Las empresas mineras gozan de grandes privilegios en México tanto legal, política y territorialmente para llevar a cabo el extractivismo, con la promesa de lograr un gran progreso para el país, cuando lo que en realidad han hecho es someter a comunidades enteras a condiciones deplorables, no sólo en lo laboral, sino también al dañar sus territorios.
En la presentación del libro Megaminería en México. Explotación laboral y acumulación de ganancias, de la doctora Aleida Azamar Alonso, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el doctor Edgar Talledos Sánchez consideró que el texto presenta una discusión social contemporánea acerca de cómo las corporaciones del ramo se han hecho de una gran cantidad de tierras, transformando en forma radical algunas zonas del país y provocando grandes desastres ecológicos y explotación hacia los trabajadores.
El doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México se refirió a algunos casos en San Luis Potosí donde el pueblo wixárika o huichol ha dado una férrea batalla por la defensa de su territorio sagrado para que no se abran minas y sea transformado en un espacio industrial.
En el municipio Cerro de San Pedro, una compañía del ramo desapareció la emblemática colina para hacer sus obras y con el fin de compensar el daño rehicieron otro cerro con los escombros de la mina, provocando una severa degradación ambiental y la indignación del pueblo.
El profesor investigador del Colegio de San Luis sostuvo que toda la tecnología actual requiere minerales para su fabricación, que son los que extraen de los sitios, y por eso esas empresas presentan comportamientos voraces en los sitios donde pueden realizar la extracción.
El gobierno mexicano ha concesionado a organizaciones nacionales y extranjeras para explorar y explotar la minería, no sólo en la zona continental del país, sino en el mar, donde también han provocado fuertes daños ecológicos.
Las corporaciones del tipo saben de los irremediables daños ambientales que provoca la extracción y han intentado crear argumentos de sustentabilidad a su depredación basados en la productividad que aporta dicha industria al producto interno bruto de una nación.
El doctor Carlos Rodríguez Wallenius, académico del Departamento de Producción Económica en la Unidad Xochimilco, aseguró que el asunto de la minería en México es la riqueza que generan grandes empresarios con los recursos que pertenecen a todos los mexicanos.
Desde la llegada de los españoles existe el oficio del minero, al que explotaban igual que hoy en día y sucedía el mismo despojo de las tierras de los pueblos originarios. “Desde hace 500 años los sectores empoderados han cometido estas atrocidades en busca de oro, plata y demás minerales”.
Siglos después, los dueños de las minas ya no serían los españoles, sino estadounidenses, canadienses, europeos y asiáticos, pero seguirían explotando a los trabajadores y sustrayendo a los campesinos de sus tierras.
El doctor Rodríguez Wallenius recordó la Huelga de Cananea como un claro estandarte de la lucha minera que dio origen cuatro años después a la Revolución de 1910, un movimiento que logró devolver al campesinado sus tierras, hasta hace unas décadas en que volvió a darse este intenso proceso de despojo.
El problema continúa como hace 500 años y como hace 112 años, afectando a las poblaciones campesinas, a los pueblos originarios que reciben los impactos ambientales –falta o contaminación del agua– y el arrebato de una riqueza que pertenece a los mexicanos.
La doctora Azamar Alonso, académica del citado Departamento, denunció la evidente violencia que se ha ejercido contra los pobladores de las regiones donde se han abierto minas, y otra forma derivada de los cambios en la legislación que ha llevado a cabo el gobierno, como las modificaciones al artículo 27 constitucional.
Ha habido muchos acuerdos desde el sexenio de Felipe Calderón hasta el gobierno actual, que permitieron a empresas extranjeras la extracción de los recursos naturales.
Fuente:http://almomento.mx/la-explotacion-minera-destruye-comunidades-y-favorece-a-una-minoria/
Un conflicto minero en Guatemala inquieta a la industria en toda Latinoamérica
Las empresas mineras gozan de grandes privilegios en México para realizar sus labores de extracción, pese a que dañan y transforman los territorios donde laboran y abusan de los trabajadores, expuso el especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Edgar Talledos Sánchez.
Incidente se registró [el domingo 16 de Diciembre] a las diez de la mañana al colapsar tubería en sus instalaciones.
La provincia de Espinar está sumamente preocupada y alarmada, un informe ha revelado que el agua potable que consume la población contiene metales tóxicos con parámetros elevados como aluminio, arsénico, hierro y manganeso. Este es un documento que emite la Dirección Regional de Salud del Cusco, a través del oficio Nº 01256-2018 con fecha 27 de noviembre del presente año, dirigida a la Municipalidad Provincial del Espinar.
Martín Vizcarra, presidente de la República, aseguró que se están trabajando en el levantamiento de las observaciones, pero de la mano con las nuevas autoridades regionales y distritales.
La Seremi de Salud en la región de Antofagasta estimó en 30 mil las personas posiblemente afectadas con altos niveles de arsénico, luego de las conclusiones del estudio de metales pesados elaborado por la Universidad Católica de Chile.
El Consejo de Estado sepultó definitivamente la consulta popular antiminera liderada por la propia comunidad en el Huila. La primera fue en Cumarales (Meta). La iniciativa ciudadana generó choque de trenes. La multinacional Telpico con carta blanca para la exploración del bloque VSM-22 suspendido por el movimiento ciudadano.
Abogados hacen un alerta a los que aun son ejidatarios en México: No dejen que la asamblea, la máxima autoridad de ejidos y comunidades, vote a favor de lo que se llama el ‘dominio pleno’ de las tierras, este es el ultimo paso para la privatización definitiva de las tierras ejidales. Después de esto el certificado que tienen registrado en el Registro Agrario Nacional (RAN) se cancela porque ya no es propiedad agraria y pasa a ser propiedad privada. De esta forma es más fácil que los proyectos extractivos entren a las comunidades, ya no habrá comunidad que los obstaculice, solo personas a quien se les puede comprar individualmente la tierra.