El primer Informe Especial del 2019, elaborado por Guillermo Achucarro, investigador y experto en la temática de Cambio Climático, nos acerca a la realidad del Chaco Paraguayo. Un análisis de las cifras oficiales, y sus probables variables a futuro, nos presentan los posibles escenarios para una de las regiones más ricas en cuanto a biodiversidad y marcada por la presencia de comunidades indígenas que llenan el territorio de una importante riqueza cultural. Ambos patrimonios, la biodiversidad y las culturas de los pueblos originarios, se ven seriamente amenazados por el modelo extractivista y sus consecuencias en lo relacionado al fenómeno del Cambio Climático.
“El objetivo del presente informe es exponer, evidenciar, visibilizar, cierta información referente al aporte del Paraguay dentro de un contexto de Cambio Climático, haciendo hincapié en datos y estadísticas del Chaco paraguayo de manera a vincular los efectos socioambientales con el modelo extractivista que se está gestando en el país, particularmente en esa región” señala el autor agregando que la tendencia al deterioro del equilibrio ambiental de la región continúa mientras “dentro de las propuestas actuales del gobierno no se aborda ni siquiera de manera superficial la deforestación como aporte clave al calentamiento global.
Los conflictos por la presencia de la actividad minera, así como proyectos mineros paralizados vuelven a ocupar las primeras planas. Uno de los que viene agravándose gira entorno al proyecto Las Bambas (Apurímac), donde una comunidad impide el paso de los vehículos de carga reclamando una compensación por el uso de la vía, y el diálogo se ha interrumpido. De otro lado, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) viene criticando al gobierno, la forma como gestiona los conflictos, situación que deberá ser abordada por el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar. Para analizar este contexto y otras situaciones de conflictos vigentes, Noticias SER conversó con Ana Leyva Valera, Directora Ejecutiva de CooperAccion.
¿Qué opina de las expresiones de Roque Benavides, presidente de la CONFIEP, quien ha exigido más fuerza del gobierno para resolver los conflictos?
Yo creo que no se trata de fuerza, no más fuerza, es institucionalidad lo que se necesita para resolver los conflictos. Los conflictos que existen son por problemas de institucionalidad y falta de diálogo. El problema de las Bambas viene desde hace mucho tiempo, cuando se amplía la carretera y toman parte de las tierras de las comunidades a lo largo de la carretera. El tema de sus tierras no se ha resuelto porque el Estado las ha tomado para ampliar la carretera que hace viable el transporte del mineral y no resuelve ese problema. Por ello es que la gente tiene ese malestar.
¿Considera que el conflicto en las Bambas se agravará más, porque el diálogo entre la comunidad de Fuerabamba y MMG no está avanzando?
No es la primera vez que se construye una vía o carretera, el asunto es que hay un procedimiento que se tiene que cumplir, se tiene que respetar y debe ser válido para todos. Se trata de prevenir haciendo las cosas bien, aquí la propia legalidad no ha sido respetada. En el conflicto de las Bambas hay una responsabilidad compartida entre el estado y la empresa minera.
Pasando a un conflicto que nunca se resolvió ¿Qué opina de la presión de la minera Southern para sacar adelante el proyecto minero Tía María?
Lo que se sabe es que el proyecto tenía aprobado el estudio de impacto ambiental (EIA), pero que vence en el mes de agosto de este año. Ello explica la presión, porque si Southern no obtiene la licencia de construcción antes de ese plazo tendrá que elaborar un nuevo EIA. Ahora bien, el proyecto minero Tía María es socialmente inviable, porque la gente no quiere, entonces ahí hay un problema de tensión fuerte.
¿Cómo evalúa el accionar del gobierno en La Pampa? ¿Cree que finalmente el Estado se ha tomado en serio el problema de Madre de Dios?
Creo que el problema tiene varias aristas y lo que se debería hacer es abordar la integralidad del problema, porque hay que considerar que miles de personas viven de dicha actividad, pero también hay una fuerte destrucción de la amazonia, lo que hace que la actividad minera en esa zona sea insostenible. Por ello, no solo se trata del uso de la fuerza policial, porque ese tipo de intervención es temporal, no se puede mantener por siempre. Si no se trabaja la otra dimensión del problema, buscando actividades de reemplazo, cuando la policía se retire de La Pampa seguramente volverá la minería informal e ilegal.
Cuando Salvador del Solar fue Ministro de Cultura afirmó que la consulta previa creaba falsas expectativas ¿Su nombramiento en la Presidencia de Consejo de Ministros es una señal que la Consulta Previa seguirá neutralizada?
