El 5 de noviembre, los agricultores del sector de Tumilaca, en el distrito de Torata y otras organizaciones retomarán las protestas contra la empresa minera.
Los agricultores del sector Tumilaca, en el distrito de Torata, y otras organizaciones de Moquegua anunciaron el reinicio de un paro indefinido a partir del 5 de noviembre.
Según el dirigente Miguel Vizcarra Sarasa, la medida se acordó en la última asamblea de la noche del miércoles. Asegura que no hay ninguna actitud de intransigencia de parte de ellos. Recordó que la protesta de agosto pasado quedó suspendida tras las promesas de cuatro ministros de solucionar a la brevedad sus reclamos; empero, esto no ha ocurrido.
Vizcarra Sarasa asegura que no hay mucho avance en el trabajo de los grupos técnicos creados en la zona para evaluar la calidad del recurso hídrico, el medio ambiente y el modelamiento del proyecto Quellaveco. Además, temen que sus informes y conclusiones no sean vinculantes.
En Tumilaca, culpan a Anglo American de contaminar el agua y el medio ambiente con la construcción de Quellaveco. La minera sostiene que realizan monitoreos constantes en la cuenca y no hay alteración de la calidad del recurso hídrico.
Sin embargo, los agricultores aseveran que, desde que se iniciaron los trabajos de edificación del proyecto cuprífero, el agua ha variado de color. El lunes último, el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, hizo una visita inopinada a Quellaveco.
Después se reunió con dirigentes y agricultores en el local comunal de La Chumba. Miguel Vizcarra señala que no están pidiendo proyectos, sino que se deje de contaminar el agua. Liu Yonsen regresará hoy a Moquegua a intentar dialogar con los agricultores.
El investigador José Matías Peña, de la Plataforma de Afectados por los Metales Pesados de La Sierra Minera Cartagena-La Unión ha recorrido durante la mañana de este martes 29 de octubre las inmediaciones de La Rambla de La Porra, donde ha podido comprobar que desde el pasado 13 de septiembre de este año 2019 continúan los flujos de Lixiviados o drenajes ácidos de mina que desembocan en la laguna.
Matías Peña ha dicho que estos ácidos son tan agresivos como el tan conocido ‘salfumán’ y que van tanto en dirección hacia el Mar Menor como hacia la zona de El Gorguel.
Ha destacado la peligrosidad de estos drenajes, por las concentraciones de metales pesados como el plomo, cadmio, arsénico e incluso uranio.
«No se puede obviar que si estos drenajes están circulando por el subsuelo en la línea de máxima pendiente hacia el Mar Menor, están provocando la contaminación de los suelos agrícolas sobre los que se cultivan verduras y hortalizas que después se consumen por los ciudadanos».
Miembros de esta plataforma participarán este miércoles en la manifestación para salvar el Mar Menor. Irán con un castillete minero y con residuos que han cogido de la zona
La minera Peñasquito que opera bajo la compañía Newmont Goldcorp continúa bloqueada, ante lo cual los directivos fijaron para el 4 de noviembre una mesa de negociación nacional para que continúe operando.
Esto, debido a que de no desalojar a los paristas, consideran el cierre definitivo o temporal de la mina que opera en Mazapil, porque se niegan a ceder a “chantajes”.
Es por esto que el gobernador Alejandro Tello Cristerna convocó a conferencia de prensa ayer para fijar postura al respecto, toda vez que aproximadamente seis mil trabajadores quedarían sin fuente de empleo, incluyendo empleados directos, servicios y proveeduría.
“Es un tema entre una empresa y un proveedor, entre Cava y Peñasquito, la comunidad (de Cedros) corre otra suerte. Se ha hablado de falta de agua por el manantial que se agotó, afectaciones en parcelas. Se está solicitando una indemnización multimillonaria por la falta de agua, sí hay agua, se las provee la mina, aunque los mantos acuíferos han disminuido”, señaló.
“Estamos, no de manera violenta ni represora, invitando la Guardia Nacional y la Policía Estatal a desalojar a ese pequeño grupo que tiene tomado, a que permita el acceso, que se sigan generando condiciones para la mesa de acuerdos donde los intereses de unos pocos no podrán estar por encima de los intereses comunes”, advirtió.
Esto porque el lunes, la empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores decidirá si continúa o para definitivamente.
Aseguró que la empresa de transportistas Cava “se ha ido desmembrando, porque parte de los transportistas tiene acuerdos en lo individual, porque no están de acuerdo con las decisiones de los líderes, que es el bloqueo”.
Entre los cuestionamientos de la prensa estuvo lo del desalojo con el uso de la fuerza pública, ante lo cual el mandatario estatal precisó que “para que el diálogo no se rompa”, buscará que se vuelva a instalar la mesa de negociación.
“La condición es que la empresa esté funcionando para que la mesa se establezca. Estaría buscando permitir el acceso de los insumos y personal para que ese día 4 arranquen los trabajos de minera Peñasquito, y que los líderes, sobre todo de la empresa transportadora, estén sentados en la mesa, de lo contrario no sucede nada”, precisó.
“El lunes es la fecha fatal, ellos decidirán, si pueden o no, definitivamente si se suspende el tiempo de la mina detenida. Los miembros (de seguridad) que están allá (Mazapil) están haciendo rondines, buscaría ponerlos en una condición que den certeza a la empresa”, acotó.
Inminente desalojo
“Hay una orden ordenada por un juez del Poder Judicial para lo del desalojo del bloqueo, lo que yo nunca buscaba hacer con la fuerza pública, por eso platiqué con la gente, en su mayoría transportistas, amas de casa y comerciantes, quienes me pidieron que no cerraran la mina”, agregó Tello Cristerna.
“Cava está encaprichada en ver su beneficio, y el beneficio de los dos mil 600 trabajadores directos, y miles de indirectos dónde está. Por eso la aplicación de la ley, buscaremos el desalojo, no creo que haya rispidez porque al parecer, quienes tomaron en el pasado, se deslindan, no son las mismas personas, había otros personajes al frente de la puerta, muy poquitos están ahorita”, detalló.
“Esta empresa no está dispuesta a estar pagando cada toma que reciben. A lo largo del tiempo se generó una costumbre nociva, porque así no debe funcionar un país de leyes, donde te bloqueo y obtengo lo que requiero (dinero)”, tronó el gobernador.
No obstante, Tello Cristerna reconoció que pese a la operación de esta minera en la zona de Mazapil, la comunidad de Cedros no ha crecido económicamente porque “se ve pobreza, atraso, las escuelas, sigue habiendo un atraso, la distancia, la lejanía y el abandono es real, reconozco las culpas del gobierno, de mis antecesores y su servidor”.
“Siento que la mina no hizo comunidad. Son varias comunidades, pero cómo arreglar con ciertas cabezas, no llegó el beneficio a todos, se atoró, no sé dónde, lo dice la gente que no ha recibido ningún beneficio de la mina”, reconoció el mandatario estatal.
