Internacional, Mexico

México y Canadá continúan colaboración para imponer más proyectos mineros

De acuerdo con el reporte “Survey of Mining Companies 2018” del canadiense Instituto Fraser, México ya pasó del lugar 44 al 29 en el índice de atracción de inversión para el sector minero.

Y para Canadá, Mexico parece ser particularmente atractivo: de enero a septiembre de 2018, las mineras canadienses invirtieron en México aproximadamente 914 millones de dólares según el padrón de inversión extranjera.

Para el tercer trimestre del 2018, el sector minero contaba con 176 compañías canadienses, además de 45 empresas de Estados Unidos, 13 con capital chino y 10 con capital australiano, según el prontuario de la Industria Minero Metalúrgico de la Secretaría de Economía (SE).

“Estamos dentro de los cuatro inversionistas más importantes de México. Sin embargo hay que formalizar más la arquitectura y vamos a ver cómo vamos a traer más inversionistas a México y viceversa”, declaró Pierre Alarie, Embajador de Canadá en México, quien fue uno de los invitados especiales a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018.

Mexico Mining Day”

En los primeros meses del 2019, los países siguieron trabajando de la mano para fomentar más inversiones mineras en México. Del 3 al 6 de marzo se llevó a cabo en la ciudad de Toronto un evento de promoción minera llamado “Prospectors & Developers Association of Canada” (PDAC, por sus siglas en inglés). El foro reunió a compañías mineras, empresas proveedoras de servicios, desarrolladores, geo-científicos, consultores, ejecutivos, autoridades, directivos de instituciones financieras y legales de la industria minera, provenientes de más de 130 países.

En el marco de este evento, el gobierno mexicano organizó el Mexico Mining Day, en el que participó la Secretaría de Economía (SE) con una delegación encabezada por el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga. Lo acompañaron la directora general de Minas, Laura Díaz; la directora general de Desarrollo Minero, Yvonne Stinson; el director general del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), Alfredo Tijerina, y la directora general del Servicio Geológico Mexicano, Flor de María Harp.

Con su participación, la SE se dio a la tarea de fortalecer la promoción de nuevos proyectos mineros en el país y captar inversores en exploración minera en Latinoamérica y a nivel mundial.

“Las reuniones con los inversionistas son necesarias para reforzar la confianza en el país, tanto del capital nacional como extranjero, porque la inversión pública no alcanzaría para crecer como lo necesita el país”, dijo Quiroga.

México también aprovechó el evento internacional para presentar una nueva herramienta digital llamada GeoInfoMex y desarrollada por el Servicio Geológico Mexicano (SGM), con el propósito dar a conocer el potencial minero del país a inversionistas y así incentivar las inversiones.

Consulten la plataforma aquí: https://www.sgm.gob.mx/GeoInfoMexGobMx/

La plataforma proporciona información muy detallada que incluye datos sobre yacimientos de minerales, estudios metalúrgicos, geología, presencia de proyectos y empresas mineras pero también sobre la situación hidrológica y sísmica, la existencia de áreas naturales protegidas o la repartición de núcleos agrarios, vegetación o usos de suelo a lo largo y ancho del país.

Minería ¿“más allá de la simple sustentabilidad”?

El discurso que han adoptado las autoridades mexicanas y canadienses es el de la “sustentabilidad”. De hecho, el lema del año para el PDAC era “Mining beyond simple sustainability”, o en español: “Minería más allá de la simple sustentabilidad”.

El subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, invitó a los inversionistas a hacer una minería que contribuya al estado de derecho y al desarrollo social. Así mismo, hizo un llamado a evitar el daño, mediante la aceptación de las consultas públicas, la protección ambiental y el respeto a los derechos humanos.

“La vida humana, los desastres naturales, y el gobierno como un regulador imparcial, no son negociables”, señaló el funcionario.

Sin embargo, la realidad permite dudar de esas afirmaciones.

El Senado desecha la propuesta de modificación de la Ley Minera

A finales de marzo, tan sólo unas semanas después del evento de Toronto, el Senado mexicano desechó una iniciativa de modificación a la Ley Minera que pretendía otorgarle a la SE el poder de cancelar concesiones mineras y declarar zonas “inviables de explotación” o “en conflicto por impacto social negativo”.

“En materia presupuestaria se encontró que la iniciativa es incompleta, ya que no se define el costo fiscal que implican tanto las nuevas funciones asignadas a la Secretaría de Economía y al Servicio Geológico Mexicano, así como las posibles cancelaciones mineras por el impacto de las medidas añadidas”, señala el desechamiento de la iniciativa.

“No se establece un procedimiento preciso para la determinación de ‘Zona Inviable de Explotación o en Conflicto por Impacto Social Negativo’; de igual manera, no se especifica si aplica para las existentes o las nuevas concesiones que se asignen a partir de la promulgación de esta Ley. Siendo el caso para todas, incluyendo las existentes, estaríamos ante una violación de derechos constitucionales”, advierte el argumento contra la propuesta de ley.

La iniciativa quedó desechada y archivada como total y definitivamente concluida.

Las mineras canadienses involucradas en muchos casos de violaciones de los Derechos Humanos

Por otro lado, las empresas mineras canadienses representan el 40 por ciento de las grandes operaciones mineras en América Latina, y durante mucho tiempo han habido acusaciones de abuso en sus operaciones en el terreno.

Los conflictos han crecido a medida que la exploración se ha intensificado, dice Shin Imai, profesor de derecho en la Universidad de York y director del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa. Entre 2000 y 2015, hubo presuntos casos de violencia y actos delictivos que involucran a 28 empresas mineras canadienses en América Latina , incluidas 44 muertes y 403 lesiones, según los registros del grupo del profesor Imai.

Joe Fiorante es el abogado de los demandantes en dos juicios que acusan a mineras canadienses de actos de violencia en contra de la población en Guatemala. Él expresa: “Existe la percepción de que las empresas canadienses son más responsables social y ambientalmente porque son canadienses, pero podemos ver que están involucradas en algunas denuncias muy graves de abusos contra los derechos humanos”.

En una columna editorial del New York Times el comentarista mexicano Jaime Porras Ferreyra asegura: “Trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina han mostrado que empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social”.

Finalmente, para Cesar Padilla, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), “la minería canadiense llegó acá con un discurso de minería limpia, de ayuda al desarrollo, y finalmente no cumplieron la mayoría de las promesas y compromisos que hacían”.

