Perú

El Consejo de Minería de Perú confirma la licencia para la ejecución del proyecto ‘Tía María’

Un recurso presentado por el Gobernador de Arequipa había frenado la explotación de cobre por parte de la compañía extranjera Southern Copper, ante una fuerte oposición de la comunidad.

El Consejo de Minería de Perú declaró este miércoles infundado el recurso presentado por el Gobierno regional de Arequipa, que buscaba suspender la licencia para la construcción de una inmensa planta destinada a la explotación minera en ese departamento. De esta manera, la empresa estadounidense Southern Copper recibe la autorización para ejecutar esta obra.

El organismo estatal define así la concreción de la edificación de la planta, dedicada a la extracción de cobre, luego de que el gobernador del departamento, Elmer Cáceres, interpusiera un recurso de revisión de licencia que frenó las obras el pasado 10 de agosto.

El funcionario, que aún no ha expresado su parecer frente a la reciente decisión, había denunciado ante el Consejo de Minería que el millonario emprendimiento podría contaminar sus tierras, ante la presencia de un «ecosistema frágil». Por otro lado, el presidente Perú, Martín Vizcarra, había anunciado previamente que respetará el veredicto del organismo estatal.

Con este escenario, lo único que le quedaría pendiente a la compañía extrajera es obtener la denominada ‘licencia social’, que se encuentra en la normativa local, y que establece la correcta comunicación a las comunidades aledañas en relación al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.

El pasado lunes se registraron disturbios entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en el municipio de Islay, sitio donde Southern Copper comenzaría con la explotación, valuada en 1.400 millones de dólares.

La postura del Gobierno

El Gobierno peruano había asegurado desde un primer momento que el proyecto ‘Tía María’ cumplía con todos los requisitos para comenzar con la construcción de sus instalaciones.

El pasado 10 de julio, el entonces ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, había afirmado que la empresa minera se encontraba dentro de la «normativa vigente»: «El gobierno impulsa la actividad y las inversiones mineras, pero con responsabilidad en el cuidado del ambiente».

El exfuncionario había destacado, además, el compromiso asumido por Southern Copper para respetar las normas de explotación y, por esa razón, se procedió al «otorgamiento de la licencia».

El pasado 7 de octubre, se llevó a cabo una audiencia en donde las comunidades de Arequipa implicadas en la problemática de la contaminación y directivos de la compañía extrajera, expusieron sus argumentos y posturas. Por su parte, el Consejo de Minería, en ese entonces, había pactado 15 días hábiles para emitir su opinión y notificar al Ejecutivo.

 

Fuente:https://actualidad.rt.com/actualidad/331950-peru-confirma-licencia-proyecto-minero-tia-maria

Chile

El dilema del agua, los glaciares y la minería. ¿Hasta cuándo?

Camilo Hornauer y Carolina Ruiz de Fundación Plantae nos comparten hoy una columna que habla acerca de la expansión minera y el riesgo que esta impone sobre los glaciares, abriendo la interrogante de si será hora de cambiar el modelo de desarrollo por uno acorde a los tiempos y realidades de hoy.

El pasado 19 de julio, la minera Anglo American ingresó a tramitación el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de su proyecto de expansión “Los Bronces Integrado” en la cordillera de la Región Metropolitana, y a solo 40 kilómetros de la capital. Esto a pesar de que se emplazará -a todas luces- en medio de ecosistemas frágiles y necesarios para el territorio donde habita un 40% de la población del país, más precisamente en la parte alta de la cuenca de los ríos Mapocho y Colorado, este último el principal afluente del Maipo.

Como queda demostrado en el propio documento del EIA, el proyecto tendrá faenas parciales en un área protegida, el Santuario de la Naturaleza de Yerba Loca, y en zonas colindantes con glaciares rocosos, cubiertos y blancos como el Bien Nacional Protegido Rio Olivares. En concreto, la compañía incluirá faenas subterráneas (660 m profundidad promedio) con “tecnología sustentable” y una expansión del actual rajo abierto, que supuestamente no afectará los glaciares.

Si nos vamos al detalle y en concreto a la afectación de glaciares, vemos que poca importancia le dan a la escasa distancia de las operaciones con los glaciares infiernillo y observatorio (que por ser del tipo “Glaciares cubiertos”, pudieran no verse a simple vista) que se podrán ver duramente afectados por la evidente generación de polvo y material particulado, las vibraciones de procesos, maquinarias y tronaduras y la filtración de agua desde los mismos glaciares en la fase subterránea. Y esto no es algo que nosotros simplemente creemos, los daños históricos en glaciares, como en el infiernillo, han sido documentados por varios estudios entre 1992 y 2010, y confirman que el impacto de estos proyectos es real.

Si ampliamos aún más el foco, también nos encontramos con que la expansión pasará muy cerca de un Bien Nacional Protegido poniendo en riesgo los glaciares Olivares Alfa y Beta los cuales registran las mayores reducciones de superficie de la zona central de Chile. Estos glaciares se encuentran inmediatamente al norponiente de la explotación Los Bronces y Andina (de CODELCO), donde con vientos del noreste, es evidente la deposición de polvo y partículas. Una situación que no debiera ser despreciable si consideramos que estos glaciares contienen la mayor reserva de agua dulce de la región Metropolitana.

Con esto surge la duda y la preocupación de si las figuras de protección por si solas son suficientes o si requerimos de miradas e instrumentos más integrales a escala territorial para hacer conservación. En este sentido, que se sigan gestando esta clase de mega proyectos nos hace pensar que los esfuerzos de conservación aislados, como los BNP o las áreas protegidas, no son suficientes si a su alrededor se desarrollan industrias extractivas y energéticas con evidentes impactos y que, en este caso, quieren ampliarse de forma subterránea intentando convencer que de esta manera lograran la anhelada sustentabilidad. Lo más aterrador de todo esto, es que esta intención es en rigor un derecho que le otorga la ley minera a los titulares la cual les transfiere total soberanía bajo el subsuelo dotándoles de un poder que es absoluto.

