Durante el 2017 se celebraron siete consultas populares todas alcanzaron el umbral y las votaciones contra el extractivismo vencieron la opción favorable por más del 95% en todos los casos.

Las Consultas Populares contra la minería y el petróleo han descubierto una ciudadanía crítica y propositiva que demanda escenarios de participación para tomar decisiones sobre su territorio, especialmente sobre la protección del agua y la naturaleza. También se han convertido en un instrumento de reafirmación identitaria alrededor de la tradición campesina y agraria de la región andina y llanera.

Los resultados son incontrovertibles, de nueve consultas realizadas, nueve han resultado victoriosas. Todas alcanzaron el umbral y las votaciones contra el extractivismo vencieron la opción favorable por más del 95% en todos los casos, e incluso superaron la votación de los alcaldes electos en 8 de los 9 municipios, exceptuando Tauramena. De las 9 consultas adelantadas, 7 se celebraron sólo en el año 2017; una bola de nieve de autonomía y democracia directa que se cierne sobre las locomotoras del “desarrollo” extractivista.

El gobierno, sin más recursos legales, optó por una salida: el presupuesto. En una interpretación sui generis que contradecía la propia conducta del Ministerio de Hacienda y de la Registraduría en las consultas populares celebradas con anterioridad, el gobierno alegó que las consultas de los niveles locales y departamentales debían ser financiadas por los propios entes territoriales. En la práctica, esta decisión política ataba el derecho fundamental a la participación a la disponibilidad presupuestal de los municipios.

 

Pero su jugada fue más audaz. Al presentarlo como un conflicto de competencia inhibió a los municipios de financiar a muto propio las consultas hasta tanto este conflicto no fuera dirimido, decisión que continúa pendiente en el Consejo de Estado. La Registraduría, no tuvo otra opción que solicitar a los alcaldes abstenerse de fijar fecha para celebrar las consultas populares que ya habían agotado todo el proceso que atraviesa las diferentes ramas del poder público: alcaldía, concejo municipal, tribunal administrativo. En la provincia del Sumapaz quedaron en vilo las consultas de San Bernardo, Pasca y Fusagasugá, y al menos otras 10 se encuentran pendientes a nivel nacional.

Ante esta situación, Territorios de Paz (TERREPAZ) una articulación de profesionales y colectivos de investigación, en coordinación con líderes y lideresas comunitarias de San Bernardo y Fusagasugá, elaboraron 2 acciones de tutela, una para cada municipio, que alegaron la violación del derecho a la participación y a la igualdad.

La primera en ser fallada favorablemente fue la de San Bernardo. En sentencia de segunda instancia del 15 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la interpretación hecha por el Gobierno del artículo 33 de la ley 1757 de 2015 según la cual esta norma le asignaría una responsabilidad fiscal a los municipios de financiar las consultas promovidas desde el nivel local.

El Tribunal concluyó que el factor económico no puede ser una traba para el ejercicio de los derechos ciudadanos, especialmente los que involucran el ejercicio de la soberanía  popular, y que la interpretación del Gobierno hace un “análisis sesgado  y restrictivo de las normas” que constituiría una limitante para el ejercicio de la democracia participativa, especialmente para municipios débiles económicamente, trasladando la decisión de la consulta popular de la autoridad pública al ordenador del gasto.

 

Sobre esas consideraciones, el Tribunal le otorgó 15 días a la Registraduría para solicitar al Ministerio de Hacienda los recursos para la consulta popular de San Bernardo. Y una vez hecha la solicitud, el Ministerio contaría con 10 días para girarlos.

El 15 de julio de 2018 el Juzgado 53 Administrativo de Bogotá llegó a la misma conclusión en relación con Fusagasugá y adoptó idéntica orden. El juez reafirmó que existiendo una tensión entre el derecho fundamental a la participación ciudadana y el principio de legalidad del gasto, en la ponderación el segundo debe ceder ante el primero.

No obstante, sólo hasta el 13 de agosto la Registraduría recibió una respuesta positiva del Director General del Presupuesto Público Nacional, aprobando los recursos necesarios para realizar las consultas populares de Fusagasugá y San Bernardo, y también la revocatoria de mandato del Alcalde de La Calera. Aunque la consulta popular del municipio de Pasca se encontrara en la misma situación que la de sus vecinos sólo que sin fallo de tutela, el Ministerio de Hacienda no le ha asignado recursos.

Los alcaldes de los 2 municipios sumapaceños, en acuerdo con las organizaciones promotoras, decidieron convocar a la ciudadanía para el próximo domingo 21 de octubre. Ese día, tras haber sido congeladas por más de un año a voluntad del gobierno, los habitantes de Fusagasugá y San Bernardo harán historia nuevamente y se darán cita para aprobar o reprobar las actividades de exploración/explotación petrolera y minera en sus territorios.