Fuente: https://avispa.org/mexico-y-canada-continuan-colaboracion-para-imponer-mas-proyectos-mineros/?fbclid=IwAR0WjmrlYt-jM0iMo7GING18siXSWaLLaNVlDfFSvfxA92C97z-ty5d4NrE

Chile

Megaproyecto Dominga ya fue rechazado y Corte Suprema deberá ratificarlo: Peligros, oportunidades y desafíos

En este artículo quiero proponer una breve reflexión de cómo enfrentar un conflicto que sigue abierto, que no ha cerrado y que está esperando ser gatillado para causar la alegría de algunos o la indignación de otros.

A fines de este año seremos sede de la próxima reunión de Conferencia de las Partes (COP) de Naciones Unidas, más conocida como COP25, la cual busca impulsar políticas activas para cuidar y proteger el planeta. El Gobierno de Piñera ha puesto algunos temas como el cuidado de los océanos y la Antártica (y otros) sumado a un Consejo Presidencial COP25, más bien técnico-político, porque no está la ciudadanía o dirigentes socioambientales. Pero en cualquier caso, se realizará y buscará tomar acuerdos planetarios sobre temas fundamentales para la sobrevivencia global. En contraposición, movimientos socioambientales están levantando la Cumbre de los Pueblos 2019. Ella propone una agenda antineoliberal y de justicia climática. Pero por qué menciono esto, bueno, porque en Chile parecemos funcionar fuera de la regla: ¿qué sucederá si la sentencia de la Corte Suprema no acoge los alegatos de la oposición al proyecto? Las autoridades actuales deberán aprobarlo o no en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo. Y bueno, solo recordemos las declaraciones de la Intendenta Lucía Pinto al momento de aprobar el Plan Regulador Intercomunal Elqui (PRI), contando con el apoyo de la Cámara Chile de la Construcción, los alcaldes de la conurbación y diputados de la derecha de la región (y sin la participación ciudadana, esa es la regla en Chile): la Intendenta señalaba que Dominga podía ser aprobada con mayor facilidad con este PRI. Y bueno sumando más antecedentes, todos los miembros de su coalición se han mostrado a favor porque necesitan de este proyecto para seguir sustentando su discurso de “trabajo” (precarizado y sin mejores sueldos), “desarrollo” (para los ricos) y “seguridad” (para ellos).

¿Qué sucedería? Nuevamente Chile perdería credibilidad internacional (como pareciera ser la tendencia en este Gobierno): pierde la comuna de La Higuera y sus comunidades, el trabajo sustentable realizado durante todos estos años por los pescadores artesanales, el turismo, pierden los animales, la flora, las aguas. Este es el gran peligro.

Pero, ¿las oportunidades? Las hay y las conocemos. La zona lleva más de 11 años en constante conflicto (en 2010 lo fueron las tres termoeléctricas “Barrancones” y hoy lo son Cruz Grande y Dominga), erosionando la convivencia del territorio y polarizando a las familias. Sin embargo, si observamos la evolución del conflicto, nos encontramos con varios hitos importantes durante este 2019:

(1) La creación de Alianza Humboldt es un giro estratégico fundamental: Con el objetivo de proteger el Archipiélago de Humboldt a corto y largo plazo, organizaciones (ONG’s, movimientos sociales) de la región y todo Chile, se han unido en red para generar una política de conservación definitiva para uno de los ecosistemas marinos con mayor biodiversidad. (2) El aumento de la organización y acciones públicas: durante este año, hemos sido testigos de diferentes acciones colectivas del movimiento socioambiental para concientizar y hacer presión a las autoridades que los proyectos no se deben aprobar: tales como, campañas en redes sociales, representantes en radios durante febrero y marzo; dos velatones; en marzo reunieron a más de 300 personas en el Faro de La Serena para hacer con los cuerpos un gran #NoADominga; y recientemente en abril, realizaron una Marcha del Pingüino.

Todas estas acciones, desarrollan la creatividad de un movimiento que vive a pulso, pero que posiciona estratégicamente (sin develar sus pasos) a nivel local y nacional, un proyecto mayor: éste proyecto mayor cuestiona cómo nos estamos relacionando como humanidad con la naturaleza, y necesitamos cambios estructurales e individuales en el hoy. Allí radican los desafíos. Los desafíos entonces, son sin duda llegar acuerdos internacionales en la COP25 (y que cada país los cumplan) pero también debemos poner atención a los planteamientos de los activistas y movimientos sociales que lo dicen con cansancio una y otra vez, hay una agenda “contra el cambio climático que se agotó y que no es suficiente”. La Cumbre de los Pueblos, Alianza Humboldt y todas las acciones anteriormente mencionas, nos entregan luces claras de un futuro más próspero pero eso significa poner sobre la mesa los intereses colectivos y comunes por sobre los económicos (del mercado internacional): sin la ciudadanía y organizaciones sociales, es imposible que estos intereses sean defendidos y promovidos. Necesitamos a estos actores en primera línea, necesitamos que estos actores sean escuchados por las autoridades, allí radican también nuestros desafíos y oportunidades.

El futuro del megaproyecto Dominga aún es incierto. Día a día estamos esperando el fallo oficial de la Corte Suprema porque sabemos que ahí se juega el futuro de la humanidad también. Estamos atento y conscientes, y también estamos dispuestas y dispuestos a colaborar y concretar que esas oportunidades sean viables para la región de Coquimbo y Chile.

Perú

Tía María: Confiep afirma que Southern Copper ya tiene «licencia social»

Le meten presión al Gobierno. Tras las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, que dijo que para la ejecución del proyecto minero Tía María en Arequipa es necesario un «espacio favorable», para lo que se debe buscar un «consenso mayor» en la población local, la presidenta de la Confiep, María León, cuestionó esta afirmación y señaló que la minera mexicana Southern Copper ya tiene lo que ella llamó «licencia social«.

«Quisiera entender qué es «mayor consenso«. Los proyectos mineros deben hacerse en armonía con las comunidades y entiendo que la empresa ha hecho su trabajo con la población local, se han acercado y tienen una «licencia social» que le permite sentirse listos para que le den la licencia de construcción. […] No entiendo cuál es la razón, qué respuesta esperan de la población, cuál sería el indicador», dijo en entrevista a Canal N.

En agosto próximo, se vence el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María. Por ello, el gremio empresarial espera que, antes de esa fecha, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) le de licencia a Southern para que construya la mina. En caso esto no ocurra, la empresa minera tendría que elaborar un nuevo EIA, lo cual postergaría el inicio de las obras por un año más.