Al igual que otras áreas protegidas en Uganda, el bosque de Bugoma ha sido amenazado por la invasión durante décadas;ahora hasta una quinta parte de lo que queda podría limpiarse para plantar caña de azúcar.
Las mujeres, generalmente responsables del cultivo de alimentos y la recolección de agua y leña, sienten los impactos de la degradación forestal de manera aguda.
A pesar de muchos obstáculos, están asumiendo un papel de liderazgo en la defensa del medio ambiente, particularmente contra la creciente presión de las industrias extractivas.
– “¿Cómo es que estas personas vienen a Bugoma para destruir nuestra naturaleza? La naturaleza nos protege ”, dice Beatrice Rukanyanga mientras camina a lo largo del límite del bosque. Los árboles de madera dura retorcidos sobresalen de una maraña de follaje en un lado, y filas ordenadas de pinos y eucaliptos se colocan en el otro.
Rukanyanga corta el bosque y maniobra hábilmente a través de la espesa maleza, seleccionando hojas de diferentes plantas a medida que avanza. “Estoy eligiendo medicamentos para las molestias estomacales. También tenemos plantas que tratan la malaria y los problemas de la piel ”, explica. Para las mujeres que viven cerca del bosque, siempre ha sido una fuente importante de alimentos, medicinas y leña, recursos que están disminuyendo junto con el bosque.
El bosque de Bugoma abarca 40,000 hectáreas (98,800 acres) a lo largo del extremo norte del Valle del Rift Albertine, que divide Uganda y la República Democrática del Congo.
Alrededor de 500 chimpancés han hecho su hogar aquí, junto con una especie de mono mangabey que solo se encuentra en Uganda y cientos de especies de pájaros, árboles y arbustos, lo que hace que el bosque sea uno de los más biodiversos del país.
Durante décadas, el bosque de Bugoma se ha ido reduciendo. Los lugareños dicen que los madereros ilegales pagan a los funcionarios para hacer la vista gorda a sus actividades, mientras que las plantaciones de té y madera en el perímetro empujan el límite del bosque hacia atrás, pieza por pieza. En toda Uganda, la cubierta forestal ha disminuido del 24 por ciento de la superficie terrestre total del país en 1990 al 9 por ciento en 2015, según el Ministerio de Agua y Medio Ambiente.
Ahora el bosque enfrenta una nueva y grave amenaza. En el extremo norte de Bugoma, se encuentra una excavadora amarilla, esperando comenzar a limpiar el bosque para dar paso a una plantación de caña de azúcar. En 2016, el Reino Bunyoro-Kitara arrendó una quinta parte del bosque protegido restante a Hoima Sugar Ltd. El contrato de arrendamiento fue impugnado, pero un fallo del Tribunal Superior en abril de 2019 encontró a favor de Hoima Sugar y el Reino, una de las más poderosos imperios en África oriental y central, que aún goza de una autonomía significativa bajo el estado. La Autoridad Forestal Nacional ha solicitado la suspensión de la orden judicial y está apelando la decisión.
El auge de los extractivos
Desde los pozos de petróleo que brotan a lo largo del valle Albertine Rift, hasta las islas boscosas del lago Victoria arrasadas por plantaciones de palma aceitera, el gobierno de Uganda está apoyando el rápido crecimiento de las industrias extractivas. Pero en contra de esto está el rápido crecimiento de un movimiento ecofeminista que considera que la protección del medio ambiente es esencial para la protección de los derechos humanos.
Una red de base de mujeres está trabajando para crear conciencia, compartir conocimientos y resistir directamente la destrucción del medio ambiente mientras se crean modelos alternativos de desarrollo. El movimiento espera fortalecer el poder político y económico de las mujeres en la sociedad, y así retrasar la destrucción del medio ambiente natural.
«Cuando éramos jóvenes, este bosque era espeso», recuerda Rukanyanga, recordando una época anterior a la llegada de las plantaciones industriales a la región. “Estaba lloviendo mucho; estaba oscuro donde quiera que pasaras ”. Rukanyanga es la coordinadora del grupo de mujeres agricultoras de Kwataniza, que vive cerca del bosque de Bugoma y que fabrica y vende estufas que ahorran carbón, a la vez que educa a las mujeres sobre sus derechos a la tierra y el uso sostenible de los recursos naturales.
Los patrones de lluvia en la región se han interrumpido en los últimos años, lo que Rukanyanga atribuye a la deforestación generalizada. Un estudio de 2012 en Nature encontró que la deforestación en los trópicos reduce las precipitaciones locales . «El cambio climático ha sido real», dice ella. “El año pasado la gente esperaba lluvias, sembró y la semilla simplemente murió en el suelo. Ahora hay inseguridad alimentaria en la mayoría de nuestros hogares «.
Tradicionalmente, las mujeres son responsables del cultivo de alimentos y la recolección de agua y leña, por lo que sienten los impactos de la destrucción ambiental de manera aguda. Los incidentes de violencia doméstica también aumentan cuando la comida es escasa. «Cuando violas estos recursos, también estás violando a las mujeres», dice Sostine Namanya, quien coordina una red ecofeminista en su papel para la Asociación Nacional de Ambientalistas Profesionales (NAPE).
NAPE, junto con la organización hermana, la Asociación Nacional para la Acción de las Mujeres en el Desarrollo, ha reunido a más de 5,000 mujeres de todo Uganda para exigir justicia de género y económica del gobierno y sus socios industriales. «Las mujeres se conocen, comparten experiencias y crean estrategias juntas», dice, reflexionando sobre cómo facilitan los intercambios entre grupos de mujeres en todo el país.
Siguen los pasos de las pioneras ecofeministas africanas como Wangari Maathai, quien en la década de 1970 fundó el Movimiento del Cinturón Verde , responsable de plantar más de 50 millones de árboles en Kenia y capacitar a decenas de miles de mujeres en prácticas como la silvicultura y la apicultura. .
En Kampala, el movimiento Fridays for Future de Uganda, inspirado en Greta Thunberg, tiene a las mujeres y niñas a la vanguardia. Y en el norte del país, las tradiciones feministas radicales desafían los intereses gubernamentales y corporativos. Aquí se sabe que las mujeres acholi se desnudan en público para invocar una maldición sobre sus enemigos; En 2017, esta táctica fue utilizada por mujeres líderes ancianas para oponerse a las 10.000 hectáreas (24.700 acres) de tierra que se estaban tomando para construir una instalación de procesamiento de azúcar en el distrito de Amuru. La policía respondió con violencia y, a pesar de estas protestas, el gobierno continuó con los desalojos de tierras.
Hablar públicamente contra el gobierno, o las industrias que respaldan, está lleno de riesgos en Uganda. «Pueden gastar gases lacrimógenos», dice Rukanyanga, y señala que la Ley de Gestión del Orden Público de 2013 hace que sea ilegal organizar reuniones públicas sin el consentimiento de la policía. “Entonces hacemos una manifestación pacífica. Escribimos pancartas y vamos con cartas a las autoridades ”, dice ella.
