Perú

La Libertad: contaminación causada por minera afecta salud de pobladores en Parcoy

Habitantes de este distrito de la provincia de Pataz, acusan a Consorcio Minero Horizonte de contaminar ríos con relaves y afectar el aire con residuos de materiales tóxicos usados para la extracción aurífera.

Pobladores del distrito de Parcoy, en la provincia de Pataz, denuncian que la minería no sólo está acabando con los recursos naturales de esta zona de la región La Libertad, sino que viene afectando también su salud, causando graves e irreversibles daños por los que nadie se responsabiliza. Aseguran que el oro, ese metal que tanto ansían los extractores formales e ilegales que operan en este sector, no les deja ningún rédito.

“Desde hace años respiramos el polvo de los relaves y esto nos está provocando enfermedades respiratorias y en la piel, pero quienes más lo sufren son nuestros niños”, afirma el teniente gobernador, Eusebio Mendoza, una de las pocas autoridades de esta zona que se anima a denunciar las secuelas de la extracción de oro, no sólo por mineros ilegales, sino incluso por formales como el Consorcio Minero Horizonte.

En un documento presentado ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a fines de octubre, y al que tuvimos acceso, se indica que la minera en mención estaría vertiendo sus relaves de manera irresponsable en las aguas del río Retamas, que recorre el anexo del mismo nombre hasta desembocar en la laguna de Pías, la más importante de este sector.

“Antes podíamos pescar en el río y en la laguna, ahora ya no. Los pocos peces que quedan en estas aguas no están aptos para el consumo humano, tienen metales pesados. Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Trujillo en el 2018 así lo demuestra”, explica Mendoza.

Lo más grave de todo, es que dicho consorcio opera de manera formal, con licencia del Estado, desde hace varias décadas. “Lo hace de manera irresponsable y sin ningún tipo de control”, acusan los . En noviembre del 2016, las rondas campesinas de Tayabamba, Chilia, Llacuabamba y Parcoy se unieron para exigir que la OEFA investigue el grave daño ambiental que la minera causaba en la zona.

“Hubo un paro de varios días, que consiguió llamar la atención de las autoridades por un momento, pero después todo quedó en nada. Llevamos años luchando para que se detenga esta depredación de recursos y que el Estado ponga mano firme, porque es la salud de nuestros hijos la que está en juego. Nosotros no nos oponemos a la minería, pero tiene que haber un control adecuado”, agrega Mendoza.

grupo larepublica

Vista aérea de la zona afectada por la contaminación.

En esta comunidad de la sierra liberteña, lo único que esperan sus pobladores es la presencia del Estado, tanto para fiscalizar como para velar por una actividad minera responsable, que beneficie a todos.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/22/la-libertad-contaminacion-causada-por-minera-afecta-salud-de-pobladores-en-parcoy/?fbclid=IwAR2B8XsC2QyoJ4I9ajJwPyz8FU51pbrMm9lWwE9FWHk0rQ4JYjUnAidNsFg#.XdnzWPcsfMc.facebook

Mexico

Comunidad indígena gana caso y llama a revisar concesiones mineras

El representante de Fundar, Edmundo del Pozo, destacó que se requiere modificar el marco legal que otorga carácter preferente a la actividad minera, por lo que es necesario hacer cambios “más allá de una declaración política”

Comuneros y expertos señalaron que, aunque el actual gobierno ha señalado que no se otorgarán más concesiones a empresas mineras para “saquear” territorios indígenas, es necesario garantizar esa voluntad con modificaciones a la ley minera y revisar los permisos que se dieron en administraciones pasadas.

 

En conferencia de prensa el representante de Fundar, Edmundo del Pozo, destacó que se requiere modificar el marco legal que otorga carácter preferente a la actividad minera, por lo que es necesario hacer cambios “más allá de una declaración política”.

 

Recordó que con el Tratado de Libre Comercio, así como con la implementación de la ley minera en los años 90, hubo apertura y se entregó el territorio a las empresas, por lo que actualmente existen más de 25 mil permisos, es decir un tercio del país está concesionado a la minería.

 

De acuerdo con datos recabados en Fundar, en 2012 se habrían registrado 801 proyectos mineros, mientras en 2018 la cifra fue de mil 531.

 

“El nuevo gobierno ha dicho que no va a dar más concesiones, pero todo lo que ya se tocó en violación de los derechos de los pueblos indígenas ¿qué pasa con relación a eso?”, cuestionó Del Pozo Martínez.

 

Durante la presentación del caso ganado de la comunidad indígena-agraria de San Miguel del Progreso (Juba Wajiín) de la montaña de Guerrero frente al otorgamiento de concesiones mineras a empresas, la experta en derechos de los pueblos indígenas, Magdalena Gómez destacó que se trató de una “justicia por excepción” en la larga lucha de despojos.

 

Además, desde que los comuneros de San Miguel iniciaron su lucha no se centró en el derecho a una consulta, “lo centró en la defensa de su territorio y en la revisión de la inconstitucionalidad de la ley minera”, detalló.

 

Gómez Rivera recalcó que no se trata de tener o no esperanza en el nuevo gobierno para que mejore el tema, sino que de manera concreta se acabe con el duopolio que por años fue “Estado-empresa”.

 

Por otra parte, la lucha que en 2011 emprendió la comunidad de Juba Wajiín en la Montaña de Guerrero para defender su territorio frente al otorgamiento de las concesiones mineras a la empresa Hochschild Méxic fue ganada el 17 de octubre de 2019, cuando el segundo Tribunal Colegiado en materia penal en Acapulco confirmó la nulidad de la declaratoria de libertad de terrenos.

 

“Ante esa resolución ya no procede recurso alguno, por eso es que deja un precedente por lo menos en el ámbito legal, porque ya hay una sentencia firme”, indicó Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, quien resaltó que se trata de la primera resolución de este tipo en la entidad.

 

De acuerdo con la antropóloga y perito del caso Teresa Sierra, de no haberse ganado el caso 80 por ciento de las más de cuatro mil hectáreas de la comunidad habrían sido afectadas, no sólo en riqueza natural sino también cultural, espiritual y emocional.

 

Hizo un reconocimiento a los jueces pues, en su opinión, establecieron sentencias en diferentes niveles “que abrieron una mirada más liberadora, rebasando estos marcos obtusos, en ocasiones racistas, con los que se mira a los pueblos indígenas y a sus derechos, casi siempre subordinados a intereses económicos”.

 

Fuente:https://www.24-horas.mx/2019/11/14/comunidad-indigena-gana-caso-y-llama-a-revisar-concesiones-mineras/?fbclid=IwAR1MSGDX4-dXFj3vhF6l7iKbpxdR9Ysiv05tFiYneoo0VZdYFkDf1LRl8oM

Perú

Tras paralización, comunidades de Espinar logran acuerdos con el Ejecutivo

Una comitiva de alto nivel, encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas, arribó al Centro Poblado Tintaya Marquiri en Espinar, Cusco, el día 19 de noviembre, con el objetivo de sostener una reunión con los representantes de las 13 comunidades originarias del área de influencia directa de la unidad minera Tintaya – Antapaccay que habían iniciado una medida de lucha los días previos.

El titular de la PCM destacó que este espacio de diálogo ha permitido intercambiar opiniones, diagnósticos, responsabilidades y respuestas para alcanzar una articulación entre los tres niveles de gobierno y la población.

Tras más de cinco horas de trabajo, se alcanzaron algunos acuerdos, entre los que destacan la conformación de un grupo de trabajo para la implementación de un fondo de emergencia social, que será liderado por el Gobierno Regional del Cusco.

