Internacional

Ecologistas insta a la oposición a rechazar una proposición del PP “que autoriza las extractivas en cualquier suelo rústico con protección”

La organización confía en que esta propuesta se frene, ya que “abre la puerta al expolio del territorio, vulnera la ley estatal de suelo y el artículo 45 de la Constitución”

Ecologistas en Acción instó este viernes los grupos parlamentarios de las Cortes en la oposición a rechazar una proposición de ley del PP “que autoriza las actividades extractivas en cualquier suelo rústico con protección” y que los ‘populares’ trasladarán al Pleno del próximo miércoles. A juicio de la organización verde, la negativa a esa medida supondría la protección del medio rural de Castilla y León “de los intereses especuladores de las empresas mineras”.

En este sentido, Ecologistas en Acción reclamó al resto de grupos parlamentarios que tiren abajo esta propuesta, ya que “abre la puerta al expolio del territorio, vulnera la ley estatal de suelo y el artículo 45 de la Constitución Española”.

La finalidad real de la modificación de la Ley de Urbanismo que promueve el Grupo Popular es, “como él reconoce, desbloquear proyectos mineros especulativos objeto de oposición en toda Castilla y León”. La organización ecologista apeló a la responsabilidad del resto de grupos parlamentarios para frenar con su voto en contra esta propuesta que “resta soberanía a los ayuntamientos y da alas a una burbuja minera que, junto a la explotación porcina industrial, esta relevando a la especulación inmobiliaria como principal amenaza para los pueblos y el medio ambiente de Castilla y León”.

Según admite el Partido Popular, esta propuesta se crea específicamente para tres proyectos concretos, en las provincias de Zamora, Segovia y León. “Estos casos podrían desarrollarse sin modificar la normativa actual”, pues la Ley de Urbanismo de Castilla y León “ya señala una categoría de suelo rústico de actividades extractivas, constituido por los terrenos que el planeamiento estime necesario reservar para tal finalidad”.

De este modo, la “modificación pretendida”, prosiguió Ecologistas en Acción, “carece de sentido, ya que la normativa urbanística vigente prevé un suelo específico para las actividades extractivas que hace incongruente la autorización de las mismas en cualquier suelo rústico con protección, que es lo que pretende esta proposición”.

“Con ello, el PP no persigue combatir la despoblación del medio rural, sino al contrario, vaciarlo para allanar el desembarco de multinacionales mineras como la australiana Berkeley en Salamanca, la francesa Roullier en Soria, la alemana Hanson en Valladolid, la canadiense Almonty en Zamora o los consorcios internacionales que intentan la reapertura de las minas del Bierzo que motivan la proposición, para las que el acceso fácil a derechos mineros es un activo en los mercados financieros internacionales, independientemente de que el yacimiento en cuestión se acabe explotando o no”, lamentó Ecologistas.

La minería supone una aportación económica y laboral marginal dentro de Castilla y León (360 millones de facturación y 4.000 empleos, según la organización), con una media de puestos de trabajo de las explotaciones de minería no energética de seis personas. Por el contrario, “se trata de una actividad que deja tras de sí territorios esquilmados eliminando muchas veces la posibilidad de desarrollar actividades agrícolas o ganaderas”.

Ecologistas en Acción anunció que combatirá, junto a las plataformas vecinales afectadas y otros sectores perjudicados, “cualquier propuesta desreguladora en esta materia del Grupo Popular o la Junta de Castilla y León”.

 

Fuente:https://www.elbierzodigital.com/ecologistas-insta-a-la-oposicion-a-rechazar-una-proposicion-del-pp-que-autoriza-las-extractivas-en-cualquier-suelo-rustico-con-proteccion/268200

Mexico

Piden garantizar consulta en reforma a Ley Minera

Organizaciones civiles y académicos demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Comisión de Minería y Desarrollo Regional del Senado de la República que se respeten los procedimientos de consulta en comunidades y pueblos indígenas para que se garantice su consentimiento previo, libre e informado, antes de la asignación de alguna concesión.

En un manifiesto, ante las iniciativas de reforma a la Ley Minera, presentada por las senadoras Jesús Lucía Trasviña Waldenrath y Angélica García Arrieta, expusieron que la actual legislación ha permitido poner a disposición de las empresas, las tierras y los territorios de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, porque consideran la actividad minera como de utilidad pública y preferente, sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno.

Además, señalaron que este marco normativo otorga amplias y excesivas prerrogativas a los concesionarios mineros, compensadas por escasas obligaciones y sobre todo, es contrario a los derechos de comunidades rurales, mestizas e indígenas, así como al respeto al medio ambiente.

De esta manera, reclamaron que se realicen foros públicos de discusión del nuevo marco normativo con la participación de integrantes de comunidades afectadas por actividades mineras, integrantes de movimientos de defensa del territorio frente al avance de actividades mineras, organizaciones de la sociedad civil y académicos.

Así también, que los legisladores tomen en cuenta las propuestas y observaciones de estos sectores en la reforma de la Ley Minera.

Aparte de esto, requirieron que se dé cumplimento a los tratados y convenios firmados y ratificados por el Estado mexicano en materia de derechos de los pueblos indígenas y campesinos, así como ambientales

De igual manera, pidieron que se tomen en cuenta los intereses de las poblaciones afectadas o potencialmente afectadas por estas actividades.

Que se anteponga ante todo los derechos de las comunidades dueñas de los territorios y se dé prioridad a la conservación del medio ambiente.

Igualmente, que los procedimientos de consulta en esta materia, respeten y garanticen el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.

Fuente:https://www.nvinoticias.com/nota/106607/piden-garantizar-consulta-en-reforma-ley-minera

Honduras

Catacamas, Olancho declarado municipio libre de minería

Tegucigalpa.- El pasado fin de semana en un cabildo Abierto el  Municipio de Catacamas en el departamento de Olancho fue declarado libre de minería.