A principios de este año, las mujeres que viven en los alrededores de Bugoma Forest solicitaron al parlamento que se opusiera al arrendamiento a Hoima Sugar, mientras que los grupos de manejo forestal comunitario, cuya membresía es mayoritariamente femenina, patrullan el límite forestal e informan a la Autoridad Nacional Forestal si sospechan actividad ilegal.
Namanya reconoce que el clima político de Uganda limita las actividades del movimiento ecofeminista, y señala que varios miembros han sido agredidos físicamente o arrestados ilegalmente después de hablar públicamente sobre el acaparamiento de tierras.
Pero trabajar en silencio, desde la base, cambiar las actitudes y construir comunidades, también puede ser efectivo, dice Namanya. “El gobierno, incluso el presidente, siempre dice: ‘Ah, [puedes] dejar a las mujeres, no pueden cambiar nada, no son una amenaza’. Eso es algo que silenciosamente aprovechamos para organizar y resistir ”.
¿Quién se beneficia?
Con exenciones de impuestos y arrendamientos largos en tierras ofrecidas por el gobierno, Uganda se considera un destino atractivo para los inversores extranjeros en las industrias mineras y de plantaciones. En el caso de la caña de azúcar, la producción se ha cuadruplicado en las últimas dos décadas, y Uganda ahora exporta decenas de miles de toneladas cada año .
A cincuenta kilómetros (30 millas) al norte del bosque de Bugoma, se está construyendo una serie de pozos de petróleo a lo largo de la orilla del lago Albert. Desde 2006, se han descubierto reservas de petróleo crudo de miles de millones de barriles en la región, y se espera que el primer petróleo fluya en 2022, el Ministro de Obras y Transportes prevé una inversión de hasta $ 20 mil millones en los próximos tres años. Y a lo largo de la costa norte del lago Victoria desde 2003, BIDCO, un productor transnacional de jabón y aceite con sede en Kenia, ha talado miles de hectáreas de bosques y praderas para plantar palma aceitera.
Los funcionarios gubernamentales dicen que alentar estas industrias es vital para el crecimiento de la economía de Uganda y para la creación de empleo local, particularmente en las zonas rurales empobrecidas. El PIB per cápita de Uganda se encuentra entre los más bajos del mundo .
«Es el estado, son los peces gordos del gobierno, son los extranjeros los que se benefician», dice Namanya, señalando a otros países ricos en minerales en África subsahariana que han caído en la maldición de los recursos. “¿Cómo es que todavía son extremadamente pobres y hay una grave violación de los derechos? No será diferente para Uganda. Tenemos que encontrar mejores formas ”, dice ella.
Es preocupante para el movimiento ecofeminista la forma en que las industrias extractivas que operan en Uganda adquieren tierras; Los desalojos ilegales después de reclamos de tierras falsas, y la compensación inadecuada por los derechos de tierras son comunes. En la isla de Buvuma, elegida para la próxima fase del ambicioso proyecto de desarrollo de palma aceitera del gobierno, las tensiones entre el crecimiento económico, la justicia de género y la protección del medio ambiente son marcadas.
Estudio de caso: Isla Buvuma
“Al principio, cuando pasaba, la mayoría de las islas tenían bosques, pero a lo largo de los sitios de aterrizaje se podía ver madera esperando que se cruzaran los barcos. Luego, después de unos años, era carbón «, dice Jameson Muberwa, un asesor agrícola del gobierno que se mudó a Buvuma, una isla tropical a lo largo de la costa norte del lago Victoria, en 1995.» Ahora ya no se ven árboles traídos a lo largo del sitio de aterrizaje «.
Entre 1991 y 2014, la población de Buvuma aumentó cinco veces a 90,000 personas como tierra barata y la esperanza de trabajo alentó la inmigración masiva desde el continente. Gran parte del mosaico duradero de la isla de bosques indígenas, sabanas de hierba y humedales se convirtió rápidamente en tierra agrícola para los pequeños agricultores. Ahora, los cambios dramáticos están dividiendo el paisaje una vez más con el desarrollo inminente de una plantación de palma aceitera de 10,000 hectáreas en la isla, parte del Proyecto de Desarrollo de Aceite Vegetal del gobierno, en asociación con BIDCO.
«El proyecto de aceite de palma es un desarrollo bienvenido para la gente», dice Gladys Nalunkuma, oficial de recursos naturales del distrito de Buvuma. Ella observa cómo la disminución de las poblaciones de peces en el lago, las malas cosechas relacionadas con la reducción de las precipitaciones en los últimos años y el declive de las industrias de la madera y el carbón han sumido a muchos residentes en la pobreza. Un tercio de la tierra designada para la palma aceitera se ha destinado a unos 2.000 agricultores locales, que suministrarán fruta de palma a BIDCO.
Sin embargo, muchos de los residentes de Buvuma se preguntan si tienen algo que ganar con el proyecto.
«Para las personas locales que no fuimos a la escuela, estaríamos ganando muy poco», dice Shmirah Nansimbe, presidenta del Grupo de Mujeres de Plantación de Árboles de Bukigindi. A través de diálogos con mujeres en las cercanas Islas Ssesse, la ubicación de la plantación original de 10,000 hectáreas de BIDCO, que comenzó a operar en 2003, las ecofeministas comparten conocimientos sobre las realidades de la palma aceitera industrial.
Si bien el proyecto de las Islas Ssesse ha creado alrededor de 3.700 empleos, la mayoría de estos trabajos pagan menos que los salarios vigentes en el área, y a menudo con malas condiciones de trabajo. Como resultado, gran parte de la fuerza laboral son migrantes a la isla, mientras que las comunidades locales luchan por continuar pescando, cultivando y viviendo de productos forestales debido a la degradación ambiental. Con las tierras de los pequeños propietarios ahora ocupadas por la palma aceitera, los precios de los alimentos en la isla también han aumentado. A pesar de las preocupaciones de que estas condiciones se replicarán en Buvuma, algunos residentes han tenido pocas opciones sobre si venden sus tierras al gobierno.
«Cuando llegó BIDCO, no le enseñaron a la gente sobre los aspectos positivos y negativos», dice Mariam Nakatu, quien está liderando un caso legal contra el gobierno por 250 hogares desalojados de Buvuma. «Una mañana, solo se ve gente de BIDCO que viene con el presidente local, y dicen que el título de la tierra ya ha sido entregado [por el propietario]».
Ella describe cómo los agrimensores transferirían discretamente los derechos de tenencia y ocupación de grandes segmentos de tierra a sus asociados, por lo que solo recibirían una fracción de la compensación que les correspondía. Un informe publicado en 2019 por las ONG Tropenbos International y la Ecological Trends Alliance descubrió que la Comisión de Tierras de Uganda omitió los procesos durante la adquisición de tierras y creó arrendamientos a favor de BIDCO. Según el informe, «no se cumplió estrictamente el consentimiento libre e informado previo», mientras que un proceso turbio de valoración y compensación junto con la falta de representación legal condujo a «un gran número de residentes muy descontentos» en la isla.
