Mes: mayo 2019

Chile

Advierten sobre sondajes de proyecto Nueva Unión en valle del Huasco

Autor: Atacama noticias.cl

 El Movimiento Del Río Huasco que tiene por lema ¡De Cordillera a Mar El Río Huasco hay que Salvar!, dio a conocer que el proyecto minero NuevaUnión realizará sondajes en el sector de Maitencillo, hacia el interior del Valle del Huasco.

Según esa carta se realizarán una serie de trabajos para estudiar el subsuelo y proyectar la construcción de un concentraducto y tubería de aguas que estarán 24 metros por debajo del lecho del río. “Cabe señalar que en esta etapa estos trabajos no son una construcción, o una alteración permanente del área de interés”, indica la misiva.

Los sondajes tendrán un diámetro de 8 cm y una profundidad de 40 metros y según la empresa se realizarán tres de estas obras, donde se instalarán casetas con sistemas para monitorear el nivel de agua, “las cuales posteriormente serán selladas con una placa de bronce o aluminio con un monolito de centro de 60 cm de alto y 50 de ancho.

En el sector también se dispondrás de tres calicatas de mecánicas de suelo, las que tendrán cinco metros de profundidad.

La empresa enfatiza en la carta que “una vez terminado el trabajo, el lugar será rehabilitado, restaurando las condiciones originales, dejándolo limpio y libre de accidentes”.

El movimiento indica que “no permitiremos dicho mineroducto de ninguna forma pasar por nuestra cuenca. Tampoco permitiremos afectaciones de este proyecto en la cuenca alta, en la cordillera, naciente de nuestras aguas, a consecuencia de botaderos de estériles, mina, tranque de relaves, correa transportadora y afectación de humedales altoandinos y glaciares, entre otros”.

“Reafirmamos con aún mayor fuerza y unidad provincial del Valle del Huasco, última frontera verde del Norte de Chile, que no permitiremos los sondajes en el Río Huasco, ni otra afectación más en nuestra cuenca por parte de Nueva Unión. Estamos en riesgo inminente y nuestros derechos básicos se están vulnerando: A la vida, a vivir en un medio ambiente libre y sano de contaminación y al trabajo. Exigimos que estos trabajos no se lleven a cabo”, agrega el comunicado.

Según el movimiento, no van e dejar que se realicen dichos trabajos más aun cuando allí se genera el agua que consume el resto de la provincia, recalcaron.

Fuente: http://atacamanoticias.cl/2019/05/02/advierten-sobre-sondajes-de-proyecto-nueva-union-en-valle-del-huasco/?fbclid=IwAR3Wb_PdzOvNdNaHoLsXnKPn4joEdOByjy4IVJmTJP_LkHEN4eTH41r-tQg

Perú

Las Bambas: ¿en qué consisten los proyectos de ley a favor de comuneros?

Autor: Alicia Rojas
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

    Representantes de las comunidades de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas acudieron el último viernes al Congreso de la República para acompañar al congresista Richard Arce (Nuevo Perú) en la presentación de dos proyectos de ley: la iniciativa de una amnistía en favor de los comuneros, y modificaciones de artículos del Código Penal y de la Ley contra el crimen organizado.

Amnistía para los comuneros-

La iniciativa legislativa N°4273, propuesta por Arce y suscrita por los parlamentarios Oracio Pacori, Manuel Dammert, Alberto Quintanilla, Rogelio Tucto, Wilbert Rozas, Justiniano Apaza, Zacarías Lapa, Horacio Zeballos y Katia Gilvonio, propone amnistiar a los comuneros que participaron en las protestas sociales contra Las Bambas. Aquí se hace referencia a los actos que se hubiesen cometido con la intención de participar en las manifestaciones contra el proyecto minero entre el 11 de mayo 2011 y 9 de abril 2019, y que estén tipificados como delitos y/o faltas. El proyecto se refiere solo a personas naturales en el ámbito de las regiones Apurímac, Cusco y Arequipa.

El último conflicto social entre Las Bambas y Fuerabamba alcanzó sus momentos más tensos a partir del 4 de febrero de este año, cuando se restringió el paso de los vehículos de la minera en el tramo del corredor minero que cruza el fundo Yavi Yavi, propiedad de la comunidad de Fuerabamba. La interrupción fue por 68 días.

El proyecto de ley propone amnistiar:

► Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, que se encuentren tipificados como delitos y/o faltas.
► Todos los actos de idéntica naturaleza, que expresen el ejercicio de derechos de autotutela comunal con respecto a sus derechos patrimoniales, así como el cumplimiento de actos, compromisos y políticas derivadas de acuerdos adoptados con respecto a las personas jurídicas titulares del proyecto minero Las Bambas.
► Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en los párrafos anteriores, siempre que no hayan supuesto una grave afectación a la vida e integridad de las personas.

La iniciativa precisa que quedarían extintas las acciones penales que emerjan de los delitos o faltas a las que se aluden.

La amnistía también comprenderá aquellos delitos y faltas conexas a las conductas antes referidas, así como medidas de reparación patrimonial y extra patrimonial.

