El Primer Juzgado Unipersonal de Cotabambas – Tambobamba, de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, había programado para el día de hoy la continuación de la Audiencia del Juicio Oral, contra 19 campesinos perteneciente a comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas. Sin embargo, el nuevo Juez designado para el proceso consideró que no se podía continuar con la Audiencia, básicamente, porque fue nombrado la semana pasada y no había estado desde el inicio del Juicio Oral.

Antecedentes

Al respecto, como ya es de conocimiento público los hechos, materia de este proceso, corresponden al 25 de septiembre del 2015, fecha en la que las comunidades de las provincias Grau y Cotabambas de la Región Apurímac, iniciaron un paro indefinido, al no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas exigiendo, además, que la empresa minera cumpla con los compromisos asumidos con sus comunidades. Llegando esta situación a su punto más álgido el 28 de septiembre, cuando la represión policial produjo la muerte de 3 comuneros.

El Juzgado

Con relación a lo resuelto por el juzgado, consideramos que se trata de una decisión equivocada, porque si esa era su criterio debió de resolver con antelación el quiebre del proceso y no esperar que los 19 comuneros asistan a la Audiencia el día de hoy. Ello debido a que la mayoría de los comuneros, sino todos, son de escasos recursos económicos y, en muchos casos, se trasladan a pie, durante varias horas, desde sus comunidades que están muy alejadas de la ciudad de Tambobamba en la que se encuentra la sede del Juzgado.

Si bien en el modelo procesal penal aplicable al caso se prioriza la oralidad, el nuevo magistrado debió de actuar con un criterio qué sin vulnerar la norma procesal, importe mayor consideración a los comuneros procesados que después de trasladarse a pie por varias horas llegan a una Audiencia que en realidad sólo dura unos minutos. Además, el juzgado debió tener en cuenta que esta era la cuarta vez que, en la práctica, se suspendía el Juicio Oral en el cual venían siendo procesados (una vez se suspendió por falta de notificación del juzgado y dos veces por responsabilidad de la fiscalía).

Posición de FEDEPAZ (integrante de Red Muqui)

FEDEPAZ, que asume la defensa legal de una parte de los campesinos procesados, considera que esta conducta del nuevo magistrado llamado Exaltación Chicana importa la vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable (cuarta vez desde marzo que se había citado a juicio oral y éste se suspendía prácticamente sin ningún avance sustancial) que tiene toda persona procesada como el caso de los aquí referidos 19 campesinos.

En atención a ello, FEDEPAZ exige al Juzgado Unipersonal de Cotabambas – Tambobamba que tenga presente el gran esfuerzo que realizan los comuneros procesados para asistir puntualmente a las audiencias y el derecho de los mismos a ser procesados dentro de un plazo razonable, evitando suspensiones innecesarias de las Audiencias con la expedición de resoluciones justas y oportunas para no vulnerar el debido proceso y los derechos fundamentales de los campesinos antes referidos.

Nota elaborada por el Área de Prensa

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ

Existen diferentes procesos constitucionales contra el andamiaje institucional que promueve la criminalización de la protesta social en el Perú. Se trata de un esfuerzo por cuestionar la constitucionalidad de los diferentes componentes de éste, con la finalidad de que se dejen sin efecto. Sería bueno que los funcionarios del Estado comprendan que la respuesta a estas protestas no debe ser fundamentalmente punitiva, penal y  represiva sino política. Deben diseñar e implementar políticas públicas de protección de los derechos afectados que generan estas protestas.

Presentamos varios casos:

1. Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas

Desde 1994 hasta la fecha se han suscrito alrededor de 150 convenios entre la Policía Nacional del Perú y las empresas extractivas. Producto de éstos, los efectivos policiales les prestan servicios extraordinarios y les prodigan un trato diferenciado y privilegiado, a cambio de una retribución económica. De esta manera los policías se convierten en guardias particulares de intereses corporativos, en menoscabo de sus funciones como servidores públicos que reciben sus sueldos de los impuestos de todos los contribuyentes. En la práctica, estamos ante el fenómeno de la privatización de la función pública policial y del orden interno.

Esta situación expresa un evidente conflicto de interés al interior de la Policía Nacional. Es imposible que los efectivos distingan los intereses públicos de los corporativos. Consideramos que este escenario propicia la criminalización de la protesta social y alienta, además, el uso abusivo de la fuerza policial.

