidos de esta confrontación basada en la violencia, es cuando mejor podemos observar uno de los principales propósitos de las empresas mineras; el Desplazamiento Forzado de la población, que significa despoblar para no tener restricciones ni resistencias en sus procesos de expansión y ocupación territorial.

Para concluir; Carrizalillo ha establecido con la empresa el convenio de arrendamiento más amplio de México y posiblemente de América latina, porque logró anular su primer convenio y desde entonces elabora convenios de entre uno a cinco años de duración, dependiendo ello del tipo de peticiones que realiza el ejido y la “disponibilidad” de la empresa para aceptarlas. Sin embargo, es la asimetría de las partes la que sigue determinandoo la vida de las y los pobladores de Carrizalillo, quienes son portadores de crecientes y diversos daños a la salud que, por supuesto la empresa no reconoce, salvo desde un  asistencialismo insuficiente para resolver la cantidad, frecuencia y tipo enfermedades que la operación minera ocasiona. Desde la llegada de la empresa muchas y muchos habitantes en Carrizalillo han muerto por enfermedades, otros por violencia, otros por accidentes dentro de la mina, otros más continúan desaparecidos y en su peor momento el 50% de la población abandonó de la noche a la mañana el pueblo. El “Progreso y Desarrollo” minero sigue presumiendo en sus metas alegres de inversión, producción anual de oro y la cantidad de empleos generados, gracias a una sola razón, en su fórmula financiera no están incorporados ni los daños a la salud comunitaria ni al ambiente, menos aun la destrucción del tejido social y comunitario, porque si lo estuvieran, esa forma de expropiar minerales sería financieramente inviable. Ese es el fondo de la Acumulación por Desposesión creadora permanente de conflictos sociales, ambientales y territoriales de tipo multifactorial.

 

Fuente:https://ejatlas.org/conflict/mina-los-filos-el-bermejal-carrizalillo?fbclid=IwAR37r87UQcQVyRFDL6gPvZN_z8HytDlGWb-w3tkZExLUDE3ZYkT6BFXZer4

Mexico

Ejidatarios exigen frenar mina de oro y plata en la Sierra Norte de Puebla

Autor: Luis Fernando Lozano, Forbes.
Conflicto Relacionado: Ixtacamaxitlán-Almaden Minerals

El proyecto se desarrolla en Santa María Zotoltepec por Minera Gorrión, subsidiaria de la canadiense Alamaden Minerals

Habitantes de Ixtacamaxtitlán, municipio ubicado en la Sierra Norte de Puebla, se manifestaron frente a la sede de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para exigir que no apruebe la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 21PU2019M0014 del proyecto minero Ixtaca.

El proyecto se desarrolla en la localidad de Santa María Zotoltepec por parte de Minera Gorrión, subsidiaria en México de la minera canadiense Alamaden Minerals.

Los habitantes entregaron 3 mil 500 firmas de parte de habitantes de 40 comunidades aledañas a esa localidad en el mismo municipio con el fin de solicitar a Víctor Toledo, titular de la Semarnat, que no autoricen la MIA, tras lo cual se busca iniciar la explotación de minerales como oro y plata en la zona a partir de marzo de 2020.

Para frenar el desarrollo, desde 2015 el equipo legal de la Unión de Ejidos y comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua promovió el amparo 445/2015, por el que el ejido de Tecoltemi reclamó entre otras cosas, la entrega de las concesiones Cerro Grande y Cerro Grande 2 para exploración y explotación minera y la reducción de la concesión minera otorgada a Gorrión sin consulta al pueblo indígena de la región y sin respeto al derecho humano al agua, así como al uso del territorio.

“Durante el proceso del juicio de amparo que obtuvimos contra las concesiones mineras cerro grande y cerro grande 2 la empresa buscó deshacerse del juicio de amparo intentando hacer una ‘treta jurídica’ que es reducir las concesiones mineras que abarcan 16 mil hectáreas en el municipio, reducirlas, hacerlas cachito y desistirse de las que afectan específicamente la tierra y territorio del ejido de Tecoltemi“, acusó la abogada Diana Pérez, quien lleva la demanda de los ejidatarios.

