La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, rechaza el Decreto Ejecutivo 751, del 21 mayo del 2019, por el cual se modifica la delimitación de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) del Yasuní y permite la explotación hidrocarburífera en los bloques 31 y 43 en la Zona de Amortiguamiento.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables nuevamente se burlan de la voluntad ciudadana expresada en la Consulta Popular del 4 de febrero de 2018, misma que con un 67,6% dijo SÍ para salvar el Yasuní, los pueblos indígenas y sus ecosistemas, aprobando reducir la extensión de explotación petrolera en 300 hectáreas y extender la zona de protección para salvaguardar la vida y derechos humanos de los pueblos en aislamiento Tagaeri Taromenane. Sin embargo, en total contradicción y para conveniencia de empresas petroleras con el Decreto 751 arbitrariamente autoriza la explotación hidrocarburífera en la zona de amortiguamiento que es un área fundamental para la vida de los pueblos indígenas y la preservación de la enorme biodiversidad del Yasuní ITT.
De esta manera el Gobierno Nacional demuestra su indiferencia y pone en riesgo el Parque Nacional Yasuní, la vida y derechos de los pueblos en aislamiento voluntario y comunidades ancestrales Waorani que son dueñas de este territorio. Junto a los acuerdos y el entreguismo al FMI, la implantación de la Nueva Política Minera y las reformas laborales, entre otras, ya no sorprende que se privilegie la devastación de los territorios con las políticas extractivas por sobre la vida y derechos de la naturaleza.
El Gobierna está mancillando el mandato popular del 70% de ecuatorianos que nos expresamos a favor de proteger a los pueblos en aislamiento Tagaeri y Taromenane y para no disminuir la protección del Yasuní. Permitir el desarrollo petrolero en la Zona Intangible es contradecir el mandato popular y poner nuevamente en grave riesgo a los pueblos aislados y la biodiversidad del Yasuní. La construcción de carreteras, plataformas de perforación, presencia de extraños en la Zona Intangible es duplicar lo que ya sucede en otras áreas del Yasuní donde se han dado graves enfrentamientos entre la población local y los pueblos aislados, causando además profundos conflictos sociales.
Ante este panorama y frente a la arremetida neoliberal la CONAIE con pueblos y nacionalidades están preparando una movilización nacional en articulación con los sectores populares y sociales del país en contra de las políticas económicas neoliberales aplicadas por el Gobierno Nacional con el objetivo de mantener resistencia sin tregua para la defensa de la vida, los recursos naturales, los derechos humanos y colectivos, los territorios, los derechos laborales; pues solo la lucha activa permitirá frenar estas políticas de daño, exterminio, privatización, contaminación y empobrecimiento.
Como todos los 21 de mayo, hoy se celebra el día de la dignidad Kana, en toda la provincia de Espinar, en la región Cusco. De esta manera se conmemora la primera toma de la mina ocurrida -precisamente- un 21 de mayo de 1990, cuando por primera vez una gran revuelta terminó con la toma de la mina de Tintaya, en ese entonces operada por una empresa pública. Luego de unos días de movilizaciones y toma de rehenes, se logró un acuerdo con el Estado peruano.
Las demandas de entonces giraban en torno a los procesos de expropiación de tierras comunales, los impactos de la minería en los recursos naturales de la zona y a la demanda de que la actividad minera se vincule y aporte al desarrollo de la provincia. Las expropiaciones iniciales de tierras tuvieron un impacto importante en los pobladores, agrupados hasta entonces en una sola comunidad. Posteriormente, ya bajo gestión privada, la empresa siguió adquiriendo tierras comunales y, como es usual, la minería se convirtió en un competidor directo por el control de los escasos recursos hídricos de la zona, provocando además impacto en ellos. Es así que el 21 de mayo se convirtió en una fecha de referencia para futuras movilizaciones.
Los posteriores estallidos sociales del año 2005 y el del 2012, se iniciaron precisamente en esa fecha. Son varios los temas que aparecen en la compleja agenda de Espinar: uno primero tiene que ver con los graves impactos en la salud de la población de Espinar. Varios estudios realizados en los últimos años han mostrado que la población de esta provincia, sobre todo la que vive en la zona de influencia de las operaciones mineras, se encuentra expuesta a metales pesados y muchos tienen presencia de estos metales en sus cuerpos.
Pese a que el Estado, en sus diversos niveles de gobierno y luego de varios acuerdos establecidos con la población, se comprometió a implementar planes de salud integral para brindar atención especializada a las personas en riesgo, hasta el momento no se ha logrado mayores avances. Los planes elaborados no han contado ni con el presupuesto ni con el soporte institucional necesario, y hasta la fecha, no se ha logrado una respuesta adecuada del sistema de salud a las personas que sufren exposición crónica a metales pesados. La población de Espinar sigue esperando que el tema de salud sea adecuadamente atendido.
El otro problema complicado tiene que ver con el agua que se consume en Espinar y las denuncias de presencia de metales tóxicos. Un informe de la Dirección Regional de Salud del Cusco reveló que la población de Espinar consumía agua contaminada con metales tóxicos. Los análisis dieron cuenta sobre la presencia de aluminio, arsénico, hierro y manganeso, entre otros parámetros, por encima de los parámetros permitidos.
Lo cierto es que cada 21 de mayo la población de esa provincia cusqueña recuerda que todavía existe una serie de compromisos incumplidos de parte de la minería y el Estado peruano.
Zacatecas, Zac. Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudieron a la mina San Martín, operada por Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco, en el municipio zacatecano de Sombrerete, y confirmaron el derrame de al menos 20 mil litros “de agua con sedimentos de una tubería que condujo jales mineros”, ocurrido el pasado miércoles 8 de mayo.
María del Rocío Salinas Godoy, delegada de la dependencia federal desde el año 2017, no quiso ofrecer una entrevista directa a este diario en sus oficinas sobre el tema, y se limitó a proporcionar información por escrito, a través de su secretaria, quien advirtió en tono de regaño a éste reportero que “no fue un derrame de jales, como se ha publicado”.
La versión de la Profepa delegación Zacatecas contradice lo que denunció José Núñez Vázquez, Secretario General de la sección 201 del Sindicato Minero, quien aseguró que en la mina propiedad de Germán Larrea (que opera ilegalmente desde agosto de 2018 con un grupo de 700 esquiroles que rompieron una huelga formal), ocurrió un derrame de jales que contienen metales pesados y químicos tóxicos.
Incluso señaló José Núñez Vázquez, durante dos días Grupo México tuvo a una cuadrilla de trabajadores realizando labores de “limpieza” en el cauce del arroyo contaminado, levantando con palas y vehículos los lodos de los jales, en un intento por minimizar los daños provocados al ecosistema con el derrame.
Pero este lunes la delegada Salinas Godoy –quien en junio de 2018, unos días antes de la elección presidencial, fue acusada por un grupo de burócratas en periódicos de Zacatecas, junto con otros delegados federales, de coaccionar el voto a favor del PRI-, elaboró un comunicado donde minimizó el derrame de la mina operada por Grupo México.
Según lo informado por Salinas Godoy, a la mina San Martín, el pasado sábado (tres días después del derrame), asistieron inspectores de Profepa, “quienes recorrieron el sitio y asentaron en el acta que el derrame (agua con sedimentos de la tubería que condujo jales mineros) recorrió 750 metros aproximadamente por el cauce del arroyo El Salado”.
De los cuales, 550 metros del derrame fueron “dentro de la propiedad de la unidad minera”, y 200 metros “fuera de los límites de la propiedad sobre el mismo cauce. El arroyo se encontraba seco”.
