Chile

Chile: relaves mineros son arrojados al mar en las costas de Huasco

Poco a poco, el fondo marino de la Ensenada de Chapaco comenzó a cubrirse con un manto arenoso. Héctor Zuleta ya no podía mariscar entre las cuevas, los cerros y los bosques, que “al igual como existen en la tierra, existen en el mar” porque “todo eso quedó tapado” y los pescadores y mariscadores tuvieron que ir a buscar otros lugares donde trabajar. Cuando Héctor Zuleta escuchó decir a la autoridad ambiental que “tal disminución de recursos puede ser atribuible a la permanente descarga de relaves recibida en dicho sector marino, proveniente de la actividad de la planta de pellet”, él solo confirmo algo que ya sospechaba.

Desde 1978 que la Compañía Minera del Pacífico (CMP), miembro del grupo CAP Compañía de Acero del Pacífico, vierte sus relaves mineros al mar en la ciudad portuaria de Huasco, al norte de Chile. Un pedazo del desierto más árido del mundo que, en 2012, fue declarado zona de sacrificio por sus altos índices de contaminación.

Para nadie nunca fue un secreto que el mar de Huasco recibe los desechos de la minera. Pero lo que los habitantes no sabían era que la empresa —la principal productora de minerales de hierro en toda la costa oeste americana, la mayor productora siderúrgica en Chile y la más importante procesadora de acero del país— lo hacía sin autorización ambiental.

Cuando, en agosto del año pasado, la organización de conservación marina Oceana denunció los hechos, ante la Superintendencia de Medio ambiente, esta autoridad ambiental inició un proceso sancionatorio en contra de la empresa por veinte infracciones. CMP arriesga hoy el cierre de sus faenas, pero mientras se desarrolla el procedimiento para acabar con la contaminación de 50 años los relaves estos continúan siendo arrojados al mar.

La toxicidad de los relaves

Los relaves mineros son el residuo resultante de procesos industriales, donde son utilizados métodos químicos, para extraer el metal de interés —en este caso el hierro— de la roca. Debido a la toxicidad de los relaves mineros, el vertimiento de estos desechos al mar está prohibido en gran parte de los países del mundo con excepción de Noruega, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Indonesia, Francia, Turquía y Chile.

Asfixia de organismos bentónicos —como las estrellas y soles de mar— y la alteración física del hábitat; la reducción en la abundancia de especies y biodiversidad de las comunidades marinas; toxicidad directa por el contacto de metales pesados; riesgo en la salud de las personas por consumo de peces contaminados por bioacumulación de metales son los principales impactos. El Senado de Chile los enumeró todos en un proyecto de ley ingresado en 2012, que busca prohibir los relaves marinos.

En 1993 empezó a operar el emisor submarino mediante el cual CMP deposita los relaves, hasta el día de hoy, a 350 metros de la costa y a 35 metros de profundidad en la Ensenada de Chapaco.

En 2010, la autoridad de evaluación ambiental aprobó un proyecto presentando por CMP para ampliar su planta aunque con la condición de presentar, en un plazo de 18 meses, “una propuesta de mejora técnica y ambiental de la disposición de sus relaves”. Ese sistema, una vez que fuera aprobado, debía además comenzar a operar en un plazo máximo de dos años.

Tres años más tarde, CMP presentó, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto que se le había solicitado. Tras ser estudiado, la autoridad evaluadora hizo 490 observaciones a las que la empresa debía entregar soluciones. Pero en 2017, CMP desistió del proyecto y lo retiró del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. De esa manera, el requisito que se le había exigido dejó de ser evaluado y se dio por cerrado el capítulo.

Las ilegalidades del relave

Sin un nuevo sistema de depositación de relaves, CMP continuó vertiendo sus residuos al mar de la misma manera en la que venía haciéndolo desde 1993. Ello, a pesar de que el permiso que se le había otorgado estaba “condicionado al cumplimiento de todos los requisitos, exigencias y obligaciones establecidas”. Juan Pablo Sanguinetti, abogado de la Fundación Relaves explicó a Mongabay Latam que “el permiso de CMP es un permiso con condiciones. Si estas no se cumplen, el permiso no existe”.

Al mismo tiempo, el efluente que CMP vierte en el mar, tampoco cumple con las condiciones especificadas en el permiso que se le otorgó en 2010.

Los desechos mineros que son vertidos al mar deben tener al menos un 50 % de solidez puesto que “si el efluente es demasiado líquido, en lugar de decantarse en el fondo marino, se dispersa en el agua provocando mayores efectos contaminantes” dice Victoria Caroca, química de Fundación Relaves. Pero, según el proceso sancionatorio, CMP vierte sus desechos “con un porcentaje de sólidos inferiores al 50 % y por un caudal superior al que fue aprobado ambientalmente correspondiente a 4,700 m3/día. Los monitoreos especifican, por ejemplo, que entre el 6 y 7 de septiembre del 2016, el caudal promedio fue el doble de lo permitido.

Por otro lado, Sanguinetti señaló que se autoriza verter al mar “siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones, como que el material vertido sea inocuo” es decir que no sea dañino. Pero un estudio del 2015, encargado por la Subsecretaría de Pesca, revela que los óxidos de hierro, contenidos en el relave de CAP, son disueltos en el mar al entrar en contacto con ciertas materias orgánicas. En ese proceso de disolución, se liberan elementos trazas a la columna de agua. Específicamente Magnaneso, Cobre, Arsénico, Vanadio y Galio.

Actualmente, la Superintendencia se encuentra evaluando el Plan de Cumplimiento que presentó la empresa, en respuesta al proceso sancionatorio que se abrió en su contra.

CMP se comprometió a que si dicho plan es aceptado por la autoridad, dejará de arrojar relaves al mar en un plazo de 12 meses. Si el Plan, en cambio, no es aceptado, el proceso sancionatorio continuará su curso y la autoridad podría determinar el cierre de las faenas. Ello, al menos, durante el tiempo que tome construir una infraestructura para dejar los relaves en tierra.

Mientras todo eso se resuelve, los relaves continúan siendo arrojados al mar.

Fuente:http://www.terram.cl/2018/10/chile-relaves-mineros-son-arrojados-al-mar-en-huasco/

Colombia

La minería: epicentro del conflicto ambiental en Colombia

Cifras de la Contraloría General de la República indican que en Colombia existen 9.594 títulos vigentes para la explotación minera, que representan más de 5 millones de hectáreas utilizadas para esta actividad. Al menos el 59 % del territorio colombiano está otorgado en concesión o tiene solicitudes mineras pendientes y solo cerca de 3 millones de hectáreas se usan para la agricultura.