Lo cierto es que la consulta previa no está sirviendo para defender derechos, lo haría si este proceso ayudara a poner condiciones para la inversión y realmente no está permitiendo hacerlo para inversiones extractivas. El momento y la forma en que se realiza no permite eso y se requiere un cambio para que garantice derechos. La consulta previa es un derecho que debe facilitar o permitir ejercer otros derechos, es un medio para y, en eso no está resultando la consulta. No sé si realmente haya la voluntad política para estos cambios que se requieren, para poner condiciones a las inversiones, porque en el Perú se considera que toda inversión es buena y no necesariamente es así. Todo lo ambiental implica costos, poner condiciones ambientales implica costos, pero tienen que ser asumidos, porque a la larga resulta ser beneficioso, porque ya no tendrías conflictos y los conflictos también le cuestan a la empresa, hay que tener una mirada de largo plazo y a veces nos quedamos solo en el corto plazo.
¿Qué opina sobre las acusaciones al premier Del Solar de hacer presuntamente lobbies ante el Tribunal Constitucional cuando era Ministro de Cultura para abogar por una empresa minera en desmedro de los derechos de una comunidad de Tiquilla de Puno?
Si lo hizo está mal, porque el Poder Judicial así como el Tribunal Constitucional deben ser independientes, en especial este último que es el último nivel del Estado al que podemos recurrir ante la vulneración de derechos y de la última palabra. Cuando alguien tiene poder de influencia no debería intervenir de esa manera.
¿Cuál es su parecer sobre la situación de los pasivos ambientales en Hualgayoc?
Creo que el Estado debe garantizar la inversión, pero también la recuperación de los pasivos para que no contaminen. Tenemos que tomar conciencia de los costos de ciertas actividades y asumirlos. Para ello se debe garantizar los montos de inversión necesaria, ya que los pasivos son enormes, y están repartidos por todo el país y es costosísimo asumir, pero hay que hacerlo, porque finalmente la población local es la que asume los costos y sufre las consecuencias.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que no brindará más concesiones mineras durante su sexenio, al tiempo que indicó que tampoco revocará ninguna de las que están en uso.
Lo anterior, debido a que, desde su perspectiva, durante los últimos 36 años los gobiernos pasados entregaron entre 40 a 50 millones de hectáreas, cantidad que representa el 30% de los 200 millones de hectáreas con las que cuenta el país.
AMLO impone condiciones a las mineras
En este sentido, López Obrador reiteró que se respetarán las concesiones mineras otorgadas previamente; sin embargo, se solicitarán a las compañías, sobre todo a las de origen canadiense, ciertas condiciones.
“Los únicos requisitos son: que las empresas mineras, en particular las canadienses, lleven a cabo una explotación limpia, que se pague bien a los mineros, que se cubra la misma cantidad de impuestos que erogan allá en Canadá y, sobre todo, que no contaminen”, explicó el mandatario.
De acuerdo con AMLO, la administración del ex presidente Felipe Calderón fue una de las más significativas en este término, pues se entregaron 20 millones de hectáreas para la explotación minera a un puñado de empresas.
Hecho que contrasta con acciones de otros mandatarios, como Lázaro Cárdenas, quien entregó a un millón de familias campesinas 18 millones de hectáreas para conformar ejidos entre 1934 a 1940.
Asimismo, aprovechó la ocasión para hablar sobre la explotación del oro y la plata, concesiones que también serán respetadas en pro de la iniciativa privada y la inversión extranjera.
Exigen no más concesiones en Oaxaca
En el marco de este anuncio, comunidades y organizaciones zapotecas, agrupadas en el Frente No a la Minería, por un Futuro de Todas y Todos, originarios de los Valles Centrales de Oaxaca se pronunciaron contra la minería.
El grupo civil exigió al presidente López Obrador que honre su palabra y dé atención especial a los pueblos indígenas de México. Para ello, pidieron la cancelación inmediata y definitiva de las concesiones mineras impuestas, aludiendo que 90 mil hectáreas de sus territorios fueron concesionadas a la empresa canadiense Fortuna Silver Mines.
“La minería representa opresión, pobreza y despojo de nuestros bienes comunes, ya que bajo ninguna circunstancia es una opción de desarrollo”, señalaron las comunidades zapotecas.
Asimismo, ente los puntos más importantes que pedirán al mandatario durante su visita a Oaxaca, el próximo 21 de marzo, destaca la cancelación del proyecto minero San José, ubicado en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán.
Esto debido a que presuntamente funcionarios del gobierno federal y estatal encubrieron la instalación de la empresa minera Cuzcatlán, la cual causó daños a la población y al medio ambiente.
Los afectados exigieron una investigación imparcial y exhaustiva de responsabilidad penal y administrativa a raíz de la contaminación del río El Coyote, provocada por la empresa minera Cuzcatlán, y la reparación integral del daño a los pobladores.
Vale destacar que el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos está integrado por 16 comunidades y organizaciones que se agruparon, bajo el lema: “sí a la vida, no a la minería ¡Oaxaca, territorio prohibido para la minería!”.
Autor: Lily Dayana Restrepo, Cronica del Quindio.com
Aunque el alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis, sancionó el acuerdo, no se pronunció al respecto.
