El proyecto minero Tía María ha sido materia de debate nacional en los últimos días, y se han planteado diversas posiciones desde todas las posiciones políticas a favor o en contra de la ejecución de esta mina. Sin embargo, escasos argumentos técnicos han respaldado este debate
La opinión pública todavía no tiene claro de qué manera Tía María podría generar graves impactos sociales y ambientales en su zona de influencia en las condiciones actuales del proyecto. El ministro de Energía y Minas Francisco Ísmodes ha señalado que en el caso de Tía María se debe buscar el diálogo, dejando de lado posturas políticas, y centrando el debate en los aspectos técnicos. Si bien toda opción que se toma frente a este caso termina siendo política, el presente artículo se centra en analizar justamente aquellos elementos técnicos que no han sido resueltos por la empresa Southern en su Estudio de Impacto Ambiental, y que generan preocupaciones sobre los reales impactos que puede generar la ejecución de esta mina.
Los fundamentos de la oposición al proyecto minero Tía María en relación al segundo EIA
1)El primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María es la base del segundo. Cuando se evalúo el primer EIA, la población presentó observaciones señalando que los impactos no estaban adecuadamente dimensionados y que con el proyecto se estaba poniendo en riesgo el valle y sus principales actividades económicas. La respuesta del gobierno del presidente Alan García fue que esas preocupaciones eran infundadas y que estaban basadas en el desconocimiento. Cuando la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) emitió 138 observaciones sobre el EIA, ante un pedido del Estado Peruano, el EIA no pudo ser aprobado y fue irregularmente declarado inadmisible[2].
De las 138 observaciones emitidas por la UNOPS, el 31% eran por componentes omitidos, 23% por datos insuficientes y 24% por desarrollo insuficiente. Es decir, el 78% de las observaciones tenían que ver con serias deficiencias en la elaboración del EIA, que lo hacían insalvable. Por tanto, las deficiencias y omisiones en los que había incurrido este primer EIA, eran por lo demás evidentes. Esto nos recuerda lo señalado por Felipe Ramírez, ex Director de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) que en julio de 2010, ante más de 80 empresarios, afirmó que la demora en la aprobación del EIA no se debía a la tramitología, sino a la falta de información básica, la subestimación de los impactos y plagios (ausencia de investigación propia) que presentaban estos estudios, lo que hacía además que se incrementara el trabajo de los evaluadores, exhortando a las empresas a mejorar la calidad de los EIA.
2) Esta situación no ha sido superada, todo lo contrario. El año 2013, los empresarios mineros comenzaron una campaña que se ha prolongado hasta el día de hoy. Afirman que la demora en la aprobación de los permisos ambientales fue la causa de la caída de las inversiones, una afirmación bastante cuestionable, pues la caída de las inversiones en minería fue un fenómeno mundial asociado a la caída internacional de precios de los minerales.
Los empresarios lograron cambios que debilitaron fuertemente los instrumentos de gestión ambiental. Entre ellos, establecieron la imposibilidad de hacer repreguntas ante una respuesta no satisfactoria a una observación realizada y el que se catalogara como infracción la demora en la evaluación de un EIA, considerándola, además, falta grave. En ese marco se aprueba el segundo EIA de Tía María.
3) En la actualidad, nuevamente se dice que la población de Islay rechaza el proyecto por desconocimiento, que Southern ha corregido sus errores y no existe mayor fundamento para alarmarse por los impactos que podría generar Tía María. Pero, es importante saber que durante la evaluación del segundo EIA, las organizaciones sociales lideradas por las Juntas de Usuarios (que no son precisamente campesinos pobres), contrataron a una serie de profesionales para formular observaciones (ninguno de los cuales pertenecía a las ONG). Si uno revisa el expediente administrativo del EIA, se encontrará con sendos documentos técnicos presentados por estos profesionales que cuestionaban diversos contenidos de este nuevo EIA. La pregunta es ¿por qué esos argumentos no han sido conocidos públicamente? Creemos que por dos razones: la dificultad de los actores sociales para expresar directamente esa argumentación técnica y el prejuicio existente de que lo técnico sólo está al alcance de quienes tienen poder y dinero.
4) ¿Cuáles son esas objeciones de parte de la población sobre las que se debería centrar el debate?
