Mexico

Megaproyectos extractivos, principal problema de pueblos indígenas: ONU

El modelo de desarrollo basado en megaproyectos extractivos, la violencia, la impunidad y la falta de acceso a la justicia son algunos de los problemas que enfrentan los pueblos indígenas en México, resaltó la relatora especial de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en la presentación del informe elaborado tras su visita al país en noviembre de 2017.

“Recibí denuncias reiteradas de proyectos mineros, hidroeléctricos, de hidrocarburos, eólicos, de energía solar, agroindustriales, de infraestructura y turismo que fueron aprobados y ejecutados sin consultas previas y adecuadas, sin consentimiento libre, previo e informado”, detalló Tauli-Corpuz, también líder indígena del pueblo kankanaey-igorot de Filipinas.

La relatora especial determinó que la ausencia de una ley nacional sobre consulta no exime al Estado mexicano de implementar procesos de consulta conforme a las declaraciones y tratados internacionales.

De acuerdo con el informe, existen múltiples denuncias de uso desmedido de la fuerza, abusos cometidos durante operaciones militares y desplazamiento forzado contra comunidades indígenas.

En el caso de las mujeres indígenas, el acceso a la justicia es particularmente grave, consideró Tauli-Corpuz, dado el alto número de feminicidios y el nivel de impunidad existente. A este escenario se suman otras problemáticas como la violencia obstétrica y la violencia sexual cometida por militares.

Por otro lado destacó que los gobiernos autónomos y juntas de buen gobierno en Chiapas han ayudado a la realización del derecho a la salud y a la educación, y que las policías comunitarias indígenas en Guerrero y Michoacán han contribuido a la administración de justicia, en donde las autoridades son ineficientes.

Entre las recomendaciones realizadas por la relatora figuran la sustitución de políticas asistencialistas por un enfoque de derechos humanos; la reforma integral del régimen jurídico agrario; el desmantelamiento, desarme y sanción penal de grupos paramilitares; el procesamiento ante el fuero civil de militares que violen los derechos de los pueblos indígenas y la adopción de medidas para que el sistema penal de justicia no criminalice a los pueblos indígenas y a quienes los defienden.

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, acompañó la presentación del informe y destacó que en el contexto de transición política actual se deben resaltar los efectos negativos de una economía basada en mega proyectos de extracción y explotación de recursos.

Durante la presentación del informe, Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consideró que dadas las condiciones de pobreza “la brecha entre ser indígena y no serlo es enorme”.

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/10/18/megaproyectos-extractivos-principal-problema-de-pueblos-indigenas-onu/

 

Latinoamerica

Una mirada crítica al extractivismo desde el feminismo

El Yasuní es un parque nacional ecuatoriano situado en la Amazonia. Solamente en una hectárea de su bosque se pueden encontrar más especies que en todo Estados Unidos y Canadá juntos, lo que lo convierte en uno de los pulmones más importantes del planeta. En las luchas por la defensa del Yasuní, que se vio amenazado hace seis años por las políticas petroleras del gobierno de Rafael Correa, se encontraron varias activistas que terminaron por formar el colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. Fruto del trabajo de este colectivo, cuyos miembros proceden de distintos países como Ecuador, Brasil, Uruguay o México, se publicó El Yasuní en clave feminista: La vida en el centro y el petróleo bajo tierra.

El pasado mes de junio, el colectivo realizó una gira europea para relacionarse con distintos espacios feministas y colectivos autónomos por la defensa de los territorios, con el fin de compartir experiencias y plantear sus metodologías.Aprovechando su visita a Valencia, en la que fueron acogidas por los colectivos Perifèries y Entre Pobles del País Valencià, Tania Cruz y Gabriela Ruales aprovecharon para exponer el trabajo de su colectivo.

La academia y el activismo

Si bien el expolio y la agresión a los territorios es una constante en la historia de la colonización en Latinoamérica, en los últimos años los proyectos extractivistas han crecido exponencialmente en todo el continente de la mano de las políticas neoliberales. Del mismo modo, la resistencia contra estos proyectos se ha mantenido siempre, y ya no sólo desde un activismo que pone el cuerpo (y en ocasiones, lamentablemente, la vida) sino también desde el academicismo, tratando así de aportar soportes intelectuales a estas luchas.

Tania y Gabriela hablan de su condición de activistas anti-extractivas feministas y de su relación con la academia. Como explica Tania: “Aunque muchas de nosotras estamos vinculadas a la academia, teníamos la necesidad de formar un colectivo no académico. Pensamos que es necesario romper con la individualización del conocimiento que se hace desde la academia”. Gabriela añade que su apuesta es la de crear un conocimiento colectivo, “es por esto que la academia se vuelve también un territorio de disputa. Uno puede reflexionar por sí mismo pero el conocimiento te viene por quienes lo escriben, en los contextos y las relaciones que se dan en distintos espacios, geografías y personas”. Y precisa: “Pensamos que el conocimiento es relacional y colectivo”.

