Argentina

Taller frustrado de Asijemin sobre procesos mineros

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN), había programado un taller informativo sobre “Procesos productivos mineros potenciales de la Provincia de Chubut” para el día de hoy, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A dicho taller, invitó a los legisladores provinciales y sus asesores, cubriéndoles los gastos de traslado correspondientes. Sin embargo, los diputados no asistieron pero sí lo hicieron los  jóvenes pertenecientes a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Chubut en CABA para expresar su oposición a la actividad minera.

El sindicato ASIJEMIN, había programado un taller informativo sobre “Procesos productivos mineros potenciales de la Provincia de Chubut” para el día 4 de octubre del corriente año, a las 10 hs. en el Círculo Italiano de Buenos Aires (CABA). El interés superior del mismo, era seducir a los diputados provinciales para habilitar la actividad minera, ya que deben lograr los votos necesarios para la aprobación del proyecto de zonificación que está en estado parlamentario en la Legislatura.

Para garantizar la presencia de los legisladores en el mencionado taller, en el cual se abordarían temáticas técnicas y específicas de la actividad, los organizadores hicieron llegar a cada uno de los 27 diputados del Chubut invitaciones especiales para ellos y sus asesores con todos los gastos de traslado incluidos. Esta situación, fue denunciada por el Diputado Albaini en la última sesión del 27 de septiembre.

No sabemos cuales fueron los motivos por los que cada diputado decidió no asistir, si fue el conocimiento responsable de las implicancias de la actividad minera que los ubica en una posición contraria a su desarrollo, si es que aprueban habilitarla sin necesidad de más argumentos, si es que se consideran ya en campaña y su presencia podría perjudicar sus intereses políticos; lo cierto, es que no se contó con la presencia de ningún legislador provincial y el taller informativo quedó frustrado.

Sin embargo, los que asistieron al lugar donde iba a desarrollarse la actividad fueron los jóvenes pertenecientes a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Chubut en CABA con el objetivo de expresar de una manera creativa e ingeniosa su oposición a la megaminería y visualizar la lucha provincial de las asambleas.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42044-taller-frustrado-de-asijemin-sobre-procesos-mineros

Latinoamerica

El Consejo de DDHH de la ONU evaluará si el gobierno chino ha exigido a sus empresas el respeto a los derechos humanos en los países que operan

Organizaciones de cinco países latinoamericanos presentan el informe alternativo “Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China desde Sociedad Civil: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú”, que  demuestra que China incumple, de manera sistemática, la obligación de “respetar, proteger y cumplir los derechos humanos” en 18 proyectos financiados y construidos por instituciones chinas. El informe alternativo es una contribución para el Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de la República Popular de China, que tendrá lugar el próximo 6 de noviembre en Ginebra. Esta suscrito por 21 organizaciones sociales y fue presentado a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, para evaluar si la República Popular China cumple con una serie de convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos en otras latitudes.

 

El financiamiento chino se ha tornado en un factor determinante para la vigencia de los derechos humanos de los pueblos latinoamericanos. Entre el 2009 y 2017, los préstamos chinos a la región alcanzaron U$145 mil millones, sobrepasando los del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Al 2017, la inversión directa china alcanzó un acumulado de US$ 113.6 mil millones. Tanto los préstamos como la inversión directa china se han concentrado en la construcción de infraestructura energética y de transporte  y en proyectos de extracción de recursos naturales, ambos sectores ambiental y socialmente sensibles. “Estas tendencias se van a profundizar en el futuro, dado que China ha comprometido millonarios fondos para la región y que conjuntamente con los gobiernos, China ha acordado una serie de compromisos de inversión”, sostiene Marco Antonio Gandarillas del Centro de Documentación e Información de Bolivia.

 

Después de casi 10 años de haber experimentado una ola masiva de financiamiento chino en América Latina, cabe preguntarse: ¿Qué consecuencias ha tenido este financiamiento en la vida de las comunidades donde se desarrollan los proyectos? Para María Marta Di Paola de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en Argentina, “los resultados encontrados son devastadores tanto por los daños a las comunidades locales como a la naturaleza”.

 

El informe estudia 18 proyectos, de ellos siete pertenecen al sector minero, seis al petrolero y cinco son hidroeléctricos. “El hecho de que 12 de estos proyectos se encuentren en la región amazónica, 15 en territorios indígenas, 11 en áreas protegidas naturales, y cinco en áreas declaradas patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, demuestra una falta de compromiso de China con el ambiente y el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la región”, sostiene Di Paola.

 

“Las empresas y los financistas chinos han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas de muchas formas. La presencia china sólo ha traído más destrucción y tristeza justamente a quienes debemos la protección de los bosques que todavía están en pie”, señala Karla  Sessin del Colectivo Proteja Amazônia en Brasil. En el caso de la hidroeléctrica de São Manoel en Brasil operada por China Three Gorges, se han destruido dos espacios sagrados de fundamental valor cultural para los pueblos indígenas Munduruku, Kayabi y Apiaka. Mientras que en Bolivia y Ecuador tres pueblos indígenas en aislamiento están siendo amenazados por las operaciones de China Petroleoum Corporation Company, Sinopec y China National Petroleum Corporation.

 

En tanto, las represas Santa Cruz en Argentina con una inversión de U$ 4.7 mil millones (la más grande inversión china fuera de China en el sector hidroeléctrico) se construirá en la Patagonia, lugar donde se encuentra la mayor concentración de hielo (fuera de la Antártida) en el hemisferio Sur. En Perú, donde las empresas chinas dominan la extracción minera, las comunidades afectadas por la operación de China Minmetals Corporation en Las Bambas han vivido, por más de dos años, bajo repetidos estados de emergencia sin poder ejercer sus derechos a la libre asociación, libre tránsito y libre expresión. Los estados de emergencia también han sido medidas populares en los proyectos chinos en Ecuador y Brasil. Lo que dejó un triste saldo de media docena de personas fallecidas en los enfrentamientos con militares y policías en Ecuador y Perú; así como centenares de personas criminalizadas por la defensa de sus derechos.

 

Para Sofía Jarrín del Centro de Derechos Económicos y Sociales en Ecuador “la cooperación bilateral no puede darse a expensas de los derechos humanos y ambientales de las comunidades a quienes justamente se pretende servir con los proyectos.” Jarrín explica que según los principios de derecho internacional en materia de derechos humanos “China está obligada a respetar  los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas por sus inversiones en donde quiera que se encuentren”.

 

“Las empresas que han invertido en nuestros países se han aprovechado de la debilidad de leyes nacionales y de la complacencia de los gobiernos de turno. Pero al fin del día, en el contexto global, la responsabilidad no es sólo de esas empresas o de los gobiernos nacionales, sino también de los Estados a los que responden esas empresas. Es por ello que el EPU de China es una oportunidad crítica para que China nos escuche, asuma responsabilidad y cambie”, señala Julia Cuadros, miembro del Consejo Directivo de CooperAcción en Perú.

 

Finalmente,  el informe sostiene que China debe: (i) incorporar los principios, convenios y tratados de derechos humanos en sus estrategias, políticas, planes y proyectos de inversión en América Latina, y establecer mecanismos que garanticen su implementación; (ii) ratificar el Convenio 169 de la OIT; (iii) realizar exámenes de debida diligencia en derechos humanos durante todo el ciclo del proyecto; (iv) establecer medidas de acceso a la justicia y la reparación de las víctimas; y (v) abandonar los proyectos en que se siguen violando leyes nacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos.

 

Para el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente-CICDHA- la “relación ganar-ganar y la cooperación Sur-Sur entre China y América Latina, por el momento, están sólo en los discursos de los políticos”.

 

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

Para más información: http://chinaambienteyderechos.lat/

El Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) está integrado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES, Ecuador), Centro de Documentación e Información de (Bolivia), CooperAcción (Perú), y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Argentina) y el Colectivo Proteja Amazônia (Brasil).

 Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-consejo-de-ddhh-de-la-onu-evaluara-si-el-gobierno-chino-ha-exigido-a-sus-empresas-el-respeto-a-los-derechos-humanos-en-los-paises-que-operan/

Colombia

Comunidades de todo el país protestan por su derecho a la consulta popular

Llegaron desde todos los rincones de Colombia. A eso de las 12:30 del mediodía del 2 de octubre, 47 campesinos, vestidos con cascos amarillos y camisetas que decían “Anglo Gold Ashanti”, rodearon con una cinta amarilla la cara del Palacio de Justicia que da a la Plaza Bolívar.

Antes, Renzo Alexander García, el vocero del Movimiento Nacional Ambiental, y otros integrantes de esa organización, les daban instrucciones a los delegados de más de 100 organizaciones ambientales, sociales y campesinas que organizaron el acto simbólico.