Al poner a las mujeres en primer plano durante las negociaciones de tierras, el movimiento ecofeminista espera frenar la venta de tierras para las industrias extractivas. Las mujeres, dice Namanya, tienen una comprensión más profunda del valor de la tierra y los servicios naturales que brinda a las familias, por lo que, en primer lugar, están menos dispuestas a vender. «Nuestros maridos venden la tierra que estamos cultivando sin que nos demos cuenta, y cuando reciben el dinero se van y se casan con otras esposas», dice Benine Naluyima, del Ganyana Women’s Group, una cooperativa que fabrica estufas que ahorran carbón y replantan árboles. en la isla.
En busca de medios de vida alternativos y sostenibles en Buvuma, el Grupo de Mujeres de Plantación de Árboles de Bukigindi también ha replantado 18 hectáreas (45 acres) de tierra degradada, que una vez fue bosque tropical protegido, con especies indígenas como la caoba y la musizi. Nansimbe lleva al grupo a una ladera, señalando los cultivos que la comunidad está cultivando a la sombra protectora de los árboles jóvenes. Poco a poco, a medida que el bosque se espese, tendrán una fuente renovada de leña y otros productos forestales.
Sin embargo, el proceso de regeneración es lento y su trabajo se está volviendo más desafiante a medida que cambia el clima. «El sol brilla demasiado durante la estación seca ahora, y es difícil llevar agua a los árboles desde el lago», dice Nansimbe.
Teniendo en cuenta la fortaleza de la industria del aceite de palma y el apoyo del gobierno, otros están dispuestos a comprometerse. Betty Kabwaalu Nanyonjo, quien creció en las Islas Ssesse, visita regularmente Buvuma, comparte sus experiencias y aconseja a las mujeres que no vendan sus tierras. “La gente de afuera viene a comprar tu tierra. ¿Eso es desarrollo? ”, Pregunta ella. Sin embargo, Nanyonjo alienta a las mujeres a «involucrarse» en el cultivo de la palma aceitera. «Deje que la gente cultive la palma de aceite y los inversores compren el aceite», dice ella. «Aceptas el proyecto, porque te guste o no, el proyecto despegará».
Se estima que la Amazonía es el lugar con más biodiversidad en el mundo. Sin embargo, la contaminación por mercurio está poniendo en riesgo a especies emblemáticas como los jaguares y delfines de río, al igual que a peces que son críticos para la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas, rurales y urbanas.
Los delfines rosados del Amazonas tienen niveles preocupantemente altos de contaminación por mercurio, sobre todo debido al barrido ilegal de oro, reveló un estudio realizado por varias ONG ambientales, entre ellas, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
El mercurio, clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “una de las diez sustancias químicas que plantean mayor preocupación para la salud pública”, ha afectado negativamente la salud de más un millón y medio de personas en la región, mientras que amenaza la salud y medios de vida de millones más a través de la contaminación del aire y el agua y la intoxicación de plantas y animales.
Los investigadores se propusieron medir la tasa de contaminación de 46 delfines de 2017 a 2019, en las principales cuencas amazónicas de Brasil, Bolivia, Colombia y Perú.
«Todos mostraron un cierto nivel de contaminación por mercurio, con altas tasas para más de la mitad de ellos», dijo Marcelo Oliveira, de WWF Brasil.
«La extracción ilegal de oro es una amenaza real: el 100% de los delfines monitoreados para el estudio han sido contaminados, especialmente en la cuenca del Orinoco (que se extiende sobre Colombia y Venezuela), donde hay grandes concentración de mineros «, dice el estudio.
El mercurio, utilizado para separar el oro de otros minerales, es altamente contaminante.
Pero Marcelo Oliveira considera que la búsqueda de oro no es el único problema. «El mercurio existe en forma natural en la Amazonía, pero se propaga en el agua debido a la deforestación, los incendios forestales y entra en la cadena alimenticia de delfines y peces», explica.
Los altos niveles de mercurio observados en el organismo de los delfines también se traducen en una verdadera «amenaza» para la salud de las casi 20 millones de personas que viven en la región amazónica y que, entre otras cosas, se ven obligadas a consumir pescado contaminado.
«El mercurio puede permanecer hasta 100 años en la cadena alimentaria, ese es el gran problema», concluye Marcelo Oliveira.
Según el Informe Planeta Vivo 2018 de WWF, alrededor del mundo las poblaciones de especies de agua dulce han disminuido en un promedio de 83% desde 1970. Los hallazgos del informe Ríos Sanos, Gente Sana indican que es poco probable revertir esta tendencia en la Amazonía a menos que la contaminación por mercurio sea combatida.
WWF impulsó la creación de la Alianza Regional por una Amazonía Libre de Mercurio, una plataforma que reúne a organizaciones, representantes de gobierno, investigadores y líderes indígenas con el fin de consolidar información, compartir lecciones aprendidas y desarrollar líneas de acción claras, atacando la problemática desde un enfoque regional.
Los investigadores también concluyeron que los movimientos de los delfines no distinguen fronteras internacionales, haciendo necesarios acuerdos entre países para garantizar la protección de las especies.
El estudio se enmarca en la Iniciativa Delfines de América del Sur, formada por las organizaciones Faunagua, Fundación Omacha, Instituto Mamirauá, Prodelphinus y WWF.
Autor: Dina Meza Rights Action / Pasos de Animal Grande
La minera Aura Minerals/MINOSA, está intentando de nuevo, a pesar de la indignación de los familiares de los muertos y de demandas en los tribunales en su contra,exhumar ilegalmente todos los cadáveres del camposanto de Azacualpa, en la Unión, Copán, en el Occidente de Honduras, para minar el oro abajo, y de ahí seguir cerro entero hasta destruir la aldea de Azacualpa, denunció la organización Rights Action en un extenso reportaje publicado este 22 de octubre de 2019.
De acuerdo a la información de Rights Action despues de años de operacion destruyendo la economía local y el cerro de San Andres, ubicado en La Union, Copan, Aura Minerals/MINOSA, tiene aislado al camposanto de Azacualpa pero el pueblo sigue defendiendo su cementerio y la aldea de Azacualpa.
El 15 Octubre 2019, Héctor Antonio Trigueros, defensor ‘criminalizado’ de Azacualpa, y Lisbeth Jimenez de ASONOG, llevaron a Grahame Russell, de Rights Action a pasar por la mina y la comunidad de Azacualpa.
Por la defensa de su territorio la minera tiene criminalizados a unos 20 pobladores de Azaculapa, algunos tienen orden de captura. «La empresa minera está arrasando con nuestro territorio, destruyendo fuentes de agua, contaminando nuestros ríos, talando nuestros bosques y acabando con la paz y tranquilidad que un día disfrutabamos», dijo a Rights Action, Héctor Antonio Trigueros.