Con lo anterior, queda claro que el derretimiento acelerado de los glaciares, atribuible en gran medida al cambio climático, ya no es la única amenaza para las reservas de agua de esta zona, ahora lo es también su mala gestión e incipiente protección.  La expansión minera y el riesgo que ésta impone sobre los glaciares y el agua de la alta cuenca del Rio Olivares y Mapocho (Santiago) es evidente, y lamentablemente se mantendrá latente mientras no se modifique nuestra arcaica legislación y no se materialice una protección y planificación efectiva del territorio por parte del Estado.

Por dar algunas cifras, según Sernageomin, en las cuencas Olivares y Colorado, solo Angloamerican cuenta con al menos 75 concesiones (de exploración y explotación) lo que corresponde a aproximadamente 12.000 hectáreas, de las cuales una fracción de ellas están inmediatamente bajo glaciares. La dimensión del interés y potencial minero de este territorio quedan confirmados al contabilizarse más de 200 concesiones de explotación y aproximadamente un 50% de la superficie de este territorio con algún tipo de concesión (ver foto 3).

Resulta curioso además que Aes Gener, una empresa generadora de energía y dueña de Alto Maipo, tenga gran cantidad de concesiones mineras otorgadas a su nombre (compradas a Aguas Andinas según convenio de junio 2011) principalmente en el cauce del rio Colorado. ¿Será acaso qué el código minero es usado también como mecanismo para llevar a cabo otros fines? Esto nos hace pensar que si hidroeléctricas y sanitarias también poseen concesiones mineras, lo que involucra una afectación sobre el recurso agua, la dimensión y gravedad del impacto es enorme para la soberanía sobre nuestros recursos naturales, imprescindibles para nuestra vida y para la sustentabilidad del desarrollo.

De concretarse la expansión minera en los territorios antes mencionados, no solo se estaría contribuyendo al deterioro y derretimiento acelerado de los glaciares, sino que además se les estaría entregando en bandeja las aguas que pudieran caer en su propiedad. Si, leyó bien, porque de acuerdo al código de agua de 1981 y al de minería de 1983, quienes sean titulares de una concesión minera tendrán el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en sus labores mientras sean utilizadas para sus trabajos de exploración y explotación. Un “beneficio legal” pensado justamente para fomentar la actividad minera sobretodo en el norte donde la disponibilidad de este bien preciado es escasa. Actualmente en la reforma al código de agua se busca regular el uso de este derecho, el cual se les seguiría otorgando con la salvedad de que el titular deberá justificar a la DGA que efectivamente están haciendo uso de estas aguas en sus faenas. Sin embargo, dado el escenario actual de escases hídrica que azota nuestro país – y fuertemente a la RM – pareciera ser que esta medida sigue siendo bastante débil, descontextualizada e insuficiente.

Todo lo anterior parece irónico cuando se contrasta con los resultados entregados por el Instituto Mundial de Recursos Hídricos (WRI), a un mes del ingreso del SEI del Proyecto de expansión de los Bronces, el cual sitúa a Chile en el lugar número 18 del ranking global de países con estrés hídrico lo que significa que nos encontramos en riesgo alto de vivir una gran crisis, lo que significa alta vulnerabilidad. Sumado a esto, Fundación Chile en su informe “Transición Hídrica: El futuro del agua en Chile” posiciona a la región Metropolitana en una situación extremadamente alta.

Para seguir sumando, el propio Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia (CR2) y la Dirección meteorológica de Chile (DMC), confirman la megasequía en la zona central de Chile, que se extiende por al menos 10 años, alcanzando para este año, al mes de julio, un déficit anual del 72% en las precipitaciones, y que está generando bajas en los caudales del rio Maipo en un 50% (mínimos históricos el año 2019). Y como si fuera poco, y en pleno invierno, el Ministerio de Agricultura acaba de decretar emergencia agrícola en la zona y desde el gobierno anuncian la creación de una mesa nacional de la sequía.

Con estos antecedentes, parece lógico pensar que los glaciares y su protección toman un rol absolutamente clave. ¿Tendrá sentido proyectar y operar un proyecto de extracción minera en estos territorios por las próximas décadas poniendo en riesgo un ecosistema que provee de agua a los 7 millones de personas que viven aguas abajo, y pudiendo afectar negativamente al Santuario de la naturaleza Yerba Loca y los glaciares que alberga el Bien Nacional Protegido Rio Olivares?

A nuestro parecer la respuesta es que por ningún motivo se debe aceptar mas proyectos en este territorio, y esto validado también por la ciudadanía, quien se encuentra tremendamente preocupada. La empresa propietaria de los Bronces y su proyecto de expansión recalca que ha invertido varios años de trabajo con comunidades.  Sin embargo, no han logrado convencerlos a todos ya que actualmente vecinos del sector de Farellones están llamando a través de sus redes sociales para movilizarse en contra de este proyecto y defender los glaciares. Una lucha difícil de dar dado el maratónico plan de audiencias de Anglo American, que según el portal infolobby registra en lo que va del año 140 audiencias, siendo éstas realizadas con servicios públicos, instituciones y ministerios, muchos de los cuales deben manifestarse en la evaluación ambiental del proyecto de expansión. Angloamerican es el top 1 del país en lobby.

 

Fuente:https://www.theclinic.cl/2019/10/03/el-dilema-del-agua-los-glaciares-y-la-mineria-hasta-cuando/

Argentina

Para el intendente electo de Andalgalá, no están dadas las condiciones para la minería

Advirtió que hará respetar la ordenanza antiminera aprobada por el Concejo Deliberante, además de remarcar la existencia de un fallo de la Corte Suprema en contra de la actividad.

A poco más de un día de ser elegido por la ciudadanía, el flamante intendente electo de Andalgalá, Eduardo Córdoba, dejó en claro cuál será su postura con relación al tema minero en su gestión y específicamente con el proyecto Agua Rica. En ese marco, advirtió que tal iniciativa no se concretará hasta tanto no se resuelva la cuestión legal que impide su desarrollo y consiga el suficiente consenso social para poder empezar. «Hoy no están dadas las condiciones para hablar del tema», sostuvo.

Córdoba, quien anteriormente se desempeñaba como secretario de Producción del municipio, afirmó que existe «un temor» en la ciudadanía por el posible inicio del proyecto. «Yo fui muy claro y mi posición es irrestricta en cuanto al temor que tenemos muchos de los andalgalenses sobre el futuro del nuestro pueblo y nuestra agua», dijo en diálogo con «Cae el telón» de Radio Ancasti. Más adelante, advirtió que la cuestión minera en el departamento «es un tema muy sensible», por lo que «hay que tratarlo con mucha seriedad».