Asimismo, El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) entregó un informe que explicaría los motivos por los cuales no se realizó el proceso de consulta previa antes de la aprobación del proyecto Tintaya – Antapaccay en el año 2010, lo cual era una de las principales demandas de las comunidades. En el Acta de la reunión se indica que esta omisión por parte del Estado de realizar el proceso de consulta previa aún queda pendiente de ser resuelta.

De igual manera, con relación a la ampliación del proyecto Tintaya – Antapaccay, denominado Proyecto Coroccohuayco, el MINEM anunció que en el plazo de 30 días se iniciarán las acciones para la implementación del proceso de consulta previa respecto a este nuevo proyecto minero, que representa una continuación de la unidad minera Tintaya – Antapaccay. En dicho lapso, este sector trabajará la normativa que corresponda para dicho fin, sin especificar en qué consistirá. Además se conformará una comisión multisectorial para evaluar presuntas afectaciones en el territorio de las 13 comunidades originarias de la provincia de Espinar. Lo que el acta de la reunión no deja en claro es qué se consultará y que se necesita una nueva normativa.

La comisión gubernamental presente en Espinar estuvo integrada también por el Viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina; la Viceministra de Ambiente, Lies Linares; el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rossell; el viceministro de Minas, Augusto Cauti; la alta comisionada para el Corredor Vial Sur, Paola Bustamante, así como representantes del ministerio de Agricultura y Riego y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entre otros.

También estuvo presente el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente; el consejero regional por Espinar, Felipe Pacuri; el alcalde de Espinar, Lolo Arenas; y representantes de las comunidades de Huano Huano, Cala Cala, Huisa, Paco Pata, Tintaya Marquiri, Alto Huancané, Suero y Cama, Huancané Bajo, Alto Huarca, Huarca, Anta Ccollana, Huisa Ccollana y Huini Coroccohuyaco.

Los problemas del Corredor minero

La más reciente medida de lucha se dio la medianoche del 12 de noviembre, cuando 13 comunidades originarias de la provincia cusqueña de Espinar, que se verían afectadas por el proyecto Integración Coroccohuayco, perteneciente a la transnacional suiza Glencore, iniciaron un paro indefinido, exigiendo al Estado que haga valer su derecho a consulta previa. Se reportaron bloqueos en varios puntos del corredor minero del sur en la zona de Espinar.

Cabe recordar que el pasado 08 de noviembre, los dirigentes comunales tuvieron una reunión con altos comisionados del Estado, pero no llegaron a ningún acuerdo, debido a la insistencia de los funcionarios para que este tema lo vea el MINEM.

Las comunidades esperan que en esta oportunidad el Estado finalmente reconozca la omisión del proceso de consulta previa para la aprobación del proyecto Tintaya – Antapaccay en el 2010, exigiendo una compensación económica a la empresa. Asimismo, exigen que se establezca un proceso de consulta para determinar la viabilidad del proyecto de ampliación Coroccohuayco. Es importante resaltar que en la actualidad se encuentra en evaluación por parte del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) la Modificatoria del EIA del Proyecto Coroccohuayco, y una de las principales demandas de las comunidades de la zona (particularmente de la zona de Coroccohuayco) busca que los contenidos del EIA sean discutidos en el marco de la ejecución del proceso de consulta. Sin embargo, las normas sectoriales que desarrollan este derecho para el sector minería, señalan que la consulta previa solo se aplica antes de la autorización del inicio/reinicio de actividades de un proyecto minero, es decir, cuando todos los demás permisos (incluido el EIA) se encuentran aprobados. Diferentes instituciones públicas y privadas, como es el caso de la Defensoría del Pueblo, se han manifestado en desacuerdo con la oportunidad de aplicación de la consulta previa (antes de la aprobación del inicio de operaciones), y demandan que este sea implementada durante el proceso de evaluación de los EIA, pues de lo contrario perdería eficacia y no garantizaría un adecuado ejercicio de este derecho colectivo de los pueblos indígenas.

Es importante que el Estado abra los espacios multiactor para dar una solución integral y permanente a las comunidades de la zona de influencia de la mina en la provincia de Espinar, y mejorar los mecanismos de participación y consulta previa que se han venido implementando hasta la fecha.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/cusco-tras-paralizacion-comunidades-de-espinar-logran-acuerdos-con-el-ejecutivo/?fbclid=IwAR26qNqg7DvKWwR_10FzbAuY1HWNE_KBx5_hy7nGvUZWzxo7CgA6uSmcDKk

Argentina, Bolivia, Chile, Litio

La fiebre del litio amenaza a las culturas indígenas de los desiertos de sal andinos

La extracción de este metal alcalino para las baterías de los coches eléctricos requiere enormes cantidades de agua. Argentina, Bolivia y Chile son los más afectados.

No hace falta ser experto en energía para darse cuenta de que es imperativo buscar alternativas a los combustibles fósiles, entre otras cosas, porque estamos llegando al principio del fin de la producción de petróleo, pero sobre todo porque los efectos destructivos que provocan –agotamiento permanente de fuentes de agua, deforestación, inundaciones, vertidos tóxicos, incendios, huracanes, subida de los niveles del mar,  etc.–  son cada vez más palpables para la mayoría de la población mundial.

Una de las soluciones tecnológicas para paliar los deletéreos efectos de la economía del petróleo es la producción de automóviles eléctricos.  El estado de California, por ejemplo, planea reducir la emisión de gases en un 40% hasta llegar a niveles inferiores a los de 1990. Para ello, proyecta crear una serie de incentivos financieros y de regulaciones que permitan que en el 2030 haya 4.2 millones de autos eléctricos en su parque automovilístico.  En Europa algunos estados como Holanda tienen objetivos incluso más ambiciosos y aspiran a tener un parque automovilístico 100% eléctrico para el 2030.

Con semejantes incentivos estatales, los principales productores de autos mundiales –Ford, Toyota, Nissan, General Motors, BMW, etc.– hace tiempo ya que llevan experimentando con vehículos híbridos y modelos eléctricos, pero ninguna de ellas iguala en ambición ni en grandilocuencia tecno-utópica a la californiana TESLA y a su capitán de industria Elon Musk. Como Steve Jobs en su día, Musk,  portada incluso de revistas de entretenimiento como Rolling Stone,  es idealizado o vilipendiado como el auténtico gurú de una secta que podría salvarnos del apocalipsis ecológico sin renunciar a la comodidad de nuestros vehículos utilitarios. De las paredes de la gigafactory de Tesla en Nevada cuelga un cartel enorme que reza: “Para acelerar la transición mundial a la energía sustentable”.

TESLA produce automóviles eléctricos de lujo con la promesa de alcanzar niveles de producción masivos y precios al alcance de las clases medias. Pero, como el iphone en su día, los automóviles TESLA son mucho más que un automóvil: son el futuro, “un sueño hecho realidad”, como le escuché decir a una de sus usuarias californianas. Los modelos TESLA poseen, entre otras cosas, reconocimiento facial , capacidad de estacionarse automáticamente y, eventualmente, autonomía para operar sin control humano. Además de sus vehículos eléctricos, Musk ha producido en Australia la batería de litio más grande del mundo con 100 megavatios de potencia para abastecimiento eléctrico doméstico, planea fabricar camiones eléctricos para el transporte de mercancías pesadas e incluso lanzar automóviles que alcancen la luna.