El alcalde de la segunda ciudad en importancia en el departamento de Olancho, Lincoln Alejandro Figueroa, accedió a las peticiones de los ciudadanos y en un cabildo abierto se sometió a votación si querían proyectos mineros o no.

Los pobladores dijeron no y el edil no tuvo más que acatar la decisión del pueblo y declarar a Catacamas libre de minería.

Los Cabildos Abiertos son Mecanismos legales de Consulta Ciudadana según la Ley de Municipalidad para tomar acuerdos sobre temas de interés e impacto municipal.

Hay en Honduras más de 50 municipios que la ciudadanía se ha declarado libre de minería por poner en riesgo los Bienes Naturales, el agua, el bosque, el aire, la agricultura, la cultura y la paz social.

Los últimos han sido San José en el departamento de La Paz y El triunfo en el departamento de Choluteca.

Las comunidades tienen el derecho legítimo y legal de las comunidades para garantizar la protección Ambiental y la vida de la flora y fauna, especialmente en áreas protegidas y mucho menos en Áreas Protegidas.

Muchos Municipios están en las exigencias de la declaratoria de sus municipios libres de Minería.

El municipio de Tocoa en el departamento de Colón es uno de esos municipios en exigencias, su Alcalde Adán Funes Martínez y la Corporación municipal se han negado durante mucho tiempo hasta generar un conflicto donde hay muertos y daños materiales, militarización, persecución y judicialización.

Las comunidades y barrios del municipio de Tocoa Colón siguen exigiendo Cabildo abierto municipal en espera de una respuesta que reclamado durante los últimos 3 años.

 

Fuente:https://criterio.hn/2018/12/09/catacamas-olancho-declarado-municipio-libre-de-mineria/

Mexico

Emite CNDH recomendación por extracción de carbón en Coahuila

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detectó anomalías en la expansión de la actividad extractiva del carbón en varias zonas de Coahuila, las cuales afectan a la población, por lo que emitió una recomendación dirigida a ocho dependencias y autoridades.

Indicó que la actividad extractiva del carbón se ha expandido en poblaciones del municipio de Sabinas, Coahuila, y en el interior de áreas naturales protegidas en la Región Carbonífera de ese estado, pero sin las concesiones que amparan esas actividades, sin las autorizaciones de impacto ambiental o en contravención de los usos de suelo previstos.

Representantes de una organización no gubernamental presentaron escrito de queja ante la CNDH, que durante su investigación observó que se infringieron disposiciones de la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, las leyes generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al igual que sobre Bienes Nacionales, además de las relativas a los asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano del ámbito general, del estado de Coahuila y del municipio de Sabinas, particularmente su Plan Director de Desarrollo Urbano.

El organismo observó que en los lugares donde se ubican las excavaciones no existen medidas de seguridad y señalización para evitar accidentes, lo que implica riesgo para los habitantes ante las deficiencias de las autoridades para hacer efectivos los ordenamientos señalados, lo cual también da cuenta de su ineficacia en la Región Carbonífera.

Señaló que esas omisiones repercuten seriamente en los componentes ambientales, además de afectar la salud y las condiciones de vida de las personas que viven o transitan por los alrededores de obras mineras.

Para la CNDH, las irregularidades de las autoridades ante ese problema implican violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, medio ambiente, vivienda adecuada, salud, a la vida e integridad personal, propiedad, agua, saneamiento, circulación y residencia.

Por este caso emitió la recomendación 62/2018, dirigida a las secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), al gobernador de Coahuila, al fiscal General de la entidad y al presidente municipal de Sabinas.

En general, recomendó a las autoridades mencionadas llevar a cabo acciones como efectuar la reparación integral e inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a las personas afectadas; iniciar los procedimientos de inspección para verificar las condiciones en que se llevan a cabo dichas operaciones extractivas; emitir circulares y llevar a cabo actividades de capacitación a servidores públicos cuya actuación, en el ámbito de sus atribuciones, se relacione con la minería, además de colaborar con la CNDH en los procedimientos que se instruyan ante los respectivos órganos internos de control.

 

Fuente:https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1012949.emite-cndh-recomendacion-por-extraccion-de-carbon-en-coahuila.html

Venezuela

“El crimen de Canaima” y las víctimas de las mafias depredadoras del ambiente

La situación en el Arco Minero venezolano es trágica y clama al cielo: una masacre ha puesto de relieve la acción impune de grupos delictivos contra las comunidades indígenas

El diputado por el estado Bolívar Américo De Grazia, lanzaba un grito de socorro en su cuenta de tuiter: “AUXILIO Internacional. Asesinan a nuestros indígenas en su propio hábitat para imponerles la minería. El régimen de Maduro, desplaza, enferma y masacra a nuestras etnias”.

A partir de esa noticia, se ha generado una alarma nacional e internacional con lo ocurrido en la zona del tristemente célebre Arco Minero en la selva venezolana, cuando el pasado día 8 de diciembre se produjo una incursión armada en territorio de los indígenas pemones con saldo de 1 indígena asesinado, 4 indígenas pemones heridos, 3 presuntos Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar ) detenidos por la comunidad, 2 trabajadores de Corpoelec –la empresa eléctrica del Estado venezolano- aprehendidos y 3 presuntos Dgcim prófugos en el área de La Laguna y 9 en el sector de Arenal.

Enterado del asunto, Luis Almagro, desde la OEA, dejó saber su condena al crimen contra los indios pemones en la selva de Canaima.

Se divulgó el video del testimonio de Carlos Peñaloza, pemon sobreviviente al ataque del DGCIM, donde desmiente la presencia de otros armados que no sean los funcionarios del régimen, capitaneados por Alexander Granko (DGCIM, ) el mismo que asesinó al célebre comisario  Óscar Perez -el que sobrevoló un helicóptero sobre el Palacio de Miraflores desplegando una pancarta anti-gobierno-, en una operación militar donde varias personas, entre ellas una mujer embarazada, murieron acribilladas a balazos.

