Después de 7 años y gracias a un amparo, los pobladores de Bacanuchi, Sonora, recibieron el informe Preventivo que Grupo México entregó a Semarnat para abrir una presa de desechos tóxicos de la mina de cobre Buenavista, que la empresa echó a funcionar sin el consentimiento de los pobladores

La mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, opera desde hace 3 años una enorme presa de desechos tóxicos 100 veces más grande que la derramada en 2014, cuando generó el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México en el Río Sonora.

A la comunidad jamás se le informó nada. Este 5 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llegó a Bacanuchi, mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para explicar el “Informe Preventivo” de Grupo México que aprobó para que se construyera la presa, el por qué dio visto bueno al proyecto, bajo qué criterio, y por qué no informó a la población.

El biólogo Germán González Siqueiros recita a la comunidad de Bacanuchi el informe que Grupo México entregó para abrir la presa de desechos tóxicos de la mina de cobre. Este informe fue redactado en 2012 y aprobado en 2013; el histórico y terrible derrame ocurrió en 2014. La presa de jale opera desde 2015. La gente, que apenas se recuperaba del derrame de 2014, se enteró del proyecto hace un año y medio porque vio la construcción, y porque Grupo México quitó el camino comunitario a Cananea. Hace un año, la comunidad, apoyada por la Organización Poder, interpuso un amparo que, en septiembre pasado, fue otorgado por la Segunda Sala de la SCJN.

La reunión de este 5 de julio de 2019 es resultado de ese amparo.

Al lado del biólogo se encuentra Dulce María Villarreal, suplente por ausencia del delegado de la Semarnat en Sonora, quien guarda silencio durante todo el evento. Del otro lado se encuentra Cristina Martin, directamente enviada por el nuevo titular de Semarnat, Víctor Toledo. Al frente, un centenar de personas de la comunidad y de poblados también afectados río abajo; hay observadores de derechos humanos, y también dos enviados de Grupo México: un notario y lo que parece ser un guardaespaldas.

El biólogo da el informe con la ayuda de un powerpoint. Este trámite debió haberse realizado por 2012, antes de que Semarnat aprobara el proyecto. Pero se lleva a cabo en 2019, después de que Grupo México obtuvo aprobación, compró ejidos, movió caminos, construyó una presa tan grande que tan sólo la corona es de ocho kilómetros de circunferencia y el muro de 117 metros (a lo lejos recuerda el muro de hielo de Juego de tronos) y le permite albergar el equivalente de 102 millones  de pipas con desechos tóxicos. Es decir, unas 51 mil veces el derramado en 2014. Si la presa se reventara, sumergirá por completo Bacanuchi.

El biólogo Germán González lee con voz somnífera el informe que Grupo México entregó en aquel 2012 a la Semarnat, para que se aprobara su proyecto. Según su dicho, el proyecto contempla los más altos estándares de seguridad y eficiencia. Recalca que las presas de jales (es decir, de desechos y lodos tóxicos) son usadas en todo el mundo. Que el diseño lo hicieron con un software muy moderno. Y que por eso se aprobó.

Los pobladores de Bacanuchi y de comunidades río abajo escuchan, mientras se abanican con revistas o papeles el calor del mediodía bajo la resolana del kiosko. La reunión es lenta; pero pobladores, mujeres amas de casa, hombres de botas y sombrero no quitan la atención: saben que es de vida o muerte, literal.

Al terminar, vienen las preguntas, y estas son quizá lo más interesante de la reunión:

“¿Por qué hasta ahora nos vienen a informar?”, pregunta María Elena Bustamante, una de las 42 quejosas que interpusieron el amparo ante la SCJN.

“Cuando aprobaron esos informes ¿fue trabajo detrás del escritorio o hicieron trabajo de campo?”, pregunta otra mujer. Otro más cuestiona: “¿Por qué dan tantos permisos detrás del escritorio si nosotros somos los afectados?”

