Agua y Minería, Argentina

Batalla por el agua en Mendoza: movilización y cacerolazos contra el lobby político-minero

Las asambleas por el agua mendocinas redoblaron su actividad por las presiones empresarias para derogar la Ley 7722 que prohíbe el uso de cianuro, mercurio y otras sustancias tóxicas en la minería metalífera. Además supedita los proyectos metalíferos aprobados por el Ejecutivo provincial a la ratificación rechazo del legislativo. Hubo marchas y cacerolazos frente a la Legislatura para que no modifiquen una norma que se construyó con asambleas históricas. Desde la Universidad Nacional de Cuyo, la UTN y el Conicet, 511 docentes e investigadores presentaron un documento contra la apuesta «irresponsable» a un sector que no genera fuentes de trabajo. Mendoza vive la mayor crisis hídrica desde que se tienen datos oficiales. Minería y falta de agua forman parte de la misma ecuación. La grieta entre la clase política y la sociedad.

“Hoy por hoy tememos que cualquier martes de estos la Legislatura apruebe la modificación de la ley 7722”. Así sintetiza a lavaca Marcelo Giraud, geógrafo y representante de la Asamblea por el Agua Pura, la sospecha que hace meses ronda por las diversos espacios asamblearios de Mendoza: el intento de legisladores oficialistas y opositores, con el lobby de las corporaciones y cámaras mineras detrás, de modificar la ley que prohíbe el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en la minería y que genera un marco normativo para la actividad en la provincia.

Miles de vecinas y vecinos han salido estas semanas a las calles con cacerolazos, ruidazos y vigilias en toda Mendoza, con la Legislatura como centro de las protestas. Mientras los empresarios mineros nucleados en la Unión Industrial de Mendoza (UIM) condicionan la generación de empleo a que se voltee la ley (falso argumento que se utiliza también en Chubut) 511 académicos y científicos del Conicet firmaron un documento que presentaron ante los legisladores en los que advierten sobre “la falta de debate público en torno a la supuesta conveniencia” de la derogación de la 7722.

Conicet: “Idea irresponsable”

“La idea de desarrollo provincial a partir de la expansión de la minería aparece a todas luces simplificada y anacrónica y, en tanto, irresponsable”, alertan los científicos, sobre uno de los principales argumentos promineros. “De las múltiples actividades con valor económico existentes en la provincia, la propuesta de insistir en viabilizar la minería como una de las principales alternativas, puede ser la peor forma de ‘ampliar’ la matriz productiva”.

Giraud, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), es uno de los firmantes. “La incertidumbre es grande”, dice a la Agencia lavaca. “La embestida que hemos notado en los medios, también. Al no tener despacho en comisiones, necesitarían dos tercios para habilitar el debate sobre tablas. Y al necesitar una mayoría importante, están presionando muchísimo. Inclusive los titulares de la televisión hablan de la política acorralada por los empresarios mineros. No hay metáfora”.

Historia de una ley

La resistencia de los pueblos contra los proyectos mineros en Mendoza comenzó en 2003. “Muy poco después de las históricas luchas de Esquel”, precisa Giraud, haciendo referencia al municipio chubutense donde la población votó a través de un plebiscito el rechazo a un proyecto de la Meridian Gold.

La movida cuyana: “El surgimiento de las primeras movilizaciones, en los departamentos de San Carlos y General Alvear, es heredero de todas las luchas encadenadas en nuestra América. Eso derivó en la concreción de un proyecto de ley de ampliación de la reserva provincial de Laguna del Diamante, uno de los íconos de la belleza y de lo que son las áreas de cordillera y de nieves y glaciares en Mendoza. Los mineros plantearon la inconstitucionalidad de esa ley, pero la Corte falló a favor del área protegida como bien común, y por la protección del medio ambiente. En San Rafael, la Comisión de Energía Atómica también pretendía reabrir una mina de uranio, de modo que hubo una oposición muy fuerte. La cosa fue creciendo hasta llegar a grandes marchas frente de la Legislatura, en 2006”.

A pura lucha y creatividad frente a la Legislatura se logró la ley 7627.

Giraud: “Suspendía toda la actividad minera y metalífera hasta que la provincia sancionara su plan ambiental. El entonces gobernador Julio Cobos la vetó en diciembre de 2006. Allí surge otra asamblea, del Gran Mendoza, la Asamblea Popular por el Agua, y se van reproduciendo cada vez más. Así, el 20 de junio de 2007 la Legislatura terminó aprobando la Ley 7722. Siendo candidato a vice en ese entonces, Cobos no se animó a vetarla. La presión de la gente en muchos lugares fue lo determinante, y se terminó redactando a cuatro manos entre gente que estaba en las marchas con los legisladores que acompañaban a los asambleístas. Así, en plena lucha, fue que se lograron los últimos retoques de la ley”.

-¿Qué establece la Ley 7722?

-No prohíbe por completo la minería metalífera, sino que es restrictiva: prohíbe el uso de sustancias tóxicas y obliga al Ejecutivo a que mande cualquier proyecto a la Legislatura para que lo ratifique o lo rechace. Esos artículos 1 y 3 son los que más molestan a las mineras. En 2011, por ejemplo, fue rechazado proyecto megaminero San Jorge que había sido aprobado por el Ejecutivo. Luego hubo otros proyectos que rebotaron, pero por grandes falencias técnicas y legales. Y los mineros quieren eliminar ese artículo bajo el argumento de que así ninguna empresa va a querer venir nunca. Hubo doce presentaciones para declararla inconstitucional, pero en diciembre de 2015 la Corte emitió un fallo ratificando su plena constitucionalidad.