La respuesta de los indignados indígenas no se ha hecho esperar.  Impidieron la realización de las elecciones regionales del domingo en la Gran Sabana, lo cual ha sido presentado como un éxito de la Resistencia Indígena ante lo que ya se conoce como “el crimen de Canaima”. En este momento, los pemones mantienen 3 funcionarios del DGCIM retenidos en sus predios, exigiendo Justicia.

La Guayana venezolana se ha convertido en un territorio de guerra entre mafias donde las comunidades indígenas se encuentran atrapadas en medio de la codicia que mueve a las distintas mafias que explotan ilegalmente minerales, perpetran ecocidio, masacran mineros y asesinan indígenas.

Nuestros indígenas son acosados en su propio hábitat para imponerles una minería salvaje que arrasa territorios enteros en un ecocidio sin precedentes en América. “El régimen de Maduro, desplaza , enferma y masacra a nuestras etnias. La última evidencia, el Sábado 8 de diciembre en Canaima:  1 Muerto y 3 heridos a manos militares”, denunciaba el valeroso diputado De Grazia en su perfil de redes sociales.

El defensor del pueblo de Venezuela -organismo del gobierno- Alfredo Ruiz, confirmó que este sábado “falleció un indígena” en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar (sur), donde se registró lo que calificó como “una situación delicada”. Es lo menos que puede decirse y reconocerse ante el pandemónium desatado tras la incursión del comando de 14 militares armados a la comunidad Arekuna en Canaima, en el Estado de Bolívar.

En un comunicado del Consejo de Caciques Generales del pueblo pemón, los indígenas de la etnia acusan a agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) del asesinato y la agresión contra decenas de personas después de, supuestamente, hacerse pasar por turistas interesados en una excursión al emblemático Salto Ángel para así ingresar en las minas de oro. Según trascendió, contrataron los servicios turísticos para el Salto Ángel y, en plena ruta, amarraron a los motoristas y guías turísticos y se desviaron de la ruta para actuar contra los indígenas.

Los pemones presumen que el grupo foráneo actuó bajo la “anuencia” o “complicidad” de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. “Usaron armas de alta potencia, dos helicópteros gubernamentales pertenecientes a Corpoelec (Corporación Eléctrica del gobierno) y la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana), así como un helicóptero privado”, según reza el comunicado que circula desde poco después de producirse el ataque.

Los indígenas respondieron poniendo en marcha acciones defensivas. Capturaron a tres de los presuntos responsables, uno de los cuales permaneció por horas maniatado e interrogado por decenas de personas. La población enardecida protestó, quemó un campamento de la empresa eléctrica estatal y cerró una pista de aterrizaje. Los caciques ordenaron un boicot a las elecciones de concejales en el municipio Gran Sabana de Bolívar, región donde está Canaima, realizadas este domingo, planean un paro de actividades en los próximos días y se declararon en luto durante una semana.

No es esta la primera masacre que ocurre en la zona. Hace poco, 17 mineros en el pueblo de Tumeremo fueron masacrados; y poco después, otros 18 mineros murieron en esa provincia en un operativo del Ejército en el estado Bolívar. Tampoco la minería ilegal es una actividad nueva. Pero, ciertamente, venía desarrollándose bajo otros parámetros, existían ciertos controles y se ejercía de forma equilibrada. A partir del año 2000, aparecen en escena “grupos irregulares, algunos dirigidos por delincuentes desde las cárceles y por sindicatos… Luego, la degeneración económica empujó a muchos a sobrevivir con la minería ilegal, convirtiéndose en casi la única actividad laboral”, dice Armando Obdola, director general de la asociación indígena Kapé Kapé.

De Grazia asevera, para todo el que quiera escuchar, que el gobierno de Nicolás Maduro es responsable de convertir al parque natural Canaima, una joya turística y patrimonio de la humanidad, en “tierras de sangre y destrucción” con su proyecto del Arco Minero. Las riquezas mineras más importantes del país yacen en el Macizo Guayanés y son vistas por el oficialismo como una salvación ante la debacle financiera.

El 24 de febrero de 2016, Maduro decretó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco” (AMO), una idea de Hugo Chávez anunciada hace siete años. Para opositores y disidentes del oficialismo se trata de una carta en blanco para la explotación de coltán, diamante y oro, entre otros recursos. Las mafias controlan el proyecto desde su inicio, en un área de 111.843 kilómetros de extensión, en otras palabras, el equivalente a un territorio como Liberia.

Los periodistas que informan sobre lo que ocurre han sido amenazados con lo que el gobierno ha bautizado como “Operación Tun-Tun”, que no es otra cosa sino el allanamiento de viviendas para llevarse a las personas en lo que se conoce como desapariciones forzadas.

Todo esto, en los días en que el mundo celebra 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Una cruel ironía.

Lo que muchos conocedores del drama guayanés sostienen es que debemos salir de la República extractivista, minera y contaminada para migrar a la Nación productiva y ecológica.

 

Fuente:https://es.aleteia.org/2018/12/10/el-crimen-de-canaima-y-las-victimas-de-las-mafias-depredadoras-del-ambiente/

Colombia

Fuerza Latina: Francia Márquez y su lucha contra la minería

Francia Márquez tuvo el valor de enfrentarse a la minería ilegal y a los impactos medioambientales que esta causaba en Colombia. En 2018 fue galardonada con el prestigioso Premio Goldman por su defensa del medio ambiente.

La líder afrodescendiente está amenazada de muerte. En Fuerza Latina nos cuenta cómo su lucha, a pesar de todo y junto con las mujeres de su comunidad, continúa. Tuvo el valor de enfrentarse a la minería ilegal y a los impactos medioambientales que esta causaba en Colombia. En 2018 fue galardonada con el prestigioso Premio Goldman.

