Después de un largo proceso judicial y de un importante recorrido de acompañamiento, asesoría y fortalecimiento junto a las hermanas y hermanos awajún de la Comunidad Nativa de Supayaku (San Ignacio, Cajamarca), el día 10 de diciembre de 2018 (Día Internacional de los Derechos Humanos), el Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, volvió a expedir sentencia declarando FUNDADA la demanda de amparo interpuesta por Supayaku y su Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), contra el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Recordemos que el pueblo indígena awajún de Cajamarca está organizado en 2 comunidades: Naranjos y Supayaku. La delimitación política las ubica en distintos distritos (San José de Lourdes y Huarango, respectivamente) pero ambas pertenecen a la provincia de San Ignacio y, lo más importante, ambas habitan el mismo bosque amazónico y tienen como principal fuente de agua el río Chirinos.
En septiembre de 2013, el MINEM aprobó el Proyecto de Exploración Minera “Yagku Entsa” (Quebrada amarilla) de la empresa Exploraciones Águila Dorada S.A.C., ubicado en zona de cabecera de cuenca del río Chirinos que corresponde a la jurisdicción de Naranjos y, por ello, solo consideró a ésta como zona de influencia.
Desde una visión integral del territorio awajún, aprobar un proyecto minero exploratorio en base a acuerdos tomados solo con Naranjos, sin considerar en ninguna fase del proceso a Supayaku, cuando son las dos únicas comunidades awajún de la región que comparten el mismo bosque y sus recursos, resulta todo un despropósito; más todavía si la decisión viene del propio Estado peruano, representado por el MINEM.
En este proceso, el 2 de agosto de 2016 el Quinto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda en primera instancia, sin embargo, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de justicia de Lima en abril de 2017 la declaró nula, basándose en observaciones formales, señalando que el Juzgado no se había pronunciado sobre otros puntos incorporados por el MINEM en la contestación de la demanda, puntos que trataban sobre cuestiones secundarias. Por ello, a efecto de dar cumplimiento a esta disposición de la instancia superior, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima se ha pronunciado ampliamente sobre todos los puntos que son materia de la demanda y de la contestación de la misma.
Esta nueva sentencia de primera instancia, utiliza fundamentos claves como el que expresara el Tribunal Constitucional, en el año 2009, en aplicación del Convenio 169, estableciendo en su jurisprudencia que los “pueblos interesados” comprenden comunidades afectadas y colindantes, como sucede con Supayaku y Naranjos. Cabe resaltar que en esta nueva sentencia, como consecuencia de haberla declarado fundada nuevamente, el juez dispone la suspensión inmediata de los efectos de la Resolución Administrativa que aprobó el Proyecto “Yagku Entsa” en 2013, así como dispone la suspensión inmediata de las actividades de exploración minera, hasta que el MINEM tome medidas paradeterminar su viabilidad, previa aplicación del derecho a la consulta previa que le asiste a la Comunidad Awajún de Supayaku y a los pueblos indígenas que pudiesen ser afectados.
Como se recordará, FEDEPAZ ha defendido legalmente a la comunidad de Supayaku durante todo este proceso y ha acompañado los periodos de mayor tensión y agresividad que surgieron en su relación con su comunidad hermana, Naranjos; proporcionándoles herramientas para fortalecer sus capacidades de diálogo y de recomponer los lazos afectados por el conflicto socioambiental, a raíz del irresponsable actuar del MIMEM y la empresa Águila Dorada SAC.
Eso explica porque la incidencia sobre este caso emblemático ha sido permanente y articulada con diversos actores locales, regionales, nacionales e internacionales, en respaldo de la legítima oposición del pueblo awajún de Cajamarca a dicho proyecto minero, y de las denuncias sobre sus negativos impactos ambientales, sociales y económicos.
Al respecto, el equipo de FEDEPAZ expresa su satisfacción por este favorable resultado, después del largo camino para la comunidad de Supayaku. Se trata de un gran paso y precedente en la lucha y la defensa de los derechos colectivos del pueblo indígena awajún y de todos los pueblos originarios afectados por la minería en el Perú.
Gracias por difundir.
Lima,
Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/825-sentencia-da-la-razon-por-segunda-vez-a-la-comunidad-indigena-supayaku-en-proceso-de-amparo-contra-el-minem
Ante el anuncio de la empresa minera Candente Cooper en octubre del presente año respecto al reinicio de actividades para implementar el proyecto de exploración Cañariaco en territorio de la comunidad indígena San Juan de Kañaris, provincia Ferreñafe, región Lambayeque; la comunidad se viene organizando para desarrollar una estrategia que les permita que se respete la voluntad popular expresada en el 2012, en que el 95% de la comunidad le dijo NO al proyecto minero Cañariaco a través de una consulta popular realizado por la propia comunidad, según las declaraciones del presidente de la comunidad, Hermógenes Tantarico.
Subsecretario de Minería avala proyecto de extracción minera repudiado por comunidades indígenas
La minería a gran escala con uso de sustancias químicas es una actividad extractivista y contaminante que desplaza a las comunidades e impacta en la vida de las Mujeres incrementando la política de control sobre nuestros cuerpos.
Una incipiente ‘fiebre del oro’ de la minería en los fondos marinos podría provocar daños sin precedentes a los frágiles ecosistemas de aguas profundas.
Luis Francisco Quiroga, nuevo subsecretario de Minería, apoyó un proyecto minero por el que la Secretaría de Economía, de la que él es representante, está demandada. El amparo, promovido por una comunidad de Puebla, es por el otorgamiento de dos concesiones mineras para las que no se consultó a los pobladores.
Indígenas de Ixtacamaxtitlán se manifestaron frente del Palacio Nacional para reclamar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por el respaldo que dio el gobierno federal a la minera canadiense Almaden Minerals, a través de su subsecretario de minería, Luis Francisco Quiroga Fernández, el pasado 9 de diciembre.
Al fallar a favor de una demanda presentada por el senador Iván Cepeda junto con representantes de diferentes organizaciones sociales, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender los efectos de la resolución 484 del 2012, que había reabierto la ventanilla minera y permitido la concesión de títulos mineros en el país.
Para 60 de los 90 comunidades indígenas de Oaxaca, donde el gobierno federal asignó concesiones mineras, la actividad extractiva no representa una vía de desarrollo, afirmó el coordinador del Área de Derechos Territoriales de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Neftalí Reyes Méndez.
Brazil fue sede del VII Encuentro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL. Durante los días 7 y 8 de noviembre de 2018 en Minas Gerais, organizaciones socioambientales, comunidades afectadas por concesiones mineras y defensores de DDHH. Se concentraron para intercambiar experiencias, analizar y programar estrategias conjuntas ante el modelo extractivo minero. La cual, por urgencia notoria de la región en resistencia, se concluyó en el compromiso de impulsar y fortalecer las iniciativas populares de articulación y complementación de actividades entre los países presentes en defensa de la naturaleza y los pueblos.