«Andalgalá bebe y riega sus tierras con agua que sale de la cuenca del río Andalgalá, donde hoy se encuentran dos yacimientos mineros», manifestó.

Posteriormente y consultado sobre cómo será su vínculo con la Provincia que está a favor del desarrollo minero, afirmó que «antes de la decisión que puede tener el intendente electo» está la «autodeterminación de los pueblos».

«El ciudadano andalgalense tiene mucho recelo a la actividad minera en la cuenca del río Andalgalá», sostuvo. Específicamente sobre el tema Agua Rica, manifestó que el proyecto «tiene una fuerte oposición» por parte de la ciudadanía que «tiene temor a lo que vaya a suceder con el proyecto».

En este contexto, advirtió que existen dos impedimentos legales que obstaculizan el desarrollo de Agua Rica. «Tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impide toda acción de la actividad minera en la cuenta y una ordenanza del Concejo Deliberante que es clara y contundente sobre el mismo tema», manifestó.

«Hacer algo en contra de eso es como decirle a una persona que cruce un semáforo en rojo cuando no puede hacerlo legalmente. En ese marco, pueden pasar dos cosas, o que cruce y salga ileso o que tenga un accidente», ejemplificó. «Si por las instancias legales que existen, no están dadas las condiciones para comenzar a hablar del tema, no hay que hablar del tema», advirtió.

En ese marco, aseguró que el ciudadano «está atemorizado por esta situación por entender que hay presiones económicas y de algunos sectores políticos».

Más adelante, señaló que para que el proyecto alguna vez inicie «primero se tendrá que resolver el aspecto legal y segundo escuchar al pueblo y respetar su decisión».

Consultado sobre la legalidad de la ordenanza, el intendente electo dejó en claro que la norma municipal «no se aleja de lo que plantea la Constitución provincial en cuanto al cuidado de los recursos». «Los andagalenses ven en ella un resguardo de su ambiente. El pueblo tiene un temor y la ordenanza tiene un sentido de resguardo, por lo que hay que respetarla y no vulnerar estas herramientas», añadió.

En otro orden, el intendente electo explicó cuáles serán sus metas para desarrollar Andalgalá por fuera de la actividad minera. «Nuestro pueblo tiene una esencia productora que no se perdió y consideramos que esa es la salida para generar trabajo genuino. Es por eso que vamos hacer hincapié en lo productivo», adelantó.

También puso al turismo como otra herramienta para generar empleo en la ciudad. Así destacó que ya está trabajando con la actual administración a cargo del diputado electo Alejandro Páez para empezar a armar lo que será la agenda cultural y turística para las vacaciones de verano. Ancasti

 

Fuente:https://andalgalaadiario.blogspot.com/2019/10/para-el-intendente-electo-de-andalgala.html?fbclid=IwAR2og-QZqaeZlQI-mE2mGDsWSC4BwhYm_SWI8cCb7OICEJrOaCmXtKf0zuo

Internacional

Larga lucha de trabajadores de minas de uranio en Portugal.

La unión, el esfuerzo y la perseverancia de la lucha de los mineros de uranio de Portugal llevada a cabo desde hace décadas, logró alcanzar muchas de sus metas mediante al asociacionismo. La creación de la Asociación de Trabajadores en Minería de Uranio (ATMU) fue en 2010, pero previamente formaron una comisión que tuvo como objetivos: 1) Abogar por la recuperación ambiental de las 66 minas abandonadas, 2) Defender el derecho de jubilación de todos los ex trabajadores jubilados, 3) Defender el derecho a los exámenes médicos de todos los ex trabajadores, teniendo en cuenta la contaminación radiológica y 4) Compensación a familiares de ex trabajadores con cáncer. En esta lucha sin fin, ATMU planifica a largo plazo renovando sus órganos de gobierno con los hijos de los antiguos mineros.

 

Unión, esfuerzo y perseverancia. Es la vieja fórmula de lucha por los derechos de las personas y de los trabajadores más concretamente. La única que funciona y la misma que han seguido desde hace décadas los mineros de uranio de Portugal para la consecución de muchas de sus metas. Pero, en ocasiones, para no ir a la deriva y reconducir las estrategias también es preciso una eficaz labor de liderazgo.

El antiguo trabajador de las minas, hoy director y líder de ATMU, Antonio Minhoto nos explica que en 1913, abre la primera mina de uranio en Urgeiriça, con capitales franceses. Sin embargo, la exploración que sería de gran importancia, incluso frente a la importancia de las Guerras, fue la del radio . Las minas de Urgeiriça (distrito de Viseu), ubicadas en la región central de Portugal, fueron una de las primeras en explotarse en el mundo. Sus rocas del paleozoico (540 millones de años) de tipo granítico albergan varios minerales, como uraninita, además de derivados del fósforo, arsénico y otros metales pesados. Aunque no fue la primera. El proceso de la minería en Portugal con respecto al uranio comenzó en 1910 en el distrito de Guarda, más específicamente en el municipio de Sabugal, donde se exploraron varias minas. Esta situación llevó a Madame Curie a comenzar a relacionarse con el mineral de uranio, afirma Minhoto.

A partir de la Segunda Guerra Mundial, se deja de explotar el radio y comienza con el uranio en 1959 hasta 1962, cuando el Estado portugués cancela el contrato con los ingleses. Desde 1962 hasta 1999, es el Estado portugués quien explota las 66 minas de uranio en Portugal .

Las empresas mineras, privadas o públicas, no adoptaron ninguna medida de protección o remediación ambiental, dejando a los mineros y al resto de los vecinos un pasivo ambiental que les condicionaría durante mucho tiempo. Hasta inicios de este nuevo milenio, en que fueron cerradas, se han vendido concentrados de uranio a muchos países para sus programas duales (civil y militar).