Con estos mimbres resulta casi imposible restarse al optimismo tecnológico que promueve Musk, o, si no se comparte su visión futurista, al menos no reconocer la necesidad de iniciar lo antes posible una transición hacia el uso de energías alternativas al petróleo, a ser posible renovables y más limpias. Sin embargo, antes de aceptar las nuevas soluciones tecnológicas que se nos ofrecen, deberíamos, por una cuestión de ética esencial, preguntarnos de dónde vienen los materiales que hacen posible el uso de estas nuevas energías en la producción de vehículos limpios.

En este caso la pregunta puede ser bastante simple y, a la vez, bastante esquiva. La funcionalidad de los vehículos eléctricos depende de la capacidad de fabricar baterías relativamente livianas. Hoy por hoy esto se consigue fabricando baterías de litio, las mismas que también hacen posible que la batería de nuestros celulares y computadores funcione sin estar conectada a una fuente de red.  La pregunta entonces es: ¿De dónde viene el litio y qué efectos tiene su minería en las comunidades donde opera?

El litio está bastante concentrado en ciertas áreas geográficas. Hay litio en roca en Australia, en Carolina del Norte (Estados Unidos) y en algunos lugares de China, pero la forma más barata de extraer litio es mediante evaporación en salares (lagos de sal formados tras un prolongado periodo de erupción volcánica). Hay salares en Tíbet y en Nevada (Estados Unidos), pero la mayoría de las reservas mundiales de litio –entre el 80% y el 85% dependiendo de los expertos—están en una zona transandina que se extiende a través de las fronteras de Argentina, Bolivia y Chile e incluye los salares de Atacama (Chile), Hombre Muerto, Olaroz y Salinas Grandes (Argentina) y Uyuni y Coipasa (Bolivia) entre otros muchos de menor tamaño. Se trata de cuencas endorréicas (cerradas al flujo de los ríos y otros cauces de agua) que oscilan entre los 2,400 y los 4,000 metros de altitud y que presentan índices de precipitación muy bajos y de radiación muy altos. O dicho más prosaicamente: hace mucho calor en el día, mucho frío en la noche y hay muy poco agua para la vida en general.

La revista Forbes, que rebautizó la zona con el nombre de «Arabia Saudí del Litio», describe en estos términos el Salar del Atacama:

«Nada crece en el corazón del Salar de Atacama, esta antigua cuenca lacustre, 700 millas al norte de Santiago, debe ser el lugar más seco del planeta, una tierra baldía, cubierta de una costra de rocas de sal que se parece a una plasta de vaca […]. Si no fuera por la preciosa salmuera que burbujea 130 pies por debajo de la superficie, los humanos se mantendrían alejados del Salar de Atacama».

Se trata de un gesto típicamente colonial: ver el territorio vacío para evitar hacerse cargo de los potenciales impactos ambientales y humanos que pueda causar la actividad emprendida por un agente foráneo como la minería del litio. Sin embargo, si el periodista de Forbes hubiera sido un poco menos bárbaro, se hubiera informado de que en los oasis que bordean el Salar de Atacama viven comunidades indígenas, según el registro arqueológico, al menos desde el 8,000 AD. De hecho, el pueblo atacameño o Lickan Antay –gente de la tierra en kunza, su lengua– fue capaz de levantar toda una civilización en mitad del desierto más árido del mundo, domesticar la llama y otros camélidos para utilizarlos en sus largas caravanas transandinas, emplear el fruto del chañar y del algarrobo (dos de los pocos árboles que crecen en estos parajes) para aportar proteína a su dieta y fabricar “aloha”, un licor utilizado en ceremonias y ritos. En los Oasis del Salar de Atacama se cosecha hoy alfalfa, maíz, papas y habas; en sus huertos sigue habiendo árboles frutales que reciben agua a través de un escrupuloso sistema de uso comunal del agua que convive con el turismo ecológico y otros emprendimientos comunitarios. Y por si todo eso fuera poco además han sobrevivido a las distintas olas de colonialismo desde la llegada de los españoles hasta el presente.

Por eso, las malas noticias para los inversionistas de Forbes y para el optimismo tecnológico del norte es que, lejos de ser una tierra baldía, el Salar de Atacama, como el resto de territorios del llamado triángulo suramericano del litio, sigue habitado por las comunidades ancestrales Aymara, Quechua, Kolla y Lickan Antay que son, según derecho consuetudinario, los legítimos dueños del territorio, los que lo siguen haciendo florecer respetando sus ciclos de regeneración mediante todo un sistema ritual de pagos a la tierra y respeto a la naturaleza.

A diferencia de los occidentales, estos pueblos indígenas, que se consideran los herederos directos de los Incas, no ven la naturaleza como un objeto exterior a ellos del que pueden disponer a capricho o destruir, sino como un ser vivo. Verónica Chávez, de la comunidad de Santuario de Tres Pozos en Salinas Grandes (Argentina), cuenta que el Salar es un ser vivo con sus venas de agua y sus ciclos de regeneración que atraviesan la estación de las lluvias hasta secarse y hacer brotar la sal que se cosecha después, en la estación seca, como una planta más. Por eso cuando llegaron las mineras del litio a explotar el Salar, el efecto en ella fue demoledor: “Por lo que yo vi, era que gente venía sin conocimiento, no les importaba nada el destrozo de nuestra Mamita Pacha, le tiraban ácido, le rompían la venita de agua, ¡hacían todo un desastre! Y para mí es un dolor eso, porque ella es una mamita para mí, a una madre no se le hace eso”.

Conviene, no obstante, no idealizar ni romantizar a los pueblos indígenas de los salares. En la cuenca de Salinas Grandes, Argentina, han logrado parar, de momento, la explotación del litio, pero unos kilómetros más al este, en Olaroz y Laguna Guayatayoc, las comunidades Lickan Antay han firmado un acuerdo con la minera Orocobre (proveedor principal de litio para Toyota). Lo mismo sucede en el Salar de Atacama donde la norteamericana Rockwood Lithium, subsidiaria del gigante minero Abermale, tiene convenio con la mayoría de comunidades indígenas. A veces estos convenios se firman por intereses, porque las comunidades tienen necesidades de infraestructura o fuentes adicionales de ingresos y, otras veces, se hace a regañadientes, porque si van a sacar el mineral de la tierra es mejor que quede algo en las comunidades. Pero en todos los casos, los pueblos indígenas quieren lo mismo: que se aplique el convenio 169 de la OIT, que haya consulta previa, libre e informada; en el caso de la cuenca de Salinas grandes, sus 33 comunidades incluso tienen un protocolo llamado Kachi Yupi, huellas de sal en quechua, que estipula cómo llevar a cabo esta consulta.

La realidad, sin embargo, no parece dispuesta a respetar la voluntad de estos pueblos indígenas. La presión que ya existía sobre el litio se está incrementando exponencialmente porque si para una batería de teléfono móvil hacían falta 3 gramos de litio, para un auto eléctrico hacen falta casi 20 kilos, más de 50 si se trata de uno de los rutilantes modelos de TESLA.

Con el cambio de ciclo político en Argentina y Chile parece que se han abierto las puertas definitivamente para la explotación sin límites del llamado oro blanco de los salares. Mauricio Macri en Argentina está otorgando licencias de explotación sin consultas y sin muchas cortapisas, hay en la actualidad hasta 63 proyectos aprobados en las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja. Del mismo modo, en Chile, con la llegada de Sebastián Piñera al poder, la minera SQM –una de las más corruptas de la región, privatizada durante la dictadura de Pinochet y vendida a su yerno Julio Ponce Lerou, envuelto hoy en escándalos de financiación política ilegal– acaba de llegar a un acuerdo con el Estado chileno para retomar y aumentar la explotación de litio en el Salar de Atacama. Paralelamente, Elon Musk visita clandestinamente el país para explorar la posibilidad de abrir una megafábrica de baterías de litio en Chile con gran regocijo de las clases dirigentes.