Para analizar las problemáticas que sufren en sus contextos y trabajar con las herramientas adecuadas a su lucha, no basta con importar los modelos de conocimiento occidentales: “Como feministas del sur, en muchas ocasiones se nos ha visto como objetos desde Occidente, pero somos sujetos”, señala Gabriela. Se reivindican como sujetos creadores y, como expresa Tania, “qué mejor manera de hacer esta reivindicación que precisamente desde un paradigma distinto al del individualismo occidental, un paradigma de lo colectivo”.

Categorías cuerpo y territorio

En esta ruptura con el paradigma occidental, además de reivindicar un conocimiento colectivo frente al individual, se apuesta por reemplazar el análisis tradicional de la realidad, según el cual un sujeto individual y racional hace frente a un objeto de estudio externo y pasivo. En su metodología, las categorías de sujeto y objeto no son válidas y se emplean otras, las de cuerpo y territorio, de forma que, según argumenta Tania, “el cuerpo tiene una sabiduría ancestral que hemos retraído debido a los paradigmas occidentales dominantes. Nosotras tratamos de recuperar esa sabiduría, mostrar que no está perdida, evidenciar que siempre ha estado ahí”. Se debe entender que el cuerpo habla de sí, por sí y para sí, pues como argumenta Gabriela, “el cuerpo es el primer lugar del territorio, es nuestro límite y nuestro lugar de reivindicación; es también un mediador entre lo personal y lo colectivo, un vehículo de las relaciones que suceden dentro de los espacios comunes”.

Reconocer el cuerpo como principio de nuestra manera de ser y estar en el mundo, al tiempo que reivindicar la importancia de las emociones en nuestra forma de relacionarnos, supone un punto de partida totalmente diferente al modelo tradicional de conocimiento racional. Como explica Tania: “Tratamos de poner la subjetividad al descubierto para reconocer el cuerpo como lugar habitado que hace política. Queremos despertar el cuerpo para hacerlo político, para que las emociones sean afectividad, es decir, afecten nuestra vida cotidiana”. Gabriela continúa: “A esto lo llamamos hacer política del cuerpo, expresar lo que sentimos, ver cómo nos relacionamos con las demás para entender que no podemos vivir sin los otros. Para reconocer esto es fundamental poner nuestras subjetividades encima de la mesa”.

Estos planteamientos llevan a poner en cuestión la figura del sujeto de conocimiento individual y reconocer que la vida es, en sí misma, una cuestión relacional. Ambas insisten en que “es necesario entender que, aunque nos enseñen lo contrario, vivimos en un mundo en el que nadie puede existir por sí solo. Somos en relación con los otros, las otras, les otres, también con el aire y el agua, la tierra, el sol y la luna”.

La metodología de análisis que plantean Tania y Gabriela proviene de la educación popular feminista, que trata de repensar la relación de nuestro cuerpo con el territorio para romper la distancia y la sumisión que se establecen con el esquema occidental sujeto-objeto. Las activistas explican que “nuestros cuerpos están constituidos por el espacio que habitamos, su clima, su geografía, su historia, su alimento.” De aquí se deriva la idea de que, al mismo tiempo, “también el espacio que habitamos está constituido por nuestros cuerpos, por nuestros comportamientos y por cómo nos relacionamos entre nosotros y con el medio.”, comenta Tania.

“El territorio se entiende a partir de nuestra forma de relacionarnos con el espacio, cómo estamos en él, cómo lo cuidamos, lo trabajamos, lo vivimos -apunta Gabriela-, por eso cuando se violentan los lugares que habitamos se afectan nuestros cuerpos, del mismo modo que cuando se violentan nuestros cuerpos se afectan los lugares donde habitamos”. Es así como entienden esta otra categoría, la de territorio. Una categoría que viene de los pueblos originarios en resistencia contra los despojos y las violencias sufridas en las últimas décadas. “Es una categoría que surge para reivindicar su espacio, su lugar de vida”, concluye Gabriela.

Todo este planteamiento crítico establece una manera de plantear las problemáticas que genera el extractivismo, pues como expone Gabriela: “Es a partir de las categorías de cuerpo y territorio que podemos analizar cómo estamos viviendo los ataques de las políticas extractivistas en nuestros países. Pensamos que es necesario entender cómo nuestros cuerpos están encarnando, padeciendo y reproduciendo las relaciones de poder que existen en el sistema capitalista, patriarcal, colonial, racista y especista”. A lo que añade Tania que “también hay que ser conscientes de las grandes desigualdades que produce el sistema; no todos los territorios valen lo mismo, ni todos los cuerpos valen lo mismo dentro de los territorios”.

El extractivismo: un modelo patriarcal

Desde su mirada feminista, Tania y Gabriela no dudan en calificar al extractivismo como un modelo patriarcal. Las consecuencias de la implantación de este modelo afectan varias facetas de la vida en los territorios, pues como cuenta Tania “es desde lógicas masculinas desde donde se decide qué territorios van a ser explotados y de qué manera se debe operar en ellos”. Lo que sucede, continúa Gabriela, “es que cuando un territorio es elegido, debe ser controlado, y esto implica una militarización del espacio que supone siempre la imposición de una masculinidad violenta, agresiva y armada tanto hacia el territorio como hacia los cuerpos que en él habitan”. Toda esta agresión al territorio es, para ellas, “intrínseca al correcto funcionamiento de los proyectos petroleros”.