– El caso revela un conflicto de intereses entre la empresa minera Southern y los agricultores del Valle el Tambo. Hay una primera discusión de costo- beneficio entre las actividades económicas actuales del valle y la minería.
– Otro gran cuestionamiento es si ambas actividades pueden convivir en un mismo territorio. Esto es lo que no queda claro.
– Un elemento del contexto es que en el valle del río Tambo, las personas, animales y las actividades económicas se abastecen de agua de este río y de sus canales. Un canal sumamente importante es el canal La Ensenada-Mejía-Mollendo, infraestructura que abastece en un 100% de agua para el consumo humano al poblado de Cocrachacra y para riego y consumo humano e industrial a La Ensenada, Mejía y Mollendo. El promedio anual es de 31.5 m3/s. La tendencia muestra un decrecimiento de 3m3/s que estaría influenciado por el Proyecto Pasto Grande.
En periodos de estiaje, el río Tambo tiene altas concentraciones de sólidos suspendidos, cloruros, aluminio, arsénico y plomo, por lo que deviene en agua de mala calidad para el consumo humano y, por las sales, de mala calidad para la agricultura. Agravar esta situación sería un gran problema para el valle.
El acuífero aluvial que sustenta el río Tambo tiene 90 Km2 de extensión. Este acuífero aporta el 50% del caudal en épocas de avenidas y el 100% en época de estiaje.
Los componentes mineros se ubicarán en varias quebradas: Posco o Rosa María, Salinas, Cachuyo, Chuli, Quialanque y tres quebradas sin nombre.
– Una primera objeción de naturaleza ambiental, es que varias de las observaciones y/o recomendaciones de la UNOPS no habrían sido levantadas o acogidas como por ejemplo: las que corresponden a los numerales 134, 142, 147, 194, 199, 239 y 252.
– Otra está referida a los riesgos de dispersión del polvo, que proviene de un yacimiento con sulfuros. En una operación se produce polvo con las voladuras, el chancado y el depósito de sulfuros o desmonte. Por ello, es sumamente importante estudiar la dirección de los vientos. Si bien en la zona del proyecto los vientos van de manera predominante hacia el Nor-Este, esa predominancia varía (hacia Sur Este) en las diferentes estaciones del año y entre el día y la noche por la presencia de los vientos locales (brisas marinas). Esto no se encuentra suficientemente estudiado, por lo que las partículas PM10 y PM2.5, que quedan suspendidas en el aire por su diminuto tamaño podrían llegar hasta el valle y depositarse en aguas superficiales, suelos y cultivos.
La UNOPS, en su observación numeral 142 y 143, manifestó su preocupación por la ubicación de la planta de chancado primario de La Tapada por su proximidad al Valle Tambo y de los depósitos de desmonte de La Tapada y Tía María, ya que se encuentran en una quebrada que incide en el poblado de Cocachacra y sobre el río Tambo. En el numeral 147 expresa su preocupación por los posibles cambios en la calidad del aire. Por ello, recomendó reubicar la planta de chancado primario y el depósito de desmonte del tajo de La Tapada (numeral 199), algo que solo se movió ligeramente. Además, desde una imagen satelital se puede apreciar la proximidad de la planta de Chancado de La Tapada al valle y a los poblados de Cocachacra, Chucarapi, Pampa Blanca y El Fiscal.
– Otro tema cuestionado es el número y ubicación de las estaciones de monitoreo del aire y muestreos realizados. Se han instalado solo cuatro estaciones de monitoreo: a 400 metros de las oficinas administrativas de la empresa, a 800 metros del poblado de Cocachacra camino al ingenio Obando, a 200 metros de la plaza del poblado La Ensenada y a 100 metros de la orilla del mar, en el área donde se construirá la planta desalinizadora. No existe estación de monitoreo en el valle, el poblado El Fiscal (observación y recomendación de la UNOPS 239 y 252 respectivamente no levantadas), el poblado de Chucarapi, los tajos, las plantas chancadoras, entre otros, lugares en donde se podrían generar serias afectaciones.
– El EIA no toma en cuenta el potencial contaminante del polvo que proviene de un depósito de sulfuros (posibilidad de generar Drenaje ácido de roca – DAR) en contextos de neblina estacional ordinaria y de ocurrencia de fenómenos extraordinarios de El Niño (FEN). Además, en la zona existe lomas y no se ha adjuntado información sobre la variabilidad pluvial en ellas durante un FEN extraordinario, pese a que existe información de Lomas de Mejía de 1997-1998 que puede ayudar a ello. Esto trae a colación la recomendación que hizo UNOPS en el numeral 194 de evaluar el potencial del DAR de los desmontes de Tía María y La Tapada ante escenarios de precipitación cambiante.