Recién se conformaron los comités de impulso que harán campaña por el “No”, su consigna es una apuesta ciudadana por la vida, la defensa del territorio y la vocación campesina, más allá de cualquier distingo político. El gobierno responde con la inclusión de un “mico” en el proyecto de Presupuesto Nacional 2019 que le daría piso legal a su posición frente al presupuesto de las consultas populares.

Impulsadas por los colectivos que han abanderado la defensa de la ecorregión del Sumapaz como Nuestro Páramo, Guacaná, Gusta Guchipas, Veeduría Ambiental y Tierra Libre, se esperan jornadas intensas de pedagogía en barrios y veredas, y los acostumbrados cierres culturales que envíen el mensaje de que cuando es el pueblo quien decide, el pueblo se alegra, canta, baila y hace fiesta. Las consultas son apenas un peldaño de una tarea más profunda, el ordenamiento comunitario del territorio es allí donde los conocimientos campesinos se ponen a prueba con las decisiones colectivas.

En el siglo de la democracia participativa, será un 21 de octubre cuando la gente del común le vuelva a decir a sus gobernantes: nunca más sin nosotras, nunca más sin nosotros ¡Agua sí, Petróleo No!

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-regreso-de-las-consultas-populares-articulo-814187

No es la niebla. Desde hace un tiempo el panorama es borroso en el complejo de páramos de Pisba, ubicado en la frontera entre los departamentos de Casanare y Boyacá, en el oriente de Colombia. Sus habitantes sienten que el gobierno nacional los puso en una gran disyuntiva: escoger entre su sustento o el agua. La intención de preservar y conservar el recurso hídrico llevó a que en 2015 se prohibieran las actividades mineras y la mayoría de prácticas agropecuarias en zona de páramo. La sensación para ellos es que eso significará, de facto, la obligación de abandonar sus tierras ancestrales.

La delimitación de Pisba, la única que falta de los 36 complejos de páramos colombianos, determinará en qué zona los pobladores pueden seguir trabajando normalmente. Anteriormente, hubo un proyecto de delimitación que cobijó a cerca de 6500 campesinos —y convirtió a Pisba en el páramo más habitado del país—, pero quedó aplazado por una acción de tutela que falló el Tribunal Administrativo de Boyacá el 9 de agosto de 2018. Ahora, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mads) tiene un año para definir nuevamente el área que será objeto de protección.

La línea invisible

Todo empezó hace poco más de un año, cuando unos contratistas del Ministerio de Ambiente llegaron a “socializar” el proyecto sobre la delimitación del páramo que estaba elaborando la entidad. José Lisandro Rojas, un líder de la comunidad del municipio de Tasco, los ayudó a convocar a los campesinos de la zona y a organizar diversos talleres. No llegaron a consultar, sino a comunicar: “Tal es la ‘nueva’ zona de páramo y, por ley, ahí no pueden volver a explotar la tierra”. “Nadie verificó dónde estábamos, dónde había potrero o ecosistema virgen; solo trazaron la frontera desde un escritorio”, cuenta José Lisandro, con el tono seco y tajante propio de esa región de Boyacá.

Básicamente les dijeron que montaña adentro de la carretera de la vereda Calle Arriba es páramo y que allá no podían dedicarse a ninguna actividad. No hay una línea natural geográfica de donde empieza el páramo. En algunas zonas el páramo está arriba de los 2900, en otras, sobre los 3100. En otros casos, la delimitación sigue la línea de una carretera. Una división aparentemente aleatoria que, como podría esperarse, tiene muy molestos a los oriundos de los 12 municipios que comparten este complejo de páramos: Chita, Gámeza, Jericó, Labranzagrande, Mongua, Pisba, Socotá, Socha y Tasco, en Boyacá, y La Salina, Sácama y Támara, en Casanare.

A José Lisandro le parece absurdo que consideren que su parcela hace parte del páramo. En sus dos hectáreas de tierra no hay frailejones, ni paja blanca, ni musgo, ni ninguna característica típica de este ecosistema. Su terreno, en la vereda Calle Arriba, se ve exactamente igual que el de sus vecinos al otro lado de la carretera: una parcela de pasto, otra de tierra negra revuelta por la papa recién cosechada y la vegetación propia de un bosque altoandino. Ellos pueden seguir cultivando sin problemas, pero él no.

Esta es la situación generalizada de muchos de los 6234 habitantes del páramo de Pisba. Allá llegaron sus ancestros hace más de 200 años a colonizar los valles de las quebradas que bajan de las montañas entre los 3000 y 3500 metros, cuenta Freddy Acevedo, otro poblador de la región. Desde entonces se vive de la minería de carbón, la ganadería y el cultivo de papa, amapola, maíz, habas, trigo y cebada.