Por lo anterior informó, se inició un procedimiento administrativo el 11 de mayo “donde se dictarán medidas de urgente aplicación con base en la NOM-147-SEMARNATISSA1-2004”.
Asimismo se informó que la propia empresa, Industrial Minera México, S.A. de C.V., Unidad San Martin, “dedicada al beneficio de minerales metálicos de plomo y zinc” (también se extrae plata y oro), fue la que notificó el miércoles 8 de mayo a las autoridades sobre el derrame, el cual se produjo cuando se realizaban “actividades de mantenimiento y rehabilitación de sus bombas”.
“Durante las pruebas de funcionamiento de éstas, se presentó una falla en la válvula de uno de los equipos de arranque para el relleno hidráulico, lo que generó un vertimiento de 20 mil litros de agua con sedimentos sobre suelo natural”.
Una vez ocurrido esto, “la empresa notificó del derrame al Centro de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales (Coatea), quien a su vez informó a la delegación federal de Profepa, por lo que se realizó la visita a la zona para atender la emergencia ambiental el 11 de mayo junto”.
Se confirmó además, como lo había denunciado a este diario José Núñez Velázquez, secretario general de la sección 201 del Sindicato Minero, que “los rastros del derrame se observaron hasta la intersección donde la comunidad de San Martín descarga aguas negras”, es decir en los límites del caserío del lugar.
“La empresa realizó limpieza, pero en el recorrido los inspectores observaron rastros de los sedimentos en algunas partes del cauce. No se observaron áreas afectadas de cultivo”.
Sin embargo, admite la delegada de la Profepa, el mismo sábado pasado se inició el procedimiento administrativo consistente en un reporte técnico de la visita, “para el emplazamiento donde se dictarán medidas de aplicación urgente como la limpieza total del derrame y la caracterización del suelo con base en la NOM-147-SEMARN/SSA1-2004, para determinar las concentraciones de remediación de suelos por metales pesados”.
Finalmente, María del Rocío Salinas Godoy proporcionó como delegada de Profepa, información relativa a los permisos de operación que tiene Germán Larrea Mota Velasco para operar la mina San Martín, desde 1985, mediante la “licencia de Funcionamiento LF-32-53”.
Y sobre los trabajos que se realizan desde el año pasado al interior de la mina San Martín –ilegales según lo ha denunciado el Sindicato Minero, pues se rompió con esquiroles una huelga formal-, la delegada de Profepa justificó las operaciones de Grupo México:
“Actualmente se realizan trabajos de mantenimiento y rehabilitación contempladas en el oficio de exención de la Manifestación de impacto Ambiental contenido en el oficio No. DFZ152-200/18/1913 de fecha 9 de noviembre de 2018”.
Es decir que antes de la transición presidencial, el gobierno de Enrique Peña Nieto autorizó a Germán Larrea Mota Velasco realizar actividades en la mina donde el 21 de agosto de 2018, con el apoyo de policías antimotines y militares, el magnate rompió la huelga del Sindicato Minero e introdujo a 700 esquiroles para explotar ese yacimiento polimetálico.
En Bolivia la madre tierra es considerada por las comunidades indígenas como un ser vivo quien también posee derechos, esta visión ancestral es la que ha permitido que generación a generación las familias indígenas hereden a sus descendientes tierras fértiles, un hogar y un futuro. Pero esta forma de vivir ha sido cambiada a la fuerza por la industria extractivista, y las concesiones mineras que el gobierno actual de Bolivia está otorgando a empresas extranjeras están destruyendo tierras que una vez habían sido sagradas para estas comunidades.
Margarita Aquino es la Coordinadora de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT) en Bolivia, esta red es una articulación de mujeres indígenas y campesinas de comunidades afectadas por actividades mineras y cuyos territorios han sido destruidos a causa de la contaminación.
“Nosotras nos comparamos con ella, porque la madre tierra nos da frutos y nosotras damos vida, en ella vivimos. Las leyes que emite nuestro gobierno están violando los derechos de la madre tierra y ella no tiene voz, por eso las mujeres nos hemos puesto al frente de defender a la madre tierra, especialmente al agua”, dice Margarita.
La RENAMAT fue creada en el año 2013 por algunas mujeres que estaban participando en una escuela piloto de conflictos ambientales con justicia de género organizada por el Colectivo Casa. “Al finalizar el 2013 las mujeres empoderadas decidieron articularse en Red y formaron la RENAMAT, porque se sentían apoyadas entre ellas y unidas en una misma lucha” relata Angela Cuenca, quien a su vez es Coordinadora del Colectivo Casa.
Violencia medioambiental contra las mujeres
“Hemos identificado a esta clase de violencia que existe contra las mujeres indígenas como violencia medioambiental porque hemos visto que está siendo violado el primer derecho que está en nuestra constitución política: el derecho a la vida” menciona Margarita.
La Violencia Medioambiental Contra las Mujeres es un término que ha sido creado por las mujeres de la RENAMAT y cuyo significado es: “Toda acción u omisión, que al dañar el medio ambiente impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres, perjudicando su calidad de vida, su integridad, su salud, su economía, su trabajo, su patrimonio, su identidad cultural y es ocasionada por las personas”.
A través de la creación de una Cartilla de Difusión la RENAMAT trabaja con las mujeres indígenas de diferentes comunidades capacitándolas sobre el tema de la violencia medioambiental y sobre sus derechos.
En la Cartilla explican de qué se trata este tipo de violencia y cómo se puede identificar. Asimismo, enumera cuáles son los derechos que tienen las mujeres en general según la Constitución Política de Bolivia, y cuáles son los derechos específicos de las mujeres indígenas.
Según la Cartilla “negar los derechos de las mujeres también es violencia, porque cada uno de las derechos están interconectados para garantizar el principal derecho que es el derecho a la vida”. Al negarles por ejemplo el derecho al agua, también se vulneran los derechos a la salud, al trabajo, el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria.
Los textos de la Cartilla vienen acompañados de dibujos que ilustran las diferentes situaciones que viven las mujeres indígenas cuando los proyectos mineros llegan a sus territorios. “Hemos creado las cartillas a consecuencia de que muchas hermanas no saben leer ni escribir, los dibujos les atraen, los dibujos les quedan en la memoria a nuestras hermanas, es por esa razón que nosotras llevamos estas cartillas a todas las comunidades para poder visibilizar cómo estamos trabajando, cómo se están violando nuestros derechos” cuenta Margarita.
“Cuando hacemos los seminarios nosotras les decimos que dibujen cómo era su terreno, dónde tenían sus fuentes de agua, y las hermanas que ni tan siquiera sabían leer ni escribir hacen un esfuerzo grande y lo plasman, cómo era su terreno anteriormente y cómo es ahora nuestro terreno” dice Margarita.
El trabajo de la RENAMAT consiste en visitar diferentes comunidades indígenas que aún no han sido afectadas por las mineras. A través de talleres, charlas, presentaciones de videos y otras actividades, comparten las vivencias de las mujeres que ya perdieron su territorio y fuentes de agua a causa de la contaminación, el objetivo es empoderar a las mujeres para que se conviertan en defensoras de la madre tierra.
Una lucha que nos pertenece a todas
El camino no ha sido fácil, su trabajo ha sido cuestionado por diferentes autoridades, las han difamado y han dicho que ellas “son pagadas”. A esto se suma una nueva ley minera que está siendo promovida por el gobierno actual, en la cual se elimina el proceso de consultar e informar a las comunidades sobre los proyectos mineros.