 Acciones legales

En 2015 el exalcalde provincial de Espinar, Óscar Mollohuanca, con el patrocinio de Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) e Instituto de Defensa Legal (IDL), interpuso una demanda de amparo contra el convenio suscrito por la Policía Nacional y la compañía minera Antapaccay, filial de la multinacional Glencore. La demanda ha sido admitida recientemente por el Tribunal Constitucional que se pronunciará sobre el fondo (Exp. No. 04289-2016-PA)

Asimismo, este año se han presentado dos nuevas demandas. Primero, el Colegio de Abogados de San Martín, con el patrocinio legal de IDL y Earthright International, ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra las normas que dan cobertura normativa a estos convenios (exp. No. 00009-2019-PI). En segundo lugar, Víctor Limaypuma, destacado líder campesino, ha presentado una demanda de amparo contra el convenio entre la empresa minera MMG, a cargo del proyecto Las Bambas, y la Policía Nacional del Perú, que viene siendo tramitado ante el Juzgado Mixto de Cotabambas, Apurímac (exp. No. 122-2019).

2. Estados de emergencia preventivos

El Estado recurre indiscriminadamente a estados de emergencia para restringir los derechos fundamentales y permitir la intervención policial o militar, sin acreditar la existencia de una grave afectación al orden público, requisito exigido por el artículo 137 de la Constitución. Se trata del uso del poder estatal por fuera del marco de las competencias constitucionales.

El mejor ejemplo es la sistemática prórroga del estado de emergencia en los distritos bajo influencia del proyecto minero Las Bambas. Como se sabe, se decretó el estado de emergencia a lo largo del Corredor Vial Apurímac-Cusco-Arequipa, que tiene 482 km2 de extensión y 500 metros a cada lado de la vía.

En estos lugares se han declarado estados de emergencia de manera preventiva, restringiendo derechos fundamentales tan importantes como la libertad individual, de reunión, de tránsito y la inviolabilidad del domicilio. En los hechos, la población se ve impedida de reunirse a lo largo de la vía. No pueden realizar actos públicos y privados; mucho menos políticos.

Hasta hace poco esta situación se mantuvo en grandes zonas del territorio nacional, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

 Elaboración propia

Para mayor información, consúltese:

http://www.justiciaviva.org.pe/new/wp-content/uploads/2017/11/Informe-jur%C3%ADdico.-Inconstitucionalidad-de-los-estados-de-emergencia-preventivos_PPII.pdf

 Acciones legales

Se han iniciado tres procesos judiciales contra el Decreto Supremo N° 037-2018-PCM, que una vez más prorrogó el estado de emergencia a lo largo del corredor vial. Varias organizaciones sociales de Cotabambas (Apurímac) presentaron en 2017 una demanda de hábeas corpus contra la declaratoria del estado de emergencia en Cotabambas, con el patrocinio de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh)  y el IDL. Ésta fue rechazada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas y la Sala Penal de Abancay. Actualmente se encuentra en el Tribunal Constitucional (exp. No. 00964-2018-HC).

Una segunda demanda de hábeas corpus fue presentada por diversas organizaciones sociales de Cusco y Apurímac, con el patrocinio legal de Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) e IDL. Esta demanda fue rechazada por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco y la Sala Penal del Cusco. Actualmente se encuentra en el Tribunal Constitucional (exp. No. 02275-2018-HC).

Una tercera demanda de acción popular fue presentada por la presidenta del Consejo Regional de Apurímac, con el patrocinio de IDL, DHSF, Fedepaz, y Aporvidha. Esta fue remitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima a la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior (exp. 00131-2018), que la declaró improcedente. Sn embargo, el Estado no prorrogó el estado de emergencia. Consideramos que esta decisión estuvo influida por la presión ejercida por las organizaciones locales. La demanda, en ese sentido, cumplió con su función.

 En estos momentos solo la demanda de hábeas corpus en Apurímac se encuentra en el Tribunal Constitucional (exp. No. 00964-2018-HC).

3. Legislación que alimenta la criminalización de la protesta social

Existe un conjunto de normas penales y procesal-penales que promueven la penalización de las acciones de protesta de la población, que no tiene otra manera de visibilizar sus reclamos cuando se violan sus derechos. Se crean nuevos delitos, se incrementan las penas existentes o se establecen nuevos supuestos y modalidades agravadas.

Un claro ejemplo de lo dicho es el tercer párrafo del artículo 200 del Código Penal, que tipifica como delito de extorsión la toma de carreteras y locales públicos, e incluye los contextos de protesta social. La pena correspondiente es de cinco a diez años de prisión, y de 15 a 25 años cuando participan más de dos personas.