Durante más de ocho décadas los trabajadores portugueses de las minas han desarrollado una labor que algunos han definido como trabalho ruim. Una de las estrategias fue mantener en la ignorancia a los trabajadores de las consecuencias de su trabajo para su salud, además del elevado riesgo de silicosis por el predominio de dióxido de silicio (cuarzo), tan abundante en las rocas graníticas. Minhoto afirma al respecto: en cuanto a las medidas de protección, solo comenzaron a aplicarse, esencialmente, a partir de 1962, pero específicamente a partir de 1974, con la revolución del 25 de abril. Los trabajadores siempre han luchado por sus derechos, a través de su Comisión de Trabajadores, que para ese propósito ya organizó sus Cuadernos Reivindicativos, por lo que las compañías mineras en Portugal gozaban de los mejores derechos.

Muchas de las casas de los mineros fueron construidas con los minerales de la mina, presentando las paredes un nivel de radiación que contamina a toda la familia durante cada minuto que moran en el hogar. Por si lo anterior fuera poco, todos los pobladores están sometidos a unos altísimos niveles de gas radón en sus casas.

Actualmente, de las 199 zonas mineras abandonadas en Portugal, 66 son radiactivas. Las más importantes se hallan en Urgeiriça y alrededores. La situación de riesgo que vivían y viven los mineros, junto al resto de la población, es la convivencia con escombreras de estériles, presas de residuos con agua ácida, en un entorno rodeado de uranio, radio, torio y metales pesados.

El cierre de las minas a principios de este siglo, la pérdida de los puestos de trabajo, el alto número de casos de cáncer, junto con la necesidad de defender sus derechos laborales, sociales, ambientales y de salud, son las razones que generaron el asociacionismo. Ante esta situación, previa a la constitución de ATMU, Antonio nos cuenta que se creó la Comisión ad hoc con los siguientes objetivos:

1. Abogar por la recuperación ambiental de las 66 minas abandonadas.

2. Defender el derecho de jubilación de todos los ex trabajadores jubilados.

3. Defender el derecho a los exámenes médicos de todos los ex trabajadores, teniendo en cuenta la contaminación radiológica.

4. Compensación a familiares de ex trabajadores de cáncer.

Inicialmente consiguieron un Programa de Rehabilitación de Áreas Mineras Degradadas (2001) aún en marcha. También obtuvieron alguna sentencia del Supremo en reconocimiento de los derechos de los mineros. Pero quedaba mucho camino por recorrer. Dada la necesidad de organizarnos mejor, señala Antonio Minhoto, se creó ATMU en 2010, cubriendo no solo a los ex trabajadores sino también a los familiares, para que tengamos más fuerza en la lucha. Su continuo programa de movilizaciones, siempre dentro del marco legal, pero de una manera contumaz y eficiente, le hace ir cosechando frutos.

Inicialmente el Gobierno portugués remoloneaba en el reconocimiento de las consecuencias de la exposición a los minerales de uranio, mientras paradójicamente reconocía la existencia del conocido Síndrome de los Balcanes (Resolución Asamblea da República nº 34/2001) al ser uno de los militares lusos, destinado en la antigua Yugoslavia, una de las primeras víctima del uranio empobrecido.

La ininterrumpida muerte de ex trabajadores sirvió como acicate a una continua serie de movilizaciones, abriendo el camino para que el Estado asumiera su responsabilidad con los vivos. Posteriormente el Gobierno promovió la realización en 2003 de un estudio epidemiológico con la intención de calmar a los mineros y minimizar las consecuencias. Pero las conclusiones dieron veladamente la razón a los ex trabajadores.

El impacto mediático de las acciones de ATMU fue decisivo, pero también el peso de la realidad. Según su director: de los aproximadamente 600 trabajadores, más de 170, murieron de cáncer, todo ello originó a partir de 2008 la creación del Programa Integrado de Saúde (PIS). Posteriormente esta cobertura se extendió, por la Ley nº 10/2010, de 14 de junio, a todos sus familiares y personas que compartan vivienda en unión de hecho. También a sus descendientes directos. Pero las consecuencias no se circunscriben a los mineros. En cuanto a los habitantes, comenta Minhoto, al lado de las antiguas minas de uranio, estamos exigiendo un estudio científico para analizar si han sido contaminados o no por las minas.

En 2016 han conseguido que se reconozca el derecho a una indemnización por muerte, por dolencia profesional, de los trabajadores de la empresa (ENU) y que esa indemnización se extienda a los cónyuges y descendientes en primer grado (Ley nº10/2016 de 4 de abril). La larga y procelosa conquista solo contó con el apoyo directo de seis viudas de más de 150.

La historia de los mineros de uranio de Urgeiriça, constituye un ejemplo por su lucha, su organización, su tenacidad y sus logros. El empecinamiento demostrado en sus reinvindicaciones, la cohesión de sus miembros, su irreductibilidad, recuerdan al tebeo de Astérix y Obélix, de Uderzo y Goscinny, al resistir en su empeño cercados por la tendencia antiobrera dominante, donde los logros sociales parecen sufrir y sufren una significativa regresión.

Los mineros de Urgeiriça han vislumbrado desde el principio que no basta para la consecución de sus fines con los rigores padecidos en su rol de víctimas, ni la clara y ostensible justicia o pertinencia de su causa. Bien lo saben, el poder nada otorga. Solo existen las conquistas, arrancadas con mucho esfuerzo.

Han sido casi dos décadas luchando por sus derechos laborales, sociales y ambientales. Muchos han enfermado o fallecido de cáncer por el camino. Pero no pueden bajar la guardia, deben seguir combatiendo. Antonio reconoce que ante estas y otras situaciones, ATMU tiene un largo camino por recorrer, y no sabemos cuándo terminará su lucha, dado que las enfermedades son impredecibles, incluidos los miembros de nuestras familias, por lo que actualmente se está tramitando un proceso para realizar un estudio epidemiológico a los ex mineros y sus familias. Por eso es preciso, señala con toda razón, planificar a largo plazo para el relevo generacional. Ante esta lucha sin fin, concluye Antonio Minhoto, ATMU está renovando sus órganos de gobierno con los hijos de los antiguos mineros para seguir.

Uno de sus últimos esfuerzos es reciente, de septiembre de 2019, con la organización de un festival de cine, con sede habitual en Río de Janeiro, el International Uranium Film Festival. La leyenda que rezaba debajo de todo el material promocional del festival no dejaba indiferente: No más muertes por exposición a la radiactividad. No a las alteraciones climáticas. En eso siguen, en eso seguimos.

