Perú

Tía María: así fue el acalorado debate para abrir el diálogo en el Valle de Tambo

Autoridades locales y dirigentes se reunieron desde las 10 a.m. en la Municipalidad de Cocachacra. Vocero del paro indicó que no hay tregua y que bloqueos continuarán durante las tardes.

Esta mañana, desde las 10 horas se desarrolló una reunión con autoridades locales, dirigentes y pobladores en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Cocachacra. La reunión estuvo a cargo del prefecto regional, Carlos Mantegazza, quien llegó al Valle de Tambo para aperturar espacios de diálogo y buscar una salida al conflicto social que lleva 113 días en oposición al proyecto minero Tía María. Además se trató la posible llegada del presidente de la República, Martín Vizcarra, a la zona.

El alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, pidió al gobierno nacional una solución inmediata al conflicto que se desarrolla en el valle. Rechazó que el Consejo de Minería ratificara la licencia de construcción de Tía María. El alcalde de Deán Valdivia, Richard Ale Cruz, cuestionó al presidente por no cumplir su compromiso de llegar al valle. Lo tildó de traidor porque sobrepone los intereses de la minera sobre la voluntad de su población.

El alcalde de la Punta de Bombón, Raúl Rodríguez, manifestó que los únicos perjudicados con el paro es la misma población. Dijo que la gente pide una solución inmediata porque necesita trabajar con normalidad y lamentó la represión de la policía contra los pobladores que protestan contra el proyecto minero.

Por su parte el vocero del Valle de Tambo, Miguel Meza, exigió el retiro de las fuerzas policiales y la cancelación del proyecto minero. Recordó que a lo largo de los 10 años de rechazo a la inversión privada han fallecido ocho personas en los conflictos sociales.

La presidenta de la Junta de Usuarios de La Ensenada–Mejía–Mollendo, Marilú Marroquin, indicó que para que se abra un espacio de diálogo primero el gobierno debe retirar a los efectivos policiales del valle, que cese la persecución a los dirigentes y que se archive todas las denuncias contra los pobladores que fueron denunciados por disturbios.

Por otro lado, el prefecto regional, Carlos Mantegazza, propuso que en el Valle de Tambo se conforme una comisión, integrada por autoridades, dirigentes y pobladores para que fiscalicen la concesión del proyecto minero Tía María y no permita ningún tipo de actividad, ni obras mientras no se solucione el conflicto social.

– No es una tregua –

Este lunes el Valle de Tambo amaneció con los piquetes liberados. Las minivans que hacen servicio de la ciudad de Arequipa a los diferentes distritos de la provincia de Islay, están transitando con normalidad. Si bien la vía principal de valle no ha sido liberado pog completo, hay ingreso de transporte a Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón.

Los agricultores fueron a las chacras a realizar sus actividades con normalidad y la labores escolares se han normalizado después de una semana. El vocero del paro, Roger Chirapo, indicó que no están dando una tregua, sino que están reorganizando el para que se trabaje duarante las mañanas y en las tardes para protestar. Dijo que después del medio día bloquearán por completo.

Al finalizar la reunión no se llegó a ningún acuerdo.

 

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-alcaldes-buscan-dialogo-pero-bloqueos-continuaran-por-las-tardes-en-arequipa-noticia/?fbclid=IwAR11VFjr0IGx6BD6nbHMlGs4cJIyvS6CpQSTlnaYrW29HxJ0q0YnibuYj3Q

 

Mexico

Semarnat supende evaluación de Impacto Ambiental de minera Ixtaca

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) suspendió indefinidamente el proceso de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), del Proyecto Ixtaca.

La empresa Minera Gorrión informó, a través de una ficha, que la autoridad ambiental decidió suspender la evaluación de la MIA hasta que se dicte una resolución judicial sobre el amparo: “que interpuso en 2015 un ejido ubicado fuera del área de influencia del proyecto y el cual involucra a unas concesiones a las que la compañía renunció hace más de 4 años”.

El comunicado señala: “Esto implica que la autoridad quedará pendiente de emitir un resolutivo definitivo sobre la autorización de la MIA en tanto este asunto continúe en el ámbito judicial. Por ello, dicho procedimiento de evaluación permanecerá, de momento, inconcluso”.

Finalmente, Minera Gorrión externó su confianza en las instituciones para que esta situación sea resuelta.

Cabe destacar que hace unos días, cerca de 40 comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán pidieron a la Semarnat no emitir la Manifestación de Impacto Ambiental a la empresa encargada del proyecto minero.