En los conflictos ambientales de Colombia existen expresiones de violencia permanentes cuando se imponen proyectos de extracción minera. La afectación de las fuentes hídricas, el desplazamiento de la población, el daño a los ecosistemas, la ruptura de los tejidos sociales en los territorios, la corrupción del ejercicio de la política y su transformación, todas ellas también son formas de violencia.

Para Jorge Mario Vera, investigador de la Universidad del Tolima y con 6 años de trabajo en asuntos de conflicto ambiental en el país, la conflictividad se origina bajo la demanda energética y mineral de las economías de Estados Unidos, China, Japón, India, Rusia y Europa occidental. La extracción de oro, carbón, níquel y esmeraldas son los minerales estratégicos que buscan las empresas transnacionales.

Lo que vuelve a Colombia el foco de recursos minero-energéticos, es que “tenemos más conservados los recursos y la riqueza natural, ya sea por la intervención de las comunidades o porque no contamos con los avances tecnológicos para la explotación de los recursos”, agrega Vera.

El Atlas de Justicia Ambiental Global, una de las fuentes de conflictividad ambiental, indica que Colombia es el segundo país en el mundo donde se han denunciado más conflictos de esta índole, 128 casos han sido reportados hasta la fecha, sectorizados sobre las tres cordilleras.

52 son los asuntos reportados por explotación minera en el país en la actualidad, que representan el 40,6% de las denuncias, y el 59,4 % restantes son casos que tienen que ver con el sector hidroeléctrico, actividad de hidrocarburos, ecoturismo, concentración de tierras y expansión urbana.

Hay títulos para proyectos mineros sobre 300 mil hectáreas en territorios de pueblos indígenas y 44 mil hectáreas en tierras de comunidades afrodescendientes. De igual forma son 34 los títulos mineros vigentes otorgados dentro de la jurisdicción de Parques Nacionales Naturales.

Con respecto a la reciente decisión de la Corte Constitucional, según la cual las consultas populares no podrán vetar proyectos mineros y de hidrocarburos, Vera califica como un “desacierto total” el fallo de ese organismo, porque vulnera la autonomía que tienen las comunidades en los territorios e favorece los alcances del Estado sobre los recursos del suelo.

“Considero que esta decisión puede generar un exacerbamiento de la conflictividad en los territorios, dado que los escenarios de las consultas populares habían permitido zanjar esas disputas alrededor del ejercicio democrático y de participación de las comunidades. Entonces es absolutamente desafortunada, no contribuye a la construcción de una paz sustentable, como ha sido el anhelo del pueblo”, subraya Vera.

Aunque la corte considere que no existan más los mecanismos participativos para manifestar oposición a estos proyectos, la decisión no zanjaría las luchas sociales por los territorios. “Al negárseles y cercenárseles este recurso, las comunidades no se van a quedar quietas y muy probablemente van a buscar otros mecanismos, que uno desearía que fueran en el marco de la Constitución y de la ley”, añade Vera.

¿Por qué la minería es el epicentro del conflicto ambiental del país?

Si bien existen sectores que defienden –a ultranza– que la explotación minera es la vía para el desarrollo social y económico, la actividad demuestra lo contrario. La experiencia del extractivismo en Colombia está vinculada al saqueo, despojo, injusticia y muerte de los pueblos donde se ha implementado.

La Contraloría indica que el “80% de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Colombia, se presentan en los municipios minero-petroleros; el 87% del desplazamiento forzado sale de estos municipios; el 78% de los crímenes contra sindicalistas; 89% contra indígenas y 90% contra afrodescendientes se cometen en áreas minero-energéticas”.

La explotación minera, considerada nociva por los habitantes de los territorios, no ha mejorado las condiciones de pobreza y generación de empleo, pero sí afecta los recursos naturales, alimentarios e hídricos de las comunidades. Hay coincidencia entre las regiones de explotación minera con aquellas en las que se ha intensificado el conflicto armado, el desplazamiento forzado y la violencia contra las mujeres.

La minería ilegal en la extracción del oro está financiando las actividades delincuenciales de grupos armados y organizaciones ilegales nacionales e internacionales. El Cartel de Sinaloa, para citar un ejemplo, es uno de los mayores promotores de esta actividad en Colombia.

Finalmente, los parámetros de concesión y regalías acordadas con las empresas han condicionado el aprovechamiento de las ganancias de la actividad que más rentas ofrece en el mercado internacional. Igualmente, ha encontrado influencia en funcionarios del Estado y líderes políticos para afianzar intereses colectivos.

Fuente:http://www.uniminutoradio.com.co/la-mineria-epicentro-del-conflicto-ambiental-en-colombia/

Chile

Gobierno de Piñera reduce límites del Parque Nacional Patagonia para permitir las exploraciones de mineras.

El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, viajó hasta Chile Chico, en la región de Aysén, para anunciar a la comunidad que el conflicto de los límites de la futura Red de Parques Nacionales de la Patagonia, ya está solucionado.

A finales de enero de este año, la expresidenta Michelle Bachelet firmó los decretos que permiten la creación de la Red de Parques Nacional de la Patagonia para proteger el ecosistema y su conservación, así como también fomentar el turismo.

La Red de Parques Nacionales de la Patagonia, consiste en ocho parques nacionales que suman un total de 4,3 millones de hectáreas en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, tras la donación de las fundaciones del fallecido empresario Douglas Tompkins.

Sin embargo esta iniciativa afectaba directamente las fuentes de trabajo de los habitantes de Chile Chico. Entre los parques se encuentra el Parque Nacional Patagonia que, en su decreto original, incluyó terrenos fiscales  donde se practican actividades ganaderas como el uso de veranadas y la minería.

De esta forma el ministro Felipe Ward, informó el día de ayer que se logró “firmar un acuerdo muy emblemático e histórico” luego de “una labor muy profunda” en la que se recorrió la provincia para ver qué familias se veían afectadas por la propuesta que se efectuó durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Esta solución consiste en excluir de la superficie del Parque las actividades esenciales para la subsistencia de los habitantes de la zona, reemplazándolas por otras áreas. Así, de las 4.279.760 hectáreas (aprox.) de la Red de Parques de la Patagonia, el Parque Nacional Patagonia contará con una superficie total de 305.712,15 hectáreas.