Lea el reportaje completo de Rights Action en este link
El 17 de octubre fue publicada la Ley 31007, que fue uno de los últimos actos del disuelto Congreso de la República. Esta Ley extiende el plazo del proceso de formalización de la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE[1]) hasta diciembre de 2021, y además reabre la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por 120 días.
Como se recuerda, al inicio del gobierno de PPK se dio un nuevo impulso a la formalización de la MAPE, que en la práctica representaba una continuación del proceso iniciado en el anterior gobierno de Humala. Así, se creó el REINFO para incorporar a aquellos mineros que no habían sido inscritos previamente, y se estableció que este proceso duraría 36 meses a partir del cierre de este registro. Esto último se produjo en agosto de 2017, por lo que el plazo final para la formalización tenía como fecha límite agosto de 2020.
Sin embargo, la Ley 31007 modifica nuevamente las reglas de juego, y ahora concurrimos a un nuevo capítulo en torno a la formalización de la MAPE, en una historia que parece no tener fin. Pero, ¿cómo explicar una nueva extensión de los plazos? Para comprender de forma más clara la situación actual, resulta importante hacer un breve recuento de lo que ha venido ocurriendo hasta este momento en torno a las acciones desarrolladas por los últimos gobiernos para regular y establecer límites a esta actividad.
La Ley General de Minería no había incorporado en sus inicios, un régimen especial para la MAPE. Recién en el 2002 se aprobó la Ley 27651, de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, primer intento por crear un marco legal para adecuar la MAPE bajo estándares ambientales, de seguridad y laborales. Esta Ley creó las figuras del pequeño producto minero (PPM) y del productor minero artesanal (PMA), incorporando el régimen de la MAPE al régimen general, que ya regulaba la mediana y gran minería.
Esta Ley fue parte del impulso al proceso de descentralización del país, emprendido por el gobierno de Toledo. Probablemente ello determinó que la MAPE quedara bajo las competencias de los gobiernos regionales. Pero estas reformas normativas no vinieron acompañadas de una política clara de impulso a la formalización de la MAPE, o una noción de cómo se sostendría. El gobierno central no brindó el acompañamiento y la asistencia técnica necesarios para fortalecer a los gobiernos regionales, motivo por el cual estos no pudieron afrontar estas funciones de forma eficaz.
De esa manera, durante estos primeros años no se desplegaron mayores esfuerzos para regular efectivamente esta actividad, que progresivamente empezó a proliferar y expandirse en todo el país, sobre todo en el contexto del alza de los precios internacionales del oro y otros minerales. Cuando comenzaron a hacerse públicos los graves problemas sociales y ambientales que ocasionaba -particularmente en el departamento de Madre de Dios- se harían más evidentes las limitaciones del Estado para afrontar esta situación. En ese contexto, a fines del segundo gobierno de Alan García se llegó al convencimiento de que era necesario adoptar medidas más concretas. Se declaró de interés nacional el ordenamiento minero en Madre de Dios (estableciendo zonas prohibidas para la minería), y se creó un Plan Nacional para la Formalización de la Minería Artesanal. Sin embargo, estas iniciativas no tuvieron impacto, probablemente porque ya para esos momentos, el gobierno de García estaba de salida, y además debilitado por los efectos del Baguazo.
Ya sería al inicio del siguiente gobierno de Humala que se decidió atacar con mayor decisión este problema, mediante la aprobación de un paquete de decretos legislativos que crearon un procedimiento extraordinario de formalización para la MAPE, con requisitos aparentemente más simplificados que los establecidos en el procedimiento ordinario de formalización (creado con la Ley 27651 y sus normas reglamentarias). Este paquete de normas permitió marcar una línea divisoria entre la minería informal y la minería ilegal; entre aquellos que quisieran formalizarse y los que no, los últimos de los cuales serían criminalizados y perseguidos.
Sin embargo, en la práctica el gobierno de Humala otorgó más fuerza y visibilidad mediática a la lucha contra la minería considerada ilegal. Difícil olvidar en ese período los grandes operativos de interdicción dirigidos por el general Daniel Urresti, que tenían como objetivo destruir maquinarias u otros equipos de los mineros ilegales. Estos operativos fueron muy difundidos como grandes logros del gobierno, generando la impresión de que era un gobierno fuerte que estaba tomando acciones concretas contra la minería ilegal y toda la criminalidad asociada a ella. Bajo este esquema, el Ministerio del Ambiente, conducido por Manuel Pulgar Vidal, también tuvo una influencia muy importante para fortalecer el enfoque represivo del gobierno. Resulta sintomático que el gobierno de Humala tuviera tal voluntad de atacar a la minería ilegal, mientras paralelamente aprobaba normas que otorgaban diversas facilidades a las empresas de la mediana y gran minería: los recordados “paquetazos ambientales” de 2013 y 2014.
Pero lo concreto es que estas acciones contra la minería ilegal no tuvieron una correlación con un mayor acompañamiento o apoyo a los mineros que sí tenían intenciones de formalizarse. Al parecer, para el humalismo las interdicciones eran más rentables políticamente que alcanzar logros concretos relacionados con la formalización. Estas acciones del gobierno tampoco facilitaron la generación de lazos de confianza con las organizaciones de mineros.
Además, en la práctica, los requisitos para alcanzar la formalización eran casi imposibles de ser cumplidos dentro de los plazos establecidos. Aquellos mineros que iniciaron sus trámites chocaron con las limitaciones e incapacidad de los gobiernos regionales, y también con las mafias que se crearon entre varios de sus funcionarios y consultores externos que los mineros obligatoriamente tenían que contratar para que les elaboren sus instrumentos de gestión ambiental y otros documentos. Al final del gobierno de Humala solo se llegó a formalizar menos de 200 mineros, de un total aproximado de 70.000 que se encontraban inscritos.
Como las relaciones entre el gobierno de Humala y las organizaciones de mineros habían sido muy conflictivas, el recién iniciado gobierno de PPK trató de conciliar posiciones para relanzar el proceso de formalización. De esa manera, se realizaron diversos ajustes a las normas creadas durante el gobierno de Humala, con la finalidad de simplificar los trámites para los mineros. Además, se creó el REINFO, que en la práctica implicaba una segunda reapertura del registro de inscripción de mineros[2]. Se estableció como plazo para alcanzar la formalización agosto de 2020, cumplidos 36 meses del cierre del REINFO (lo cual ocurrió en agosto de 2017). También se debe resaltar que esta reapertura del registro exoneraba de responsabilidad penal a aquellos mineros que no se habían inscrito en los registros anteriores, y que eran considerados como mineros ilegales durante el humalismo.