Cuando el extractivismo se impone, se potencia la lógica patriarcal que produce importantes cambios en la convivencia de los lugares donde llega. Es notorio cómo, con su implantación en un territorio, se genera un tipo de relaciones donde lo central es el dinero. “La centralidad en lo económico profundiza a su vez en la división sexual del trabajo. Se produce un cercamiento sobre los cuerpos. La presencia en el territorio de petroleros y militares hace que el espacio se masculinice y que las mujeres se vean acosadas, incluso agredidas o abusadas en sus propios espacios, viéndose recluidas a los espacios privados y perdiendo la presencia que habían logrado en los espacios públicos”, explica Gabriela.

Además, no hay que olvidar la dimensión ecológica, como advierte Tania, “en una extracción se violentan los propios recursos naturales comunes como el agua o la tierra, que jamás vuelven a ser iguales. Esta violencia hacia los recursos provoca en muchos casos una agresión también contra las mujeres, por ser ellas las encargadas de los trabajos de cuidado y de gestión de estos recursos, ahora violentados”.

Norte-Sur

De su compartir con los distintos colectivos europeos con los que coincidieron durante su gira, Tania y Gabriela extrajeron algunas reflexiones con las que finalizan la entrevista. Tania hace un llamado “a todas las que luchan por la defensa de sus territorios, a aprender a mirarnos en relación; hace falta mirarse hacia dentro, tanto en el norte como en el sur global. Los despojos en América Latina, en África y en amplias zonas de Asia, producen grandes violencias de las que también somos responsables en el sur”. Gabriela llama al norte, pues “aunque aquí no se extraiga petróleo sí hay un uso, unas refinerías… Hay que preguntarse cuál es la relación entre lo que sucede aquí y lo que ocurre allá. La lucha debe ser diversa y en relación. Debemos mirarnos a nosotras mismas y dejar de mirar a los demás como objetos para que la lucha sea más fuerte y más honesta”.

Tomado de www.desinformemonos.org

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=12885

Perú

​Suspenden labores escolares en valle de Tambo por paro contra Quellaveco

Debido al paro de 48 horas que empezará este martes en el valle de Tambo contra el proyecto minero Quellaveco, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Islay suspendió las labores escolares.

Con el fin de salvaguardar la integridad de física de los escolares las labores se suspenderán en los distritos de Mejía, Deán Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón.

El director de la Ugel, Juan Luque Chipana informó que está en riesgo la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)-2018 a cargo del INEI programada para este 23 de octubre en los colegios de nivel secundario de todo el valle de Tambo.

Los directores deben reprogramar las fechas para recuperar las labores peridodas.

Los integrantes de las tres juntas de usuarios temen quedarse sin agua, porque el proyecto minero hará uso del líquido de la cuenca de Tambo.

Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/suspenden-labores-escolares-en-valle-de-tambo-por-paro-contra-quellaveco-849336/

Perú

A propósito del proyecto de ley de Canon Comunal

En medio del debate sobre la reforma política y el sistema de justicia, el referéndum y las elecciones municipales y regionales, no se debe perder de vista que la elaboración de nuevas leyes ha continuado en el Congreso. En anteriores ediciones hemos abordado el tema de la ley de hidrocarburos, varios iniciativas vinculadas a temas ambientales, entre otras.

Otra iniciativa que no debe pasar desapercibida es el proyecto de Ley 1994/2017-CR que propone la creación del “Canon Comunal”, que ya ha pasado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, como primera comisión dictaminadora y posteriormente por la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. El proyecto de Ley fue presentado el 12 de octubre de 2017 por el congresista Jorge Del Castillo y fue respaldado por el conjunto de la bancada aprista. Como se recuerda, la propuesta de canon comunal fue uno de los temas que planteó el candidato aprista en la pasada campaña  electoral del año 2016.

La hipótesis que está detrás de la propuesta

En la página 11 del dictamen de la Comisión de Descentralización se expone parte del argumento central de la propuesta: “son los gobiernos locales quienes reciben mayores recursos por canon, sin embargo, las poblaciones directamente impactadas por la ejecución de la actividad económica, no reciben -en su mayoría- una mejora sustantiva en su calidad de vida, lo cual se evidencia por los constantes reclamos que efectúan”.

Siguiendo el hilo conductor del argumento, todo indica que la hipótesis que está detrás de la propuesta de canon comunal es que si las poblaciones ven que el dinero va a llegar de manera directa a las propias comunidades, el rechazo y las resistencias a los proyectos extractivos, mineros o de hidrocarburos, disminuirán.

Sin embargo, la realidad es bastante más compleja. Si se revisa la propia evolución de los conflictos sociales en la base de datos de la Defensoría del Pueblo, se puede apreciar con claridad que el número de conflictos, sobre todo en zonas de influencia de actividades extractivas, se disparó precisamente en los años del súper ciclo de precios, período en el que las transferencias de dinero a las regiones (vía canon, regalías, aporte voluntario y otros), aumentaron considerablemente.

