Chile

Codelco adjudica proyecto de desalinización para usar agua de mar en sus operaciones en Calama

Tras un exhaustivo proceso de licitación, Codelco adjudicó el proyecto de desarrollo, construcción y operación de una planta desalinizadora y su infraestructura complementaria para suministrar agua a las divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales, lo que permitirá a la empresa incrementar, de manera paulatina, el uso de agua de mar respecto del uso de agua cordillerana en todas sus operaciones ubicadas en Calama.

El proyecto considera una planta de desalinización de agua de mar con una capacidad de diseño inicial de 840 l/s, con potencial de expansión a 1.956 l/s, que incluye las obras marítimas, un sistema de impulsión de agua que recorrerá más de 160 kilómetros, con tuberías y la infraestructura eléctrica necesaria para bombear el agua a más de 3.000 metros de altura. El trazado de las tuberías se iniciará al sur de la ciudad de Tocopilla y llegará al reservorio de agua industrial para el suministro de agua desalinizada en la División Radomiro Tomic.

La licitación se la adjudicó el consorcio liderado por Marubeni Corporation (50%) y conformado, además, por Transelec (30%) y Techint Chile (20%). La ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC, por sus siglas en inglés) estará a cargo de Techint Chile, mientras las operaciones y mantención (OyM) estarán a cargo del consorcio Aguas Nuevas-IDE-Transelec.

Se espera que la construcción ―la que requerirá de aproximadamente 2.700 trabajadores durante su peak― se inicie el primer trimestre de 2020 y que la planta esté operativa en 2022.

Marubeni Corporation es un holding japonés con actividades en diversas partes del mundo en sectores tan diversos como agricultura, química, energía, transportes, electricidad e infraestructura. En 2018, los ingresos del grupo fueron superiores a de US$ 68 mil millones y sus activos totalizaban cerca de US$ 69 mil millones. Marubeni, con presencia en Chile desde 1957 y gran operador local de agua desde 2006, tiene una vasta experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos. Recientemente, se adjudicó uno de los proyectos de desalinización más grandes del mundo en Arabia Saudita.

Transelec Holdings Rentas Limitada es parte del Grupo Transelec, controladora de la principal transmisora de energía eléctrica de Chile, del mismo nombre. Tiene como accionistas a Canada Pension Plan Investment Board (CPP), British Columbia Investment Management Corp (bcIMC), Public Sector Pension Investment Board (PSP) y la compañía China Southern Power Grid (CSPG).

En tanto, Techint Chile es una sociedad chilena que forma parte de Techint I&C, especializada en ingeniería y construcción en varios sectores alrededor del mundo. Uno de sus principales mercados en nuestro país es la minería, en la que tiene experiencia en diseñar y construir plantas de procesamiento de minerales, sistemas de impulsión de agua de mar salada y desalinizada (acueductos y estaciones de bombeo), además de mineroductos.

El proyecto se desarrollará a través de un modelo de negocios BOOT (Build-Own-Operate-Transfer), por lo cual el consorcio tendrá la obligación de suministrar agua desalinizada a Codelco mediante la construcción de la planta y sus sistemas anexos, para luego transferirlas a la empresa estatal al vencimiento del contrato, esto es, 20 años después del inicio de la operación.

Los asesores de Codelco en el proceso fueron ASSET Chile como asesor financiero, Carey y Cía. como asesor legal y BNP Paribas como asesor de bancabilidad.

Durante el proceso de licitación, Codelco se aseguró de que los términos del contrato garantizaran un suministro confiable, a un precio competitivo y en términos convenientes. De hecho, la oferta significará una reducción del costo anual por consumo de agua de 35%, en comparación a las proyecciones iniciales de este proyecto.

La desalinizadora y otros proyectos similares planificados para la región de Antofagasta permiten vislumbrar que, en 2029, de toda el agua que requerirá la minería en esta zona, 64% provendrá del océano. Por ello, es considerado un proyecto clave que permitirá a la minera estatal continuar con el desarrollo sostenible de sus operaciones del distrito norte.

 

Fuente:https://www.elmostrador.cl/dia/2019/11/04/codelco-adjudica-proyecto-de-desalinizacion-para-usar-agua-de-mar-en-sus-operaciones-en-calama/?fbclid=IwAR2sEHiqz0OGV8_uVvR82OmM8I8RyNA1f2rKbIm55NjK6MZCuf5pprPlWcs

Perú

La distribución ineficaz de fondos públicos para atender a pobladores expuestos a metales tóxicos

El plomo, arsénico, cadmio y otras sustancias químicas ponen en riesgo la vida de más de 5 mil pobladores que viven en zonas mineras, petroleras e industriales en el Perú. Pero no solo son las micropartículas contaminantes que afectan los destinos de niños, mujeres, hombres y ancianos, existen millones de soles que en los últimos ocho años se han distribuido y ejecutado de manera ineficaz en hospitales y centros de salud que debieron atender oportunamente a estas personas. Como parte la serie investigativa, ‘Expediente Tóxico, Convoca.pe construyó bases de datos, revisó informes médicos, análisis de laboratorio y entrevistó a toxicólogos para echar luces en un grave problema de salud pública postergado por años.

I. EL PRESUPUESTO DE LA INDIFERENCIA

—Mi hijo Deyvit tiene once metales—dice Yeni Huamán, de 35 años, cansada de enumerar la cantidad de micropartículas tóxicas que han invadido el pequeño cuerpo de su hijo de apenas siete años de edad: 0,33 miligramos de cadmio por kilogramo de cabello, 65 por ciento más del límite; 280 por ciento por encima del parámetro del letal arsénico, 43 mil 900 por ciento más del estándar tolerable en plomo y decenas de veces más del límite permitido en otros metales, según el laboratorio alemán MicroTrace Mineral. Yeni, una mujer de metro y medio de estatura, ojos achinados y rostro salpicado de pecas negras, nació y dio a luz a Deyvit en la gélida ciudad Cerro de Pasco, a 4 mil 300 metros sobre el nivel del mar, en la sierra sur del Perú. Ahí, donde un tajo minero con una profundidad de 190 pisos de un edificio, ha convertido a este lugar en islas salpicadas de polvo tóxico invisible pero silenciosamente contaminante, debido a las operaciones del proyecto minero Paragsha de la empresa Volcan, de la que 20.24 % de acciones pertenece a la familia Letts y parientes, y un poco más del 55% de sus acciones a la multinacional suiza, Glencore.