Por otro lado, quedan excluidas de este proyecto de amnistía las conductas que hayan supuesto delitos de lesa humanidad o una grave afectación a la vida e integridad de las personas. Entre otros, delitos cometidos por funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y Policía Nacional, que hubieran supuesto un ejercicio desproporcionado e irrazonable de la fuerza pública en las protestas, así como una afectación al ejercicio de los derechos constitucionales. También quedan excluidos los delitos cometidos por personas ajenas a las comunidades campesinas.

En la exposición de motivos de este proyecto se precisa que en el periodo de fechas mencionadas, cuando se dieron las manifestaciones contra Las Bambas, los comuneros han sido «objeto de formulación de acciones legales de persecución de las conductas involucradas, tanto a nivel policial, fiscal como judicial, confundiendo en no pocos casos la pertenencia «.

-Reacciones-

Luego de la presentación de los proyectos de ley, el congresista Richard Arce dijo que «son más de 500 los comuneros que están siendo judicializados», pero el número no ha sido confirmado. «No tenemos el dato preciso, pero entenderán que tenemos una obligación, bajo ese argumento remití inmediatamente los documentos al Ministerio de Justicia, al Poder Judicial, al Ministerio Público. No hemos tenido la respuesta hasta el momento», añadió en diálogo con El Comercio.

El pasado 24 de abril, durante la instalación de la mesa de Justicia y Derechos Humanos con las comunidades de la provincia de Cotabambas, el congresista Arce señaló que desde el Congreso de la República promovería los mencionados proyectos. Para ello, se comprometió en dialogar con el presidente del Congreso de la República para su viabilización, a fin de defender los derechos de todos los comuneros. Esta iniciativa, dijo, iba a ser coordinada también con el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón. Por su parte, el Ministerio de Justicia se comprometió a brindar el soporte técnico legal que corresponda, según el acta que se firmó ese día en Challhuahuacho.

El último viernes, el primer ministro, Salvador del Solar, dijo que «si un legislador ha propuesto una ley de amnistía, este tema es competencia de otros poderes del Estado, el Ejecutivo no desea tener ninguna injerencia ni ha hecho ninguna promesa al respecto», declaró a su salida del Congreso de la República.

El congresista Arce sostiene que la aprobación de los proyectos de ley serían «una oportunidad para el Estado, para que replantee el tipo de relaciones que ha existido entre ellos, las comunidades y la empresa».

Asimismo, Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, dijo que estos proyectos responden a no criminalizar sus protestas. «Las comunidades que apostamos por la minería no queremos criminalización, no queremos encarcelamientos ni persecuciones a los dirigentes», dijo Rojas el viernes en conferencia de prensa.

«Cuando la empresa (minera) pone denuncias o demandas, inmediatamente nos persiguen las fiscalías, jueces. Pero cuando las comunidades ponemos la denuncia, lo archivan. ¿Dónde está la igualdad de la justicia?», comentó Rojas a El Comercio.

«Son nueve puntos (de la mesa de Justicia y Derechos Humanos). De ellos, el primero es la amnistía, pero si el proceso no se da no habría ningún diálogo con Las Bambas y el Estado», añadió la autoridad comunal.

La abogada penalista Romy Chang explicó que la amnistía, a diferencia del indulto, no es un perdón. Sino, aquello que se cometió nunca fue un delito. «En la amnistía lo que se dice es que nunca debió haber nada, no debió ser considerado delito ni se debe procesar. En el indulto te pueden procesar o condenar, el caso es que la pena que te impongan ya no la cumples en cárcel. Pero, la amnistía es que ni se debe juzgar», dijo.

Alertó que un proyecto así puede ser riesgoso como precedente.  «Claramente, el proyecto de ley busca que todos los casos ligados al tema de Las Bambas sean impunes y la pregunta es si eso nos suma como sociedad. Si ese es el mensaje que se va a dar desde el Congreso, luego vamos a tener revueltas y todos van a hacer lo mismo», comentó.

-Modificaciones al Código Penal-

El segundo proyecto de ley presentado por Arce y suscrito por los congresistas Manuel Dammert, Marisa Glave, Indira Huilca, Edgar Ochoa, Oracio Pacori, Tania Pariona, Alberto Quintanilla y Horacio Zeballos, propone la modificación del artículo 200 del Código Penal, que se refiere al tipo penal del delito de extorsión; así como la modificación del artículo 2 de la Ley N°30077, ley contra el crimen organizado.

Estos son los cambios propuestos en la iniciativa legislativa:

► En la propuesta de modificación del artículo 200 se suprime los párrafos.

 

«Ese tipo penal, en su momento, justamente fue creado no solo para sancionar los casos. Incluso se tomó en cuenta de manera expresa casos recurrentes cuando la gente, a la fuerza, para obligar a las autoridades, bloqueaba carreteras. Eso es bastante grave porque puede haber consecuencias de todo tipo», opina la abogada Chang.

Agregó que la modificatoria estaría enfocada solo al conflicto social con Las Bambas, y esto podría acarrear otros mensajes. «Están pensando en Las Bambas, pero no en las repercusiones futuras. El mensaje sería que cada vez que tengas un problema puedes tomar carreteras», cuestionó. «Se estaría promoviendo que la solución al conflicto social pase por una válida toma de carreteras», mencionó.

► En la propuesta de modificación del artículo 2 de la Ley N°30077.