Lo cierto es que los conflictos vinculados a actividades extractivas y las causas que los originan, son multidimensionales (económicos, sociales, culturales y ambientales). Por lo tanto, no es cierto que una transferencia de dinero a las comunidades vaya a asegurar necesariamente que el rechazo a los proyectos y los conflictos sociales disminuyan. Esta es una realidad que no solamente se da en el Perú.

Ahora bien, ¿en qué consiste la propuesta del proyecto de Ley que crea el canon comunal? El núcleo de la propuesta gira alrededor del Artículo 6 de la Ley de Canon y tiene que ver con su utilización. La modificación plantea que los gobiernos locales “entregarán el treinta por ciento (30%) del total del canon que les fuera transferido a las comunidades donde se explota el recurso natural. Además, se precisa que la aplicación de tales recursos “tiene por finalidad la inversión productiva para el desarrollo sostenible y el mejoramiento de infraestructura de uso público. La entrega de recursos se realiza a través de un fondo concursable y se ejecutará bajo la modalidad de núcleo ejecutor de acuerdo a la normativa vigente”.

Cabe señalar que la propuesta ha recibido observaciones de varios ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de  Economía y Finanzas (MEF), señala la ausencia de un análisis costo-beneficio; además que “la iniciativa legislativa no ha incorporado la determinación de la Entidad que será responsable de controlar y supervisar la ejecución de los recursos que serán transferidos”. Por otro lado, la Dirección  General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del propio MEF señala que “la propuesta constituye una medida poco eficiente porque atomiza la inversión y puede inmovilizar recursos escasos cuando estos son poco significativos”. Así también, señala que “esta propuesta resulta inviable en razón que las comunidades no constituyen unidades ejecutoras del Sector Público”.

Para el Ministerio de la Producción, el proyecto de Ley resulta improcedente mientras que para el Ministerio de Agricultura y Riego “es viable sin observaciones”. Finalmente, el Ministerio de Cultura (MINCUL) alude al tema de los núcleos ejecutores y su conformación y recomienda que “el proyecto de Ley contemple el concepto de intangibilidad destinado a que los recursos provenientes de canon distribuidos a las municipalidades de las zonas de extracción y que no puedan ser ejecutados en el año donde fueron programados, no pueden reprogramarse en otra actividad distinta a la de su criterio de distribución“. El MINCUL también indica que es la entidad que se encuentra a cargo de la administración de la Base de Datos Oficial sobre Pueblos Indígenas.

Otras consideraciones de fondo

Como ha sido mencionado, el proyecto de Ley plantea que los gobiernos locales de las zonas donde se explota el recurso natural transferirán el 3% del total percibido por canon a las comunidades bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores.

¿Cuál es la definición de Núcleo Ejecutor? Es aquella institución u organismo representativo de la sociedad organizada, reconocido legalmente, que recibe financiamiento del Estado por mandato legal, a través de los diversos niveles de gobierno. Los Núcleos Ejecutores están conformados por no menos de cien (100) personas que habitan en una determinada localidad rural o urbana y que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza. Así tenemos: comunidades campesinas y nativas; asentamientos humanos rurales y urbanos; rondas campesinas; comités de autodefensa y de gestión local; organizaciones de licenciados de las FFAA y policiales; otros. Sus representantes se estructuran de la siguiente manera: presidente; secretario; tesorero; veedor.

Existen diferentes experiencias de Núcleos Ejecutores y cabe preguntarse para este caso la pertinencia de los mismos y qué mecanismos de seguimiento se deberían dar, formas de organización, control y fiscalización. No hay que dejar de mencionar que en el texto sustitutorio del proyecto de Ley propuesto en la Comisión de Descentralización se plantea que “En el caso de los recurso entregados conforme al numeral 6.3 de la presente Ley, tanto las municipalidades como los núcleos ejecutores, son responsables civil y penalmente por la correcta utilización de los fondos asignados”.

Si bien nadie puede estar en desacuerdo con que las comunidades directamente impactadas por la ejecución de proyectos extractivos sean priorizadas y reciban los beneficios de la renta que se genera por proyectos de inversión (mineros, de hidrocarburos u otros), no se puede dejar de lado las condiciones adecuadas que se deben generar previamente para que esto ocurra y el objetivo propuesto se cumpla.

La experiencia de casi una década de transferencias importantes de recursos a las regiones -sobre todo en el período del súper ciclo de precios de los minerales-, ha mostrado situaciones diversas a nivel nacional y, en términos  generales, se plantea la necesidad de seguir construyendo una verdadera institucionalidad democrática que funcione de manera eficiente, con mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, experiencias validadas de control y fiscalización y por supuesto de ejecución óptima.

Sin plantearse claramente objetivos que apunten a fortalecer nuestras instituciones, se puede estar optando por el camino fácil de despertar expectativas en las poblaciones de transferencias de recursos económicos, atomizando recursos, sin que estén acompañados de procesos de fortalecimiento de sus propias institucionalidades. Lamentablemente, sobre este tema, el proyecto de Ley dice muy poco, por no decir casi nada.