 

Fuente:ttps://intoleranciadiario.com/articles/2019/10/30/955176-semarnat-supende-evaluacion-de-impacto-ambiental-de-minera-ixtaca.html?fbclid=IwAR2ixVoOQgSvPBYXu50iqOnhH-RSFZfQycVa8D0EE5Ukq42iy9kybEvCPTY

Mexico

Itaipue ordena a la Comuna de Ixtacamaxtitlán revelar el apoyo a la empresa minera

El ayuntamiento de Ixtacamaxtitlán deberá transparentar su participación y financiamiento en apoyo a la Minera Gorrión SA de CV, filial de la empresa canadiense Almaden Minerals para que celebrara la reunión pública para exponer el Proyecto Minero Ixtaca, que planea la extracción de oro y plata a cielo abierto en el municipio.

Así fue ordenado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Itaipue) al revocar el recurso de revisión RR678/2019 contra el ayuntamiento, sujeto obligado que se negó a responder la solicitud de información pública interpuesta por un ciudadano.

En la sesión ordinaria 20 celebrada este miércoles, comisionados en el pleno votaron de manera unánime para que el ayuntamiento revelara y desglosara con detalle qué rubro del presupuesto del ayuntamiento fue usado al servicio del acto convocado por la Semarnat sobre el proyecto minero Ixtaca, promovente Minera Gorrión SA de CV, el pasado 25 de junio de 2019.

 

Por lo que deberá entregar al ciudadano copia de las facturas y comprobantes de la compra y renta de sonido, sillas, mesas, muebles, transporte de personal y funcionarios de la Semarnat, alimentos, pago de honorarios de seguridad pública o privada y de todos los gastos financiados por el sujeto obligado para el desarrollo de la reunión.

En la solicitud de información pública, el ciudadano solicitó que en caso de que el dinero haya sido entregado directamente a Semarnat, especificar a quien o quienes fue entregado y entregar copia de los respectivos comprobantes del traspaso.

También deberá explicar con claridad de dónde provino el recurso del ayuntamiento para tal financiamiento, es decir de quien o quienes lo recibió, cuál fue su origen (fechas, personas físicas o morales y comprobantes de entrega) y explicar cómo obtuvo el sujeto obligado ese dinero que más tarde sería destinado a la financiación de la reunión pública.

La comisionada Gabriela Sierra en el desarrollo de su ponencia reveló que la Semarnat no dio respuesta a la solicitud del ciudadano con número de folio 00975719, por lo que se solicitó el informe justificado al ayuntamiento de Ixtacamaxtitlán pero que tampoco atendió.

Sierra dijo que a la presidencia se le impondrá una medida de apremio y propuso dar vista a la Contraloría del sujeto obligado a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente.

Reunión pública plagada de irregularidades

Defensores de la tierra y el agua, así como diferentes organizaciones denunciaron que la reunión informativa “Proyecto de Explotación y Beneficio de Minerales Ixtaca”, realizada el martes 25 de junio en el auditorio de la comunidad de Santa María Zotoltepec, que debió cumplir con su carácter de evaluación de la manifestación de impacto ambiental tuvo más bien un carácter de confrontación en un esquema de mitin político, pues la empresa llevó camiones de acarreados uniformados que aplaudieron a empresarios.

Entre las irregularidades fue expuesto que la empresa vigiló las actividades con un dron e incluso se contó con presencia policiaca, amedrentando a quienes se oponen a los “proyectos de muerte”.

Denunciaron que en lugar de ser una reunión informativa de la mitigación de los daños de la minera, se trató de un acto al estilo proselitista o de una campaña electoral: las personas llevadas por la empresa minera portaban gorras y playeras de color amarillo, el mismo que identifica a la empresa, con leyendas como “Sí a la mina”, “Sí al proyecto Ixtaca”, “Sí al trabajo”.

Activistas consideraron que la reunión fue una propaganda humana, con actos de manipulación y propaganda de la minera, pese a estos actos la Semarnat validó esa reunión que estuvo plagada de irregularidades; y aún así estableció que a partir de esa fecha se iniciaba el conteo de 30 días hábiles para el fallo final sobre la instalación de la mina en el Ixtacamaxtitlán.

Defensores insisten que esta mina afectarán a las más de 250 mil personas que habitan la subcuenca del río Apulco, que también pertenece a la cuenca del río Tecolutla, clasificada por la Conabio como una región hidrológica prioritaria.

 

Fuente:https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/itaipue-ordena-a-la-comuna-de-ixtacamaxtitlan-revelar-el-apoyo-a-la-empresa-minera/?fbclid=IwAR0P7jvEgvWeDMv7kEh6Sguu02uSI-ZPcNivvNHn2lLFBCt_MFg8LinHV3Q#.XbroWwcYmiM.facebook

Mexico, Perú

Organizaciones de México exhortan a Vizcarra a no dar licencia a Southern, por acción criminal del Grupo México en su país

En medio de las protestas en el Valle de Tambo, que volvió a paralizar todas sus actividades desde el sábado 26; más de 15 organizaciones y movimientos de México hicieron llegar una carta a Vizcarra el lunes 28 de octubre a través de Red Muqui y uno de los voceros de valle de Tambo, Mario Chirapo, que entregó la carta a Mesa de Partes de la presidencia de la República. A través de las redes sociales como Twitter, las organizaciones mexicanas también se dirigieron al presidente, haciendo pública la carta.