Sobre la modificación de organización criminal, Chang sostiene que esta propuesta sería riesgosa considerando los antecedentes como, por ejemplo, lo ocurrido con los sindicatos de construcción.
«nuevamente se olvidan que una de las etapas negras que hemos tenido justamente era la excusa de uso de organizaciones sindicales para extorsionar el área de construcción. Estaríamos retrocediendo respecto a eso», dijo.

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/bambas-consisten-proyectos-ley-favor-comuneros-noticia-ecpm-632325?fbclid=IwAR3r3Enpt9tKJrPxD-L7FYZKmhSpdLIi5dsMpn_OezrH187xg1f2JYhpaEo

Argentina

BARILOCHE CONTRA LA MINERÍA CONTAMINANTE

Autor: No a la Mina.org

  Vecinos y organizaciones de la provincia de Río Negro sostienen el reclamo por la ley que los protegía del cianuro y la megaminería, derogada por el ejecutivo provincial a fines de 2011. Adelantan también que los días 4 de cada mes llevarán adelante nuevas acciones populares.

Integrantes de la organización ecologista Piuke, comunidades mapuche y vecinos autoconvocados colocaron este sábado un cartel en una de las rotondas del alto y entrada desde el sur de Bariloche con la leyenda: “No a la Mina. Ingkaleiñ Taiñ Ko” (estamos defendiendo nuestra agua).

“Estamos reunidos en defensa de la vida, del agua, del territorio y de la autodeterminación, y en contra de la contaminación y del saqueo, construyendo la resistencia contra el modelo extractivo destructivo que gobiernos y corporaciones intentan imponer en nuestro territorio. Los promotores de este modelo de maldesarrollo insisten que la megaminería se puede controlar y le abren el paso a corporaciones que cuentan con mucho dinero y poder, que manejan funcionarios y medios que repiten sin cesar los supuestos beneficios. Sin embargo, se cuenta con muchos ejemplos para sostener que la megaminería con control es una mentira. Ya van varias décadas de este método de extracción de minerales y son demasiados los accidentes como para ocultarlos”, advirtieron los referentes ambientalistas que colocaron el cartel en la rotonda donde se bifurcan las Ruta 40 Sur y Circunvalación..

Desde la asociación ecologista Piuke señalaron que “en muchos lugares del mundo hay comunidades y ecosistemas contaminados por accidentes graves de derrames, que incluyen zonas devastadas, ríos contaminados y poblaciones enteras en peligro. Se pueden contar muchos accidentes sólo en continente americano, como el reciente accidente en Brasil. Otro caso paradigmático es lo que sucede en San Juan, con la mina Veladero. En los últimos años hubo al menos cinco derrames y las poblaciones de Jachal e Iglesia tienen su territorio y sus aguas contaminadas”.

“Reclamamos que devuelvan al pueblo rionegrino la llamada Ley Anti Cianuro N° 3981, derogada el 29 de diciembre de 2011, que protegía a las comunidades de la explotación de la megaminería y sus peligrosas consecuencias. Seguiremos manifestándonos los 4 de cada mes para rechazar el avance de proyectos de minería de uranio, oro y plata en la región”, manifestaron.

Fuente: https://noalamina.org/argentina/rio-negro/item/42672-bariloche-contra-la-mineria-contaminante-2?fbclid=IwAR0W2V7bGQaAmcvilU1QUiru407_-vmon_wHQOhN_wanLcM31TaQ8_cK7Gs
Latinoamerica

Latinoamérica: tierra de resistentes

Autor: Mongaby Latam/ Andrés Bermudez

 Defender las selvas, montañas, bosques y ríos de Latinoamérica nunca había sido tan peligroso.

Seis de los 10 países más hostiles para líderes y comunidades que defienden el ambiente y sus tierras ancestrales citados en el informe que el Relator Especial Michel Forst presentó a Naciones Unidas en 2016, están en América Latina.

Por eso, un equipo de 30 periodistas, desarrolladores y foto/videógrafos de siete países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú) nos juntamos para indagar sobre episodios de violencia contra líderes ambientales y sus comunidades. Cinco de estos países están, tristemente, en ese deshonroso listado.

El resultado de este proyecto investigativo especial en el que trabajamos durante cinco meses documenta una base de datos con 1356 hechos victimizantes en los últimos diez años (2009-2018) y 16 reportajes en profundidad (que pueden consultar en la barra lateral de navegación).

Es importante precisar que no pretendemos tener un retrato completo de los ataques ocurridos durante ese período, dado que el subregistro es grande. Sin embargo, nuestra base de datos —construida a partir de un sinnúmero de fuentes, entre entidades oficiales, archivos de prensa, organizaciones sociales y reportería en terreno— muestra un panorama desolador.

¿Qué encontramos?

En nuestra investigación encontramos 1179 hechos victimizantes contra hombres y mujeres y 177 contra comunidades u organizaciones que defienden el medio ambiente y el territorio. El 81,7% se concentra en hombres, quizás porque son quienes tradicionalmente han ejercido posiciones de liderazgo comunitario, aunque también encontramos 216 ataques contra mujeres —incluidos los que leerán en las historias sobre Saweto en Perú y Patricia Gualinga en Ecuador.