Si nuestro cuerpo fuera una casa, entonces las micropartículas de plomo y arsénico ingresarían por las ventanas, nuestros pulmones, o por la puerta principal cuando ingerimos comida cubierta con este polvo invisible. Luego, estos metales pesados circularán con el aire interior, la sangre, y por su naturaleza de átomo, lograrán corroer las paredes de nuestros órganos hasta cambiar su consistencia. El plomo oxidará las células, bloqueará los procesos del organismo, dañará el ADN por su potencial de generar mutación y enfermedades.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su nombre en inglés), de Estados Unidos, advierte que el cadmio puede producir cáncer y en niños como Deyvit “daños en el riñón, pulmón y los huesos”. El arsénico irrita el estómago, los intestinos, afecta los vasos sanguíneos, produce alteraciones a la piel y los nervios. El plomo causa anemia, afecta al desarrollo del cerebro y del sistema nervioso de los niños, alerta la Organización Mundial de la Salud.

El registro de casos de exposición a metales pesados ha aumentado en 283% en Perú, entre 2012 y 2018: de mil 809 personas a 5 mil 135, de acuerdo con una base de datos entregada a Convoca.pe por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades mediante un pedido de información vía la Ley de Transparencia. De este universo, más del 80% de afectados son niños de hasta 11 años de edad.

Casos de afectados por exposición a metales pesados aumentaron en 283% en los últimos 7 años

Del 2012 al 2018 los casos de afectados por metales tóxicos aumentaron de forma alarmante. El plomo, cadmio y arsénico son los metales que se encuentran en el organismo con más frecuencia entre los más de 5 mil peruanos afectados.

En 2018, la región Pasco donde nacieron Yeni y su hijo Deyvit, concentró la mayor cantidad de casos registrados con 2 mil afectados por metales pesados: el 99% por plomo. Sin embargo, Yeni asegura que cuando van al centro de salud de Yanacancha, en Cerro de Pasco, la derivan de un lugar a otro como en el juego de la “gallinita ciega”.

—En la posta [en Pasco], nos dicen que no hay dinero, y cuando vamos al Ministerio de Salud [en Lima], nos dicen que han mandado dinero allá —relata Yeni con un gesto de indignación y hartazgo. Está cansada de que le hagan esperar en todos lados: en los hospitales, en los ministerios, en los pasillos, en mesa de partes, en la fachada de las entidades públicas.

Ante las quejas reiteradas por falta de atención médica de los pobladores que viven en zonas mineras, petroleras e industriales y el registro alarmante de personas afectadas, Convoca.pe construyó una base de datos, como parte de la serie investigativa ‘Expediente tóxico’, con información del presupuesto destinado al programa de detección y tratamiento de metales pesados entre 2012 y agosto de 2019, que aparece en el portal de Transparencia Económica.

En forma simultánea, en los últimos cuatro meses realizamos reiterados pedidos de información al Estado para conocer la dimensión de este problema de salud pública. De doce solicitudes, solo una fue respondida: el número de casos de pobladores afectados por regiones, tipo de metal y edad, lo que nos permitió cruzar información para determinar cuánto presupuesto destina el Estado a los departamentos con poblaciones más afectadas y cómo gastaron el dinero público las direcciones regionales de salud, los hospitales y centros médicos adonde deben acudir estas personas que viven usualmente alejadas de las capitales de su región, sobre todo en la Amazonía y los Andes.

Lo que encontramos revela una atención estatal ineficaz y tardía con un alto costo social, humano. El presupuesto de 2019 destinado para atenciones a personas expuestas a metales sólo representó el 0.06% del total de recursos para el sector Salud con 12 millones 258 mil 88 soles.

Pero no solo se trata de pocos recursos, existe una mala distribución del presupuesto. Las regiones que registraron más personas expuestas a metales hasta diciembre de 2018 fueron Pasco, Callao, Junín, todas con más de mil afectados en cada departamento. Sin embargo, al año siguiente, en 2019, el presupuesto de esta región para la detección y tratamiento de personas afectadas por metales pesados se redujo en más del 75%.

Pasco y Callao aparecen este año por debajo de las 10 regiones con más recursos para atender a pobladores expuestos a metales tan nocivos como el plomo, el cadmio y el arsénico. Si se revisa las cifras en los últimos siete años, la historia se repite. Entre 2012 y 2018, Pasco recibió para la detección y tratamiento de personas afectadas por metales pesados, 5 millones 180 mil 762 soles (1 millón 702 mil 597 dólares), menos de la mitad de lo que obtuvo el Callao en solo un año, el 2013, con 10 millones 903 mil 849 soles (3 millones 583 mil 423 dólares).

 

«De los más de 11 millones de soles que se gastaron en atención por metales pesados durante el 2018 en todas las regiones, casi 10 millones de soles se usaron para pagar personal y servicios.»

 

Pero incluso en las regiones donde se destina más presupuesto como Cusco, la atención oportuna a los pobladores sigue siendo postergada. Carmen Chambi, una mujer de tez trigueña oscura y mirada seria, vive en la comunidad Alto Huancané, en la provincia cusqueña de Espinar, a unos 500 metros de la mina Antapaccay, operada por Xstrata Tintaya, que en mayo del 2013 se fusionó con Glencore, la multinacional suiza que controla el 50% del mercado mundial de cobre.

El hijo de Carmen, Yedamel, tiene 17 metales en su organismo. Por eso Carmen exige que el Estado determine si las operaciones mineras son el origen de la contaminación.