-Tienen que mostrarse serios, rígidos, dar la señal de que nadie puede pasar-, les decían.

Estaban nerviosos. Para muchos era la primera vez que abandonaban la protesta tradicional, con arengas y pitos y palmas y otros cuerpos cercanos marchando, para pararse solos en el centro de Bogotá y denunciar lo que para ellos es la captura del poder legislativo por parte de las empresas mineras y petroleras.

“Hoy hemos hecho un encerramiento simbólico del Palacio de Justicia y de la Corte Constitucional, demostrando que esa Corte se encuentra capturada por el poder corporativo y los intereses tras nacionales. Vinimos a denunciar que el sector extractivo es quien le están diciendo a la corte que reviertan los derechos fundamentales de los colombianos para favorecer a los intereses particulares”, dijo Renzo García.

Su protesta tenía tres destinatarios específicos: los magistrados Alejandro Linares, María Cristina Pardo y Diana Fajardo. Para los líderes ambientales, los tres deberían declararse impedidos, pues tienen vínculos con el gremio minero y petrolero, o ya se han manifestado en contra de las consultas, dice García.

Y es que la Corte hoy estudia una tutela que podría frenar de un tajo la ola de consultas populares que se oponen a proyectos mineros y petroleros en el país, y que inició con Cajamarca. La tutela, interpuesta por Mansarovar Energy, le exige al estado que le cumpla el contrato para explotar petróleo en Cumaral, que el año pasado, a través de una consulta, le dijo NO al petróleo. Todo el gremio minero -incluido el Ministerio de Minas- respaldan a la empresa.

El actual presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, fue vicepresidente jurídico de Ecopetrol hasta 2015, cuando la llamada “puerta giratoria” lo llevó hasta la Corte.

Apenas en junio del año pasado, en una intervención en el Congreso Nacional de Minería, Linares dijo que, en temas de conflictos entre derechos ambientales versus la explotación minera, “ con la nueva corte este va a ser un tema que vuelva a su cauce natural, en la medida en que la mayoría de los nuevos elegidos son copartidarios de Luis Emilio Sierra (ex senador conservador, promotor de un nuevo código de Minas). Son gente más sensata y menos progresista”.

Con los nuevos elegidos, Linares se refiere a las otras dos magistradas que los campesinos y líderes ambientales piden se declaren impedidas: Diana Fajardo y Cristina Pardo. “Diana Fajardo, desde la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, se manifestó una y otra  vez contra la capacidad vinculante de las consultas”, expresó García.

Por su parte, el vocero recuerda que cuando Pardo era secretaria jurídica de la Presidencia, desde el Palacio de Nariño se emitieron dos decretos que eventualmente el Consejo de Estado tumbó por violar derechos fundamentales:  el 2691 de 2014, en el que los municipios debían demostrar, en el lapso de tres meses, por qué no querían minería, y, de no hacerlo, se asumía como una aceptación de ese tipo de actividades en el territorio.

El segundo, emitido un año antes (934 de 2013) prohibía a las autoridades locales y regionales de establecer zonas excluidas de la explotación minera de manera permanente o transitoria. Ambos decretos, como cualquier otro, pasaron por la lupa y la aprobación de Pardo antes de que el expresidente Santos estampara su firma en ellos.

Pardo fue la encargada de redactar el fallo que, de ser aceptado, limitaría seriamente la capacidad de las tutelas de frenar la minería en los territorios. Tal como reveló El Espectador, su propuesta de fallo dice que las consultas populares deben tener en cuenta que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación, lo cual trasciende los intereses regionales y municipales. Mejor dicho: que lo que se decida en los municipios no puede interferir en los planes del gobierno central.

La propuesta de fallo, si bien reconoce que no hay otras vías legales para que las comunidades se opongan a estos proyectos, resuelve esa controversia dando dos años para que el Congreso expida esa regulación “de vital importancia ambiental y social para el país”. Así, si se aprueba, la consulta popular de Cumaral quedaría sin efecto y, de paso, todas las demás.

“Ellos insisten en una visión en la que plantean que el subsuelo es el estado. Pero es que el estado no solamente es el presidente y el ministro, ni las agencias ambientales y de minería, el estado implica esos sectores, pero también los alcaldes, los gobernadores, los concejales, los diputados y la ciudadanía. Nosotros también somos dueños del subsuelo, somos copropietarios del subsuelo, luego tenemos una voz y poder de decisión frente a estos proyectos mineros y petroleros”, dice Renzo García.

Hoy, reunidos en el Palacio de Justicia, los magistrados siguen estudiando la tutela, y decidirán sobre los posibles impedimentos de los tres magistrados. ¿Habrán escuchado los cánticos del lunes que les exigían “Consultas para tener voz”?

Fuente:http://blogs.elespectador.com/actualidad/el-rio/comunidades-pais-protestan-derecho-la-consulta-popular

Panamá

Minería a cielo abierto y el efecto de un fallo

‘EL FALLO ES UNA VICTORIA AMBIENTAL TRASCENDENTAL PORQUE RECONOCE QUE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO NO REPRESENTABA LOS MEJORES INTERESES PARA EL ESTADO’.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DECLARÓ INCONSTITUCIONAL LA LEY 9 DE 1997, QUE APRUEBA EL CONTRATO LEY DE MINERA PETAQUILLA, ¿CÓMO ANALIZA ESTE FALLO?

El fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la Ley 9 de 1997, entre el Estado y Minera Petaquilla, S.A., es una victoria ambiental trascendental porque reconoce que la suscripción del contrato no representaba los mejores intereses para el Estado, y señala que la Asamblea Nacional debió rechazar la aprobación del contrato porque claramente contravenía preceptos constitucionales y que no cumplía con las exigencias legales contenidas en el Decreto de Gabinete No. 267 de 21 de agosto de 1969, vigente al momento que se otorgó la concesión, que establecía como requisito para otorgar una concesión minera la convocatoria a una licitación pública con la participación de empresas estatales o mixtas. Es decir, logramos demostrar —en total apego a la ley— que se trata de un contrato leonino y abusivo, contrario a los convenios internacionales que Panamá ha suscrito en la materia.

A SU JUICIO, ¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES DE ESTE FALLO?

Al declararse la inconstitucionalidad de la ley, el contrato es nulo, ya que esas operaciones se hicieron en violación a la Constitución y en perjuicio del patrimonio ambiental del país. Evidentemente, las empresas mineras que han operado en el país lo han hecho con contratos leoninos y en perjuicio de los intereses del Estado, por lo que se hace urgente implementar una moratoria minera que nos permita reflexionar y tomar acciones acerca del modelo minero actual que nos ha expuesto al saqueo y la depredacción extranjera. Es importantísimo modernizar el marco legal, ya que el Código Minero, que data de 1963, está obsoleto y representa una grave y peligrosa debilidad institucional. Además, este fallo ha dado lugar a que se tome más conciencia sobre el tema de la minería y sus implicaciones ambientales, sociales y económicas. Asimismo, es una pieza jurisprudencial importante que nos va a permitir influir en los administradores de justicia para que en futuros casos se tomen las decisiones correctas.

¿CÓMO ANALIZA EL HECHO DE QUE LA CORTE HAYA TARDADO DIEZ AÑOS PARA RESOLVER ESTA DEMANDA?

El hecho que la Corte tardó diez años para resolver esta demanda nos lleva a reflexionar que, como país, nos hace falta mejorar el acceso a la justicia ambiental para obtener una solución judicial completa, pertinente, ambientalmente eficiente y expedita. La experiencia panameña en la materia es muy incipiente aún, a pesar de que hay una creciente demanda relativa a la protección de los derechos ambientales. En mi experiencia como abogada litigante en temas ambientales, me preocupa muchísimo la demora de los tribunales en la solución de los conflictos de naturaleza jurídico ambiental pues, en muchos casos, cuando finalmente el juez dicta sentencia, el daño está consumado. Recordemos que el derecho ambiental tiene un carácter preventivo.

EL GOBIERNO HA DICHO QUE EL CONTRATO SIGUE VIGENTE. ¿CÓMO ANALIZA ESTA REPUESTA?

Esta respuesta está totalmente al margen de la ley y desconoce el Estado de derecho. El principio de supremacía constitucional señala claramente que ni los contratos ni la ley están por encima de la Constitución Política. Por lo tanto, si la ley fue declarada inconstitucional, por defecto el contrato se cae. La Constitución es la ley suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico por los valores y principios que contiene. Tan sencillo como eso.

¿CUÁL ES SU ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD MINERA A CIELO ABIERTO EN PANAMÁ?