Margarita dice sentirse decepcionada pues habían confiado en que un presidente indígena se iba a preocupar por sus hermanos y hermanas, “nuestros líderes políticos son muy capitalistas y extractivistas, piensan en el presente, no piensan en el futuro como nosotras. Nosotras pensamos qué vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, tierras devastadas, tierras áridas”.
A pesar de los obstáculos, la RENAMAT continúa con su trabajo en defensa de la madre tierra e invitan a las mujeres de todo el mundo a que se unan a esta lucha que es de todas, “ahora nosotras estamos tejiendo redes de solidaridad y acción para defender a la madre tierra, tienen que ser muy fuertes las mujeres de latinoamérica a las que también les están siendo violados sus derechos por el extractivismo, que no se sientan solas que aquí la RENAMAT está para apoyarlas para seguir adelante defendiendo los derechos de la madre tierra y del agua”, dice Margarita.
En las cercanías de Penco, una de las ciudades más antiguas de Chile con una población de 47.367 habitantes según el Instituto Chileno de Estadisticas (INE) se encuentra instalada una Planta Piloto de la Empresa Biolantanidos para realizar faenas de extracción de tierras raras.
La Planta que recibió un aporte del Estado de Chile mediante la CORFO de 4,8 millones de dólares por medio del Programa “Fenix”, busca extraer unos minerales jamas explotados en Chile; las llamadas Tierras Raras. Estos elementos indispensables para la cuarta revolución industrial marcada por el desarrollo de microprocesadores y dispositivos como drones y teléfonos inteligentes, son altamente codiciados por las potencias globales en la creación de tecnología de punta.
A nivel mundial la explotación minera de tierras raras está asociada a altos niveles de contaminación química y radiactiva. A pesar de que la empresa ha manifestado haber creado un nuevo sistema “respetuoso con el medio ambiente” llamado Proceso de Desorción Continuo y Cerrado (CCLP), existe gran incertidumbre en la población de Penco y el Gran Concepción por los impactos que podrían ser altamente nocivos para la comunidad y los ecosistemas del territorio.
En la imagen se aprecia la cercanía entre la planta piloto en primer plano y la ciudad de Penco en segundo plano, al fondo la bahía de Concepción.
Desde hace aproximadamente 4 años que está operativa la planta piloto del proyecto minero Biolantanidos en los cerros aledaños a la ciudad de Penco. La planta piloto inaugurada en 2015 constituye la fase de experimentación y preparación de una faena minera a tajo abierto que utilizaría, según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la empresa, 35.000 litros de agua por hora del Estero Penco y tendría una capacidad para procesar hasta 240 toneladas por hora de mineral. El proyecto Biolantanidos ingresó su EIA al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a fines de 2018, por lo que en estos momentos la institución del Estado se encuentra evaluando la aprobación del proyecto, lo que está causando gran alarma en parte de la población de la ciudad de Penco y el Gran Concepción.
Mediante fotos satelitales e imágenes aéreas se puede apreciar la cercanía con los y las habitantes de Penco. Según las herramientas de medición de Google Earth, la planta estaría a solo 2,8 kilómetros de la comunidad de Penco. Por otro lado, imágenes aéreas demuestran gráficamente lo cercano de la planta con la ciudad. Es decir que la faena minera busca instalarse a menos de 3 kilómetros de la población.
En la imagen satelital suministrada por Google Earth se puede ver claramente que la planta piloto y el proyecto de extracción minera se encuentran a 2,8 kilómetros del plaza de Penco, en pleno centro de la comuna.
Por otra parte, es cuestionable que el Estado de Chile haya otorgado financiamiento a un proyecto experimental de estas características a pocos kilómetros de una ciudad con decenas de miles de habitantes, no considerando las consecuencias e impactos socioambientales del proyecto minero.
Cabe recordar que este tipo de minería a nivel mundial se ha desarrollado con consecuencias altamente contaminantes, como en los casos de Mountain Pass en Estados Unidos, o la ciudad de Baotou en China, actualmente principal potencia extractora de tierras raras del mundo.
Una de las más importantes es que este tipo de minería genera no solo desechos químicos, sino radioactivos. Además el proyecto busca intervenir la cuenca del Estero Penco y extraer agua de este. Cabe señalar que contaminar esta cuenca constituye una grave amenaza para la población de la ciudad de Penco, ya que las aguas del estero pasan por pleno centro de la ciudad, a un costado de su plaza principal.
Estero Penco junto a arboles de Queule en peligro de extinción y amenazados por el proyecto minero Biolantanidos. En este lugar se busca instalar la captación de aguas para la minera.
La fundación Keule que ha buscado proteger al Queule, árbol en peligro de extinción ha manifestado públicamente su preocupación por la afectación del proyecto a relictos de Queule emplazados en la zona de afectación de la minera. Algunos de los pocos individuos de este árbol en peligro de extinción se encuentran en la comuna de Penco y Tomé, donde también se cree que la minera podría expandirse.
La de Penco sería entonces la primera faena de extracción de tierras raras en la historia de un país como Chile, que a pesar de tener un pasado marcado por la explotación de minerales, nunca ha explotado este tipo de elementos.
Es así como a menos de 3 kilómetros de la población de Penco ya se instaló una planta piloto de tierras raras, la cual busca a través de un estudio de impacto ambiental aprobarse y generar una faena que explotará cientos de hectáreas con consecuencias poco estudiadas y potencialmente peligrosas para los ecosistemas y comunidades instaladas en sus alrededores.
Enquanto prefeitos se mobilizam para garantir a permanência da atividade minerária em seus municípios, as populações vivem o terror gerado pelo modelo de mineração. A gravidade da situação das barragens de rejeitos em Minas Gerais não é uma preocupação recente para muitos dos ambientalistas mineiros. Diante do grave cenário vivido pela população de Barão de Cocais, em Minas Gerais, mais uma vez responsabilidade da empresa Vale, com o risco iminente da queda do talude e, com isso, o possível rompimento da barragem Sul Sudeste da mina Gongo Soco, a coordenadora do Movimento pelas Serras e Águas de Minas, MovSAM, Maria Teresa Corujo solicitou providências ao Ministério Público Federal na sexta-feira, 17 de maio de 2019. No comunicado enviado ao MPF, Maria Teresa detalha as diversas tentativas de alertar quanto aos riscos vividos pelas populações relacionados às barragens de rejeitos em anos anteriores.
Em 28 de agosto de 2018, foi enviado um ofício à Procuradora Geral da República, Raquel Dodge, e à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Nele, ela fez um “apelo urgente à cúpula do MPF no sentido de reforçar a atuação desse órgão em Minas Gerais, em especial da 4ª e 6ª Câmaras, sob risco de graves situações nas bacias dos rios São Francisco e Doce, de colapso no abastecimento de água na RMBH, Bacia do Rio Santo Antônio e Norte de Minas e de perdas irreparáveis, similares ou maiores que as oriundas do rompimento da barragem de rejeitos do Fundão em 5 de novembro de 2015.”
Alertas sem respostas
Ela conta que não obteve qualquer retorno após as denúncias e nem tomou conhecimento de qualquer ação do MPF nesse sentido. Mais de um ano antes, em 17 de março de 2017, integrantes dos movimentos ambientais já tinham se reunido com dois membros do GT Mineração do MPF a partir de requerimento para uma reunião em Belo Horizonte, mais precisamente para informar e alertar sobre a gravidade da situação da mineração em Minas Gerais, em especial em relação a barragens de rejeitos. “Após essa reunião nunca fomos informados de quais encaminhamentos foram adotados”, revela.