El acuerdo promovido desde el concejo de Salento, por medio del cual se prohíbe el desarrollo de actividades de minería de metales y piedras preciosas de pequeña, mediana y gran escala, se encuentra en la dirección de asuntos jurídicos de la gobernación del Quindío, para revisión de constitucionalidad y legalidad. Así lo informó la secretaria jurídica departamental, Cielo López Gutiérrez, quien confirmó que el documento ya fue radicado.
No a la minería
El proyecto, promovido por la concejal Orfa Liliana Correa, busca garantizar la defensa del territorio y tiene un componente ambiental de protección que va más allá del ‘Municipio Padre’. “Es importante destacar que no solo Salento se beneficia, sino todo el departamento”.
La cabildante explicó que en donde las concesiones mineras buscan intervenir, son lugares en los que se encuentran los nacimientos de agua. “Así que no es tanto el tema minero, sino de conservación de las fuentes hídricas”, aclaró Correa.
Sobre la etapa en que va el proceso del acuerdo, la concejal expresó que se siente muy positiva frente al visto bueno del gobernador, ya que él ha estado muy comprometido con este tipo de causas.
Agregó que el proyecto ya fue sancionado por la administración municipal y que en estos momentos espera que la gobernación dé el concepto.
Se puede demandar
Aunque hasta el momento el panorama pinta positivo, Correa señaló que como todo acuerdo puede ser demandable y tanto el ministerio de Minas como una multinacional podrían llevar a cabo esa acción, “pero tenemos mucha confianza en que todo estará a favor de la defensa del territorio”.
Alcalde no se pronunció
Aunque el alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis, sancionó el acuerdo, no se pronunció al respecto.
En base a un estudio de la Universidad de Cuyo, lxs vecinxs alertaron que el yacimiento de la multinacional Barrick Gold en San Juan habría sufrido un incidente aún más grave que el ocurrido en 2015, cuando se derramó, al menos, un millón de litros de agua con cianuro al río. El análisis, realizado en febrero pasado, indica que los valores de metales pesados son aún mayores que en aquel momento.
Vecinxs de la Asamblea Jáchal No se Toca denunciaron que la mina Veladero en San Juan habría protagonizado un nuevo derrame de metales pesados en febrero de 2019, envenenando, una vez más, el agua de la región. El dato surge de un estudio realizado el mes pasado en el río que atraviesa la ciudad por la Universidad Nacional de Cuyo y encargado por la Municipalidad de Jáchal, cuyos resultados muestran la presencia de valores altamente superiores a lo normal en varios elementos, entre ellos, mercurio y aluminio.
“En febrero pasado, se detectaron en el río Jáchal valores fuera de lo normal en varios elementos, siendo altísimos los números de cobre, cromo, manganeso, níquel, plomo, zinc, arsénico, boro; y, sobre todo, aluminio y mercurio”, alerta un comunicado publicado por la asamblea a través de las redes sociales. Y agrega: “Una vez más, el estado del agua demuestra que un nuevo derrame llegó al río, no existe otra explicación”.
Los derrames se vienen repitiendo en la mina de la multinacional Barrick Gold, desde hace tiempo, con graves consecuencias tanto para el ambiente como para la población. Sin embargo, la alarma de estos incidentes surge generalmente de lxs propixs vecinxs frente al silencio gubernamental y la falta de información oficial. Esta vez, tampoco ha habido hasta ahora ninguna comunicación oficial respecto de la situación: “Ocultaron otro derrame en febrero de 2019. Sí, otra vez, solo que la maquinaria de ocultamiento del gobierno y las mineras parece funcionar mejor. Pero la verdad siempre sale a la luz de alguna manera, esta vez, nuevamente, a través de la observación de los análisis cuyas copias tanto nos cuesta conseguir a pesar de ser nuestros”, expresaron desde la Asamblea Jáchal No Se Toca.
Uno de los mayores accidentes mineros del país y que tuvo gran repercusión ocurrió justamente en Veladero en septiembre de 2015, cuando, al menos, un millón de litros de solución cianurada y otros metales pesados envenenó los ríos de la zona. Según denuncian desde la asamblea de vecinxs, los valores detectados un mes atrás superan los de aquel momento.
“En el derrame que se les «escapó» en septiembre de 2015, se detectaron 0,0012 miligramos de mercurio por litro de agua en La Palca (…). Lo normal es que se detecte 0,0002. Ahora, en febrero de 2019, se detectaron 0,0013. Más que en el derrame de 2015. El mercurio los delata, igual que el aluminio, que debería estar en 0,0005 para vida acuática que siempre hubo en la zona o, como máximo, en 5mg para riego agrícola y ganado, y ahora tiene 92mg”, expresan en el comunicado.
Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca, reclaman contra la impunidad político-empresarial ante la contaminación que sufren las comunidades y afirman: “Estamos acá, denunciando y repudiando, señalando que el estrago no para, que no debemos acostumbrarnos, que vienen por más, que vienen por todo. Que nos matarán el pueblo, el río, la tierra y el aire, como ya están haciendo con las montañas. Que despertemos”.