La semana pasada, en conferencia ante la Asociación de Prensa Extranjera en Perú, el titular del MEM dijo que espera que este 2019 se otorgue la licencia para el inicio de la construcción de la mina, pero precisó que «darle la autorización a la empresa no implica inmediatamente una construcción«.

«Así tenga permiso, no es que de inmediato recibe autorización de concesión y al día siguiente empieza a construir, porque si no se da espacio favorable a la inversión lo más probable es que se tenga un conflicto«, dijo.

«Sabemos que los proyectos no pueden ser impuestos, nunca ha habido buenos resultados en la imposición de los proyectos; por eso, no se busca unanimidad, pero sí se busca un consenso mayor en el desarrollo del proyecto, eso es al margen de la aprobación administrativa», agregó, según citó Gestión.

En marzo pasado, el CEO de Southern, Óscar Gonzalez Rocha, dijo a El Comercio estar confiado en que el Gobierno le iba a otorgar licencia de construcción de la mina antes de agosto próximo. El empresario minero dijo que había «falta de decisión» en el Ejecutivo para expedir la licencia. Además, afirmó que actualmente el clima social en el Valle de Tambo es «mucho mejor».

Recordemos que, en el 2009, Southern Copper presentó el EIA de Tía María y este recibió 136 observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS), lo que generó protestas durante el gobierno de Alan García en el 2011, cuando lamentablemente tres ciudadanos perdieron la vida víctimas de perdigones disparados por la Policía Nacional. Otra protesta se realizó durante el gobierno de Ollanta Humala en el 2015, cuando otros dos ciudadanos murieron por la represión policial en Islay. En ese momento, Humala puso en «modo pausa» el proyecto, ya que dijo no poder suspender ni cancelar la inversión. Los agricultores del Valle de Tambo se oponen al proyecto porque temen que sus campos de cultivo se contaminen con la actividad extractiva.

El proyecto Tía María se ubica en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa. Se estima que la mina produzca 120 mil toneladas de cobre por año. Para su construcción, se invertirán 1, 400 millones de dólares. En principio, el inicio de sus operaciones estaba planeado para finales del 2011, pero ya han pasado ocho años y el proyecto no se ejecuta debido a la oposición ciudadana.

Fuente: https://redaccion.lamula.pe/2019/05/06/tia-maria-presidenta-confiep-maria-leon-licencia-social-mayor-consenso-ministro-francisco-ismodes/jorgepaucar/

Perú

Sobre el Proyecto de Amnistía: ¿Y dónde queda la criminalización de la protesta social?

El Ministro de Justicia, Vicente Zevallos, y el congresista Richard Arce, han informado que uno de los acuerdos suscritos en la Mesa de Justicia y Derechos Humanos con las comunidades de la provincia de Cotabambas-Apurímac (caso Las Bambas), ha sido el de la presentación -en un plazo no mayor de 30 días- de un Proyecto Ley de Amnistía para las y los comuneros que han sido criminalizadxs durante el conflicto social de Las Bambas. Se refiere que habría un número que va de 300 a 500 dirigentxs criminalizados.

Ciertamente, el acuerdo evidencia la voluntad de las partes de la Mesa de dar una salida a un problema que confronta y entrampa a las distintas partes del conflicto Las Bambas. Sin embargo este acuerdo llama a preocupación en varios sentidos:

Primero, ya la Comisión y la Corte IDH han emitido varias resoluciones y acuerdos recomendando a los estados a no hacer uso de figuras jurídicas como las de las amnistías, pues en la región este recurso casi siempre ha favorecido situaciones de impunidad frente a graves delitos de derechos humanos.

Segundo, el otorgamiento de la amnistía y su aceptación por parte de lxs amnistiadxs, implica el reconocimiento implícito de la comisión de un delito, pues citando a la CIDH la “…amnistía es el olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”. Es decir, se terminaría avalando la estrategia de criminalización de la protesta social que ha convertido el derecho a la protesta y la libertad de expresión, en los contextos de conflicto social, en delitos.

Y lo tercero, como en otros casos, se pretende ir sobre la rama y extraviarse en el bosque. Las autoridades y representantes involucradxs deben tener en cuenta que la criminalización de la protesta social en el Perú ha generado problema social y de injusticia flagrante, que ha conducido hasta este momento a más de 800 defensores y defensoras de derechos humanos ante el sistema de justicia. La exigencia en el presente caso, como también en el conjunto de casos de criminalización de la protesta, es la de garantizar los derechos y libertades de quienes hoy son injustamente criminalizadxs. No podemos convivir con estrategias legales orientadas a limitar y someter las libertades y derechos de las personas.

No es posible evadir una demanda justa que surge del pésimo tratamiento del conflicto de Las Bambas. Por el contrario su atención debe darse en el contexto del abordaje riguroso e integral a un marco institucional punitivo que ha precarizado los derechos humanos en el Perú. Esperamos respuestas en este sentido….!!!

Fuente: http://derechosinfronteras.pe/sobre-el-proyecto-de-amnistia-y-donde-queda-la-criminalizacion-de-la-protesta-social/?fbclid=IwAR2u0u13LUKced3RmCOTyDvmNHkYle7r57k1EuuCrJm5q6wO8AtKqe5Uwpo

Brasil, Internacional

Dizer que povos indígenas estão sentados sobre imensas reservas minerais é racismo puro e simples.

No debate sobre a mineração em terras indígenas, “o Canadá está alguns passos à frente do Brasil” e “as universidades têm desempenhado um papel importante no sentido de estimular a reflexão franca e o debate aprofundado sobre a mineração em terras indígenas, aproximando governos, empresas e povos indígenas em seminários acadêmicos”, diz Leonardo Barros, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, à IHU On-Line. “Não tenho conhecimento de que os pronunciamentos do governo brasileiro no sentido de liberar a mineração em terras indígenas tenham dado ensejo a um grande debate acadêmico, ou mesmo na esfera pública mais ampliada, por aqui”, diz, ao comentar as iniciativas do presidente Jair Bolsonaro, favoráveis à exploração mineral em terras indígenas.

Na entrevista a seguir, concedida por e-mail, o pesquisador informa que o Canadá, assim como o Brasil, tem “uma imensa população tradicional composta pelos Inuit, os povos tradicionais do Ártico, os chamados Métis, população com ancestralidade mista entre indígenas e colonos europeus e, por fim, as chamadas ‘Primeiras Nações’ (First Nations), povos indígenas da forma como conhecemos o conceito aqui no país”, e que os dois países “comungam de uma história de relações ambíguas com seus povos indígenas” e “buscaram, por métodos diferentes, ‘integrar’ suas populações indígenas ao conjunto da sociedade colonizadora”.