Desde asesinatos y atentados hasta acoso judicial y desplazamiento forzado, han pagado un precio muy alto por defender su derecho a un ambiente sano y proteger ecosistemas estratégicos —selvas, montañas, bosques, lagos, ríos y humedales— dentro de sus territorios.

Internacional

Una docena de maneras de resistir a la minería

Autor: Guadalupe Rodríguez

 Cualquier persona u organización que se sienta afectada por un proyecto minero en el aspecto social, ambiental o económico está totalmente legitimada para negarse a aceptarlo y para resistirse a la imposición del mismo.

A continuación, algunas formas en las que comunidades alrededor del mundo afrontan el problema que les la minería que otras comunidades pueden imitar.

  1. No aceptar la idea impuesta de que todo es un bien de mercado y que todo es susceptible de ser comprado y vendido.
  2. Esto implica una crítica profunda y total del modelo económico capitalista neoliberal y la necesidad de un cambio profundo de modelo, por otro centrado en un modo de vida mucho más sencillo, menos material, y más acorde y respetuoso con la naturaleza.
  3. Para ello, las personas o comunidades afectadas pueden organizarse en diferentes niveles y analizar la situación que enfrentan, así como cuestionar la gestión política, la competencia técnica y/o la veracidad de las informaciones que se les proporcionan.
  4. Mirar más allá: cuando nos dicen que un determinado proyecto minero es de «interés general» y que por eso va a ser priorizado por sobre todas las cosas. ¿Quién establece las prioridades? Muy posible que no responda realmente a tal interés general, sino mucho a los intereses privados de empresas mineras y arreglos extraoficiales con los políticos de turno.
  5. Poner en evidencia el modelo de desarrollo basado en el crecimiento sin fin, pro-extractivista, hambriento de recursos mineros y dependiente de la minería; y denunciar el rol de los países del norte global como los de Europa y las consecuencias que implican las políticas basadas en su Estrategia Europea de Materias Primas.
  6. Fomentar e incidir en el cumplimiento e implementación de las políticas y normativas internacionales, europeas y nacionales que obligan la gestión de residuos, el reciclaje y la recuperación de materias primas, no solo en los países industrializados, sino en todas partes.
  7. Generar un debate público amplio y exhaustivo sobre la minería y sus consecuencias sociales y ambientales. Campañas para informar de los impactos de la minería en la sociedad y compartir las preocupaciones al respecto son cada vez más numerosas y visibles.
  8. A mayores, promover campañas de incidencia y solidaridad con las personas afectadas por proyectos extractivos, difundiendo ampliamente sus denuncias, así como formar un lobby ciudadano, que actualmente está en clara desventaja con los lobbies de la industria minero-extractiva en cuanto a atención mediática, respuesta política, presencia pública.
  9. Aprender y enriquecernos de la experiencia de resistencia, lucha y dignidad de otros pueblos, de países de América Latina, Asia o África que tengan una larga trayectoria en esta temática. De allí precisamente llegan interesantes propuestas como la de otorgar derechos propios a la naturaleza (recogida en la Constitución ecuatoriana de 2008); o iniciativas para dejar los recursos extractivos bajo tierra. Esta propuesta se inspira en la iniciativa Yasuni, que en su caso propone dejar intocadas bajo tierra las reservas de petróleo de un área de alto valor de conservación. Puede estudiarse su aplicación a otras áreas y otros recursos extractivos como los mineros.
  10. Estudiar casos judiciales que han llevado a empresas transnacionales a juicio, por los desastres causados en países diferentes a aquellos en los que tienen sus sedes. La denuncia a la petrolera estadounidense Chevron por los derrames ocasionados en Ecuador, o a la petrolera holandesa Shell por los derrames ocasionados en Nigeria, constituyen importantes precedentes, puesto que estas empresas fueron condenadas por la contaminación que dejaron atrás.
  11. Analizar opciones y formas de decrecimiento, una corriente política, social, económica y ecológica emergente en Europa. También hay grupos que estudian y trabajan en la exigencia del reconocimiento de una deuda ecológica con los países del Sur global.
  12. Recordar que resistir da frutos. Muchas comunidades locales logran defender sus territorios e impedir que la maldición de estar asentadas sobre o cerca de recursos estratégicos signifique su destrucción.

Tenemos que seguir estudiando y denunciando públicamente cada caso para detener el extractivismo y el modelo energético concomitante como modelo de desarrollo impuesto, insustentable y destructivo del medio ambiente, asociado a graves violaciones de los derechos humanos y del derecho a la participación de las comunidades afectadas.

Fuente: https://medium.com/@ecologistadelno/una-docena-de-maneras-de-resistir-a-la-miner%C3%ADa-dde0f690dd5a?fbclid=IwAR3FeEUFi711WHmgUo6o1ySygYxGNTzktRCmGDqYRUotvmtCsRGl9jjGYu0

Mexico

Con coronas fúnebres y delitos fabricados: así amenazan a las activistas opositoras a una presa en Zacatecas

Autor: Manu Ureste

Cuando, una mañana, Grecia Rodríguez abrió la puerta de su casa y vio que alguien le dejó una corona fúnebre repleta de claveles blancos, y una dedicatoria deseándole que descansara en paz, supo que su actividad como defensora del agua y del territorio de las comunidades ejidales de Zacatecas acababa de cambiar para siempre su vida personal.