En este contexto, los próximos 18, 19 y 20 de abril, se realizará en esa localidad sanjuanina la Segunda Cumbre Latinoamericana El Agua para los pueblos, un encuentro de movimientos sociales en resistencia ante el extractivismo bajo el lema “Somos Agua, Somos Hermanos”.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está preparando una revisión de las regulaciones del sector minero que incluirá la apertura de reservas indígenas a la minería, dijo el ministro de energía y minas del país.
La minería en reservas indígenas está actualmente prohibida.
El ministro Bento Albuquerque dijo que Brasil planea revisar las reglas de minería para evitar futuros desastres, como el estallido de la presa en una instalación de Vale en enero que mató a cientos y también permitir un mayor crecimiento económico en el sector, incluidas las exportaciones de minerales.
“Ese esfuerzo legislativo también incluirá la regulación del uso de áreas indígenas y otras áreas de acuerdo con lo que establece la constitución federal brasileña”, dijo Albuquerque en un evento en Washington, DC. Un video de los comentarios se publicó a última hora del jueves.
La constitución brasileña de 1988 establece que la minería solo puede llevarse a cabo en áreas indígenas de acuerdo con las normas aprobadas por el Congreso del país que garantiza el beneficio de las comunidades indígenas afectadas.
Pero el Congreso nunca estableció tales reglas, prohibiendo efectivamente la minería en áreas indígenas hasta que se apruebe tal ley. Albuquerque no dio detalles sobre los esfuerzos para abrir las áreas indígenas a la minería.
Los ambientalistas y las organizaciones no gubernamentales dicen que los indígenas son los mejores defensores de los hábitats naturales y temen que la promesa de Bolsonaro de llevar el desarrollo económico a las reservas podría provocar la destrucción del medio ambiente.
Alrededor del 13 por ciento del territorio de Brasil está reservado como reserva indígena, y gran parte de él se encuentra en la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo.
“El Amazonas es muy importante para el país. No solo para preservar el medio ambiente por el valor que representa para el planeta, sino también en términos de riqueza”, dijo Albuquerque. “Las riquezas de la Amazonia deben explorarse de una manera racional y sostenible que no dañe el medio ambiente”.
El gobierno también hará que las leyes sean más “severas y efectivas” para prevenir desastres como la ruptura de la presa de relaves en las instalaciones de Vale en Brumadinho, que enterró a cientos de personas en los desechos mineros en enero, dijo.
Eso incluye planes para revisar el antiguo código minero de Brasil. Un esfuerzo similar del antecesor de Bolsonaro, Michel Temer, fracasó el año pasado.
El nuevo regulador creado por la Agencia Nacional de Minería (ANM) debe recibir más trabajadores y fondos para llevar a cabo la supervisión de las operaciones mineras, dijo.
El accidente en Brumadinho no fue el resultado de una falta de legislación, dijo.
“No quiero prejuzgar, pero no tengo la menor duda de que si se hubiera cumplido con el marco legal (…) ese accidente no habría ocurrido”.
Comunidades de 16 municipios, organizaciones sociales, autoridades municipales, comunales y ejidales de los valles de Oaxaca integrados por el “Frente a la no minería por un futuro de todas y todos” y también integrantes del Comité Ixtepecano Vida y Territorio en la región del Istmo de Tehuantepec .
Reiteraron su rechazo a la actividad minera y a las concesiones otorgadas en territorio oaxaqueño.
Este Frente a la no minería por un futuro de todas y todos la componen la Agencia Municipal de Maguey Largo, San José del progreso, comisariado de bienes comunales y presidencia municipal de Magdalena Ocotlán, Comisariado de bienes comunales de Monte del Toro, Tlacolula, Santa Catarina Minas entre otras más además de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, quienes manifestaron que se respete el convenio 169 de la OIT de qué los pueblos puedan ejercer su autonomía.
Mediante una misiva exigieron al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador se respeten sus derechos colectivos a la libre determinación, autonomía y medio ambiente sano frente a la imposición de mineras en territorio oaxaqueño.
Señalaron que cerca de 90 mil hectáreas de territorio de los valles centrales de Oaxaca ha sido concesionada a la empresa Minera Fortuna Silver mines, qué es la misma que opera la minera en San José de Gracia y que ha contaminado a causa de un derrame en la presa de los jales hacia el río El Coyote.
“Queremos dejarle claro al presidente de la república que la minería bajo ninguna circunstancia es una opción de desarrollo, rechazamos todo lo que tenga que ver con el extractivismo y exploración en nuestras comunidades y le pedimos el replanteamiento del modelo económico por uno basado en el fortalecimiento de nuestros pueblos y comunidades”, indicaron.
Según datos revelados por Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento Oaxaca (Surco), al menos 40 mil hectáreas del Istmo de Tehuantepec y sierra sur han sido concesionadas por la Secretaria de Economía a mineras extranjeras, afectando a municipios como Santo Domingo Tehuantepec, San Miguel Chimalapa y San Carlos Yautepec.