Ixtacamaxtitlán es una localidad de unos 25 mil habitantes, donde el 8% de la población es hablante de alguna lengua indígena, de acuerdo con datos del Inegi hasta 2015. Según la abogada, las autoridades tuvieron que realizar una consulta a las comunidades indígenas que habitan en la región previo a la entrega de las concesiones mineras, que se otorgaron en 2003 y 2009.

Forbes buscó a la minera para conocer su postura al respecto, pero el equipo de la firma dijo que no se emitiría ningún pronunciamiento a raíz de esta manifestación el mismo martes.

Sin embargo, el miércoles difundieron un comunicado en que resaltaron que el juicio de amparo fue impugnado tanto por las autoridades señaladas de incumplimiento al autorizar el proyecto como por la propia empresa.

“Después de recibir estos recursos en tiempo y forma, la juez del caso lo turnó al Tribunal Colegiado correspondiente, continuando por ello el caso dentro del ámbito judicial y sin que hasta el momento haya una sentencia definitiva“, señala el mensaje.

Además, el mensaje reitera que la empresa decidió no realizar obra alguna en el ejido de Tecoltemi, “incluso se ha desistido de cualquier concesión minera otorgada en terrenos del mismo”.

El comunicado también refiere que la ex Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI) informó que el municipio de Ixtacamaxtitlán tiene presencia indígena; sin embargo, en la zona de influencia del proyecto no hay comunidades de este tipo.

 

Fuente:https://www.forbes.com.mx/ejidatarios-exigen-frenar-mina-de-oro-y-plata-en-la-sierra-norte-de-puebla/?fbclid=IwAR0OgiaqV4bLQnDWLfN12-Jw84VuG1Qrzhcoc1tPvpjBGAFUpAW5nq5AN5s

Perú

Encuentro Nacional conforma Grupo Nacional de Protección de Ríos

Autor: Red Muqui.org

El 15 y 16 de octubre tuvo lugar en Satipo el Encuentro Nacional de Protección de Ríos, en el cual participaron líderes de diferentes partes de la Costa, los Andes y la Amazonía del Perú.

La realización de este Encuentro se debe a la preocupación compartida de varias localidades por los riesgos que están amenazando los ríos a nivel nacional. La iniciativa surgió del Foro Social Panamazónico, llevado en Perú el 2017. Las mayores amenazas que han sido identificadas son las actividades extractivas mineras y de hidrocarburos; el proyecto de la Hidrovía amazónica; los agroquímicos utilizados por los monocultivos intensivos; y la falta de una cultura y educación ambiental en gran parte de la población.

Todos estos elementos están contribuyendo en la contaminación de la salud humana y ambiental, y en la inseguridad alimentaria, causada por el deterioro de la calidad del agua y de la salud de los peces. Además, actualmente 7 millones de personas no tienen acceso al agua potable en nuestro país.

En palabras de Mirtha Villanueva, representante de Cajamarca, “el 60% de las lluvias que caen en Cajamarca son producto de la Amazonía. Hay una interrelación en la naturaleza. Por qué no estarlo los humanos para la defensa de los ríos”, en clara alusión a la necesidad de fortalecer la articulación entre los pueblos hermanos.

Entre los objetivos del encuentro, se logró compartir estrategias para el fortalecimiento local, pero sobretodo el construir una agenda nacional de protección de ríos; logrando una agenda de protección de “ríos hermanos, libres y limpios” basada en un enfoque de interculturalidad y de género.

 

Fuente:https://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/951-encuentro-nacional-conforma-grupo-nacional-de-proteccion-de-rios

Perú

«Necesitamos un cambio de paradigma en todas nuestras actividades económicas, incluida la minería»

Autor: Red Muqui.org

NODO PERÚ – RED LATINOAMERICANA IGLESIAS Y MINERÍA[1]

“Necesitamos un cambio de paradigma en todas nuestras actividades económicas, incluida la minería[2]”

La actividad minera abarca en concesiones el 14% del territorio nacional, y ha aportado en los últimos años el 9% del PBI y un porcentaje importante de las exportaciones, siendo por decisión política cimiento importante de la economía en el Perú, en base a los precios de los minerales a nivel internacional.