Un hombre lanza: “¿Cómo no revirtieron la autorización, si ustedes la aprueban en 2013 y en 2014 se dio el derrame?”

Óscar Pineda, investigador de Poder, toma la palabra, otorgada por María Elena Bustamante. Se levanta y entrega un sobre color manila con todas las observaciones halladas: los volúmenes del vaso contenedor de la presa de jales que presenta Semarnat no son los mismos que los que han sido conseguidos vía transparencia. Hay discrepancias, de 1 mil 700 millones cúbicos a 2 mil 40 millones cúbicos.

Agrega que no se contemplan normas vinculadas a la salud humana. Tampoco se contempla el impacto acumulado del derrame de 2014, ni de las décadas y siglos de explotación minera.

No es posible hablar de la nueva presa de jales sin mencionar el desastre de 2014. Es imposible, a pesar de que las autoridades piden eso. Juan Flores, un joven originarios de Bacanuchi, explica: lo que más les importa es la salud. Cuando ocurrió el derrame de 2014, las autoridades les prometieron construir un pequeño hospital o clínica para dar seguimiento médico. No solo no construyeron nada, sino que el pequeño centro de salud que tenían ahora está cerrado.

Juan Flores también advierte que hay corrientes de agua donde antes no había. Eso, explica, son ya las filtraciones de la presa. ¿Qué software revisa eso? Porque saben que el agua lleva cadmio, plomo, arsénico y fierro, todo el tiempo.

Héctor Vega, profesor investigador de la Universidad de Sonora, pregunta: “Acaban de decir que la empresa manifestó que se realizarían análisis de agua y aire periódicos para monitorear el medio ambiente. ¿Por qué no presentan ustedes los datos?”

Y más cuestionamientos: en el informe elaborado por la empresa en 2012, se advierte que la presa tendría un fondo protegido contra la filtración de minerales y tóxicos. Pero a nosotros nos consta que no es así. En 2015, que comenzó a operar la presa, no tenía recubrimiento alguno. ¿Por qué no han dado seguimiento? Tampoco tiene pileta de recuperación, como asegura el documento que Grupo México entregó.

Por otro lado, la empresa ha construido 15 pozos alrededor de arroyos que van hacia el norte (es decir, del lado contrario a los escurrimientos). Esos pozos no son para recuperar escurrimientos tóxicos, sino para llevarse el agua limpia, sospechan los pobladores.

Pero Mario Salcedo, ejidatario, es quien mejor explica el sabor de la reunión: “oiga”, advierte al biólogo, “de todo lo que dijo, a mí no se me pegó nada”, dice, mientras se lleva la mano a la cabeza. “Nada, pero sé de un derecho: el derecho a la vida. Estoy hablando por los niños.” Aquí, remata: “nos están matando”.

Cristina Martin es amistosa: recalca todo el tiempo el interés de escuchar, de dialogar. Se compromete a que la Semarnat revise si Grupo México cumplió con todo lo que aseguró que haría para prevenir un nuevo desastre; revisar temas específicos de Salud, agua, y sobre todo, hacer una próxima reunión, esta vez extensa, que incluya a todas las comunidades (esta, al ser mandatada por la Scjn y luego implementada por un juez de distrito tenía limitaciones: solo los 42 firmantes del amparo)  tenían voz y voto.

Los que estuvieron en 2014, recuerdan que en aquel entonces la Semarnat no accedió a dialogar con la población. “Se metieron a hablar con los de la mina, los funcionarios, y nada más”, “firmaron todo en secreto”, recuerda Héctor Vega, académico.