En días en que el Consejo de Minería debe definir la viabilidad de la construcción del proyecto Tía María operado por la Corporación Southern, del que el Grupo México es el accionista mayoritario; las organizaciones mexicanas exhortan al presidente Vizcarra a que no otorgue ninguna licencia a la empresa Southern debido al actuar “criminal” del Grupo México en su país. Dos ejemplos claros que señalan en la carta son:

  • “El derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre ocurrido en 2014 que afectó a 22 mil personas quienes, a cinco años del peor desastre ambiental minero, reconocido por el mismo gobierno mexicano, siguen exigiendo justicia y reparación por los daños causados a la salud, al medio ambiente y al agua contaminada con metales pesados”.
  • “En el 2006, 65 trabajadores murieron al quedar atrapados tras una explosión resultado de la acumulación de gas metano en la mina Pasta de Conchos, operada por Grupo México, que tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. Apenas este año, en respuesta a la demanda continuada de las familias de los mineros, y luego de que el caso fuera admitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2018, el Ejecutivo dispuso acciones que se espera conduzcan al rescate de los restos de los trabajadores que la empresa se ha opuesto a recuperar todos estos años”.

La carta finaliza expresando la solidaridad con el pueblo del valle de Tambo, “ante un conflicto violento que ya ha cobrado nueve vidas y dejado decenas de lesionados, además de conducir a la criminalización de personas que únicamente están defendiendo sus derechos humanos.

Descargar la carta completa à Carta en formato pdf

 

Valle de Tambo articula fuerzas en Lima

Mario Chirapo, uno de los voceros de valle de Tambo, además de entregar la carta de las organizaciones mexicanas a la presidencia de la República, también participó de un Foro el viernes 25 en la universidad San Marcos, en el que hizo un balance de los 11 años de resistencia del valle frente a la imposición del proyecto minero Tía María.

Asimismo, el sábado y domingo participó del 1er Encuentro Sindical Popular organizado por el Comité de Lucha Sindical y Popular, en el que articuló alianzas con organizaciones estudiantiles, sindicales y barriales, con el objetivo de impulsar acciones de solidaridad con la lucha del valle de Tambo.

El lunes participó, también, del plantón organizado por el recién formado Comité de Solidaridad Sindical y Popular de Lima con el valle de Tambo, que se llevó a cabo desde las 6pm en plaza San Martín, en el que la Federación Textil, el Sindicato de Trabajadores de Limpieza (SITOBUR), entre otros sindicatos, y colectivos barriales y vecinos y vecinas de Lima mostraron su solidaridad con la lucha del pueblo de valle de Tambo y se comprometieron a continuar acciones de solidaridad con las comunidades que resisten a la imposición extractivista en sus territorios.

 

Fuente:https://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/953-organizaciones-de-mexico-exhortan-a-vizcarra-a-no-dar-licencia-a-southern-por-accion-criminal-del-grupo-mexico-en-su-pais

 

Perú

Cusco: Gobernador regional, alcaldes y dirigentes de Chumbivilcas exigen derogatoria de Estado de Emergencia

En la sede del gobierno regional de Cusco se acaba de realizar la conferencia de prensa, en horas de la mañana, en la que el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente; los alcaldes de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca, y Velille; y los dirigentes de las comunidades de Cancahuani, Huniquiri, Idiopa Ñaupa,Japu y Tincurca, junto al presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas (FUDICH), Carlos Quispe; exigen al presidente Vizcarra la derogatoria del Decreto Supremo Nº 169-2019-PCM que faculta el Estado de Emergencia que se viene aplicando desde ayer, 16 de octubre, en las comunidades mencionadas, adyacentes a la vía convertida en corredor minero por el Estado para que puedan pasar los más de 600 camiones que transportan los minerales de la empresa MMG Las Bambas desde Apurímac, pasando por Chumbivilcas, Espinar -provincias de Cusco-, hacia el puerto de Matarani en Arequipa. Exigen que se levante el Estado de Emergencia para que pueda darse el diálogo con el gobierno.

“De manera unida estamos acá autoridades gubernamentales, comunales y dirigentes de Frente de Defensa de todo Chumbivilcas para manifestar nuestro total desacuerdo con el Estado de Emergencia. El gobierno tiene que resolver un problema que no lo hemos generado nosotros las autoridades, sino que viene desde años atrás. (..)Hemos visto en carne propia los impactos ambientales y sociales que hay producto de la minería”, señaló el gobernador regional de Cusco, iniciando la conferencia de prensa.