En este nuevo escenario, el gobierno central logró inicialmente mejorar las relaciones con los mineros y promover redes de gobernanza. A esto contribuyó también, un mayor apoyo presupuestal a la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) y a las direcciones regionales de energía y minas (DREM). A inicios de 2018 se logró superar la meta de 5000 formalizados, cifra considerable tomando en cuenta los magros resultados que había obtenido el gobierno anterior. Pero este impulso inicial del gobierno central comenzaría a declinar a partir del segundo semestre de ese año, coincidiendo con la crisis política que derivó en la renuncia de PPK: el personal de la DGFM se redujo sustantivamente, y se perdió presencia en los espacios de la MAPE.
Esta situación de anomia y repliegue del gobierno central no ha cambiado mucho desde entonces. Y si bien el número actual de formalizados se aproxima a los 7000, todavía esa cifra es muy pequeña con relación al total de mineros inscritos en el REINFO (54 857 en total[3]), y –aparentemente- aún más pequeña respecto a la totalidad de personas que se dedican a esta actividad (cientos de miles de personas de acuerdo a algunos gremios mineros) y que no se han inscrito en ningún registro, prefiriendo mantenerse en la ilegalidad.
Con un proceso de formalización próximo a culminar (mediados del 2020) y con escasos avances, las organizaciones de mineros y sus congresistas aliados han podido granjearse otros apoyos en el Parlamento y así viabilizar la aprobación de la Ley 31007. Esta sería la tercera reapertura del registro, y además extiende hasta finales de 2021 un proceso de formalización extraordinario que, en su concepción inicial, tenía que culminar en el 2014. Uno podría preguntarse hasta acá: ¿qué intenciones reales podría tener un minero de incorporarse en el registro y formalizarse, si es que sabe que en cualquier momento el registro puede reabrirse? Y, además, ¿qué mensaje se da a aquellos mineros que tienen todas las intenciones de formalizarse, cuando saben que sus compañeros no tienen ningún problema manteniéndose en la ilegalidad? ¿Cómo el Estado podría modificar una práctica social sin constancia o coherencia en sus acciones?
Con la finalidad de que el Estado no siga desplegando esfuerzos inútiles, que, tal como en el mito de Sísifo, conduzcan inevitablemente a una nueva prórroga, resulta necesario describir algunos puntos críticos que vienen limitando las posibilidades de que el Estado (incluyendo gobierno central y regionales) cumpla sus funciones sobre la MAPE de forma eficaz, y se alcance una formalización integral. Este tema es bastante extenso, y en el presente artículo solo se esboza algunos temas de necesaria atención para tratar de destrabar este problema:
La ausencia de una línea base: desde el año 2002 en adelante, el marco normativo y las políticas relacionadas con la MAPE se han venido gestando sin contar con un diagnóstico o línea base que permita determinar el número real de personas dedicadas a esta actividad, sus condiciones laborales, niveles socioeconómicos, o la condición jurídica y social del territorio donde vienen operando. Como indica una conocida frase, “lo que no se mide, no se puede mejorar”.
Cuellos de botella en la legislación minera: partiendo del principio jurídico que no pueden existir en un mismo espacio territorial más de dos concesiones mineras simultáneas, la acreditación del acuerdo de explotación entre los mineros y el titular de la concesión se ha convertido en el principal obstáculo para avanzar en el proceso de formalización. Este es un requisito que, en última instancia, depende de la buena voluntad del titular de la concesión, pues no existe ni ha existido norma que lo obligue a concretar acuerdos con los mineros. En este contexto, ni la DGFM ni las DREM han impulsado iniciativas que permitan facilitar los procesos de negociación entre el titular y los mineros. Además, la mayoría de concesiones activas no han logrado avances efectivos en exploración o explotación, pudiendo mantenerse inactivas hasta por 30 años de acuerdo con las últimas modificaciones normativas. La mayoría de estas concesiones corresponden a PPM y PMA, y se sabe que la mayoría de mineros artesanales y en pequeña escala las vienen ocupando. Es un juego de suma cero: los mineros no pueden formalizar sus actividades (y tributar al Estado) y la concesión no es explotada por el titular, pudiendo mantenerla “ociosa” o con fines especulativos hasta por 30 años.
Ausencia del Estado y debilidad institucional: lo que ha ocurrido con la experiencia de la MAPE, refleja una profunda debilidad institucional de las entidades estatales encargadas de hacer cumplir las leyes, y sus limitaciones para posicionarse como autoridades en los espacios territoriales de MAPE. En la práctica, esto se traduce en la existencia de muchas “zonas liberadas” para la MAPE, tal como en las viejas historias que retratan las sucesivas “fiebres del oro” en los Estados Unidos. Por citar algunos ejemplos recientes, a inicios del mes de octubre del presente año, fallecieron 4 personas como consecuencia de un enfrentamiento entre un grupo de mineros artesanales y personal contratado por el titular de una concesión en el Cerro el Toro (provincia de Huamachuco, La Libertad)[4]. Otro caso es que a mediados del mismo mes se aprobó la Resolución Suprema N° 132-2019-IN, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional en la Cordillera del Cóndor (provincia de Condorcanqui, Amazonas) para combatir a las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal en este punto fronterizo y de difícil accesibilidad, donde desde hace mucho tiempo, hay serios conflictos con los pueblos indígenas awajún y wampis que habitan esta zona.
Falta de incentivos concretos que impulsen a los mineros a formalizarse: este es el meollo por resolver. Es indispensable implementar alguna política concreta que genere reales incentivos para que los mineros quieran formalizarse y mantenerse así, mejorando paulatinamente sus medidas de seguridad e incorporando tecnologías limpias en sus procesos productivos. Ello implica una profunda transformación en el esquema de gobernanza que ha venido aplicando el Estado hasta el momento respecto a la MAPE, y que conlleva a enfocar esta actividad principalmente como un problema social, pues de ella dependen miles de personas que carecen de bienes básicos y que no tienen muchas opciones para mejorar sus ingresos económicos, ante mercados débiles y un Estado ausente en muchos aspectos.
[1] La denominación “minería artesanal y en pequeña escala” – MAPE, es un término que viene siendo usado en distintos países para referirse a las actividades de pequeña minería o minería artesanal.
No se piensa igual en una choza que en un palacio. Con su reciente discurso en favor de las compañías mineras, Javier Corral denota que no ha estado, nunca, en los innumerables pueblos mineros del estado que dice gobernar; por tanto, no se ha percatado que en varios siglos de explotación, sobre todo en la etapa del “crecimiento hacia afuera”, auspiciado por el porfiriato y sus “científicos”, ha dejado un caudal de agravios, miseria, pueblos fantasma, contaminación y depredación sin fin.
Si hubiera abierto los ojos a las afueras de Chihuahua, se habría dado cuenta que existe Santa Eulalia, Santo Domingo, San Guillermo, los restos de la fundidora que fue de la Asarco, que hablan claro de lo que las grandes empresas mineras buscan en territorio nacional. Más lejos están Santa Bárbara, Cusihuiriachi, Naica y tantos minerales que, una vez explotados sin piedad, sólo han heredado saldos negativos a un desarrollo, ya no digamos sustentable, sino de elemental satisfacción de los derechos de los trabajadores, el combate al alcoholismo, a la silicosis y el respeto al medio ambiente y a la salud de sus pobladores. Y es que no es lo mismo estar sobre el “green”, conocer sus hoyos, departir con los prohombres de la élite económica, acudir a las vendimias de Encinillas, que pararse frente a un socavón minero de un pueblo abandonado y expoliado.