Natalia Orozco conversa en Fuerza Latina con Francia Márquez, la tercera mujer colombiana a la que se le otorgó este premio ambiental, el reconocimiento más importante del mundo al trabajo comunitario de líderes ambientales que luchan por la defensa de sus territorios y sus actividades tradicionales. En 2014, la líder afrodescendiente organizó una marcha con otras 80 mujeres hasta Bogotá para luchar por sus derechos, logrando que el Gobierno colombiano devolviese las tierras a su comunidad y prohibiese la minería ilegal en La Toma y otras poblaciones de la zona norte del departamento de Cauca.

La marcha de las mujeres de Cauca se convirtió en un hito. Francia Márquez está amenazada de muerte pero, a pesar de todo y junto con las mujeres de su comunidad, su lucha continúa.

Fuente:https://www.dw.com/es/fuerza-latina-francia-m%C3%A1rquez-y-su-lucha-contra-la-miner%C3%ADa/av-46542631?maca=es-Facebook-sharing&fbclid=IwAR1O4VXbtb3e4nYNjh499zA8RdDTtYJhifWQ-s_Bcu2Vvgw84kSmxEfSfdU

Argentina

Después del G20, ¿minería a cualquier costo?

El G20 nos dejó la noticia de que, en algunos meses, Argentina tendrá importantes novedades respecto a la puesta en marcha de megaemprendimientos mineros, como Agua Rica en el departamento Andalgalá (Catamarca). El anuncio lo hizo el ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica. El caso de la minería de nuestro país está atravesado por la cuestión ambiental que, para algunos sectores, aparece sacrificada bajo el aspecto enfatizado, que sería siempre el económico y que, por supuesto, incluye la distribución de las ganancias. Precisamente, uno de los principales dilemas a resolver es que Nación es el socio “vivo” que se queda con la “tajada del león” sin importar qué pase en las comunidades mineras. ¿Qué cambió? Nada. Al gobierno central no le importa lo social o ambiental, solo que se mueva.

Sica en el G20: “En algunos meses tendremos novedades con Agua Rica”

“Existen grandes expectativas con respecto a proyectos que vienen hace varios años con distintos estudios y algunas demoras, como es Agua Rica (provincia de Catamarca). Pensamos que de esos proyectos quizás en los próximos meses podemos tener noticias importantes: son de fuerte inversión, generan fuerte presencia de empleo y cumplen todas las regulaciones que tienen que ver con las normas y la licencia social en cada una de esas provincias. Seguimos teniendo expectativas con respecto al desarrollo minero para los próximos años en Argentina, que será uno de los sectores que nos ayudará a aportar muchas divisas y poder solucionar nuestro déficit crónico en materia de comercio exterior”.

Agua Rica es “viable” con un “riesgo ambiental de muy bajas consecuencias”.

En relación con la experiencia minera en Catamarca, podemos arrancar diciendo que Alumbrera está agotada (la explotación a cielo abierto terminó y comenzó una minería subterránea incipiente en la zona). También sería bueno mencionar la ineptitud en la administración de Farallón Negro (yacimiento de oro y plata que –dicen- da pérdidas y apenas alcanza para pagar los sueldos cuando ambos metales tienen un alto valor en el mercado), por lo que el único megaproyecto explorado para poner en marcha es Agua Rica en la provincia de Catamarca. El Gobierno asegura que el proyecto es “viable” y que se puede tener una minería con un “riesgo ambiental de muy bajas consecuencias”. Aquí mismo va pegadita otra pregunta que tiene vital importancia en este asunto: quién será la “operadora” de Agua Rica. ¿Glencore, la misma que explotó Alumbrera y que absorbió a Xtrata? ¿Alguna otra? ¿Qué solvencia? ¿Qué seriedad? ¿Qué tecnología?

Oportunidad o ilusión óptica

Asimismo, los impulsores de poner en marcha Agua Rica manifiestan que es una nueva “oportunidad” para los andalgalenses, que no terminan de “ponerse de acuerdo” para “salir del pozo”. Sin duda, la explotación –o no- de este gran yacimiento minero involucra la decisión de toda la comunidad que -por esta razón- permanece divida. Los promotores de Agua Rica afirman que se tendrá que renegociar lo económico para que la plata no se la lleve Nación o la Provincia, y que debe ser significativo el porcentaje de ganancia que pueda volcarse en la comunidad más cercana al yacimiento (no solo cuánto dinero, sino dónde se invertirá el mismo).

Andalgalá está aislada. En este momento, se completa la ruta Andalgalá-Belén, ahora falta Andalgalá-Tucumán. Es una comunidad con muchos problemas. Dicen que el Gobierno nacional no tiene plata y que estaremos endeudados por muchos años, por lo que las promesas políticas se harán con base en los recursos de la minería que se viene: externalidades, responsabilidad social empresarial, regalías, ganancias, etc. Hasta aquí, usaron la plata para hacer política partidaria, menos para lo que se conoce como “desarrollo sustentable”.

“Participación social” es una cosa y “licencia social” es otra

¿Dónde está la punta del ovillo? La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio algunas pistas sobre cómo seguir. Se deberá hacer algo superador a lo que se hizo o se viene haciendo, que no era ni es suficiente. La Suprema Corte le da participación a la comunidad por el pedido o gracias a los ambientalistas. El tema es que, si la comunidad decide hacerlo, tienen que hacerlo bien. Concepto clave: la “participación social” es una cosa, y la “licencia social”, otra.

Fuente:https://www.elintransigente.com/politica/2018/12/5/el-60-de-los-problemas-de-las-pymes-los-genera-el-estado-527577.html

Colombia

Piden tumbar fallo que evita que consultas frenen proyectos extractivos

A la Corte Constitucional ya llegó una solicitud de nulidad contra la sentencia SU -095 de 2018 que determinó que las consultas populares no pueden detener los proyectos extractivos. La solicitud es de Dejusticia señalando que esta determinación va en contravía de lo ya ordenado por la misma Corte Constitucional.