No dia 25 de janeiro deste ano ocorreu o rompimento em Brumadinho, na mina de responsabilidade da empresa Vale, e a ambientalista se sente perplexa por estar novamente diante de mais uma tragédia anunciada promovida pela mesma empresa. “Não há palavras suficientes para informar nesta mensagem a magnitude do sofrimento e terror dos moradores das localidades sob ameaça e da preocupação, angústia e indignação de cidadãos como eu que vêm atuando há anos em defesa de territórios frente à mineração, ainda mais diante do descompasso com a realidade e da ineficácia das autoridades que têm o dever de atuar em prol da coletividade e do meio ambiente e garantir os direitos constitucionais, entre os quais o de viver”, escreveu Maria Teresa Corujo na mensagem ao Ministério Público Federal.
Situação em Barão de Cocais
A preocupação da ambientalista está estampada nas capas de jornais dos últimos dias. De acordo com o geógrafo Rodrigo Lemos, integrante do Gabinete de Crise – Sociedade Civil, “o talude está com deslocamento expressivo e ao que tudo indica não há forma de contenção possível, ou seja, ele irá romper e cair na cava de mineração. A consequência é que a energia da queda desse volume de terra em uma cava com um acúmulo de água pode gerar uma “onda” e um impacto de energia que pode significar um forte distúrbio para a barragem que se encontra no mesmo nível, a barragem Sul Sudeste da mina Gongo Soco, e que já está comprometida”. Nesse caso, segundo Rodrigo, a contenção da barragem pode não resistir. “O rompimento do talude é iminente, mas não necessariamente o rompimento da barragem. Mas o risco é real e elevado”, avalia.
O Movimento pelas Serras e Águas de Minas, o Projeto Manuelzão, dentre outros movimentos, compõem o Gabinete de Crise – Sociedade Civil que foi criado em fevereiro de 2019 para monitorar desdobramentos e reivindicar segurança e defesa de direitos após o crime da Vale em Brumadinho.
«Por el agua, por nuestra tierra, #Colombia Libre deFracking», bajo ese lema, movimientos ambientalistas y activistas por los derechos humanos, vienen convocando para una marcha nacional contra el fracking, el día 7 de junio en Colombia.
Servindi, 16 de junio, 2019.- «Por el agua, por nuestra tierra, #Colombia Libre deFracking», bajo ese lema, movimientos ambientalistas y activistas por los derechos humanos, vienen convocando para una marcha nacional contra el fracking, el día 7 de junio en todo Colombia.
La marcha carnaval nacional contra el fracking y la minería contaminante se da en medio del álgido debate nacional por la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno de Iván Duque.
En dicho plan, se incluye la explotación de yacimientos no convencionales mediante la técnica del fracking, la disminución de regalías para empresas mineras y otras medidas que afectan el ambiente.
La movilización, impulsada por el Movimiento Nacional Ambiental y la Alianza Colombia Libre de Fracking, espera convocar de manera simultánea a ciudadanas y ciudadanos en al menos 100 municipios del país.
Asimismo, la convocatoria se hace extensiva para colectivos en ciudades del exterior, con el fin de exigirle al presidente Iván Duque que cumpla su promesa de campaña y no implemente estos proyectos en los territorios.
Según la versión de Amarilys Llanos, vocera de la Alianza Colombia Libre de Fracking, esta movilización surge cómo respuesta a la inclusión de la hoja de ruta del fracking en las bases del Plan Nacional de Desarrollo.
«Queremos que el Gobierno y el Congreso entiendan que el país rechaza rotundamente el fracking, y que sus decisiones deben ser consecuentes con las preocupaciones de las comunidades”, manifestó Llanos.
“esta movilización surge cómo respuesta a la inclusión de la hoja de ruta del fracking en las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Queremos que el Gobierno y el Congreso entiendan que el país rechaza rotundamente el fracking, y que sus decisiones deben ser consecuentes con las preocupaciones de las comunidades”.
“Nos sumamos a la XI Marcha Carnaval por el agua, la vida y el territorio convocada por el Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima ese mismo día, para hacernos sentir, ver y escuchar contra la dictadura mineroenergética que nos pretenden imponer, coartando el derecho de las comunidades de participar de activa y eficazmente en las decisiones que nos afectan”, agregó Renzo García, vocero del Movimiento Nacional Ambiental.
“Ya tenemos plantones y marchas carnaval confirmadas en ciudades como Ibagué, Armenia, Bogotá, Valledupar, Tunja y Barrancabermeja. Invitamos a personas y organizaciones a contactarnos a través de http://www.colombialibredefracking.wordpress.com y movimientoambientalcol@gmail.com para coordinar las movilizaciones en sus municipios”, puntualizaron los organizadores.
Además reiteraron que por la suspensión del marco normativo del fracking por parte del Consejo de Estado, “hoy sería ilegal la realización de cualquier piloto de fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales”.
Tragédias de Mariana e Brumadinho não foram acaso. Grandes empresas de mineração financiaram políticos — de quase todos os partidos — que afrouxaram a fiscalização de barragens mineiras. Em abril de 2013, uma elegante festa de núpcias expressou esta promiscuidade.
Já é final de festa. Convidados comem docinhos – beijinho e mini mousse de maracujá – quando o pai da noiva sobe ao palco e dá uma canja acompanhado pela banda. Os políticos e empresários mais poderosos de Minas Gerais deixam as taças de lado para aplaudir o anfitrião e cantor amador, José Fernando Coura, que em abril de 2013, quando celebrou o casamento da filha Luciana, ocupava a presidência do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).
Coura é um defensor histórico dos interesses das mineradoras e, por isso, chamado por ambientalistas de “lobista da mineração” – rótulo que rejeita. Não há dúvida, porém, sobre as suas boas relações. Entre os mil convidados do casamento da filha, estavam o então ministro Fernando Pimentel (PT), depois eleito governador Minas Gerais, o então presidente da Vale, Murilo Ferreira e o vice-governador da época, Alberto Pinto Coelho.
Também prestigiaram o evento os presidentes da Assembleia Legislativa do Estado, Dinis Pinheiro; do Tribunal de Contas, Mauri Torres e da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), Olavo Machado.
Donos de jornais circulavam pelo salão ao lado de pelo menos 9 deputados federais e 8 deputados estaduais. Entre os 30 figurões identificados nas fotografias publicadas nas colunas sociais da imprensa mineira, estão personagens que seis anos depois seguem protagonistas, com postos chave nos governos do presidente Jair Bolsonaro e do governador Romeu Zema, como Marcos Montes, secretário-executivo do Ministério da Agricultura e Adriano Magalhães, secretário adjunto do governo de Minas.
A proximidade entre empresários e servidores públicos pode ser menos inocente do que se vê em uma festa de casamento. Foi durante o governo de um dos convidados da festa, Fernando Pimentel (PT), que o estado de Minas Gerais afrouxou a política de licenciamento ambiental. A medida beneficiou a Vale no licenciamento da barragem que rompeu em Brumadinho, em 25 de janeiro, matando 233 pessoas e deixando outros 37 desaparecidos.
O processo de afrouxamento da lei começou antes, ainda em 2014, na gestão de outro convidado, o então governador Alberto Pinto Coelho (PP) quando, em uma reunião a portas fechadas, a Vale sugeriu as mudanças a serem feitas na legislação ambiental – acatadas na gestão do petista. Quem escutava as sugestões dos diretores da Vale, em clima amigável, eram servidores públicos responsáveis por fiscalizar a empresa e suas barragens, conforme revelou a Repórter Brasil.