Leonardo Barros é autor da tese “(Un)changing Indigenous land claims: evidences from a cross-national comparison between Canada and Brazil” ((I)mutáveis reivindicações de terras indígenas: evidências de uma comparação transnacional entre Canadá e Brasil – tradução livre), que apresenta um estudo comparativo acerca de como indígenas canadenses e brasileiros têm participado das políticas indigenistas de seus países e atuado em suas terras, e de como empresas e instituições federais têm se envolvido nos processos de extração mineral em terras indígenas. Entre as diferenças que envolvem o reconhecimento das terras indígenas nos dois países, Barros pontua que “os territórios indígenas canadenses são reconhecidos por meio de um tratado assinado entre governo e povos indígenas e, neste acordo, são esclarecidos os termos relativos à possibilidade de empreendimentos econômicos, incluindo atividades de mineração. Já as terras indígenas brasileirassão reconhecidas mediante um processo constitucionalizado que finda com um conjunto de direitos imediatamente reconhecidos, não passíveis de negociação bilateral entre povos indígenas e corporações”.

De acordo com ele, embora do ponto de vista legal as terras indígenas canadenses estejam “mais abertas a empreendimentos econômicos do que as terras indígenas brasileiras”, não há consenso entre as comunidades canadenses sobre o tema. “Algumas lideranças dos povos tradicionais que embarcam em parcerias com empreendimentos minerários argumentam que as relações entre as partes não precisam ser, necessariamente, conflituosas, e que um relacionamento mutuamente benéfico pode ser obtido quando da consideração, a sério, do ponto de vista destes povos no desenho e na implementação dos projetos. Estas lideranças, em conjunto com executivos de mineradoras, buscam um acordo de boa-fé que possa, efetivamente, significar a melhoria de vida para as comunidades envolvidas”, conta. Já os que são contrários à atividade mineral em terras indígenas “apontam para os passivos ambientais que, por vezes, podem degradar uma área de forma irreversível, tornando certas atividades tradicionais inviáveis, com importantes repercussões para os modos de vida tradicionais. Também demonstram preocupação com a dependência econômica total das comunidades com relação aos empreendimentos”, afirma.

Ao comentar a discussão sobre a possibilidade de legalizar a atividade minerária em terras indígenasdo lado brasileiro, Barros frisa que “o Brasil é um dos poucos países do mundo em que ainda hápovos indígenas em isolamento voluntário, sem contato algum com a sociedade circundante, e que decidiram assim permanecer. O Estado brasileiro tem o dever constitucional de proteger esses povos. A mera perspectiva de abrir os territórios em que estes povos habitam para empreendimentos minerários parece-me aterradora. Não vejo como isso não possa significar outra coisa que não o genocídio destes grupos”. Na avaliação dele, a experiência indígena no Canadá “ajuda apenas em parte”, porque “olhar para o Canadá como um bom modelo da relação entre povos indígenas e mineração deve ser visto com prudência e com análise detida em cada caso concreto”.

Leonardo Barros Soares é psicólogo formado pela Universidade Federal do Ceará – UFC, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Realizou estágio doutoral em 2017 na Université de Montréal junto ao Centre de recherche sur les politiques et le développement social – CPDS. É membro do Réseau d’études latino-américaines de Montréal – RÉLAM e desenvolve pesquisas na área de democracia participativa, instituições participativas, teoria deliberacionista, política urbana, etnopolítica, política indigenista comparada, povos indígenas americanos, movimentos sociais e associativismo étnico e políticas de reconhecimento territorial indígena.

Confira a entrevista.

IHU On-Line – Desde quando empresas de mineração atuam em terras indígenas no Canadá? Qual é o marco legal que regulamenta esse tipo de atividade e como se chegou a essa decisão?

Leonardo Barros – Antes de mais nada, é importante esclarecer para o público brasileiro que o Canadá é, assim como o Brasil, um dos países com maior demodiversidade do globo, com uma imensa população tradicional composta pelos Inuit, os povos tradicionais do ártico, os chamados Métis, população com ancestralidade mista entre indígenas e colonos europeus e, por fim, as chamadas “Primeiras Nações” (First Nations), povos indígenas da forma como conhecemos o conceito aqui no país. Lá como cá, eles também são o segmento populacional mais subalternizado e empobrecido da sociedade. É importante começar nossa conversa mencionando este fato — que o Canadá tem centenas de povos tradicionais em seu território —, o que é uma surpresa para muita gente.

Confira a entrevista.

IHU On-Line – Desde quando empresas de mineração atuam em terras indígenas no Canadá? Qual é o marco legal que regulamenta esse tipo de atividade e como se chegou a essa decisão?

Leonardo Barros – Antes de mais nada, é importante esclarecer para o público brasileiro que o Canadá é, assim como o Brasil, um dos países com maior demodiversidade do globo, com uma imensa população tradicional composta pelos Inuit, os povos tradicionais do ártico, os chamados Métis, população com ancestralidade mista entre indígenas e colonos europeus e, por fim, as chamadas “Primeiras Nações” (First Nations), povos indígenas da forma como conhecemos o conceito aqui no país. Lá como cá, eles também são o segmento populacional mais subalternizado e empobrecido da sociedade. É importante começar nossa conversa mencionando este fato — que o Canadá tem centenas de povos tradicionais em seu território —, o que é uma surpresa para muita gente.

Brasil e Canadá comungam de uma história de relações ambíguas com seus povos indígenas. Ambos os países buscaram, por métodos diferentes, “integrar” suas populações indígenas ao conjunto da sociedade colonizadora e, ainda hoje, oscilam entre aproximações produtivas e distanciamentos genocidas com suas populações tradicionais.

Dito isso, cabe ressaltar que, assim como o Brasil, o Canadá é um país com forte dependência de commodities extrativistas e com forte atividade minerária em seu território e em outros países, inclusive no Brasil, por meio de empresas tais como a Yamana Gold e a Lundin Mining, para ficarmos em apenas dois exemplos. Como não poderia deixar de ser, estas atividades impactam sobremaneira os povos tradicionais por lá também.