La actividad minera a cielo abierto es la que más problemas ambientales, sociales y destrucción causa. Panamá es un país que debido a su ubicación en una zona tropical —y por registrar el doble o triple de precipitaciones— no es conveniente la actividad minera a cielo abierto, pues los químicos tóxicos como el cianuro se mezclan con la lluvia y generan drenajes ácidos, ocasionando daños irreversibles al ambiente. Además, el Código Minero es obsoleto; contiene sanciones por faltas o incumplimientos muy débiles y con controles mínimos, y no es explícito en el tema de los planes de cierre de la mina, ni tampoco hace referencia a las zonas que deben ser cerradas a la minería, como lo son las áreas protegidas. Es una actividad en la cual las empresas internalizan las ganancias y externalizan los costos sociales y ambientales a las comunidades. Los daños ambientales que causa son graves e incluso irreversibles, y los cánones que pagan las empresas al Estado son irrisorios comparados a las ganancias que perciben. Es lamentable que en Panamá han sido sacrificadas áreas protegidas, zonas de rica biodiversidad y ríos, que han sido contaminados por el derrame de químicos a causa de esta industria que perjudica igualmente la salud humana, debido a la exposición a largo plazo al polvo y a los productos químicos industriales, generando conflictos socioambientales, particularmente entre grupos indígenas.

PARTE DE LOS CUESTIONAMIENTOS CONTRA LA MINERÍA A CIELO ABIERTO SE DAN POR LOS DAÑOS AMBIENTALES, ¿CUÁL ES SU CONSIDERACIÓN?

La minería a cielo abierto tiene consecuencias ambientales devastadoras e irreparables: es una actividad extremamente venenosa y contaminante, que destruye la tierra, el agua, el paisaje, el aire, la flora, la fauna, los ecosistemas; causante de la tala de bosques, contribuyendo al cambio climático y arruinando las actividades productivas como la agricultura, la ganadería, la pesca y el turismo. Además, produce ruido por las vibraciones y detonaciones de las maquinarias que contaminan acústicamente. Al iniciarse la explotación minera a cielo abierto, los daños son duraderos, profundos e inmediatos. Muchas veces los lugareños no están lo suficientemente informados sobre los riesgos que corren y toman agua envenenada, respiran aire contaminado y consumen alimentos contaminados, lo que genera una situación de grave amenaza para su salud. La minería a cielo abierto es absolutamente insostenible y afecta los recursos naturales de los que disponen las comunidades para sustentar su futuro.

‘SI ANALIZAMOS ALGUNAS DE LAS RAZONES FUNDAMENTALES EN LAS QUE SE BASA EL FALLO, NOS DAMOS CUENTA DE QUE NO HAN SIDO CONSIDERADOS DIVERSOS ASPECTOS MUY IMPORTANTES’.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DECLARÓ INCONSTITUCIONAL LA LEY 9 DE 1997, QUE APRUEBA EL CONTRATO LEY DE MINERA PETAQUILLA, ¿CÓMO ANALIZA ESTE FALLO?

La demanda que llevó a este fallo fue interpuesta hace nueve años y el contrato de concesión fue aprobado hace veinte años. Si analizamos algunas de las razones fundamentales en las que se basa el fallo, nos damos cuenta de que no han sido considerados diversos aspectos muy importantes… la ley establece que en el requisito de licitación para otorgar el contrato de concesión sobre la zona no se tuvo en cuenta el Decreto 267 de 21 de agosto de 1969, sobre el que se basa el fallo para establecer que debió llevarse a licitación el objeto del Contrato Ley 9 de 1997… Para ello basta leer lo que establece el Código de Recursos Minerales vigente desde 1963, y enterarse de que en 1973 fue licitada y otorgada a un consorcio japonés que luego desistió de ella. Posteriormente, como lo establece el Código de Recursos Minerales, el área podía ser restaurada para usos mineros, tal como en efecto sucedió en 1991. Por otro lado, no se entra a valorar la situación y la verdadera incidencia actual del proyecto, sino que se consideran válidos los supuestos sobre futuras afectaciones argumentados en la demanda de hace nueve años. Actualmente en la zona hay una radical mejora en todos los índices de desarrollo sostenible, de una región que era la segunda más pobre del país.

A SU JUICIO, ¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES DE ESTE FALLO?

Tal como lo han expresado los gremios y conocidos personajes de la vida pública nacional, el fallo creó una enorme incertidumbre en el inversionista directo extranjero más grande que ha existido en la historia del país, generando interrogantes muy serias sobre la seguridad jurídica para las inversiones futuras en Panamá, ya que con esta acción dicha institución del Estado actúa en contravía al objetivo de ser garante de esta seguridad. Estamos seguros de que las implicaciones generadas no pasarán más allá del susto que se ha suscitado en la opinión pública nacional…

¿CÓMO ANALIZA EL HECHO DE QUE LA CORTE HAYA TARDADO DIEZ AÑOS PARA RESOLVER ESTA DEMANDA?

Es sumamente preocupante, ya que como de hecho ha sucedido en este caso, en diez años cambian muchas cosas en materia ambiental, económica, social e, incluso, en el marco legal del país. Por ejemplo, cabe recordar que cuando se firmó el contrato en 1997 no existía la Ley Ambiental que entró a regir años después.

EL GOBIERNO HA DICHO QUE EL CONTRATO SIGUE VIGENTE. ¿CÓMO ANALIZA ESTA REPUESTA?

Una cosa es el contrato de concesión minera, que es un acto administrativo, y otra el Contrato Ley. Este último se hizo con el objeto de garantizar la seguridad jurídica de tan significativa inversión; paradójicamente ha tenido el efecto contrario con este fallo.

¿CUÁL ES SU ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD MINERA A CIELO ABIERTO EN PANAMÁ?

La naturaleza dispuso el mineral y el hombre busca la forma más eficiente y segura de extraerlo. Hacerlo a cielo abierto no es decisión de unos gerentes malos, es una opción técnica, que depende de las condiciones geográficas, distribución del mineral, de los costos, y hasta del clima. Incluso un mismo yacimiento puede ser puesto en producción, en parte a cielo abierto y en parte subterráneo, a lo largo de su vida, en forma consecutiva e incluso simultánea. El mineral extraído, tanto de una mina subterránea como a cielo abierto, puede ser procesado a la intemperie, o en instalaciones industriales bajo techo, y eso también es una decisión técnica. A cielo abierto sólo se hace la extracción de las rocas; el mismo procedimiento que se usa para obtener materiales de construcción, minerales industriales, calizas para cemento y la mayoría de los productos mineros con que se construye todo lo que nos rodea… Los países desarrollados han aprovechado el sector minero, y aquí se incluye de hecho la minería a cielo abierto, partiendo de su evidente potencial económico, que le permite constituirse en plataforma de desarrollo a nivel… Luego han construido sobre una visión compartida del rol que a ésta le cabe en el desarrollo nacional, así como un acuerdo respecto de las acciones prioritarias para lograr metas nacionales.

PARTE DE LOS CUESTIONAMIENTOS CONTRA LA MINERÍA A CIELO ABIERTO SE DAN POR LOS DAÑOS AMBIENTALES. ¿CUÁL ES SU CONSIDERACIÓN?

Existe una lista de ejemplos que muestran que la minería tardó más de la cuenta en asumir la importancia de minimizar sus impactos ambientales. Esta es, al final, una de las principales causas de la desconfianza y conflictividad instalada en torno al sector. Sin embargo, esto ha tenido un efecto muy positivo y hoy en día se reconoce el progreso que ha habido en materia de regulación, y que todo el sector minero formal es actualmente regulado y supervisado por la autoridad pública y también por la ciudadanía. Esto significa que todos sus impactos son previamente evaluados, posteriormente reportados en sus fases de construcción y operación, y fiscalizados por la autoridad ambiental. En cierta medida, los problemas ambientales persisten por la incapacidad de la institucionalidad para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente, la persistencia de algunos vacíos en regulación y la necesidad de introducir nuevos incentivos para que las empresas asuman los desafíos ambientales, particularmente los asociados al cambio climático. Hoy en día las compañías tienen total disposición en utilizar tecnologías que reduzcan o eviten el daño ambiental y así cumplir con estándares internacionales, lo que ha servido de referencia a otras industrias.

Fuente:http://laestrella.com.pa/panama/politica/mineria-cielo-abierto-efecto-fallo/24086247

Chile

Seremi y Asociación Minera cuestionan posición de alcalde de Paihuano:

Hace dos meses la empresa Pan Pacific Copper, de capitales japoneses, envió a la comunidad de Estero Derecho, una solicitud para poder ingresar a la propiedad de la comunidad para realizar exploraciones, situación que provocó un rechazo de la comunidad y también del municipio de Paihuano.