Desde novembro de 2015, quando a barragem do Fundão rompeu em Mariana, diversas reportagens e estudos mostraram o recorrente e milionário investimento de empresas ou de executivos da mineração em campanhas políticas. Essa proximidade ficou explícita no casamento da filha de Coura, que hoje exerce o quarto mandato à frente do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais (Sindiextra) e que também é vice-presidente da Federação das Indústrias de Mingas Gerais (Fiemg). Dos cerca de 25 políticos presentes à festa, pelo menos 20 tiveram campanhas financiadas por mineradoras ou siderúrgicas nas eleições de 2010 ou na seguinte ao casamento, em 2014.
O financiamento de campanha por empresas era permitido pela legislação eleitoral até 2015. Porém, escândalos e delações no escopo da operação Lava Jato revelaram conflitos de interesses nessas doações, que foram, posteriormente, consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
O lobby – que não é regulamentado no Brasil –, pode ser considerado uma atitude legítima, pois representa o direito da sociedade de pressionar para que os políticos atendam seus interesses. A análise é do professor professor Ciência Política da Universidade Federal do Paraná, Adriano Codato. “O problema é que há uma assimetria entre os recursos que uns e outros têm para pressionar a decisão”, analisa Codato, referindo-se à falta de equilíbrio de forças. Ou seja, em uma democracia perfeita, o lobby das mineradoras deveria ter a mesma força do lobby dos ambientalistas.
Essa assimetria de forças é também criticada por Maria Tereza Corujo, do movimento SOS Serra da Piedade. “Para quem defende Minas Gerais, a proximidade de Coura com os políticos é preocupante”, afirma a ambientalista. “O lobby exercido por Coura, pela Sindiextra e pelo Ibram precisa ser investigado. Imagina o que pode estar nos bastidores disso?”, questiona Corujo, que foi a única conselheira do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) a votar, em 11 dezembro de 2018, contra a autorização para obras na barragem de Córrego do Feijão – a que rompeu em Brumadinho.
“Coura é presidente de um sindicato, e não lobista”, respondeu o Sindiextra em nota enviada à Repórter Brasil.
Noivo nomeado
Coura termina de cantar. Enquanto uns deixam a pista, recolhem os blazers sobre as cadeiras e se preparam para ir embora, outros aplaudem embriagados – talvez pela beleza da vista de um dos espaços mais nobres de Belo Horizonte. O salão do Alta Vila fica no topo de uma torre de 101 metros de altura e proporciona visão panorâmica da capital mineira das cidades vizinhas e das montanhas do quadrilátero ferrífero.
À época do casamento, os convidados ligados ao setor tinham outro motivo para comemorar: a mineração vivia um ótimo momento. A tonelada do minério de ferro era vendida a US$ 137, valor superior aos US$ 88 atuais.
Depois de brindar no casamento e ser eleito governador, Pimentel nomeou o noivo da filha de Coura, José Guilherme Ramos, para o cargo de subsecretário de Política Mineral e Energética do Estado.
Ramos é hoje integrante do Sindiextra e, antes de atuar no governo Pimentel, era conhecido nos corredores e gabinetes da Assembleia Legislativa por defender os interesses das mineradoras.
“As contratações feitas no governo foram efetuadas pelos secretários das pastas correspondentes, que as analisaram tecnicamente”, respondeu a assessoria de imprensa de Pimentel, ao ser questionada sobre o motivo da contratação de Ramos. Já Coura, disse, em nota enviada pelo Sindiextra, que a nomeação de seu genro “ocorreu por critérios técnicos, em razão de sua especialidade”.
Menos de três meses depois do casamento, o Sindiextra pagou R$ 400 mil para uma empresa de consultoria, a OPR, que teve Pimentel como sócio até 2012. À época do pagamento, a empresa era comandada pelo principal assessor do petista, Otílio Prado. O negócio foi revelado pelo jornal O Globo, investigado pela Operação Acrônimo da Polícia Federal e é alvo de inquérito no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Para Coura, “não houve ilícito algum”. Ele acredita que o caso será esclarecido na Justiça.
Na campanha eleitoral de 2014, quando foi eleito governador, a candidatura de Pimentel recebeu R$ 6,4 milhões de doações de 21 empresas mineradoras e siderúrgicas. Quase a metade desse valor (R$ 3,1 milhões) veio de empresas do grupo Vale.
Durante o governo do petista, o projeto de lei 2.946 de autoria do executivo e sancionado em janeiro de 2016 é apontado por ambientalistas como responsável por flexibilizar a fiscalização ambiental. O projeto entrou em vigor três meses após o desastre de Mariana, que matou 19 pessoas e destruiu o ecossistema da bacia do Rio Doce.
A lei gerou uma série de alterações que possibilitou a entrada de um representante do Sindiextra e outro do Ibram como representantes da sociedade civil na Câmara de Atividades Minerárias (CMI) do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam). “Basta assistir a uma das reuniões do conselho para observar que os interesses deles (Sindiextra e Ibram) são pelo lucro a qualquer custo”, afirma o diretor de meio ambiente e saúde da União de Associações Comunitárias de Congonhas, Sandoval de Souza Pinto Filho.
Passados três meses do rompimento da barragem de Córrego do Feijão da Vale os bombeiros seguem buscando 37 desaparecidos. Até o momento, são 233 mortos (Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)
Outra mudança ocorrida no Estado foi a deliberação normativa 217 que passou a permitir, em alguns casos, rebaixar o potencial de risco das barragens, o que pode simplificar o processo de licenciamento para apenas uma etapa.
Questionado se a Vale exerceu algum tipo de pressão para alterar a legislação de segurança de barragens, a assessoria de Pimentel respondeu, em nota: “As doações recebidas pela campanha eleitoral mencionada já foram aprovadas pela Justiça, que atestou sua lisura. É falso e ofensivo relacioná-las a medidas adotadas pelo Governo de Minas Gerais”.
A assessoria do ex-governador afirmou que “em nenhum momento, as medidas adotadas previram a concessão indiscriminada de licenças”. O objetivo, segundo Pimentel, foi “modernizar a avaliação de pedidos de licenciamento ambiental”, pois havia uma demanda acumulada em janeiro de 2015, no início do governo, de quase 3 mil processos sem avaliação. Leia a resposta na íntegra.
Suprapartidário
“Comparecer a eventos sociais é parte do dia-a-dia da política. Tanto que outros candidatos à eleição em 2014, inclusive adversários, estiveram na mesma cerimônia”, disse Pimentel ao ser perguntado sobre sua relação com Coura. Entre os adversários do petista na mesma festa estava o vice-governador de Minas, Alberto Pinto Coelho (PP), que assumiu o poder quando Antonio Anastasia (PSDB) se afastou para candidatar ao Senado.
Em 2010, Pinto Coelho recebeu doações de R$ 2,2 milhões de seis empresas siderúrgicas e mineradoras. Foi no período que Pinto Coelho governava, em outubro de 2014, que diretores da Vale se reuniram a portas fechadas com servidores do governo de Minas Gerais para discutir regras para simplificar e acelerar o licenciamento ambiental no Estado, conforme revelaram áudios e documentos obtidos com exclusividade pela Repórter Brasil. Procurado, Pinto Coelho não respondeu às perguntas enviadas.
Do mesmo grupo político de Pinto Coelho, o então presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Dinis Pinheiro (Solidariedade) foi um dos padrinhos do casal. No ano seguinte, Pinheiro foi candidato à vice-governador na chapa encabeçada por Pimenta da Veiga (PSDB). A candidatura deles recebeu R$ 3 milhões em doações de 12 mineradoras e siderúrgicas.