Previo a esa mañana, recibir insultos ya era algo ‘cotidiano’, entre comillas, en su actividad diaria.

“Argüendera”, “revoltosa”, “alborotadora”, eran parte de los improperios a los que tuvo que acostumbrarse a vivir desde que, en 2013, comenzó a implicarse de lleno como activista.

Sin embargo, cuenta Grecia, la intensidad de los ataques arreció aún más cuando, ya como integrante del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, que forma parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), inició desde 2018, junto a otras mujeres y hombres de los ejidos El Potrero, Atotonilco, Estancia de Guadalupe, y Corrales, en el municipio Jiménez del Teúl, una férrea oposición a la construcción de la Presa de Milpillas.

Un proyecto que, por un lado, el gobierno estatal lleva desde 2014 prometiendo que, además de abastecer de agua el corredor urbano del centro del estado, donde se ubican ciudades clave como Zacatecas y Fresnillo, traerá también progreso, empleos y desarrollo, para las comunidades agrarias por las que atravesará un acueducto de más de 167 kilómetros.

Mientras que, por otro lado, tanto Grecia, como el Observatorio de Conflictos Mineros, la REMA, así como cientos de ejidatarios, denuncian que la construcción de la Presa de Milpillas es un “mega proyecto de muerte impuesto por la fuerza pública”, el cual tendría varios efectos negativos.

Uno, que provocaría “un daño irreparable” al río que abastece de agua a la comunidad para cosechar maíz, frijol, y chícharo. Dos, que pondría en riesgo de inundación y desplazamiento a los habitantes de Atotonilco y a todas las comunidades río abajo, incluida la cabecera municipal Jiménez del Teúl. Y tres, que a pesar de lo anterior, este proyecto solo beneficiaría a empresas mineras y a una multinacional cervecera que necesita más agua para continuar vendiendo sus productos.

“Múltiples académicos ya han ofrecido soluciones para el problema del abasto de agua en la zona, pero, desde 2014 hasta la fecha, el gobierno estatal no ha hecho caso de ninguna. Por eso, más bien nos parece que este proyecto, en realidad, es un negocio, y no una solución al problema del agua”, dice Grecia Rodríguez, en entrevista con Animal Político.

Sin embargo, recalca Grecia, denunciar esto en México, implica asumir un riesgo muy alto de, o bien ser objeto de campañas de desprestigio, o bien llevar permanentemente una diana marcada en la espalda.

“Estamos muy preocupados por la seguridad de los ejidatarios y de las ejidatarias opositoras al proyecto, y de los activistas defensores del agua, ya que en México nos están matando solo por decir que no estamos de acuerdo con un proyecto”, señala Grecia.

Y las cifras así lo corroboran.

Apenas el pasado mes de marzo, Amnistía Internacional alertó que, en apenas cuatro meses del nuevo gobierno de López Obrador, 15 defensores ambientales han sido asesinados en México, más de la mitad de los registrados en todo 2018, cuando contabilizó 21 defensores asesinados y 49 ataques en su contra.

De hecho, Rodrigo da Costa, integrante de Amnistía Internacional, dijo al diario La Jornada que México ocupa el segundo lugar de los países de América Latina donde se presentan más agresiones contra defensores de la tierra, solo superado por Colombia.

Las enemigas públicas

Tras recibir la corona fúnebre, Grecia fue incluida en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, aunque las agresiones, a través de múltiples formas, no se detuvieron.

Por ejemplo, el pasado 14 de octubre, Grecia narra que en la comunidad El Potrero asistió como invitada a una asamblea entre ejidatarios acerca del proyecto de la presa de Milpillas, cuando un grupo de policías estatales, a bordo de 20 camionetas, llegó, cercó el salón ejidal, y se la quiso llevar presa bajo la acusación de “falsas declaraciones” y “falsa identidad”.

“Les dije: no me pueden llevar porque estamos en un espacio público y no en un MP, por lo que no estoy rindiendo ninguna declaración. Y tampoco tengo que probarte mi identidad”.

Aún así, en un video publicado el 15 de octubre en el perfil de Facebook del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, puede apreciarse que un nutrido grupo de agentes policiacos trató de detenerla, entre jalones y manotazos para que no grabara la escena.

“El gobierno de Zacatecas nos ha convertido en las enemigas públicas número uno, diciendo que es por nuestra culpa que miles de zacatecanos no tienen agua”, criticó la integrante del Observatorio de Conflictos Mineros y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, las cuales también acusan al gobierno estatal de querer coaccionar con recursos y beneficios de programas sociales a los ejidatarios inconformes para que aprueben el proyecto.

Una acusación que el gobierno de la entidad ha rechazado en varias ocasiones; una de ellas, en septiembre del año pasado, cuando según recogieron medios locales, el actual gobernador Alejandro Tello descartó que su administración manipule a los habitantes del ejido en el municipio de Jiménez del Teúl.

La entrega de despensas y apoyos no son sobornos, sino apoyos que surgieron como respuesta a peticiones de la ciudadanía, dijo el mandatario, quien en diciembre del año pasado encabezó un foro especial en el que, subrayó, “fueron convocados de manera plural ejidatarios, académicos, especialistas, y ciudadanía” para debatir sobre este proyecto polémico.