El ministro aseguró quedar “muy contento” ya que “suscribimos un acuerdo donde fuimos capaces de representar como Gobierno a todas las fuerzas viva de la comuna”.

La minera australiana Equus Minig realizó exploraciones cerca del Parque Patagonia, el cual ha sido fuertemente cuestionado.

A fines de enero de este año, a menos de dos meses de dejar su cargo como Presidenta, Michelle Bachelet firmó los decretos que permiten la creación de la Red de Parques Nacionales de la Patagonia, consistente en ocho parques nacionales, que suman 4,3 millones de hectáreas en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, y que son fruto de un aporte de las fundaciones del fallecido empresario Douglas Tompkins en conjunto con el Estado.

Entre ellos, se encuentra el Parque Nacional Patagonia (Aysén), que en su decreto original incluyó terrenos fiscales donde hoy existen zonas de actividades ganaderas llamadas veranadas y, además, un área aledaña a la Reserva Jeinimeni, donde una minera (la australiana Equus Minig) realizó exploraciones para un nuevo proyecto minero.

Fuente:https://www.vcchile.com/es/noticias/nacional/gobierno-de-pinera-reduce-limites-del-parque-nacional-patagonia-para-permitir-las-exploraciones-de-mineras/15/10/2018/29067.shtml

Mexico

Diputados desechan Ley de Fomento de Minería Responsable de BCS

El Congreso del Estado dio para atrás por unanimidad al proyecto de Ley de Fomento de Minería Responsable de Baja California Sur.

Luego de las críticas, en redes sociales, por las modificaciones hechas por los legisladores a la Ley de Participación Ciudadana, misma que desechaba la necesidad de presentar firmas para sustentar las propuestas de la sociedad sudcaliforniana y que permitieron a Miguel Ángel Luna llevar a la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros, un documento que reconocería el supuesto de la “minería responsable”.

Uno de los argumentos para desechar la Ley de Fomento de Minería Responsable de Baja California Sur fue basado en el artículo 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos:

“Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123”.

La “minería responsable” o “minería sustentable” es la estrategia discursiva que organismos como la Cámara Minera de México, porque las críticas y rechazo en América Latina a las empresas mineras crecieron durante  el siglo XXI.

“La expedición de una “Ley de Fomento de Minería Responsable para el Estado de Baja California Sur”, no cumpliría un propósito eficaz de fomentar la minería en nuestro Estado, ya que como se señaló con antelación es el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Economía quien tiene a cargo el fomento a la minería”, expresaron las comisiones unidas de Ecología y de Asuntos Agropecuarios, Forestal y Mineros.

Fuente:https://www.sdpnoticias.com/local/baja-california-sur/2018/10/17/diputados-desechan-ley-de-fomento-de-mineria-responsable-de-bcs

Chile

Comisión de Minería aprueba expropiación de empresas de litio

La Comisión de Minería de la Cámara de Diputado aprobó un proyecto de ley para declarar de interés nacional a las empresas privadas que explotan litio.

“Ello en el fondo implicará que estas compañías son expropiables por el Estado, como una forma de recuperar el litio para Chile”, explicó la presidenta de esta instancia, diputado Marcela Hernando (PRSD).

Este proyecto de autoría del diputado Daniel Núñez (PC) concitó 7 votos a favor y 3 en contra de los diputados Diego Paulsen (RN), Nicolás Noman (UDI) y Sofía Cid (RN), tres de los 6 representantes de Chile Vamos que estaban presentes en la instancia.

“Esperamos que la próxima semana se ponga en tabla en la Sala. Necesitamos mayoría simple para que sea aprobado”, indicó Hernando.

La diputada comentó que el Ejecutivo manifestó que el proyecto no era necesario porque actualmente la Constitución establece que el litio no es concesionable, pero los parlamentarios fundaron el proyecto en que los contratos actuales de arrendamiento no se cumplen a cabalidad por la empresa privada. Citaron los problemas de pago de SQM y las desaveniencias sobre el precio preferente de venta de litio con Albemarle.

“Hoy no hay cómo controlar los contratos de arrendamiento, y las empresas faltan en el cumplimiento, y no nos referimos sólo a SQM sino también a Albemarle. Hasta en una concesión el Estado tiene más herramientas para resguardar su parte. Por eso queremos que el Estado recupere esas pertenencias y después determine si quiere explotarlas o concesionarlas”, explicó.

Fuente:https://www.latercera.com/pulso/noticia/comision-mineria-aprueba-expropiacion-empresas-litio/364801/#

Venezuela

“El Arco Minero es hoy, una política de ajuste”. Entrevista de Venezuelanalysis a Emiliano Teran Mantovani

Emiliano Teran Mantovani, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, ha seguido de cerca el surgimiento del Arco Minero del Orinoco. Teran concibe esta nueva serie de megaproyectos como la aceleración desastrosa de una lógica extractivista aceptada sin críticas. En esta entrevista, sostiene que hay alternativas a una economía basada en la extracción que, aparte del daño ambiental y social que produce, no ha logrado resultados en términos de acumulación de capital y desarrollo.

 

CPM: Existe una trágica falta de conocimiento sobre el Arco Minero en Venezuela. ¿Puede, muy brevemente, decirnos algo sobre cuándo comenzó el proyecto, su escala, alcance e impacto ambiental?

ETM: El Arco Minero fue propuesto no hace mucho, en 2011, por Hugo Chávez. Pero me gustaría agregar lo siguiente: en realidad, lo que sería posteriormente el Arco Minero surgió durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, en el cual hubo un conflicto ambiental que resonaría en la opinión pública a finales de los 90. Fue entonces cuando Caldera presentó un decreto que desregulaba la Reserva Forestal Imataca para introducir la minería allí. Es donde están hoy las minas de oro que son el foco principal de la minería en el Arco Minero. La movilización en contra fue tal que ese decreto se mantuvo de alguna manera neutralizado. No fue derribado, pero si neutralizado. No pudieron completarlo. Es con Chávez que este decreto finalmente se formaliza, lo que permitiría llevar a cabo la minería en esa reserva forestal.

Es importante contar esa historia, porque proviene de toda una lógica de (re)colonización del Sur, una lógica que ha sido parte de los proyectos de desarrollo contemporáneos en Venezuela durante mucho tiempo. De hecho, todos los proyectos desarrollistas y progresistas recientes (como el proceso bolivariano) siguieron esa lógica.