Además Surco explica que a partir de la información publica de la Secretaria de Economia como la Cartografia Minera, la plataforma digital CartoMinMex y reportes de las mineras, Surco elaboró mapas en los que detalló 15 proyectos de las emperesas extranjeras “Gold Resource Corp, First Mining Gold Corp, Minaurum Gold Inc. Acapulco Gold Corp y Oz Minerals”.
El año pasado en el mes de octubre, se realizó en la Ciudad de Oaxaca el “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras” con la participación de 52 comunidades, quienes presentaron 22 casos de afectaciones ocasionadas por la minería de cinco regiones en la entidad (Valles Centrales, Sierra Sur-Costa, Sierra Norte, Mixteca-Cañada e Istmo).
En ese juicio popular, la voz de los pueblos y defensoras fue que se atienda a cabalidad el dictamen final del Juicio Popular en contra del Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca y en ese sentido que se cancelen las 322 concesiones y los 41 proyectos mineros vigentes en el estado, ya que estos se impusieron sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y en violación al derecho a la libre determinación y autonomía.
El presidente de la comunidad campesina de Fuerabamba de Apurímac, Gregorio Rojas, afirmó que los comuneros están a favor de una minería responsable y rechazó que sean “antimineros”, en referencia al conflicto con la empresa MMG Las Bambas.
No obstante, Rojas anunció que recurrirán ante una instancia internacional para solicitar una auditoria para que investigue el conflicto social.
En entrevista a RPP Noticias, el representante de la comunidad de Fuerabamba sostuvo que están de acuerdo con que se construya otra vía a fin de que cese el paso de vehículos de la minera en el tramo de 12 kilómetros de la vía nacional CU—135, que cruza el fundo Yavi Yavi en Chumbivilcas, Cusco.
“Nosotros, la comunidad, apostamos por la minería. Queremos una minería responsable. No somos antimineros. Una minería que cumpla con los compromisos. Vamos a llegar a otras instancias para pedir una auditoría internacional para que se investigue Las Bambas”, acotó.
“El gobernador regional de Cusco llegó hasta la ciudad de Lima y propuso sacar una vía alterna y nosotros [con eso] estaríamos solucionando y es viable […] Nosotros queremos respeto a la propiedad [vía]. No estamos pidiendo ni diez céntimos ni un sol acá. Queremos que el camino se construya en otro lugar y se respete la propiedad privada”, remarcó Gregorio Rojas.
El líder de la comunidad campesina de Fuerabamba detalló que desde este año, luego de una asamblea, contrataron los servicios de asesores legales.
Señaló que la vía es de la comunidad y el Estado peruano no debe intervenir. “Es una propiedad privada. Nosotros somos propietarios. Esto para mí, para la comunidad no es una vía nacional. No tienen un expediente técnico de la carretera”, indicó.
Autor: Antonio José Paz Cardona , Mongabay / La Mula.pe Conflicto Relacionado: Quimsakocha -Azuay
En Ecuador, los habitantes del cantón Girón, en la provincia de Azuay, además de votar para elecciones locales, decidirán si permiten o no la minería en el páramo de Quimsacocha.
Se acercan las elecciones locales en Ecuador. El país saldrá a las urnas el domingo 24 de marzo para elegir alcaldes, concejales y prefectos. Pero en el cantón Girón, de la provincia de Azuay en el sur del país, sus 15 363 habitantes deberán decidir también si quieren o no minería en su región.
Es la primera vez que se llevará a cabo una consulta popular para decidir sobre el tema minero en una región específica. Lo que ocurra marcará un precedente en la historia de este mecanismo de participación ciudadana. Líderes locales están convencidos de que lograrán parar el proyecto minero Loma Larga que pretende explotar oro en el páramo de Quimsacocha, entre los 3600 y 3900 metros sobre el nivel del mar, y a solo 35 kilómetros de Cuenca, la tercera ciudad más importante de Ecuador.
En caso de que los pobladores le digan no a la minería, la concesión del proyecto deberá revertirse y no podrán pasar a una etapa de explotación ─ya finalizaron la tercera fase exploratoria y están a la espera de la licencia ambiental─.
Obtener el visto bueno del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la realización de la consulta fue resultado de la insistencia de campesinos y líderes de los sistemas de agua comunitarios del cantón Girón, durante más de seis años. “De 2012 a 2015 no hubo respuesta por parte del CNE y la Corte Constitucional. El 24 de julio de 2015, el CNE dio paso para calificar la pregunta y enviarla a la Corte para que esta diera su aprobación. Se tuvieron que recoger cerca de 1500 firmas y para lograr este hecho histórico tuvimos que hacer muchas movilizaciones y viajes a Quito”, explica Bolívar Quezada, líder de los sistemas de agua comunitarios de Girón.