Por otro lado, si el objetivo del proyecto de Ley es que con el canon comunal las poblaciones van a ver llegar los beneficios económicos y de esa manera se generará aceptación o licencia social para los proyectos de inversión -principalmente para los extractivos-, es fácil comprobar que ésta no es una ecuación tan sencilla. Hemos subrayado que la propuesta no considera que las resistencias a los proyectos de inversión son multidimensionales y el Perú es un buen ejemplo de ello.

Otro tema que no considera la propuesta es el de las brechas que se han generado en el país, sobre todo en las épocas de importantes transferencias. Brechas entre regiones productoras que se benefician del canon y las que no lo son, y por lo tanto no reciben ni un sol; brechas entre las poblaciones de influencia directa y las de influencia indirecta, etc. Una propuesta como la del canon comunal puede terminar ahondando estas brechas al ser un instrumento adicional que concentraría aún más la transferencia de recursos en las poblaciones de influencia directa, en desmedro, por ejemplo, de las de influencia indirecta y otras que también son afectadas.

El proyecto del “Canon Comunal” opta por la vía exclusiva y facilista de priorizar el tema del uso de los recursos del canon, sin tener en cuenta las diferentes aristas y sobre todo la experiencia previa, tanto en épocas de abundantes transferencias como en la de las “vacas flacas”. Por supuesto, sin perder de vista los intereses de las comunidades, es necesario abordar el tema del canon en su integralidad y sobre todo tomando en cuenta las implicancias que propuestas de este tipo puede tener en los propios territorios donde se desarrollan los proyectos de inversión que provocan múltiples impactos.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/a-proposito-del-proyecto-de-ley-de-canon-comunal/

Colombia

Consultas de Fusagasugá y San Bernando, en el limbo hasta que se publique la sentencia

En respuesta a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el alto tribunal dejó abierta la posibilidad de que no se realicen las consultas populares previstas para desarrollarse el próximo domingo.

Hasta tanto no sea proferido el fallo de la acción de tutela que interpuso la petrolera Mansarovar contra la consulta popular adelantada en el municipio de Cumaral (Meta), este mecanismo de participación ciudadana, que se tenía programado realizar el próximo domingo 21 de octubre en Fusagasugá y San Bernardo (Cundinamarca), queda en veremos. 

La respuesta enviada por el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares Cantillo, al registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, deja abierta la opción de que las consultas se puedan o no adelantar en estas dos localidades.  

«Por carecer la Corte Constitucional de competencias consultivas, según lo dispuesto en el artículo 241 de la Constitución Política, no me encuentro facultado para contestar las cuestiones planteadas. Es exclusivamente en el texto de la sentencia enunciada donde se encontrará de forma precisa el contenido de la decisión que, en líneas generales, se dio a conocer mediante comunicado de prensa», indicó el funcionario en la carta enviada al registrador.

Linares se refiere a la carta enviada por el registrador a la Corte sobre el futuro que correrían las consultas que ya estaban previstas efectuar, tras los posibles efectos que la sentencia del caso Cumaral pueda tener sobre las demás que están en trámite. 

«Considerando que desde hace varias semanas se vienen adelantando las gestiones administrativas necesarias para efectuar las consultas populares respecto a la explotación de hidrocarburos y minería en los municipios de Fusagasugá y San Bernardo en el departamento de Cundinamarca, que se llevará a cabo el 21 de octubre, de manera respetuosa, requerimos nos informe si en el referido fallo existe algún pronunciamiento respecto de la organización y validación de las consultas indicadas», decía el documento remitido por la Registraduría.

En la contestación el alto tribunal señaló que se encuentra trabajando a toda velocidad para dar a conocer en el menor tiempo posible el texto del fallo, así como las razones detalladas que la sustentan.

«Tenemos plena conciencia de la relevancia y sensibilidad de esta decisión, por lo que la Corte se encuentra trabajando con la mayor diligencia para dar a conocer a la brevedad posible el texto completo de la setencia», apuntó Linares.

 

En el pronunciamiento del fallo en el caso de Cumaral adelantado el pasado jueves, la Corte hizo dos precisiones claves para destrabar la inversión del sector minero-energético, consistentes en ratificar que el Estado mantiene su autonomía para decidir sobre el uso del subsuelo, así como que las consultas populares no son el mecanismo para vetar o frenar proyectos extractivos.

La Sala Plena de la Corte consideró también que pese a que la Constitución reconoce en cabeza de las entidades territoriales la competencia para establecer el uso del suelo, esta función propia debe ejercerse de manera coordinada y concurrente con las competencias de la Nación.

Así las cosas, la incertudumbre vuelve a reinar entre los habitantes y las autoriades de Fusagasugá y San Bernardo, en donde ya todo estaba listo para que las personas habilitadas para votar acudieran a las urnas el domingo.

Según la Asociación Colombiana de Minería se tienen registradas 158 iniciativas de consultas populares; 135 acuerdos municipales y se han realizado nueve consultas populares hasta el momento en Colombia.

Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/consultas-de-fusagasuga-y-san-bernando-en-el-limbo-hasta-que-se-publique-la-sentencia/41891

Colombia

Acuerdos municipales, ¿otra alternativa para frenar la minería en los municipios?