—Pido pronta atención, saber si tenemos alguna esperanza. ¿Habrá tratamiento?, ¿habrá medicinas? —pregunta Carmen mientras frunce el ceño. No siente que los recursos destinados a su región atiendan su necesidad cotidiana.

Los departamentos amazónicos Ucayali, Loreto, Madre de Dios y Amazonas que enfrentan reiterados derrames de petróleo o a la explotación de la minera informal, figuran al final del ranking del presupuesto asignado en 2019 para atención a pobladores expuestos a metales. La selva sigue siendo la última en la lista.

Fuente:http://convoca.pe/agenda-propia/la-distribucion-ineficaz-de-fondos-publicos-para-atender-pobladores-expuestos-metales?fbclid=IwAR0A2s6UFFgeFSjVM0c78Y_GZMpnpNq04JR_09IQ_uHlYMn3lrCaK1wXWYg

Perú

Las inversiones mineras en un contexto complicado

Las cifras consolidadas hasta agosto de 2019 muestran que la inversión en minería presenta un incremento acumulado de 26.3%, en comparación con el mismo período del año pasado. En lo que va del año se han invertido US$ 3,556 millones, principalmente en proyectos como la ampliación de la planta de beneficio de Toromocho, que pasará de un procesamiento de 117,000 toneladas a 170 mil al día. Además es importante mencionar las inversiones en los proyectos Quellaveco (Moquegua) y Mina Justa (Ica) que se encuentran en pleno desarrollo. Por otro lado, Southern Copper Corporation ya ha finalizado su proyecto de ampliación de Toquepala.

De hecho, en las regiones de Junín, Moquegua e Ica, se concentra el 51.2% del total de la inversión minera en lo que va del año. Seguramente estos proyectos seguirán marcando la tendencia el próximo año.

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, todos los rubros de inversión en minería, salvo el de exploración e infraestructura, muestran una evolución positiva. Destaca, el incremento de la inversión en Equipamiento Minero, Desarrollo y Preparación y el rubro otros.

Sin embargo, hay que prestarle atención a la evolución del rubro de inversión en exploración, que muestra una tendencia negativa y que es un indicador bastante sensible porque usualmente marca los cambios de tendencia de la inversión global en la minería.

Siempre es bueno precisar que la tendencia de las inversiones en exploración siempre está fuertemente relacionada con la evolución de las cotizaciones, como se puede apreciar en el siguiente gráfico en el caso del cobre, que representa casi el 70% de la cartera de proyectos de inversión en minería.

El contexto internacional desfavorable ha venido provocando una caída de las cotizaciones de minerales de base como el cobre, que en lo que va de octubre se acerca a los US$2.55 la libra, con una tendencia a la baja que se arrastra en los últimos dos años. En una situación distinta se ubica la cotización del oro que ha mantenido una tendencia al alza durante 2019. Si las inversiones en exploración minera en el Perú siguen a la baja, la principal explicación se encuentra en el contexto internacional: las bajas expectativas de que la guerra comercial desatada entre los Estados Unidos y China termine pronto siguen empujando a la economía mundial a una recesión y, como consecuencia, a la caída de los precios de los minerales de base y los menores flujos de inversión.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/las-inversiones-mineras-en-un-contexto-complicado/?fbclid=IwAR30KcKDNJdCidGXgrF7vBrj9-8YfJWIBM2T_pUyMR4hgZ1_YdEk1iUCr74

Chile

No es inversión ni progreso, es saqueo

Estudio revela que Chile ha regalado millonarios recursos a las grandes mineras

120 mil miillones de dólares ha regalado el Estado entre 2005 y 2014 a las 10 empresas mineras más grandes, según un estudio elaborado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile  que se dio a conocer en 2017. Sus autores señalan que con ese monto se podrían haber financiado la gratuidad en educación y mejorar el sistema de salud y de pensiones.

Un estudio elaborado por economistas de la Universidad de Chile estimó que el Estado de Chile ha regalado a las diez empresas de la gran minería privada en el país 120 mil millones de dólares, entre 2005 y 2014.

Se trata de las empresas Anglo American Sur, Mantos Copper, Los Pelambres, Candelaria, Quebrada Blanca, Escondida, Collahuasi, Cerro Colorado, Zaldívar y El Abra.

Esta renta que percibieron las empresas mineras equivale al 45 por ciento del PIB de 2014 y a un flujo anual promedio de 12 mil millones de dólares correspondiente de esos diez años y a casi un cuarto del gasto público de ese año. Mientras, durante el mismo periodo, la recaudación tributaria del Fisco proveniente de estas empresas fue de 41 mil millones de dólares.

Estas grandes compañías concentran el 57 por ciento de la producción de cobre en el país y junto a Codelco alcanzan el 88 por ciento del total.

Sin embargo, el informe destaca que estas rentas son neutras, es decir, si las empresas hubiesen sido obligadas a pagar al Fisco la totalidad de esta cifra su inversión y producción total habrían sido las mismas, pero el país se hubiese beneficiado con la ganancia de los privados, según explicó uno de los autores de este análisis, Gino Sturla.

“En definitiva, es medir cuánto están obteniendo por sobre lo que el mercado cobraría por mantener intacto sus incentivos para la producción e inversión. Las cifras que entrega el Banco Mundial son realmente gigantescas para estos fines”.

La economista de la Universidad de Chile, Claudia Sanhueza, explicó que el origen esta política data del proceso de privatización de las empresas iniciada en Dictadura:“La Ley de Concesiones Mineras permitió la privatización de los yacimientos. En este caso, se cuantifica las utilidades que han recibido por sobre lo que les cuesta el suelo, por eso se habla de renta, es el valor del suelo que no tiene que ver con un trabajo que se le da al suelo sólo es un valor agregado que se le da a esta riqueza”.

El texto agrega que “la incapacidad de Chile de obtener estas enormes rentas que legítimamente pertenecen a todos los chilenos, se debe también, en gran parte, a la falta de información de la ciudadanía sobre la magnitud de las pérdidas ocasionadas por la reticencia de las autoridades políticas y económicas a desarrollar los mecanismos necesarios para la captación de estas rentas”.