 

Fuente:https://noalamina.org/mundo/europa/item/43145-larga-lucha-de-trabajadores-de-minas-de-uranio-en-portugal?fbclid=IwAR1smkNohFsfDtxuivoB_NSn-oqEce-7IEVsTNbjgbIcLq79YkBHLgyj468

Mexico

La megaminería vulnera el derecho a la salud

Durante el Séptimo Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva en México, en la mesa «Territorio y defensa del agua», se planteó la fractura en la salud de las comunidades a causa de los megaproyectos industriales y la vulnerabilidad del derecho a la salud de los pueblos que son invadidos por la minería. Se trata de las personas que habitan las llamadas «zonas de sacrificio ambiental», dentro de un modelo extractivista devastador. Las poblaciones que están en resistencia no fueron consultadas oportunamente, antes de que se implementaran megaproyectos en su territorio que afectan la forma de vida de las comunidades.

 

La fractura en la salud de las comunidades a causa de los megaproyectos industriales y la vulnerabilidad del derecho a la salud de los pueblos que son invadidos por la minería, fue la tesitura de la mesa “Territorio y defensa del Agua” en el marco del Séptimo Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva “El derecho a la salud: un desafío para el México actual.

Los ponentes expusieron algunos casos específicos donde las megaindustrias han afectado la forma de vida de las comunidades. En el caso de la defensa del territorio, coincidieron en que los movimientos de resistencia, usan el cuerpo como una forma de detener los avances de las grandes empresas que fragmentan y cambian las dinámicas de vida de las comunidades. El cuerpo de cada integrante de la comunidad entra en una lógica de la salud y la enfermedad, lo social se vuelca individual y viceversa.

Los pueblos en resistencia deben pagar la factura por no haber sido consultados oportunamente antes de que se implementaran megaproyectos sociales en su territorio.

En el mismo sentido, Ricardo Pérez, de la Universidad de Chile, habló de “zonas de sacrificio ambiental” y cuestionó la situación de Chile al respecto. El concepto que desarrolló, data de la década de los 50, cuando un diario de derecha chileno aseguró que había que sacrificar territorios para conseguir un fin superior: el progreso. Al día de hoy en Chile, el modelo extractivista ha sido devastador, hasta el punto que el estado no ha podido garantizar los derechos ambientales de regiones importantes y amplias del país.

En Chile hay 116 conflictos socioambientales, de los cuales 62 están activos y 24 están cerrados. Todos ellos se relacionan con empresas de energía, principalmente termoeléctricas y complejos mineros.

En este sentido, hay una formación de percepción de riesgos donde las empresas no reconocen sus prácticas criminales y que pueden afectar a las comunidades, y la institución [del estado], no reconoce a la empresa como un peligro para el medio ambiente. Y no hacen un esfuerzo por medir la salud de las comunidades. Opinión que se consenso entre los participantes de la mesa.

Esto trae como consecuencia rupturas sociales, pues las empresas tienen como estrategia prometer progreso a las comunidades y en un principio se entregan apoyos. Una vez que la empresa se instala, estas se olvidan del bienestar de la población. Un modelo repetido en toda América Latina. Esto origina fractura, cuando la opinión sobre la instalación de las industrias es dividida.

 

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/43152-la-megamineria-vulnera-el-derecho-a-la-salud?fbclid=IwAR3ke6Dh2v9HIUweh8yI-5CgKXMoZY935PuqKSm5VclJ__ziTx9pxMFI1Ok

El Salvador

Suchitoto, el primer municipio que declara el agua como derecho humano

Para que la Consulta Popular, realizada este domingo, fuera válida se necesitaba que el 40% del padrón electoral emitiera su voto, y de éstos al menos 1,955 personas debían apoyar el SÍ. Al cierre de la votación la meta se superó, más del 45% dijo sí a declarar el agua como derecho humano en este territorio.

 

Este domingo 27 de octubre Suchitoto marcó un importante hecho en su historia, en una Consulta Popular la población expresó su decisión de defender el agua declarándola como derecho humano.

Las urnas se abrieron a las 7 de la mañana en los diez centros de votación habilitados.

El proceso estuvo acompañado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Para que la Consulta Popular fuera válida se requerían como mínimo 3,833 votos. De éstos, al menos, 1955 (51%) debían apoyar la opción del SÍ, para que el agua se declarara como Derecho Humano en este territorio.

A a la 12 pm los datos mostraban una considerable asistencia a los centros de votación. A esa hora al menos dos mil personas había ejercido su voto.

La Consulta Popular de este 27 de octubre significó un reto para las organizaciones e instituciones impulsoras, dado que en mayo de 2017 -cuando se realizó la primera consulta por el derecho humano al agua- los votos no fueron suficientes para alcanzar el 40% requerido para dar validez al proceso.

Sin embargo, los «temores» de este antecedente se disiparon cuando el conteo de los votos reveló que, en esta ocasión, el 48.21% de la población dijo SÍ a declarar el agua como derecho humano.

Con este resultado, Suchitoto se convierte en el primer municipio a nivel nacional en declarar el agua como derecho humano.

¿Qué sigue tras la consulta?

Según dijo a la Red Informativa de ARPAS la alcaldesa de Suchitoto, Pedrina Rivera, el Concejo Municipal creará una ordenanza para proteger el agua, declarada en consulta como derecho humano.

Los hechos de julio de 2007…

La historia de las comunidades de Suchitoto por defender el agua tiene antecedentes.

El 02 de julio de 2007 la población se movilizó para rechazar la iniciativa del entonces presidente de la República, Elías Antonio Saca, de lanzar la «política de descentralización de servicios públicos», en la que las comunidades advertían amenazas de privatización del agua.

La movilización fue reprimida por el gobierno. Agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y de las Unidades Élite de Asalto de la Policía Nacional Civil (PNC) arremetieron contra las personas que protestaban, en una clara actitud «caracterizada por el abuso de la fuerza contra población civil», según dijo la Procuradora de Derechos Humanos de entones, Beatrice de Carrillo.

Como resultado de las acciones de represión, se contabilizaron más de 40 personas heridas y 14 detenidas por los supuestos delitos de asociaciones ilícitas, desórdenes públicos y actos de terrorismo.