Sin grieta

Giraud explica cómo se llegó a este momento: “El año pasado, dos senadores del PJ, Alejandro Abraham y Juan Agulles, presentaron proyectos de modificación de la ley, y este año un diputado del PI (Partido Intransigente), Eduardo Martínez Guerra, otro para derogarla. Son proyectos que fueron vistos con más simpatía por el oficialismo del radical-cambiemos Alfredo Cornejo (gobernador) que por el propio peronismo. En campaña, el ahora gobernador electo Alfredo Suárez ya dijo que el artículo 3 era un absurdo y que había que potenciar la minería”.

Del otro lado, la senadora Anabel Fernández Sagasti, que fue candidata a gobernadora por el Frente de Todos, también sostenía que había que potenciar la minería, pero dentro del marco normativo de la 7722. Giraud: “El discurso era que dentro de la ley, todo; por fuera, nada”.

¿Cómo debe leerse?: “Hubo una presión muy fuerte del sector empresario minero y, también, de las principales cámaras empresariales de Mendoza, que buscan su tajada. El Senado trató esos proyectos en 2018, durante algunos meses, pero la resistencia fue bastante importante, aunque nos llevamos un susto muy grande. Ahora se vinieron con más fuerza y presencia en los medios, desde los principales canales de televisión, y con mucho más énfasis en la cuestión de generar puestos de trabajo”.

Sin agua y sin trabajo

Como contó MU en su edición de octubre, una discusión similar está atravesando Chubut en este momento: en medio de un conflicto estatal que no cesa, las asambleas denuncian que detrás de la crisis que atraviesa la provincia está el interés de las corporaciones mineras por lograr la explotación de los territorios, hoy prohibidas en esa provincia por la ley 5001, luego del plebiscito de Esquel.

Retoma Giraud el tema del empleo: “Es cierto que en Mendoza la situación económica está más dura que hace unos años. Pero el discurso prominero olvida que todo el país está en crisis, no sólo Mendoza. Repudiamos que Sagasti haya dicho que ‘en Mendoza el único capaz de generar empleo genuino es el sector privado’. Y nos presentan al fracking y la minería como salvadores de una matriz económica agroindustrial supuestamente agotada, olvidando otras alternativas de diversificación y generación de empleo como el turismo, las industrias del conocimiento, la agroecología, la energía eólica y la solar. Las posibilidades de crear puestos de trabajo son muchas, y lo que menos empleo genera es el extractivismo”.

Crisis climática

Otro dato de contexto: el lobby minero se está produciendo en medio de la mayor crisis hídrica provincial desde que hay registros oficiales. “Una de las cuestiones clave es el impacto regional de cambio climático”, precisa Giraud. “Ocurre que llevamos 10 años consecutivos de crisis hídrica fuerte, tan grave como nunca la hubo en todo el siglo XX. No hay registro de algo así. De acuerdo a los ciclos, vamos a volver a tener años no tan secos, pero a largo plazo habrá cada vez menos agua para más población. Además, como la matriz productiva de Mendoza es la agroindustria bajo riego y las industrias derivadas. Si le das agua al fracking o a la megaminería, estás violando la ley de agua. Esa ley establece una jerarquía de prioridades entre diversos usos: primero para consumo humano, luego el uso agrícola, después el industrial y finalmente el recreativo. Mucha gente está con bronca porque le estuvieron dando agua al fracking mientras aguas abajo los regantes padecen turnos de riego cada vez más espaciados, teniendo que reducir la superficie regada y cosechando menos. Es parte de lo que reclamamos las asambleas”.

Giraud subraya así que no hay que leer la crisis del agua y al lobby minero como dos cuestiones separadas: “Así como están abocados con fuerza a derogar la 7722, también están buscando reformar la ley de aguas mendocina, pionera en su tiempo a nivel mundial. Tememos una mercantilización encubierta del agua, a favor del extractivismo y el gran capital”.

Por ese motivo, con políticos que no presentan grietas entre ellos sino con la comunidad, las asambleas se están reuniendo con una frecuencia semanal por el temor a que en cualquier momento queden conformados los dos tercios en la Legislatura. Giraud: “La incertidumbre es muy grande. Al parecer, apenas asuma Suárez presentaría otro proyecto contra la 7722, para que la Legislatura renovada le dé aprobación exprés en diciembre. Nosotros vamos a seguir resistiendo”.

 

Fuente:https://www.lavaca.org/notas/batalla-por-el-agua-en-mendoza-movilizacion-y-cacerolazos-contra-el-lobby-politico-minero/?fbclid=IwAR37xkUi2Rnr6UvLhydXGHqgps7ZBk8THRdIuS2dcR6HQ8G2cJ6jddul5OI

Argentina

Triunfo jachallero

El presidente Mauricio Macri «puertas afueras» es el más «ambientalista» del mundo, con discursos llenos de «sustentabilidad», «energías renovables», energías limpias» y todas esas palabras «lindas» que quedan bien ante el resto de los países. No hay mención de la contaminación proveniente de Vaca Muerta, del uso del fracking, la deseada modificación de la Ley de Glaciares, ni los negociados con los emprendimientos megamineros a cielo abierto. Hipocresía, le dicen…

Si bien, los negociados de la Barrick Gold en la provincia de San Juan no sucedieron en la «Era Macri», sino en el «Período K», la megaminera continuó metiendo presión para avanzar por los recursos naturales y la calidad de vida de los sanjuaninos.

El gran empujón que revitalizó a las megamineras fue, sin duda, la quita de retenciones a la actividad, que el presidente Mauricio Macri anunció en San Juan, poco después de haber asumido.

Modificar ordenanzas para arrasar

Justamente el viernes pasado, la población de la castigada y contaminada Jáchal, pudo resistir un nuevo aluvión megaminero que iba de punta contra la modificación de la ordenanza 1394 que prohíbe la exploración y explotación de uranio en todo el departamento sanjuanino.

Esta ordenanza del año 1996 dice en su artículo 2 que «prohíbe la prospección, extracción y procesamiento de materiales susceptibles de ser empleados en el ciclo nuclear, en toda la geografía del departamento de San José de Jáchal».