En ese sentido, los expertos recalcan que “si los ciudadanos estuvieran debidamente informados, seguramente se movilizarían para forzar a sus representantes políticos a corregir esta gigantesca deficiencia e injusticia”.

Sobre este punto, la también académica de la Universidad Diego Portales se refirió a las consecuencias sociales que ha generado esta política, considerando que con esta riqueza entregada a las trasnacionales se podría haber financiado educación gratuita y el mejoramiento del sistema de salud y de pensiones.

“Podríamos haber sido dueños de estos recursos, pero en realidad tenemos una situación bastante empobrecida. Esto se trata de plata que ya hemos perdido y sólo podemos pensar que es lo que habríamos podido hacer como educación gratuita o mejor salud porque hubiesen sido ingresos para el Estado de Chile muy relevantes”, comentó.

Los autores del estudio ejemplifican que con los 120 mil millones de dólares se podrían financiar 2 mil 560 teletones, considerando el monto recaudado en 2016, o en caso que el país hubiese decidido ahorrar en fondos soberanos el dinero, le estaría rentando alrededor de 7 mil millones de dólares al año, con lo que podría financiar el sistema de salud y el sistema de pensiones.

Sobre la metodología de este estudio, se registran los datos actualizados por el Banco Mundial respecto de la producción de minerales asociados a los yacimientos mineros del país, el precio observado en el mercado internacional y los costos totales de la producción minera.

En Chile, se considera principalmente la minería del cobre que concentra el mercado en un 95 por ciento, sumado al oro, plomo, zinc, níquel, plata, bauxita y fosfato.

 

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/chile/item/43179-no-es-inversion-ni-progreso-es-saqueo

Argentina

Mineras y sobornos: legisladores de Chubut en la mira

Puede no ser tan relevante si la «motivación» es una gran suma de dinero en efectivo, si es un cheque a una cuenta en las Islas Caimán, una propiedad en algún lugar lejano, o incluso si se trata de un cargo en el gobierno nacional, una embajada o alguna conducción partidaria.

 

Chubut se encuentra nuevamente en una situación de asedio empresario minero en complicidad con sectores políticos provinciales y nacionales, ante la presión para instalar a PanAmerican Silver en el Proyecto Navidad, un yacimiento de oro, plata y plomo. El paso necesario, una vez más, transita por la Legislatura.

La ambición vendepatria, cuando corrompe el alma de un legislador, es un virus muy difícil de eliminar. Y afecta por supuesto a toda la sociedad, además de convertir en desperdicio las cuantiosas sumas de dinero que reciben como pago desde el Estado, incluyendo  dietas (sueldos) y adicionales, pagadas por supuesto con los dineros aportados por el Pueblo.

Ha sido el caso de los ex-legisladores -si bien algunos continúan en funciones- que a fines de 2014 arruinaron la primera experiencia del sistema de presentación de leyes por Iniciativa Popular en la provincia de Chubut.

En esa ocasión los supuestos «representantes» legislativos se atrevieron a cambiar el texto al proyecto de Ley que la población había elaborado a través de las asambleas de vecinos de la provincia para lograr la prohibición de la megaminería en el territorio provincial, elevándolo junto a las 13.007 firmas de chubutenses que lo acompañaron.

El escándalo fue tan grande que generó marchas de repudio a los diputados y diputadas que traicionaron el trabajo de asambleas y vecinos de toda la provincia, e implicó la caída irrecuperable de la imagen pública de las instituciones y partidos políticos en general, y del Frente para la Victoria chubutense en particular, dado su protagonismo en la generación de la infame maniobra.

Es necesario destacar que pocas veces estuvo en semejante peligro el territorio, los cursos de agua, los ecosistemas y en especial la salud a largo plazo de la población actual y futura, como en esos meses durante los cuales estuvo vigente la «ley mamarracho» -como se le llamó acertadamente.

Durante los días previos, durante la sesión y en los días siguientes, algunas voces se alzaron desde dentro de la cámara de diputados para denunciar las prácticas desleales en que el fraude legislativo se fue gestando y finalmente se concretó.

Unos pocos legisladores pusieron blanco sobre negro y denunciaron las visitas de lobbistas de las empresas mineras, las presiones de espacios partidarios, y la circulación de dineros indebidos en pasillos y despachos de la Legislatura.

Una de esas voces fue la del entonces diputado Roberto Risso, de la UCR, que incluso llegó a presentar una denuncia penal ante la Justicia provincial que, por supuesto, no prosperó.

Hace unos días, casi cinco años después, los vecinos de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel pudimos tomar contacto con el ex diputado durante el programa radial que realizamos semanalmente.

En el transcurso de la charla pudimos recordar aquella infame sesión así como los días previos, y compartir las reflexiones sobre los distintos aspectos a tener en cuenta ante una posible reiteración de eventos en el ámbito de la Legislatura provincial bajo las presiones de empresas y de políticos nacionales y provinciales, entre los cuales se destaca el vicegobernador electo y actual intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre.

Compartimos aquí con nuestros vecinos y lectores de otros lugares la charla con el Ex Diputado Risso.

Durante el contacto radial, el ex diputado reiteró que se distribuyó dinero a los diputados en 2014, así como que se ejerció mucha presión sobre todos los diputados, incluyendo reuniones que organizaba el entonces intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, reuniones a las que se prohibía el ingreso a quienes fueran críticos de la actividad minera.

Recordó la sesión del 25 de Noviembre de 2014, que pasó a a historia junto a la foto al celular del diputado Muñiz recibiendo instrucciones de un gerente minero,

Mencionó también «la entrega repugnante» de los recursos petroleros, además de la entrega de las arenas silíceas, en ambos casos dejando muy escasos recursos a cambio de nada. La ley de promoción minera de Chubut reduce el canon previsto en la normativa nacional, de un 3% a un 2%, a lo cual se debe agregar «la nula defensa del Estado al medio ambiente».