Es en ese contexto que los resultados de la Consulta Popular de este 27 de octubre cobra mayor relevancia, pues reivindica las acciones de defensa del agua expresadas por las comunidades desde hace más de 12 años.

 

Fuente:https://arpas.org.sv/2019/10/suchitoto-el-primer-municipio-que-declara-el-agua-como-derecho-humano/?fbclid=IwAR07koCMDaWdWN_OeY5jUjKOOUG0CelAfJu-W0Fr6F4Ve5IhNlbpgP7Mszg

Internacional

Sabías qué… En EEUU las agencias federales establecen requisitos de compra pública sobre “minerales en conflicto”

Cada vez que las agencias federales estadounidenses compran ordenadores o monitores tienen que tener en cuenta los esfuerzos realizados por las empresas fabricantes en la lucha contra los “minerales en conflicto”. Según anunció la ONG estadounidense Enough Project, en marzo del año pasado se aprobó un nuevo estándar en las políticas de compra de los gobiernos federales que incluye cláusulas clave sobre minerales en conflicto basadas en los principios de la diligencia debida.

Estas cláusulas hacen referencia a los esfuerzos de las empresas fabricantes de electrónica en la construcción de un “comercio libre de conflicto” en la República Democrática del Congo y sus países vecinos, y valoran positivamente que dichas empresas desarrollen proyectos de suministro responsable en los lugares de origen del mineral; así como que se abastezcan en refinerías y fundiciones auditadas por terceros.

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés) hasta ahora contemplaba únicamente criterios de carácter medioambiental en sus estándares de valoración de productos electrónicos. Pero después de un proceso de renovación que ha llevado varios años, por primera vez han decidido incorporar criterios relativos al suministro responsable de minerales procedentes de zonas en conflicto.

La nueva norma, conocida como el IEE 1680.1™ – 2018 Standard for Environmental and Social Responsibility Assessment of Computers and Displays –, ha sido adoptada por la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) como base para la creación de la Herramienta para la Evaluación Medioambiental de Productos Electrónicos (EPEAT). Se trata de una herramienta que orientará las políticas de compra pública de las agencias federales de EEUU, pero también se utilizará en Australia y Canadá para exigir a las empresas tecnológicas que sus productos cumplan con dichos estándares.

Como apunta Enough Project, se trata de un paso importante para la lucha contra los minerales en conflicto en EEUU que se complementa con la sección 1502 de la Ley Dodd-Frank sobre suministro de minerales en zonas de conflicto, en vigor desde 2012.

 

Fuente:https://www.tecnologialibredeconflicto.org/eeuu-agencias-federales-requisitos-compra-publica/?fbclid=IwAR1XgOGbp7Lu7ow9SkWy3WhB3ZI92xRPkpRs5aUGbr7LVoxT3TnyQTfkf28

Argentina

Vecinos de Andalgalá denuncian a YMAD ante la justicia.

La Asamblea «El Algarrobo» presentó ante la justicia una denuncia penal a los directores de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), funcionarios de la Sindicatura General y de la Secretaría de Minería de la Nación, por incumplimiento de los deberes de funcionario público al no respetar el Artículo Nº 6 de la Ley de Glaciares que prohíbe la actividad minera en zona con  glaciares y ambiente periglacial. Motivó esta presentación, el acuerdo de integración firmado entre las empresas Alumbrera – Agua Rica e YMAD, para la explotación de Agua Rica utilizando las instalaciones de Bajo la Alumbrera. Cabe destacar, todas las cuestiones sin resolver de este nuevo proyecto de oro. Sin embargo, la empresa minera Agua Rica (Yamana Gold) intenta la explotación pasando por encima de leyes, ordenanzas, decisiones de las comunidades y contaminando no sólo el ambiente, sino las instituciones.

Para la explotación del proyecto Bajo la Alumbrera se firmó hace 25 años un Contrato de Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre la empresa Minera Alumbrera Ltd. y Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) que a su vez, estaba conformada por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la Provincia de Catamarca y el Gobierno de la Nación.

La Asamblea El Algarrobo comunicó que el día 25 de Octubre de 2019, se realizó una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público dictando resoluciones contrarias a leyes nacionales  (Art. Nº 248 del Código Penal), contra todos los directores de YMAD, a dos funcionarios de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a un Funcionario de la Secretaría de Minería de la Nación, por no cumplir con la Ley de Glaciares y respetar la prohibición de exploraciones y explotaciones mineras establecidas en el Art. Nº 6 de la misma, dado que desde la Asamblea se tomó conocimiento de las decisiones del Directorio de YMAD, que se encuentran plasmadas en las Actas N° 586 y 589, de las que se desprende la aprobación de las ofertas de integración de los yacimientos de Agua Rica y Alumbrera, y, que este accionar sería con la pretensión de explotar el yacimiento de Agua Rica.

En la misma denuncia, para probar el incumplimiento, se presentó el informe elaborado por la propia Secretaría de Minería de la Nación a través del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y la empresa interestatal minera YMAD de la cual participó el gobierno de Catamarca, el Informe del Relevamiento de Glaciares y Ambientes Periglaciares de la Subcuenca del Río Andalgalá realizado por el IANIGLIA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), entre otros documentos.

Toda esta documentación es conocida por los vecinos y autoridades de Andalgalá y que en esos informes existen Glaciares y ambientes periglaciares en el Cordón Montañoso de los Nevados del Aconquija y también formas criogénicas (Glaciares).

Como otras medidas de prueba se solicitaron las declaraciones testimoniales de quienes participaron de las reuniones del Directorio de YMAD en donde se aprobaron las ofertas de integración (Agua Rica y Alumbrera) y también a todos los consejeros del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán, además de convocar al Rector y Vicerrector de la misma universidad.

Esto demuestra que, el poder político y económico siempre actúa a espaldas de la gente, no solo pretenden poner en riesgo la vida de la propia ciudad de Andalgalá, sino también la de todos los pueblos que se encuentran a la vera de la Ruta Nacional N° 38, que va desde Concepción de Tucumán hasta Lules, pasando por Monteros, Famaillá, etc. que se nutren de los deshielos de los glaciares y ambientes periglaciares del lado Este del Cordón Montañoso Los Nevados del Aconquija.