Sin embargo, también en éstos años ha sido la minería la generadora de la mayor cantidad de conflictos sociales, representando el 65% de los conflictos socio ambientales en el país, los que en particular afectan a las comunidades campesinas de nuestra región andina y costera, cuyos territorios han sido concesionados en un 35% para la actividad minera.

La imposición de decisiones sobre actividad minera en el Perú, sin mecanismos adecuados de participación ciudadana y consulta previa a nuestros pueblos originarios, ni una institucionalidad sólida que garantice aprobación rigurosa de estudios ambientales ni una fiscalización adecuada de las operaciones, han generado en su mayor parte los conflictos socio ambientales, que son abordados por el Estado con procesos de “dialogo” que buscan facilitar las actividades antes de “escuchar”, o que generan acuerdos que no son cumplidos, propiciando la indignación de la personas que no encuentran como canalizar sus demandas, y ante sus justas protestas encuentran la represión y la criminalización de la protesta social.

Según la Mesa Técnica de “Políticas de Atención y Prevención Integral de Salud de afectados por metales tóxicos asociados a minería e hidrocarburos”[3], más de 7 mil personas se encuentran contaminadas por metales tóxicos en nuestro país, en particular por los pasivos ambientales mineros generados por las operaciones que vienen afectando agua, aire y suelos, contaminando además la producción actividades económicas fundamentales para nuestra alimentación, como la agricultura familiar.

Nuestras Iglesias no son ajenas “al mirar a través de los ojos de los pobres y de los que sufren”, como citan los Obispos del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), y “llama a las Iglesias y a la sociedad a escuchar el clamor de la gente que sufre y las heridas causadas a la naturaleza misma, sobre-consumida y sub valorizada por la economía global actual”, “que permite un sistema económico injusto defendido y protegido mediante la fuerza política y militar.[4]”.

Al respecto la Confesión de Accra de la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas incide en que “El interés codicioso de explotar la Madre Tierra hasta la última gota lleva a transformar drásticamente los paisajes, talando bosques, desviando ríos, trazando carreteras, destruyendo la capa vegetal, y en fin, generando una serie de impactos que merecen ser sometidos a evaluación desde el punto de vista ético y moral en diálogo con las ciencias”[5].

Es por ello que nuestras Iglesias se han unido al llamado de la Red Latinoamericana Iglesias y Minería para conformar un Nodo Perú, con el fin de “reflexionar, compartir, celebrar y generar caminos que nos permitan, en fidelidad al evangelio de Jesucristo, acompañar a los pueblos que se sienten amenazados y condenados a la destrucción de sus medios de vida y a la negación de un futuro digno, en abierta contradicción y tensión del proyecto de vida proclamado por la visión cristiana del mundo”.

Hombres y mujeres de fe, Obispos, Presbíteros, diáconos, pastores/as, consagrados/as, laicos/as, equipos de pastoral, comunidades religiosas, grupos de reflexión teológica, centros de evangelización, conformamos éste esfuerzo de articulación con un desafío común: responder a los impactos y violaciones de los derechos socio ambientales provocados por las empresas mineras, nuestros Estados y los Estados de origen de las empresas, en los territorios donde vivimos y trabajamos.

Es fundamental para nuestro objetivo el recuperar la mirada de Jesucristo, que contempla todo lo creado con “una mirada integral e integradora de todos los aspectos[6]” que reconoce a la personas como parte integrante de la naturaleza, “esa es la perspectiva de la ecología integral a la que Papa Francisco nos convoca en la Encíclica Laudato Sí, invitándonos a tener los mismos sentimientos de Jesucristo”[7].