Estos movimientos entre bambalinas, sin duda, hacen que las comunidades indígenas se sientan amenazadas. Saben que la minería del litio extrae grandes cantidades de salmuera y agua que luego se secan al sol en mega piscinas, son conscientes de que viven en cuencas cerradas cuyas fuentes de agua están interconectadas y pueden llegar a secarse definitivamente haciendo la vida en el salar inviable. Como explica Sandra Flores, de la comunidad de Coyo en Atacama, esta posibilidad se vive como un potencial genocidio cultural. En sus propias palabras:

La extracción de este metal alcalino para las baterías de los coches eléctricos requiere enormes cantidades de agua. Argentina, Bolivia y Chile son los más afectados.

No hace falta ser experto en energía para darse cuenta de que es imperativo buscar alternativas a los combustibles fósiles, entre otras cosas, porque estamos llegando al principio del fin de la producción de petróleo, pero sobre todo porque los efectos destructivos que provocan –agotamiento permanente de fuentes de agua, deforestación, inundaciones, vertidos tóxicos, incendios, huracanes, subida de los niveles del mar,  etc.–  son cada vez más palpables para la mayoría de la población mundial.

Una de las soluciones tecnológicas para paliar los deletéreos efectos de la economía del petróleo es la producción de automóviles eléctricos.  El estado de California, por ejemplo, planea reducir la emisión de gases en un 40% hasta llegar a niveles inferiores a los de 1990. Para ello, proyecta crear una serie de incentivos financieros y de regulaciones que permitan que en el 2030 haya 4.2 millones de autos eléctricos en su parque automovilístico.  En Europa algunos estados como Holanda tienen objetivos incluso más ambiciosos y aspiran a tener un parque automovilístico 100% eléctrico para el 2030.

Con semejantes incentivos estatales, los principales productores de autos mundiales –Ford, Toyota, Nissan, General Motors, BMW, etc.– hace tiempo ya que llevan experimentando con vehículos híbridos y modelos eléctricos, pero ninguna de ellas iguala en ambición ni en grandilocuencia tecno-utópica a la californiana TESLA y a su capitán de industria Elon Musk. Como Steve Jobs en su día, Musk,  portada incluso de revistas de entretenimiento como Rolling Stone,  es idealizado o vilipendiado como el auténtico gurú de una secta que podría salvarnos del apocalipsis ecológico sin renunciar a la comodidad de nuestros vehículos utilitarios. De las paredes de la gigafactory de Tesla en Nevada cuelga un cartel enorme que reza: “Para acelerar la transición mundial a la energía sustentable”.

TESLA produce automóviles eléctricos de lujo con la promesa de alcanzar niveles de producción masivos y precios al alcance de las clases medias. Pero, como el iphone en su día, los automóviles TESLA son mucho más que un automóvil: son el futuro, “un sueño hecho realidad”, como le escuché decir a una de sus usuarias californianas. Los modelos TESLA poseen, entre otras cosas, reconocimiento facial , capacidad de estacionarse automáticamente y, eventualmente, autonomía para operar sin control humano. Además de sus vehículos eléctricos, Musk ha producido en Australia la batería de litio más grande del mundo con 100 megavatios de potencia para abastecimiento eléctrico doméstico, planea fabricar camiones eléctricos para el transporte de mercancías pesadas e incluso lanzar automóviles que alcancen la luna.

Con estos mimbres resulta casi imposible restarse al optimismo tecnológico que promueve Musk, o, si no se comparte su visión futurista, al menos no reconocer la necesidad de iniciar lo antes posible una transición hacia el uso de energías alternativas al petróleo, a ser posible renovables y más limpias. Sin embargo, antes de aceptar las nuevas soluciones tecnológicas que se nos ofrecen, deberíamos, por una cuestión de ética esencial, preguntarnos de dónde vienen los materiales que hacen posible el uso de estas nuevas energías en la producción de vehículos limpios.

En este caso la pregunta puede ser bastante simple y, a la vez, bastante esquiva. La funcionalidad de los vehículos eléctricos depende de la capacidad de fabricar baterías relativamente livianas. Hoy por hoy esto se consigue fabricando baterías de litio, las mismas que también hacen posible que la batería de nuestros celulares y computadores funcione sin estar conectada a una fuente de red.  La pregunta entonces es: ¿De dónde viene el litio y qué efectos tiene su minería en las comunidades donde opera?

El litio está bastante concentrado en ciertas áreas geográficas. Hay litio en roca en Australia, en Carolina del Norte (Estados Unidos) y en algunos lugares de China, pero la forma más barata de extraer litio es mediante evaporación en salares (lagos de sal formados tras un prolongado periodo de erupción volcánica). Hay salares en Tíbet y en Nevada (Estados Unidos), pero la mayoría de las reservas mundiales de litio –entre el 80% y el 85% dependiendo de los expertos—están en una zona transandina que se extiende a través de las fronteras de Argentina, Bolivia y Chile e incluye los salares de Atacama (Chile), Hombre Muerto, Olaroz y Salinas Grandes (Argentina) y Uyuni y Coipasa (Bolivia) entre otros muchos de menor tamaño. Se trata de cuencas endorréicas (cerradas al flujo de los ríos y otros cauces de agua) que oscilan entre los 2,400 y los 4,000 metros de altitud y que presentan índices de precipitación muy bajos y de radiación muy altos. O dicho más prosaicamente: hace mucho calor en el día, mucho frío en la noche y hay muy poco agua para la vida en general.

La revista Forbes, que rebautizó la zona con el nombre de «Arabia Saudí del Litio», describe en estos términos el Salar del Atacama:

«Nada crece en el corazón del Salar de Atacama, esta antigua cuenca lacustre, 700 millas al norte de Santiago, debe ser el lugar más seco del planeta, una tierra baldía, cubierta de una costra de rocas de sal que se parece a una plasta de vaca […]. Si no fuera por la preciosa salmuera que burbujea 130 pies por debajo de la superficie, los humanos se mantendrían alejados del Salar de Atacama».

Se trata de un gesto típicamente colonial: ver el territorio vacío para evitar hacerse cargo de los potenciales impactos ambientales y humanos que pueda causar la actividad emprendida por un agente foráneo como la minería del litio. Sin embargo, si el periodista de Forbes hubiera sido un poco menos bárbaro, se hubiera informado de que en los oasis que bordean el Salar de Atacama viven comunidades indígenas, según el registro arqueológico, al menos desde el 8,000 AD. De hecho, el pueblo atacameño o Lickan Antay –gente de la tierra en kunza, su lengua– fue capaz de levantar toda una civilización en mitad del desierto más árido del mundo, domesticar la llama y otros camélidos para utilizarlos en sus largas caravanas transandinas, emplear el fruto del chañar y del algarrobo (dos de los pocos árboles que crecen en estos parajes) para aportar proteína a su dieta y fabricar “aloha”, un licor utilizado en ceremonias y ritos. En los Oasis del Salar de Atacama se cosecha hoy alfalfa, maíz, papas y habas; en sus huertos sigue habiendo árboles frutales que reciben agua a través de un escrupuloso sistema de uso comunal del agua que convive con el turismo ecológico y otros emprendimientos comunitarios. Y por si todo eso fuera poco además han sobrevivido a las distintas olas de colonialismo desde la llegada de los españoles hasta el presente.