En 2011, en el gobierno de Chávez, se anunció el Arco Minero de Guayana o el Arco Minero del Orinoco. Luego se habló de incluso un proyecto conjunto, el Plan Estratégico conjunto con la Faja Petrolífera del Orinoco, que ahora añadía una serie de proyectos mineros en toda la extensión del territorio al norte del estado Bolívar. Estamos hablando de una extensión de 111.800 kms cuadrados, 12 por ciento del territorio nacional, que es aproximadamente del tamaño de Cuba, para tener una idea de la escala. Los proyectos propuestos son la extracción de oro y diamantes, coltan, bauxita y hierro.

Esto implica reabrir y dar un nuevo impulso a minas ya existentes. No es que todas las minas serían nuevas. Minas ya existentes recibirán un nuevo impulso (como las dos grandes minas de oro), pero todo esto también va implicar el abrir nuevas minas. Por ejemplo, la extracción de coltán es totalmente nueva en Venezuela y significa penetrar el bosque de Parguaza y abrir grandes minas de coltán allí. También se abrirían nuevas minas en Imataca para la extracción de oro, formalizar minas de diamantes en el oeste del estado Bolívar y expandir la extracción de bauxita y hierro, que es antigua en Venezuela.

 

CPM: El Arco Minero del Orinoco implica una nueva legislación que, en efecto, coloca a la zona fuera del estado de derecho y la Constitución. Incluso se podría hablar de un régimen de excepcionalidad, desterritorialización y pérdida de soberanía. ¿Puede decir algo sobre el conflicto entre la soberanía popular y las necesidades de la acumulación capitalista global?

 

ETM: Eso es muy importante. Al principio, para el gobierno de Chávez, la Faja Petrolífera del Orinoco y lo que hoy conocemos como Arco Minero del Orinoco fueron iniciativas dirigidas a superar el agotamiento del modelo tradicional de acumulación rentista petrolera. Antes de Chávez, el enfoque era fundamentalmente la extracción de crudos livianos y medianos en el estado Zulia (frontera occidental) y en oriente del país, pero esos pozos están en franco declive. Entonces, dentro del modelo extractivista, con Chávez hay un cambio que le da mayor presencia a la extracción de petróleo no convencional en la Faja Petrolífera [también en el oriente del país]. Esto, por supuesto, tiene un impacto ambiental mucho mayor y un mayor costo. Por lo tanto, el Arco Minero sigue la misma lógica, dando nueva vida y oxigenando a un modelo en crisis.

Digo esto porque, si durante el gobierno de Chávez el Arco Minero tuvo un carácter de desarrollismo expansivo, una especie de reformulación del modelo extractivista, bajo el gobierno de Maduro este proyecto asume la naturaleza de una política de ajuste. Es un ajuste radical, aunque no es el típico ajuste macroeconómico, que trataría de redistribuir los excedentes monetarios de abajo hacia arriba.

Este ajuste tiene que ver directamente con la territorialización –es decir, con la apropiación, intervención, modelamiento y administración de los territorios del país– y la penetración radical de la soberanía nacional basada en varios mecanismos. Primero, desde 2016, Venezuela ha estado bajo un estado de excepción formal y declarado, de hecho y de derecho. Este estado de excepción se encuentra en el contexto de una ‘emergencia económica’.

Luego, hay otro instrumento: las Zonas Económicas Especiales. Siguen el formato del neoliberalismo chino, una forma de desregulación radical de los territorios, en la que se elimina cualquier obstáculo para el rápido desarrollo del capital: impuestos, aduanas, permisos, leyes laborales, restricciones ambientales, lo que sea. Este estado de excepción incluso significa asignar un tipo de gobernador ad hoc al territorio en cuestión.

El Arco Minero del Orinoco fue finalmente formalizado, en su encarnación actual, en febrero de 2016 con el Decreto Presidencial 2.248. Fue declarado Zona Económica Especial (o llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional). Como tal, se constituye como un territorio de desregulación total, de modo que el capital pueda desarrollarse libremente a cualquier precio. Eso presupone la eliminación de derechos de todo tipo: consulta democrática, derecho al trabajo, derecho a la vida, derecho a un medio ambiente limpio y sano, etc.

El régimen de excepción se implementó de la mano de una zona militar especial. Entonces, el Arco Minero es tanto una zona minera especial como una zona militar especial. Tiene un régimen militar especial. El Decreto 2.248 establece que los grupos que se oponen a él se oponen a los “intereses nacionales”, y al oponerse a los intereses nacionales ejercerían en una especie de crimen contra el propio Estado. Eso se dice muy claramente en el Decreto 2.248.

Ahora, cuando se observa esto desde el punto de vista de las consultas populares y consultas previas, lo cual, en un proyecto de esta magnitud, debe hacerse no sólo porque está establecido en la Constitución Bolivariana de Venezuela, sino también (en el caso de las consultas a los pueblos indígenas) por el derecho internacional, el proceso se ha llevado a cabo de forma muy irregular, con mucha manipulación y cooptación. Para dar un ejemplo, indígenas se han quejado de las apariciones en televisión de capitanes cooptados que no los representan, y estos jefes cooptados estaban respaldando el proyecto minero.

Adicionalmente, los estudios de impacto ambiental están notablemente ausentes. Han sido anunciados, pero nadie sabe dónde están. Nadie sabe nada de ellos. Agrega a esto que los ciudadanos tienen derecho a ser informados sobre el carácter y el alcance de los acuerdos que se han hecho, pero siguen siendo un misterio total. Toda la información que tenemos se basa en las promesas gubernamentales del ecosocialismo y la supuesta “minería ecológica”, pero sabemos, basado en estudios académicos y la experiencia acumulada en América Latina, que la mega-minería es una de las actividades industriales más devastadoras de todas. Así que, claramente el Arco Minero representa un régimen de excepción siguiendo una política de ajustes del tipo más radical, un camino neoliberal muy radical.

CPM: Una posición radicalmente anti-extractivista parece injusta. ¿Cómo avanzarán las naciones del Sur Global cuando, a corto y mediano plazo, sus únicas posibilidades de desarrollo parecen ser la extracción de materias primas? Muchos países del Norte Global pasaron de las economías extractivas a las industriales en los tiempos modernos. Entonces, ¿no sería injusto negar esa posibilidad a las naciones del Sur Global? ¿No es injusto hacer que las naciones del Sur Global soporten la carga de la crisis ambiental del planeta?