Lo que dijo la Corte al resolver el conflicto entre la empresa petrolera Mansarovar Energy Ltda y el municipio de Cumaral, Meta, es que el subsuelo es del Estado y por ello, una consulta popular de los habitantes no podía detener a la empresa.

Para Dejusticia, “el Alto Tribunal no tuvo en cuenta en su análisis la existencia del artículo 33, de la Ley 136 de 1994, que establece que cuando haya proyectos que tengan la potencialidad de cambiar los usos del suelo y la vocación de un municipio, se deberá realizar una consulta popular”.

La sentencia le dice al Congreso y al Gobierno que se creen espacios de coordinación con las entidades territoriales y de participación ciudadana, pero aseguran, “Estas órdenes no son nuevas, pues en múltiples sentencias anteriores la Corte se había pronunciado en ese sentido”.

Y agregan: “señalamos que la Corte cambió, injustificadamente, su propio precedente y omitió el análisis de un asunto de relevancia constitucional. Consideramos que la sentencia SU-095 de 2018 se apartó de forma injustificada del precedente fijado en la sentencia de Pijao (T-445 de 2016), en donde había reconocido que las consultas populares sobre actividades del subsuelo estaban dentro de las competencias de los municipios”.

 

Fuente:http://caracol.com.co/radio/2018/12/05/judicial/1544042566_085927.html

Internacional

Wolframio, fosfatos, titanio: Ciudad Real sigue sumando proyectos de minería a cielo abierto

La minería extractiva de tierras raras en el Campo de Montiel se convirtió a mitad de legislatura en uno de los asuntos medioambientales más polémicos del Gobierno de Emiliano García-Page. La declaración de impacto ambiental fue negativa sin paliativos: el proyecto que quería llevar a cabo la empresa Quantum tenía graves afecciones a la flora y fauna de la zona y contó además con un gran rechazo ciudadano. Desde entonces, han aflorado en la provincia proyectos mineros de menor envergadura pero que también han sido contestados por los ecologistas en unos casos y por los ciudadanos en otros. ¿Para qué sirven? ¿Por qué se quieren construir? ¿Son “minería especulativa” o responden a la necesidad de impulsar el empleo y el desarrollo en zonas despobladas de la provincia de Ciudad Real?

La minería extractiva de tierras raras en el Campo de Montiel se convirtió a mitad de legislatura en uno de los asuntos medioambientales más polémicos del Gobierno de Emiliano García-Page. La declaración de impacto ambiental fue negativa sin paliativos: el proyecto que quería llevar a cabo la empresa Quantum tenía graves afecciones a la flora y fauna de la zona y contó además con un gran rechazo ciudadano. Desde entonces, han aflorado en la provincia proyectos mineros de menor envergadura pero que también han sido contestados por los ecologistas en unos casos y por los ciudadanos en otros. ¿Para qué sirven? ¿Por qué se quieren construir? ¿Son “minería especulativa” o responden a la necesidad de impulsar el empleo y el desarrollo en zonas despobladas de la provincia de Ciudad Real?

La inversión inicial de la sociedad empresarial en este paraje de Ciudad Real ronda los 30 millones de euros, una iniciativa para la que estima una producción anual de 500.000 toneladas de concentrado de wolframio y oro que podría llevar a convertirla en la explotación más importante de Europa de este mineral estratégico.

La mayor mina de Europa

El proyecto fue autorizado en diciembre de 2015 después de que comenzara a tramitarse en la anterior legislatura, y en agosto de 2016 recibió la primera concesión para la explotación minera. Cuenta también con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva y en abril de 2017 recibió además su calificación urbanística para la construcción de un acceso desde la carretera comarcal. Fue en este último trámite cuando la Consejería de Fomento ofreció algunos detalles de la iniciativa, entre los que destacó la creación de 175 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos. Para el Gobierno regional, según comenta el director provincial de Economía, Empresas y Empleo, Agustín Espinosa, es importante esta apuesta por la industria como “sector que posibilita la creación de empleo, el crecimiento económico y la fijación de población».

Hace unos meses se publicó la expropiación forzosa de los terrenos que albergará la mina, pero el proceso para su construcción se ha visto alterado por su suspensión cautelar después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha admitiera el recurso de uno de los propietarios de las fincas que tienen que ser expropiadas. Se trata de un trámite ordinario, pero con ello han arreciado las críticas que desde el pasado mes de enero ha ido aglutinando este proyecto. Al margen de las expropiaciones, Ecologistas en Acción presentó alegaciones contra la concesión de prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) instando no solo a que se negara esa moratoria, sino también a que se archivara el expediente administrativo. Los primeros motivos que expuso este colectivo se referían a la falta de agua, a los riesgos de contaminación y a la afección a fauna de “altísimo valor”, comparando además esta situación con la denegación de los permisos del proyecto de tierras raras en el cercano Campo de Montiel.

El Gobierno castellano-manchego niega este extremo. Agustín Espinosa resalta que la Consejería de Medio Ambiente es “muy escrupulosa” en estas cuestiones y que si la medición del impacto fue positiva es porque no existe ninguna afección ambiental. A partir de ese momento, la Junta considera que el proyecto debe seguir delante de la misma forma: “Cumpliendo con la transparencia y con todos los trámites previstos».

A unos 70 kilómetros de Abenójar se fragua por su parte la mina de fosfatos a cielo abierto de Fontanarejo, con una vida útil de 35 años. Entre sus numerosos componentes, la obtención de fósforo juega actualmente un papel esencial en la formación de semillas y el crecimiento de las raíces, es decir, un componente esencial en la agricultura, aunque también tiene otras propiedades de carácter industrial. Este proyecto recibió recientemente la Declaración de Impacto Ambiental positiva tanto para su explotación como para la planta de tratamiento del mineral.