Freddy, por ejemplo, ha pasado sus 33 años cultivando papa en su parcela, a unos 3100 metros de altura, en el municipio de Gámeza, Boyacá. Con este trabajo sostiene a su esposa y sus dos hijos, pero ahora teme que el gobierno lo obligue a irse. “No nos corrió la guerrilla, que estaba por todos estos lados —hubo dos tomas del municipio en 1995 y 2000—. Y ahora es el gobierno el que nos va a sacar corriendo”.

A pesar de ese miedo, el desplazamiento de las personas no está contemplado en la norma. La reciente Ley de Páramos es clara en que las únicas prohibiciones sobre la zona protegida serán las actividades de minería, la construcción de infraestructura, la quema y disposición final de residuos, la fumigación y el uso de maquinaria para actividades agropecuarias. La pequeña agricultura será posible, pero dependerá del Plan de Manejo Ambiental que expidan las corporaciones autónomas regionales (CAR) sobre la zona. En este caso Corpoboyacá y Corporinoquia.

Pero, de todas formas, el rumor que corre entre los pobladores del páramo es que los van a desalojar, de una manera u otra. El mismo alcalde de Gámeza, Édgar Cruz, lo asegura: “Sí va a haber expropiaciones porque si la gente no va a poder cultivar, cuidar un animal o explotar la parte minera, ¿de qué va a subsistir? Este tipo de resoluciones, obviamente, va a obligar a que la gente abandone sus parcelas. En Bogotá, el senador ponente del proyecto, Luciano Grisales, lo que nos dice es que la delimitación se hace porque se hace. ‘Así nos toque meter el Esmad’ (grupo especial de la Policía colombiana que opera en manifestaciones, protestas y disturbios)”, asegura.

Ahora, la preocupación del alcalde Cruz es que las autoridades ambientales no aprovechen los 11 meses extra que les dio el Tribunal Administrativo de Boyacá para consultar la delimitación con los habitantes. Ya ha transcurrido un mes y aún no ha tenido contactos con el ministerio. En teoría, el 10 de septiembre la cartera terminó el cronograma de actividades para la nueva delimitación, y así lo presentó a los medios de comunicación. Pero aún no se conocen los detalles y el alcalde Cruz niega haberlos recibido. Semana Sostenible y Mongabay Latam contactaron al Ministerio de Ambiente para conocer más detalles sobre el proceso, pero no hubo respuesta.

Ante la falta de claridad, los rumores en la zona vuelan. “A este ritmo, va a haber una explosión social”, dice José Lisandro.

¿Por qué no consultaron?

 

El 26 de mayo, el Mads publicó el proyecto de resolución con el que delimitaba el páramo de Pisba, apegándose en su totalidad a la línea que trazó en 2013 el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt a escala 1:100.000. Pero, Carlos Sarmiento, exinvestigador del instituto y quien coordinó la recolección de estos insumos, explica que se pensó como una sugerencia para el gobierno, no algo definitivo.

“Para el Humboldt, la delimitación era una decisión más política que técnica, ya que se puede hacer por diferentes variables: se podría reconocer lo que queda de vegetación de páramo, y posiblemente limitar su capacidad de recuperación y de abastecimiento de agua, o delimitar lo que debería ser páramo, y terminar afectando a un montón de gente”, señala Sarmiento.

El instituto optó por esta última opción, consciente de que en 2002 el ministerio había emitido una resolución en la que reconocía como zona de páramo todo lo que alguna vez lo fue, incluyendo el terreno transformado. Además, según Carlos Sarmiento, el proyecto ‘Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos: páramos y humedales’ que reportaron al gobierno debían ser solo una guía. En otras palabras, la intención era delegarle al ministerio la decisión política de integrar o no los factores sociales.

Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 dejó escrito que se debían seguir los criterios del Humboldt y que cualquier cambio de rumbo en la línea debía estar plenamente sustentada científicamente. “En la práctica, le dijeron al ministerio que se limitara a los insumos que ya había trazado el Instituto”, explica Sarmiento. De ahí que la delimitación pase actualmente por muchos lugares a 2900 metros de altura, en zona de bosque altoandino y por predios como los de Freddy y José Lisandro.

Arriba en el páramo

 

Mientras tanto, entre los 3400 y 3600 msnm, donde se empiezan a ver las primeras muestras de páramo virgen y algunos frailejones de hasta 90 centímetros de altura, se sigue apreciando una degradación del ecosistema.

Esto sucede, en parte, porque la delimitación quedó en veremos. El fallo de la acción de tutela alargó un año más la prohibición de la minería. No por nada fueron los empleados de una gran minera multinacional, Bulk Trading, quienes presentaron la tutela ─mecanismo legal que busca proteger los derechos fundamentales de los colombianos—. Hoy, muchas mineras siguen operando en la vereda El Mortiño del municipio de Socha, “arrojando todas las aguas residuales a la quebrada El Tirque”, dice Campo Elías Rodríguez, profesor de la vereda y activista ambiental.