Ante el pronunciamiento realizado por la Corte Constitucional en el caso de Cumaral, que dejaría sin efectos a futuro las consultas populares en el país, los acuerdos municipales aparecen como posible ‘tabla de salvación’. Sin embargo, ese alto tribunal tiene la última palabra.

Los municipios son competentes para decidir si prohíben o no la explotación minera en sus territorios.
Esa fue una de las conclusiones que dejó el fallo de impugnación de una acción de tutela proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado, hace unos días.
El proceso inició luego de que el Concejo Municipal de Urrao aprobara el Acuerdo 008 del 2017, a través del cual prohibió el desarrollo de actividades mineras en su territorio, en pro de proteger el patrimonio ambiental de esa localidad.

La medida fue objetada por la Gobernación de Antioquia ante el Tribunal Administrativo de ese departamento, al considerar que el municipio se extralimitó sus competencias. Finalmente la Sala Quinta Mixta del Tribunal decidió, en noviembre de 2017, dejar sin validez el acuerdo.
Frente a esta circunstancia, los concejales del municipio de Urrao decidieron presentar una acción de tutela ante el Consejo de Estado, la cual, en primera instancia, falló en contra de los cabildantes. Vino entonces la impugnación interpuesta por el abogado Rodrigo Elías Negrete Montes, contra la sentencia del 26 de febrero de 2018, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Al final, la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección cuarta, del Consejo de Estado decidió amparar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y participación ciudadana invocados por la parte actora y ordenó a la Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia a emitir una nueva decisión dentro de los 20 días siguientes a la notificación de la providencia, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la sentencia.

«Los acuerdos son una de las facultades que tienen los municipios para prohibir la minería y otras actividades extractivas en sus territorios. En el año 2016 la Corte Constitucional, mediante la sentencia C445, señaló que existían tres mecanismos mediante los cuales los municipios podrían prohibir la minería. Se trata de las consultas populares, que hoy ya perdieron poder; los planes de ordenamiento territorial y los acuerdos municipales en defensa del patrimonio ecológico y cultural», mencionó Rodrigo Elías Negrete, abogado experto en temas ambientales y actor de la tutela.

Según Negrete, el Consejo de Estado confirmó en esta sentencia que los municipios sí cuentan con la facultad constitucional y legal para prohibir la minería y la explotación de hidrocarburos mediante acuerdos municipales.

«Para eso no necesitan consultar ni concertar con la Nación ni las corporaciones autónomas y los departamentos, ya que es una decisión autónoma«, expresó.

El abogado considera además, que los concejales son los representantes directos de las comunidades y, por tanto, deberían actuar conforme a sus designios.
«Las consultas tienen más legitimidad democrática porque hay una participación directa de la gente, pero en este caso son los representantes del pueblo los que toman la decisión, con fundamento en la constitución política (artículo 313, numeral 9), la ley y la jurisprudencia existente», recalcó.

Para Negrete este mecanismo es mucho más rápido y económico que la consulta popular. 

«En este caso el Gobierno pude pedirle a la Corte Constitucional que revise tutela. Producto de ese proceso el alto tribunal pude decidir, al igual que ocurrió con las consultas populares, que no se pueden hacer acuerdos municipales para prohibir la minería, a pesar de que en la sentencia C445 ya había dicho que sí en pro de conservar el medio ambiente y reglamentar los usos del suelo», explicó.

El abogado dijo que este fallo del Consejo de Estado simplemente ratificaba lo dicho hasta ahora por la Corte Constitucional frente al alcance de los acuerdos municipales, razón por la cual no había ninguna clase de «choque de trenes».

Concepto que controvierte el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), Julio César Vera Díaz, quien afirmó que si las consultas populares no pueden prohibir la explotación de hidrocarburos y la minería, mucho menos los acuerdos municipales.

«Si no se puede hacer a través de consultas populares, mucho menos por medio de acuerdos municipales relacionados con uso de suelos, porque claramente lo que definió el fallo de la Corte Constitucional en el caso de Cumaral fue que las competencias sobre el subsuelo son exclusivas del Estado, en cabeza del Gobierno nacional y, por tanto, las regiones y los municipios no pueden establecer ningún tipo de limitación sobre esos usos, ni por medio de mecanismos como la consulta popular, ni mucho menos por acuerdos promovidos desde los concejos», aseveró.

Vera Díaz considera que con la sentencia de Cumaral, la Corte sentó jurisprudencia y estableció que el interés general de la Nación prima sobre el particular de un municipio. 

«Obviamente los hidrocarburos están vistos dentro del ordenamiento jurídico como un beneficio general, a diferencia de las decisiones que se toman vía acuerdos municipales, que son carácter particular o territorial», dijo.

Para el presidente de la Acipet lo fundamental es que el alto tribunal señaló las competencias claras del Estado y el Gobierno sobre el subsuelo.

 
Carlos Lozano, abogado experto en temas ambientales, cree que en este tema hay argumentos y posturas de lado y lado que pueden ser tan ciertas como falsas. 
Sin embargo, se inclina por considerar que los acuerdos municipales se constituyen en la actualidad en una alternativa para las autoridades territoriales y las comunidades para regular la minería y la extracción de hidrocarburos, ante la obstaculización de las consultas.