El objetivo es obtener roca fosfórica que se comercializará en forma de concentrado. Ocupará más de 1.200 hectáreas y sería la única existente en la Unión Europea, ya que se trata de un mineral que actualmente se compra a otros países. En este documento también se apunta que la inversión sería de 3 millones de euros y que su construcción generaría unos 45 puestos de trabajo directos  y otros tantos indirectos, y sería una medida para combatir la despoblación.

La mina de fosfato, promovida por Alcudia Mining S.L. -que comparte domicilio fiscal con Minning Hill’s-, se ha planteado asegurando el «vertido cero» de aguas contaminantes que afecten a los recursos hídricos de la zona, para lo que se ha proyectado más de una decena de balsas para contener aguas ácidas, salmueras, precipitados de lodos espesados o lixiviados, entre otros elementos. Y otro dato: la necesidad total de agua en la explotación minera para cubrir todos los procesos y labores se ha estimado en 214.552 metros cúbicos al año.

La ofensiva ecologista también ha llegado hasta aquí, y sus últimas acusaciones se han dirigido directamente hacia el Gobierno de Castilla-La Mancha: consideran un “fraude” y un posible delito de prevaricación administrativa haber dado luz verde a esa DIA. En este caso, organizaron recientemente una marcha senderista reivindicativa desde Arroba de los Montes. La declaración de impacto considera que el territorio afectado por el proyecto no presenta una especial relevancia para la conservación de la fauna silvestre, a pesar de encontrarse a menos de 10 kilómetros del Parque Nacional de Cabañeros. Pero el colectivo apunta que se trata una zona de campeo y alimentación de buitres negros y leonados, águilas imperiales y perdiceras y cigüeña negra, zona de invernada de milano real y, lo que es más importante, una zona «recientemente recolonizada» por el lince ibérico, según el informe del año 2017 del programa Iberlince financiado por la Unión Europea.

«Un espacio geográfico de gran importancia ambiental»

Añaden que la zona afectada por la mina de Fontanarejo se encuentra en un “espacio geográfico de gran importancia ambiental”, considerado un importante corredor ecológico para especies en peligro de extinción como el lince ibérico, tal y como ha demostrado WWF en su informe sobre autopistas salvajes. El director provincial del Gobierno regional no lo ve así. Insiste que toda la tramitación, al igual que en el proyecto de wolframio, se ha realizado con “garantía de ley”. “Hemos estado y siempre estaremos comprometidos con el cumplimiento de las normas. Aunque un proyecto tenga beneficios económicos y genere empleo, si tiene afección ambiental, no sale adelante. Y si no lo tiene, sí. Actuamos con el mayor rigor”.

A estas dos iniciativas se suma una tercera mina a cielo abierto: la de titanio, zircón y turilo, entre Puebla de Don Rodrigo y Arroba de los Montes, es decir, también en el entorno de Cabañeros, y en esta ocasión su promotor es Explotaciones Mineras de Titanio. Las aleaciones de titanio se utilizan también en el ámbito industrial, principalmente en los aviones y también en helicópteros, blindaje, buques de guerra, naves espaciales y misiles.

Actualmente, su estudio de impacto ambiental se encuentra en información pública, un documento donde se recoge el objetivo de aprovechar estos recursos minerales en el yacimiento ‘Pochico’, ubicado en el monte público de Riofrío. El proyecto supone una inversión de más de 8 millones de euros y contempla la implantación de una planta mineralúrgica. El dato más significativo es que el área de extracción está a cuatro kilómetros por el oeste de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y propuesta de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Ríos de la Cuenca Media del Guadiana y Laderas Vertientes”.

La de titanio es la mina «mas compleja»

Agustín Espinosa reconoce que es “la más compleja” por el entorno en el que se encuentra y por otras muchas circunstancias. El estudio de la promotora incluye una inversión de unos 13 millones de euros y empleos directos para 70 personas. Insiste en que estos puestos de trabajo redundan directamente en los  términos municipales donde se ubican, pero deja claro que en el caso de este último proyecto aún no hay DIA y por lo tanto, no hay respaldo de la Administración regional. “Nunca pondremos una prioridad por encima de la otra”.

También se ha incluido esta mina en el listado de proyectos ‘non gratos’ de los ecologistas. Insisten en que ninguno de los documentos incorpora las consecuencias que ocasionarán en el conjunto en la comarca y en el corredor ecológico identificado, recordando que todos ellos se encuentran en un radio de 30 kilómetros poniendo como centro de gravedad la mina de Arroba.

“Estamos ante una oleada de minería especulativa, ideada para inflar las acciones de las empresas mineras y promover la compra-venta de derechos mineros. Las dimensiones de esta dinámica se han multiplicado con los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, a nivel autonómico, quienes han puesto toda la maquinaria administrativa al servicio de este ‘boom’ de la minería especulativa”, recalcan.

Concluye por su parte el Gobierno castellano-manchego que todos estos proyectos se encuentran en zonas con gran índice de despoblación y altos niveles de desempleo desde hace tiempo, y recuerda que la apertura de minas no es una novedad en la provincia. “Aquí hay una tradición minera. El hombre ha explotado la minería siempre, porque no es algo que se pueda deslocalizar. Es un área económicamente más deprimida y es necesario contar con recursos propios para la generación de desarrollo económico. Es algo que está aquí, y que siempre se ha hecho y se hará con garantías de protección al medio ambiente y con acuerdo a la ley”.

 

Fuente:https://www.eldiario.es/clm/Wolframio-fosfatos-Ciudad-Real-proyectos_0_843066432.html

Brasil

Danilo Chammas: «Con el Sínodo se está levantando el clamor de muchas comunidades perjudicadas por la minería»

El pasado 27 de noviembre, la ONG Justicia en los Raíles, (Justiça nos Trilhos por su nombre en portugués), recibía el recién creado Premio Derechos Humanos y Empresas, dotado con 50.000 dólares. El reconocimiento es fruto de un trabajo junto a los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes de los estados brasileños de Pará y Maranhão, para denuciar los abusos contra los derechos humanos y ambientales cometidos por empresas mineras y siderúrgicas, especialmente la multinacional Vale.

