Francia Márquez, premio Goldman a la defensa del medio ambiente, lidera la movilización de las comunidades afrodescendientes de Colombia que rechazan el extractivismo minero
Habla Francia Márquez (36 años), la mujer que ha puesto en jaque laminería ilegal de Colombia, y es como si lo hiciera un personaje deLas venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Esta joven afrocolombiana, descendiente de personas esclavizadas, es la ganadora del premio Goldman 2018, prestigioso galardón que reconoce a los defensores de la Naturaleza. En un encuentro con periodistas, denuncia el asedio a las comunidades del suroeste de Colombia que se resisten a la presión minera. Resumimos sus palabras.
¿Qué está pasando con la minería de oro en Colombia?
Desde el 2008, ha irrumpido la minería a gran escala. Se han otorgado títulos de explotación minera en nuestro territorio, lo que ha hecho que comunidades como La Toma, que es la mía, haya estado en riesgo de desplazamientos forzados por la concesión de estos títulos mineros.
¿Y qué han hecho?
Pedimos amparo administrativo para evitar ese desalojo en el 2009. Nos hemos organizado para evitar ser desplazados, pero hemos tenido una presencia exagerada de actores armados en el departamento de Cauca, habitada por indígenas y afrodescendientes. El conflicto armado nos ha afectado de manera enorme. Ocurre no sólo en Cauca, sino en toda la región del Pacífico.
¿Cómo empezó el conflicto?
se ha promovido la idea de que Colombia es un país para la minería; eso ha generado un conflicto socioambiental. La minería ilegal se ha disparado. En el 2014, hicimos una marcha hasta Bogotá para denunciar que la minería ilegal que la minería había llegado a nuestro territorio; pero nadie había parado las retroexcavadoras. En ese momento, en nuestro departamento había 2.000 excavadoras trabajando en la minería.
¿Qué consecuencias ambientales se han ocasionado?
El mercurio contamina el agua que bebe la gente. La población está consumiendo agua que tiene entre 50 y 1.000 partículas de mercurio por millón, y esto es un genocidio. Este es el departamento donde nacen la mayoría de ríos del país. En nuestro país 80 ríos están envenenados con altos niveles de mercurio. Se ha desarrollado un movimiento muy fuerte en favor de la defensa del territorio y del medio ambiente y para reivindicar los derechos básicos en una región muy olvidada.
¿Cómo ha influido este conflicto en su comunidad?
La comunidad se ve amenazada por la contaminación del agua y por el desplazamiento forzado debido a los conflictos armados por las disputas territoriales de recursos y de recursos en el hábitat propio de ecosistemas que compartimos quienes vivimos en esas zonas. En ellas, la presencia del Estado no llega con suficiente contundencia para los pobladores de las regiones más apartadas, donde el desplazamiento forzado se produce por esa contienda.
Usted fue la dirigente de esa movilización…
Las mujeres del norte del Cauca hicimos la movilización para evidenciar los conflictos sociales y ambientales de la minería. Mucha gente estaba muriendo en la mina, sepultados por los aludes de tierra que se caían. Además, alrededor de las minas se estaba promoviendo prostitución, a veces con menores de edad. Por eso, decidimos salir a defensa de la vida y del territorio. Tras un mes llegamos a Bogotá. Entramos en el Ministerio de Interior, nos dijeron que éramos una amenaza para la seguridad nacional. Les dijimos que pagamos impuestos y que veníamos a que nos cuidaran.
¿Qué está pasando ahora?
Hay una gran resistencia en las comunidades. Pero los conflictos han acabado con el asesinato masivo de líderes y lideresas los últimos años. Se estigmatiza a las comunidades vinculándolas a la guerrilla, con lo que hay gente que acaba siendo asesinada; se justifican así el asesinato.
¿La ley reconoce los derechos de su comunidad?
Nuestros ancestros fueron traídos en condiciones de esclavitud en 1636. Pero sufrimos un racismo estructural. La Constitución reconoce que este es un país con una diversidad étnica y cultural; pero la ley de 1993 (que reconoce la comunidad afrocolombiana) no ha sido plenamente implementada. No obstante, la Corte ha reconocido el derecho a ser consultados de manera previa; por eso, ordenó suspender varios títulos mineros que se habían entregado a empresas multinacionales
¿Y qué dice el Gobierno?