Fuente:https://piedepagina.mx/grupo-mexico-y-semarnat-entregan-informe-preventivo-de-presa-de-jales-7-anos-tarde/?fbclid=IwAR1uVhH7LP1aZhvqRGWXybrjDe21nuqFH2LDvAKNWALs_4fbR6JpIyi_Cbo

• Su estrategia fue utilizar un contrato de arrendamiento, el cual además de ser fraudulento es vergonzoso y perverso

De acuerdo con el asesor jurídico del FAO, Carlos Covarrubias Rendón, la empresa canadiense Minera San Xavier (MSX), nunca obtuvo las licencias de uso de suelo, de funcionamiento y de construcción, durante el tiempo en que estuvo operando en un área de 136 hectáreas, las cuales hicieron pasar como parte del municipio de Cerro de San Pedro, siendo que en realidad pertenecen al municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

El también activista ambiental manifestó que este acto por sí mismo implica una demostración del estado de ilegalidad en que la empresa operó con la más absoluta impunidad y sin que la autoridad ambiental actuara a favor de la legalidad y del medio ambiente.

Explicó que la MSX elaboró un contrato de arrendamiento con el ejido Palma de la Cruz, el cual además de ser fraudulento es vergonzoso y perverso, ya que en la Cláusula Novena la empresa se deshace de los cerca de 200 millones de toneladas de material sulfuroso cargado de metales pesados que por cientos de años van a estar generando drenajes ácidos, contaminando el aire el agua y la tierra, dejándoles absolutamente toda la responsabilidad a los habitantes del ejido.

Carlos Covarrubias refirió que de acuerdo con los compromisos que le impuso SEMARNAT a la MSX, como condición para poder operar su proyecto, la empresa ya debería de estar llevando a cabo la remediación del sitio, lo que es imposible, y que por lo tanto lo que hay que exigirle a la empresa son medidas efectivas de seguridad ambiental.

Indicó que por desgracia se sabe que la empresa no está dispuesta a invertir los millones de dólares que implica un proyecto de remediación, o mitigación, y que a fin de evitarlo está intentando hacer arreglos con los ejidatarios para concertar una indemnización por daños a sus tierras, inconformándose debido a que en este caso el problema no solo es ejidal, sino más bien de agravios a la biodiversidad, concluyó.

Fuente:http://elheraldoslp.com.mx/2019/07/02/la-minera-san-xavier-se-deshace-de-cerca-de-200-millones-de-toneladas-de-material-sulfuroso-dejando-toda-la-responsabilidad-a-los-ejidatarios/

Una tarde de septiembre de 1996 los habitantes de Cerro de San Pedro fueron convocados a la iglesia del pueblo para recibir una plática sobre los beneficios que traería el proyecto minero San Xavier, de la empresa canadiense New Gold Inc., que entre otras cosas generaría cientos de empleos muy bien remunerados, mejoras en el pueblo para que Cerro “renaciera como un ave fénix, y volviera a tener el esplendor que logró durante la época de la Colonia, cuando era muy pujante por su producción de oro y plata”.

Mario Martínez, ingeniero geólogo y miembro del movimiento ciudadano de defensa del pueblo de Cerro de San Pedro, relata que un representante de la minera y el cura pretendieron convencer a las personas del pueblo para que apoyaran el proyecto de la mina de tajo a cielo abierto, lo que implicaba reubicar sus viviendas en otra zona y desaparecer el poblado de Cerro de San Pedro, con todo y sus iglesias. La gente no aceptó y comenzó un largo proceso de defensa de su territorio frente a la mina.

Los habitantes y las organizaciones se ampararon y demostraron el incumplimiento de la normatividad ambiental, pero a pesar de eso el proyecto avanzó y los opositores enfrentaron amenazas y hostigamiento de la empresa y de sus vecinos. Los opositores del proyecto de Minera San Xavier en Cerro San Pedro ganaron legalmente, pero perdieron por la vía de los hechos.

Dividir a las comunidades

La llegada de este proyecto trajo la división de la población y su enfrentamiento. En aquellos años, los inversionistas comenzaron a repartir dinero al cura, al presidente municipal y a algunos pobladores para que la mina. Al mismo tiempo, un comité ciudadano se organizó para diseñar una campaña de movilización en contra del proyecto minero por las afectaciones ambientales, sociales y culturales que ocasionaría.