Consultado al respecto al seremi de Minería, Roberto Vega, señaló que «lo primero que hay que aclarar con lo que han denominado el proyecto Perejil, se trata de una solicitud de mensura, es decir los pasos previos a poder hacer cualquier tipo de desarrollo minero y claramente acá existe un cierto sesgo porque la actividad minera es parte de Chile, nuestra región es minera y no podemos sacrificar un proyecto sin haberlo conocido».

«Las declaraciones del alcalde dicen relación con un desconocimiento completo del proyecto, en el cual hay que dejar claro a la ciudadanía que todavía no ha ingresado ningún proyecto ni de planta, ni de tranque, solamente hay una solicitud de mensura respecto a determinadas pertenencias que están dentro de la legalidad y corresponden en un país minero como Chile, que quiere atraer inversiones que se respete» agregó el seremi.

Según Vega hay que respetar la legalidad en los procesos y abrir las puertas para que la inversión llegue a la región, «sobre todo no podemos negar las plazas de trabajo para la gente, hay que ser categórico y hacer un poco de memoria el desarrollo y progreso que tuvo la minera El Indio para la conurbación La Serena y Coquimbo, en la cual se le cambió la cara a nuestra región gracias a minería» acotó.

«Sin escuchar a las partes ni tener un diálogo previo, no podemos como autoridades decir no a un sector, acá somos una región que quiere desarrollar emprendimientos, quiere atraer inversiones y lo primero que hacemos como autoridad política de este sector es garantizar que exista el respeto a la legislación» puntualizó.

Por su parte, Carlos Castillo, presidente de la Asociación Gremial Minera de La Serena, comentó que «me tiene muy preocupado e indignado la actitud de las autoridades alcaldicias de Paihuano, es una actitud negativa contra la minería no una exploración puntual, declara zona libre de minería pero no sé a qué se refiere con eso, porque Paihuano se extiende hasta la cordillera donde está el proyecto El Indio, le cierra las puertas a todas las mineras no solo a una».

«Lo único que desea es hacer una concesión minera, ya no es una exploración, después viene un trámite con la autoridad de dos años para poder construir la propiedad, pero de antemano cerrar las puertas tan tajantemente, la cordillera de esa zona es muy extensa y amplia, Paihuano tiene una gran jurisdicción» añadió Castillo.

De acuerdo al presidente del gremio, «negarse de buenas y primeras, sobre todo un alcalde que es partidario de un gobierno que ha declarado el libre mercado y el fomento a los desarrollos mineros, me parece muy extrema la actitud».

Castillo apunta al diálogo como clave en el proceso, «Chile es un país minero, por lo tanto tenemos que dialogar porque es como que mañana nos opusiéramos a algún tipo de agricultura, nadie puede decir tajantemente yo declaro libre esta zona, no es así, la minería ha sobrevivido por siglos en este país por lo tanto la actividad puede continuar con limitaciones, reglas, pero tiene que sobrevivir porque de una manera u otra somos parte de la sociedad».

Respuesta del alcalde: «Existen temas de voluntades»
Si bien desde el municipio se habían referido al tema a través de un comunicado, Diario LA REGIÓN conversó con el alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada, quien señaló que «cuando esta noticia se hizo pública, los grupos ambientales reaccionaron y nosotros también como comuna».

«El tema es que justamente donde esta empresa quiere hacer su estudio es donde comienza el Río Cochiguaz y eso significa que esa agua posteriormente llega al río Claro y después al Elqui, que es el agua que proporciona el suministro para Paihuano, Vicuña, La Serena, Coquimbo, o sea que toda el agua que toman los vecinos sale de ese afluente» aclaró.

Respecto a los dichos del seremi de Minería, Ahumada fue enfático en señalar que «entiendo y respeto mucho la opinión de Roberto (Vega), aparte que lo conozco hace mucho tiempo, probablemente tiene que ver los intereses de la parte económica… está bien, pero soy el alcalde de una comuna elegido democráticamente, soy nacido y criado acá, conozco cada uno de los lugares de mi tierra, aparte que hace unos meses fuimos declarados zona de interés turístico».

«Independiente de los permisos, sabemos el impacto de las mineras, pero sabemos que estaríamos tapando el sol con un dedo diciendo que las mineras no van a entrar porque tienen una ley que perfectamente pueden hacer caso omiso a todo lo que nosotros hagamos, pero sí existen temas de voluntades» agregó el acalde.
La decisión del edil fue respaldada por el concejo municipal que en sesión extraordinaria, desarrollada el pasado lunes, mostró de forma unánime su rechazo a la posible instalación de empresas mineras en la alta cordillera de la comuna, específicamente en donde se ubica el Estero Derecho.

Fuente:http://www.diariolaregion.cl/seremi-y-asociacion-minera-cuestionan-posicion-de-alcalde-de-paihuano/

Internacional

Denuncia sobre los Comentarios del Primer Ministro Jean Henry Céant sobre la Minería en su Politique Generale (Declaración de Política General)

Es con repugnancia e indignación que laKolektif Jistis Min (la Colectiva de Justicia en la Minería, o KJM) escucha a Jean Henry Céant proclamar ante el Parlamento que el proyecto de la ley de la minería posee extenso apoyo en todos los sectores del país. KJM, con toda su fuerza, denuncia los comentarios del Primer Ministro, los cuales se realizaron ante la Cámara de Deputados y el Senado, que “todo el mundo está de acuerdo” con el proyecto de la ley de la minería. La ley es “medicina para caballos,” redactada por el Banco Mundial y el gobierno haitiano.

En realidad, la historia es la siguiente: el 21 de febrero de 2013, la Comisión de Obras Publicas, Transportación y Comunicación del Senado llamó al ex director de la Oficina de Minas y Energía, Ludner Remarais, a dar testimonio sobre los permisos de explotación que su oficina había aprobado a puerta cerrada. El 22 de febrero del mismo año,el Senado pasó una resolución para detener todas las actividades mineras en las comunidades y pausar el otorgamiento de permisos al respecto. Siguiendo el slogan popular que Haití estaba “abierto para negocios,” el gobierno de Martelly-Lamothe invitó al Banco Mundial a redactar una ley que remplazara el Decreto de las Minerías de 1976. El objetivo principal de la nueva ley era de remover el control de supervisión parlamentario para liquidar los recursos del país.

KJM y muchos otros sectores en el país denunciaron, con toda su fuerza, la explotación minera. La minería presenta un perjuicio grave a la vida del pueblo haitiano. El proyecto de la nueva ley es un engaño, “medicina para caballos” inventado por el gobierno haitiano y el Banco Mundial, quienes concurrentemente redactaron la nueva ley e invirtieron en una compañía de minería con operación en Haití.

El comentario de Jean Henry Céant que la ley de la minería posee extenso apoyo, es falso; en efecto, la ley ha sido rechazada a causa de la falta de transparencia y de los derechos al acceso a la información y a la participación en toma de decisiones de las comunidades afectadas, según el artículo 40 de la constitución haitiana. Como una coalición de organizaciones haitianas que trabaja en el área de la anti-minería, KJM se ha comunicado varias veces con el Senado y con la Oficina de Minas y Energía pidiendo un borrador de la nueva ley.Hasta hoy, no hemos recibido ninguna respuesta. Entretanto, las empresas que mantienen permisos ilegítimos sí han podido acceder un borrador de la nueva ley.

La declaración de Céant demuestra no solamente su deshonestidad, sino también que él no ha considerado la posición de las organizaciones de movimiento social, de las comunidades afectadas ni del resto de la población que ya ha manifestado su posición. Nosotros hemos realizado una serie de actividades que han dejado bastante claro nuestra posición: cartas abiertas, ocupación, conferencias de prensa, comunicados de prensa, demonstraciones denunciando ambas la minería y el proyecto de la ley de la minería, etc.

La declaración del Primer Ministro Céant, la cual incluye falsedades sobre la ley de la minería, no ofrece ningún comentario sobre como nuestro país abordará el problema del cambio climático. Al parecer, Céant es un pion de la comunidad internacional, instalado para continuar el pillaje de los recursos haitianos; para destruir el medio ambiente; para destruir la agricultura a pequeña escala; para envenenar el agua y el aire que respiramos; para deforestar el país todavía más; para saquear la tierra que produce los alimentos para regalarlos a las empresas multinacionales y dejar al pueblo en peores condiciones.

La declaración asimismo nos ha hecho percibir claramente que Céant no proporciona ninguna respuesta a las preocupaciones del pueblo, incluso a cuestiones de la inseguridad, el desempleo, la infraestructura, el apoyo para los agricultores para producir alimentos y la corrupción, particularmente en el caso de PetroCaribe.