“Si nos quitan el río, no somos nada”

Sandra Miranda es delegada de los ejidatarios de Atotonilco ante el municipio de Jiménez del Teúl y opositora al proyecto de la presa.

Junto a un grupo de 60 mujeres de edades que van desde los 15 años, a los 26, 32, 50 y hasta los 60, ha encabezado desde octubre pasado acciones de resistencia frente a las constructoras que han querido introducir maquinaria pesada al río.

“Este movimiento de oposición ha estado liderado por mujeres y también por hombres, pero las mujeres han jugado un papel fundamental”, subraya Miranda.

“Las mujeres logramos detener a las máquinas para que no entraran al río en el que quieren hacer la presa. Nos pusimos enfrente y, a pesar de que fuimos agredidas verbalmente por los operadores de las máquinas, no nos quitamos”, añade la activista.

Sin embargo, todas estas acciones también tuvieron consecuencias para Sandra, que denuncia haber sido objeto de hostigamiento policial y de una campaña de desprestigio en medios locales.

“Tratan de intimidarnos, de meternos miedo, diciéndonos, por ejemplo, que la Policía Federal viene en camino con una orden para detenerme. O, en otras ocasiones, policías estatales, sin ningún aviso, hacen guardia frente a mi domicilio. Mientras que, en otras, sueltan rumores para ponerme mal con las comunidades, diciendo, por ejemplo, que ya me habían dado un millón, que me había vendido”.

La última acusación que le hicieron en medios locales, denuncia Sandra, es que ella lideró un intento de retener contra su voluntad a un funcionario estatal que, el pasado 26 de abril, fue al ejido de Atotonilco a ofrecer “apoyos sociales” a los pobladores, aunque la Red Mexicana de Afectados por la Minería señala que, en realidad, el funcionario fue a ofrecer dulces a los niños, becas, tinacos y estufas ecológicas para convencer a los ejidatarios de que den su consentimiento al proyecto de la presa.

“Nos acusan de secuestradoras. Pero en el ejido, las mujeres no portan armas, ni siquiera piedras”, ríe Sandra.

En cualquier caso, asegura Sandra ahora más seria, van a continuar con la defensa del agua y la oposición al proyecto de la presa.

Por ahora, a través del Observatorio y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, han presentado denuncias ante el Ministerio Público en Sombrerete, por la invasión de maquinaria en propiedad ejidal, han interpuesto quejas ante las comisiones de derechos humanos de Zacatecas y la Nacional, y ante la Procuraduría Agraria Nacional, y han interpuesto recursos de amparo y juicios de nulidad, por la presunta falsificación de firmas y actas de asamblea, por parte de funcionarios gubernamentales.

“Vamos a seguir luchando por el agua -concluye Sandra-. Porque si nos quitan el río, no somos nada”.

Fuente: https://www.animalpolitico.com/2019/05/amenazas-mujeres-luchan-evitar-construccion-presa-zacatecas/?fbclid=IwAR2VxgKwI83VNgR0dpAeLK7bKKa0hzFpK5p1gAuL_p976FTKTG7iYmCPmB4

Argentina

Manual: Hablemos de megaminería

“Nuestra lucha se basa en la información y la difusión”, suelen decir los/las vecinos/as de Chubut que resisten la instalación de emprendimientos mineros a gran escala, de extracción metalífera y de radioactivos mediante el uso de sustancias tóxicas. Gracias a los conocimientos sobre “megaminería” que supieron gestionar y compartir en asambleas y en diversas acciones de difusión pudieron posicionarse, organizarse y manifestarse de mil maneras para ponerle freno a la explotación de su territorio.

Este manual, elaborado por un grupo de vecinas y vecinos asambleístas que se embarcó en la aventura de producir un recurso didáctico que compile los saberes sobre megaminería que se han acumulado y complejizado durante más de quince años de aprendizaje popular y colectivo, está inspirado en ese espíritu y en esa necesidad de seguir aprendiendo, de seguir enseñando, de seguir difundiendo y seguir construyendo resistencia popular a partir de fundamentos científicos e informaciones de fuentes comprobables y válidas.

Aunque para comprender debidamente en qué consiste este manual, de dónde viene y adónde va, necesitamos remontarnos brevemente a la historia de la lucha contra la megaminería en la provincia de Chubut.

En el año 2002 el pueblo de Esquel, ubicado en la cordillera chubutense, se vio conmovido por el arribo de una empresa minera transnacional que pretendía explotar oro y plata en las montañas cercanas a la ciudad, utilizando una metodología de extracción a gran escala muy diferente a la de la minería tradicional. En principio, las promociones de la empresa y de sus aliados políticos y mediáticos generaron expectativas de progreso
económico y oportunidades laborales para la población.

Sin embargo, y afortunadamente, hubo vecinas y vecinos esquelenses que se preguntaron por los impactos ambientales, sanitarios, sociales y económicos que produciría dicha explotación.

Así fue que se pusieron a investigar. Se contactaron con pobladores de otros lugares de nuestro país y de Latinoamérica que convivían con emprendimientos megamineros para conocer sus experiencias. También averiguaron cómo sería el proceso de extracción de los metales y su procesamiento posterior: qué y cuántos recursos utilizaban, cómo operaban, qué pasivos dejaban.