El proceso de litigio de los ciudadanos para frenar este megaproyecto extractivo en San Luis Potosí duró más de 10 años, en los que los ciudadanos lograron tres victorias en los tribunales, pues las sentencias denegaban las autorizaciones para abrir la mina. Sin embargo, el incremento en el precio mundial del oro, la complacencia de autoridades municipales, estatales y federales, así como la presión de la minera, hicieron que sin los permisos requeridos la minera comenzara a trabajar, a dinamitar el cerro y extraer minerales.

La minera se valió de actas falsas e irregulares que avalaban la renta de tierras para poder llevar a cabo la extracción de los minerales, trazar sus caminos y establecer su patio de lixiviación. Muchos de los contratos de renta de tierras están a nombre de personas que ni ejidatarios eran, subraya Mario Martínez.

Algunos de los pobladores de La Zapatilla y otros de Cerro de San Pedro lograron ingresar a trabajar en la mina como vigilantes, obreros o inspectores, condicionados a no colaborar con los opositores al proyecto. Cualquier filtración de información o colaboración con los opositores les significaba el despido. Mario Martínez lamenta que “así se polarizaron las relaciones en la localidad. Todo el pueblo estaba enfrentado, pero la mina seguía trabajando.”

Aunque a algunas personas les fue relativamente bien con su empleo en la minera, las afectaciones ambientales los perjudicaron a todos. Con la remoción del Cerro de San Pedro, que incluso forma parte del escudo de armas del estado de San Luis Potosí, se modificó el clima: se hizo más caluroso, se perdió la vegetación, ahora hay muchas corrientes de polvo que generan enfermedades respiratorias a la gente, explica Ana María Rosas, ejidataria de Cerro de San Pedro y productora apícola.

Gana la minera, pierden todos los demás

En México más de 20 millones de hectáreas del territorio se encuentran concesionadas a la minería, lo que representa más del 12 por ciento de la superficie del país. Esta actividad extractiva goza de privilegios especiales, como el uso preferente de los territorios para su práctica sobre cualquier otro uso de la tierra, por considerarse en la legislación como una actividad de interés público.

A pesar de las enormes ganancias que las minas producen a los dueños de las concesiones para esta actividad, al Estado mexicano esta actividad le genera escasos ingresos económicos, enormes pasivos ambientales -que no atiende- y a los dueños legítimos de los territorios concesionados y los habitantes de las comunidades aledañas, la actividad minera les deja, ante todo, pérdidas de todo tipo, incluida la de sus medios de vida y conflictos y división entre los habitantes.

Ejemplo de ello es la Minera San Xavier, que enfrentó a los habitantes y removió más de 120 millones de toneladas de material mineral para la extracción de oro y plana en el Cerro de San Pedro, poblado que dio origen a la ciudad de San Luis Potosí.

Además de alterar radicalmente el paisaje en este pueblo, comunidades aledañas, como La Zapatilla, fueron reubicadas para instalar las áreas de trabajo de la mina; se gastaron millones de metros cúbicos de agua para lixiviar los minerales y se emplearon enormes cantidades de cianuro para la obtención del oro y la plata.

La comunidad de La Zapatilla, aledaña a Cerro de San Pedro, aceptó ser reubicada a un par de kilómetros, donde les dieron terrenos con dimensiones equiparables a los que tenían en el asentamiento original y les apoyaron con la construcción de pequeñas casas.

Lo que queda hoy de la comunidad original de La Zapatilla son montañas inmensas de residuos lixiviados. Se acabaron las actividades de esta región y de Cuesta de Campa, donde hace algunos años se producían maíz y frijol y se elaboraban quesos y melcochas de tuna y pulque, entre otras.