De esta manera, se está protegiendo la última fuente de agua pura que tiene Jáchal, el acuífero Pampa del Chañar, con yacimientos de uranio y torio. La millonaria obsesión de las megamineras apuntaban a esa dirección.

Finalmente y por voto unánime de los concejales del oficialismo y del bloque opositor, aprobaron la continuidad y plena vigencia de las ordenanzas que prohíben la exploración y explotación de uranio en Jáchal como el avance sobre la única fuente de agua de la zona, el Acuífero Pampa del Chañar.

En los últimos días, la Asamblea Jáchal No Se Toca y organizaciones ambientalistas como Salvemos Huachi y Talcanco, habían expresado su preocupación por la posible derogación de las dos ordenanzas que son claves para la protección del departamento. Incluso, el propio ministro de Minería Provincial, Alberto Hensel, recorrió días atrás la zona tratando de convencer a los jachalleros de «las grandes oportunidades y el generador de trabajo» que representaba derogar estas ordenanzas proteccionistas y darle vía libre a la peligrosa y millonaria explotación de uranio.

Para la actual temporada de exploración minera hay 5 proyectos nuevos que se han sumado en la búsqueda de metales preciosos, como oro, plata y cobre, de los cuales 4 están en Jáchal y el otro se ubica en Iglesia. En total las inversiones suman 56,9 millones de dólares, que al cambio actual ascienden a unos 981,9 millones de pesos, un 11,6% más que en el período anterior, cuando el dinero destinado a esta actividad fue de 882 millones de pesos. En el sector se analiza que las mayores cifras inyectadas a este sector se han hecho animadas por mejores perspectivas económicas para la minería.

“Estamos frente a una muy buena temporada”, dijo el ministro de Minería, Alberto Hensel, quien destacó el crecimiento sostenido en los sondajes para encontrar más metales en los últimos años. El mayor salto se dio desde la temporada 2015-2016, cuando pasó de 374,8 millones de pesos, a la temporada pasada, de 882 millones de pesos, cuando el alza fue del 135%.

Ahora, los 5 proyectos nuevos nuevos suman 19,83 millones de dólares, que al cambio actual son 342,2 millones de pesos. En Jáchal se trata de Chita, Nacimiento, Durazno y La Esperanza, mientras que el Iglesia la sociedad de Barrick con Shandong Gold está realizando tareas de sondaje en Lama, en las proximidades de Veladero. Hay que aclarar que en todos los casos se trata de yacimientos de oro. Este último es el proyecto en el que el Gobierno sanjuanino tiene marcadas expectativas de que se ponga en marcha en el corto plazo, luego de los inconvenientes que tuvo la mina binacional Lama-Pascua.

La mayor inversión en exploración minera es la de la sociedad de Barrick con la china Shandong Gold, para la mina Lama, en la que han destinado 16 millones de dólares (poco más de 276 millones de pesos). El director Ejecutivo de Barrick en Argentina y Chile, Marcelo Alvarez, celebra que el plan de inversiones en Veladero, que contemplan tres importantes obras, se encuentran dentro de los tiempos esperados, por lo que en 2020 estarán inauguradas. Además destacó que los planes de exploración en la zona, se desarrollan “sin ningún problema”.

Le sigue en orden de importancia el proyecto Los Azules (Mcewen), con 7,4 millones de dólares (128 millones de pesos) y luego siguen Filo del Sol (Filo Mining), Altar (Stilwater) y Del Carmen (Del Carmen), con 7 millones de dólares cada uno (121 millones de pesos). Con 4 millones de dólares (69 millones de pesos) sigue el proyecto Gualcamayo (Minas Argentinas), que actualmente está en explotación, y Río Cenicero (Peregrine Arg.) con 3,2 millones de dólares (55 millones de pesos) y Nacimiento (Pampa Exploraciones), con 2,4 millones de dólares (41 millones de pesos). En el proyecto Jaguelito (Corp. América) invertirá 1,5 millones de dólares (casi 26 millones de pesos) y con menos de 1 millón de dólares están Chita (Minsud), Durazno (Masa Group) y La Esperanza (Cardero Arg).

Billetera mata Ambiente

Todos hablan de recaudación de millones de dólares, pero pocos hablan de la calidad de vida de su gente, de la precariedad laboral, la contaminación del agua y de la caída de la producción agrícola.

Por esa razón, los asambleístas luchadores de Jáchal No Se Toca le enviaron
dos cartas documentos que los primeros días de noviembre recibieron tanto el Presidente Mauricio Macri y el Secretario de Ambiente Rabino Bergman, intimándolos a que hagan las correspondientes auditorías en la mina Veladero y en Pascua Lama para verificar el impacto sobre glaciares o ambiente periglacial en el marco correspondiente a la vigente Ley de Glaciares. Algo que el propio rabino Bergman prometió el 20 de marzo de 2016 en la misma plaza central de Jáchal y que nunca cumplió…

 

Fuente:https://noalamina.org/sin-categorizar/item/43262-triunfo-jachallero

Mexico

¿Cuál es el interés de los gringos en Sonora: el narco o el litio?

¿A poco Estados Unidos permanecerá al margen de la mayor explotación de litio del mundo? ¿Aun cuando este yacimiento se encuentra a unos cuantos kilómetros allende su frontera sur? Hoy por hoy el mayor depósito de litio del planeta en proceso de ser explotado se encuentra en Sonora, México, casualmente por el rumbo donde fueron masacrados mujeres y niños de la familia LeBarón.

 

El incalificable crimen, ocurrido el pasado 4 de noviembre, generó un escándalo mundial y un motivo de tensión entre el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador y el estadunidense de Donald Trump. Presuroso, este último propuso iniciar una guerra de exterminio en contra de los cárteles mexicanos. El gobierno de México no aceptó tal propuesta, aunque tuvo que admitir “de manera soberana” la participación de Estados Unidos en las investigaciones de los hechos. Es preciso recordar que los integrantes de la comunidad mormona a la que pertenecen los LeBarón cuentan con doble nacionalidad: mexicana y estadunidense.