En 2017, Rodríguez presentó por medio de la Defensoría del Pueblo una acción popular que logró cerrar una mina de la empresa Carbones Andinos y con la que el Tribunal Administrativo de Boyacá exhortó al Mads a delimitar el páramo en escala de 1:25.000 (más detallada que la actual 1:100.000) para diciembre del año pasado. Pero el ministerio no cumplió con esa fecha, y ahora, “por las acciones de las empresas mineras, que han engañado a la gente diciendo que los van a sacar, reversaron ese mandato”, cuenta.

Mientras tanto, Rodríguez asegura que empresas mineras siguen explotando carbón a solo un par de metros de la laguna de Socha y echando su aguas residuales a la quebrada El Tirque. Hernando Bello, socio de Agrocoal, una de ellas, se defiende diciendo que “la gente es envidiosa. Muchos dicen que estamos pinchando acuíferos y contaminando el agua, pero nada que ver, acá el agua que se infiltra es muy poca”.

Como sea, las aguas de El Tirque, de las que se surte el acueducto del municipio de Socha, muestra el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano más alto de la zona y el segundo más alto de Boyacá, según datos de 2016.

Malos manejos

Muchos campesinos que viven en lo más alto de Pisba siguen sacando su ganado a pastar en zonas de páramo virgen. Son pocos los que, como Carlos Márquez, tienen la opción de poner sus 400 hectáreas a la venta e irse a trabajar debajo de la línea de páramo —aunque no hay cómo, ya que ante la eventualidad de una delimitación, nadie quiere comprarlas. Él espera, al menos, tres millones por hectárea, pero la venta no sale ni por ese precio—.

Márquez sabe que la única opción es que las compre el Estado. Esto es, de hecho, lo que piden muchos de los dueños de páramo virgen. Si no se puede tocar la tierra, que el municipio se encargue de ella y les reconozcan su valor.

“Uno no entiende, si no se podía vivir acá, para qué pusieron escuelas en el páramo (hay dos), y para qué nos pusieron luz, y sin que lo pidiéramos siquiera”, cuenta Camilo Cruz, otro habitante de la vereda de Santa Bárbara, en Tasco.

Una vez degradado el ecosistema de páramo, este puede tardar mucho en recuperarse. Depende de la zona, la intensidad y el tipo de explotación, dice Carlos Sarmiento, pero, en general, “allá los tiempos de recuperación son muy diferentes. La actividad minera en el páramo de Chingaza finalizó en los años setenta, y hasta hoy la recuperación de la zona es apenas un paquetico de musgo pequeño. Nada que ver con lo que era. Y eso es poco; en algunos casos, el daño es irreversible”.

Educar más que prohibir

Lo extraño es que la mayoría de campesinos entienden que la delimitación sí se debe hacer, pero insisten en que debe hacerse con la comunidad. “Acá ha cambiado la cultura. Antes la gente llegaba y tumbaba frailejones para hacer potrero. Ya no. Uno quizás no es el más consciente, pero sí entiende un poquito, y sabe que si cuida la fuente de agua eso lo va a beneficiar”, dice Martín Salamanca, administrador de una finca en la vereda Daita, en Gámeza.

En el municipio de Tasco, por ejemplo, los grupos ambientalistas montaron hace dos años un paro en la vía para sacar a la minera Hunza Coal por explotar en el páramo. Mauricio Reyes, uno de los manifestantes y hoy concejal del municipio, cuenta que lograron, “a punta de quejas a Corpoboyacá y visitas a medios, que las autoridades al fin se atravesaran”. Y en Socha está el caso del profesor Campo Elías Hernández como muestra de que en la zona cada vez hay mayor conciencia medioambiental.

Para Carlos Sarmiento, las cosas van por buen camino: la Ley de Páramos, como el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá, sugiere la necesidad de ayudar a cambiar poco a poco el modo de vida de los campesinos. Eso sí, “el manejo tiene que ser diferencial. Debe haber una zonificación que reconozca unas áreas de conservación estricta, pero otras de uso sostenible”.

En ese sentido, el concejal Mauricio Reyes asegura que “se puede hacer un cambio de actividad productiva, lo que no se puede es que sea de un día para otro. Tiene que ser con apoyo técnico del Estado”. Reyes está a la espera de ver “qué se inventa el gobierno”. Eso sí, para él, la cosa no se logra mientras el Estado quiera solucionar el problema detrás de un escritorio, sin meterse la mano al bolsillo para apoyar la reconversión productiva de los campesinos y sin meterse los pies en las botas, para recorrer la región de principio a fin.

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/09/paramo-de-pisba-problema-social-colombia/