Los comuneros se encuentran en protesta desde hace 26 días debido a la contaminación ambiental que genera el paso de los camiones con minerales, que según ha confirmado la OEFA, está produciendo contaminación del aire y suelo con material particulado. Entre los planteamientos señalados, los dirigentes exigen la recategorización de la vía usada ahora como corredor minero, debido a que es propiedad comunal y nunca se les consultó el cambio de uso de la vía que ellos utilizaban. Decreto Supremo N° 011- MTC-2016 reclasificó los tramos del corredor minero como vía nacional. Exigen, también, que los camiones ya no pasen por sus comunidades.

La palabra de los alcaldes

“En las calles principales transitan nuestros hijos, los colegiales, y ahora ahí se encuentran tanques de guerra. Nos sentimos limitados en nuestros derechos frente a este Estado de Emergencia”, señaló el alcalde del distrito de Ccapacmarca, Richard Leon Vega; lugar donde ayer la policía, resguardada por los militares, reprimió a los manifestantes que bloqueaban la carretera.

A su turno, el alcalde Colquemarca, Henry Romero Palma, señaló que jamás imaginaron la magnitud de los niveles de contaminación que sufren los que viven en el corredor minero. “Son 4 años que hemos vivido esto. Gracias a la movilización de las comunidades, alcaldes y dirigentes se ha logrado la actuación del OEFA que ha demostrado la contaminación existente. Estamos hablando con pruebas”. Finalizó señalando, “hoy tenemos este Decreto Supremo que enfrenta a los peruanos. Exigimos diálogo”.

El Alcalde de Velille, Antonio Toledo, señaló que han sostenido un diálogo por un año con la empresa MMG Las Bambas y hasta ahora no asume ninguna responsabilidad por la contaminación ambiental que genera. “Hemos tomado esta medida de lucha porque nos hemos visto vulnerados a vivir en un ambiente sano”. Agregó, aludiendo al presidente Vizcarra: “¿con este decreto, sr presidente, estamos avalando entonces que la empresa minera siga contaminando; siga matando en vida a nuestros hermanos de Chumbivilcas?. No me parece correcto; yo también soy autoridad, y espero que no nos criminalice”, finalizó.

El alcalde provincial de Chumbivilcas cuestionó el discurso del presidente y los ministros respecto a que la minería trae progreso. “Nuestras comunidades no tienen servicios básicos, no tiene carretera asfaltada; de cada 10 niños, 6 están con anemia. ¿Cómo pueden decir que la minería trae progreso?”, cuestionó.

Cese a la represión

El presidente de la comunidad de Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya, Walter Molina, exigió el cese a la represión del Estado y mencionó diversos artículos de la Constitución que respaldan la lucha emprendida por las comunidades de Chumbivilcas para defender sus derechos: “La Constitución dice que la propiedad privada es inviolable, sin embargo, nuestras tierras no han sido respetadas y son usadas para la minería.No se ha cumplido la ley de consulta previa tampoco y se prioriza la minería, cuando en la Constitución también se dice que el Estado peruano apoya preferentemente al sector agropecuario. La ley de comunidades campesinas también respalda nuestras denuncias”.

Agregó que, durante la visita del ministro de Transportes, Edmer Trujillo, y el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, el 10 de octubre, señalaron a las comunidades que no había criminalización de la protesta y el Estado no reprimía, pero en Paruro ha habido represión. “Una mujer humilde ha perdido su ojo recientemente producto de la represión y tenemos dirigentes enjuiciados; entonces el Estado nos está mintiendo”. Además, culminó el dirigente, “visitaron Ccapacmarca para tener diálogo y acordamos realizarlo para el lunes 21 de octubre, pero nos han mentido. Piden dialogo y luego dan Estado de Emergencia”.

 

Fuente:https://www.muqui.org/details/itemlist/tag/corredor%20minero%20sur
Perú

Cusco: Alcaldes tienen misión de abrir diálogo en Chumbivilcas

Avance. PCM se reunió con ellos y estos convencerán a dirigentes, para que planteen su pliego ante gobierno. Elaborarán propuesta para dejar sin efecto el estado de emergencia en el Corredor Minero del Sur.

El lunes se define si habrá diálogo entre el Gobierno nacional y los campesinos de la provincia cusqueña de Chumbivilcas. Una docena de comunidades de los distritos de Colquemarca, Velille y Ccapacmarca cumplen una huelga indefinida desde el 22 de septiembre pasado. Exigen la suspensión, en forma definitiva, del paso de camiones de la minera MMG Limited, dueña de la mina Las Bambas.

Ayer los alcaldes distritales y el provincial de Chumbivilcas se reunieron con una comitiva de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Se comprometieron a convencer a los líderes comunales para sentarse en una mesa de diálogo y atender sus reclamos.

Las autoridades convocarán a una reunión multisectorial a todas las comunidades y gremios de Chumbivilcas para este 4 de noviembre. Allí deberán elaborar su agenda de pedidos y propondrán fecha para el diálogo.