Ministerios que destruyen controles e instituciones

Puntualizó Risso que al crearse el Ministerio de Medio Ambiente hace unos años en la administración provincial, se dieron de baja muchos otros organismos del Estado que tenían la función de ejercer control y generar información -entre ellas la ex Dirección de Minas- y que pasaron a ser concentradas en el nuevo ministerio.

Como ejemplo de un caso afectado, indicó que «hasta el día de hoy no se ha hecho el control de las aguas del río Chubut a fin de establecer los niveles de contaminación provenientes del proyecto de uranio en Paso de Indios durante el último gobierno de facto».

Falsa interpretación de la zonificación

Retomando el tema de las normativas, y en relación a la Ley 5001 (hoy XVII-68 según el nuevo ordenamiento) explicó que la interpretación de la zonificación minera como un espacio habilitado para realizar megaminería es una tergiversación de lo que se establece en la ley 5001. «No es real que en ese artículo 2 de la ley se estableciera una zona de sacrificio. (…) Fui uno de los autores de esa ley, y hay que ir al debate parlamentario, si alguien tiene una sana duda» sobre el sentido de ese artículo. «La zonificación se puso de buena fe. No estábamos prohibiendo totalmente la minería. La regla general es que no se permite el cianuro, pero esto no está diciendo que no se permitan todas las actividades mineras. Entonces con la zonificación se determinará en qué lugares, y (…) qué tipos de minería -como puede ser la aluvional, (…)» estarían habilitados. La minería no es solamente de oro y plata! hay otros minerales que se extraen, las arenas silíceas son el mejor ejemplo. A eso se refiere la ley, y no como pretenden algunos, mal entretenidos y de mala fe, sostener que esa zonificación fue puesta ahí para determinar una zona de sacrificio en Chubut. Eso es una falsedad absoluta!»

Se refirió además a las restrictivas normativas nacional y provincial, «una ley de inversiones mineras que es tan perjudicial desde lo económico, que establece un canon del 3%, y que en Chubut se bajó al 2! Cuando se va al texto de la ley con los descuentos que se establecen para las empresas mineras, terminamos teniendo que ponerle plata nosotros para que se lleven el oro y la plata».

«Lógico que esos acuerdos se deben modificar. Es como los contratos petroleros: las consecuencias de la entrega del petróleo hasta el agotamiento las estamos viviendo hoy en el Chubut. ¿O alguien tiene alguna duda de que Chubut en la Argentina es una de las tres o cuatro provincias más ricas, que más riqueza produce, el ingreso per cápita supera los 20.000 dólares por persona, estamos a un nivel mucho mejor que Neuquén, y estamos en una situación en que no se pueden pagar los sueldos ni cubrir los servicios públicos esenciales. Cuando la educación entra en crisis, quienes más lo sufren son los más pobres. Es como el agua. Si el agua del río Chubut está contaminada, quienes lo sufren son quienes no pueden pagar el agua mineral. Cuando el Estado defecciona, cuando el Estado fracasa, o cuando está administrado en forma corrupta, y no ejerce los controles que debe ejercer, quienes pagan las consecuencias son los sectores más pobres.»

Arenas silíceas y regalías robadas
Se refirió también al escaso nivel de regalías que dejan hoy los otros recursos naturales que se extraen en la provincia, tal el caso del petróleo, la pesca, y más recientemente las arenas silíceas para la extracción de gas por el sistema de fracking en Vaca Muerta, denunciando que de los 200 dólares por tonelada que YPF paga sólo ingresan a la provincia 0,70 de dólar, preguntándose quién cobra el resto que falta, toda vez que se envían a Neuquén miles de toneladas de arenas silíceas. «Estamos hablando de miles de millones de dólares, en un estado provincial que no puede pagar los sueldos!».

Cuestionó además el ex legislador la contaminación que esas arenas silíceas generan, y la inexistencia de controles sobre la misma.

Las responsabilidades del legislador
Hizo además referencia a la necesidad de informarse y documentarse, una necesidad que vivió como diputado, y que suplió con textos, consultas personales y participación en foros y otros encuentros. En este sentido, remarcó el ex-diputado que «el legislador tiene un solo interés a representar, que es el interés público, no puede representar otros (intereses) … y el legislador debe formarse para defender ese interés.»

Las denuncias de sobornos en 2014

Como testimonio adicional queremos agregar una nota de aquellos días. Unos días después de la sesión, el 7 de Diciembre de 2014, el siguiente texto era publicado en el Diario El Chubut.

 

Quiere que sea derogada la ley…

Risso denunció que diputados recibieron dinero de las mineras

El diputado radical Roberto Risso avivó más el fuego provocado por la aprobación de la Ley que impulsa la consulta popular vinculante por regiones por el tema minero.

 

Denunció que hubo legisladores que recibieron dinero de las empresas mineras para votar el proyecto que fue una entera modificación de la Iniciativa Popular. «Pasaron muchas cosas feas en la Legislatura y no sólo una foto. Hubo diputados que cobraron dinero», denunció Risso, agravando la situación suscitada con aquella imagen del diputado del PJ Gustavo Muñiz, intercambiando mensajes con el gerente de una minera.

El legislador radical hizo declaraciones a una radio de Esquel que también reprodujo el diario Clarín, indicando que «esto a la sociedad le queda como imagen», y denunció que existe una «una estrategia para debilitar la credibilidad del Parlamento». Continuó Risso diciendo que «cuando el electorado insulta a la clase política putea a todos y no se salva nadie».

La semana pasada la mayoría legislativa integrada por el FPV y el tridente de diputados del PJ, modificó por completo un proyecto de Iniciativa Popular que pretendía inicialmente prácticamente la prohibición de la actividad minera metalífera en Chubut. Fue así que terminaron aprobando el proyecto modificado que suspende la actividad minera metalífera de primera categoría por 120 días, indicando que el Ejecutivo debe promover un debate para que, ante la existencia de un proyecto minero con impacto ambiental aprobado, se llame a consulta popular vinculante en la región donde se planifique la actividad.