El premio fue concedido por la Human Rights and Business Award Foundation, siendo recogido por Danilo Chammas, abogado de Justicia en los Railes, en Ginebra, en el Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

Según Danilo Chammas, es un reconocimiento a las comunidades organizadas frente a los daños ambientales y las violaciones de los derechos provocados por la multinacional Vale. En esta entrevista se muestra preocupado, pues con el Presidente electo en Brasil, Jair Bolsonaro, se vislumbra «el aumento de las iniciativas de flexibilización de la legislación de protección al medio ambiente y la propiedad colectiva de las tierras de las poblaciones tradicionales», y aún más, que va a «poner fin a todo tipo de activismo».

El abogado destaca que «sentir a la Iglesia tan comprometida en estos frentes confirma, por un lado, la urgencia del enfrentamiento de las violaciones de la minería. Por otro lado, nos hace sentirnos menos aislados y más protegidos». En ese sentido, piensa que con el Sínodo para la Amazonía, «se está levantando el clamor de muchas comunidades a causa de los impactos de la minería», y espera que con él, la Iglesia «encuentre caminos eficaces y compromisos firmes para responder a este grito» .

Hablando sobre la Red Eclesial Pan-Amazónica – REPAM, con quien, Danilo Chammas dice que «nos sentimos aliados y compartimos relaciones de colaboración y un sentimiento de gratitud», afirma que «no es recomendable trabajar de forma aislada«. Él insiste en que «necesitamos fortalecer redes interdisciplinares, tejiendo relaciones … con el objetivo común de proteger la vida, la tierra, las aguas, las poblaciones excluidas», siguiendo la invitación del Papa Francisco.

¿Qué significa ese reconocimiento internacional ante la actual coyuntura política brasileña?

Así como declaré públicamente en la sede de la ONU, en Ginebra, en la ceremonia en que se dio el anuncio oficial acerca del premio, éste no significa sólo el reconocimiento del trabajo de la entidad Justicia en los Raíles, sino la actuación cotidiana de algunas de las comunidades, situadas en los municipios impactados por el proyecto Carajás, que, de manera organizada y pacífica, han tomado iniciativas por la responsabilización de las empresas y del Estado frente a las violaciones de derechos provocadas por las operaciones de las minas, ferrocarriles, puertos, industrias siderúrgicas, monocultivos a gran escala y otros emprendimientos allí instalados.

Desde la instalación del proyecto Carajás, es decir, hace más de treinta años, esas comunidades han sido víctimas de los daños ambientales y de las violaciones de derechos provocados por Vale SA y otras empresas que operan según una lógica extractivista y voraz, que favorece el lucro dde unos pocos y afecta a los derechos de muchas personas y el ambiente como un todo.

Las iniciativas extractivas se están intensificando. Las empresas mineras son parte del grupo de los principales partidarios del presidente electo, algunas declaraciones del presidente electo ya anticipan el aumento de las iniciativas de flexibilización de la legislación de protección al medio ambiente y la propiedad colectiva de las tierras de las poblaciones tradicionales. Eso nos preocupa mucho. La tendencia es que se fomente aún más el ritmo frenético e insaciable de extracción de minerales. Existe el interés de que se abran a la explotación incontrolada nuevas áreas que hasta el momento cuentan todavía con restricciones legales relevantes para su explotación, como las tierras indígenas, las unidades de conservación o las áreas de preservación permanente.

Las comunidades en las periferias de nuestro país se sienten cada vez más amenazadas por esos proyectos de expansión extractiva. Temen no ser consultadas o no tener su opinión considerada en lo que concierne a las decisiones sobre su futuro y sobre la gestión de sus territorios.

Por eso, un reconocimiento internacional tan importante – es la primera edición de este premio a nivel mundial – refuerza la importancia del trabajo de educación y de incentivo a la organización popular, confirma que las comunidades tradicionales, los campesinos, los habitantes de las periferias urbanas tienen voz y tienen derechos, sus llamamientos y denuncias pueden alcanzar visibilidad internacional, movilizar la solidaridad de otros pueblos e incluso provocar la constreñimiento de nuestro país y de las empresas que actúan en él ante la comunidad internacional.

¿Cuáles son los miedos que Justicia en los Raíles y las organizaciones que luchan por los derechos humanos sienten ante un gobierno que amenaza a quien defiende otra manera de entender la vida y la relación entre las personas y con el medio ambiente?

En los años pasados, sufrimos acciones de intimidación, espionaje, infiltración y procesos judiciales represivos. Brasil fue, en 2017, el país donde más defensores / as de derechos humanos, de la tierra y del ambiente fueron asesinados / as.

Estamos muy preocupados, porque el escenario que se abre para los próximos años puede empeorar. El presidente electo declaró en varias ocasiones recientemente que pondrá fin a todo tipo de activismo. Declaró además que aquellos que discrepan de las acciones de su gobierno deberán elegir entre la prisión y el exilio. El discurso de odio que se instaló durante la campaña electoral, y que persevera después de su término, se está convirtiendo en ataques violentos a personas pertenecientes a las minorías y a quienes defiende los derechos humanos, sin que haya investigación y castigo de los responsables, ni suficientes garantías de protección a las personas y organizaciones amenazadas.