Cuestionamos el papel que hoy en día juega la llamada “teología de la prosperidad”, que impone la idea de que hay que aprovechar los recursos naturales que tenemos, para lograr el bienestar financiero y físico a través de la riqueza material propia, afianzando la economía de mercado. Una perspectiva antropocéntrica de la “felicidad”, que genera un grave impacto en la búsqueda del bien común, que plantea la Doctrina Social de la Iglesia, y que nos encamina hacia la autodestrucción de nuestra “casa común”. La crisis ecológica que vivimos, nos exige, “un llamado a una profunda conversión interior[8]”, que exige una verdadera “conversión ecológica” de nuestras propias Iglesias que se han distanciado del proyecto creador de Dios, para impulsar un cambio de paradigmas, un nueva forma de vida, rescatar la esencia del “ser cristiano hoy” como “signo de contradicción”.

“La integridad de nuestra fe corre peligro si guardamos silencio o nos negamos a actuar frente a sistema actual de globalización económica neoliberal”[9], nos dice la Confesión de Accra.

Consideramos que un rol central en la “conversión de la iglesia” y de lograr una iglesia “en salida” está en las generaciones, es decir en las y los jóvenes. ” Por eso los temas de las generaciones, de sus relaciones y de la promoción de los jóvenes no es accesorio sino central en la revelación. Si la Iglesia no lo hubiera tenido en cuenta, la fe no habría llegado a ninguno de nosotros”[10].

Finalmente, como ha expresado Papa Francisco a los Movimientos Populares en Bolivia, “el futuro de la humanidad no está únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias y las élites. Está fundamentalmente en manos de los pueblos, en su capacidad de organizarse y también en sus manos que riegan con humildad y convicción éste proceso de cambio[11]”

El Nodo Perú de la Red Latinoamericana Iglesias y Minería, se presenta públicamente para unificar a nuestras Iglesias en torno a la defensa de la casa común, en “la perspectiva de una cambio de paradigma en todas nuestras actividades económicas, incluida la minería”[12], y con la búsqueda del verdadero bien común, como vivían nuestras comunidades cristianas, como nuestros pueblos originarios lo hacen, poniéndolo todo en común.

 

[1] Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS/ RED MUQUI – Perú/Instituto Bartolomé de las Casas – IBC/Red Uniendo Manos Perú/Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos – PCUSA/Derechos Humanos y Medio Ambiente – Puno/Asociación Marianista de Acción Social – AMAS – Otuzco/Parroquia de San Mateo – Diócesis de Chosica/Derechos Humanos sin Fronteras – Cusco/Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES/Proyecto Amigo – Huamachuco/Pastoral Social – Vicariato Apostólico San Francisco Javier – Jaén/Campaña Evangélica Renovemos Nuestro Mundo/Comisión DDHH y JPIC – Conferencia de Religiosas y Religiosos del Perú – CONFER/Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú/Iglesia Evangélica Pentecostal/Comisión Justicia y Paz – Diócesis de Chimbote/Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado/Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP/Federazione Organismi Cristtani Servizio Internazionale Volontario – FOCSIV

[2] Mensaje de Papa Francisco en Encuentro “Minería para el bien común” – Roma, 03 de mayo 2019.

[3] Conformada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del disuelto Congreso de la República.

[4] Alianza Mundial de Iglesias Reformadas (WARC). La Confesión de Accra. El Pacto por la Justicia en la Economía y en la Tierra. Accra, Ghana 2004.

[5] Consejo Episcopal Latinoamericano – CELAM. Carta Pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano: Discípulos misioneros custodios de la casa común. Discernimiento a la luz de la Encíclica Laudato Sí (DMCCC). Bogotá, Enero 2018. N° 11.

[6]Carta Encíclica “Laudato Sí, sobre el cuidado de la Casa Común” (LS). Papa Francisco. Vaticano, Mayo 2015. N° 141

[7] Mensaje del Encuentro Macro Regional Norte “Desafíos de la Pastoral Social a 4 años de Laudato Sí. Perspectivas para los bienes de la creación y nuestra casa común”. Chiclayo, Agosto 2019.