Su reciente defensa de esta minería, pronunciada en el placentero puerto de Acapulco, faltaba más, durante la 33 Convención Internacional de esta rama económica, es una traición a Chihuahua, a la incipiente lucha de Samalayuca, a la que ni siquiera toma en cuenta, y a sus –hoy lo sabemos– falsos compromisos con los opositores al llamado “fracking”, que algo tiene que ver en el tema que me ocupa. Se demuestra que los discursos de Corral siempre son a modo del auditorio que tiene enfrente, desentendiéndose de lo elemental: la memoria y el registro de las palabras que implica la responsabilidad de los gobernantes. En este caso, estuvo en su elemento, porque él siente y piensa como los preconizadores de una minería que está bajo sospecha y cuestionada en todos los continentes del planeta. Por ejemplo, dudo mucho que haya visto lo que pasa en Huizopa, Madera, y si lo vio lo olvida, por así convenir a sus intereses, a sus proyectos, y porque, a resumidas cuentas, es en ese ambiente en el que se siente cómodo. Con el pueblo nunca ha estado.
Veamos algunas de las líneas de su pieza oratoria acapulqueña. Inicia cuestionando supuestos prejuicios, subrayando una historia no referida, porque es imposible que embone con su demagogia. ¿Qué fue de la minería colonial que se llevó el oro y la plata de aquí, que dejó las secuelas de la esclavitud, paradójicamente construyendo la desgracia de España y la acumulación capitalista de los ingleses y los holandeses? ¿Qué fue del viraje que cobró el país a partir de la entrega de los porfiristas a los grandes consorcios mundiales que vinieron a México en pos de los minerales industriales, y que desde luego perseveraron en el oro y la plata? Se trata de prejuicios, pero del mismísimo Corral, que fue a endulzarle los oídos a los dueños de las mineras, olvidándose de la cruel realidad, y también acudió a la búsqueda de mecanismos de presión para recuperar el fondo minero federal sin tener proyecto alguno para utilizarlo en el supuesto de que se diera un viraje en esta materia por parte del gobierno central.
Acusa “ignorancia” en los críticos de la minería, probablemente de la que se hace a cielo abierto, de manera presuntuosa, dando a entender que él sería un experto, de lo cual está muy lejos, como lejos está la titular de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega, consorte de un petrolero texano, republicano y trumpiano. Es la peor forma de rebatir cuestionamientos de fondo que están en el debate serio, científico e informado en esta industria extractiva. Acusar a los disidentes de ignorancia al menos supone que se admite algún conocimiento de fondo en el acusador.
Sin embargo, el más preocupante cuestionamiento tiene que ver con los supuestos prejuicios, “fruto de la ideologización”, dice él. Pero jamás asoma qué ha de entenderse por esos categóricos conceptos, aunque seguro estoy que tiene en mente el modelo económico del capitalismo salvaje y de puertas abiertas a las grandes empresas que se han enriquecido exponencialmente a partir de la instalación del modelo de globalidad imperial en esta forma de explotar los recursos naturales. De aquí a su adhesión al “fracking” hay un paso, por más conciencia que él diga tener en contra de los supuestos prejuicios que endilga.
En estos momentos comunidades como Cusihuiriachi, que ya se había convertido en un pueblo en ruinas, producto de una explotación inmisericorde, ahora se ha asentado ahí una compañía que, a decir de los viejos pobladores, lejos de aportar algo positivo sólo se lleva lo poco que le queda y tiene “asquerosamente contaminado” –así lo dicen hasta por las redes sociales– el arroyo con sus desechos, ante la impotencia de los pocos habitantes sin que medie autoridad alguna que establezca correctivos. Esas mismas voces afirman que “Corral es muy incompetente” y que “no soluciona nada”, lo que confirma su ignorancia interesada que prácticamente lo convierte en otro gobernador abogado de las mineras depredadoras.
El otro caso que ha cobrado notoriedad por las protestas de sus habitantes, es el de Samalayuca, sección municipal de Juárez, donde recientemente se han prendido las alarmas por la segura contaminación de los mantos acuíferos si llega a operar la mina proyectada, cuyas resistencias ciudadanas ni siquiera –así lo declaró Corral– estaba enterado.
Otro caso emblemático es el de Basaseachi, área turística en que Corral tiene asentada su casa de invierno pero en donde los pobladores han documentado que la minera Frisco también ha ocasionado afectaciones a los mantos acuíferos. Y así podríamos enumerar muchos otros casos.
Que el modelo extractivista y depredador está en crisis, lo evidenció la tragedia en Coahuila de la mina Pasta de Conchos, propiedad del Grupo México encabezado por Germán Larrea, donde, además, se dio la quiebra de un sindicalismo entreguista que no protege las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores, que desprecia el medio ambiente, denota la impunidad y siembra miseria.
Corral ni siquiera recuerda la tragedia de Río Tinto, en la comunidad de Cieneguita, municipio de Urique, donde se desbordó la presa de jales hace un año, dejando una estela de muertes y contaminación. Esta sí es ignorancia.
Pero hay uno que tiene una historia cercana al corralismo y que lo deja mal parado por contrastar con la desmesura de su obsequioso discurso en Acapulco. Me refiero al crimen del líder barzonista Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Solís Contreras el 22 de octubre de 2012, precedido de su lucha por la preservación de la Cuenca del Río Carmen, afectada por las maniobras de otras mineras.
Los aparatos de justicia nunca han tenido la certeza de que la muerte de los Solorio a causa de su lucha contra las mineras en el Ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, haya sido a manos de matones de las extractoras y sus socias canadienses que ahí operan, pero de lo que no hay duda es de que su férrea defensa por los acuíferos de aquella región los pusieron en la mira de los intereses extranjeros afectados y cuya defensa oficial, en la etapa del hoy prófugo César Duarte, se parece en mucho a la aplicada por Javier Corral en Acapulco.
Una memoria corta produce los dislates como los del Ejecutivo chihuahuense y a la vez rompe compromisos que en la región se trabaron durante su campaña, que al parecer cree simplemente que ya los pagó cuando incorporó a la nómina a los que hace cuatro años estuvieron en duelo y en la calle reclamando justicia, tomando el Palacio de Gobierno en una acción de audacia que hoy no se escenifica para cuestionar la traición corralista en el tema que me ocupa.
Evidentemente que estas apreciaciones se deben entender en la perspectiva de que, en efecto, los recursos naturales que provienen de la minería se deben explotar bajo la premisa de una economía que solvente la justicia social, la defensa del medio ambiente y los intereses nacionales, que no están en presencia en la realidad y que, con posicionamientos como los de Corral, sólo llaman a la enajenación de los bienes del país, deteriorando la ya de por sí carcomida soberanía.