Mineração no Canadá

Não há uma legislação federal sobre a mineração no Canadá e a matéria é largamente regulada pelas províncias, que gozam de maior autonomia que suas contrapartes brasileiras. Assim, diversos tipos de licenças e procedimentos são requeridos a depender da província, do metal a ser explorado e do porte do empreendimento. Em todo caso, há um interesse comum entre governos provinciais e governo federal para a exploração mineral no território canadense, e a atividade conta com gordos subsídios, além de diversas facilitações para que os empreendimentos ocorram.

A maioria dos povos indígenas canadenses só teve maior contato com a mineração a partir da década de 1970, com algumas exceções de povos que convivem com a atividade há gerações. Até aquela época, os povos indígenas canadenses pouco ou nada podiam fazer quando da determinação de um empreendimento minerário em seus territórios. No entanto, a partir de 1975, com a edição do primeiro tratado de reconhecimento territorial indígena moderno, o James Bay and Northern Quebec Agreement, os povos CreesInuit e Naskapi ganharam um maior controle sobre decisões relacionadas à mineração em seus territórios. Esse entendimento foi reforçado em 1978, a partir do relatório Berger recomendando a não instalação do Mackenzie Valley Pipeline sem a consulta prévia aos indígenas afetados. De lá para cá, artigos regulando atividades de mineraçãoforam incluídos em diversos tratados territoriais.

Mineração em terras indígenas canadenses

mineração em terras indígenas canadenses também é limitada por sucessivas decisões da Suprema Corte Canadense, tais como a Haida/Taku ou a recente decisão Ross River Dene Council, da corte de apelação do Território Yukon, que estabelecem a obrigatoriedade de uma consulta esclarecida com os povos indígenas para sua participação na definição da melhor alocação dos recursos naturais presentes em suas terras. Na prática, no entanto, há alguns grupos que se queixam de que os governos provinciais e federal não protegem seus interesses, o que os deixa desamparados frente às propostas feitas pelas grandes empresas de mineração.

Por outro lado, há também lideranças de alguns povos tradicionais que entendem que as companhias estão mais bem posicionadas para avaliar os impactos sobre os povos indígenas e são mais flexíveis em negociações diretas do que os governos. Essa negociação direta entre companhias e povos indígenas é que é a regra por lá.

IHU On-Line – Em artigo recente o senhor disse que existem “modelos bem-sucedidos de parceria entre mineradoras e povos indígenas” no Canadá. Pode nos contar como são feitas essas parcerias, que áreas as mineradoras exploram e por que, na sua avaliação, elas são bem-sucedidas?

Leonardo Barros – Para entender a “parceria” entre mineradoras e povos indígenas por lá, é relevante saber que desde meados do século XIX, após uma forte intervenção do governo nas estruturas tradicionais de organização dos povos indígenas, hoje muitos deles se organizam em “conselhos” que assumem uma forma “quase-municipal” com eleições regulares, estrutura administrativa, assessorias, departamentos, critérios de membresia, jurisdição sobre alguns assuntos etc. Assim sendo, não é de se estranhar que essas estruturas administrativas considerem, muitas vezes, os royalties da mineração como uma importante fonte de renda.

Diante das precárias situações de qualidade de vida experimentadas por muitos povos indígenas canadenses, incluindo altos índices de desemprego, a mineração pode aparecer, no melhor cenário, como uma oportunidade de aumento da renda coletiva e eventualmente da melhoria da infraestrutura comunitária. Além disso, a estratégia de resistência de qualquer grupo social subalternizado pode passar pela ideia de que se a mineração, ou qualquer outro empreendimento de grande porte é inevitável, que ao menos se possa, então, garantir o melhor aproveitamento possível para o grupo atingido.

Quando falo de parcerias bem-sucedidas, me refiro exatamente ao fato de que, diante do empreendimento, povos indígenas politicamente mais organizados e coesos foram hábeis em negociar acordos mais benéficos para si. Estes acordos, chamados de forma geral de “IBAs” (Impact and Benefit AgreementsAcordos de Impacto e Benefício, em tradução livre) ou ainda de “SEPAs” (Socio-economic Participation Agreements, terminologia utilizada pela Aboriginal Mining Corporation e que significa Acordos de Participação Socioeconômica, em tradução livre), contratualizam a relação entre mineradoras e povos indígenas e já passam de cem acordos firmados, hoje em dia, em diversas regiões do país. Os governos provinciais e federal entram como responsáveis fiduciários.

Entre os exemplos mais notáveis está o caso do acordo que deu origem ao reconhecimento do imenso território de Nunavut, que prevê, em seu artigo 26, do IBAs, que “promovam os objetivos culturais Inuit e aumentem seu padrão de vida”. O acordo sobre a mina Raglan, realizado entre os Inuit e a Societé Minière Raglan du Québec Ltée em 1995, também previa a contratação prioritária de Inuits qualificados para trabalhar na mina, o estabelecimento de um comitê para a supervisão contínua do empreendimento, um representante do povo tradicional no conselho de direção da empresa e uma indenização de 60 a 100 milhões de dólares canadenses, mais a distribuição de royalties e de lucros e dividendos. Outro exemplo de sucesso é a parceria entre o Grande Conselho dos Crees e a Goldcorp Inc. em 2011 para o desenvolvimento e operação do chamado Éléonore Gold Project.

Além disso, poderíamos citar a comunidade Moose Cree, na província de Ontário, que se tornou parceira de negócios da Ontario Power Generation na construção de uma hidrelétrica no rio Mattagami. A comunidade de Fort McKay, em Alberta, se beneficiou dos empregos gerados pela exploração do xisto betuminoso na região. Aliás, a indústria da mineração é potencialmente o maior empregador de indígenas por lá. Os exemplos são múltiplos, mas ainda não há uma apreciação de conjunto sobre a questão de forma mais aprofundada. A pesquisa acadêmica sobre o assunto ainda é inicial por lá, ao passo que é virtualmente inexistente por aqui.

IHU On-Line – De outro lado, quais são os conflitos existentes no Canadá entre os povos indígenas e as mineradoras?

Leonardo Barros – Os povos indígenas canadenses têm uma longa história de movimentos de resistência contra governos e corporações, potencializados a partir de 1960 e recentemente reeditados no chamado movimento Idle No More em 2013. Diga-se de passagem, um dos desencadeadores desta que foi uma das maiores mobilizações indígenas em todo o mundo foi, justamente, a proposta de mudança na legislação ambiental e na de águas navegáveis do Canadá, o que beneficiaria enormemente empresas de exploração de recursos naturais em detrimento das formas tradicionais coletivas de gestão dos territórios e das águas indígenas.