[8] Consejo Episcopal Latinoamericano – CELAM. Carta Pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano: Discípulos misioneros custodios de la casa común. Discernimiento a la luz de la Encíclica Laudato Sí (DMCCC). Bogotá, Enero 2018. N° 6

[9] Alianza Mundial de Iglesias Reformadas (WARC). La Confesión de Accra. El Pacto por la Justicia en la Economía y en la Tierra. Accra, Ghana 2004.

[10] Castillo, Carlos. “Ser cristiano entre dos milenios: Hacia una teología de la regeneración”. Lima, 2000-2001. En Debates en Sociología N° 25-26. P. 47.

[11] Mensaje de Papa Francisco en el Segundo Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Julio 2015

[12] Mensaje de Papa Francisco en Encuentro “Minería para el bien común” – Roma, 03 de mayo 2019.

 

Fuente:https://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/952-necesitamos-un-cambio-de-paradigma-en-todas-nuestras-actividades-economicas-incluida-la-mineria

Perú

Cusco: Gobernador Regional y dirigentes se unen para exigir la derogatoria del estado de emergencia en el corredor minero del sur

Autor: DHSF.pe
Conflicto Relacionado: Constancia-Chumbivilcas, Cusco

Dirigentes comunales y distritales de la provincia cusqueña de Chumbivilcas se reunieron en Cusco para exigir al Gobierno de Martín Vizcarra la derogatoria del estado de Emergencia en el corredor minero del sur. Los dirigentes, en alianza con organizaciones como la FARTAC y la FIDTACHEPG, organizaron una conferencia de prensa a la que sorpresivamente asistió el Gobiernador Regional de Cusco, Jean Paul Benavente, quien se sumó al pedido de los comuneros.

Los dirigentes cuestionaron la decisión del Gobierno Central, pues consideran que es inconstitucional, además de ser una estrategia para desmerecer sus demandas y ‘proteger los intereses de las grandes transnacionales’.

Por otro lado, manifestaron que no están dispuestos a aperturar un espacio de diálogo mientras el estado de emergencia se mantenga vigente. ‘Nuestros hijos no están acostumbrados a ver tantos policías armados en nuestras plazas, están muy asustados, con estas condiciones no se puede dialogar’ señalaron durante la rueda de prensa.

A culminar la conferencia, los dirigentes y el Gobernador Regional mantuvieron una reunión, donde decidieron enviar una carta al Presidente de la República, Martín Vizcarra solicitando la derogatoria del D.S. N° 169-2019 – PCM, el cual declara en estado de emergencia el corredor minero vial Apurímac-Cusco-Arequipa, asumiendo el compromiso de iniciar un proceso de diálogo al día siguiente de la derogatoria. Incluso proponen reunirse en el sector Huaranpampa, del distrito de Ccapacmarca.

Datos

*Dirigentes comunales de Paruro han sido denunciados por la Procuraduría Pública por ser los presuntos causantes de que una comunera pierda un ojo durante el conflicto.

*Las organizaciones sociales y comunales también han enviado un documento a la Defensoría del Pueblo para que se pronuncia sobre la situación que enfrentan en el corredor minero del sur.

*Dirigentes de la provincia de Chumbivilcas están siendo citados por la policía para que declaren sobre hechos ocurridos en algunas zonas del corredor minero.

 

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/cusco-gobernador-regional-y-dirigentes-se-unen-para-exigir-la-derogatoria-del-estado-de-emergencia-en-el-corredor-minero-del-sur/

Chile

¿La economía o el ecosistema?: Comisión de Minería alarga discusión por Ley de Glaciares

Autor: Eduardo Andrade, Radio U.de Chile

Mientras que desde el Ejecutivo se ha hecho hincapié en el impacto que la ley podría tener en las actividades económicas, la vocera de la Coordinación de Territorio en Defensa de los Glaciares, Constanza San Juan, aseguró que “toda la zona periglaciar, que contiene glaciares de roca y permafrost, es fundamental para los territorios».

Este miércoles, la Comisión de Minería del Senado volvió a aplazar la votación en particular de la Ley de Glaciares y sugirió simplificar las diversas indicaciones que se han ingresado en los últimos meses por el senador PPD, Guido Girardi.