KJM le recuerda al pueblo haitiano, incluyendo a las comunidades afectadas por la minería, del proyecto de la ley de la minería que el gobierno haitiano quiere que el Parlamento apruebe – una ley que fue redactada en las sombras, sin transparencia, sin información, sin consulta y sin la participación del pueblo haitiano, particularmente de las comunidades afectadas. La ley que no respeta ni protege al medio ambiente, que falla en combatir la corrupción, que no respeta el derecho de las comunidades a la participación y a la autodeterminación, o los derechos del pueblo haitiano a participar y dar su opinión sobre todas las decisiones acerca de la nación.

En este sentido, KJM de nuevo advierte al Parlamento haitiano a no votar por la ley de la minería, un proyecto de ley que invitaría la muerte al abrir las puertas del país a las empresas extranjeras, las cuales han llegado a pillar, explotar y llevarse los pocos recursos de nuestro país pequeño y destruir el medio ambiente. KJM llama la atención de todo el pueblo, de las comunidades afectadas, de organizaciones de agricultores y campesinos que creen en su derecho al libre acceso a la tierra para la agricultura, para alimentar a los niños de esta nación, quienes representan nuestro futuro. Estas organizaciones progresivas podrían redirigir la trayectoria de nuestra nación, lejos de la crisis de la escasez de alimentos, y acabar con la filosofía colonial y capitalista del extractivismo. Las organizaciones de derechos humanos creen en vivir en armonía con el medio ambiente, en la buena salud, en el acceso a los alimentos, en el agua—todos derechos humanos fundamentales. Estas organizaciones, a la par de grupos de la ecología y de la protección del medio ambiente, deben luchar juntas para responderles a Céant y al Banco Mundial con respecto a este proyecto de muerte que desean implementar en nuestro país.

¡Sí a la vida, NO a la minería!

Organizaciones firmantes:
BATAY OUVRIYE
CE /JILAP
GARR
MODEP
TET KOLE TI PEYIZAN AYISYEN
PAPDA
POHDH

Fuente:http://movimientom4.org/2018/10/denuncia-sobre-los-comentarios-del-primer-ministro-jean-henry-ceant-sobre-la-mineria-en-su-politique-generale-declaracion-de-politica-general/

Latinoamerica

Informe señala que empresas chinas vulneran derechos humanos en América Latina

Organizaciones de cinco países latinoamericanos presentan el informe alternativo “Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China desde Sociedad Civil: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú”, que demuestra que China incumple, de manera sistemática, la obligación de “respetar, proteger y cumplir los derechos humanos” en 18 proyectos financiados y construidos por instituciones chinas. El informe alternativo es una contribución para el Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de la República Popular de China, que tendrá lugar el próximo 6 de noviembre en Ginebra. Esta suscrito por 21 organizaciones sociales y fue presentado a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, para evaluar si la República Popular China cumple con una serie de convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos en otras latitudes.

El financiamiento chino se ha tornado en un factor determinante para la vigencia de los derechos humanos de los pueblos latinoamericanos. Entre el 2009 y 2017, los préstamos chinos a la región alcanzaron U$145 mil millones, sobrepasando los del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Al 2017, la inversión directa china alcanzó un acumulado de US$ 113.6 mil millones. Tanto los préstamos como la inversión directa china se han concentrado en la construcción de infraestructura energética y de transporte y en proyectos de extracción de recursos naturales, ambos sectores ambiental y socialmente sensibles. “Estas tendencias se van a profundizar en el futuro, dado que China ha comprometido millonarios fondos para la región y que conjuntamente con los gobiernos, China ha acordado una serie de compromisos de inversión”, sostiene Marco Antonio Gandarillas del Centro de Documentación e Información de Bolivia.

Después de casi 10 años de haber experimentado una ola masiva de financiamiento chino en América Latina, cabe preguntarse: ¿Qué consecuencias ha tenido este financiamiento en la vida de las comunidades donde se desarrollan los proyectos? Para María Marta Di Paola de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en Argentina, “los resultados encontrados son devastadores tanto por los daños a las comunidades locales como a la naturaleza”.

El informe estudia 18 proyectos, de ellos siete pertenecen al sector minero, seis al petrolero y cinco son hidroeléctricos. “El hecho de que 12 de estos proyectos se encuentren en la región amazónica, 15 en territorios indígenas, 11 en áreas protegidas naturales, y cinco en áreas declaradas patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, demuestra una falta de compromiso de China con el ambiente y el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la región”, sostiene Di Paola.

“Las empresas y los financistas chinos han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas de muchas formas. La presencia china sólo ha traído más destrucción y tristeza justamente a quienes debemos la protección de los bosques que todavía están en pie”, señala Karla Sessin del Colectivo Proteja Amazônia en Brasil. En el caso de la hidroeléctrica de São Manoel en Brasil operada por China Three Gorges, se han destruido dos espacios sagrados de fundamental valor cultural para los pueblos indígenas Munduruku, Kayabi y Apiaka. Mientras que en Bolivia y Ecuador tres pueblos indígenas en aislamiento están siendo amenazados por las operaciones de China Petroleoum Corporation Company, Sinopec y China National Petroleum Corporation.

En tanto, las represas Santa Cruz en Argentina con una inversión de U$ 4.7 mil millones (la más grande inversión china fuera de China en el sector hidroeléctrico) se construirá en la Patagonia, lugar donde se encuentra la mayor concentración de hielo (fuera de la Antártida) en el hemisferio Sur. En Perú, donde las empresas chinas dominan la extracción minera, las comunidades afectadas por la operación de China Minmetals Corporation en Las Bambas han vivido, por más de dos años, bajo repetidos estados de emergencia sin poder ejercer sus derechos a la libre asociación, libre tránsito y libre expresión. Los estados de emergencia también han sido medidas populares en los proyectos chinos en Ecuador y Brasil. Lo que dejó un triste saldo de media docena de personas fallecidas en los enfrentamientos con militares y policías en Ecuador y Perú; así como centenares de personas criminalizadas por la defensa de sus derechos.

Para Sofía Jarrín del Centro de Derechos Económicos y Sociales en Ecuador “la cooperación bilateral no puede darse a expensas de los derechos humanos y ambientales de las comunidades a quienes justamente se pretende servir con los proyectos.” Jarrín explica que según los principios de derecho internacional en materia de derechos humanos “China está obligada a respetar los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas por sus inversiones en donde quiera que se encuentren”.

“Las empresas que han invertido en nuestros países se han aprovechado de la debilidad de leyes nacionales y de la complacencia de los gobiernos de turno. Pero al fin del día, en el contexto global, la responsabilidad no es sólo de esas empresas o de los gobiernos nacionales, sino también de los Estados a los que responden esas empresas. Es por ello que el EPU de China es una oportunidad crítica para que China nos escuche, asuma responsabilidad y cambie”, señala Julia Cuadros, miembro del Consejo Directivo de CooperAcción en Perú.

Finalmente, el informe sostiene que China debe: (i) incorporar los principios, convenios y tratados de derechos humanos en sus estrategias, políticas, planes y proyectos de inversión en América Latina, y establecer mecanismos que garanticen su implementación; (ii) ratificar el Convenio 169 de la OIT; (iii) realizar exámenes de debida diligencia en derechos humanos durante todo el ciclo del proyecto; (iv) establecer medidas de acceso a la justicia y la reparación de las víctimas; y (v) abandonar los proyectos en que se siguen violando leyes nacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos.

Para el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente-CICDHA- la “relación ganar-ganar y la cooperación Sur-Sur entre China y América Latina, por el momento, están sólo en los discursos de los políticos”.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/796-informe-senala-que-empresas-chinas-vulneran-derechos-humanos-en-america-latina

 

Argentina

Rechazan la posible modificación de la ley que regula la actividad minera

El proyecto del senador provincial Alejandro Abraham (PJ) para modificar la ley 7.722, que delimitó la actividad minera, despertó mucho debate en parte de la sociedad y generó la reacción de quienes están en contra de esta actividad con el uso de determinadas sustancias tóxicas.

En ese sentido, Héctor “Cacho” Correa Gabbi, responsable de la publicación La Voz de la Tierra, argumentó que la 7.722 “no es una ley antiminera, prohíbe utilizar químicos y destruir un enorme volumen de agua, que ya los conocemos todos por lo que han hecho desde La Quiaca a Ushuaia de un lado y otro de la cordillera”.

El ex funcionario se mostró preocupado por los acuerdos que dejó firmados Cristina Kirchner con rusos y chinos, “porque nadie sabe a qué obligan a Argentina”. La 7.722, recordó, “tiene fallos determinando la constitucionalidad, el agua es la vida y cuando se deteriora hay que buscar otros lugares para vivir”.

En respuesta al argumento del autor del proyecto, quien asegura que prevé triple control a la actividad para evitar el daño al medio ambiente, Correa afirmó que “cuando se habla de controles y otras falacias como minería sustentable, el Estado es una vergüenza y está la prueba con Sierra Pintada, donde hace 20 años bregamos para que se remedien los pasivos”.
Entre los malos ejemplos mencionó a Jáchal, Bajo de la Alumbrera y el pueblo Belén (Catamarca).