«Creo que los acuerdos municipales son una vía, pero además considero que vamos a asistir a un escenario de movilización ciudadana muy fuerte porque hay mucho descontento con el desconocimiento de las consultas», expresó.

Contra los acuerdos municipales pueden ser interpuestas acciones de nulidad que en última instancia son dirimidas por el Consejo de Estado. Sin embargo, frente al fallo de esta última autoridad se pueden presentar tutelas en las que la Corte Constitucional tiene la última palabra.
Así las cosas, los acuerdos municipales podrían llegar a correr con el mismo destino de las consultas populares y es que queden sin piso jurídico ante la regulación del subsuelo.
Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/acuerdos-municipales-otra-alternativa-para-frenar-la-mineria-en-los-municipios/41890
Perú

CONFLICTO CONGA: TERCERA ETAPA DEL JUICIO CONTRA MANDO POLICIALES Y MINERA YANACOCHA POR HERIR GRAVEMENTE A CAMPESINOS/AS DURANTE MANIFESTACIÓN DEL 29 DE NOVIEMBRE 2011

Este martes 16 de octubre 2018, en la ciudad de Celendín, se condujo el proceso de acusación contra mandos policiales por represión violenta durante la manifestación del 29 de noviembre 2011. Esta manifestación, que tuvo lugar en las instalaciones del proyecto Conga, fue conducida por campesinos/as de las provincias ubicadas en las zonas de explotación. Durante esta manifestación, decenas de manifestantes resultaron detenidos/as y 15 personas heridas, algunas con mucha gravedad como el señor Elmer Campos, que se quedará en estado cuadrapléjico y silla de ruedas a los 30 años de edad. La audiencia de este martes se interrumpió por incumplimiento administrativo por parte de la fiscalía, que omitió enviar la copia de la formulación de sus cargos a la empresa minera Yanacocha en el cual tiene que integrar sus observaciones y pruebas que desea pasar seguidamente en el juicio oral. Por lo tanto, el juez declaró que la fiscalía y la empresa tenían un plazo de 10 días para cumplir con los trámites y que se realizará el próximo 8 de noviembre, la audiencia de control de acusación en la cual se decidirá pasar al juicio oral, última etapa del proceso.

En una entrevista realizada por el colectivo de periodistas comunitarios/as Celendín Libre, la abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la señora Mar Pérez, explica que a pesar de la preocupación que tienen los demandantes y la población de Celendín en cuanto a la demora del proceso, es la primera vez en el país que se ha conseguido que una empresa minera responda por los abusos de la policía en conflictos sociales.

Se ha conseguido demostrar que los policías que actuaron el 29 de noviembre 2011 en contra de los/as manifestantes llevaban armas de guerra y uniformes afectados por el Estado y recibían instrucciones y una paga de Minera Yanacocha.

Con este juicio, la abogada Mar Pérez explica que se ha conseguido “que se incluya a la empresa bajo la figura de Tercio Civil Responsable”, lo que podría llevar a que “Yanacocha responda económicamente por los daños que se han causado a las personas. Además hemos pedido también que la reparación no sea solamente económica sino que (la) quitar Yanacocha y la policía pidan disculpas y perdón de lo sucedido al pueblo de Cajamarca. También hemos pedido que se implemente lo que se llama “garantías de no repetición”. Quiere decir que se debe reformar la policía, se debe asegurar que las manifestaciones sean tratadas como un derecho de ejercicio ciudadano y no como un delito y por lo tanto la policía debe actuar con equipos adecuados y no armas de guerra.”

Recordamos que uno de los principales argumentos de oposición por parte de la población al proyecto Conga de Minera Yanacocha, son los graves antecedentes de contaminación y desaparición de fuentes de agua por parte de la empresa durante dos décadas de minería en la región.

El conflicto derivó en la militarización de Cajamarca y la declaración de dos Estados de Emergencia por el Gobierno Central que implicó la ocupación policial y militar en las tres provincias impactadas por el proyecto: Celendín, Hualgayoc y Cajamarca. Durante estos años de conflictos, 300 defensoras/es ambientales fueron denunciadas/os y procesados/as en diversas instancias judiciales, numerosas personas heridas, detenidas, torturadas y violentadas psicológicamente y físicamente, lo cual estalla definitivamente con la muerte de cinco campesinos en las provincias de Celendín y Hualgayoc entre los días 3 y 4 de julio del 2012.

Fuente:http://www.grufides.org/blog/conflicto-conga-tercera-etapa-del-juicio-contra-mando-policiales-y-minera-yanacocha-por-herir

Mexico

No a la mina sí a la vida: por qué debería enfurecernos que las mineras canadienses invadan territorio mexicano

Y no es mera retórica, ni una idea fantasiosa anclada en una visión romantizada o folclorizada de las comunidades indígenas. Porque los indígenas no se han vuelto activistas, sino que nunca dejaron de serlo: ellos han sido los guardianes de la naturaleza desde tiempos inmemoriales, y ahora la protegen del despojo que proyectos como el de la mineríallevan a cabo en todo el territorio.