 

ETM: No estoy seguro de estar de acuerdo con algunas de esas afirmaciones. Primero, los últimos quince años de gobiernos progresistas en América Latina se han caracterizado por una lógica más bien de profundizar el extractivismo. Estas no fueron decisiones tomadas por la gente; la decisión vino desde arriba. Los vimos jugar esa carta, como si no hubiera otras opciones.

Repasemos uno de los argumentos típicos: “Necesitamos abrir esta nueva mina, necesitamos abrir un nuevo pozo de petróleo, necesitamos iniciar nuevos proyectos de monocultivo de soja”. ¿Y por qué necesitamos hacer esto? Porque necesitamos divisas para el desarrollo.

Uno de los problemas aquí es que no hay ninguna discusión sobre cómo distribuir el excedente ya existente. Las razones para abrir nuestro territorio a la minería son las mismas: se necesita captar divisas. Pero si observamos los diez años anteriores a 2014 (ese año bajó el precio de las materias primas), en esos diez años de auge, unos 500 mil millones de dólares ingresaron a las arcas del Estado venezolano. Entonces, antes de abrir una nueva mina, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué pasó con todo ese dinero?

Para entender el capitalismo rentista venezolano, se debe entender la arquitectura de la distribución de la renta del petróleo. Esa arquitectura da forma a toda la economía nacional. La distribución de la renta petrolera determina las estructuras de poder y las diversas formas de consumo doméstico. En otras palabras, si por ejemplo el Estado tiene un subsidio eterno a la gasolina, como es el caso de Venezuela, eso fomentará un tipo específico de consumo. Va a determinar la forma en que las personas van de un lugar a otro y promoverá la práctica generalizada de importar vehículos.

Además, cuando hablamos de distribuir las ganancias del petróleo, también tenemos que hablar de impuestos. Según datos de la CEPAL, Venezuela y Chile son los países del continente donde los ricos pagan menos impuestos. En Venezuela, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), es un impuesto regresivo, que además ha aumentado y cae sobre los hombros de los pobres.

¿Cómo podemos conectar esto con el extractivismo? Te voy a dar un ejemplo. Uno de los mayores debates sobre el extractivismo en América Latina fue sobre el Parque Nacional Yasuní en Ecuador. Si aumentara en un 1,6 por ciento el impuesto sobre las 200 empresas más grandes y las familias más ricas del país, eso traería a las arcas del Estado la misma cantidad de dinero que aportaría 25 años de extracción de petróleo en la reserva de Yasuní.

Este es el caso de cualquier país latinoamericano. En lugar de abrir el debate sobre el tema de la distribución desigual de la riqueza, la única solución que aparece en el discurso es explotar más los ‘recursos naturales’: abrir nuevos campos, nuevas minas, etc. Luego, cuando los precios de las materias primas bajan, entonces este discurso más bien se engrandece: más iniciativas extractivistas deben impulsarse porque hay una crisis y, por supuesto, la única solución es extraer o perforar más pozos, minas, etc. Sin embargo, resulta que nos metimos en la crisis actual entre otras cosas porque la lógica extractivista estuvo inflada durante la última década y media.

Adicionalmente, conviene decir que actividades como la minería tienen un impacto en otros tipos de sectores económicos, ya que afecta por ejemplo la generación eléctrica. En Venezuela la mayor parte de la electricidad proviene de plantas hidroeléctricas. La minería que ocurre en Bolívar afecta los cauces de los ríos, lo que en el caso del río Caroní afecta sensiblemente la potencia de su caudal, siendo el río que alimenta la represa Guri, la principal fuente de electricidad en el país. Así se ha afectado la generación de electricidad. Eso tiene un efecto adverso en la economía, incluso en las refinerías de petróleo existentes y otros sectores de la industria petrolera.

Desafortunadamente, los debates sobre minería y extractivismo son silenciados. Entonces, resulta que el Arco Minero va a terminar afectando adversamente la productividad y la vida en Venezuela, y eso incluye la propia producción de petróleo, que es la que genera los principales ingresos para la nación.

 

CPM: ¿Qué pueden hacer las personas que quieren monitorear, protestar o simplemente mantenerse informados sobre el Arco Minero?

 

ETM: Es necesario volver a movilizar a las personas, y esa movilización debe ser autónoma e independiente. Estamos ante un gobierno que se ha desviado de su camino y tiene poco que ver con el proyecto inicial de las bases populares del chavismo, que tenía una orientación emancipadora y propuso una transición alternativa. Ese bloque debe recuperar su agenda social involucrando demandas relacionadas con el trabajo y el salario, junto con reclamos relacionados con el género, los derechos indígenas y la tierra.

Hay una crisis ambiental muy grave en Venezuela y la agenda ambiental debe ser asumida por todos, centrándose particularmente en la lucha contra esta nueva forma de extractivismo de ajuste que se ha vuelto dominante. Hay alternativas, y el movimiento popular tiene que forjar un proyecto: un camino diferente al de la actual devastación que estamos presenciando en Venezuela. Eso, a su vez, requiere un proceso de construcción y debate autónomos, que nos permita superar la lógica actual de devastación social y ambiental.

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2018/10/15/arco-minero-hoy-una-politica-ajuste-entrevista-venezuelanalysis-emiliano-teran-mantovani/

Argentina

Pan American Silver es la minera más miserable en Santa Cruz

La empresa que funcionarios, empresarios y medios chubutenses impulsan para explotar el Proyecto Navidad en nuestra Meseta fue señalada por los proveedores mineros de Santa Cruz como una empresa que “se lleva todo y no deja nada”. Lo señalaban así en Diciembre del año pasado, a través de la Cámara que los agrupa. Es parte de lo denunciado recientemente en la Legislatura de Chubut por el diputado Albaini, ante el fuerte lobby que la empresa y el gobierno nacional vienen ejerciendo sobre la sociedad y las instituciones chubutenses para forzar el inicio de la megaminería en nuestra provincia, en abierta y necia oposición a la manifiesta voluntad de la población.

Capromisa sobre Triton: “Pan American Silver incrementa sus ganancias dejando nada a los Santacruceños
Ante un informe sobre las ganancias de Pan American Silver, CAPROMISA insiste con la nula responsabilidad social de la empresa hacia Santa Cruz y sus proveedores.

Hace pocos días (la nota es del  17/12/2017 ) Pan American Silver, dueña de Minera Triton, dio a conocer que sus ganancias netas llegaron hasta los u$s 36 millones en el segundo trimestre del año frente a los u$s 34,2 millones registrados en el mismo período de 2016.