“Los controles no están en ningún lado porque los intereses son demasiados y corren demasiados premios. ¿A quién beneficia esto? No me digan que esto es la solución económica de la población, es una farsa. Hay que tener cuidado, más cuando hay una inversión turística como la que ha hecho San Rafael y Mendoza. El agua no la podemos poner en riesgo, cada vez se agrava más la crisis hídrica por el cambio climático”.

Para Correa, no es cierto que la minería sea una solución al problema del empleo y aseveró que “la solución económica es la agricultura, no hay nada que genere más puestos de trabajo que las viñas, que los frutales. Esto amerita una discusión seria con toda la sociedad, no con tres o cuatro que impulsan negocios que no son claros”.
Finalmente, y en alusión a cuál será la postura del Gobierno provincial en este tema, dijo que “tengo esperanza que Cornejo es un hombre respetuoso de su palabra, y dijo en la campaña que la prioridad era el agua”.

Fuente:https://diariosanrafael.com.ar/rechazan-la-posible-modificacion-de-la-ley-que-regula-la-actividad-minera-119972/

Brasil

Padre Dário Bossi: «el Sínodo debe provocar que la Iglesia se ponga a la escucha de los afectados por la minería»

Las empresas mineras se han convertido en una de las grandes amenazas para el medio ambiente en el Planeta, una problemática que en la Amazonía afecta de modo decisivo «la riqueza del bosque y de los ríos», como nos dice el Documento Preparatorio de Sínodo de la Amazonía, afectando también a varios pueblos en su modo de vida e inclusive siendo expulsados de sus tierras.

La Red “Justiça nos Trilhos”, que está presente en el denominado Corredor Carajás, es una de las voces en la defensa de los pueblos de la Amazonia y del medio ambiente en la región amazónica. El nombre viene de la línea férrea que une la mina de hierro de Carajás, estado de Pará, con el puerto de São Luis do Maranhão, que afecta directa o indirectamente, 27 municipios de la región. En ese sentido, el Padre Dário Bossi, en esta entrevista, relata situaciones degradantes para la vida del pueblo que vive en la región.

De hecho, la minería es una amenaza cada vez más presente en la Amazonía y, según el Padre Bossi, «tenemos que dejar de pensar en ella como proyectos puntuales que casualmente aparecen en un rincón o otro de la Amazonía». Todo está en función de un beneficio económico, facilitado por la flexibilización de las leyes brasileñas en referencia a la minería.

Para abordar esta problemática, la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil – CNBB, vio la necesidad de crear un grupo de trabajo, llamado Grupo de Trabajo de Minería, «para crear una conciencia común», según Dário Bossi, «una estrategia de presencia, de control, pero también de enfrentamiento y de denuncia de la Iglesia frente a la minería«.

Desde la perspectiva del Sínodo de la Amazonía, es necesario «que la Iglesia se ponga a la escucha de los afectados por minería«, según el Padre Bossi, quien insiste en la necesidad de que «en todos los contextos donde haya alguien que sospeche que se vea amenazado de alguna manera, rápidamente generar cercanía de la Iglesia».

¿Qué es la red «Justiça nos Trilhos»?

Es un intento de articular entre sí a todas las comunidades que se encuentran afectadas por la minería y siderurgia en un territorio enorme, que es el corredor de Carajás, que va desde la mina de Parauapebas, en Pará, hasta el puerto de São Luis, en Maranhão. Atraviesa dos estados, 27 municipios, con cerca de 100 comunidades en estos municipios, la mayor parte que viven de la agricultura familiar, pero también hay comunidades de descendientes de esclavos, de pescadores, indígenas y comunidades de periferias urbanas.

Todas, sin saberlo, tienen en común el hecho de ser víctimas de un mismo sistema. Tiempo atrás, cada una enfrentaba los conflictos de manera aislada, y a veces ni percibía que las violaciones estaban afectando a los derechos que ellos tenían. La red nació para poner en articulación a esas comunidades y buscar resistencias comunes.

¿Cómo este ferrocarril afecta a la vida de la gente?

De muchas maneras. Hay impactos directos, el problema es de toda la infraestructura: mina, ferrocarril, puerto. Por lo tanto, cada una de estas tres infraestructuras tiene impactos diferentes, la mina es un impacto más a las poblaciones indígenas, expulsiones, creó deforestación, problemas serios de contaminación en la región. El puerto, en el otro extremo, expulsó poblaciones, y ahora, con la expansión del proyecto Gran Carajás está amenazando nuevas expulsiones. La gran infraestructura del ferrocarril, dos veces, una en el proceso de construcción y otra ahora, que estamos en proceso de duplicación del sistema entero, crea impactos que se deben a atropellos y accidentes, porque ese tren atraviesa o bordea muchas muchas de las comunidades donde las personas viven sin ningún tipo de protección.

Rara vez existe una infraestructura proporcionada por la empresa para atravesar las vías. Es un elemento extraño que interrumpe o bloquea, porque a veces los trenes se quedan parados, inclusive por mucho tiempo e interrumpe la vida. En el caso de las personas que atraviesan por debajo del tren o por encima de él, lo que es peligroso, pues cuando él arranca, acaba cortando algunos miembros a las personas o los animales. Además de los accidentes de tráfico, muchas personas o animales son atropellados por el tren cuando pasa. También hay problemas relacionados con las trepidaciones, porque cada vagón pesa 80 toneladas, llega a ser el tren más grande del mundo, son 330 vagones. Es una cantidad enorme de mineral que pasa, y las trepidaciones provocan grietas en las casas, sobre todo aquellas que tienen estructura más simple, desmoronamiento de los pozos, entre otros problemas.

Además, hay problemas de contaminación sonora, porque los trenes pasan día y noche, justo al lado de las casas. Hay escenas simbólicas de profesores que tienen que interrumpir sus clases cada vez que pasa un tren. Y tarda cinco minutos y ahora con la duplicación pasara cada 25 minutos. Hay un secuestro del tiempo relativamente significativo para todas las comunidades que viven alrededor del ferrocarril. También, en los últimos cuatro o cinco años, se construyó un segundo ferrocarril de Carajás, porque la empresa Vale consideró rentable la inversión para duplicar el sistema. Creó una nueva mina, que va a extraer la misma cantidad que se estaba extrayendo, y una expansión del puerto.

Esta nueva construcción se está suponiendo la expulsión de familias y la división de las comunidades, porque la empresa tuvo que renegociar con las comunidades un contrato social, entre comillas, de ocupación de sus territorios a partir de toda la infraestructura necesaria para la construcción. Con eso hubo lo que la empresa llama agentes de integración con la comunidad, que sirven para conquistar personas dentro de las comunidades que sean favorables a los grandes proyectos y que poco a poco minen en el interior de la comunidad cualquier tipo de resistencia. Incluso se convierten en denunciantes de quién está organizando protestas.

Junto con esos impactos directos, ¿cuáles son los indirectos?

Eso está en la esfera de la criminalización, de la división de las comunidades, destrucción del proyecto colectivo de una comunidad en función de un proyecto mayor que viene imponiéndose de arriba a abajo y criminalizando a los líderes. Nosotros, en estos últimos años como red, hemos trabajado demasiado, lo que ha chupado demasiado nuestras fuerzas, en defensa de personas que han sido procesadas por la empresa, como mecanismo preventivo. Espanta a los líderes que se exponen más para calmar y subyugar al resto de la población.

Por último, yo diría también el impacto de una economía impuesta, toda una negación de la diversificación económica típica de cualquier territorio a partir de lo que se dirige en función de un proyecto. Un modelo de economía, funcionando exclusivamente la minería, incluso con todo un trabajo de propaganda y de pequeños beneficios para intentar inyectar en las personas, en los políticos, en la opinión pública que ese es el modelo que funciona, algo que en la crisis de 2008 se desmoronó totalmente.

Vemos una región entera, de dos millones de personas, extremadamente volátil, porque depende del valor del mineral en el exterior, que concentra el ingreso en un sólo actor, que es la empresa Vale, que se convierte en el padrino, algo típico de esas regiones, donde la política repitió el mismo sistema. La empresa Vale apadrinó a muchas personas que dependen de ella o de sus tercerizadas, esa es la gran lucha de cómo desmontar ese sistema.

¿Cuáles son los peligros de la minería en la región amazónica?

La minería tenemos que dejar de pensarla como proyectos puntuales que casualmente aparecen en un rincón o en otro de la Amazonía. Es muy importante comprender que la Amazonía está totalmente distribuida, ha sido todo estudiado y ya hay miles de proyectos potenciales a la espera de licencias. El mapeamiento de los recursos de la Amazonía y, por tanto, el control de los bienes comunes, que ya no son bienes comunes, porque están siendo visados para su privatización, ya está establecido.