En esta última discusión, uno de los puntos de vista que concentró mayor debate fue la importancia del cuidado de la zona periglaciar y permafrost, además de las definiciones que se considerarán para el cuidado de los glaciares.

Así, las posiciones que aseguraban que el exceso control sobre el entorno glaciar podría afectar directamente al desarrollo de actividades económicas fueron encabezadas principalmente por el ministro de Minería, Baldo Prokurica, así como por el senador UDI, Alejandro García-Huidobro.

Este último, por ejemplo, hizo hincapié en que el riesgo que corre el país de perder importantes montos de inversión extranjera en minería que, en contraparte, estarían siendo bien aprovechados por los vecinos de la región; además de impactar directamente en los empleos generados por Codelco.

“Me preocupa de qué manera nosotros podemos seguir desarrollando la minería en la empresa más importante que tenemos, diciéndole tenga cuidado, por aquí no. Estos son los recursos para el desarrollo social de la gente más humilde del país. Estamos presentando leyes, que a lo mejor como imagen pueden ser muy bonitas, pero a la larga lo que están haciendo es impedir un desarrollo sustentable”, recalcó.

Aunque el ministro de Minería, Baldo Prokurica, aseguró que se tiene claridad sobre la importancia que tiene el cuidado de los glaciares como fuentes de agua dulce, puntualizó su crítica en que esta iniciativa involucra zonas que no necesariamente representan un aporte en tal sentido.

“La información de los organismos internacionales dicen que, en cuanto al permafrost, el aporte hídrico puede ser incluso cero, porque el permafrost no necesariamente tiene agua, es un lugar que está helado. Si se establece por ley que en cualquier indicio no se puede hacer ninguna actividad, lo que está generando es una paralización total”, precisó.

Sin embargo, para organizaciones como la Coordinación de Territorio en Defensa de los Glaciares, esta dilación y las opiniones en contra del proyecto son parte de una “campaña del terror” que, al igual que otras iniciativas parlamentarias, pretendería exagerar el impacto que podría tener en el ámbito laboral.

Al respecto, Diario y Radio Universidad de Chile conversó con la vocera de dicha Organización, Constanza San Juan, quien también se refirió a la importancia del permafrost sobre todo para la comunidad aledaña a Valle del Huasco.

“Toda la zona periglaciar, que contiene glaciares de roca y permafrost, es fundamental para los territorios, sobre todo del norte de Chile. A diferencia de lo que dijeron los senadores, son uno de los que brindan mayor cantidad de agua en épocas de sequía. La mayoría de glaciares en zona periglaciar son los que más aportan a los caudales del río Huasco”, explicó.

Además, San Juan entregó su balance comparativo sobre la cancelación de un proyecto similar en Argentina y que, en la opinión del ministro Prokurica, se está intentando revertir por las implicancias que ha tenido en el desarrollo económico.

“Esa es una mentira flagrante por parte del oficialismo. En Argentina lo que ha ocurrido es que la ley está intentando ser bajada por las transnacionales, en específico, por Barrick Gold, pero toda la comunidad está exigiendo la defensa y la ejecución de este proyecto de ley. Hace poco, incluso, ha sido reafirmada por la Corte Suprema”, afirmó.

Según se pudo notar en la discusión de este miércoles, solo la senadora Yasna Provoste manifestó su intención de que el proyecto pueda ser votado. El senador Alejandro Guillier, por su parte, aseguró que se debería llegar antes a un conceso referente al tema del permafrost, mientras que el senador RN, Rafael Prohens, y el senador UDI, García-Huidobro, se mostraron en contra de lo propuesto por la iniciativa.