Por su parte, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) elaborará la propuesta para dejar sin efecto el estado de emergencia decretado en el Corredor Minero del Sur, en el tramo que corresponde a Chumbivilcas. El proyecto será presentado el día que se instale el diálogo. El vicepresidente de Rondas Campesinas de Quiñota, Andrés Dávila, dijo que espera que la cita del lunes, en Santo Tomás, sea el inicio para resolver los reclamos campesinos.

El viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina, sostuvo que esperan que la agenda esté orientada a resolver los problemas que ocasiona el uso del corredor por las mineras.

Mientras tanto, la alta comisionada para el diálogo y el desarrollo del Corredor Vial Sur, Paola Bustamante, señaló que, en general, «vamos a trabajar por el cierre de brechas de acceso a servicios básicos y estamos hablando de agua, saneamiento, conectividad, luz, internet y transporte. Eso es lo primero: buscar el desarrollo”. Bustamante y el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina, presidieron la reunión. Con ellos estuvieron el gobernador Jean Paul Benavente y los alcaldes de Chumbivilcas. Todos esperan que este lunes haya “humo blanco” para el diálogo.

 

Fuente:https://larepublica.pe/politica/2019/10/30/alcaldes-de-cusco-tienen-mision-de-abrir-dialogo-en-chumbivilcas-lrsd/

Venezuela

¿Quién asesina en las minas en Venezuela?

Soldados visitan una obra donde se procesa el oro procedente de diferentes minas informales. La mayoría del mismo es posteriormente vendido a la compañía estatal Minerven, a pesar de su origen ilegal. Bram Ebus

A un joven de 19 años de edad «le amputaron las dos manos; le cortaron la lengua y le sacaron los ojos» en la mina Yin Yan de El Callao, estado Bolívar, según denuncia la periodista Pableysa Ostos en su cuenta de Twitter, mientras la foto muestra al agraviado, sentado y cabizbajo, con un pozo de sangre entre las piernas y uno rollo de trapos amarrados en ambos brazos, semejantes a guantes de boxeo. La escena es cruda y dolorosa. Reflejo de le ley que impera en la selva, tanto en la mina Yin Yan como en la mina La Gloria, la mina El Manguito, la mina El Perú o la mina Finlandia de El Callao; así como en otros lugares cercanos a Tumeremo, como en la mina Corre Gente, la mina Los Candados, la mina Guaitó, la mina Bochinche, la mina El Tigre, la mina Hoja Lata, la mina Botanamo, la mina La Camorra o la mina de Pariche, también del municipio Sifontes del estado Bolívar.

La mina Las Claritas, la mina 88, la mina Campanero, la mina El Manteco, la mina Sicapra, la mina El Guey o la mina Tonoro (controlada por venezolanos originarios de la etnia pemón) se suman igualmente a esa larga lista de la tierra de nadie, de la tierra de la muerte. Bien que se trate de la banda de El Coporo (cuyo líder ya fallecido, se llamaba Josué Zurita) y la guerrilla; o de la banda de El Talao (perteneciente a Archian Romero Ará) o de la banda de El Pulpo (ya fallecido); o de la pandilla de Run, en Tumeremo; así como de la mega banda de El Tortugo en El Callao, el cobro de vacunas y la extorsión forman el ajedrez del combate cuerpo a cuerpo, la sentencia punitiva, la declaración de guerra muerte o el exterminio declarado sin ambages.

Otras minas del estado Bolívar han resaltado por la crueldad del crimen, la recurrencia de las masacres, las disputas territoriales y la medición de fuerzas, como ocurre de menudo en las cercanías de La Paragua municipio Angostura (mina El Papelón, mina de Guariche, mina de Chicanán, mina La Bulla Nueva, mina de Tonoro), y en las minas de Maripa Alto Caura. En esa zona de La Paragua han ganado notoriedad bandas como Los Colombianos, Los Niche, banda Los Veinticuatro y banda de Marcopolo, entre otras, por el control de los yacimientos.

Bien que se trate de un enfrentamiento a metralla suelta y pistolas, tanto la banda llamada Grupo R, como la guerrilla del ELN y el ejército venezolano hacen tronar sus armas a plena luz del día como si se tratara del fin del mundo, percutiendo por igual fusiles R-15 y fusiles M-16, pistolas Smith&Wesson y Berettas nueve milímetros; fusiles automáticos ligeros o granadas, en plena ciudad de Tumeremo, principalmente en los sectores El Pariche y El Frío, del mismo modo que lo hacen en las minas en cuestión.