A resistência aos projetos de exploração de recursos minerais no Canadá assume várias formas, desde os tradicionais protestos de rua até formas mais complexas, como o recente caso em que os Kw’alaams rejeitaram, por meio de um referendo, um projeto em parceria com a multinacional Petronas para a construção de um terminal de exportação de gás liquefeito na costa noroeste da Colúmbia Britânica no valor de 1,5 bilhão de dólares canadenses.

O repertório de ação coletiva dos grupos é variado, indo desde forte presença midiática até ações mais diretas, tais como bloqueio de estradas ou confronto direto com forças de segurança, passando por lobby organizado sobre parlamentares, marchas e atividades de cunho simbólico, como rodas de dança e cantos tradicionais.

IHU On-Line – Como os indígenas canadenses têm se pronunciado sobre a extração de minério em suas terras? O que dizem os indígenas que são favoráveis a essa prática e os que são contrários?

Leonardo Barros – Não há uma voz unificada dos povos indígenas e demais povos tradicionais sobre esse tema, como também não há, diga-se de passagem, no Brasil. O que há é a organização em associações mais ou menos representativas, tais como a Assembleia das Primeiras Nações (Assembly of First Nations) e os conselhos de líderes de cada povo, variando de região para região. Em resumo, o panorama político é complexo e resiste a uma generalização.

Algumas lideranças dos povos tradicionais que embarcam em parcerias com empreendimentos minerários argumentam que as relações entre as partes não precisam ser, necessariamente, conflituosas, e que um relacionamento mutuamente benéfico pode ser obtido quando da consideração, a sério, do ponto de vista destes povos no desenho e na implementação dos projetos. Estas lideranças, em conjunto com executivos de mineradoras, buscam um acordo de boa-fé que possa, efetivamente, significar a melhoria de vida para as comunidades envolvidas. Historicamente, o governo canadense apresenta fortes déficits de investimento em infraestrutura e geração de renda e emprego nas comunidades indígenas, que observam nas parcerias a possibilidade de virarem o jogo a seu favor.

Os que se pronunciam de forma contrária apontam para os passivos ambientais que, por vezes, podem degradar uma área de forma irreversível, tornando certas atividades tradicionais inviáveis, com importantes repercussões para os modos de vida tradicionais. Também demonstram preocupação com a dependência econômica total das comunidades com relação aos empreendimentos, algo que pode ser visto facilmente aqui, no Brasil, em muitas cidades do interior. Por fim, chamam a atenção para a deficiência do Estado canadense em sua capacidade de fazer cumprir sua legislação ambiental e de direitos humanos em situações de violações destes direitos por parte das mineradoras.

El Salvador

EL SALVADOR CON DEUDA PENDIENTE HACIA EL CIERRE TÉCNICO DE MINAS

En el marco de los dos años de plazo que contempla la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, la Asociación para el Desarrollo de El Salvador -CRIPDES- y la Alianza Centroamericana frente a la Minería -ACAFREMÍN- dieron a conocer en una rueda de prensa que consideran que el gobierno salvadoreño tiene una deuda sobre el cumplimiento del cierre técnico de minas en el país.

El gobierno no ha mostrado públicamente “Propuestas de Reconversión de Actividad Económica para los Guiriseros”, en el cantón San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, explica un comunicado emitido a finales de abril. Al tiempo que advierte que tampoco ha presentado una propuesta para realizar el cierre de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) de 6 bocaminas en el Divisadero en Morazán y otras 9 bocaminas en la mina San Sebastián, las cuales según la ley le corresponde hacer en los dos primeros años de vigencia de la ley.

Aunado a lo anterior, deja conocer la publicación, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) debe realizar el retiro de los contenedores con sustancias químicas toxicas que por años han permanecido en la mina San Sebastián.

A pesar que El Salvador cuenta con una Ley de Prohibición de la Minería Metálica aún persiste la amenaza de la reversión de la misma debido a que no está elevada a rango constitucional, así mismo lo sigue siendo la minería transfronteriza en Guatemala y Honduras, países con los cuales compartimos las aguas de las cuencas hidrográficas del río Lempa.

Una de las controversias relacionadas con el agua es el proyecto de la mina Cerro Blanco que pone en riesgo la salud de ambas naciones centroamericanas y la amenaza de contaminación del río Ostúa y el Lago Güija, a causa de la explotación minera de la empresa Bluestone Resources Inc. en Asunción Mita, Guatemala.

Para las organizaciones que reclaman se haga efectivo este compromiso, es esencial que El Estado establezca mecanismos de gobernabilidad dentro de un marco de colaboración entre los países El Salvador y Guatemala, para ello es necesario la apertura de un tratado Binacional sobre aguas transfronterizas para prohibir la operación de la mina Cerro Blanco en dicha nación vecina y garantizar la sustentabilidad del río Lempa.

Fuente: http://www.radiotemblor.org/?p=14536&fbclid=IwAR1SxtS0z9h9faLNR5gvIm–eHzYt8-nmvkkJ36oYv98QZyt_VzEFTLl2vo

Chile, Litio

Litio: Informe establece «evidente negligencia estatal» en firma de acuerdo Corfo-Soquimich

Por 72 votos a favor, 43 en contra y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el informe recaído en la investigación realizada respecto de los actos del Gobierno relativo al origen y adopción del acuerdo entre Corfo y Soquimich, sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama y su ejecución.

La investigación, aprobada en sesión celebrada el 6 de junio de 2018, tras la solicitud formulada por sesenta y ocho diputadas y diputados, arrojó entre sus conclusiones que la celebración del contrato entre Corfo y SQM, en 1993, generó las condiciones para que esta última pudiera explotar, sin mayores límites, el litio chileno hasta el año 2030.

En el documento, rendido ante la Sala por el diputado Esteban Velásquez (FRVS), se sentencia que la decisión de firmar el citado contrato fue perjudicial para los intereses del Estado, dado que se otorgaron amplias facultades de exploración, explotación y comercialización de pertenencias mineras de litio, que eran de propiedad estatal, a una empresa privatizada, sin que hubiera información suficiente para justificarlo en su origen, en especial respecto del plazo que se pactó originalmente.

El informe también acusa «evidente negligencia estatal» en la fiscalización y control de las cláusulas del contrato, así como carencia de políticas públicas y de fiscalización administrativa respecto de la situación ambiental del Salar, el impacto que producía la explotación a las comunidades aledañas e incluso sobre la naturaleza de los productos que exportaba SQM al extranjero.

Desde el punto de vista de los ingresos tributarios, se estima que hubo inexistente control y trazabilidad del litio por parte de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos, así como falta de fiscalización de la extracción de salmuera.