Parte de la mejora en las ganancias se relacionan con la evolución de Manantial Espejo, en Santa Cruz, que elevó su producción trimestral hasta 980.000 onzas de plata, 200.000 más que en el segundo trimestre del año pasado.

Asimismo, la Compañía informó a través de un comunicado que “se encuentra en una posición de liquidez y de capital de trabajo sólidas” y se desprende además que en un futuro, y luego de realizar inversiones en la construcción de una mina subterránea y rampa de acceso, el proyecto COSE “podría producir unas 112.000 onzas de plata y 2.300 onzas de oro por mes”.

Este anuncio causó indignación en CAPROMISA – Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz-, que viene haciendo pública la situación con Minera Triton, con la cual no ha llegado a acuerdo alguno para trabajar con proveedores locales.

“Los cargos de Directores y Jefe de Negocios nos dicen que no tienen estructura operativa para trabajar o dar respuestas a planteos de trabajo para beneficiar a las economías regionales donde nuestros asociados desarrollan su negocio y además dan trabajo” explicó Fernando Paulasa, Presidente de CAPROMISA, y agregó “resulta que ahora, la compañía hace públicas sus ganancias desorbitantes logradas en gran medida con el recurso santacruceño”.

Por su parte Jorge Arias, Gerente Operativo de CAPROMISA consideró que “con este informe se está confirmando lo que venimos exponiendo: Minera Triton es una empresa que atenta contra el desarrollo de nuestros proveedores locales: tiene ganancias siderales pero no deja nada en la sociedad de la cual extrae su materia prima, que además es un recurso no renovable”.

Para los referentes de CAPROMISA, Triton explota los recursos minerales a su beneficio pero no tiene en cuenta lo poco que dejó y dejará en la provincia de Santa Cruz cuando se vaya, con un sector de proveedores poco desarrollado o nulo, con muy pobres expectativas de crecimiento.

“Es evidente que ésta operadora minera no tiene interés en generar un impacto de crecimiento en los pueblos mineros y en los proveedores. Son voraces. Los gerentes de Mina desconocen la Provincia y la cartera de proveedores que existe, reciben las propuestas en los yacimientos de muy mala gana y sin ninguna intención de llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes” sostuvo Arias.

Sobre los compradores -agentes de compras y contrataciones- de esta operadora, Arias consideró que “actúan de forma soberbia y dan a entender que no les interesa comprar a empresas de CAPROMISA” y que es doloroso ver estas actitudes ya que los compradores tienen un rol fundamental en el desarrollo de proveedores.

“Tenemos ejemplos de excelente trabajo con operadoras mineras en desarrollo de proveedores, por contraste es donde se destaca aun más la celebración que tuvimos con todos los compradores de Goldcorp en Perito Moreno, donde celebramos 2.500 oportunidades de trabajo enviado por ellos para que nuestros proveedores puedan ser parte del negocio. Lamentablemente no es el caso de los compradores de Triton ni una directiva de la Compañía” agregó Arias.  – NOTA: Desde la Asamblea de Esquel debemos señalar que aún con esas supuestas “oportunidades de negocios”, la megaminería no deja de ser un tremendo saqueo, ilustrado claramente por las cifras de extracción de onzas de oro y de plata mencionadas varios párrafos más arriba, a la vez que un brutal proceso de destrucción y contaminación a perpetuidad.

Los referentes de la Cámara de Proveedores Mineros consideraron inaceptable la actitud de la minera: “Desobedecen reuniones acordadas con funcionarios nacionales y provinciales. Se manejan con su única ley y desconocen la Provincia. Nada de lo que puedan decir en materia de desarrollo de proveedores puede ser cierto. La única realidad hoy es que en vez de darle trabajo a la provincia que explotan, sus compras las realizan afuera.”

Por último Paulasa consideró “No se pueden seguir llevando todo y dejándonos nada”.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42030-pan-american-silver-es-la-minera-mas-miserable-en-santa-cruz

Mexico

Piden a López Obrador expresarse contra la minería a tajo abierto

Integrantes del Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto felicitaron el reciente anuncio de Andrés Manuel López Obrador de prohibir el fracking en todo el país durante su sexenio.

En un comunicado conjunto con la Red Mexicana de Afectados por la Minería, demandaron al presidente electo fijar un posicionamiento similar en contra del actual modelo extractivo minero.

Advirtieron que el reparto de una parte ínfima de la renta minera destinada a las comunidades mediante el denominado Fondo Minero sólo legítima la expoliación de los recursos y justifica la grave contaminación que producen las empresas:

El verdadero apoyo a las comunidades afectadas por la minería no es usar ese Fondo Minero, creado para eludir responsabilidades, ya que más temprano que tarde no habrá dinero que alcance para la supuesta remediación de las afectaciones irreversibles a la salud, el medio ambiente, el patrimonio biocultural y el tejido social de estas comunidades, manifestaron.

Los integrantes del Movimiento Morelense cuestionaron que en febrero de 2017 López Obrador prometiera promover un acuerdo bilateral con Canadá para lograr mayor inversión de las empresas mineras de ese país en México, supuestamente con salarios justos y cuidado del ambiente.

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2018/10/14/politica/005n2pol

Mexico

Contra tiradero de 20 mil toneladas diarias de tóxicos en Epazoyucan

Opositores al tiradero de desechos mineros tóxicos promovido por Minera del Norte contaminaría diariamente al municipio de Epazoyucan con 20 mil toneladas de materiales altamente peligrosos.

“No son cientos, no son miles: Son millones de toneladas de desechos tóxicos con las que el proyecto Pachuca contaminaría a Epazoyucan”, denunciaron en redes sociales.

Epazoyucan – Lugar de los epazotes- fue fundado en 1540 y se encuentra localizado en la región central de Hidalgo.

Dicho municipio se encuentra a 21 kilómetros de la capital Pachuca.

Desde 1554 la población fue objeto de explotación irracional en las minas, con el descubrimiento de los centros minero en Pachuca y Real del Monte.

El Consejo Ciudadano de Epazoyucan, conformada por los pobladores y que incluye a las autoridades del municipio señalan que

“Aunque la versión más extendida entre los medios de comunicación y entre la mayoría de la población indica que el Proyecto Pachuca que promueve la Minera del Norte, S.A., de C.V., (MINOSA), filial de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA), se trata únicamente de trasladar miles de toneladas de jales mineros ubicados en Pachuca de Soto y en Mineral de la Reforma hacia Epazoyucan, la verdad es que el Proyecto Pachuca”:

1) No sólo implicaría el traslado, sino que implicaría también la remoción, el reproceso y el depósito final de materiales altamente peligrosos y tóxicos. Y,

2) No son miles, sino millones de toneladas de materiales peligrosos las que serían reprocesadas y depositadas en Epazoyucan.