Por rentarle sus tierras a la minera para los patios de lixiviación, hoy lo que tienen los habitantes de esta región son inmensas montañas de residuos tóxicos al aire libre. Tierras muertas de las que escurre todo el tiempo una solución cianurada. La renta que los habitantes de Cuesta de Campa recibieron durante casi todos los años de operación del proyecto fue de 15 mil pesos al año. Este último año la renta es de poco más de un millón de pesos al año, que se dividen entre todos los ejidatarios.

“La minera llegó por la ignorancia de la gente, debido a la pobreza que existe en la región. La gente vio buena la llegada de Minera San Xavier en ese momento. No sabíamos el daño ecológico que iba a causar y que nuestras tierras iban a quedar inservibles”, dijo Amalia Silva Loredo, habitante de Cuesta de Campa, en el municipio de Cerro de San Pedro.

La minería de este tipo contamina ríos, lagos y acuíferos; destruye la orografía de las regiones y debido al uso excesivo de sustancias tóxicas para los procesos de lixiviado de los minerales contamina grandes extensiones territoriales que tardarán miles de años en perder esa toxicidad.

Además, la actividad minera, en especial mediante la técnica de tajo a cielo abierto, se asocia con la presencia o el incremento de enfermedades en los habitantes de los poblados aledaños a la actividad minera, entre ellas el cáncer y enfermedades estomacales y renales, entre otras.

Así quedaron Cerro de San Pedro y San Luis Potosí

Aunque la ciudad de San Luis Potosí sufre de manera cotidiana problemas de abasto de agua, la minera nunca tuvo ese inconveniente, siempre se le garantizó el abasto para sus actividades. De hecho, la compañía minera tenía el control del paso del agua hacia otras comunidades, lo que le sirvió de medida de presión para contener a los pobladores inconformes con la operación de la mina.

De acuerdo con los habitantes del ahora pueblo mágico de Cerro de San Pedro, la minera obtuvo ganancias diarias por aproximadamente 7 millones de pesos durante un periodo de al menos 10 años. Estas ganancias sin embargo no se ven reflejadas en el nivel de vida de los pobladores de las comunidades aledañas a la mina San Xavier.

El pueblo de Cerro de San Pedro no cuenta con escuela ni clínica de atención médica. “La clínica se usa como bodega para guardar materiales de la minera”, refiere Mario Martínez Ramos.

Ana María comenta que antes de la llegada de la minera, en Cerro de San pedro se daba muy bien la apicultura, se obtenían mieles de buena calidad y de distinta floración. Ella logró instauran un par de apiarios muy productivos que le generaban buenos ingresos a su familia. Pero con los trabajos de extracción del mineral en el que removieron todo el monte, se perdió la floración y las abejas murieron.

“Aunque intenté en otra ocasión armar un proyecto con otras mujeres de instalar apiarios, ya no se produjo ni una sola gota de miel,” lamenta Ana María.

Sin remediación y con más proyectos

La minera San Xavier terminó formalmente sus actividades de extracción de mineral en 2016, luego de diez años de intensa actividad de detonaciones y remoción de tierra. Desde entonces ya solo sigue lixiviando una montaña de 120 millones de toneladas de material mineral para seguir obteniendo oro, para lo cual rocía diariamente 16 toneladas de cianuro disueltos en 32 millones de litros de agua.

Con las altas temperaturas de la región la solución de cianuro se evapora y se traslada a kilómetros a la redonda en donde se esparce en forma de nubes. La principal población afectada es la ciudad de San Luis Potosí.

Por si esto fuera poco, por los montes de Cerro de San Pedro escurre el 30 por ciento del agua que abastece a la capital de San Luis Potosí. Es muy probable, de acuerdo con académicos de la región, que las aguas lleven residuos de las sustancias y minerales cianurados que escurren del patio le lixiviación de la mina al acuífero.

De acuerdo con Mario Martínez la minera está obligada a realizar trabajos de remediación de las afectaciones ambientales ocasionadas por las actividades de explotación mineral desde hace un par de años y a la fecha no ha hecho nada ni hay claridad de en qué consistirían esos trabajos. “Lo único es que han pintado algunas casas, colocado señalética y otros adornos en el pueblo para hacerlo un destino más turístico”.