Por estos y otros motivos que tienen que ver con la contaminación, destrucción y saqueo de sus recursos naturales, es que los pueblos aledaños a los Nevados del Aconquija desde hace décadas se oponen a estos proyectos de muerte.

Las personas, funcionarios públicos y todas las agencias del Estado que sabían de ésta situación ilegal, de la aprobación de las ofertas mencionadas realizadas por las empresas mineras Alumbrera y Agua Rica (Yamana Gold), deberán rendir cuentas ante la justicia por una serie de delitos que afectan no sólo al bien común de los argentinos, sino también a los bienes y soberanía de la Nación.

Esta no es la única irregularidad del contrato firmado el 3 de octubre en Buenos Aires, porque los cuestionamientos también se presentan dentro de los involucrados. Según planteó la decana de Derecho de la UNT, Adela Seguí, en una publicación de La Gaceta “el acuerdo minero firmado en YMAD es un saqueo a la propia empresa de la que UNT es copropietaria”. “Seguí, planteó que la UNT ha sido doblegada por poderosas empresas mineras para permitir el saqueo de YMAD, agregando que fue una operación sin transparencia en la que los consejeros de la Universidad estuvieron totalmente desinformados y que se trata de un negocio más que espinoso que no va a dejar utilidades”.

Más adelante, la publicación de La Gaceta refiriéndose a las conveniencias económicas agrega “que van a hacer un negocio multimillonario para el cual YMAD va a poner todo la infraestructura: la planta de procesamiento, el mineraloducto, ….Lo único que va a hacer la empresa Agua Rica es sacar el mineral”. Esa infraestructura fue construida para el proyecto Bajo la Alumbrera y costó 1.800 millones de dólares.

El proyecto Agua Rica para la extracción de oro, tiene cuestionamientos desde sus inicios, no tiene licencia social de los pueblos que ya han sido perjudicados por el proyecto Bajo la Alumbrera, la Corte Suprema de Justicia solicita la intervención de la comunidad para aprobar cualquier Informe de Impacto Ambiental, está emplazado en una zona protegida por la Ley de Glaciares, Andalgalá cuenta con una Ordenanza Municipal que prohíbe la megaminería y la implementación del uso de instalaciones de YMAD ha generado serios cuestionamientos. Sin embargo, la empresa minera Agua Rica (Yamana Gold) intenta la explotación pasando por encima de leyes, ordenanzas, decisiones de las comunidades y contaminando no sólo el ambiente, sino las instituciones.

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/catamarca/item/43157-vecinos-de-andalgala-denuncian-a-ymad-ante-la-justicia

Chile

Reunión anual de contratistas de exploración de aguas profundas de ISA concluye en China

Los delegados se reunieron para discutir áreas de interés común y los próximos pasos para pasar de la exploración al desarrollo sostenible de los recursos minerales de las profundidades marinas.

La tercera reunión anual entre la Secretaría de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) y los contratistas con contratos de exploración de aguas profundas en el fondo internacional de fondos marinos (el Área) concluyó el domingo 13 de octubre en Changsa, China. Los delegados se reunieron en el encuentro de tres días organizada por China Minmetals del 11 al 13 de octubre para discutir áreas de interés común y los próximos pasos para pasar de la exploración al desarrollo sostenible de los recursos minerales de las profundidades marinas.

En sus comentarios en la ceremonia de apertura, el secretario general de la ISA, Michael W. Lodge, destacó la necesidad de avanzar en el desarrollo de regulaciones para la explotación de minerales en aguas profundas (el código de Minería). «Es de vital importancia acelerar el impulso y adoptar un Código que sea pragmático y efectivo, pero al mismo tiempo lo suficientemente flexible como para adaptarse a nuevos conocimientos y circunstancias cambiantes», dijo Lodge. «No debemos perder esta oportunidad generacional».

Una vez adoptado, esta sería la primera vez en la historia que las reglas globales, basadas en el nivel más alto de prudencia y precaución, se aprueban antes de que comience una industria. En sus comentarios, Lodge también subrayó la necesidad de una mayor transparencia con respecto a las actividades emprendidas en el Área.

En julio de este año, ISA lanzó la base de datos DeepData, con el objetivo de poner a disposición del público todos los datos ambientales recopilados por los contratistas y otras fuentes a través de un portal. Actualmente, la base de datos contiene parámetros biológicos, físicos y geoquímicos de los ecosistemas marinos desde el fondo marino hasta la superficie del océano, presentados por contratistas de ISA y que cubren aproximadamente el 1% de la zona.

Esta es la tercera reunión anual de contratistas que se celebra desde que la primera reunión fue iniciada por el secretario general en Kingston, Jamaica, en 2017, seguida de Varsovia, Polonia en 2018. La reunión proporciona un foro valioso para que se discutan temas de interés común y compartir las mejores prácticas en exploración de aguas profundas.

 

Fuente:http://www.mch.cl/2019/10/29/reunion-anual-de-contratistas-de-exploracion-de-aguas-profundas-de-isa-concluye-en-china/#

Latinoamerica

Batalla entre la minería y la ecología

Es una de las principales actividades que genera divisas y crecimiento en diversos países, pero causa problemas como la salinización, la desertificación o la deforestación

La minería es una de las principales actividades extractivas que genera divisas y crecimiento económico en diversos países del mundo.

Naciones como Perú, la República del Congo o Chile son líderes en la producción de oro, cobre, zinc y plata gracias a su amplia biodiversidad de ecosistemas; el potencial productivo de las represas, valles, lagunas y tierras fértiles son geológicamente competitivos para el posicionamiento de empresas multinacionales en estos países.

Si bien la minería genera desarrollo de ciudades en términos de modernización en los ejes de infraestructura urbana, industrial- empresarial y empleo; fomenta por otro lado la explotación indiscriminada del hábitat en su dimensión social, económica y ecológica de las comunidades campesinas aledañas a los campos mineros.

En primer lugar, se genera una degradación, desertificación y deforestación de los suelos por la salinización, solubilización y movilización de metales tóxicos como el arsénico, mercurio, cadmio, plomo y bario (El Tiempo,2018).