Risso, junto a su compañero del bloque radical, José Luis Lizurume, promoverán un proyecto de derogación de la polémica ley sancionada por la Legislatura y promulgada por el Poder Ejecutivo. Desde el jueves ya rigen los 120 días de suspensión de la actividad a raíz de la publicación de la ley en el Boletín Oficial. Sin embargo, desde el Ejecutivo se encargaron de reiterar insistentemente que no hubo modificación alguna a la situación imperante antes del 25 de noviembre -cuando se aprobó el polémico proyecto- y que sigue vigente la Ley 5001 que prohíbe la actividad minera metalífera con utilización de cianuro y a cielo abierto en todo el territorio provincial.

Las expresiones de Risso denunciando que hubo diputados que recibieron plata de las empresas mineras, se suman a otras escandalosas expresiones vertidas la semana pasada por el socialista integrante del FPV, Anselmo Montes, quien también afirmó que hay mineras que «compran a diputados y a jueces».

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/43114-mineras-y-sobornos-legisladores-de-chubut-en-la-mira
Chile

Impactos de la Minería Submarina en el futuro de la industria chilena del Cobre y el medio ambiente marino

La Autoridad Internacional de Fondos Marinos (AIFM) –de la cual Chile es parte desde 1997 y a la que contribuye económicamente cada año– promueve la entrada en marcha de la explotación de minerales en aguas internacionales para un puñado de países, principalmente desarrollados, que cuentan con la tecnología adecuada para explotar a profundidades y de los cuales nuestro país no es parte. Estos minerales, el cobre entre ellos, tienen mejor ley que cualquier depósito en tierra, lo que significa una oportunidad para controlar el mercado mundial, son patrimonio común de la humanidad –pertenecen a todos y a nadie a la vez– y su extracción generará gran impacto ambiental, extracciones-destrucciones de la biodiversidad que abarcarán un área 120 a 1.200 veces el tamaño de Chuquicamata por contrato minero, dependiendo del mineral.

Chile es miembro de una organización internacional denominada Autoridad Internacional de Fondos Marinos (AIFM), ubicada en Kingston-Jamaica y a la cual contribuye económicamente año a año, como parte de los acuerdos suscritos por nuestro país como parte de la Convención del Mar desde 1997. Esta organización es un instrumento de DOALOS (Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea), pero no es una organización de Naciones Unidas per se, sino que en realidad es independiente del secretario general de la ONU.

Este instrumento hoy promueve la entrada en marcha de la explotación de minerales en aguas internacionales para un puñado de países, principalmente desarrollados, que cuentan con la tecnología adecuada para explotar a profundidades y de los cuales Chile no es parte. A la fecha, existen 28 contratos para explorar los recursos marinos con derechos exclusivos y localizados en todos los océanos para explotar planicies abisales, montañas submarinas y dorsales oceánicas.

La extracción de estos minerales vírgenes de los fondos oceánicos tiene 3 características importantes: 1) mejor ley que cualquier depósito en tierra, lo que significa una oportunidad para controlar el mercado mundial –hoy en manos de mineros de tierra–; 2) son patrimonio común de la humanidad –pertenecen a todos y a nadie a la vez–; y 3) su extracción generará gran impacto ambiental, extracciones-destrucciones de la biodiversidad que abarcará un área 120 a 1.200 veces el tamaño de Chuquicamata por contrato minero, dependiendo del mineral.

La extracción de minerales vírgenes de los océanos contribuirá negativamente al cambio climático y sus consecuencias en la vida de la población. La explotación de estos metales vírgenes del fondo del mar generará una nueva fuente de CO2 a la atmósfera, incrementando la concentración de este gas invernadero a tasas desde 8 (cobre) a 12.000 (oro) kg de CO2, equivalentes por kg de elemento extraído. Se proyectan 33 mil toneladas por año por contrato para cobre.

Estas actividades de desarrollo de minería submarina –que hace un par de años eran ficciones– han tomado lugar por los últimos 25 años; AIMF fue fundada en 1996. Durante este tiempo 167 países han contribuido con porcentajes de sus PIB nacionales. Es cierto que los países industrializados contribuyen proporcionalmente más que los en desarrollo, pero sumando los países en desarrollo contribuyen con 24% del presupuesto de AIFM cada año.

Lo interesante es que, aun sabiendo que muchos de esos países son mineros terrestres como Chile, Ghana e Indonesia, están inocentemente subsidiando la exploración-explotación a empresas trasnacionales por los mismos minerales que soportan sus economías: cobre y oro. Evidentemente, tomando en cuenta la ley de estas nuevas fuentes, el impacto económico y social será significativo en los paises mineros de tierra. Vale destacar que en nuestra historia la crisis del salitre, por reemplazo de substituto artificial, generó consecuencias económicas que modificaron la estructura social y política de Chile del siglo XX.

La razón por la cual los miembros estados partidarios de la Convemar contribuyen anualmente al presupuesto (subsidio), es que estos minerales son el patrimonio común de la humanidad, principio fundamental de la Convemar que debería gobernar el comportamiento de la AIFM. Sin embargo, desde 2012, esto no ha sido así.

Hoy, la AIFM es abiertamente pro minería para contratistas de países industrializados de Norteamérica, Europa y Asia, promoviendo un código minero completamente sesgado en beneficio de los contratistas y no del bien común (en beneficio) de la humanidad, ni honrando el hecho de que estos recursos son patrimonio común de esta.

Los temas ambientales en la AIFM son abordados con ligereza. En el borrador preparatorio de un nuevo código minero submarino, los impactos ambientales no se han tomado en cuenta, acción indispensable para la protección del medio ambiente para futuras generaciones.

Tampoco se menciona el cambio climático que modulará el impacto de la minería submarina. Si bien es cierto que trabajar-investigar en mar abierto y a profundidades de más de 4 mil metros, es difícil, sin embargo, y puesto que los recursos mineros son patrimonio común de humanidad, cualquier actividad, incluyendo la minería, debe desarrollarse bajo un estricto plan de manejo que debe ser basado en reglas y reglamentos que reflejen las posiciones de los miembros estados partícipes a la Convemar y contribuyentes a la AIFM.