La información que fue difundida por la Asociación por la Protección de la Tierra y los Bienes de Epazoyucan (Aptybe), precisan que:

Según los datos de la Manifestación de Impacto Ambiental en Modalidad Particular que la Minera del Norte presentó ante la SEMARNAT, la Planta de Beneficio Metálico que pretende construir y operar en Epazoyucan generaría 20, mil toneladas de desechos mineros por día.

Esto supondría que en 25 años la Planta de Beneficio Metálico terminaría reprocesando y depositando, alrededor de 182 millones de toneladas de materiales altamente peligrosos.

Alrededor de la mitad de esos materiales provendrían de los jales mineros que actualmente se encuentran depositados de en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Pachuca de Soto.

En entrevista a Regeneración.mx, ratificaron que dichos materiales ya son “considerados por las normas mexicanas desechos peligrosos; mientras que las toneladas restantes provendrían de las minas trabajadas por MINOSA”.

En su comunicado los pobladores de Epazoyucan reiteraron “no permitamos que la filial de Altos Hornos de México, envenene nuestra tierra con desechos altamente peligrosos y tóxicos para el medio ambiente, la flora, la fauna y la salud humana”.

LEER MÁS:  Se desborda presa de jales de minera FSM, contamina Río del Coyote en Magdalena Ocotlán

Miembros de la asociación defensora de Epazoyucan (Aptybe) celebraron que dicho municipio, incluyendo sus autoridades hallan cobrado conciencia sobre los peligros de dicho tiradero tóxico.

Recordaron que el tema del tiradero promovido por la filial de Altos Hornos, es un tema que ha retomado el Congreso Local de Hidalgo.

“Aún no hemos ganado”, precisaron.

Denunciaron que incluso representantes de la empresa se han acercado a ejidatarios para intentar comprarles la tierra.

“Nosotros seguimos con nuestro trabajo”, de defender al pueblo y sus bienes, subrayaron.


Proyecto Pachuca usaría agua para 20 millones de personas al año

Regeneración. 15 de agosto del 2018. Ante la apertura de una planta de beneficio metálico en Epazoyucan, denominada Proyecto Pachuca grupos civiles denunciaron que dicho beneficio de metal extraería agua en cantidad similar a la que ocupan 20 millones de personas. Afectaría acuífero Cuautitlán, Pachuca al que se le extra mas agua que la que recarga.

El documento circulado en redes sociales, entre ellos en la Red Mexicana de Afectados por la Minería; se titula “El agua vale más que el oro y la plata“.

La denuncia consiste en un recuento de la cantidad de agua que utilizaría dicha actividad metalúrgica y la puntualización del ya existente estrés hídrico en la Cuenca Cuautitlán-Pachuca.

LEER MÁS:  Se desborda presa de jales de minera FSM, contamina Río del Coyote en Magdalena Ocotlán

Se señala que la Planta de Beneficio Metálico que se contempla construir y operar en Epazoyucan el Proyecto Pachuca utilizaría:

En su operación diaria 262.7 l de agua (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PUNTO SIETE LITROS DE AGUA POR SEGUNDO).

Es decir: 15 mil 762 LITROS DE AGUA POR MINUTO.

945 mil 720 LITROS DE AGUA POR HORA.

22 millones 697 mil 280 LITROS DE AGUA POR DÍA.

8, 284, 507,200 LITROS DE AGUA POR AÑO.

Si en México el consumo promedio de agua por persona en equivale a 380 litros de agua por día, el Proyecto Pachuca consumiría en un sólo día el equivalente a lo que consumen más o menos 59,729 personas, (CINCUENTA Y NUEVE MIL, SETECIENTAS VEINTINUEVE PERSONAS).

En un año el equivalente a lo que consumen alrededor de 21,801, 334 (VEINTIÚN MILLONES, OCHOCIENTOS UN MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PERSONAS)

“Esto es inviable en una zona que sufre estrés hídrico, es decir escasez; el acuífero del cual nos abastecemos todos los Municipios de zona, el Acuífero Cuautitlán-Pachuca, se encuentra en detrimento, o sea, se le extrae más agua de la que recarga naturalmente”,  según puntualizó en FB un post de Epazoyucan Aptybe

Fuente:http://www.remamx.org/2018/10/contra-tiradero-de-20-mil-toneladas-diarias-de-toxicos-en-epazoyucan/

Mexico

“Ni oro ni plata, la minería mata” Crónica del Juicio Popular Comunitario Contra el Estado y las Empresas Mineras.

Era jueves 11 de octubre de 2018, comunidades afectadas por proyectos mineros llegaron desde diversas regiones de Oaxaca para denunciar los conflictos y afectaciones que las minas han causado por todo el estado. De los Valles Centrales, de la Sierra Sur y la Sierra Norte, del Istmo, de la Cañada y de la Mixteca llegaron al Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras.

Olor a copal en el aire, yerba buena, albahaca y el sonido de la caracola del llamado, inundaron la Casa de la Iglesia Oaxaqueña y los corazones de las personas asistentes. Corrían las 10:10 am, autoridades y representantes de cada pueblo se agruparon en círculo, rodeando su ofrenda a la madre tierra y con la mano en el corazón agradecieron el encuentro y desearon el éxito del Juicio.

El jurado se conformó con especialistas y personas defensoras de México y otros países. Acudió Blanca Chancosa de Ecuador, dirigente indígena Ecuatoriana de nacionalidad Kichwa-Otovalo, una de las fundadoras de la CONAIE, Jakeline Romero de Colombia, de Fuerza de Mujeres Wayuu, ganadora del Premio Nacional de Defensa de los Derechos Humanos; el Brasileño Daniel Cerqueira, especialista en Derechos Humanos e Industria Extractiva e integrante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) así como Ignacio Henriquez del Salvador, maestro en administración pública con experiencia en cooperación internacional.

De México estuvieron Miguel Álvarez, presidente de SERAPAZ; Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Beatriz Gutiérrez, defensora comunitaria del Pueblo Ikoots; Carmen Herrera de Abogados y Abogadas por la Justicia de los Derechos Humanos A.C; y Francisco López Bárcenas, abogado Mixteco, experto en derechos indígenas.