– Los depósitos de desmontes provenientes de los tajos La Tapada (47 has) y Tía María (145 has) estarán ubicados en la Quebrada Cachuyo, que es perpendicular al río y al Valle de Tambo y en pendiente. De otro lado, el depósito de sulfuros (ahora más grande que en su diseño inicial) se encuentra aledaño al yacimiento La Tapada, en quebrada y en pendiente, y su drenaje igualmente va en sentido de la pendiente y con dirección al río Tambo. La ubicación en quebrada podría dar lugar a la generación de DAR según lo señalado por la observación contenida en el numeral 167 de la UNOPS. Estos depósitos no se han movido de esas quebradas, según lo indica el nuevo EIA, por lo que podríamos decir que la observación de UNOPS se mantiene.
-Además, en el EIA se dice que no hay riesgo de generación de aguas ácidas[3] porque la precipitación (lluvia) es de tan solo 2,36 mm/año. Sin embargo no se toma en cuenta que la humedad relativa de la zona del tajo La Tapada está entre el 50 a 80% durante el año. A ello hay que añadir que los yacimientos de La Tapada y Tía María se encuentran en las Lomas de Pampa Yamayo y la Quebrada Cachuyo y que entre junio y setiembre hay un manto neblinoso que se precipita lentamente.
– Otro tema es el riesgo que sufriría el canal La Ensenada-Mejía-Mollendo. Este canal toma el agua del río Tambo, en la parte baja de la zona de extracción del tajo La Tapada, a una distancia de 1.25 Km del tajo y a una cota inferior a 130 mt. de altura. Los impactos ambientales (partículas sedimentables, gases y vibraciones) podrían desencadenar daños a la infraestructura y contaminación. El canal está expuesto a caídas de roca que resulta altamente probable en contextos de voladuras simultáneas (en un determinado momento los tajos de La Tapada y Tía María, se explotaran simultáneamente) y de activación de la falla geológica Yanamayo que atraviesa en forma perpendicular el área donde se ubican los dos tajos. Esto no habría sido considerado en la evaluación de los impactos ambientales.
– En los yacimientos de La Tapada y Tía María hay presencia de sulfuros. Cuando se exploten ambos tajos, existe el riesgo de generar aguas ácidas cuando entren en contacto los sulfuros y la napa freática. En promedio desde la cota 229 msnm hacia abajo, el acuífero puede entrar en contacto con la capa de sulfuros del tajo de La Tapada. UNOPS recomendó en el numeral 185 la cuantificación del potencial DAR cuando los tajos se encuentren explotando las áreas de sulfuros y ripios, y tomen contacto con aguas subterráneas. Además de ello, cabe recordar que la zona de los tajos está expuesta a neblinas.
– Otra preocupación es la posible conexión de las aguas subterráneas de la zona de los tajos con el río Tambo. Sobre este punto el estudio no es concluyente por no haberse aplicado bien el modelo. El especialista portugués en hidrogeólogía y Dr. en Ingeniería de Minas Luis Tavares Riveiro, señala que los resultados de la aplicación del modelo no son rigurosos porque están asociados a altos grados de incertidumbre. La gran discusión es si el acuífero es fracturado o no.
Tavares señala que el agua subterránea se encuentra entre los 6 y 3000 mt. Que el acuífero donde se almacena el agua es de gran heterogeneidad, con áreas distintas de circulación, influenciadas por una red de fracturas. Cuestiona el código computacional empleado para la modelación del flujo del agua subterránea en un medio hidrogeológico fracturado porque parte de supuestos errados: que el flujo de agua es laminar y que el acuífero equivale a un medio poroso. Señala que lo que se encuentra en esta zona es de un medio hidrogeológico fracturado, donde las velocidades son dependientes de las formas y características de las fracturas.