Por eso, las malas noticias para los inversionistas de Forbes y para el optimismo tecnológico del norte es que, lejos de ser una tierra baldía, el Salar de Atacama, como el resto de territorios del llamado triángulo suramericano del litio, sigue habitado por las comunidades ancestrales Aymara, Quechua, Kolla y Lickan Antay que son, según derecho consuetudinario, los legítimos dueños del territorio, los que lo siguen haciendo florecer respetando sus ciclos de regeneración mediante todo un sistema ritual de pagos a la tierra y respeto a la naturaleza.

A diferencia de los occidentales, estos pueblos indígenas, que se consideran los herederos directos de los Incas, no ven la naturaleza como un objeto exterior a ellos del que pueden disponer a capricho o destruir, sino como un ser vivo. Verónica Chávez, de la comunidad de Santuario de Tres Pozos en Salinas Grandes (Argentina), cuenta que el Salar es un ser vivo con sus venas de agua y sus ciclos de regeneración que atraviesan la estación de las lluvias hasta secarse y hacer brotar la sal que se cosecha después, en la estación seca, como una planta más. Por eso cuando llegaron las mineras del litio a explotar el Salar, el efecto en ella fue demoledor: “Por lo que yo vi, era que gente venía sin conocimiento, no les importaba nada el destrozo de nuestra Mamita Pacha, le tiraban ácido, le rompían la venita de agua, ¡hacían todo un desastre! Y para mí es un dolor eso, porque ella es una mamita para mí, a una madre no se le hace eso”.

Conviene, no obstante, no idealizar ni romantizar a los pueblos indígenas de los salares. En la cuenca de Salinas Grandes, Argentina, han logrado parar, de momento, la explotación del litio, pero unos kilómetros más al este, en Olaroz y Laguna Guayatayoc, las comunidades Lickan Antay han firmado un acuerdo con la minera Orocobre (proveedor principal de litio para Toyota). Lo mismo sucede en el Salar de Atacama donde la norteamericana Rockwood Lithium, subsidiaria del gigante minero Abermale, tiene convenio con la mayoría de comunidades indígenas. A veces estos convenios se firman por intereses, porque las comunidades tienen necesidades de infraestructura o fuentes adicionales de ingresos y, otras veces, se hace a regañadientes, porque si van a sacar el mineral de la tierra es mejor que quede algo en las comunidades. Pero en todos los casos, los pueblos indígenas quieren lo mismo: que se aplique el convenio 169 de la OIT, que haya consulta previa, libre e informada; en el caso de la cuenca de Salinas grandes, sus 33 comunidades incluso tienen un protocolo llamado Kachi Yupi, huellas de sal en quechua, que estipula cómo llevar a cabo esta consulta.

La realidad, sin embargo, no parece dispuesta a respetar la voluntad de estos pueblos indígenas. La presión que ya existía sobre el litio se está incrementando exponencialmente porque si para una batería de teléfono móvil hacían falta 3 gramos de litio, para un auto eléctrico hacen falta casi 20 kilos, más de 50 si se trata de uno de los rutilantes modelos de TESLA.

Con el cambio de ciclo político en Argentina y Chile parece que se han abierto las puertas definitivamente para la explotación sin límites del llamado oro blanco de los salares. Mauricio Macri en Argentina está otorgando licencias de explotación sin consultas y sin muchas cortapisas, hay en la actualidad hasta 63 proyectos aprobados en las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja. Del mismo modo, en Chile, con la llegada de Sebastián Piñera al poder, la minera SQM –una de las más corruptas de la región, privatizada durante la dictadura de Pinochet y vendida a su yerno Julio Ponce Lerou, envuelto hoy en escándalos de financiación política ilegal– acaba de llegar a un acuerdo con el Estado chileno para retomar y aumentar la explotación de litio en el Salar de Atacama. Paralelamente, Elon Musk visita clandestinamente el país para explorar la posibilidad de abrir una megafábrica de baterías de litio en Chile con gran regocijo de las clases dirigentes.

Estos movimientos entre bambalinas, sin duda, hacen que las comunidades indígenas se sientan amenazadas. Saben que la minería del litio extrae grandes cantidades de salmuera y agua que luego se secan al sol en mega piscinas, son conscientes de que viven en cuencas cerradas cuyas fuentes de agua están interconectadas y pueden llegar a secarse definitivamente haciendo la vida en el salar inviable. Como explica Sandra Flores, de la comunidad de Coyo en Atacama, esta posibilidad se vive como un potencial genocidio cultural. En sus propias palabras:

“[Explotar el litio] es terminar con una parte de la humanidad y lo que es la cultura. Eso creo que sería como…trágico, o sea… como decir tú puedes matar a la otra persona y lo matas y listo. Para mí eso es trágico, para mí sería eso, traer algo grande para que mate a los pequeños, eso sería como lo trágico, lo terrible. Es… extinguir una cultura, matarla. Qué ha costado harto vivir en este desierto, es difícil, no es fácil, y… lo hemos podido conservar muchos años… Pero no tenemos las armas para poderlo seguir cuidando, no tenemos. Si el gobierno prefiere el litio, no tenemos nada más que hacer, porque no podemos luchar con algo tan grande.  […] Pero si la luchamos, si la gente se preocupa de poder conservar el agua…”.

Es evidente que necesitamos alternativas al petróleo, pero también pensar en los desafíos que presentan esas nuevas tecnologías y hacernos preguntas incómodas: ¿podemos simplemente sustituir los autos que funcionan con hidrocarburos por autos eléctricos? ¿Qué papel debe cumplir el transporte colectivo y público en la lucha contra el calentamiento global? ¿Existen alternativas al litio como por ejemplo la batería de sodio? ¿Impiden la minería transnacional y los inversores financieros la búsqueda de alternativas al litio? ¿Estamos dispuestos a facilitar con nuestros patrones de consumo la destrucción de ecosistemas de gran complejidad y diversidad como los de los salares? ¿Queremos asumir éticamente la destrucción de culturas milenarias y modos de vida y gestión de lo social alternativos al modo de vida occidental?

 

Fuente:https://kaosenlared.net/la-fiebre-del-litio-amenaza-a-las-culturas-indigenas-de-los-desiertos-de-sal-andinos-video/?fbclid=IwAR17vWoorsisFm5QrLDuBTq_k8DYYZvT3hnDT4vvCmO9OVdcErkjrOm_hJ8

Internacional

Desechos radiactivos en Kyrgyzstan ponen en riesgo a millones de personas.

La Comisión Europea y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) informó que los vertederos de uranio cerca de la ciudad de Mailuu-Suu, descuidados por décadas por la Unión Soviética y luego Kyrgyzstan, deben reforzarse con urgencia. El objetivo es evitar que desechos radiactivos caigan en una quebrada, contaminando el suministro de agua del valle de Ferghana en el que viven 14 millones de personas. La explotación de uranio se realizó entre 1946 y 1968, produciendo más de 2 millones de metros cúbicos de relaves. Una ruptura del dique de colas en 1958 originó la contaminación del lugar, relacionándolo con una mayor incidencia de cáncer que el promedio nacional.

 

En Mailuu-suu, grupos ecologistas advirtieron sobre el peligro que corren millones de personas, debido a la posibilidad de que miles de toneladas de desechos radiactivos caigan en una quebrada en la zona de Asia Central, contaminando el suministro de agua de todo el valle de Ferghana.

La Comisión Europea y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) informó que los vertederos de uranio cerca de la ciudad de Mailuu-Suu, descuidados por décadas por la Unión Soviética y luego Kyrgyzstan, deben reforzarse con urgencia para evitar desastres. Indicaron, además, que están recaudando fondos para el proyecto.