Con gran experiencia en las afectaciones de los proyectos mineros, analizaron cómo las minas se instalan en las comunidades dejando una estela de afectaciones a su paso, para así emitir un dictamen y hacer visible a nivel nacional e internacional, la violación a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas que sucede en Oaxaca por la ejecución de estos proyectos.

“Ni oro ni plata, la minería mata”, “no queremos anillo de oro ver, queremos tlayuda para comer” sonaron las consignas en el recinto para dar paso a la presentación de los casos.

Algunos tan emblemáticos como el de Magdalena Teitipac, lugar donde la minera Plata Real fue expulsada y, como respuesta, fabricó delitos para que los líderes del movimiento en defensa del territorio fueran arrestados. “Se nos acusó de tentativa de homicidio y el juez nos pidió pruebas para comprobar nuestra inocencia; las presentamos y al final se supo que todo era falso” relató una de las autoridades de esa comunidad.

El caso de San José del Progreso también hizo eco, su lucha, sus muertes y su resistencia fueron recordadas y reconocidas. Rosalinda Dionicio, quien sobrevivió a un atentado con arma de fuego en 2012, comentó: “Nos han encarcelado y han asesinado a nuestros compañeros Bernardo Méndez y Bernardo Vázquez. Exigimos la cancelación de la mina Cuzcatlán y castigo a los culpables de los asesinatos”.

Autoridades agrarias de Magdalena Ocotlán llegaron con una botella de plástico llena de agua blancuzca y denunciaron el reciente derrame de sustancias tóxicas en el río El Coyote, como resultado del desbordamiento de la presa de jales del proyecto “San José”, propiedad de la minera Cuzcatlán.

“El domingo en la noche llovió mucho en Magdalena y ahorita la gente está alarmada porque el río El Coyote se pintó de blanco. Del río, a escasos 10 o 20 metros está el pozo de agua que abastece a mi pueblo, a mi gente; y la autoridad municipal ya avisó a la gente que no consuma el agua del pozo, ¡pero dicen los mineros que no contaminan!”, reclamó uno de los representantes de esa comunidad.

Caso tras caso, fueron denunciadas presiones, corrupción, amenazas y desapariciones de personas defensoras, pero también se hizo presente la resistencia y organización comunitaria que ha logrado proteger los territorios para evitar que las mineras se apropien de ellos.

Autoridades de San Martín de los Cansecos y Monte del Toro refrendaron que sus declaratorias de “territorio prohibido para la minería” se mantendrán vigentes y exigieron que se cancelen las concesiones que ya han sido otorgadas.

Las cuerdas de guitarra del compositor Juan García de la comunidad de Guelavía, relajaron el ambiente. “Despierten ya mis paisanos, jamás nos han ganado, España quinientos años, los gringos no son extraños, a caso quieren mil años nomás para ser esclavos” sonó la letra del cantante.

Veintidós denuncias en total, 455 personas asistentes al Juicio. Una pequeña muestra de las consecuencias que han provocado las 322 concesiones mineras que se han otorgado para explotar el territorio Oaxaqueño, sin antes consultar a las comunidades y pueblos indígenas que lo habitan.

El segundo día del juicio inició con el ritual de levantamiento de ofrendas, el reloj marcaba las 7:35 am; el ciclo necesitaba cerrarse para dar paso a lo público, es decir, dar a conocer ante los medios de comunicación y la sociedad el pre dictamen de los casos presentados.

Posterior al levantamiento de ofrendas, se volvió a abrir el espacio para la presentación de denuncias, aunque no estuviesen relacionadas con minería. Los abusos y violaciones a derechos estuvieron presentes en todos los casos. Una empresa llega con engaños y se apropia de un cerro para extraer materia prima para la elaboración de cemento. Un pueblo arrebata cuantiosas cantidades de tierra al pueblo vecino iniciando así una lucha de años, fracturas del tejido comunitario y muertes.

Los casos se presentaron, las consignas sonaron y no quedó de lado la música, pero ahora a ritmo de rap a cargo de Gusi R.

“No te daré mis tierras pá tener un poco de eso,
si quieres casa blanca págala sin mis impuestos,
bandido cuello blanco que has vivido de mi sangre
y de la ignorancia del Mexicano cobarde”.

Refiriéndose sin duda al escándalo de la casa blanca, así como a los constantes aumentos a los combustibles y productos de la canasta básica, problema que se ha acentuado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Comunidades, jurado y organizaciones marcharon con pancartas y lonas con dirección al Zócalo de Oaxaca en la “Caminata por la Vida”. El sol era abrasador no fue obstáculo para hacer sonar la voz de las comunidades denunciantes, ni siquiera la presencia de la policía, que estaba ahí quizás para proteger la integridad de los manifestantes, quizás para reprimir si el gobernador lo considerase pertinente.

“Queremos levantar las banderas del Oaxaca profundo, hoy los pueblos están aquí vivos y combativos para defender el territorio como siempre lo han hecho” sonó en los altavoces cuando el Juicio estuvo instalado en el Zócalo.

Empresas canadienses, norteamericanas y mexicanas fueron enjuiciadas por las comunidades, ante la incapacidad del Estado de garantizar derechos y hacer justicia. Poco podría ocultarse el hecho pues los principales medios de comunicación de Oaxaca cubrieron el evento.

“Tenemos que exigirle al nuevo gobierno que si quiere la Cuarta Transformación tendrá que ser desde la mirada y sacralidad de los pueblos indígenas, nunca más un México sin estos pueblos”.

Los discursos eran fuertes, contenían el sentir que por años han expresado los pueblos afectados por la minería; lo remarcaron con consignas, con gritos de ánimo y por ultimo recurrieron de nueva cuenta a las canciones; con artistas y grupos procedentes de las mismas comunidades demandantes, Mineros de San José el Progreso, Juan García de la comunidad de Guelavía, Gusi R y la muy conocida en los movimientos de resistencia, derechos humanos y feminismo “Mare Advertencia Lírika”.

El cierre del evento se realizó con la presentación de todas las autoridades y representantes de los pueblos demandantes, entrega de reconocimientos a los jueces e intercambio de presentes de cada comunidad.

El Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras unió la lucha de las comunidades de Oaxaca, creando así un fuerte músculo que sin duda ejercerá la presión necesaria para que cada consigna se materialice y cree las condiciones para que México sea un país mejor.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2018/10/ni-oro-ni-plata-la-mineria-mata-cronica-del-juicio-popular-comunitario-contra-el-estado-y-las-empresas-mineras/