El informe valora positivamente la decisión de Corfo de demandar a SQM en 2014, con el objeto de cobrar la renta de arrendamiento no pagada por SQM (ascendente a cerca de 8 millones de dólares, más intereses y daño moral), como asimismo, la terminación del contrato en sí mismo (que hubiera permitido la recuperación del litio para el Estado).

Según se plantea, es producto de esta decisión que se pudo constatar los graves incumplimientos en que había incurrido la empresa, aún sin tener conocimiento de los hechos de corrupción en que se vería involucrada con posterioridad.

Se resalta, en todo caso, que las decisiones adoptadas por Corfo durante la tramitación del arbitraje, requerían de un proceso de análisis jurídico y político mayor, que aseguraran coherencia con la política nacional del litio y mayor publicidad sobre las condiciones que se estaban negociando.

El texto indica que en este proceso se percibió «un vertiginoso actuar de los organismos estatales para cerrar el contrato antes del cambio de gobierno” y se reprocha a Corfo «haber llegado a acuerdo con SQM en lugar de perseverar en el juicio, agotando todas las instancias jurisdiccionales que disponía en el marco del arbitraje».

Se concluyó también que pese a que Corfo logró terminar con el control que ejercía Julio Ponce Lerou en SQM, a través del Grupo Pampa, no se establecieron cláusulas contractuales que impidieran, por ejemplo, contratarlo como asesor estratégico de la empresa.

«En este sentido, la Comisión valora la actitud del Consejo de Defensa del Estado en orden a perseverar en la querella que presentó dicho organismo contra la persona jurídica de SQM S.A. y sus filiales, por los delitos de cohecho y soborno», se remarca en el informe.

Se criticó, del mismo modo, que la negociación se ampliara a puntos no sometidos a consideración del arbitraje, incorporándose cláusulas adicionales y ajenas al texto de la demanda, como por ejemplo, el aumento de cuota de extracción de litio a favor de SQM, las cuales debieron ser objeto de un nuevo contrato a fin de que se evaluaran sus impactos ambientales y sociales.

Entre otras variados planteamientos, se sostiene que existen cláusulas del contrato que aún generan incertidumbre y que la conciliación suscrita dejó importantes problemas de interpretación contractual, que todavía impiden ejecutarlo plenamente.

Entre las propuestas, se pide a Corfo que informe trimestralmente a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados sobre el estado de cumplimiento de las cláusulas contractuales por parte de SQM, indicando a su vez, las rentas de arrendamiento pagadas por dicha empresa en el período respectivo.

Asimismo, se solicita que comunique cuáles medidas se adoptarán para acelerar la puesta en marcha de las cláusulas contractuales sobre valor agregado del litio producido por SQM y sobre las acciones para poner en ejecución todas las cláusulas referidas a las comunidades indígenas.

Luego, se llama al Presidente de la República a crear una mesa de trabajo permanente entre las comunidades indígenas y los organismos fiscalizadores sectoriales, que sirva de instancia coordinadora para el debido cumplimiento de la normativa legal; y requerir de los organismos fiscalizadores sectoriales correspondientes que informen trimestralmente sobre los procedimientos realizados a SQM, estado de tramitación y su resultado.

También se pide al Ejecutivo que restituya el Comité de Minería No Metálica al interior de la Corfo; crear en la ley de presupuesto un fondo especial cuya finalidad sea asegurar el financiamiento de una empresa pública que explote el litio, una vez finalizado el acuerdo con SQM el año 2030.

Por último, entre otras propuestas, se plantea al Gobierno fortalecer el rol fiscalizador de los organismos sectoriales competentes; y apoyar diversas mociones relacionadas con la explotación estatal del litio, para establecer un marco legal que garantice la gobernanza sustentable de los salares del país y para sancionar de forma específica la extracción ilegal de salmuera y de aguas en salares.

Fuente: https://www.elciudadano.com/chile/litio-informe-establece-evidente-negligencia-estatal-en-firma-de-acuerdo-corfo-soquimich/05/07/

Internacional, Sin categoría

El Papa: La minería sin límites es un peligro para el planeta

El papa Francisco pidió discernir si conviene continuar con las estrategias de las empresas dedicadas al extractivismo, además instó al respeto de las comunidades locales, el medio ambiente y defendió el modelo circular de producción en la audiencia a los participantes del encuentro “La industria minera para el bien común”, organizado por un dicasterio Vaticano este viernes 3 de mayo de 2019. 

El Papa invitó a “analizar, interpretar, discernir lo que conviene o no de las actividades extractivas en los territorios y así, proponer, planificar, actuar para transformar nuestro propio estilo de vida, incidir en las políticas mineras – energéticas de estados y gobiernos, y en las políticas y estrategias de las empresas dedicadas al extractivismo, con miras a alcanzar el bien común y un auténtico desarrollo humano, sostenible e integral”. 

¿Qué es el extractivismo? 

Por “extractivismo” – afirmó – entendemos una desaforada tendencia del sistema económico por convertir en capital los bienes de la naturaleza. 

La acción de “extraer”, la mayor cantidad de materiales en el menor tiempo posible, para convertirlos en materias primas e insumos que la industria utilizará, se transformarán en productos y servicios que otros comercializarán, la sociedad consumirá y luego la misma naturaleza recibirá en forma de desechos contaminantes, es el circuito consumista que se está generando cada vez con mayor celeridad y riesgo”.

¿Economía o vida?

Una casa común que está en condiciones precarias, sostuvo el Papa, debido principalmente a un modelo económico que se ha seguido durante demasiado tiempo. 

“Es un modelo voraz, orientado a la ganancia, con un horizonte limitado y basado en la ilusión de un crecimiento económico ilimitado”.  “Aunque a menudo vemos su impacto desastroso en el mundo natural y en la vida de las personas, todavía nos resistimos al cambio (…)Necesitamos un cambio de paradigma en todas nuestras actividades económicas, incluida la minería”.

Después, destacó que “la minería, como cualquier actividad económica, tendría que estar al servicio de  toda la comunidad humana… Este es un pilar de la enseñanza social de la Iglesia”.

El papel de las comunidades locales

Desde esta perspectiva, “la participación de las comunidades locales es importante en cada fase de los proyectos mineros”, afirmó. 

“Siempre es necesario alcanzar consensos entre los distintos actores sociales, que pueden aportar diferentes perspectivas, soluciones y alternativas”. 