“Hay 14 millones de personas en el valle de Ferghana y, en caso de desastre natural, el agua puede arrastrar los relaves al río Naryn (Syr Darya), lo que sería una tragedia para todo el valle”, expresó Bolotbek Karimov, investigador ambiental en Osh, en el sur de Kyrgyzstan, según una publicación de la agencia de noticias Reuters.

Historia

El área se conocía como Casilla 200 y se fundó en 1946 bajo un programa secreto de minería de uranio soviético que empleaba prisioneros de facto: personas de etnias políticamente sospechosas como alemanes y exsoldados del Ejército Rojo declarados culpables de rendirse en la Segunda Guerra Mundial.

En 1968, cuando terminaron las operaciones mineras en el área, habían producido más de dos millones de metros cúbicos de relaves, o vertederos de minas, que fueron rápidamente enterrados en las laderas de las montañas a lo largo del río Mailuu-Suu.

El peligro se presenta ante la posibilidad de que los desechos lleguen al río que desemboca en el valle de Ferghana, una de las zonas más densamente pobladas de Asia Central, ahora dividida entre Kyrgyzstán, Uzbekistán y Tayikistán. En 1958, una presa en uno de los relaves colapsó tras fuertes lluvias y un terremoto, liberando miles de toneladas de desechos radiactivos.

En aquel momento, la Unión Soviética evitó publicar un informe detallado de evaluación de daños sobre el incidente, pero ambientalistas denuncian que no solo envenenó personas, ganado y peces, sino que también contaminó los arrozales río abajo. Ese evento ilustra lo que podría pasarle al valle de Ferghana: las tasas de cáncer de la ciudad son un 50% más altas que el promedio nacional.

Por otro lado, el Poder Legislativo de Kyrgyzstan aprobó un proyecto de ley sobre la prohibición de extraer uranio y torio en la república.

 

Fuente:https://noalamina.org/mundo/asia/item/43219-desechos-radiactivos-en-kyrgyzstan-ponen-en-riesgo-a-millones-de-personas?fbclid=IwAR2U4BYjMa3L2n92KjECVbt3DAUtGJ93kRY2L-RB4yH0BFC1PK-ISzvUEQQ

Honduras

En Consulta Soberana Namasigüe, Choluteca rechaza proyectos mineros y fotovoltaicos

A través de una consulta soberana realizada el domingo 17 de noviembre, la población de Namasigüe, Choluteca, al sur de Honduras, dejó clara su postura de rechazar los proyectos extractivos; las concesiones mineras y los parques fotovoltaicos.

Con un padrón electoral de 15,860 votantes, todos mayores de 18 años, el 97% de la población, es decir; 11,673 personas rechazaron rotundamente las mineras y fotovoltaicas. A favor de los proyectos votó únicamente el 1%, lo que equivale a 78 votos. 150 en blanco y 91 nulos. Para un total de participación de 11,992 personas.

Félix Pedro Pastrana, líder comunitario y director de la radio comunitaria Namasigüe, calificó como exitoso el ejercicio soberano. Explicó que, ahora se inicia un proceso donde se solicitará a la alcaldía municipal que de alguna forma valide la decisión expresada en la consulta. Además de iniciar acciones para que, a nivel central, se tomen decisiones encaminadas a proteger los bienes naturales del municipio.

“Este resultado es muy importante para nuestras comunidades, porque se ve reflejada la opinión de la ciudadanía que rechaza las mineras y fotovoltaicas. Esperamos que este sea el inicio para que nuestra palabra se respete por las autoridades.

Las mineras y las fotovoltaicas únicamente han traído contaminación, destrucción, muerte y división en las comunidades. Estos proyectos son los responsables de que año con año nuestras fuentes de agua se contaminen y en casos extremos desaparezcan”, expresa el líder comunitario.

Consultas

Las consultas ciudadanas se han convertido en una alternativa para que la población opine sobre sus bienes naturales. Desde el 2016, 8 municipios del país han desarrollado las encuestas soberanas.

Carlos Padilla, representante del Centro Hondureño para el Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC, dice que los procesos han sido bastante fructíferos y han permitido desarrollar estrategias de lucha una vez se ha concluido con las consultas. Señala que, el simple hecho que las convocatorias sean masivas, significa un mensaje para las autoridades, quienes deben tomar en cuenta la opinión de las comunidades que se ven afectadas por los proyectos de muerte.

“Los resultados de las consultas son muy importantes, porque a corto plazo son un instrumento para obligar a las municipalidades a tomar decisiones. En El Triunfo, Choluteca y la Unión, Olancho, sirvieron para convocar a un cabildo abierto donde los resultados fueron ratificados por la población”, recuerda Padilla.

El experto dice que, el pueblo tiene derecho a ser consultado. Además, señala qué el origen de los conflictos socio ambientales en el país es la falta de consulta a la ciudadanía.

La primera consulta ciudadana realizada fue desarrollada en Santa Elena, departamento de La Paz, con el tema de las hidroeléctricas y el catastro.  Luego en San José del Potrero y Minas de Oro, en el departamento de Comayagua, con una consulta de sobre la minería. En Nahuaterique, La Paz, la población fue consultada si estaba de acuerdo con ser declarado como el municipio número 20 del departamento de La Paz. En la Unión, Olancho y El Triunfo, Choluteca se consultó sobre la minería y en el municipio de El Porvenir, Atlántida la ciudadanía fue consultada sobre las hidroeléctricas.

Amenazas en el sur

La minería y las fotovoltaicas nos son la única amenaza que tienen las comunidades en el sur de Honduras. El monocultivo de la ocra, melón, plantaciones de caña de azúcar y la entrega del territorio para la construcción de las Zonas Especiales de Desarrollo, (ZEDES), forman parte de la problemática que agobia a la ciudadanía.

La instalación de empresas extractivas golpea con fuerza a la población de Choluteca y Valle, que ancestralmente se han dedicado a la pesca y cultivo de granos básicos para sobrevivir. Esta zona está plagada de empresas camaroneras, agroindustriales, fotovoltaicas y mineras que con el aval del gobierno extraen las riquezas de la zona dejando a la gente sumergida en la miseria.

La implementación del modelo extractivo avanza a pesar de la oposición de las comunidades, quienes denuncian los daños ambientales y sociales que se presentan en sus regiones. Una clara muestra de esa apuesta gubernamental es la implementación de un parque minero industrial en la zona sur de Honduras, una región que ha pagado con sangre y miseria la extracción de los minerales.

 

Fuente:https://wp.radioprogresohn.net/en-consulta-soberana-namasigue-choluteca-rechaza-proyectos-mineros-y-fotovoltaicos/

Ecuador

En ocho meses, 29 accidentes graves en industria minera en Ecuador

En estos ocho meses se han registrado 29 accidentes fatales y graves dentro de la industria minera. Según el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, esta situación es inadmisible y se debe a que “no hay formalmente requisitos de seguridad y salud ocupacional acordes al volumen y al tamaño de la minería actual”.

El 4 de agosto murieron cuatro personas en una explosión en una mina en Portobelo (El Oro). Un poco antes, un obrero falleció en un accidente laboral en el proyecto Mirador, en Zamora Chinchipe.

La inseguridad se ve reforzada por la falta de coordinación entre el Ministerio del Trabajo y la Unidad de Riesgo del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). “Estamos construyendo una normativa que supere las fallas”, aseveró Benalcázar.

Frente de Mirador, suspendido
El más reciente ocurrió el 24 de octubre, en el túnel en construcción para la protección del río Tundayme, dentro de la relavera principal de Mirador. El afectado estaba, según la versión oficial, durmiendo en el túnel mientras había actividades. Una retroexcavadora dio retro y le aplastó las dos piernas.