Dos cifras no confirmadas, emanadas por mineros del estado Anzoátegui que salieron disparados por el terror en Guayana durante los primeros meses de 2019, refieren que 300 mineros fueron arrasados por las balas a finales de enero en una mina de Tumeremo, incluyendo niños, mujeres embarazadas, menores de edad y hombres de todas las edades, y que no hubo ningún sobreviviente; y que diputados opositores supieron de estos hechos, pero se silenciaron por temor, y se sostuvo el dato emitido en la cifra oficial de que eran sólo ocho (8) los fallecidos, tal vez para no producir alarma. Sin embargo, una versión reciente del viernes 23 de agosto de 2019 señala, también por la vía anecdótica y testimonial, otra masacre de al menos ciento cincuenta (150) muertos en otra mina de la esa misma zona. Sobre esto último no hay confirmación. Es decir, 450 muertos en sólo dos masacres quedan en el limbo de su confirmación, por cuanto no hay una autoridad creíble que lo niegue o ratifique, o porque se supone que hay quien paga por el silencio de tales crueldades.

Pero, ¿quién asesina en las minas?

Los pobladores describen a grupos armados que visten franelas con el rostro del Che Guevara, pantalones de jeans y botas de combate similares a los grupos armados del ELN que operan en los estados Apure, Amazonas y Táchira, pero son los pranes y jefes de bandas quienes se pelean con aquellos por la supremacía y el control de los yacimientos, cuando no existen acuerdos y se crispan los ánimos.

De menudo aparecen fosas repletas de cráneos y extremidades humanas, y grupos de cadáveres descompuestos por decenas, siendo una práctica muy común mutilar mujeres vivas y hombres vivos por posesión de droga, robo, hurto o irrespeto al orden de mando dentro de las minas. De igual modo, existen sicarios entrenados y muy efectivos para matar en cualquier parte del país a quien, por A o por B, resulta sentenciado a muerte desde algunas de estas minas. El adulterio, por ejemplo, o la negativa a una vejación sexual, así como los celos de un marido que no cede su mujer a los antojos de un jefe de banda «por las buenas», son razones suficientes para el sacrificio de la propia vida, so pena de la condena a muerte a mano de un sicario de postín.

Las listas de desaparecidos y los avisos de solicitudes de señales de vida de parientes cercanos (madres, padres, hijos y hermanos) se derrumban ante el gran muro de silencio que rodea esta escuela de la muerte que es la zona minera del estado Bolívar. Toda la selva guayanesa es ya un gran cementerio de humanos. Trabajadores inocentes y criminales de la peor calaña se confunden entre la carroña, y de menudo los olores de la muerte, la pudrición y los zamuros cubren el ambiente que alguna vez maravilló al mundo por los tepuyes de la Gran Sabana, el Salto Ángel o la magia del parque natural Canaima. En la actualidad un simple viaje de aventuras hacia estas zonas puede convertirse en tragedia. Basta imaginar lo que ocurre en las gasolineras, y en las carreteras de Ciudad Bolívar, donde otras bandas conexas a las mafias de las minas persiguen a los automóviles para atracar, secuestrar, extorsionar, violar y matar a los desprevenidos viajeros; pero nadie ve nada, y nadie sabe nada. Al respecto, no hay alcabala, ni peaje ni control militar que valga. En suma, la vida no vale nada en toda Guayana.

Los llamados «Sindicatos» aportan de igual modo su dosis de terror, vía extorsión y crimen, no sólo en las minas sino en las empresas que operan la extracción de petróleo en la Faja del Orinoco Hugo Rafael Chávez Frías. Los comerciantes y grandes empresarios, así como todo hombre o mujer de negocio que se precie de exitoso y exitosa, u ostente fortuna en el ámbito económico que sea; desde la cría de ganado hasta la siembra agrícola, la explotación de madera o los servicios petroleros; ventas de maquinarias pesadas y autos, supermercados o centros comerciales, debe hacerse de los servicios de militares de alto rango de nuestras Fuerzas Armadas Bolivarianas para salvaguardarse y protegerse, amén de quedar expuesto al pago de vacunas mediante la extorsión y la presión criminal, para resguardar las familias y los bienes materiales, la riqueza económica y las inversiones personales.

Son famosos los enfrentamientos entre los sindicatos El Perú y Nacupay en sectores de El Callao conocidos como Los Andes, La Gasolina, El Paraíso y Las Casitas, para los que poco o nada sirven los despliegues de efectivos del orden público pertenecientes a la GNB, FAES, PEB, PNB y DIGCIM, aunque suelen tener bajas esporádicas y sumar heridos a los menguados hospitales del estado Bolívar. También son famosos los sindicatos que operan en Pariaguán, Zuata, San Diego de Cabrutica y El Tigre para controlar la zona de la Faja del Orinoco, apoyados por las altas esferas del poder político y militar, con su centro de mando tanto en Puerto La Cruz como Caracas. De hecho, los organismos de inteligencia militar como el DIGCIM y CICPC conocen plenamente a los líderes de estos sindicatos, y hasta se presumen amigos de muchos funcionarios de estos cuerpos policiales.

El oro y el dólar como monedas de intercambio de grandes sumas de dinero, tanto para matar como para actuar con impunidad y silenciar atrocidades criminales, se extiende al ámbito del comercio de los alimentos, no sólo en el abastecimiento de productos básicos de la dieta diaria de los venezolanos de a pie en Las Claritas, o desde ese paraíso fiscal llamado Santa Elena de Uairén-La Línea de Brasil, sino que impone su rigor monetario al precio del queso y la carne en toda la zona oriental del país, y de los llanos venezolanos.