Comprendieron entonces que este tipo de actividad, conocida como “megaminería”, conlleva graves secuelas socioambientales para los territorios en los que se instalan los yacimientos.

Y por si fuera poco descubrieron que las oportunidades de progreso con las que se promocionan las explotaciones, en poco tiempo se develan como falsas promesas. No se produce ningún derrame de riqueza: gracias a las ventajas impositivas del Código Minero vigente desde los años 90, los beneficios económicos son para las corporaciones extranjeras y las migajas que rinden no llegan a cubrir siquiera los costos de remediación.

Y, además, la contaminación irreversible del ambiente, destruye las posibilidades de desarrollo regional de otras actividades económicas, verdaderamente productivas y sustentables. Lamentablemente, abundan los ejemplos, a lo largo del país y del mundo, para afirmar que la megaminería genera más pobreza en los sitios que explota.

Después de conocer todo esto, los/las vecinos/as de Esquel compartieron la información apelando a estrategias de educación popular y se organizaron para evitar la instalación del emprendimiento megaminero que pretendían imponerles. En 2003 se conquistó una consulta popular en la cual el 81% de la población se expresó por el “NO” a la explotación del Cordón Esquel, luego se promulgó la Ley Provincial 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro y, desde entonces, se han desplegado múltiples acciones legales, de difusión y movilización que se sostienen hasta la actualidad. La gesta del pueblo de Esquel y la experiencia del movimiento del “NO A LA MINA” han sido inspiradores para otros pueblos de Chubut, de Argentina, de Latinoamérica y del resto del mundo que resisten el extractivismo minero.

Y como en el territorio de Chubut existen enormes reservorios de metales y materiales radioactivos, resulta constante y creciente el asedio de las corporaciones mineras y sus operadores para habilitar la actividad extractiva que saquea y contamina. Debido a esto, han surgido numerosas asambleas y grupos de vecinos/as que luchan en contra de la instalación de la megaminería en diferentes localidades de la provincia. En 2012 hubo una fuerte embestida política y empresarial para impulsar la megaminería, la consecuente resistencia provincial dio origen a la Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses (U.A.C.CH).

En este espacio asambleario horizontal y apartidario participan, se encuentran y comunican vecinas/os, pobladores rurales, pueblos originarios de Chubut, unidos a partir de la defensa del territorio, del agua, de la dignidad y de las oportunidades de verdadero desarrollo para las actuales y futuras generaciones.

Esperamos que este manual se transforme en una herramienta para construir conocimientos, para multiplicar conciencias, para cimentar poder popular basado en saberes independientes. Que sirva para que los/las ciudadanos/as y especialmente los/las jóvenes de nuestro pueblo puedan elegir su destino sin imposiciones, ni manipulaciones informativas de las corporaciones.

Perú

Las Bambas, un conflicto consecuencia de paquetazos ambientales y presiones empresariales

Autor: Jorge Paucar
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

 Como señalamos anteriormente en otra publicación, hasta el momento las empresas que han estado a cargo de la mina Las Bambas (Xstrata Copper, Glencore-Xstrata y MMG Limited) han presentado nueve solicitudes para cambiar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que fue aprobado en marzo del 2011, cuando Alan García era presidente y Pedro Sánchez ministro de Energía y Minas.

Las solicitudes para cambiar el proyecto se presentaron a través de tres Modificatorias (MEIA) y seis Instrumentos Técnicos Sustentatorios (ITS). Hasta antes del 28 de diciembre del 2015, las empresas realizaban sus pedidos ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Después de esa fecha, se hace ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace). Este organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), fue creado en diciembre del 2012 con la ley de su creación, promulgada por Ollanta Humala.

En ese contexto, en el que se pretendía fortalecer la fiscalización ambiental, el gremio empresarial minero ejerció presiones con el argumento de que habían muchos «trámites» que cumplir y que se debían «destrabar las inversiones«. Finalmente, entre otras medidas, Humala creó el ITS como un «instrumento de gestión ambiental» que tenía el objetivo de «acelerar las inversiones«. Con los ITS, el plazo para realizar cambios a un EIA se reducían a solo quince días. En el caso de Las Bambas, se han presentado seis ITS, que juntos pueden ser considerados un cambio importante al proyecto.

En un evento organizado por LaMula.pe, especialistas en temas mineros pusieron énfasis en este tema. El economista José de Echave afirmó que el conflicto Las Bambas es consecuencia de los ITS.»La Sociedad Nacional de Minería y la Confiep son buenos narradores. En principio, un ITS no produce cambios significativos, pero aquí van seis. Hay que pensar si estos instrumentos le convienen a la industria minera«, señaló.

En este sentido, coincidió el economista Manuel Glave:»La novela de las modificatorias, los ITS y el triunfo de la permisología fue una narrativa ridícula, sin ningún sentido y que deja muy mal parado al sector privado por promover eso. Haría bien el sector privado en reconocer que fue un error«.Glave señaló la necesidad de un ordenamiento territorial para evitar conflictos como el de Las Bambas.