Debido a esto, un frente de trabajo del proyecto está suspendido indefinidamente hasta que la subcontratista y la empresa Ecuacorriente presenten un plan de acción para evitar incidentes.

La Hora consultó a Ecuacorriente sobre su versión y las medidas que deben implementar para que se levante la sanción, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. (JS)

 

Fuente:https://lahora.com.ec/noticia/1102287494/en-ocho-meses-29-accidentes-graves-en-industria-minera-en-ecuador-?fbclid=IwAR124dQJ-8PKUIfACa4ruThkXWJo_yOzQo5OVRbCLNBAp-TLv8HC2zKK1bM#.XdYIWb23TME.facebook

Internacional

Minerales en conflicto: poca legislación y menos control

Son minerales cuya extracción se relaciona directamente con violaciones de derechos humanos. Buena parte de los beneficios económicos que se obtienen a lo largo de su cadena de extracción, transporte y comercio financiarían conflictos violentos como guerras, trabajo infantil, esclavitud y sirven para el lavado de dinero. Además, se considera que los países o áreas que pueden ser afectadas por estos conflictos poseen recursos minerales que tienen una alta demanda local, regional o global.

La Unión Europea reconoce como “minerales en conflicto” tan sólo al tantalio, al estaño, al wolframio y al oro (conocidos también como 3TG por sus siglas en inglés). Desde su punto de vista, la extracción de estos minerales supone destrucción ambiental y desmantelamiento de las economías locales de algunos países.

La responsabilidad de las empresas

Hace muchos años se hizo notoria la necesidad de contar con legislación relativa al abastecimiento de ciertas materias primas para la Unión Europea en regiones con conflictos y de exigir a las empresas que se hagan responsables de los riesgos que involucran sus cadenas de abastecimiento en términos de contaminación, destrucción y violaciones de derechos fundamentales.

Las industrias que utilizan materias primas abarcan un espectro amplio. El cambio climático y el cuestionamiento a las energías fósiles dan paso a nuevos usos para las materias primas. Para afrontar el cambio, necesitamos enormes cantidades de cada vez más materias primas metálicas y minerales para fabricar toda la estructura y aparatos que requiere la puesta en funcionamiento de las energías renovables. Lo mismo sucede con la digitalización. Estos sectores se suman a los usos de materias primas y energía en industrias más tradicionales como la automotriz, la aeroespacial y la de defensa, las telecomunicaciones, todo tipo de maquinaria pesada, etc.

El uso final que se da a estos minerales, no cambia sin embargo la naturaleza destructiva de su extracción minera.

Legislación para un mayor control sobre el aprovisionamiento de minerales

Los Estados Unidos cuentan desde 2010 con la ley de transparencia conocida como Dod Frank Act que obliga a las empresas estadounidenses y a sus proveedores a realizar verificaciones sobre la procedencia y conflictos relacionados con los mismos metales 3TG en su cadena de suministro i, en la República Democrática del Congo, República Centroafricana Sudan, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola, Congo.

Existe también el llamado Proceso Kimberly de certificación, que se refiere específicamente a la extracción y comercio de diamantes. Si estos provienen de zonas en conflicto, no pueden entrar a los Estados Unidos.

En cuanto al ámbito internacional, existe una guía de diligencia debida voluntaria dirigida a las empresas del sector extractivo, elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE que constituye el estándar internacional actual para un abastecimiento responsable de minerales y a la que han adherido los gobiernos de la UE. Y que por cierto, pocas o ninguna empresa europea aplican seriamente ii. Lo mismo sucede con los Principios Rectores de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos UNGPs aprobados por unanimidad en 2011 que responsabilizan a las empresas de asegurarse de que sus actividades no financien daños y abusos.

La UE se encuentra con en este ámbito por detrás de los Estados Unidos.

Pero gracias a una activa campaña en Europa sobre las circunstancias que rodean a los “minerales de conflicto”, hay nueva legislación que apunta a evitar que las empresas europeas o con sede en la Unión Europea financien con la extracción, comercialización y suministro iii de estos minerales las armas que se utilizan en zonas de conflicto. Tal legislación entrará en vigor el 1 de enero de 2021, para que las empresas “tengan tiempo de adaptarse a las nuevas normas”.

Por ser la primera normativaque existe en Europa sobre el tema, es un gran paso adelante. Pero tiene problemas.

Críticas a la legislación por insuficiente

En principio la nueva legislación europea sobre minerales en conflicto busca diligencia debida, es decir, un comercio “responsable” de minerales procedentes de zonas en conflicto, pero la misma no garantizará nada. No hay que pasar por alto que el lobby de la industria minera estuvo detrás de la Comisión para que la propuesta sea limitada y débil.

La auto-regulación de los mercados de materias primas no es una buena idea

No significa un avance real, pues al igual que la guía de la OCDE en la que también se referencia la nueva legislación europea sobre los minerales en conflicto es voluntaria. No obliga a las empresas a informar a la UE de sus cadenas de extracción y distribución. Pero sin obligación continuará habiendo comercio de minerales en conflicto en Europa. Esta ley puede tornarse en un instrumento inútil.

No abarca todas las materias primas, ni toda la cadena de abastecimiento, ni a todas las regiones conflictivas o potencialmente conflictivas.

Entonces, afecta a un número limitado de empresas, sólo a aquellas que importen algunos metales y minerales procesados y no procesados (brutos) al mercado europeo.

Se limita a los cuatro minerales llamados en conflicto, sin abarcar un rango más amplio de materias primas que también se encuentran en el centro de graves conflictos. Es decir, en otras regiones también hay conflictos con la extracción de otras materias primas que no están considerados en absoluto en esta Regulación.

La obligación de los estados de proteger los derechos humanos es muy débil

Las y los consumidores europeos no obtienen ninguna garantía real de no estar favoreciendo la violencia, inestabilidad y el abuso de los derechos humanos al dejar la puerta abierta a que se siga comerciando con minerales que financian grupos armados, trabajos forzados, etc. en esos países.

En algunos de los países de origen de las materias primas carecen de mecanismos de control

Por muy buena voluntad con la que se elabore la ley europea, lo que establece puede no tener ningún efecto en los países en los que se dan los conflictos (lo mismo sucede con similar legislación relativa a las importaciones de madera tropical). Hay que destacar que varios países africanos, como República Democrática del Congo y Ruanda cuentan con legislación específica sobre las cadenas de suministro de las empresas.

La intensidad del conflicto: cómo se decide lo que es aceptable y lo que no

Se está entonces estableciendo que los minerales y metales han de proceder únicamente de “fuentes no conflictivas” y se describen como conflictos hechos como guerras cruentas, trabajo infantil, esclavitud, corrupción y otros. Pero más allá de posibles causalidades contempladas, la actividad minera es causa de un espectro amplísimo y una lista interminable de conflictos graves no considerados que incluyen grados menores o no reconocidos de los anteriores, como corrupción, y también amenazas e intimidaciones, criminalización, desplazamiento, etc. y en los que están involucradas empresas europeas y la propia Unión Europea con sus políticas, diplomacia y cooperación al desarrollo,

Queda abierta la pregunta de qué es exactamente un “conflicto” y quién determina y cómo si este conflicto existe o no. Hay que tener en cuenta que cada vez existen más conflictos mineros a pesar no estar reconocidos y de ser sistemáticamente silenciados por los medios y las autoridades. Una ley que abarque y regule toda la extracción minera y todos los conflictos, y no limitada a una serie de metales en determinados países otorgaría mayores seguridades y efectividad para regular la minería y el comercio de materias primas y los grados de vinculación de instancias y empresas europeas.