En correlación, esta problemática afecta directamente la calidad alimentaria de la producción agrícola (alimentos que sobrepasan el límite máximo permisible de metales pesados según el codex alimentarus); sector primario que representa el 80% de la economía de los países en vías de desarrollo y que implícitamente genera pobreza absoluta, migraciones forzadas y convulsiones sociales en las poblaciones autóctonas (La República, 2012).

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Leyes insuficientes

Este efecto tiene correlación directa a las deficientes legislaciones ambientales por parte de los países subdesarrollados; la inseguridad jurídica, la inexistencia de principios de autoridad y la débil preparación del Estado con enfoque macro-económico impide la armonización entre las actividades extractivas y el medio ambiente.

La falta de un “upstream engagement” de los pobladores a la toma de decisiones políticas en materia de industria extractiva refuerzan una legislación abultada orientada solo para expertos que soslayan una “lingua franca” a fin de otorgarles la “licencia social” a las mineras sin el previo consentimiento ambiental de la ciudadanía.

En tal sentido, en este contexto, el desconocimiento sobre sus derechos, impide a los moradores aplicar la ley de consulta previa como mecanismo de defensa para monitorear y supervisar la efectividad de los estudios de impacto ambiental de las empresas extractivas.

La conflictividad social entre la población y las empresas licitadoras tiene su base en la desconexión entre los procesos de planificación territorial y el sistema de otorgamiento de concesiones en el gobierno central (El Tiempo, 2018).

El escaso ordenamiento territorial propulsado por los poderes descentralizados no delimita las lagunas, valles o zonas ricas en minerales como áreas naturales protegidas y conservadas, dificultando de esta manera la anulación de las concesiones mineras.

Las multinacionales

El ejemplo de Perú

La falta de acceso a la justicia de los pobladores por limitaciones económicas, geográficas y lingüísticas, sumado al inexistente despliegue de las funciones del Estado, permiten que gran parte de la superficie continental de países como Perú se encuentre concesionada a la minería; en cifras un 14,12%( INGEMMET) del territorio está ocupado por mineras que, a largo plazo, degradan los ecosistemas esenciales del paisaje, transformando una tierra de importancia espiritual y/o cultural para una comunidad determinada en una zona árida e inservible.

Como consecuencia, se tienen cifras alarmantes de recursos naturales irrecuperables para la riqueza de los pueblos; pérdidas de lagunas, racionamiento y contaminación del agua, desaparición de valles, campiñas, escasez hídrica por el secado de afluentes hídricos de los principales ríos, etc… Estos impactos al medio ambiente alteran el equilibrio social y económico, afectando negativamente al modus vivendi de la sociedad en los ejes salud, alimentación y bien estar ambiental.

Tragedia ecológica

Desaparece el 40% del valle Yanacocha

En cifras, la ciudad de Cajamarca (Perú) ha perdido el 40% del valle Yanacocha, presenta una alarmante cifra de 38% de desnutrición y un 26% no tiene luz eléctrica ni acceso a agua potable por consecuencia directa de la actividad minera, tales como el agua ácida por la disolución de metales pesados tóxicos durante el drenaje ácido de las minas (La Republica, 2017).

De igual manera, la liberación de gases como el plomo de las chimeneas metalúrgicas a la atmósfera genera una contaminación invisible y de largo plazo en la salud intergeneracional de las poblaciones cercanas a las minas; en otras palabras, nacen niños con alteraciones genéticas y /o con siete veces más plomo en la sangre que el límite máximo permisible por la Organización Mundial de la Salud.

Esta realidad problemática trae consigo la aparición de múltiples enfermedades como la leucemia, la anemia y el cáncer que acortan sustancialmente la esperanza de vida de las personas.

Precisamente, según reportan fuentes de La República, La Oroya es la quinta ciudad del mundo más contaminada del planeta con un nivel de toxicidad de plomo entre 60 y 70 microgramos por decilitro de sangre, ocasionando que el 90% de los niños presenten niveles de este metal tóxico por encima de lo recomendado por las autoridades sanitarias.

La minería no solamente afecta la dimensión humana, también se ve afectado la salud animal por la degradación de la flora; precisamente, se tiene conocimiento de la desaparición de pantanos en la cordillera del Vilcanota (Cuzco-Perú) que eran refugio para los patos salvajes durante su migración, ahora habilitado como estacionamiento y sendero por la explotación minera (El Tiempo, 2018).

Propuestas

En el caso de Perú, considerando que los mecanismos de negociación son inequitativos a lo que respecta la mediación social entre las comunidades campesinas y las empresas mineras respaldadas por el Estado, hay tienen distintas propuestas a considerar para la preservación y protección de las áreas ferrosas de patrimonio ancestral:

En primer lugar, dotar a la ciudadanía de facultades legislativas como un agente federal autorizado por las instancias internacionales a legislar, negociar y tomar decisiones políticas con asesoramiento técnico sobre la concesión o anulación de los proyectos mineros en base a la ley de consulta previa.

Otorgar la licencia social para las actividades extractivas en base a un previo mapa zonal de planificación y ordenamiento territorial que delimite las áreas autorizadas para la concesión de proyectos mineros; contemplando que los impactos ambientales estén fuera del radio de vida urbana, así como la salvaguardia de los recursos naturales, hídricos, agrícolas que suministran la economía de las comunidades campesinas.

■ Exigir la revisión exhaustiva de los expedientes técnicos sobre impactos ambientales, así como la tecnología disponible para la mitigación y neutralización de los efectos negativos al ambiente; uso de biomasa en biodigestores para uso térmico, para generar electricidad a las zonas rurales alejadas de las ciudades, así como reducción de los impactos del cambio climático tales como la emisión de CO2. Implementar catálisis heterogénea y filtros de depuración en las chimeneas para reducir al máximo los gases como plomo.

Interponer recursos de nulidad contempladas en las cláusulas del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) anulando directamente las actividades mineras por incumplimiento de la ley de consentimiento ambiental y consulta previa, sin la necesidad de la intervención del Estado. En otras palabras, las comunidades campesinas afectadas pueden ordenar la anulación del proyecto minero con poderes ejecutivos.

 

Fuente:https://www.lavanguardia.com/participacion/lectores-corresponsales/20190930/47670210436/batalla-mineria-ecologia-mundo-cambio-climatico.html