 Acciones legales

El Colegio de Abogados de Puno, con el patrocinio de IDL, ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra el tercer párrafo del artículo 200 del Código Penal. El caso se encuentra en trámite ante el Tribunal Constitucional. Ya se realizó la vista de la causa y estamos a la espera de la sentencia (exp. No. 00009-2018-AI).

4.Persecución penal de los defensores de derechos humanos

El último componente es el de la criminalización de los activistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos que tienen un trabajo reconocido en la denuncia de reclamos ciudadanos y reivindicación de derechos. Diversas agencias estatales han iniciado denuncias penales y administrativas contra ellos: se les persigue y se les pone una serie de obstáculos para que no puedan realizar sus labores.

Algunos ejemplos de lo ocurrido son los casos de Bagua, Espinar y Puno, en los que pobladores indígenas fueron procesados por la justicia penal por supuestos delitos cometidos durante actos de protesta, afortunadamente con resultados favorables. Otro caso es el del abogado Juan Carlos Ruiz Molleda y el médico Fernando Osores Plenge, quienes vienen siendo procesados por el Juez Penal Unipersonal de Arequipa, tras una denuncia del Ministerio de Salud por la difusión de un artículo en el que denuncian la crisis de intoxicación por metales pesados en Espinar. El médico Osores Plengue fue también denunciado por otros delitos porque denunció una serie de irregularidades en el Ministerio de Salud.

Igualmente, en febrero de 2017, la activista canadiense Jennifer Moore fue detenida en Cusco por la Policía Nacional luego de que difundiera un documental que cuestionaba las malas prácticas de la empresa minera Hudbay. Moore fue sometida a un procedimiento administrativo en el que se vulneraron todas las garantías: no tuvo derecho a la defensa y se emitió una orden de impedimento de ingreso al país a través de una alerta migratoria.

Acciones legales

Se presentó una demanda de hábeas corpus en favor de Moore, ante el Primer Juzgado Penal con Reos Libres de Lima, con el patrocinio de Fedepaz, Aporvidha e IDL, y el apoyo de CooperAcción. La demanda fue rechazada en primera instancia por cuestiones formales. La Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres ordenó su admisión a trámite y el proceso se encuentra nuevamente en la primera instancia.

Ver nuestro artículo:

http://www.justiciaviva.org.pe/new/criminalizacion-de-la-protesta-socioambiental-y-litigio-estrategico-en-el-peru/

Fuente:https://idl.org.pe/en-que-va-el-litigio-constitucional-contra-la-criminalizacion-de-la-protesta/

Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/tia-maria-southern-respira-porque-el-gobierno-le-ampliaria-el-plazo-del-eia-896313/?fbclid=IwAR224gu_rmY16cfWap1A9V-MFJk5ZPqeZ6fbxoDOSeBLO3qmUT2RGr4r_DA

Glencore Antapacay, con su nuevo proyecto Coroccohuaycco, está cometiendo una serie de irregularidades pese a que existe un proceso de consulta iniciado por el Estado. “Son más de 37 años de actividad minera en Espinar y las cosas no han cambiado mucho.

En una reunión sobre empresas y derechos humanos, en la embajada de Suiza, estaban los representantes de algunas empresas mineras que hablaron sobre las buenas prácticas de sus empresas. ¿Buenas prácticas para quiénes?”, se pregunta la abogada del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL, Maritza Quispe.

Lo que ocurre en esa provincia alta del Cusco es que el Estado no quiere consultar los instrumentos de gestión ambiental, en concreto, la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Coroccohuaycco. Por otro lado, la empresa minera está comprando tierras de las comunidades campesinas y coaccionando a la población con amenazas. Por ejemplo, es usual que los funcionarios de la empresa les digan:“Si no me vendes tus tierras, nos vamos a retirar, no tendrán trabajo y le quitaremos las becas a sus hijos”.

Maritza Quispe tiene más cuestionamientos: “¿Acaso no están aprovechándose de la necesidad de la población que sigue inmersa en la extrema pobreza, pero cuyos territorios son ricos en recursos naturales? ¿Por qué no se respetan los derechos de estas comunidades siguiendo los estándares internacionales? ¿Por qué hasta ahora el Estado no atiende a las miles de personas en Espinar contaminadas con metales tóxicos? ¿Por qué la población de Espinar sigue tomando agua contaminada con metales tóxicos?

Fuente:https://idl.org.pe/en-espinar-minera-sigue-cometiendo-irregularidades-a-pesar-del-inicio-de-consulta-previa/