«¿Cuál es la frontera entre lo público y lo privado? ¿Cuál es la responsabilidad pública y hasta dónde debe llegar? El bien público que no está siendo bien provisto desde la dimensión territorial. Nadie está hablando de planes de ordenamiento territorial al pie de la letra, pero al menos deberíamos tener información básica y un protocolo que permita tomar decisiones a partir de una visión multisectorial. No hay recetas, pero hay que comenzar a ver territorios», señaló.

El economista también cuestionó la aceleración que se aplicó para que Xstrata-Copper prepare su EIA entre 2009 y 201 y lamentó que García y Sánchez no consideren que faltan estudios sobre otros dos yacimientos mineros.

«¿Cómo el proyecto recibió esta aceleración durante el gobierno de Alan García? Lo aceleraron, Xstrata-Copper trasladó a Sánchez, él trabajo en el origen, cuando se les habló de un mineroducto».

«En esa aceleración, García y Sánchez obviaron el EIA de los otros yacimientos mineros. Solo se ha aprobado el EIA de Ferrobamba. ¿Mañana más tarde qué van a hacer? Me parece una vergüenza que no se haya planificado el territorio para los tres yacimientos mineros».

¿Qué hacer ante esta situación? El abogado y politólogo Iván Lanegra señaló que hay un enorme vacío con la falta de mirada sobre el territorio que deberían tener los proyectos de inversión.

«El principal problema es que hay un gigantesco hueco en el que el Estado no ha desarrollado mecanismos para fijar qué es el interés público sobre los territorios, como no hay eso se parcha con acuerdos parciales, pero que no atienden los problemas estructurales, puesto el parche la gente se olvida durante un tiempo. Hay que pensar por qué los actores claves no toman decisiones para producir cambios«, afirmó.

Y ensayó una estrategia para esta política pública:

«¿Cuáles serían los instrumentos para ordenar el territorio? Una primera etapa puede ser piloto en la que se harían pruebas en cierta área y luego dar un proceso político mínimo para que esos instrumentos se validen con leyes y eso arrastra también cambios a nivel del Estado, a nivel nacional, regional y local».

«Lo que está en el fondo es cómo hacemos una mejor regulación, cómo invertimos para que eso no sea solo papeles, sino capacidad real de hacer supervisión, la pregunta es qué permisos están funcionando. Esto le conviene a todos».

A continuación, compartimos nuestra infografía con la línea de tiempo de todos los cambios que se han hecho a la mina Las Bambas. El principal cambio, y motivo principal del conflicto social, es el descarte del mineroducto y el uso de una carretera que pasa por un territorio de la comunidad campesina de Fuerabamba.

Fuente: https://redaccion.lamula.pe/2019/05/02/las-bambas-eia-its-cambios-modificaciones-destrabar-inversiones-permisologia-tramitologia-opiniones/jorgepaucar/

Honduras

Presentan recurso de inconstitucional contra decreto que permitió explotación minera en Parque Carlos Escaleras

Autor: Radio Progreso y Movimientom4.org

Un grupo de abogado que ha estado litigando a favor de los 12 defensores y defensora del río Guapinol y el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalera, en el departamento de Colón presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 252-2013 que permite la explotación minera.

El abogado Rodolfo Zamora explicó que no se ocupa saber de derecho para entender que hay un parque nacional y el Congreso Nacional aprobó otorgar a una familia la explotación minera en una zona donde el recurso natural es vital para sus habitantes.

“Modificaron los límites y las colindancias del parque del Cerro de Botaderos para que esa familia se beneficie de dicha explotación minera en perjuicio de todas las comunidades. Sabemos que explotación minera perjudica el agua, el medio ambiente, la salud, en definitiva, perjudica la vida de todos los habitantes de la zona”, expresó Rodolfo Zamora.

También se refirió a los abusos de autoridad, las negociaciones incompatibles que se han hecho desde el ejercicio de funciones pública. Además de otros tipos de delitos que se pueden dar en el departamento de Colón, debido a la creación de una mina que perjudica a toda la comunidad y solo beneficia a una minoría.

El cuerpo de abogados espera que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional revise los requisitos de admisibilidad del recurso y luego estudie los argumentos manejado con respecto a la violación de preceptos constitucionales y de tratados internacionales y resuelva conforme a derecho.

“Esperamos que lo hagan a la mayor brevedad posible porque esta situación de esta mina ha generado incluso violencia en la zona, confrontando a unos pobladores con otros. Porque la empresa tiene una especie de campaña que termina generando violencia y división entre los pobladores”, finalizó Zamora.

 

Guapinol y sus voces

Por otra parte, don Reinaldo Domínguez, uno de los criminalizados por la defensa del río Guapinol, detalló que “hay una ganancia, demuestra que la población ha despertado, las comunidades de Tocoa y la población en general se pusieron en acción, y eso no va a permitir que ninguna empresa extractivista se apropie de los recursos”.

El campamento de Guapinol libró una defensa digna y legítima del territorio frente a las actividades de la empresa minera Inversiones Pinares, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, que ya ha provocado graves daños ambientales, así lo manifestaron defensores y analistas ambientales.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/presentan-recurso-de-inconstitucional-contra-decreto-que-permitio-explotacion-minera-en-parque-carlos-escaleras/