Hay convenios internacionales de comercio y, al ser suspendidos los títulos mineros, las empresas demandan al país. Pero son convenios hechos sin consultar a los pueblos. Eso para nosotros es un amenaza. Quieren suspender el derecho fundamental a la consulta previa.
Se nos acusa de oponernos al desarrollo.Queremos vivir donde siempre hemos vivido. Pensamos en el buen vivir, en preservar el medio ambiente para las futuras generaciones del país.
¿Puede moverse con seguridad, teme por su vida?
Tengo un esquema de seguridad de dos personas. Soy madre cabeza de familia, tengo dos hijos, y no ha sido fácil para mi familia asumir parte de esta lucha. Me tocó irme a la ciudad hace tres años y, aunque he vuelto alguna vez, no me puedo quedar a vivir allí. Soy una mujer afrocolombiana y eso implica que nos ha tocado luchar. Pero todo esto empezó desde que mis ancestros fueron esclavizados. Quisiera que a la próxima generación no le toque luchar, sino disfrutar de la vida.
Fuente:https://www.lavanguardia.com/vida/natural/20181002/452133996802/francia-marquez-premio-goldman-2018-contaminacion-mineria-colombia.html
La empresa Pan American Silver fue señalada por los proveedores de mineras de la provincia de Santa Cruz como una empresa que se lleva todos los recursos y no deja nada.
Comunidades de Chiapas y Puebla lograron frenar cuatro importantes proyectos mineros a los que venían oponiéndose desde el año 2015 por considerar que violaron sus derechos al no ser consultados cuando se otorgaron las concesiones.
Organizaciones de cinco países latinoamericanos presentan el informe alternativo “Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China desde Sociedad Civil: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú”, que demuestra que China incumple, de manera sistemática, la obligación de “respetar, proteger y cumplir los derechos humanos” en 18 proyectos financiados y construidos por instituciones chinas. El informe alternativo es una contribución para el Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de la República Popular de China, que tendrá lugar el próximo 6 de noviembre en Ginebra. Esta suscrito por 21 organizaciones sociales y fue presentado a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, para evaluar si la República Popular China cumple con una serie de convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos en otras latitudes. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió el día de ayer, 1 de octubre, denuncias de mineros de Perú, que sufren enfermedades porque su organismo tiene una concentración de metales pesados por encima de los estándares normales debido a su trabajo. A la fecha no han recibido respuestas de parte de las empresas: Antamina y Yanacocha donde trabajaron.
La Misión de Observación Electoral (MOE), denunció un posible ‘mico’ que se habría metido a última hora en el presupuesto general de la Nación. Se trata de un artículo que dictaminaría que las consultas populares serán financiadas por los municipios y departamentos y no por el Gobierno y la Registraduría, hecho que para la MOE, podría acabar con este mecanismo democrático.
En Brasil, las comunidades indígenas están luchando por sus tierras frente a la amenaza de las grandes empresas, la minería y la destrucción del medio ambiente. En algunos casos, su propia supervivencia está en juego.
El proyecto minero afecta a la Z.E.C. Sierras de Alor y Monte Longo, a la que fracturará en dos zonas aisladas, arruinando su equilibrio ecológico y convirtiendo un paisaje extraordinario en una zona devastada.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley No. 9 de 1997, por la cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A., ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Como era de esperarse, la Cámara Minera de Panamá y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura han salido a la palestra pública señalando que la ley es inconstitucional, más no el contrato. Eso no nos sorprende en lo absoluto, pues dichos gremios tienen como norte la promoción de los negocios y la inversión. Sin embargo, tenemos al ministro de Comercio e Industrias que velozmente se reúne a puerta cerrada con el sector minero y publica un comunicado mediante el cual señala que el fallo solamente afecta la ley declarada inconstitucional, más no el contrato, resaltando que es prioritario defender la seguridad jurídica de la inversión. Con igual opinión y rápidamente se manifestó el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, desconociendo con ello su deber básico e irrenunciable como servidores públicos de cumplir y hacer cumplir la ley.
Indígenas nahuas de la Sierra Norte de Puebla ganaron un amparo que ordena el alto de actividades por parte de tres concesiones mineras ubicadas en los municipios de Tlatlauquitepec, Yahonoahua y Cuetzalan, resolución que, además, sienta un precedente para otras causas similares en el territorio poblano, según información confiada por indígenas consultados.