Si bien el estudio concluye, sin rigor, que la formación rocosa de la zona de los tajos es una uniformidad de baja permeabilidad[4], en las pruebas de permeabilidad del estudio hidrogeológico se dice que hay un amplio rango de valores de permeabilidad que indican zonas de permeabilidad moderada y discretas y otras de menor permeabilidad (a mayor permeabilidad mayor flujo de agua), recomendándose nuevas exploraciones hidrogeológicas para caracterizar el flujo del agua subterránea. Además, el estudio hidrogeológico no toma en cuenta el efecto combinado que tendrán las voladuras, con la profundidad de la extracción de minerales y la falla geológica.
Pese a sus deficiencias, el estudio hidrogeológico de 2013 dice que hay evidencia de drenaje del acuífero fracturado hacia la zona de deyección del río Tambo. Existiría una filtración permanente al sur-oeste de los tajos y al sur de la zona de procesamiento. Sobre esta red de drenaje el estudio hidrogeológico recomienda incorporar (esto quiere decir que no se ha hecho) al modelo conceptual el fracturamiento regional y las condiciones estructurales como características discretas, para explicar mejor el comportamiento del agua subterránea en la dirección horizontal y vertical.
-El estudio hidrogeológico no cuenta con una base empírica completa para medir el nivel y los flujos de agua de la napa de la formación rocosa donde se instalaría y operaría el proyecto, ya que no se instalaron piezómetros en zonas críticas. Por ello existen altos niveles de incertidumbre para establecer la conexión física entre el acuífero de la zona de operaciones y el río Tambo. Así tenemos que la zona de La Tapada y el río Tambo no tienen medición porque no se trabajó con piezómetros en esa zona[5].[6]
– No queda claro el origen del agua para abastecer los campamentos.
– En cuanto a los impactos de la planta desalinizadora, el nuevo EIA no define la calidad del agua salobre del mar en la Playa El Sombrero, ni identifica el agua subterránea de la quebrada de Chuli que se descarga debajo de la playa y en el mar. No es posible analizar el impacto porque no se registra el valor de la salinidad del agua de mar en el área de captación y de conducción pre-descarga de salmuera.
El EIA se aprobó sin que la planta desalinizadora contará con un estudio de ingeniería a nivel de factibilidad que permitiera determinar sus impactos.
-Existe incertidumbre sobre los impactos que puede traer la extracción de agua salobre en la Playa El Sombrero y la descarga de Salmuera contaminante en la capacidad de sobrevivencia del ecosistema marino salobre y la zona expuesta del Santuario Nacional Lagunas Mejía.
– En el EIA se menciona una demanda nominal de agua de 847m3/hora y luego se menciona otra de 1049.5 m3/hora, lo que implicará una modificatoria posterior de las plantas desalinizadoras.
– La zona de influencia indirecta excluye el canal Ensenada Mejía Mollendo, el río Tambo, el área agrícola del valle y los centros poblados expuestos a los posibles impactos mencionados. Esto porque su cálculo se hizo, midiendo hasta 200 mt de distancia desde el límite de la zona de influencia directa.
– A ello se suma, la posibilidad que existe de que a este proyecto se sumen otros más, ya que la provincia de Islay se encuentra en un 58% concesionada.
– Otro tema de incertidumbre es el comportamiento cuestionable de la empresa que existía hasta el 2014. Así tenemos que entre el 2011-2014 tuvo 11 sanciones de OEFA en el Perú, una millonaria multa en México por derrame de sulfatos en dos ríos y la suspensión de la adjudicación de la mina Aznalcollar en Sevilla (España). Además, recientemente un alto funcionario de esta empresa viene siendo procesado por contaminación del medio ambiente en modalidad culposa.
Por lo expuesto, y recogiendo las declaraciones del Ministro de Energía y Minas que se colocan al inicio de este artículo, consideramos desde CooperAcción que el debate técnico sobre el proyecto Tía María de no se ha dado de manera suficiente y rigurosa y es necesario tenerlo. Esta ausencia da cuenta de la debilidad de nuestras instituciones. Esperamos que este caso sirva para que se fortalezca el sistema de evaluación de impacto ambiental, a fin que no se dé luz verde a proyectos que pueden generar riesgos de afectación del ambiente y de otras actividades productivas.
18 de julio de 2019
Fuente;http://cooperaccion.org.pe/los-argumentos-tecnicos-de-los-agricultores-del-valle-del-tambo-frente-al-caso-tia-maria/?fbclid=IwAR2G54yuA-85g9ypOB5Ji3FsLz1LJE8mv4bN8k-xW7yY6ZmcGG0991fB4p4
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