O coordenador político da campanha era Danilo de Castro, homem forte dos governos de Aécio Neves e Anastasia, quando ocupou a secretaria de governo em ambas gestões. O filho de Danilo, Rodrigo de Castro, é deputado federal desde 2007. Na eleição de 2014, Rodrigo recebeu R$ 850 mil doados por mineradoras e siderúrgicas. Tanto Danilo de Castro quanto Dinis Pinheiro não responderam às questões enviadas pela reportagem.
Danilo de Castro está ao lado do hoje senador Carlos Viana (PSD) em uma das fotos da festa. Em seu primeiro mandato, o senador conquistou a relatoria da CPI de Brumadinho. A comissão quer apurar as causas do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho.
Vídeo produzido pela Repórter Brasil e publicado um mês depois da tragédia mostra o drama das vítimas e a relação conflituosa com a Vale
Na campanha, o senador recebeu doação de R$ 100 mil de Luis Fernando Franceschini da Rosa, advogado e sócio investidor de empresas de mineração. Questionado se a doação eleitoral pode comprometer seu trabalho na CPI, Viana respondeu que não. “Eu sei que é comum políticos se posicionarem de acordo com interesses momentâneos, mas comigo nunca foi e nunca será assim. Nunca estive com o Franceschini. A doação veio por pessoas ligadas ao meu ex-partido, PHS”.
Outros dois políticos que ocuparam cargos de destaque em comissões do congresso voltadas à mineração e que compareceram à festa de casamento foram o ex-deputado Gabriel Guimarães (PT), atualmente diretor do Atlético-MG e Marcos Montes (PSD), secretário-executivo do ministério da Agricultura.
Guimarães e Montes foram presidente e vice, respectivamente, da Comissão Especial sobre o Código da Mineração. Na campanha de 2014, R$ 273 mil foram doados por empresas ligadas à mineração e siderurgia para a campanha do petista. Já a candidatura de Montes arrecadou cerca de R$ 487 mil de empresas do setor.
Guimarães disse que o convite para a festa se deve a relação de amizade que tem com os noivos e não apenas com Fernando Coura. “Só fui porque fui convidado. Não costumo ir a lugar nenhum que não sou convidado”, respondeu. Explicou que manteve contato com os setores produtivos, incluindo as empresas que doaram para sua campanha, mas que elas não tiveram influência em sua atuação parlamentar. “Isso seria crime. Eu sou advogado e sei os limites da atuação”, afirmou. Procurado, Marcos Montes não respondeu ao pedido de entrevista.
Assim como Montes, o ex-secretário de Meio Ambiente, Adriano Magalhães, é outro que participou da festa e segue no poder. Magalhães foi nomeado pelo governador Romeu Zema para secretário adjunto da secretaria de Desenvolvimento Econômico. Um ano depois do casamento, em abril de 2014, Magalhães foi exonerado do cargo que ocupava, como secretário de Meio Ambiente no governo Anastasia. Ele é réu por prevaricação, acusado de ocultar autos de fiscalização e infração emitidos contra a mineradora MMX, de Eike Batista, de acordo com denúncia do Ministério Público. Procurado, Magalhães não respondeu às perguntas enviadas.
O prefeito de Nova Lima, Vitor Penido, pela sexta vez no comando da cidade foi outro convidado para festa que segue no poder. “Eu sou o maior defensor de mineradora do Brasil e o mais antipatizado entre ambientalistas”, afirma o prefeito, que é fundador e atual presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais (AMIG).
Penido é um velho conhecido de Coura e diz que nunca foi procurado por ele para “pedir nada que não fosse correto”. Além disso, o prefeito entende que Coura exerce o papel de líder das mineradoras e tem que brigar por elas. Na campanha de 2014, quando foi candidato à deputado federal, Penido recebeu R$ 325 mil de empresas do setor minerário.
Alarme falso
A cidade governada por Penido teve 170 pessoas desalojadas, em fevereiro, devido ao aumento do risco de rompimento das barragens da mina Mar Azul, da Vale. A retirada de moradores das casas localizadas em áreas de risco se tornaram uma constante em Minas desde o rompimento da barragem da Vale.
Em março, em outra cidade mineira, São Gonçalo do Rio Abaixo, uma sirene acabou com a festa de casamento da estudante de educação física, Ananeria Toceda da Cruz, de 24 anos com o eletricista Breno Lucas da Cruz, de 37 anos. “Foi uma confusão tremenda. Todo mundo saiu correndo. Ninguém quis esperar para ver se era verdade ou não”, conta a noiva.
Os 150 convidados deixaram o local desesperados. Uma mulher que carregava uma criança no colo caiu e quase foi atropelada na confusão. “Quando soube que era alarme falso, tive uma sensação de alívio. Mas depois que passa o susto fica uma frustração, um vazio”, recorda.
A Vale atribuiu o disparo da sirene a um erro técnico. A festa foi encerrada antes das fotos oficiais, dos noivos partirem o bolo e, ao menos, provarem os docinhos. “Não comi o mousse de limão nem o bombom de coco”, lamenta a noiva.
Silicosis: El otro legado de la minería en la cuenca del lago General Carrera
En 2016 un equipo profesional entrevistó a 62 ex trabajadores y trabajadoras de Puerto Cristal, todos habitantes actuales de la cuenca del lago General Carrera. Las entrevistas constataron las difíciles condiciones laborales y de salud a las que fueron expuestos. Siete de este acotado grupo ha sido diagnosticado con esta enfermedad incurable y progresiva que ataca los pulmones y es reconocida como uno de los problemas prioritarios de salud ocupacional en el mundo.
Uno de los argumentos al que se recurre, en el marco de la discusión sobre el avance de la minería hacia otros territorios de Aysén, es que hoy los poblados mineros de Puerto Sánchez y Puerto Cristal, junto a mina Escondida cerca de Puerto Guadal, son atractivos turísticos. Y que no se comprende tanto cuestionamiento a una actividad que es parte de la historia, incluso cultura, de la cuenca del lago General Carrera.
Eso es indiscutible.
Baste asistir a una cita con antiguos pobladores y pobladoras de Chile Chico, Mallín Grande, Puerto Guadal, Puerto Ingeniero Ibáñez, Levicán para que afloren relatos de un pasado ligado a la extracción de mineral. Recuerdos de tiempos pasados, similares a los que permanecen en el alma de ex trabajadores de las pampas salitreras del norte, las de las fichas y las pulperías que engrosaron fortunas inglesas y de la elite chilena. Las de la matanza de la Escuela Santa María.
No es extraño que en la evocación del pasado se filtren los recuerdos, privilegiando los de noble y encantador cuño. La Agrupación Social y Cultural Los Cristalinos, que desde 2005 arriba cada verano a Puerto Cristal para rememorar, visitar antepasados y encontrarse entre quienes comparten un pasado común, tiene tal sentido. Es el legítimo rescate de la memoria. Son las vivencias antañas que, efectivamente, hoy también forman parte de los atractivos que en Aysén busca el visitante. No por nada desde 2008 Puerto Cristal es monumento nacional en categoría de monumento histórico.
Pero la historia no son solo buenos recuerdos. En el caso de la minería en Chile cobija una dramática realidad que, en algunos casos, subsiste hasta hoy. Porque Baldomero Lillo no estaba equivocado.
Las condiciones laborales en la mina
En 2016 el antropólogo Mauricio Miranda y el ingeniero en prevención de riesgos Cristian Evaristi elaboraron para la secretaría regional ministerial de Salud de Aysén el informe “Identificación de ex trabajadores que estuvieron expuestos a polvo en fracción respirable con contenido de sílice, en las extracciones de las mineras ubicadas en Puerto Cristal”.