La Ley Antiterrorista (Ley No. 13.260 / 2016), sancionada por la presidenta Dilma Rousseff, puede ser reformada en breve y con ello convertirse en un instrumento a disposición del Estado para perseguir integrantes de movimientos sociales y de ONG, que pueden ver reducido el espacio cívico y hasta perder el derecho a la libre manifestación. También acompañamos con atención la tramitación de otros proyectos de ley como el PL 10.010 / 2018, que propone penas altísimas y medidas administrativas bastante duras para lo que es categorizado como «crimen de esfuerzo posesivo colectivo». Además, nos preocupa el veredicto que el Supremo Tribunal Federal dará en el Recurso Extraordinario nº 806.339, con repercusión general reconocida, por medio del cual podrán ser establecidos criterios rígidos para el «previo aviso» prescrito en la Constitución de la República como condición para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en locales públicos (artículo 5º XVI de la CR/1988).

La Justicia en los Raíles y varias otras entidades que defienden el ambiente y los derechos humanos cuentan con una red consolidada de alianzas a nivel internacional que reconocen el valor de su actuación y el profesionalismo de sus integrantes.

Además del reconocimiento moral, el premio tiene una ayuda económica, ¿cómo puede ayudar en el trabajo de la Justicia en los Raíles?

Todavía no hemos decidido cómo invertir la ayuda económica que vendrá en los próximos días. Esto se hará en una de nuestras próximas asambleas. Todos los miembros de Justicia en los Raíles, sin embargo, concuerdan que este valor debe ser invertido directamente en favor de las comunidades con quienes trabajamos y que, como dijimos, son igualmente merecedoras de reconocimiento por su resistencia y valiente esperanza.

Justicia en los Raíles es una organización con inspiración cristiana, ¿cuál es su opinión sobre la postura de Iglesia católica en referencia a la cuestión de la minería?

Primero, agradezco a los Misioneros Combonianos, que hace poco más de diez años fundaron la Justicia en los Carriles, integrando en el amplio territorio del Corredor de Carajás el trabajo de varias otras entidades que ya actuaban en algunas regiones. Los Combonianos están también entre los creadores de la red ecuménica Iglesias y Minería, nacida en 2013, que aún hoy actúa con vigor y creatividad a nivel latinoamericano.

La Encíclica del Papa Francisco Laudato Si, en 2015, abrió nuevas perspectivas para todos nosotros. En mi discurso durante la premiación en la ONU destacé también eso, citando la encíclica y diciendo que nuestro trabajo se inspira en el paradigma de la Ecología Integral, por el cual entendemos que el medio ambiente es la relación que existe entre la naturaleza y la sociedad: todo está estrechamente interconectado.

Más recientemente, el año pasado, los obispos latinoamericanos publicaron una carta pastoral fuerte y valiente sobre el cuidado de la Casa Común, en la que hay muchas referencias a los daños provocados por la minería. Me sorprendió positivamente el ver que también en esta carta hay una breve referencia al trabajo de Justicia en los Raíles.

En el mes pasado, finalmente, Justicia en los Raíles consolidó la alianza con otro relevante actor de la Iglesia Católica: el Grupo de Trabajo sobre Minería de la CNBB (Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil), que organizó en el barrio de Piquiá, en Acailândia, Estado de Maranhão, un encuentro de la Iglesia en diálogo con las comunidades alcanzadas por minería en el norte y nordeste de Brasil.

Sentir a la Iglesia tan comprometida en estos frentes confirma, por un lado, la urgencia del enfrentamiento de las violaciones de la minería. Por otro lado, nos hace sentir menos aislados y más protegidos, pudiendo contar con un actor institucional y con su rica Doctrina Social.

¿Hasta qué punto el Sínodo para la Amazonía puede ayudar a tomar conciencia sobre la importancia de reflexionar sobre esas problemáticas?

Participé en una asamblea de escucha del Sínodo Especial para la Amazonía. Fue una experiencia fuerte de protagonismo popular, sobre todo de escucha de las comunidades que generalmente permanecen al margen y tienen menos posibilidades de hacerse oír, incluso por la Iglesia. Sé que en muchos rincones de la Amazonia se está levantando el clamor de muchas comunidades a causa de los impactos de la minería.

Espero que la Iglesia tome seriamente en cuenta estos gritos y, en el proceso del Sínodo, encuentre caminos eficaces y compromisos firmes para responder a este grito, que ya no puede esperar.

La REPAM es un instrumento que articula el trabajo en red en la Pan-Amazonia, ¿por qué es importante ese trabajo en red?

He seguido de cerca algunas de las iniciativas consistentes de la REPAM en el ámbito de la educación en derechos humanos, la sistematización de informaciones, la comunicación, la producción de conocimiento y la incidencia política ante organismos internacionales de protección de los derechos humanos. También la Justicia en los Raíles es una red. No es recomendable trabajar de forma aislada. El sistema que amenaza nuestros territorios es complejo, organizado a escala nacional e internacional. Así, nosotros también necesitamos interconectarnos, en varios niveles. Necesitamos facilitar el acceso de las personas a las instancias e instituciones locales, estatales, nacionales e internacionales que tienen el deber de defender los derechos de las comunidades, de responsabilizar a quienes los viola y de imponer medidas eficaces de reparación y de no repetición. También necesitamos fortalecer redes interdisciplinares, tejiendo relaciones por ejemplo entre el mundo de la investigación, la comunicación, las instituciones religiosas, con el objetivo común de proteger la vida, la tierra, las aguas, las poblaciones excluidas.

El Papa Francisco invita y desafía a la Iglesia a dialogar más con los movimientos y organizaciones populares. La Justicia en los Raíles está teniendo un diálogo muy intenso y fecundo con la Iglesia, con las diócesis de Maranhão y de Pará, y también con la propia REPAM, de quien nos sentimos aliados y compartimos relaciones de colaboración y un sentimiento de gratitud.

 

Fuente:https://www.periodistadigital.com/religion/america/2018/12/06/religion-iglesia-brasil-danilo-chammas-abogado-justica-nos-trilhos-sinodo-amazonia-clamor-comunidades-perjudicadas-mineria-derechos-humanos.shtml