Podría incluso llegar ser perjudicial en el caso de que, además de no lograr evitar los conflictos en los países ya afectados, sirva encima para legitimar proyectos mineros en otros lugares, en los que también existen conflictos importantes para las comunidades.

Cuál sería la manera de mejorar la situación,

La reglamentación europea tiene que encaminarse a exigir a las empresas que se responsabilicen totalmente de sus cadenas de abastecimiento. Adjuntar una lista tanto de materias primas como de regiones en las que debe aplicar no es una buena estrategia. Hacer una ley realmente fuerte que obligue a un rango más amplio de empresas a lo largo a verificar todasu cadena de suministro -diligencia debida- (en Europa y fuera de Europa). Entran en la UE cualquier cantidad de metales procedentes de áreas en grave conflicto, ya manufacturados en productos como ordenadores, teléfonos y automóviles.

En resumen, obligatoriedad y una mayor claridad y diligencia debida en toda la cadena de abastecimiento de todas las materias primas. Quienes compran estos productos también tienen que exigir esta información. Pero ahí si se vería con claridad que es imposible todo este consumo de manera sostenible. Empezáramos por ahí.

Notas:

i En su art. 1502 la Ley Dodd-Frank obliga a todas aquellas empresas que reportan a la US Securities and Exchange Comission SEC y utilizan alguno de los 4 minerales en conflicto en sus productos a elaborar un informe sobre la procedencia de los mismos. En caso de que proceda de la zona señalada por la ley, deben elaborar una auditoría. Las empresas cuentan con dos años para elaborar su informe. En caso de no hacerlo, sus productos se marcan como “no hallados libres de conflicto”.

ii Investigado por Global Witness en 2015

iii La legislación afecta a entre entre 600 y 1.000 importadores de la UE que comercian con los minerales en conflicto en forma de mineral, concentrados o metales tratados y a cerca de 500 fundiciones, pero para nada a todas las empresas mineras que pueden estar contaminando y causando graves conflictos con materias primas y en regiones no contempladas por la misma.

Fuente:https://medium.com/@ecologistadelno/minerales-en-conflicto-poca-legislaci%C3%B3n-y-menos-control-2d9fa63775ad

Mexico

En Mexico, se impedirá actividad minera en Xochicalco

Cuernavaca, Mor., Integrantes del Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Minería por Metales, Defendemos la Vida y la Red Mexicana de Afectados por la Minería protestaron en el zócalo de esta ciudad, la mañana del viernes, para decir al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, que no permitirán a la canadiense Álamos Gold (antes Esperanza Silver), explotar la mina de oro y plata en la zona arqueológica de Xochicalco, porque acabaría con ese patrimonio cultural de la humanidad, con el agua, la salud, el medio ambiente y la vida.

Los pobladores dijeron que salieron este viernes a manifestarse en contra de la minería porque en días recientes se publicaron inserciones pagadas en diarios locales para promover el proyecto, además, el delegado del gobierno federal, Hugo Éric Flores Cervantes, se pronunció en favor de la mina. Aseguró que él no veía riesgos y en cambio se desarrollaría la economía de Morelos y el país.

Ante las recientes declaraciones emitidas por Flores Cervantes, delegado federal de los programas de bienestar en el estado de Morelos, sobre las pretensiones de explotación minera de la empresa Esperanza Silver, subsidiaria de la canadiense Álamos Gold, y de la revisión de permisos de impacto ambiental y cuidado de recursos naturales por la Secretaría de Economía, resulta necesario hacer precisiones básicas, expuso Javier Moreno Uribe, en nombre de los manifestantes.

Las declaraciones del delegado federal, señalaron los pobladores, carecen de sustento, y no le competen, pues pasa por alto la responsabilidad de las instituciones oficiales encargadas de aplicar el principio precautorio y de evaluar, desde el bien común, la viabilidad de los megaproyectos, que además en el rubro ecológico remiten a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y no de la Secretaría de Economía, recalcaron.

Los inconformes, procedentes de las comunidades y pueblos de los municipios de Temixco, Miacatlán, Coatetelco y Xochitepec, señalaron que viven cerca de las zona donde está el cerro de El Jumil y los terrenos en los que la empresa minera asegura que está un yacimiento de oro y plata, el cual han pretendido explotar desde hace ocho años.

Recordaron que en 2013 la Semarnat negó a la minera el manifiesto de impacto ambiental (MIA), porque los opositores al proyecto comprobaron ante la dependencia federal que su funcionamiento iba a consumir de manera irracional y desmedida el agua en la región, que ya de por sí padece escasez del líquido.

Apenas en septiembre pasado, los activistas entregaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Semarnat sendos oficios en los que pidieron no otorgar los permisos de perforación de pozos, pues el consorcio tiene nueve tajos en su proyecto de explotación y por cada uno pretende abrir dos pozos.

Por lo anterior, habitantes de la zona surponiente de Morelos llamaron al delegado federal a documentarse antes de dar opiniones sobre ese proyecto minero, al recordar que él cobra su salario para velar por el bienestar de los morelenses, no para avalar proyectos de muerte, y su encargo, expresaron, no le permite impulsar este tipo de proyectos de la canadiense Álamos Gold

Fuente:https://www.cdhal.org/es/en-mexico-se-impedira-actividad-minera-en-xochicalco/

Brasil

Las compañías mineras de Brasil aumentan las ganancias mientras que las víctimas de sus delitos aún no han recibido compensación

Cuatro años después del desastre de Mariana, ningún ejecutivo de las empresas responsables del crimen, Vale y BHP, ha sido punido. Cientos de miles de víctimas permanecen sin reparación. No se pagó ninguna multa. Al mismo tiempo, Vale y BHP lucraron, entre 2016 y 2019, 162 mil millones de dólares. Ambas son las compañías mineras más grandes del mundo. El colapso de la presa Fundão en Mariana (MG), que arrojó 40 millones de metros cúbicos de lodo tóxico a más de 600 km de la cuenca del río Doce al Océano Atlántico, marca su cuarto cumpleaños el martes.

500 mil personas afectadas, pero las empresas continúan impunes

El ministerio público federal estima que 500,000 personas están afectadas por el crimen en más de 40 ciudades en Minas Gerais y Espírito Santo. Miles de personas aún luchan por recibir asistencia de emergencia que corresponde a un salario mínimo por mes. En Mariana, solo el 10% de lxs afectadxs recibieron compensación.

Sin embargo, desde que se rompió la presa, Vale ha acumulado multas impagas por un total de R390 millones.

En septiembre, un fallo legal liberó a los funcionarios de Samarco, Vale y BHP de las demandas.

La reconstrucción de los distritos destruidos también es tardía. En total, 900 familias están esperando.

Hace diez días, el Consejo de Política Ambiental del Estado de Minas Gerais aprobó la autorización otorgada a Vale y BHP para reanudar las actividades mineras en la región de Mariana. Después de hacer apenas algunos trámites necesarios, las compañías mineras deberían reanudar sus actividades a mediados de 2020.

Para leer la noticia completa (solo en portugués), haga clic aquí.

 

Fuente:https://www.cdhal.org/es/las-companias-mineras-de-brasil-aumentan-las-ganancias-mientras-que-las-victimas-de-sus-delitos-aun-no-han-recibido-compensacion/?fbclid=IwAR2DvFZp3Zo2kzd9EC_lPZS1bfZy-fJ0Q6GY5Eu_P5afkXOIfS8dE5TN5V4