Es necesario enfrentar la minería como un sistema económico que incluso los propios estados han asumido como un sistema ventajoso y prioritario para sus políticas económicas, lo que llamamos reprimarización de la economía de la Amazonía. Por tanto, volver a considerar la Amazonía como una gran fuente de materias primas para la exportación, excluyendo todo tipo de reflexión sobre la diversificación productiva, la valorización alternativa de los territorios y también la verticalización de la producción industrial.

El tema de la amenaza de la minería en la Amazonía se une mucho al tema de la flexibilización del licenciamiento ambiental, que es una estrategia del gobierno federal que está siendo fuertemente apoyada por los diputados ruralistas y de la minería, que es fuerte en la Amazonía. Muchos parlamentarios de diferentes partidos fueron financiados con el dinero de las empresas mineras. Ellas tienen una estrategia bastante común, que viene de lejos, de distribuir dinero para garantizar apoyo plural a nivel legislativo y en el sistema ejecutivo.

Actualmente Brasil está pasando por un proceso de renovación del marco legal de la minería, que ha sido obstaculizado por la sociedad civil organizada, que de una manera sorprendente logró bloquearlo en varias instancias. Pero para hacer frente a eso el gobierno Temer prefirió retirar el proyecto legislativo del marco legal y dividirlo en sectores temáticos menores e implantarlo a fuerza de decretos. Ya hubo una reforma de la Agencia Nacional de Minería, también todo un debate sobre nuevos royalties, para la distribución de dinero a los municipios, eso también es un elemento bastante delicado. Nosotros de “Justiça nos Trilhos” hemos hecho investigaciones exactamente sobre la distribución del dinero de los royalties y de otros fondos que la empresa beneficia a los municipios, demostrando que hay muchos mecanismos que acaban desviando ese dinero.

El principio en sí de redistribución del dinero que es generado por la renta de la minería no es suficiente para justificar la oportunidad de la minería en la Amazonía, porque fue uno de los fondos donde más se descubrieron desvíos. Hay todo un debate, que incluso los movimientos sociales están haciendo, sobre cómo reapropiarse de los bienes minerales. Hay una reflexión grande que hay que hacer, primero sobre los ritmos de extracción en la Amazonía, y en general en Brasil, en América Latina, porque no son ritmos que responden a las necesidades del mercado, del sistema productivo mundial, son ritmos que responden a las necesidades financieras del mundo.

En el caso de Mariana o Barcarena, es muy explícito, pues se debería llevar a cabo un plan de cierre de la mina y de gestión de desechos, sobre los planes de gestión de los desechos, una nueva legislación que respete los derechos de los trabajadores. La minería es uno de los campos que más mata, mutila y enferma a las personas. Es un campo sobre el cual la Amazonía tiene que estar con los ojos bien abiertos porque es profundamente amenazador.

¿Dentro de las Iglesias existen colectivos y personas que asumen esa lucha contra las mineras como una prioridad?

“Justiça nos Trilhos” nació con una inspiración eclesial y desde el principio insistió en mantener a la Iglesia involucrada. Las diócesis no se involucraron institucionalmente pero fueron interpeladas y siempre hacen referencia a “Justiça nos Trilhos” como el actor que les representa en el territorio de Pará y de Maranhão. Ellos nos reconocen como una instancia eclesial. Además, el Comité Nacional de Defensa de los Territorios frente a la Minería fue lanzado y agrega a más de cien entidades que se juntan para debatir la cuestión del marco legal y también la postura del gobierno frente a la minería con el fuerte protagonismo de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil – CNBB.

Desde el principio buscamos el apoyo de la CNBB, de la Orden de los Abogados de Brasil – OAB, tuvimos un apoyo significativo, tanto que aún hoy la sede de ese comité está en la CNBB. A partir de eso la CNBB sintió la necesidad de crear un grupo de trabajo, llamado GT de Minería, que se compone de una serie de asesores, yo hago parte también. Son tres obispos y cuatro laicos que estamos planeando un encuentro, que será en el primer semestre del próximo año, llamando a todos los obispos de Brasil que tengan actividades de minería, para comprometerse, para crear una conciencia común, quien tiene visiones más profundas y quien no sabe qué hacer, crear una estrategia de presencia, de control, pero también de enfrentamiento y de denuncia de la Iglesia frente a la minería.

Por último, eso ahí a nivel continental, pero en Brasil está bastante enraizado, la red ecuménica Iglesias y Minería que es una red que intenta articular las comunidades de base con inspiración cristiana o que buscan por la mística y espiritualidad plural una referencia en el enfrentamiento. Es una red que ofrece instrumentos a nivel de comunicación, de formación, de denuncia y también de articulación de red.

Una de las temáticas del Sínodo de la Pan-Amazonia es nuevos caminos para la ecología integral, que hace referencia a esa articulación. ¿Cómo el Sínodo puede ayudar a la Amazonía a tomar conciencia de los impactos de la minería?

Estamos muy contentos porque se ha publicado la Carta Pastoral de los obispos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana – CELAM, sobre el cuidado de la Casa Común, que sería una contextualización de Laudato Si en el contexto latinoamericano y del Caribe. En este texto, para el cual también contribuimos y eso fue sorprendente, sentimos una buena apertura con respecto a la participación en la redacción, en la reflexión sobre ese texto. Hay mucha referencia a la minería y extractivismo, yo diría que es quizás el punto más fuerte de la carta. La contextualización de la Laudato Si en América Latina no puede evitar afrontar desde el punto de vista eclesial, cristiano, el extractivismo, la minería, y los obispos de América Latina lo confirman con contundencia.

La primera cosa es que el Sínodo dé voz y rescate esa reflexión que viene de los propios obispos y de otro lado la gran insistencia que estamos teniendo y hemos tenido en los últimos años, incluso con el Vaticano, para que la Iglesia se ponga a la escucha de los afectados porque hay un movimiento estratégico de las mayores empresas y corporaciones mineras en el mundo de acercarse a la Iglesia institucional, tanto en el Vaticano como en la Iglesia anglicana, en Canterbury, como en las Iglesias locales hay acercamientos a los episcopados locales.

Las empresas necesitan mucho a la Iglesia como una mediadora, como árbitro neutral que se ponga en el medio campo entre los afectados y los que afectan, que intente estipular acuerdos, pacificar los territorios. Ellos usan esa expresión, la Iglesia como agente de pacificación. Esto nos deja indignados, porque la Iglesia históricamente siempre tuvo su campo, su posición, que fue el campo de los pobres, de las víctimas y de los afectados por ese tipo de modelo. aún más después de Laudato Si.

Hace años que la Iglesia y la Minería está buscando motivar, sea el Vaticano, que ha acogido en varias ocasiones a los grandes jefes de las empresas mineras, en momentos de retiro, al menos dos o tres veces. Motivarla a bajar al campo y escuchar a las víctimas. Por una vez, las víctimas fueron escuchadas en Roma, pero se necesita un movimiento de descenso. Creo que el Sínodo es ese movimiento, una Iglesia que se pone a la escucha de las víctimas para entenderlas, porque ese modelo es insostenible. Hay mucho dinero que está siendo invertido para demostrar que la minería es sostenible, es virtuosa, preserva. Pero cada vez que se necesita invertir dinero para demostrar algo es porque ese algo no es tan evidente. Creo que tenemos que todos los días tenemos que ser testigos de la Iglesia.

También existe el tema de las víctimas. Varias personas de la Amazonía están siendo perseguidas, incluso asesinadas por defender todo lo hace referencia a la preservación ambiental. ¿Cómo ayudar con estrategias que ayuden a proteger a esas personas?

Uno de los motivos que hizo nacer la Red Iglesias y Minería, cuando en el 2012 comenzamos a reunirnos a nivel latinoamericano, el motivo era ese, están matando o están criminalizando y retirando de la resistencia activa a muchos líderes, sacerdotes, monjas, pero también catequistas, líderes de comunidades, que están menos protegidos por no tener la institución de la Iglesia detrás de ellos. El protocolo que la gente identificó fue el protocolo de la proximidad, insistir en que en todos los contextos donde haya alguien que sospeche que se ve amenazado de alguna manera, rápidamente generar proximidad de la Iglesia y de la Iglesia institucional, motivar cada vez más a los sacerdotes, obispos a no dejar de hablar, a no dejar de visitar, de manifestar esa vecindad.