Así, el lunes 11 de noviembre se internó en Sonora una caravana de 50 camionetas suburban de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), con un número indeterminado de agentes, para realizar investigaciones del cruento ataque. El gobierno mexicano ha advertido que todas las diligencias se realizan en presencia y con la anuencia de las autoridades mexicanas. Ha señalado, además, que los elementos de la FBI no pueden portar armas en México.

Integrantes de la familia LeBarón se han trasladado a Washington para hablar con el presidente estadunidense. Mediante una carta le han pedido que Estados Unidos considere como “terroristas” a los cárteles de droga mexicanos. Ya en el Congreso de ese país la bancada republicana cabildea una iniciativa para aprobar tal propuesta y el propio Trump ha anunciado que enviará otra iniciativa en el mismo sentido.

Vale destacar que la legislación estadunidense justifica la acción de tropas y agentes, abiertos y encubiertos, doquiera que haya organizaciones terroristas. Y ni siquiera considera necesario contar con el acuerdo de los gobiernos de esos países.

Por otra parte, el litio se ha convertido en uno de los minerales más codiciados del mundo. Es ya causa de una de las mayores disputas entre las potencias económicas (y militares). Como es sabido, el litio es el elemento principal para la fabricacion de baterías y de otros aditamentos de celulares, computadoras, automóviles eléctrictos, arenovaes, naves espaciales, submarinos… Está ligado al desarrollo científico-tecnológico y militar.

Quien asegure el suministro de este mineral asegurará también el triunfo en la carrera armamentista, económica, científica y tecnológica que hoy tiene cinco punteros: Estados Unidos y China en la cima y en un segundo bloque cercano Rusia, Israel y el Reino Unido.

El golpe de Estado en Bolivia, donde probablemente se encuentren las mayores reservas mundiales sin explotar, puede ser resultado de esta disputa, como ya lo ha dicho el presidente depuesto, Evo Morales.

El pasado 30 de agosto el poderoso grupo de Mining Technology reveló cuáles son las 10 minas de litio más grandes del mundo (https://bit.ly/2QVTigC). En el listado, titulado como “Top ten biggest lithium mines in the world”, aparece en indiscutible primer lugar el Proyecto de Litio Sonora, con reservadas probadas y probables de 243.8 millones de toneladas.

Informa: “El proyecto de litio Sonora, ubicado en Sonora, México, es el mayor depósito de litio en desarrollo”. Y agrega: “Se propone que Sonora sea una operación a cielo abierto que se desarrolle en dos etapas con una primera capacidad de producción de 17 mil 500 toneladas anuales de carbonato de litio. La segunda etapa duplicará la capacidad de producción a 35 mil toneladas anuales”. Así, se estima que podrán extraer toda al riqueza mineral en 19 años.

Los otros nueve depósitos de litio en proceso de explotación se encuentran en Thacker Pass (Humboldt, Nevada, Estados Unidos), con reservas probadas y probables de 179.4 millones de toneladas; Wodgina (Port Hedland, Australia Occidental), con 151.94; Pilgangoora (Pilbara, Australia Occidental), con 108.2; Earl Grey (Greenstone, Forestania, Holland, Australia Occidental), con 94.5; Greenbushes (Australia Occidental), con 86.4; Whabouchi (James Bay, Quebec, Canadá), con 36.6 toneladas; Pilgangoora (Pilbara, Australia Occidental), con 34.2; Goulamina (Bougouni, Mali), con 31.2, y Arcadia (Harare, Zimbabwe), con 29.8 millones de toneladas.

El proyecto en territorio mexicano ya está muy avanzado. Fue conesionado en el sexenio de Enrique Peña Nieto y empezará la explotación en 2020. ¿Pero quién lo explotará? Como decíamos, el Sonora Lithium se localiza en el municipio de Bacadéhuachi, en la sierra alta de Sonora, en la misma región donde fueron atacados los LeBarón y donde la presencia del narcotráfico lleva décadas. Quien controla esa región es el brazo armado del Cártel de Sinaloa: Gente Nueva, facción Los Salalzar.

La empresa que explotará lleva por nombre Bacanora Minerals. Tiene sede en Canadá, está enlistada en la Bolsa de Valores de Londres pero tiene capitales de los gobiernos de… Omán y de China. Esta empresa no tiene otros negocios ni presencia en ninguna otra parte del mundo.

El 15 de octubre pasado se concretó la inversión de la empresa china Ganfeng Lithium en Bacanora Litthium. Compró el 29.99 por ciento de las acciones de la empresa y Wang Xiaoshen, vicepresidente de Ganfeng, inmediatamente fue nombrado director de Bacanora Minerals.

Se calcula que el proyecto Litio de Sonora, con 100 mil hectáreas, tiene un valor de 1 mil 253 millones de dólares.

A las calladas y en las narices del Tío Sam, los chinos se aprestan a explotar el yacimiento más importante de litio a cielo abierto. La masacre dio un pretexto a Donald Trump para que pusiera un pie en territorio sonorense. Con declarar “terroristas” a los cárteles podrá poner los dos.

Tal vez no sean los veneros de petróleo los que nos escrituró el diablo. Con perdón de Ramón López Velarde, los de litio se revelan ahora como los que podrían atraer a más demonios.