“Pero en la mesa de discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se preguntan por lo que quieren para ellos y para sus hijos, y pueden considerar los fines que trascienden el interés económico inmediato”.

La sabiduría de los indígenas

En este sentido se refirió al próximo Sínodo sobre Amazonía para enfatizar que es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. “Estas comunidades vulnerables tienen mucho que enseñarnos”. 

“Para ellos, la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores”, destacó. 

Economía circular

Asimismo, insistió en la promoción de una economía circular y el enfoque de “reducir, reutilizar, reciclar” también están en gran medida en consonancia con el consumo sostenible y los modelos de producción promovidos en el 12º Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Además, las tradiciones religiosas siempre han presentado la sobriedad como un componente clave de un estilo de vida ético y responsable”.

El Papa instó a “denunciar y evitar esta cultura del descarte”. Pues, el sistema industrial, “al final del ciclo de producción y de consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos”.

“Todavía – añadió – no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar”.

Dejar un planeta habitable

“Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos, porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra. ¡No pierdan nunca de vista este gran horizonte!”, exhortó el Papa. 

“La industria minera para el bien común” es el título del encuentro organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral en el que participan tanto representantes de las comunidades mineras como de la industria junto con exponentes de diversos credos. 

“Esta reunión es importante porque estáis tratando cuestiones que conciernen el futuro de  nuestra casa común y el futuro de nuestros hijos y de las generaciones futuras”, expresó. El Papa definió el encuentro “como ecuménico, ya que invita a pensar y a actuar como miembros de una casa común”. 

Fuente:https://es.aleteia.org/2019/05/03/el-papa-discernir-lo-que-conviene-o-no-de-las-actividades-extractivas/

 

Colombia

Colombia: atentan contra Francia Márquez, luchadora ambiental

 Varios líderes sociales y defensores de derechos humanos del Cauca, entre ellos Francia Márquez, fueron víctimas de un ataque el sábado 04 de mayo en la tarde. El hecho se presentó en zona rural de Santander de Quilichao, al norte del Cauca. Márquez estaba con varios líderes, preparándose para una reunión con el Gobierno el próximo 8 de mayo, en el marco de la Minga Nacional.

El hecho ocurrió durante una reunión de varios líderes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca (ACONC). Dos hombres de la Unidad Nacional de Protección (UNP) resultaron heridos.

Según la organización, el ataque es la materialización de amenazas que desde días pasados se han venido presentando por parte de grupos paramilitares hacia voceros de la minga, que lo único que han hecho es luchar por los derechos del pueblo.

En el ataque, escribió Márquez a través de su cuenta en Twitter, explicó que “como pueblo negro del norte del Cauca estábamos preparando una reunión para los diálogos en el marco de los acuerdos con La Minga y fuimos atacados con armas y granadas por hombres armados, tenemos dos hombres de la UNP heridos”.

El hecho ocurrió cerca de las 5:35 p.m. cuando Carlos Rosero, Francia Márquez, Víctor Moreno, Clemencia Caranbalí, Sofía Garzón y otros líderes sociales y defensores de derechos humanos que hacen partes de la La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACONC, se encontraban en una reunión comunitaria. El ataque, según Márquez, habría durado unos 15 minutos.

La Defensoría del Pueblo de Colombia condenó el atentado y pidió que se garantizara la protección de los líderes: “Rechazamos atentado en vereda Lomitas, Santander de Quilichao, contra los líderes de los Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC). Exigimos garantías para que estos defensores de derechos humanos pueden reunirse libremente y trabajar por sus comunidades”.

Además del presidente colombiano Iván Duque, la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), rechazó el atentado dirigido hacia la líder social Francia Márquez y otros dirigentes.

Francia Márquez es una reconocida activista de las luchas contra la minería ilegal en Colombia. Hizo parte de la mesa de negociación del Gobierno y las Farc, en La Habana (Cuba) para hablar del impacto del conflicto armado en las mujeres y comunidades afro, indígenas y campesinas. En abril del 2018 recibió el premio Goldman, conocido universalmente como el Premio Nobel ambiental, que enaltece la labor de los defensores del territorio y el medio ambiente.

Desde CooperAcción expresamos nuestra solidaridad con Francia Márquez y nuestro rechazo a toda forma de violencia contra las y los defensores ambientales.

Fuente: http://cooperaccion.org.pe/colombia-atentan-contra-francia-marquez-luchadora-ambiental/

Bolivia

NUESTROS CUERPOS, NUESTRA LUCHA, NUESTROS TERRITORIOS

  Defensoras de la Madre Tierra incidiendo sobre el agua y la producción sin contaminación

El día sábado 4 de mayo en el marco de la inauguración de la Feria Expo Altiplano en Municipio de Challapata y de la presentación del Aphtapi mas grande de Bolivia; la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra – RENAMAT y el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales – Colectivo CASA, en alianza con la Asociación de Regantes de la Represa N° 2 Tacagua; participamos reafirmando el valor agroganadero de Challapata y diciendo a la población y gobierno que Challapata debe seguir con su “Producción sin contaminación” defendiendo su represa de agua así como ha venido resistiendo estos veinticinco años a la minería

Las defensoras de la Madre Tierra de diferentes comunidades, revestidas de carteles con fotografías, mensajes y entre consignas como “El agua vale mas que el Oro” “Challapata, producción sin contaminación”; sensibilizaron y llamaron la atención de autoridades y recordando la importancia que tiene el municipio de Challapata con su producción que aporta a la seguridad y soberanía alimentaria del país y que solo es posible con la protección del agua y del medio ambiente.

Las autoridades nacionales, departamentales y municipales presentes, reafirmaron el valor productivo de Challapata con el Apthapi mas grande de Bolivia que consistió en compartir los alimentos milenarios que se producen en Challapata como ser papa, chuño, carnes, queso, habas a lo largo de un kilometro y que fue preparado y degustado por diferentes sectores de la población.

A raíz de esta actividad de incidencia ante diferentes niveles de autoridades, se fortalece la alianza de la RENAMAT para la defensa de los territorios, en la protección de las fuentes de agua y el lugar de las mujeres en esta lucha.

¡Viva Challapata sin minería!

¡Viva la vocación productiva de los pueblos!

¡Agua para la vida, no para la minería!

Fuente: https://oiedc.blogspot.com/2019/05/nuestros-cuerpos-nuestra-lucha-nuestros.html?fbclid=IwAR0pzh021F4HZUUDQh8imeg6mrFE9QHKsdZV7zzJzQ8TRN_zAlwi2rIKBzc