De hecho, comenta que hay un proyecto para realizar un parque turístico temático en Cerro de San Pedro para difundir la minería y resaltar la tradición minera de la región.

Pero no hay ninguna acción para evitar que la montaña de lixiviación no contamine el ambiente ni el acuífero, tampoco hay labores de de reforestación ni de remediación de la cobertura vegetal que había en la región y que se perdió con la mina.

Más allá de avanzar hacia la remediación, los pobladores de Cerro de San Pedro hablan sobre otros proyectos mineros que tienen algunas empresas para seguir atrayendo oro, plata y otros minerales tanto a tajo abierto como con minería subterránea.

“El pueblo de Cerro de San Pedro se salvó del avance de la mina San Xavier, pero aún está amenazado por la ambición de las mineras de seguir explotando la tierra. Hay estudios que indican que debajo del pueblo hay una gran veta de minerales preciosos”, subraya Mario Martínez.

“Ahora el pueblo está más informado y ya vio que la minería no nos dejó nada y que destruyó la región, esperemos que no vuelva a pasar ningún otro megaproyecto por aquí”, concluye.

Tomado del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, fotografías de Enrique Abe.

Fuente:https://potosinoticias.com/2019/07/03/reportaje-msx-en-cerro-de-san-pedro-ilegalidad-despojo-y-destruccion-ambiental/

Debido al asentamiento de diferentes metales y minerales durante varios años

Integrantes de diferentes organizaciones civiles ambientalistas reclamaron que no existan políticas públicas enfocadas en la atención de los jales, los cuales, señalaron, deterioran la calidad del medio ambiente tanto en el aire como en la tierra y atenta contra la salud de la población.

Luis Eduardo Vázquez, integrante de la asociación Pachuca Amigable, dijo que la situación se presenta en mayor medida en los municipios de Mineral de la Reforma y Zimapán, donde prevalecen los jales, los cuales almacenan diferentes tipos de metales y minerales que al combinarse con el ambiente pueden ser nocivos para la flora y fauna de la zona.

El también biólogo refirió que han trabajado con vecinos de las colonias aledañas a los jales que han indicado que desde hace años se ha tratado la problemática que representan los jales, pero ninguna autoridades municipal ni estatal se ha enfocado en resolver la situación, por lo que acudirán en los próximos días al Congreso local para pedirle a los integrantes de la comisión de Medio Ambiente que se tomen medidas al respecto.

Por su parte, Marco Antonio Moreno Gaitán, presidente de la Sociedad Ecologista Hidalguense, reconoció que no existen políticas públicas dirigidas a solucionar la problemática que representa para los ciudadanos en un futuro la acumulación de distintos materiales químicos que pueden ser nocivos para la población, por lo que incluso ha disminuido la fauna por esta situación.

El activista expuso que es una problemática que debe ser atendida tanto por las autoridades federales como municipales y estatales para que se solvente dicha situación, pues reconoció que en el caso de Zimapán han incrementado las condiciones adversas para el municipio.

Los defensores ambientales indicaron que los municipios han sido omisos en la atención del problema, por lo que los ciudadanos se han organizado para buscar revertir el daño que se ha causado, por lo que incluso algunos investigadores han reconocido el asentamiento de minerales y materiales pesados que fueron extraídos en su momento de las actividades de minería.

Por su parte, los diputados locales que forman parte de la comisión ambiental han asegurado que atenderán las problemáticas derivadas de los jales y las decenas de años que han permanecido como un problema de infección para la población.

Fuente:/www.elsoldehidalgo.com.mx/local/piden-acciones-contra-jales-3833680.html?fbclid=IwAR3c4_9FNftYSQcGZP9bEZ2CYZ0Co4O_Byr9X6JTCY9LipHrOKwPOUZ6Ec4