 

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/11/27/cual-es-el-interes-de-los-gringos-en-sonora-el-narco-o-el-litio/?fbclid=IwAR2NnFvDsB0xGE8QoAXteEb0k0jCh9Qv2-zcvyaSSXQubax0yclDJhqqhN4

Argentina

Minería, Inversión Extranjera Directa y desigualdad

Mucho se habla en estos momentos acerca de la creación del Ministerio de Minería por parte del gobierno de Fernández y sobre quiénes podrían ocuparlo ¿Corpacci? ¿Hensel? ¿Micone? Más allá de los nombres, lo que se escucha es que la minería se convertiría   en uno de los instrumentos que le permita al Estado Nacional recibir inversión extranjera directa. Como si ello resolviera la crisis.

El verso sobre el trabajo y el desarrollo local de la mano de la minería ya lo hemos tratado en artículos anteriores (ver aquí y aquí). Veamos ahora si es posible que la minería, considerada una actividad de“Inversión Extranjera Directa” (IED), representa una locomotora de desarrollo para las economías receptoras tal  como se sostiene desde la doctrina neoliberal.

 

Las Inversiones Extranjeras Directas se han convertido en una de las principales fuentes de financiación de los países empobrecidos. Lo subrayamos: no son fuentes de producción e industrialización, son fuentes de financiación y sabemos que cuando financiamos, terminamos pagando más de lo recibido.

Las principales responsables de las IED son las empresas transnacionales a través de las fusiones y adquisiciones transfronterizas y no de la inversión en la construcción de nuevo tejido productivo.

Los motivos que llevan a estas corporaciones a realizar inversiones en otros países son, entre otros, la obtención de recursos naturales y mano de obra de bajo coste, así como el acceso a mercados mayores o en crecimiento. En definitiva, el motor de la IED es la búsqueda de un incremento en los beneficios de la empresa. Por tanto, existe una incoherencia entre las virtudes que el discurso neoliberal atribuye a la IED “el potencial de generar empleo, aumentar la productividad, transferir conocimientos especializados y tecnología”.

La entrada de IED impulsa y aprovecha los procesos de privatización (Leyes mineras en Argentina) y mercantilización de bienes y servicios fundamentales para la vida digna de la población: nuestra agua, los servicios de la comunidad como por ejemplo nuestra electricidadLa consecuencia directa de esto es la exclusión del acceso a esos bienes por parte de las mayorías sociales y la transformación de derechos universales en mercancías. Pensemos, por solo poner un ejemplo, si en Argentina la privatización de la empresa de servicios eléctricos privatizada en los 90 ha podido garantizar la provisión de energía a la población. O si después de 30 años de privatización todos los habitantes tienen gas natural.

La inversión en actividades extractivas, que tiene fuertes impactos culturales, económicos, ambientales y sociales en las comunidades que habitan los territorios en que se desarrollan las explotaciones, tampoco tiene efectos positivos en términos puramente macroeconómicos, porque constituye un trasvase neto de riqueza hacia las economías centrales, mediante la exportación de las materias primas y la repatriación de beneficios. Es decir, el producto de lo que se extrae no queda en el territorio sino que se va al exterior.

Las medidas y acuerdos orientados a atraer a inversores externos tienden a desproteger y subordinar los derechos humanos de las poblaciones locales, a los intereses y el poder de las corporaciones, y arrebatan a los pueblos su soberanía. Treinta años de intensificación de la entrada de IED han perpetuado a América Latina como la región más desigual del planeta.

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/43256-mineria-inversion-extranjera-directa-y-desigualdad

Mexico

Informe: Indicadores indirectos de contaminación de la cuenca del Río Sonora, México

Resumen

El vertido de 40 000 m 3 de solución ácida ferro-cuprífera en Cananea, Sonora, alcanzó las principales corrientes superficiales de la cuenca del río Sonora, afectando suelos y sedimentos y aportándoles una coloración anómala pardo amarillenta. En el presente estudio se dio seguimiento a la contaminación residual (CR) en suelos y sedimentos, evaluando color, pH y conductividad eléctrica (CE) en 41 muestras obtenidas a lo largo de la cuenca, así como en los ejes vertical y horizontal de un perfil de suelo (TIIZ1B) afectado con CR. Estas propiedades podrían ser indicadores indirectos, ya que se modificaron por influencia del vertido minero.

En las muestras también se determinó la concentración total de elementos potencialmente tóxicos presentes en el vertido. Los resultados indicaron correlación lineal aceptable (0.75) entre la CE y el vector de color amarillo (b*), así como entre éstos y las concentraciones de As, Cu, Fe y Zn (r = 0.52-.91). El análisis del perfil TIIZ1B permitió relacionar color, pH y CE con cambios mineralógicos y aumento en las concentraciones de As, Cu y Fe.

El incremento en los vectores de color hacia tonalidades rojas (a*) y amarillas se relaciona con aumento en la concentración de Fe, y el incremento en la luminosidad (L*) se vincula con la precipitación de yeso. El Fe y el As aumentan donde el pH es más ácido y el Cu se incrementa con el aumento del pH y cuando el punto de carga cero es negativo. Color, pH y CE son parámetros útiles en la determinación indirecta de la CR.

Fuente:https://movimientom4.org/2019/12/informe-indicadores-indirectos-de-contaminacion-de-la-cuenca-del-rio-sonora-mexico/
Latinoamerica

Insuficientes acciones de prevención, control y remediación de pasivos ambientales en América del Sur

Pasivos ambientales son aquellos residuos producidos por operaciones mineras, petroleras o gasíferas activas, inactivas o abandonadas que constituyen un riesgo permanente a la salud de la población, al ecosistema circundante y a la propiedad.

Según el economista peruano y exviceministro del Ambiente Hugo Cabieses, “las legislaciones en todos los países consideran, en el marco de los estudios de impacto ambiental, la necesidad de que las empresas, en sus planes de cierre, impulsen la remediación de daños ambientales a consecuencia de los relaves y desmontes producidos por sus actividades”.

La Defensoría del Pueblo del Perú precisó que los pasivos ambientales “pueden contaminar el agua, el suelo, el aire, afectar la salud de la población que vive cerca de ellos e incluso puede perjudicar la propiedad de terceros. Por ejemplo, puede incrementar la presencia de minerales en el organismo, o generar enfermedades respiratorias”.