En ese juego de los alimentos participan en rol protagónico los jefes de bandas de las minas, los pranes de las minas, los sindicatos de las minas, y todo el engranaje delicuencial que se mueve en torno al oro, al petróleo, al coltán, al cobre, a la compra-venta del dólar, y al tráfico de armas y camionetas Toyotas que se exportan e importan por las fronteras de Brasil y Colombia, incluso para ser llevadas al cono sur. Para todo este modus operandi es fundamental la complicidad y anuencia de las Fuerzas Armadas venezolanas, principalmente desde altos niveles de mando, desde coroneles hasta generales. No los incluye a todos, obviamente, pero hay mucha corrupción y traición a la patria en las filas del estamento militar. Vieja maña ésta heredada, por cierto, de la IV República. Nada nuevo.

Sin embargo, nos asalta una incógnita: ¿Quién le pone el cascabel al gato? El cuestionado y famoso Arco Minero, depredador de vidas humanas y vidas vegetales, de vidas animales y minerales esenciales, ha sido concebido como un recurso estratégico para el desarrollo del país, máxime ante la crueldad del bloqueo económico y financiero impuesto por EE.UU, y todo el accionar del mismo descansa desde hace mucho tiempo en las manos de personal militar. Ningún civil pone las manos al frente del organigrama del Arco Minero. A un general depuesto, otro general puesto.

El control militar sobre el oro es absoluto, pero hay dudas de que éstos tengan las manos limpias de culpa en todo el accionar criminal y de despojo que allí se ventila. Ojala existiera una investigación profunda, creíble, sincera y objetiva por parte de la Fiscalía General de la República, por parte del Ministerio para la Defensa, y del Ministerio de Interior y Justicia, sobre esta situación, y que efectivamente el oro venezolano se depositara en las bóvedas del Banco Central de Venezuela como materia esencial para sustentar nuestras reservas internacionales; y que no sea sólo el mineral de la ambición y la muerte, del crimen y la injusticias, de las mafias y del poder, de la miseria humana y la impunidad absoluta.

Que la muerte no siga imponiendo su ley en aquellos pueblos dotados de gracia y alegría, donde el sensual calipso nos hizo cantar a coro: «El Callao tonight, Tumeremo tomorrow night… El Callao tonight, Tumeremo tomorrow night…»

Que la muerte no mutile la riqueza cultural y humana de nuestra impresionante Guayana venezolana.

«El Callao tonight, Tumeremo tomorrow night…

El Callao tonight, Tumeremo tomorrow night…»

 

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/09/02/quien-asesina-minas-venezuela/?fbclid=IwAR2MDEiGxTc1QIE7Ya0ksdt1lSel-q-B8_ehIyzvB1Ui3bdJWtSrn4kNULs

Perú

Vuelven a declarar en emergencia parte del corredor vial minero

El Ejecutivo ha extendido esta medida en parte del corredor vial Apurímac, Cusco, Puno, incluyendo los 500 metros adyacentes a cada lado de la vía, en los tramos comprendidos en los distritos de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca y Velilla de la provincia de Chumbivilcas.

Ante esto, los presidentes de las comunidades de dicha provincia realizaron una conferencia de prensa en la que manifestaron que el artículo 137 de la Constitución sostiene que se puede declarar en estado de emergencia el territorio peruano o parte de éste en caso de perturbación de la paz y del orden interno. “Esto no se cumple”, sostiene Mario Vallejo, presidente de la comunidad Calcahuani. “Nosotros hemos aclarado a los ministros en el primer diálogo que sostuvimos que no hemos perturbado la paz. El transporte público transita con normalidad, las rutas están abiertas. Lo que hicimos fue cerrar el paso a Las Bambas porque nos traía mucha contaminación”, agregó.

Todos los dirigentes coincidieron en que cuando defienden sus derechos los persiguen. “Todos estamos perseguidos, el Estado nos ha privado de derechos. No queremos estar enfrentados a la policía. No quisiera que pase lo de Ecuador. Lo hacemos porque los capsulados pasan todos los días por nuestras comunidades y contaminan con la polvareda y el ruido”, concluye el presidente de la comunidad de Ccapacmarca.

Maritza Quispe, abogada del área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas, sostiene: “Se han vulnerado los derechos de las comunidades del corredor minero. No basta la simple invocación a la afectación del orden público para restringir sus derechos. Se ha declarado el estado de emergencia en zonas donde no se ha probado mediante ningún medio probatorio la existencia de convulsión social o perturbación de la paz social o el orden interno que afecte la vida de la nación, conforme lo establece el artículo 137 de la Constitución. La falta de este requisito está generando la violación de los derechos de la población que viven en estas zonas”.