¿Por qué entonces los países en desarrollo parecen no entender el proceso? Evidentemente el tema no ha sido socializado y los acuerdos y/o propuestas no han sido democráticos, más bien elitistas, no solo en Chile sino que en muchos otros países en desarrollo miembros de parte de la AIFM.

Esta columna es la primera de una serie que tratará científicamente de empoderar a cada uno de los ciudadanos de Chile con la noción de que los recursos minerales de las aguas internacionales les pertenecen y deberían percibir los beneficios económicos si es que algún día se explotan.

Todos los chilenos somos ricos en cobre, oro, plata, cobalto, metales raros de los fondos marinos internacionales, que nos pertenecen, puesto que firmamos la Convemar, la cual nos dice que son nuestros y contribuimos con nuestros impuestos en 25 mil dólares anuales.

Como ciudadanos de este país debemos estar alerta y responsablemente pedir cuentas a quien toma decisiones por nuestros minerales sin consultarnos. Evidentemente en los últimos 25 años esto no ha ocurrido. Creo que no es muy tarde y es nuestro deber como profesionales informar a cada uno de los ciudadanos, de Chile y del mundo, lo que se maneja en forma no transparente en la AIFM.

La socialización de este tema es necesaria. Existen constantemente reuniones, congresos y publicaciones sobre muchos asuntos relacionados a los que se alude arriba, pero solo un grupo elitista se entera y responde sin consulta nacional.

En Chile, como en muchos otros países garantes de la Convemar, los respectivos ministerios e instancias políticas no parecen dimensionar el impacto económico y social que esta nueva fuente de recursos mineros, patrimonio común de la humanidad y de un ambiente prístino, significara para cada uno de los chilenos y ciudadanos de todo el mundo. Evidentemente no existe la socialización de este tema en Chile, de lo contrario, ya hubiésemos sabido por alguna instancia nacional o comunicacional sobre el tema.

 

Fuente:https://el mostrador.cl

 

Bolivia, Litio

Proyecto alemán sufre revés para industrializar el litio en Bolivia

Las autoridades de Potosí informaron que esa decisión fue tomada el sábado por el gabinete de ministros del presidente Evo Morales.

Los planes de Bolivia para fabricar y comercializar baterías de litio junto a la empresa alemana ACI Systems GmbH sufrieron un revés tras la anulación de un decreto que daba paso a la creación de una sociedad industrial mixta, informó el domingo el gobernador de Potosí, la región que posee una de las reservas mundiales más grandes de ese metal.

En los últimos meses el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) había movilizado a la población y organizaciones de Potosí, en el suroeste del país, en demanda de mayores beneficios y regalías mineras por la explotación del litio del salar de Uyuni.

Las elecciones nacionales del 20 de octubre habían suspendido temporalmente las medidas de presión contra el Gobierno.

“Hemos recibido el Decreto Supremo 4070 por el cual se está disponiendo la abrogación del Decreto Supremo 3738 del 7 de diciembre de 2018”, dijo a los periodistas el gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, del oficialista partido Movimiento Al Socialismo (MAS).

Las autoridades de Potosí informaron que esa decisión fue tomada el sábado por el gabinete de ministros del presidente Evo Morales.

No se informó de inmediato todas las razones del gobierno para su decisión, más allá de las protestas que reclamaban un aumento de 3% a 11% de las regalías del proyecto.

Tampoco quedó claro el destino de la asociación mixta.

“Lamentablemente, hemos llegado a esta situación, seguramente el tiempo dirá quiénes han actuado de verdad pensando en Potosí, quiénes han agitado, han azuzado para perjudicar a Potosí”, agregó el gobernador.

En diciembre del año pasado, Alemania y Bolivia sellaron una sociedad para el uso industrial del litio, materia prima clave en la producción de baterías.

ACI Systems GmbH había proyectado la inversión de unos 1.300 millones de dólares para su producción.

Mediante el acuerdo, la compañía estatal Yacimiento de Litio Bolivianos (YLB) se asoció con la firma privada germana ACI Systems para desarrollar su gigantesco salar de Uyuni y construir una planta de hidróxido de litio, así como una fábrica de baterías para autos eléctricos en Bolivia.

ACI Systems también está en conversaciones con compañías de suministro con sede en Alemania y otras partes de Europa con litio procedente de Bolivia. La sociedad busca producir hasta 40.000 toneladas por año de hidróxido de litio a partir de 2022, durante un periodo de 70 años.

 

Fuente:http://www.mch.cl/2019/11/04/proyecto-aleman-sufre-reves-para-industrializar-el-litio-en-bolivia/

Venezuela

Mineras, bajo la lupa por incendios en Veracruz.

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) sigue investigando si mineras son responsables de incendios forestales en Veracruz, tal y como lo dejó entrever el gobernador, Cuitláhuac García, el pasado mes de abril.Así lo informó el subprocurador de Medio Ambiente en el estado, Ernesto Cuevas Hernández, en entrevista.

Al respecto, indicó que al menos 10 mineras cuentan con permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para instalarse en Veracruz, pero les faltan permisos de los Ayuntamientos.

El funcionario estatal dijo que se ha hablado con los alcaldes para reiterarles el riesgo que representan estos proyectos, por lo que confían en que no les otorguen los permisos a través de sus Cabildos.

El funcionario añadió que hay intenciones de empresas para asentarse y realizar minería a cierto abierto incluso cerca de Xalapa, en el municipio Chiconquiaco, algo que ya fue notificado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Recordó que la investigación a las mineras comenzó a consecuencia del incendio ocurrido en Palma Sola, Alto Lucero, mismo que consumió al menos 915 hectáreas.

Dijo que actualmente los Ayuntamientos de Actopan, Alto Lucero, Chiconquiaco, Juchique de Ferrer y Yecuatla están en contra de la instalación de las mineras, por lo que esperan que se mantenga su negativa.