La pregunta que encontrarán los habitantes de este cantón en las urnas de votación es la siguiente: ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsakocha (Quimsacocha)?
Una gran fábrica de agua
Quienes se oponen a la minería en Quimsacocha aseguran que la consulta popular es un gran logro en la defensa del páramo, pues de ahí nacen decenas de ríos y quebradas. Además, llevaban muchos años han intentado llamar la atención sobre el tema, sin tener éxito. Bolívar Quezada recuerda que en 2010 la parroquia Victoria del Portete realizó una consulta comunitaria en la que le dijeron no al proyecto Quimsacocha, hoy Loma Larga, pero el gobierno ecuatoriano consideró que esta decisión carecía de validez y no era vinculante.
“En la época de Correa, en el 2010, se creó la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami) que amplió la minería en el país, principalmente la de oro. Se aumentó e incentivó la minería mediana y Loma Larga se aprovechó de esta estrategia para hacer pasar el proyecto como minería mediana y de túnel. Hay muchas dudas, dicen que el Proyecto Loma Larga será de minería subterránea pero el temor es que luego pueda ser cambiado a cielo abierto. Pero sin importar cómo se haga, ambas opciones generan impactos”, asegura Gloria Chicaiza, presidenta de la organización Acción Ecológica que ha acompañado a las comunidades de Girón en el trámite de la consulta popular.
Pero el 13 de marzo último, la posibilidad de decidir sobre este tema estuvo en riesgo. Ese día el juez Vicente Ribadeneira Narváez, de la Unidad Judicial de Quito, le ordenó al CNE suspender la consulta luego de aceptar una acción de protección a favor del colectivo ‘Unidos por el Desarrollo de los cantones Girón y San Fernando’.
La noticia causó gran revuelo en Girón, pero inmediatamente la presidenta del CNE, Diana Atamaint, solicitó al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que destituyera al juez por interferir en un proceso electoral que se encuentra en marcha. A pesar de este tropiezo, la consulta sigue en pie y el CNE ya destinó 34 594 dólares para que, además de elegir a sus mandatarios locales, los pobladores de Girón decidan sobre la minería.
El profesor Felipe Cisneros, director del Programa para el Manejo del Agua y del Suelo (PROMAS) de la Universidad de Cuenca, asegura que los suelos del Quimsacocha son generalmente andosoles ─de origen volcánico, de color oscuro y muy porosos─ e histosoles ─típicos de zonas húmedas con un elevado contenido en materiales orgánicos más o menos descompuestos─, lo que les da unas características de retención de agua excepcionales.
Cisneros asegura que la minería puede causar impactos negativos desde dos puntos de vista: en la cantidad y en la calidad de agua. Según dice, si se llegara a hacer una explotación minera a cielo abierto en esta zona, se destruiría el manto de páramo y “en ese caso se perdería totalmente la superficie generadora de agua y en consecuencia su impacto sería una verdadera catástrofe. Desde este punto de vista este tipo de minería sería impensable en estos ecosistemas”.
En caso de que la explotación sea subterránea, el investigador asegura que el impacto dependerá de la profundidad a la que se encuentre el mineral. “Podría causar impactos en la cantidad de agua superficial dependiendo de las actividades que se realicen pero podría tener impactos altos en la cantidad y calidad del agua subterránea”, comenta.
Los pobladores de Girón llevan más de una década oponiéndose a la minería en su territorio. Aseguran que Loma Larga no solo afectaría a su cantón, sino también a Cuenca y San Fernando. “El proyecto está situado en una fuente de recarga hídrica que abastece a muchas personas. Los más afectados somos los de Girón y la parroquia Victoria del Portete que estamos justo debajo del proyecto minero”, dice Bolívar Quezada. Asegura que se vería afectada la disponibilidad de agua para consumo y para los cultivos y producción lechera de los habitantes de la zona.
En Quimsacocha nacen y pasan muchos ríos que son importantes para las poblaciones en el sur de Ecuador. Por ejemplo, el río Yanuncay llega hasta Cuenca y de ahí se obtiene casi la mitad del agua para consumo de la ciudad.
“En caso de que la gente le diga no a la minería se revierte la concesión y se devuelve al Estado”, asegura Yaku Pérez, defensor del agua y actual candidato a la prefectura de la provincia de Azuay. Sin embargo, dice que el Estado siempre ha tratado de deslegitimar los procesos de consulta diciendo que no son legales, “para confundir a la población”.
Gloria Chicaiza está convencida de que Girón hará prevalecer el agua por encima del desarrollo minero. “Hemos visto cómo la gente está protagonizando asambleas y movilizaciones y es por eso que el sector minero se ha movilizado para intentar parar estas votaciones, como pretendían con la decisión del juez a favor de una acción de protección de personas promineras, que finalmente no prosperó”.