Durante décadas, el discurso del “desarrollo” ha inundado la región latinoamericana para promover proyectos extractivistas de diversa índole en tierras campesinas e indígenas: minería a cielo abierto, construcción de presas hidroeléctricas e infraestructura carretera y energética, entre muchos otros megaproyectos implementados sin el consentimiento de las comunidades.
Con el aval de instituciones financieras globales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, así como la inversión de corporaciones privadas y estatales, estos proyectos han sido impuestos con violencia lo que ha llevado al desplazamiento forzado de comunidades enteras y la persecución, criminalización y el asesinato de quienes resisten la devastación de sus territorios y el medio ambiente.
Ahora, con el pretexto del cambio climático, el capitalismo presenta ideas como la “energía limpia” y el “carbono neutral”, las cuales promueven iniciativas que agudizan el despojo a nivel global. Con dichos argumentos vociferados desde ONGs, gobiernos e instituciones como la ONU, se pretende impulsar una serie de proyectos que lejos de cuestionar las raíces del calentamiento global pretenden realizar un lavado de imagen de aquellos responsables por la devastación.
“Nuestra lucha es clara contra toda explotación”, reviran al mismo tiempo los pueblos de Latinoamérica, quienes atestiguan las consecuencias negativas de los proyectos “verdes” enmarcados en la “energía limpia” y la “conservación” de la naturaleza.
Avispa Midia, en colaboración con el Grupo Chiapaneco contra el Modelo Extractivo, presenta El falso mito de las energías limpias, documental que recoge los testimonios de comunidades que se encuentran en la línea frontal contra el embate de la economía verde, la cual pretende colocar precio a los bienes comunes de la naturaleza en Chiapas, América Latina y el mundo.
Voces desde Colombia, Honduras, Guatemala y México se conjugan en este documento audiovisual para desarticular el engaño de las llamadas “energías limpias”, implementadas bajo el discurso de la “mitigación” de los efectos del cambio climático y con impactos negativos en los territorios.
Este documental pretende aportar al análisis de las comunidades para quienes la lucha ambientalista representa una lucha anti capitalista.
Manifestantes de comunidades indígenas alrededor del Salar de Atacama en Chile, una de las mayores reservas mundiales de litio, han cortado el acceso a depósitos del metal ligero en medio de intensas protestas en todo el país, dijo el viernes a Reuters un líder indígena de la región.
Recordemos que Chile posee las mayores reservas mundiales de litio, un elemento clave para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos. En específico, el Salar de Atacama alberga a los principales productores del mundo, SQM y Albemarle.
Sergio Cubillos, jefe del Consejo de Pueblos Atacameños que representa a 18 comunidades indígenas, dijo que el bloqueo había detenido desde el miércoles las operaciones de SQM: “No están trabajando”, dijo Cubillos vía telefónica desde la intersección de una carretera local con el acceso a SQM en medio del desierto más árido del mundo.
SQM no comentó sobre la situación. Una portavoz dijo a Reuters que recopilaba “información oficial” pero que no había podido obtenerla. En esa línea, Cubillos dijo que las operaciones de Albemarle también fueron afectadas. “El día miércoles se cerraron los caminos para los camiones de producción de Albemarle. Hoy día también están cerradas”, acotó.
Un portavoz de Albemarle dijo a Reuters que sus operaciones en Atacama no se habían visto afectadas, aunque los trabajadores por turnos se vieron obligados a ajustar sus horarios como resultado de los problemas de transporte en todo el país.
Finalmente, Cubillos dijo que las comunidades indígenas se unieron a las protestas por la desigualdad social, a lo que sumaron sus preocupaciones sobre los impactos ambientales de la extracción de litio en su territorio. El grupo se movió para bloquear cualquier nueva mina de litio en el salar.
“Esperamos seguir haciendo actividades hasta que por lo menos el Estado nos escuche y atienda también nuestras legítimas demandas”, afirmó.
Los agricultores del sector Tumilaca, en el distrito de Torata, y otras organizaciones de Moquegua anunciaron el reinicio de un paro indefinido a partir del 5 de noviembre.
El investigador José Matías Peña, de la Plataforma de Afectados por los Metales Pesados de La Sierra Minera Cartagena-La Unión ha recorrido durante la mañana de este martes 29 de octubre las inmediaciones de La Rambla de La Porra, donde ha podido comprobar que desde el pasado 13 de septiembre de este año 2019 continúan los flujos de Lixiviados o drenajes ácidos de mina que desembocan en la laguna.
La minera Peñasquito que opera bajo la compañía Newmont Goldcorp continúa bloqueada, ante lo cual los directivos fijaron para el 4 de noviembre una mesa de negociación nacional para que continúe operando.
Al igual que otras áreas protegidas en Uganda, el bosque de Bugoma ha sido amenazado por la invasión durante décadas;
Se estima que la Amazonía es el lugar con más biodiversidad en el mundo. Sin embargo, la contaminación por mercurio está poniendo en riesgo a especies emblemáticas como los jaguares y delfines de río, al igual que a peces que son críticos para la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas, rurales y urbanas.
La minera Aura Minerals/MINOSA, está intentando de nuevo, a pesar de la indignación de los familiares de los muertos y de demandas en los tribunales en su contra,exhumar ilegalmente todos los cadáveres del camposanto de Azacualpa, en la Unión, Copán, en el Occidente de Honduras, para minar el oro abajo, y de ahí seguir cerro entero hasta destruir la aldea de Azacualpa, denunció la organización Rights Action en un extenso reportaje publicado este 22 de octubre de 2019.
El 17 de octubre fue publicada la Ley 31007, que fue uno de los últimos actos del disuelto Congreso de la República. Esta Ley extiende el plazo del proceso de formalización de la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE
No se piensa igual en una choza que en un palacio. Con su reciente discurso en favor de las compañías mineras, Javier Corral denota que no ha estado, nunca, en los innumerables pueblos mineros del estado que dice gobernar; por tanto, no se ha percatado que en varios siglos de explotación, sobre todo en la etapa del “crecimiento hacia afuera”, auspiciado por el porfiriato y sus “científicos”, ha dejado un caudal de agravios, miseria, pueblos fantasma, contaminación y depredación sin fin.
Durante décadas, el discurso del “desarrollo” ha inundado la región latinoamericana para promover proyectos extractivistas de diversa índole en tierras campesinas e indígenas: minería a cielo abierto, construcción de presas hidroeléctricas e infraestructura carretera y energética, entre muchos otros megaproyectos implementados sin el consentimiento de las comunidades.
Manifestantes de comunidades indígenas alrededor del Salar de Atacama en Chile, una de las mayores reservas mundiales de litio, han cortado el acceso a depósitos del metal ligero en medio de intensas protestas en todo el país, dijo el viernes a Reuters un líder indígena de la región.