“Si los agentes contaminantes llegan al río, además de contaminarlo, acaban con la vida de los peces y otras especies”, agrega. “Pueden dañar también los cultivos y los animales. Y si se trata de zonas con bosques pueden causar un daño irreparable o muy difícil de recuperar”.

A enero del 2019, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) del Perú tenía registrados 8,448 pasivos ambientales mineros y 156 de las actividades hidrocarburíferas en el país. El 12 de abril, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso peruano aprobó el dictamen del proyecto de ley que modificaría la Ley 28241 sobre Pasivos Mineros, vigente desde el 2004, encargando al MEM que priorice la identificación, registro y remediación de pasivos ubicados en cuencas hidrográficas.

Las alarmas sobre la precariedad de muchos pasivos ambientales en minas activas o inactivas volvieron a saltar con la rotura el 25 de abril en Brasil de una represa de relaves de la mina de hierro Corrego de Feijao —perteneciente a la minera brasileña Vale—, cerca de la ciudad de Brumadinho, en el suroriental estado de Minas Gerais. Los relaves son depósitos de desechos tóxicos que se obtienen de los procesos de concentración de minerales. Su almacenamiento es la única opción en la extracción minera y en su manejo es clave la recuperación del agua para evitar filtraciones hacia el suelo y napas subterráneas. Para obtener 1 TM de concentrado, se generan alrededor de 30 TM de relave.

Este desastre ambiental se produjo tres años después de la rotura de otro relave en la ciudad de Mariana, también en Minas Gerais, de propiedad de Vale y la anglo-australiana BHP Billiton. Los embalses habían sido construidos para depositar los residuos provenientes de la extracción de mineral de hierro en diversas minas de la región.

Según informaciones periodísticas, ambas represas de relaves habían sido aprobadas por la empresa y las autoridades regulatorias brasileñas que otorgaron los permisos para su construcción y fiscalizaron las operaciones, además de contar con evaluadores externos que confirmaron la estabilidad de las represas. No obstante, tras el desastre se encontró que los depósitos habían sido construidos con arena y limo y no tenían concreto o metal que ayudara a contener los desechos tóxicos.

El saldo de ambos desastres fue más de un centenar de personas muertos y miles de heridos y damnificados, además de haber contaminado ríos y dejado a pueblos enteros sin sus medios de vida.

Manejo inadecuado de residuos peligrosos

El Informe Regional de la Auditoría Coordinada de Pasivos Ambientales (ACPA) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), publicado en el 2016, resaltó que “la gestión de los residuos sólidos y peligrosos, por ejemplo los mineros, como resultado de las actividades económicas, es de gran relevancia, dados los efectos negativos que su alta de gestión o manejo inadecuado pueden ocasionar en la población, los recursos naturales y los ecosistemas; lo que aumenta el riesgo de producir pasivos ambientales considerados así aquellos sitios que registran una afectación del agua o del suelo, por la contaminación ocasionada por algún tipo de residuo”.

“El término de pasivos ambientales tiene múltiples definiciones, algunas coincidentes y otras no, no obstante, el concepto tiene un origen contable basado en los costos por las afectaciones ambientales a la sociedad en erogaciones por servicios de salud, remediación, compensación e indemnización. En general, la falta de un adecuado manejo de los residuos peligrosos y de generación de contaminantes es un problema asociado con algunas actividades productivas de la industria, la minería, los servicios de salud y la agricultura. En primer término, la producción de residuos debe evitarse y, cuando esto no sea posible, tratarlos y disponer de ellos adecuadamente, a fin de mitigar los riesgos de generación de pasivos ambientales”.

Para el ingeniero industrial peruano Max Schwarz, en un artículo publicado por la revista América Economía el 22 de febrero del 2019, “los componentes mineros (presas de relave, depósitos de desmonte, pilas de lixiviación, presas, pozas y similares) requieren necesariamente un diseño geotécnico que cumpla con estándares técnicos mundialmente aceptados, que hoy son recogidos por la mayoría de las legislaciones mineras locales”.

Schwarz explicó que es necesaria “una investigación geotécnica completa, que permita fundamentar la construcción, incluyendo el análisis del suelo y los trabajos previos para desarrollar la estructura, de tal forma, que los criterios de seguridad previstos puedan cumplirse. Esta sección de diseño debe ser parte integrante, en conjunto, con otros factores como la evaluación y modelación hidrogeológica de largo plazo y el diseño de componentes complementarios, como pozas de eventos y canales de derivación y coronación”.

Vacíos legales

Argentina no cuenta con leyes nacionales específicas que regulen la prevención, identificación, tratamiento y/o remediación de los pasivos ambientales. La revista especializada Nueva Minería y Energía precisó en un artículo publicado el 1 de abril que “al poseer un sistema político federal, cada provincia de Argentina cuenta con una autoridad en materia minero-ambiental en su jurisdicción. Es por ello que en el marco del Nuevo Acuerdo Federal Minero —documento del 2017 donde el gobierno logró marcos comunes para el desarrollo de la minería—, se publicó un ítem dedicado a los pasivos ambientales”.

“Como experiencia de manejo de estos residuos, figura en el 2015 el trabajo por parte del gobierno en tres pasivos ubicados en Río Negro, Jujuy y San Juan, dando vida al Programa Gestión Ambiental Minera. Este programa piloto contó con un monto de inversión de US$ 40 millones, cifra que provino del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se enfocó en dos áreas: gestión ambiental minera y medio ambiente nacional”.

Al 2014, Bolivia tenía 3,342 pasivos ambientales. El Código de Minería establece que para el otorgamiento de la licencia, los titulares de la concesión deberán realizar previamente una auditoría ambiental. Si bien el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras regula la Auditoría Ambiental de Línea de Base, no existe definición de plazos y criterios para la remediación, ni cuál es la función del Estado boliviano respecto a los pasivos identificados.