El documento recoge los testimonios de 62 ex trabajadores y trabajadoras de Puerto Cristal, recabando antecedentes respecto de su exposición a diversos riesgos, en especial al polvo en suspensión. Todos hoy viven en Puerto Ingeniero Ibáñez (8), Chile Chico (27), Puerto Guadal (5), Bahía Murta (4), Puerto Sánchez (11) y Puerto Río Tranquilo (7). De estos, fueron validados 60 que cumplían con todos los requisitos considerados en la investigación.
Una mayoría hombres (hay una sola mujer), la muestra involucra principalmente a ex trabajadores de entre 50 y 90 años (un 89,9 %), donde un 40 % se desempeñó en la década del 70. Más de la mitad con enseñanza básica incompleta, dependientes en un 88,3 % del sistema público de salud y proveniente un tercio del rubro ganadero y agrícola, dato que demuestra cómo una empresa privada transformó no solo la economía sino parte de la cultura en la cuenca.
De los entrevistados, “existe una mayor frecuencia de ex trabajadores mineros que describen que las condiciones del campamento eran buenas (45 %)”. Un 41,7 %, en cambio, relata que estas eran regulares.
Un antecedente relevante es que la mayoría (85 %) recuerda que su salud en el tiempo de trabajo era apta. Sin embargo, un 83,4 % define un sueldo en dicho período como regular y malo.
En términos de exposición a riesgos como ruidos, vibraciones, altas temperaturas, humedad, polvo en suspensión, humo, gases, iluminación y ventilación deficiente, una mayoría reconoce su alta prevalencia. En esto, sobresalen el ruido y polvo en suspensión, bordeando un 90 % que dijo haber estado siempre expuesto a estas condiciones.
En el caso del material particulado, este les afectaba múltiples órganos: ojo, nariz y garganta.
“Respecto de la entrega de equipo de protección personal, un gran porcentaje indica que efectivamente se le hacía entrega de estos elementos, pero no el requerido de acuerdo al peligro y niveles de riesgo al que se exponían los trabajadores de acuerdo a sus labores habituales. Por ejemplo, se entregaban botas de goma sin protección. La mayoría del equipo se entregaba hasta que se presentara un detrimento importante” se indica el informe.
En este sentido, un 65 % recuerda que nunca le entregaron mascarilla de protección respiratoria.
Silicosis
El informe consigna que “la silicosis es una enfermedad de los pulmones causada por respirar polvo que contiene partículas muy pequeñas de sílice cristalina”.
Las patologías que puede producir son que “el tejido del pulmón se daña de alguna forma, conocida o desconocida”; “las paredes de los alvéolos de los pulmones se inflaman”; “empiezan a aparecer cicatrices (fibrosis) en el intersticio, tejido que se encuentra entre los alvéolos y los capilares”, “una fibrosis progresiva, granulomatosa, hialinizante, que se produce en sitios de depósito de polvo de cuarzo en los pulmones”.
Y explica:
“La fibrosis es el engrosamiento y cicatrización del tejido pulmonar, lo que disminuye progresivamente su función fisiológica que permitía el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Los alvéolos, así como el tejido de los pulmones que se encuentra entre ellos y rodeándolos, y los vasos capilares de los pulmones, son destruidos por la formación del tejido cicatrizante”.
“Los granulomas son formaciones de nódulos de carácter inflamatorio, por lo común de 1 a 2 mm. de diámetro, constituidas esencialmente por macrófagos que no han podido absorber la sílice”.
“Hialinizante, que forma material homogéneo cristalino dentro de una célula”.
La silicosis, reconocida como uno de los problemas prioritarios de salud ocupacional en el mundo, es incurable y muchas veces progresiva.
De regreso en Puerto Cristal.
Más de la mitad de los encuestados informa que nunca se le realizó un control médico durante su trabajo en faena (55 %). Y un 83,3 % nunca fue sometido a rayos X de tórax o pecho.
Del total, un 13,3 % ha sido diagnosticado con una enfermedad profesional, de los cuales 7 corresponden a silicosis. En este sentido, el informe apunta que “existe una mayor frecuencia de ex trabajadores mineros que en la empresa no le informaron sobre los riesgos de accidentarse o enfermarse (61%), lo cual indica que históricamente los mineros poseían una mala condición en torno al contexto de su salud y la relación con su trabajo”.
Aunque el diagnóstico de silicosis puede parecer bajo, un 36,7 % sí ha presentado problemas como dificultad para respirar, cansancio, dolor pulmonar, silbido en el pecho, tos seca y tos con flema. Y de los ex trabajadores, un 86,7 % conoce compañeros de trabajo que han presentado problemas respiratorios o que se han enfermado de los pulmones.
Todo esto da cuenta de que un “gran porcentaje de los trabajadores presentan en algún grado síntomas relacionados con problemas respiratorios”. De todas formas aclara que este hecho “no afirma ni niega la presencia de silicosis en ellos”, ya que esta enfermedad,“según indica la OMS, debe descartarse o afirmarse mediante la aplicación de exámenes específicos de radiografías del pulmón”.
Las difíciles condiciones respiratorias son confirmadas por los propios testimonios:
“Se podía ver la presencia de polvo en el ambiente, la lámpara alumbraba el polvo que siempre estaba presente mientras nosotros trabajábamos”; “hacían los tiros, no esperaban ni una hora y nos enviaban de nuevo a trabajar… y recién de 3 o 4 horas se disminuía el polvo”; “oiga, los filtros debe haber sido una cosa de 2 o 3 horas nada más, porque ahí agarraba humedad y se iba pegando… conforme se iba humedeciendo con la respiración se iba pegando el polvillo y ya después no respiraba uno y así había que botarlo y trabajar al aire, así nomás, sin nada”; “antes no se entregaban máscaras, se usaba puro pañuelo mojado que salía negro”; “cuando trabajábamos, nos sonábamos o escupíamos y salía todo negro”.
El pasado minero en la cuenca
Puerto Sánchez, con la mina Chivas, fue una faena de extracción de cobre y calcopirita, que comenzó sus operaciones a principios de los años 50 llegando a albergar a medio millar de trabajadores en sus campamentos. Luego de pasar a Corfo fue adquirida en los 90 por la familia Walker para explotar caliza. En el libro “La Ruta del Mineral: Guía Patrimonial de los pobladores mineros en la Patagonia” se relata que en sus primeros años la operación “fue visitada por delegaciones nacionales y extranjeras, médicos, ingenieros, entre otros profesionales. Lamentablemente, su concurrencia se debía a la deficiente condición ambiental del proceso de producción del mineral que respondía a una planta de fundición altamente tóxica que estaba envenenando a la población”.
En Puerto Guadal funcionó también desde los años 50, primero artesanalmente y luego a mayor escala, la mina Escondida, extrayendo cobre como recurso principal durante aproximadamente una década, con unos 150 trabajadores en sus momentos de mayor movimiento. A mediados de los 80, ya en manos de Corfo, se intentó una nueva explotación, pero esta duró solo dos años.
Y en Puerto Cristal operó la mina Silva, de zinc y plata, desde 1948 hasta 1993. Durante la década del 50 llegó a alojar en sus campamentos unas 850 personas.
Estas operaciones no eran menores.
El estudio consigna que la Compañía Minera Aysén generaba el 50 % del plomo y más del 40 % del zinc de Chile desde la explotación de sus yacimientos en la cuenca del lago General Carrera como Puerto Cristal y Puerto Sánchez.