 

Fuente:https://idl.org.pe/vuelven-a-declarar-en-emergencia-parte-del-corredor-vial-minero/?fbclid=IwAR2Jl-qkBacd3pl1E1pv6kvMiiWPdI0OAS4MkqfRb1f-NrhpkQtagKnT5ZI

Perú

Alcalde de Cocachacra sobre confirmación de licencia de Tía María: “La gente no va a parar en su lucha

Julio Cornejo, alcalde de Cocachacra, aseguró que la ‘lucha’ en contra del proyecto extractivo ‘no va a parar’, pese a que el Consejo de Minería confirmó la licencia de construcción emitida por el Ejecutivo.

El alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, aseguró que la ‘gente no va a parar en su lucha’ en contra del proyecto extractivo Tía María, pese a que este mañana el Consejo de Minería confirmó la licencia de construcción emitida por el Ejecutivo.

“Acá la gente no va a parar en su lucha porque conocen la realidad. Acá no tiene que venir a convencer», dijo en declaraciones a la prensa. En ese contexto, la autoridad calificó como un ‘cobarde’ al presidente Vizcarra debido a que -según su opinión- no ha cumplido su palabra, de ir hasta el Valle del Tambo, como lo anunció meses atrás.

“Le digo a Vizcarra que es un cobarde debido a que no ha cumplido con su compromiso de Presidente y ante la nación”, comentó.

En otro momento, consideró que han tratado de favorecer a la empresa ‘en todo momento’. “Empezando desde los talleres (que se organizaron para informar sobre el proyecto extractivo) ya que encerraban desde las 7 de la mañana trayendo gente de otros sitios”.

Igualmente, opinó que el gobernador Elmer Cáceres, ‘va a seguir luchando’. “La población ya tiene su decisión bien definida”, argumentó.

 

Fuente:https://gestion.pe/peru/tia-maria-alcalde-de-cocachacra-sobre-confirmacion-de-licencia-de-tia-maria-la-gente-no-va-a-parar-en-su-lucha-noticia/?utm_source=facebook&utm_medium=organicfb&utm_campaign=tia-maria&fbclid=IwAR1FCCUrYL7zMP0ss_L_RkYd-LUZ_Lk7CX7-Sxsw8L-cVLOGnIfPC42gomU

Chile

Comunidades despejarán la ruta de acceso a Los Pelambres tras acuerdo

La ruta estará despejada y transitable a partir de las 18 horas de hoy jueves 31 de octubre.

Con la constitución de un Subomité Hídrico Provincial finalizó el bloqueo de la ruta de acceso a Minera Los Pelambres, por parte de manifestantes de diferentes comunidades del Valle del Choapa, en Salamanca.

El acuerdo fue confirmado por la Gobernación Provincial del Choapa a través de un comunicado. El Gobernador Juan Pablo Gálvez Lillo destacó la importancia de establecer el diálogo para establecer acuerdos, evitando el accionar policial.

Las comunidades expresaban su preocupación por el uso de agua del cauce natural del Choapa (superficial y subterránea), para el proceso productivo de la minera. Vecinos del Valle del Choapa insistían en la necesidad de que Los Pelambres agilice el proceso de desalinización de agua de mar (parte del proyecto de Infraestructura Complementaria de MLP, actualmente en ejecución), y se haga uso exclusivo de agua desalinizada para todos los procesos productivos de la empresa, liberando el cauce natural, para las necesidades de la comunidad.

El acuerdo no considera a las grandes agrícolas, propietarias de un importante número de acciones de agua en Salamanca.

“Informamos que en horas de la noche de ayer miércoles 30 de octubre de 2019, se logró llegar a un importante acuerdo con parte de la comunidades del Valle de Choapa, que mantenían la toma de la ruta D-835, por lo que esta, se encontrará completamente despejada y transitable a partir de las 18 horas de hoy jueves 31 de Octubre de 2019”, informó a través de un comunicado la Gobernación de Choapa.

“Cabe destacar la voluntad al diálogo de parte de las comunidades y la empresa privada, además del preponderante papel que jugó como facilitador de las conversaciones del Gobernador de la Provincia de Choapa y su equipo, quién en todo momento buscó el acercamiento de las partes, lo cual finalmente se tradujo en este compromiso de deponer la movilización y el despeje total del camino” agrega el escrito.

“Dentro de los acuerdos establecidos se encuentra la realización de un subcomité hídrico provincial para el Valle de Choapa, cuyo objetivo será trabajar los puntos planteados por las comunidades, el cual se iniciará la próxima semana, y que permitirá continuar trabajando en forma conjunta con un permanente compromiso al diálogo, teniendo como punto principal la escasez hídrica que vive nuestra zona” finaliza.

 

Fuente:https://www.salamancachile.cl/social/comunidades-despejaran-la-ruta-de-acceso-a-los-pelambres-tras-acuerdo/