Aunque el Perú tiene una legislación que aborda el tema de los pasivos ambientales, deja mucho espacio a interpretaciones respecto a la responsabilidad de la remediación

Para Cabieses, “es una legislación que ‘recomienda’, pero no es vinculante. Remediación, para las autoridades, es determinar una zona para depositar los relaves y desmontes, envolverlos con geomembranas y eventualmente reforestar con especies resistentes a metales pesados”.

Chile, a pesar de tener una importante actividad minera, no posee una legislación específica para la identificación y catastro de pasivos ambientales, tampoco de metodologías integrales y estandarizadas para la prevención y/o restauración de tales residuos. Según el Servicio Nacional de Geología y Minería, existen 437 depósitos de relaves inactivos, 125 abandonados y 32 de los que no se tiene información, que se concentran, principalmente, en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Metropolitana. En enero, el Ministerio de Minería chileno, junto con el Servicio de Evaluación Ambiental, anunciaron un convenio para remediar 37 antiguos depósitos abandonados.

Sara Larraín, directora de la organización no gubernamental ambientalista Chile Sustentable, manifestó que “la propuesta del Ejecutivo representa una iniciativa llamativa, pero que finalmente no resuelve el problema de fondo. Existe una ley que apunta al correcto cierre de faenas, vigente desde el año 2012, sin embargo, no reconoce —en la mayoría de los casos— una titularidad sobre quién es el responsable de dejar un sitio contaminado y completamente abandonado”.

“Desde nuestra perspectiva, lo que tiene que haber acá es la incorporación de un título a la ley sobre cierre y abandono de faenas mineras; establecer pasivos ambientales mineros de aquellas faenas o acopios que hayan sido abandonados y que esté en vigencia la concesión sobre aquellas áreas”, declaró Larraín al servicio informativo intercultural Servindi. “Y eso tú lo puedes hacer porque en el fondo tú reconoces la responsabilidad sobre el titular de un sitio que está contaminado. Entonces corresponde a un pasivo ambiental que no es de todos los chilenos, sino que de la empresa que hizo el negocio en dicho lugar”.

La auditoría de la ACPA, en la que participaron entidades fiscalizadoras de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana, llegó a la conclusión que “en el diseño de políticas públicas de pasivos ambientales, las instituciones responsables de los pasivos ambientales en los países de participantes en la ACPA, no dispusieron en todos los casos de un concepto de pasivo ambiental en su marco normativo que permitiera evitar vacíos legales y establecer responsabilidades en cuanto a los daños y su remediación”.

Añade que “carecieron de instituciones con objetivos y atribuciones específicas, y con personal suficiente para la ejecución de sus acciones de prevención, control y remediación; registraron deficiencias en su planeación nacional y sectorial e institucional en la materia, basada en diagnósticos que dimensionen el daño por pasivos al ambiente y las personas; falta de desarrollo e implementación de sistemas informáticos en materia de pasivos ambientales, lo que limitó a los gobiernos disponer de información para la toma de decisiones”.

En resumen, “las acciones de prevención, control y remediación, realizadas por las instancias responsables de los pasivos ambientales en los países participantes en la ACPA, no fueron suficientes para mitigar los daños al ambiente y a la salud de las personas, lo que impidió garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano”.

 

Fuente:https://www.nodal.am/2019/09/insuficientes-acciones-de-prevencion-control-y-remediacion-de-pasivos-ambientales-en-america-del-sur/

Perú

Piura: Pronunciamiento de Rondas frente a hostigamiento de Minera Río Blanco

CENTRAL DE RONDAS CAMPESINAS Y COLECTIVO POR AYABACA

La Central de Rondas Campesinas Sede Hualcuy y el Colectivo por Ayabaca pronuncian lo siguiente:

1. Denunciamos públicamente las acciones de hostigamiento que la empresa minera Río Blanco está haciendo contra los dirigentes de las rondas campesinas y el Colectivo por Ayabaca.

2. Después del último suceso del día 09 de noviembre, evadiendo la seguridad y privacidad del Taller de Rondas Campesinas el gerente de Río Blanco y sus secuaces irrumpieron en dicha reunión para imponer un supuesto diálogo.

3. Su lógica de hostigamiento ha continuado. Denunciamos la entrega de cartas contra la voluntad de los dirigentes a través de diversas instancias sin datos de origen y utilizando a terceras personas.

4. Nosotros como dirigentes de las Rondas Campesinas y el Colectivo por Ayabaca nos mantenemos firmes en nuestros principios de la defensa del territorio, el agua y la vida de la población de Ayabaca, Huancabamba y la región Piura. Por lo tanto jamás ha habido ni habrá diálogo con una empresa que utiliza la mentira para tratar de imponerse.

5. Llamamos a prepararnos al pueblo a un paro indefinido regional para que el gobierno del Señor Martín Vizcarra anule los contratos mineros que están dentro de nuestras comunidades campesinas.

¡UNIDAD PARA LUCHAR, UNIDAD PARA VENCER!

¡FUERA RÍO BLANCO!

Para más información ver VIDEO sobre últimos acontecimientos y Nota sobre amedrentamiento a dirigente rondero.