 

Fuente:https://radio.uchile.cl/2019/10/16/la-economia-o-el-ecosistema-comision-de-mineria-alarga-discusion-por-ley-de-glaciares/

Colombia

¡No se vende! Hasta Bogotá llegaron para defender el Páramo de Santurbán

Autor: Contagio Radio.com
Conflicto Relacionado: Santurbán

Este 17 de octubre defensores ambientalistas y habitantes del departamento de Santander volvieron a las calles en Bogotá para expresar su rechazo en contra de la licencia ambiental otorgada a la empresa minera árabe Minesa, en el Páramo  de Santurbán desde el 2015, que se ubicaría por encima de las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga, afectando a ecosistemas, habitantes de zonas rurales y de la ciudad.

Una Audencia Publica de Páramos

Asimismo, la movilización buscó hacer un llamado a las instituciones ambientales como  la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que en la audiencia pública sobre delimitación de Páramos, se comprometieran a realizar un espacio abierto con la comunidad en donde se expongan las consecuencias de la licencia sobre el Páramo de Santurbán en el marco del debate de control político que se le realizará la primera semana de noviembre a Rodrigo Suarez, director de de la ANLA y al ministro de Ambiente, Ricardo Lozano.

Mayely López, vocera del Comité por la Defensa del Páramo, expresó que la licencia sería  “un acto administrativo con el cual se pretende fraccionar las montañas y las delimitaciones territoriales de zonas protegidas» y afirmó que «a este acto, que supuestamente tendría que salir en diciembre, todavía le faltan estudios de impacto de mitigación y estudios a perpetuidad sobre cuáles serían las aguas subterráneas afectadas o  en general las consecuencias para el ambiente». (Lea también: No se puede fraccionar el Páramo de Santurbán»: Comité para la Defensa)

La movilización también rechazó la designación de Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, como representante ministerial ad hoc para emitir un concepto al interior del Consejo Técnico Consultivo de la ANLA sobre el destino del Páramo de Santurbán, ya que para ambientalistas Carrasquilla estaría protegiendo los intereses de la multinacional Minesa y el proyecto de exploración minera de oro y cobre denominado Soto Norte, que se desarrollaría entre los municipios de California y Suratá. (Le puede interesar también: Razones por las que Carrasquilla no es idóneo para decidir sobre Santurbán)

Una mirada hacia las Comunidades de Santurbán

La activista agregó que las delimitaciones de los páramos se deben hacer “con la mirada de las comunidades afectadas” porque finalmente, aún si Minesa está hablando de garantías laboral y de enriquecimiento de estructuras por el bienestar de las comunidades con una ganancia en termino de regalías del 0,2%, permanecerían las afectaciones ambientales sobre las cuales no hay medidas de recuperación por parte de las autoridades institucionales.

“¿De verdad queremos realizar una afectación ambiental permanente para una ganancia que no va a mejorar realmente la calidad de vida de las comunidades, en cambio desempeñar ganancias por el bienestar de unos pocos que incluso se la llevan en otro país?”

Finalmente la activista afirmó: “seguiremos movilizándonos las veces que sean necesarias para garantizar la protección, no solo del Páramo de Santurbán sino de todos los territorios que necesitan la defensa por parte de la movilización cívica porque ese tema es algo que nos afecta a todos”.

 

Fuente:https://www.contagioradio.com/paramo-de-santurban/

Internacional

Extinction Rebellion must decide if it is anti-capitalist – and this greenwashing mining company shows us why

Autor: Amadeep Dhillon , Independent.co

Extinction Rebellion is facing a crunch point. If it is serious about addressing the root causes of environmental crises, it must either concede that some (indigenous, poor, black) lives are disposable – or else adopt an explicitly anti-capitalist stance. Only when it does the latter will the struggle begin in earnest.

In the meantime, the climate justice movement is being used for greenwashing, and indigenous people are facing serious repercussions.

Take the example of mining company BHP Billiton. This month it announced it had a new purpose: to “bring people and resources together to build a better world.” The brief mentioned BHP’s “strong record” on responsible business practice, the “billions of dollars” spent on social investment, its status as the only company in its sector with an “A” rating for climate disclosures. BHP also emphasised “respecting indigenous peoples” as a renewed priority.