El Estado ecuatoriano también se ha opuesto a la consulta. El Ministerio de Energía y Minas dijo que la pregunta de la consulta no fue calificada por la Corte Constitucional y por eso, a principios de este año, pidieron medidas cautelares. Sin embargo, el CNE procedió porque la Corte dejó vencer el plazo de 20 días que tenía para pronunciarse.
En entrevista con el diario ecuatoriano El Comercio, el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, dijo que “el Estado es el dueño absoluto de los recursos naturales no renovables, y nos pertenece a todos. El hecho de hacer una consulta popular a un grupo de 15 000 personas versus 17 millones plantea una posible violación de derechos”. En cuanto a las consecuencias legales que asumiría el país frente a la concesionaria canadiense, Benálcazar dijo que son sumamente preocupantes. “Se tardará dos o tres años y agotarán hasta la última instancia en el Ecuador, y después dirán: ‘demando al Estado ecuatoriano por falta el seguridad jurídica’ y, como siempre, perderemos. La afectación puede estar entre 500 y 700 millones de dólares, a ‘grosso modo’”.
Pérez, Chicaiza y Quezada creen que es prácticamente imposible que la consulta le dé vía libre a la minería, de hecho no consideran ese escenario. En caso de que se llegara a dar, están seguros de que las comunidades seguirán haciendo resistencia.
La empresa minera canadiense INV Metals, dueña de Loma Larga ─que además de oro busca explotar plata y cobre─ completó un estudio de factibilidad positivo sobre el proyecto, presentó el ‘Informe Técnico sobre el Proyecto Loma Larga, Provincia del Azuay, Ecuador’ el 11 de enero de 2019 y, además, también se pronunció respecto a la consulta popular del 24 de marzo.
El profesor Felipe Cisneros, director del Programa para el Manejo del Agua y del Suelo (PROMAS) de la Universidad de Cuenca, asegura que la minería puede causar impactos negativos desde dos puntos de vista: en la cantidad y en la calidad de agua.
“Todo el yacimiento mineral de oro-cobre-plata Loma Larga y todos los Recursos Minerales y Reservas Minerales relacionadas tal como se describen en el Informe Técnico, se encuentran ubicados exclusivamente dentro de la concesión de Río Falso y no en el Cantón Girón. Sin embargo, las instalaciones de procesamiento y relaves, según se contempla en el Estudio de Factibilidad, actualmente se propone que sean construidas dentro de la concesión Cristal, la cual está ubicada principalmente dentro del Cantón Girón. En el caso de que el referéndum tenga un resultado desfavorable y exigible, INV Metals, en consulta con las autoridades y nuestras comunidades locales, discutirá opciones para las instalaciones de procesamiento que pueden incluir su reubicación si se justifica”, precisó la empresa en un comunicado publicado el 13 de febrero último.
A pesar de esto, INV Metals insiste en que la consulta popular es inconstitucional ya que “viola los derechos constitucionales del Ministerio de Estado para supervisar las actividades mineras (…) Además, en Ecuador las regulaciones mineras son responsabilidad del Estado Central, no de los gobiernos locales”.
Por ahora, los líderes de defensa del agua en Girón se sienten ganadores: “estamos muy seguros de que nuestra población le dirá no a la minería”, dice Bolívar Quezada. Aún así, entre las comunidades hay cierta incertidumbre sobre cómo responderá el Estado. Gloria Chicaiza recuerda que en 2008 Ecuador contaba con un instrumento llamado Mandato Minero que ordenaba revertir las concesiones que estuvieran en áreas protegidas, nacimientos de agua, zonas de recarga e incluso en zonas de amortiguamiento de áreas protegidas. “De acuerdo a eso, el proyecto Loma Larga, antes Quimsacocha, nunca debió avanzar. Pero en el gobierno de Rafael Correa nada de eso se cumplió”.
Lo cierto es que la minería en la provincia de Azuay seguirá siendo un tema importante después del 24 de marzo. Loma Larga es uno de los cinco proyectos estratégicos de minería identificados por Ecuador e INV Metals asegura que continuará con sus esfuerzos para la obtención de permisos en 2019, dentro de las leyes y regulaciones del país.
La Corte Constitucional dijo el año pasado que las consultas populares ya no se pueden frenar la minería.
La Corte Constitucional en 2016 estableció que los municipios podían prohibir los proyectos mineros a través de consultas populares, sin embargo, el año pasado tumbó dicha ley estableciendo que estos mecanismos ya no podrán vetar proyectos extractivos de minería e hidrocarburos.
“En 2016 la Corte abrió la puerta a las consultas populares, pero en 2018 la cerró, ahora las consultas populares se pueden seguir haciendo para cualquier otra cosa, menos para actividades mineras”, explicó Rodrigo Negrete Montes, consultor legal ambiental.
Por su parte, Marcela Bayona, abogada senior, socia M&M Estudio Jurídico Ltda, indicó que “la Corte ha dejado claro que los temas relacionados al aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, escapa a la órbita de los entes territoriales y no podrán prohibir la actividad, sin embargo, señala que son varias tareas pendientes para el Gobierno Nacional y todas las autoridades involucradas, insistiendo en la concurrencia y la coordinación de la nación con el territorio”.