Las operaciones del pasado minero de Aysén hoy son objeto de investigaciones científicas producto de la contaminación asociada a sus pasivos.
El Campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile ha desarrollado, con fondos públicos, un proyecto de biorremediación ambiental bajo el nombre “Recuperación de sitios contaminados con metales pesados”, principalmente en los relaves que aún permanecen en la zona. Y últimamente ha dirigido sus miradas hacia el lago General Carrera con el estudio “Influencia de Relaves en Chelenko: Propuesta de Remediación”.
La razón de estos proyectos es claro: la minería en Aysén ha dejado un pasivo de contaminación en sus suelos, lo cual ha sido constatado dramáticamente en 2015 en Alto Mañihuales con la muerte de ganado e intoxicación de pobladores por plomo, arsénico y mercurio producto de las operaciones de mina El Toqui, hoy de Laguna Gold.
Y según consignó un informe elaborado por Sernageomin las aguas del lago también estarían siendo afectadas por el drenaje ácido de metales pesados proveniente de las operaciones abandonadas de Puerto Cristal.
Es el otro legado de la minería en un territorio que ha basado su estrategia productiva, fundamentalmente, en un espacio de naturaleza y biodiversidad con calidad ambiental de excepción.
París, Ginebra, 20 de mayo de 2019 – A través de una nota que se publica el día de hoy, el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto entre la FIDH y la OMCT, manifiesta su grave preocupación por las numerosas irregularidades e ilegalidades identificadas en el caso Las Bambas y hace un llamado a las autoridades peruanas a que respeten el derecho a un juicio justo y imparcial de los 19 defensores de la tierra y el territorio que serán juzgados a partir de este miércoles.
Después de casi cinco años de proceso penal y después de dos suspensiones, el 22 de mayo comenzará el juicio oral contra 19 defensores de la tierra que se manifestaban contra los impactos negativos del proyecto minero las Bambas en Perú, propiedad del Consorcio chino MMG Limited, quien se constituyó como parte civil en el proceso.
Los reclamos de las comunidades de la provincia de Grau y Cotabambas (Apurímac) iniciaron después de que la empresa modificase unilateralmente el Estudio de Impacto ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas. La principal modificación fue la de transportar 450 mil toneladas de minerales por las carreteras ubicadas en la zona de las comunidades y no por un mineroducto, como estaba inicialmente previsto. Esta modificación y otras han provocado afectaciones en la salud y el medio ambiente de las comunidades.
El 25 de septiembre de 2015, estas comunidades iniciaron un paro indefinido por no haber sido informadas, ni consultadas sobre las modificaciones al EIA. Tres días después se generó una fuerte represión por parte de efectivos policiales contra la población que protestaba frente al campamento minero, produciéndose la muerte de tres manifestantes, 23 personas heridas (15 civiles y 8 policías) y la detención arbitraria de 21 personas manifestantes, 19 de los cuales desde entonces se encuentran inmersos en un proceso judicial.
Este proceso no es un caso aislado. Se estima que habrían más de 500 personas criminalizadas en el contexto de las protestas contra el proyecto las Bambas. En una zona que históricamente ha sido campesina e indígena no es posible reducir a los manifestantes a simples criminales. El Observatorio reitera que defender derechos no es un crimen, es un derecho y que, en lugar de criminalizarles, el Estado peruano debería comprometerse con la adopción de una política pública integral de protección a las personas defensoras, tomando el protocolo recientemente aprobado como un primer paso.
La militarización y las repetidas declaraciones de Estados de emergencia en la zona, que además son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos, solo han dejado como resultado agresiones, criminalización de manifestantes, desestructuración de las reivindicaciones de las comunidades y la vulneración de sus derechos. Esa respuesta represiva del Estado peruano a los reclamos de la población afectada por estos proyectos en el corredor minero no es efectiva, cómo se ha visto recientemente con las manifestaciones que se reiniciaron en agosto de 2018 por las comunidades de Fuerabamba, Apurímac. La solución pasa por abordar los problemas de fondo que crean la conflictividad a través de medidas que atiendan las demandas de la población.
El Observatorio dará seguimiento a este proceso y confía que los jueces garantizarán su independencia así como los derechos al debido proceso, reconocidos a nivel nacional e internacional de los 19 manifestantes defensores del territorio, cuya criminalización debe cesar.
El informe está disponible para su descarga: Peru_2019.05.20_Informe Las Bambas.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, rechaza el Decreto Ejecutivo 751, del 21 mayo del 2019, por el cual se modifica la delimitación de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) del Yasuní y permite la explotación hidrocarburífera en los bloques 31 y 43 en la Zona de Amortiguamiento.
Como todos los 21 de mayo, hoy se celebra el día de la dignidad Kana, en toda la provincia de Espinar, en la región Cusco. De esta manera se conmemora la primera toma de la mina ocurrida -precisamente- un 21 de mayo de 1990, cuando por primera vez una gran revuelta terminó con la toma de la mina de Tintaya, en ese entonces operada por una empresa pública. Luego de unos días de movilizaciones y toma de rehenes, se logró un acuerdo con el Estado peruano.
Zacatecas, Zac. Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudieron a la mina San Martín, operada por Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco, en el municipio zacatecano de Sombrerete, y confirmaron el derrame de al menos 20 mil litros “de agua con sedimentos de una tubería que condujo jales mineros”, ocurrido el pasado miércoles 8 de mayo.
En Bolivia la madre tierra es considerada por las comunidades indígenas como un ser vivo quien también posee derechos, esta visión ancestral es la que ha permitido que generación a generación las familias indígenas hereden a sus descendientes tierras fértiles, un hogar y un futuro. Pero esta forma de vivir ha sido cambiada a la fuerza por la industria extractivista, y las concesiones mineras que el gobierno actual de Bolivia está otorgando a empresas extranjeras están destruyendo tierras que una vez habían sido sagradas para estas comunidades.
En las cercanías de Penco, una de las ciudades más antiguas de Chile con una población de 47.367 habitantes según el Instituto Chileno de Estadisticas (INE) se encuentra instalada una Planta Piloto de la Empresa Biolantanidos para realizar faenas de extracción de tierras raras.
Enquanto prefeitos se mobilizam para garantir a permanência da atividade minerária em seus municípios, as populações vivem o terror gerado pelo modelo de mineração. A gravidade da situação das barragens de rejeitos em Minas Gerais não é uma preocupação recente para muitos dos ambientalistas mineiros. Diante do grave cenário vivido pela população de Barão de Cocais, em Minas Gerais, mais uma vez responsabilidade da empresa Vale, com o risco iminente da queda do talude e, com isso, o possível rompimento da barragem
«Por el agua, por nuestra tierra, #Colombia Libre deFracking», bajo ese lema, movimientos ambientalistas y activistas por los derechos humanos, vienen convocando para una marcha nacional contra el fracking, el día 7 de junio en Colombia.
Tragédias de Mariana e Brumadinho não foram acaso. Grandes empresas de mineração financiaram políticos — de quase todos os partidos — que afrouxaram a fiscalização de barragens mineiras. Em abril de 2013, uma elegante festa de núpcias expressou esta promiscuidade.
París, Ginebra, 20 de mayo de 2019 – A través de una nota que se publica el día de hoy, el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto entre la FIDH y la OMCT, manifiesta su grave preocupación por las numerosas irregularidades e ilegalidades identificadas en el caso Las Bambas y hace un llamado a las autoridades peruanas a que respeten el derecho a un juicio justo y imparcial de los 19 defensores de la tierra y el territorio que serán juzgados a partir de este miércoles.