Alvaro Ipuana, an indigenous leader from La Guajira, Colombia, tells a different story. Ipuana lives in the shadow of Cerrejón, the largest open cast coal mine in Latin America, co-owned by BHP. Its expansion over the last 20 years has forcibly displaced the Afro-descendant Tabaco people. According to campaigners and academics, it has also decimated the capacity for subsistence agriculture for its remaining indigenous Wayuu communities and polluted the rivers that once provided drinking water.

The region has been drought-stricken for years, and a 2017 Human Rights Watch report described the Wayuu as being in the throes of a “humanitarian crisis”. The locals lay the blame squarely at the feet of the multinationals.

Cerrejón claims it has invested $19.6m to improve water access for affected Wayuu communities, and blames regional government for the continued plight of the Tabaco people displaced by its mine.

But, as Ipuana explains, “The resources that have been assigned to counter the impacts caused by the mining were not definitive solutions to the problem. Their concept of development isn’t functional for indigenous communities.”

This explanation cuts to the core of an emerging tension in the rejuvenated climate justice movement. While Extinction Rebellion’s focus on net zero carbon emissions is understandable, it ignores extractivism – the large-scale exploitation of natural resources for export – which often makes up the core of “green infrastructure” projects. This has fatal consequences.

Cerrejón is just one example of BHP’s “social investment” MO. The company is currently fighting one of the biggest legal claims ever filed in a British court over the worst environmental disaster in Brazil’s history. When a tailings dam burst at Samarco, whole villages were wiped out by the waste sludge from the iron ore plant. Rejecting all charges leveled at the company for accountability, co-owner BHP instead set up a foundation to dispense compensation at its own discretion.

Now BHP wants to wear the clothes of the climate activists. Its chair Ken MacKenzie even claimed at last week’s AGM that “mining is the locomotive of the future on climate change”. Minerals like lithium, cobalt and copper are key for many of the alternatives to fossil fuel-based infrastructure. But large-scale “greening” projects that rely heavily on unsustainable mining for finite minerals under indigenous land necessarily entail exploitation – of nature and of people.

As Extinction Rebellion protests drew headlines, Ipuana joined activists from Chile and Brazil in protest at that AGM in Westminster. The Latin-American representatives accuse the multinational of “greenwashing” – plastering over its exploitation of people and resources with buzzwords and empty gestures.

The briefing released of the meeting shows that companies like BHP recognise the need to placate investor concerns around climate breakdown, and so are trying to rebrand themselves as ethical companies committed to a transition towards green industry. It doesn’t seem to matter that black and brown communities have been fighting this battle for generations with their bodies on the line. The investor is the ultimate customer and, increasingly, today’s investors want to believe their money isn’t funding their grandchildren’s death warrant.

Across Europe, Extinction Rebellion has succeeded against the odds in making climate breakdown a public priority. Its broad-church approach of remaining avowedly “apolitical” (i.e. not anti-capitalist) made sense initially, bringing together a wide coalition from across the political spectrum. As the national conversation begins to move towards specific policy and infrastructure objectives, however, what I see as XR’s reluctance to tackle extractivism threatens to give carte blanche to governments and corporations who are happy to shift the burden of climate destruction onto poor and indigenous communities of colour in the global South.

In solidarity with those risking violence and incarceration on the front lines, XR needs to ensure that the relentless extractivism that damages lives, livelihoods and ecosystems in parts of the global South is not the basis of its fight for net zero carbon emissions here in the UK.

And yet extractivism is a necessary component of an economic model predicated on exponential growth. It is impossible to combat without identifying its roots in colonial capitalism.

This leaves Extinction Rebellion with a choice to make: either it ignores the ecological devastation wreaked by corporations, or it commits itself to tackling the root cause of that devastation. If it is truly internationalist, it must recognise that climate struggle is class struggle. If it values all bodies equally, it must denounce capitalism itself.

Fuente:https://www.independent.co.uk/voices/extinction-rebellion-climate-crisis-bhp-mining-coal-colombia-a9167601.html?fbclid=IwAR3nO9yZ_zsAdysdT6hTJatBpLWkr0hAOBBH8YUvkWgDigrV_CbIcxgZ2Uk