“Seguimos en la investigación, para muchos es como tradición quemar potreros, se ahorran recursos de la limpia y hacen esta práctica; hemos estado indagando, investigando sobre quién es el responsable, seguimos en ello”, añadió.

Finalmente expuso que las minas a cielo abierto consumen recursos, especialmente agua, además de que se buscan construir en zonas peligrosas, pues en el caso de Alto Lucero estaría cerca de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.

 

Fuente:https://www.diariodelistmo.com/noticiasveracruz/xalapa/41263044/mineras-bajo-la-lupa-por-incendios-en-veracruz.html

Perú

Tía María: Valle de Tambo rechaza conformar comisión para fiscalizar a Southern Perú

Dirigentes y pobladores ratificaron que su demanda es la cancelación del proyecto minero Tía María. Prefecto regional tuvo reunión para iniciar el diálogo en conflicto social.

Autoridades, dirigentes y pobladores del Valle de Tambo rechazaron la propuesta de conformar una comisión que fiscalice la concesión de la empresa Southern Perú, en la provincia de Islay, en Arequipa. Se negaron porque su demanda es la cancelación del proyecto minero Tía María y por esa razón llevan 113 días de paro indefinido.

El prefecto regional, Carlos Mantegazza, llegó esta mañana al distrito de Cocachacra trayendo la propuesta ante las dudas de un sector de la población que cree que la empresa ha inició sus actividades de construcción. “Yo propongo la comisión para frenar de que la mina avance. Una comisión que vaya a la zona de concesión para verificar – cada cierto tiempo – que no se mueva un grano de arena, esto al margen de las demandas legales que vayan a entablar contra la empresa”, indicó la autoridad.

La propuesta no fue bien recibida por las autoridades y generó momentos tensos en la reunión. El alcalde de Deán Valdivia, Richard Ale, cuestionó la propuesta porque dice que esa labor es el Estado y no de la población. Manifestó que la propuesta revela la incapacidad del gobierno para fiscalizar una concesión minera.

 

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-valle-de-tambo-rechaza-conformar-comision-para-fiscalizar-a-southern-peru-arequipa-mineria-noticia/?ref=ecr

Perú

Distribución ineficaz de fondos para afectados con metales

Deficiencias. Hasta 2018 se registraron más de 5 mil pobladores afectados. Por encima del 80% son niños de hasta 11 años expuestos principalmente al plomo.

“En la posta (en Pasco) nos dicen que no hay dinero, y cuando vamos al Ministerio de Salud (en Lima), nos dicen que han mandado dinero allá”, relata Yeni Huamán, de 35 años, con un gesto de indignación. Ella reclama atención médica para su hijo Deyvit, de apenas 7 años, que tiene 0,33 miligramos de cadmio por kilogramo de cabello, 65% más del límite; 280% por encima del parámetro del letal arsénico; 43900% más del estándar tolerable en plomo, y decenas de veces más del límite permitido en otros metales, según el laboratorio alemán MicroTrace Mineral.

Yeni está cansada de que le hagan esperar en los hospitales, en los ministerios, en los pasillos, en mesa de partes, en la fachada de las entidades públicas en Lima, a donde llega dos veces al mes desde Pasco.

Ante las quejas reiteradas por falta de atención médica de los pobladores que viven en zonas petroleras, mineras e industriales, Convoca.pe construyó una base de datos, como parte de la serie investigativa ‘Expediente tóxico’, con información del presupuesto destinado al programa de detección y tratamiento de metales pesados entre 2012 y agosto del 2019.

El registro de casos de exposición a metales pesados ha aumentado en 283% en Perú, entre 2012 y 2018: de mil 809 personas a 5 mil 135, de acuerdo con la base de datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Más del 80% de afectados son niños de hasta 11 años.

Sin embargo, el presupuesto del 2019 destinado para atender a personas expuestas a metales solo representó el 0,06% del total de recursos del sector Salud con S/12 millones 258 mil 88.

Existe una distribución ineficaz de los fondos públicos. Las regiones que registraron más personas expuestas a metales hasta diciembre del 2018 fueron Pasco, Callao, Junín, cada una con más de mil afectados. Pero en 2019, el presupuesto de Pasco para la detección y tratamiento por metales pesados se redujo en más del 75%.

Pasco y Callao aparecen este año por debajo de las 10 regiones con más recursos para atender a pobladores expuestos a metales nocivos.

Incluso en regiones donde se destina más presupuesto como Cusco, la ejecución es ineficiente. En 2018, esta región ejecutó menos de la mitad de las mil 640 atenciones programadas.

Carmen Chambi vive en Alto Huancané (Espinar), a unos 500 metros de la mina Antapaccay, operada por Xstrata Tintaya, que en mayo del 2013 se fusionó con Glencore, que controla el 50% del mercado mundial de cobre. El hijo de Carmen, Yedamel, tiene 17 metales.

—Pido pronta atención, saber si tenemos alguna esperanza. ¿Habrá tratamiento?, ¿habrá medicinas? —pregunta Carmen.

Ucayali, Loreto, Madre de Dios y Amazonas, que enfrentan reiterados derrames de petróleo o la minería informal, están al final del ranking presupuestal del 2019 para atención a pobladores expuestos a metales. Son los últimos de la lista.

El silencio del Ministerio de Salud

– A lo largo de cuatro meses, Convoca.pe realizó doce solicitudes de información vía la Ley de Transparencia al Ministerio de Salud y otras instituciones encargadas de brindar información sobre la afectación por metales en Perú. Este ministerio solo respondió un pedido de información y no accedió a darnos una entrevista con Tania López, coordinadora de la oficina de atención a personas expuestas a metales pesados.

– Las direcciones regionales de salud del Callao, Cusco y Pasco no respondieron sobre cómo administran el presupuesto para atender a los pobladores afectados.

 

Fuente:https://larepublica.pe/politica/2019/11/04/pasco-distribucion-ineficaz-de-fondos-para-afectados-con-metales-plomo/?fbclid=IwAR1YOo9w52NdDchnlbPDwWo7tcq1NW5N41mSFB6_B-BTWO9EreYWVSEFuJQ