Esto es una enorme diferencia porque devuelve seguridad a la propia persona, a la comunidad, pero también inhibe varias formas de agresión que podrían darse. Después otro canal que la Iglesia domina muy bien es el canal de la comunicación, tenemos un espacio enorme en ello y una capacidad que en algunos casos es esencial para salvación y recuperación de algunas situaciones de emergencia, para denunciar y hacer llegar en varios niveles esa denuncia, a nivel local, regional, estatal, nacional, internacional.

Otro protocolo que ya pusimos en marcha en algunos casos es la activación de las instituciones. Tanto la Red Eclesial Panamazónica – REPAM, como Iglesias y Minería tienen buenas relaciones con instituciones locales dirigidas a la defensa de los derechos y también a instituciones en defensa de derechos a nivel internacional. En varios casos fue necesario activar estos canales y esto ha demostrado que hemos visto sensibilidad. Los organismos internacionales consideran a la Iglesia un actor extremadamente relevante y serio, porque es uno de los pocos actores que está en los territorios de base y que permanecerá. Uno de los límites de las denuncias de violaciones o de criminalizaciones es el hecho de que después de la denuncia, cuando el caso aparentemente se ha resuelto, todo el mundo se retira, mientras la Iglesia, potencialmente, continúa en el territorio. Nosotros tenemos esa característica de ser un interlocutor de confianza con esos organismos internacionales, lo que puede venir a establecer nuevas formas más continuas de acompañamiento de los conflictos y de las denuncias.

La paralización de la RENCA (Reserva Extractivista Nacional de Cobre y Asociados), el año pasado, a partir de las luchas sociales. ¿Es un ejemplo que vale la pena la confrontación contra políticas injustas del gobierno?

Sin duda. Tenemos necesidad de identificar casos de éxito, que no siempre son evidentes como esa de RENCA. Incluso ni la RENCA es tan evidente porque ahora de forma silenciosa, más a pedazos o más de una forma subterránea, el proceso puede continuar. Por otro lado, sin embargo, así como nuestro adversario necesita símbolos, nosotros también necesitamos, poder decir que la sociedad civil de Brasil fue capaz de deshacer un decreto presidencial eso es muy importante, porque muestra que todavía somos fuertes.

Fue un caso que nos enseñó el camino de las piedras. En primer lugar no aislar fuerzas, fue importante que la Iglesia se puso en diálogo con los movimientos sociales, buscaron alianzas de los actores de la opinión pública, hubo un fuerte llamamiento internacional con una buena solidaridad. Aprendimos que esas victorias se dan cuando hay esa capacidad de juntar fuerzas. El problema es que no siempre vamos a tener la fuerza de dar una visibilidad tan grande como se dio al caso de la RENCA.

Esto recomienda un trabajo de hormiguita para conseguir mantener en los territorios a la población movilizada, porque esa es la otra gran fuerza. Si por un lado la RENCA gano relevancia por la visibilidad mediática, por otro lado, otras resistencias, que tal vez quedaron menos conocidas, vencieron y consiguieron mantener la defensa de sus territorios porque la comunidad permaneció unida e indignada, no se dejó seducir, comprar, dividir. Estos son los dos campos que me parece que tenemos que saber actuar contemporáneamente. A veces, en la mediatización del modelo de comunicación de hoy, la tentación es la de migrar al campo de la denuncia más formal o más virtual, pero cómo es importante ese enraizamiento de la Iglesia en los territorios, exactamente para mantener al pueblo movilizado, porque allí es donde se da la escucha y la resistencia más eficaz.

Fuente:http://blogs.periodistadigital.com/luis-miguel-modino.php/2018/10/03/padre-dario-bossi-el-sinodo-debe-provoca

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Protestan contra la minería a gran escala en el páramo de Santurbán

Un grupo de mineros protesta este martes en California, Santander. Estas personas solicitan que se impida la minería a gran escala en inmediaciones del páramo deSanturbán y piden fortalecer la minería artesanal.

Cerca de 150 personas realizan una protesta pacífica en California, Santander. Entre sus solicitudes se encuentra la realización de una consulta popular para impedir la minería a gran escala en ese municipio y exigen que el gobierno nacional proteja a los mineros artesanales.

Fredy Suárez García, minero residente en la vereda Angosturas, explicó a Vanguardia.com que la jornada se inició hacia las 3:00 a.m. de este martes. «Queremos darle a conocer al país que Minesa quiere acabar la minería artesanal. Ellos dicen que los apoyamos al 100%, pero no es verdad».

De acuerdo con el minero, uno de los objetivos de la protesta es promover una consulta popular para «decirle no a la megaminería y sí a la minería artesanal. No queremos que desaparezca la minería que se viene haciendo desde hace 450 años».

El líder aseguró que se oponen a los grandes proyectos mineros, puesto que podrían traer consecuencias al medioambiente, especialmente a las fuentes hídricas en sectores como San Antonio de Padua. «Se afectaron tres yacimientos de agua que Minesa secó en etapa de exploración. Las fincas quedaron sin agua», denunció.

Los protestantes señalan que sienten temor de que se afecte el suministro de agua de municipios como Bucaramanga, California, Suratá y Matanza.

De acuerdo con Fredy Suárez García, es falso que la multinacional Minesa, propiedad de la compañía Mubadala de Abu Dabi, brinde empleo a los mineros nativos de Soto Norte. «La gente está pasando necesidades. Han traído gente foránea a trabajar, a los de aquí no nos contratan para nada. Trajeron personas con malas mañas».

Fredy recordó que en primer lugar Minesa adquirió los títulos mineros y les prometió empleo. «Al principio nos dieron trabajo, pero ahora la situación actual es de cero empleo. Acá dependemos netamente de la minería».

Además, el hombre asegura que hay una persecución por parte de las autoridades para criminalizar a los pequeños mineros. «Nos tienen el ejército y la policía encima. Judicializan gente que lo único que llevan en mano una varilla o una porra. Nos tildan de ilegales, pero nosotros no empleamos dragas, retroexcavadoras ni armas».

Entre tanto, Suárez lamenta que pobladores de California tengan que acudir al ‘rebusque’ que para sobrevivir, ya que no les brindan un empleo formal, ni les permiten desarrollar minería artesanal. «Ahora hago rifas, cuando hay algún evento monto una casete para vender cerveza».

Alcaldía evalúa la situación

Ludvin Valbuena García, secretario de Gobierno de California, expresó que las autoridades verifican la situación que se registran en California pues aún desconocen los detalles que motivaron la protesta. «Algunas personas se ubicaron en la parte alta del municipio, que conduce a la zona minera y donde ubicaron pancartas».

Los protestantes permanecen a un costado de la vía que conduce de California a Vetas, así como a las veredas La Baja y Angosturas. No se registran restricciones de movilidad en la región. «Hay completa normalidad, no hay algún hecho que altere el orden público», afirmó el funcionario.

«Seguiremos siendo mineros»

Maryluz Lizcano, representante de Asomiprosoto, asociación que integra a 25 familias de pequeños mineros, indicó que aunque no participaron en la protesta sí solicitan al Gobierno Nacional garantías para que los mineros artesanales desarrollen esta actividad.

Lizcano considera que se debe avanzar en la formalización de esta labor. «Desde hace más de 17 años le hemos insistido al Estado que California ha cambiado su composición económica. Hay grandes industrias en el territorio, pero por otro lado estamos los minero tradicionales que hemos desarrollado este trabajo ancestral».

El objetivo que quieren lograr los pequeños mineros es ser reconocidos para diseñar estrategias que permitan que su trabajo sea sostenible. «En el desarrollo también tienen que caber estas experiencias de vidas únicas. El minero ancestral tiene toda la secuencia de la vocación minera de California. Somos mineros y seguiremos siendo mineros. La minería es nuestra única fuente de vida».

Consejo de Seguridad

En la tarde del pasado martes se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad en el que representantes de la Alcaldía de California, el Ejército, la Policía Nacional entablaron el diálogo con la comunidad.

Minesa anunció que miércoles se reunirá con las autoridades para conocer detalles de la problemática. Por ahora, la compañía recalcó que la situación de desempleo se agudizó en la región de Soto Norte por la restricción de las actividades mineras y agropecuarias por la delimitación del páramo de Santurbán.

La multinacional precisó que el proyecto que permanece en etapa exploratoria genera 296 empleos, de los cuales 191 son de California.

Minesa advirtió que parte del malestar de la comunidad se desató por los procesos de judicialización por parte del Estado «que han generado inconformismos en los mineros ilegales del área».

La empresa destacó que se desarrolla un proyecto para formalizar el trabajo de 205 mineros informales y 62 tradicionales, que busca que estas personas puedan explotar minerales en 22 hectáreas de títulos de propiedad de Minesa.

Fuente:https://www.vanguardia.com/economia/local/video-446600-protestan-contra-la-mineria-a-gran-escala-en-el-paramo-de-santurban