Mientras estuvo vigente la ley de consultas populares se realizaron 10 votaciones en departamentos como Tolima, Casanare, Santander, Cundinamarca, Quindío y Meta, en todos ganó la opción que se niega a hacer minería en el departamento o municipio.
Aunque la norma ya no está vigente, las comunidades ya tienen un plan B. Según Negrete actualmente los municipios están acudiendo a los acuerdos municipales como solución. “Ya van 43 municipios que han prohibido la minería mediante acuerdo municipal en defensa de la naturaleza y de la cultura”, dijo el abogado.
Así mismo, debido a los fallos de las altas cortes colombianas la Agencia Nacional de Minería está realizando concentraciones con las autoridades locales para definir las zonas susceptibles para la actividad minera.
“En Colombia hoy sí es posible conciliar los intereses de las partes involucradas para la realización de actividades mineras y la concreción de proyectos mineros. Desde la ANM hemos visto esto como una oportunidad de hacer la minería cómo se debe hacer en los territorios”, señaló la entidad.
Es por ello que, la ANM diseñó e implementó un Programa de Relacionamiento con el Territorio, que tiene como objetivo principal lograr una relación eficaz, oportuna y permanente con los actores estratégicos involucrados en el desarrollo de proyectos mineros, previo al otorgamiento de un título minero.
Gracias a ello, la Agencia ha logrado concertar a la fecha con más de 200 autoridades locales y ha realizado 47 audiencias públicas de participación, otorgando 87 contratos de concesión minera.
Poblaciones no quieren la minería
De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería durante el 2017 se realizaron siete consultas populares, dos en Cundinamarca, dos en Santander, una en Quindío, otra en Meta y una última en Tolima. Por otro lado, en 2013 se realizaron dos consultas en Piedra, Tolima y Tauramena-Casanare y el año pasado se realizó solo una en Fusagazugá. “De las consultas 10 consultas populares que se han hecho de 2013 a la fecha, en todas las comunidades han dicho que no, entonces esto se vuelve vinculante”, señaló Rodrigo Negrete.
El primer Informe Especial del 2019, elaborado por Guillermo Achucarro, investigador y experto en la temática de Cambio Climático, nos acerca a la realidad del Chaco Paraguayo. Un análisis de las cifras oficiales, y sus probables variables a futuro, nos presentan los posibles escenarios para una de las regiones más ricas en cuanto a biodiversidad y marcada por la presencia de comunidades indígenas que llenan el territorio de una importante riqueza cultural. Ambos patrimonios, la biodiversidad y las culturas de los pueblos originarios, se ven seriamente amenazados por el modelo extractivista y sus consecuencias en lo relacionado al fenómeno del Cambio Climático.
Los conflictos por la presencia de la actividad minera, así como proyectos mineros paralizados vuelven a ocupar las primeras planas. Uno de los que viene agravándose gira entorno al proyecto Las Bambas (Apurímac), donde una comunidad impide el paso de los vehículos de carga reclamando una compensación por el uso de la vía, y el diálogo se ha interrumpido. De otro lado, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) viene criticando al gobierno, la forma como gestiona los conflictos, situación que deberá ser abordada por el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar. Para analizar este contexto y otras situaciones de conflictos vigentes, Noticias SER conversó con Ana Leyva Valera, Directora Ejecutiva de CooperAccion. 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que no brindará más concesiones mineras durante su sexenio, al tiempo que indicó que tampoco revocará ninguna de las que están en uso.
Vecinxs de la Asamblea Jáchal No se Toca denunciaron que la mina Veladero en San Juan habría protagonizado un nuevo derrame de metales pesados en febrero de 2019, envenenando, una vez más, el agua de la región. El dato surge de un estudio realizado el mes pasado en el río que atraviesa la ciudad por la Universidad Nacional de Cuyo y encargado por la Municipalidad de Jáchal, cuyos resultados muestran la presencia de valores altamente superiores a lo normal en varios elementos, entre ellos, mercurio y aluminio.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está preparando una revisión de las regulaciones del sector minero que incluirá la apertura de reservas indígenas a la minería, dijo el ministro de energía y minas del país.
Comunidades de 16 municipios, organizaciones sociales, autoridades municipales, comunales y ejidales de los valles de Oaxaca integrados por el “Frente a la no minería por un futuro de todas y todos” y también integrantes del Comité Ixtepecano Vida y Territorio en la región del Istmo de Tehuantepec .
El presidente de la comunidad campesina de Fuerabamba de 
Se acercan las elecciones locales en Ecuador. El país saldrá a las urnas el domingo 24 de marzo para elegir alcaldes, concejales y prefectos. Pero en el cantón Girón, de la provincia de Azuay en el sur del país, sus 15 363 habitantes deberán decidir también si quieren o no minería en su región.