 

Fuente:https://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/969-piura-pronunciamiento-de-rondas-frente-a-hostigamiento-de-minera-rio-blanco?fbclid=IwAR0h7bmi8ULGyVUyrbTPakj2AWdtW6Tzyp4sBQ5gM0d4eQWGZb0JEFmxouQ

Chile

Cumbre de los Pueblos en Santiago de Chile

Cumbre de los Pueblos 2019 que se inaugura hoy 2 de diciembre y hasta el sábado 7 en la Aula Magna de la Usach a las 11:00 hrs. Una jornada con actividades que abordarán diversas experiencias y saberes, en el proceso de construcción de alternativas al devastador modelo extractivista y la crisis climática global que ha provocado. Paralelamente habrán actividades en dos espacios que también se inauguran hoy: la #CarpaDeLasMujeres  #AldeaDeLaPaz ?️

El ingreso será por la Escuela de Artes y Oficios, Av. Ecuador 3659, Metro USACH. No es necesario acreditación previa, ya que toda la #CumbreDeLosPueblos es de entrada liberada y gratuita. Juntxs ¡Salvemos la tierra , Cambiemos el sistema

Evento Internacional que celebraremos en la universidad de Santiago de Chile y que busca impulsar el encuentro humano, reflexionar en conjunto y contribuir a la generación de alternativas para superra la crisis socioambiental que vivimos en América Latina y el Mundo.

Sean todes bienvenidos.

Fuente:https://www.facebook.com/cumbrepueblos19/

 

Mexico

10 años del asesinato de Mariano Abarca: un dolor que sigue

Este 27 de noviembre de 2019 se cumplieron 10 años del asesinato de Mariano Abarca Roblero, ambientalista que defendió los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza en su municipio natal de Chicomuselo, Chiapas, México, al denunciar los efectos socio ambientales causados por la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, involucrada en el crimen.

Desde entonces, la familia Abarca y diversas organizaciones han llevado un largo proceso para exigir justicia y castigo a los culpables ante el gobierno mexicano y canadiense por la corrupción probada de la empresa, las acciones y omisiones de la Embajada de Canadá que pudieron haber contribuido al asesinato de Mariano, así como el señalamiento de los actos de impunidad contra el gobierno mexicano, además llevar en curso otras demandas ante los Tribunales de Canadá y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para recordar a Mariano Abarca y analizar la situación de defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales en México Radio Mundo Real dialogó con José Luis Abarca, hijo de Mariano.

«Nuestras exigencias de justicia no nos van a devolver a mi padre, pero sí es una lucha para poner un alto a los asesinatos de defensores de derechos humanos y del medioambiente».

Mariano Abarca acudió hace 10 años a la Embajada de Canadá para denunciar el hostigamiento y acoso de la minera Black Fire a comunidades de Chiapas. La respuesta fue su encarcelamiento y posterior homicidio. Una década después la familia Abarca continúa apelando a los tribunales de México y Canadá para exigir justicia. En 2018, la familia del activista interpuso una denuncia al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, en la que solicitó la investigación de las acciones y omisiones de la embajada en México. Se las negaron, ante lo cual realizaron un recurso de revisión ante el Tribunal canadiense, apelando la decisión judicial sobre el caso en la Corte Federal de Canadá. El gobierno canadiense aceptó que hubo omisión al negar la investigación y mantener el caso en la impunidad.

«Esperábamos más de las autoridades canadienses, siendo que la defensa de mi familia aportó pruebas contundentes, como la relación que tenía la embajada canadiense con la empresa Black Fire y con el gobierno de Chiapas -dijo José Luis a RMR-. La Embajada de Canadá en México monitoreó a mi padre desde 2007, sin embargo apoyó a la empresa minera para que presionara al gobierno y posteriormente mi padre fuera encarcelado».

 

PREMIO

“Con el propósito de agradecer, reconocer y visibilizar otras luchas colectivas y organizadas de quienes, con el espíritu sembrado por Mariano en los corazones de las resistencias, no cesan en su ímpetu por defender la vida, el medio ambiente y los derechos colectivos que son, a fin de cuentas, en beneficio de la Humanidad”, organizaciones como Otros Mundos Chiapas y Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) conmemoraron el Décimo Aniversario del asesinato de Mariano Abarca realizando el Primer Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas 2019 “Mariano Abarca”.

El “Premio Mariano Abarca” 2019 fue otorgado a la organización indígena del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) que tiene presencia en 11 municipios del estado de Chiapas.

 

Fuente:https://rmr.fm/entrevistas/10-anos-del-asesinato-de-mariano-abarca-chiapas/?fbclid=IwAR1Xw4Qs2-03Fn9ZeLeRovHB4BDRdlDV3YLDEotSS8rzxMNFbI05pnZC3yw

Mexico

Busca Minera que población acepte Proyecto Ixtaca

La empresa Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, busca convencer a la población de Santa María Zotoltepec, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, de que la mina a cielo abierto para extraer oro y plata, es un proyecto responsable.

La minera realizará la última sesión de los Diálogos Transversales con el tema “Futuro del Proyecto Ixtaca”, en la comunidad de Santa María Zotoltepec, ubicada en la Sierra Norte de Puebla, antes de iniciar los trabajos para la construcción de la mina, que de acuerdo con el directivo Daniel Santamaría, será en marzo de 2020 o a mediados de ese año.

A mediados de noviembre de este año la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debía resolver el expediente del proyecto minero para el cual ya se erogaron 40 millones de dólares y se tienen previstos 117 millones de dólares en la construcción, sin embargo, la Manifestación de Impacto Ambiental no ha sido aprobada porque habitantes de pueblos indígenas interpusieron un amparo para frenar la mina.

El pasado 25 de septiembre, Daniel Santamaría, informó que el Proyecto Ixtaca generará mil empleos y pagará 50 millones de dólares al estado y 30 millones de dólares en impuestos a Ixtacamaxtitlán, en 14 años de vida útil que tendrá la mina a cielo abierto.

En ese momento aseguró que el proceso de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental estaba vigente y que la Semarnat pidió una prórroga de 60 días hábiles para seguir revisando la información y aproximadamente en noviembre emitiría una resolución.

 

Fuente:https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/busca-minera-que-poblacion-acepte-proyecto-ixtaca-puebla-4511015.html?fbclid=IwAR1unu2_YC9Oy3Gj0o8_WhlRwFGH4XBQhrw18EBwy04k2-lyH9x0ryH5osU