Los indígenas saben que aquello de la “minería responsable” es un mito. Y no es que ellos se resistan al avance: al contrario, quieren evolucionar como pueblos, y muchas comunidades lo han demostrado con hechos. Pero no quieren avanzar a costa de la naturaleza. Las mineras, en cambio, sí: no les importa acabar con todo con tal de extraer los metales preciosos que subyacen al territorio.

Por qué las mineras canadienses vienen a México?

Aunque la tierra y el agua son más valiosas que el oro, las mineras insisten. Actualmente más de 22 millones de hectáreas en el país han sido concesionadas, según cifras oficiales del quinto informe de gobierno. Es decir, más del 10% del territorio.

La mayoría de estas concesiones son hechas a mineras canadienses y a sus filiales mexicanas, que suman más de 250 y que, según el portal SinEmbargo, pagan menos del 1% del valor de su producción por el derecho a explotar el territorio, llevándose casi el 100% de las ganancias a su país.

El Servicio de Administración Tributaria retenía al 2017 más de 360 millones de dólares en materia de reembolsos de impuestos. Esto se debe a que las empresas mineras exportan su producción y gastan mucho en maquinarias y equipo, con lo cual no sólo se libran de pagar impuestos, sino que acumulan devoluciones.

El IVA se cobra cuando se agrega valor durante la producción de bienes o cuando éstos se venden. Como las mineras exportan todo, generan saldos a favor de IVA.

La desregulación en materia ambiental: un paraíso del saqueo.

Otra razón de peso son las facilidades que se le da a las mineras, en materia ambiental, de saquear los recursos naturales.

Mediante las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), las mineras elaboran estudios donde comprueban que su actividad no trae consigo amenazas significativas. Esto con el fin de cambiar el uso de suelo de áreas naturales y justificar su explotación. Pero dichos estudios suelen tener fallas importantes y cínicas omisiones. Así, las MIA’s se han convertido en un trámite que justifica el despojo, y no en una herramienta jurídica neutral que realmente evite el mal uso de los recursos naturales.

Por eso, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad creó un Grupo de Análisis de MIA’s, llamando a ciudadanos, académicos y científicos a analizar estos instrumentos.

Además, las mineras siempre pueden volver….

Gracias a la desregulación ambiental y a las leyes mineras imprecisas, las mineras puedes ingeniárselas para que se les vuelvan a concesionar los territorios pese al rechazo social y a que van a ocasionar catástrofes ambientales.

Según pudo constatar el portal SinEmbargo, la estrategia de las mineras consiste en retirar sus documentos cuando se les prohíbe la extracción, evitando así la consulta pública. Pasado un tiempo vuelven a presentar el permiso de explotación, después de haber implementado estrategias de tráfico de influencias, así como compra y venta de opiniones, entre otros recursos mercadotécnicos para “venderle” a los pueblos la mina como algo beneficioso. Corrupción es la palabra clave que les permite operar en nuestro territorio.

En lugares como Alto Lucero, Veracruz, la desregulación ambiental posibilita actuar con tal impunidad que ha permitido volver a la minera Caballo Blanco –después de que la Semarnat le quitó su permiso en 2017 a raíz de la presión social–, a pesar de estar violando una “ley de oro” de la minería a nivel mundial: ninguna minera a cielo abierto puede estar a menos de 5 kilómetros de una planta nuclear.

La mina que opera Caballo Blanco en esta zona costera está a sólo 3 kilómetros de la central nuclear Laguna Verde, lo que aumenta el riesgo de que se desate una catástrofe nuclear.

Otras razones por las que Canadá está invadiendo México a través de la minería:

Porque México, según cifras de El Financiero, es a nivel mundial:

  • 1.º productor de plata
  • 5.º en plomo
  • 8.º en oro
  • 10.º en cobre

Por eso, en 16 años –entre 2001 y 2017–, las mineras extrajeron una cantidad de oro equivalente al doble de lo que los españoles extrajeron en 300 años de Colonia, según el portal SinEmbargo.

El daño irreparable

La forma de vida de las comunidades depende de su ambiente: de que el equilibrio del ecosistema no sea perturbado –más de lo que de por si lo es por toda actividad humana.

Por eso, la minera transforma de manera radical –y nociva– la vida de estas comunidades. No es una cuestión de terquedad: realmente es una cuestión de percepción. La percepción de la vida para las comunidades indígenas es muy distinta que la de las comunidades urbanas. El tiempo pasa de otra forma, el vínculo con la naturaleza es otro. Los recursos no son capitalizados, sino simplemente usados intentando cometer el menor daño posible.

Pero más allá de su cosmovisión, los indígenas se resisten a la minería por razones muy concretas:

Como lo han alertado organizaciones no gubernamentales como Greenpeace y GeoComunes, la minería a cielo abierto implica hacer enormes socavones en la tierra de los cerros y entre estos, donde suele haber una gran biodiversidad. Se trata muchas veces de bosques y selvas que están poblados por especies en peligro de extinción. Otras veces, como en el caso de La Paila, Veracruz, son corredores de aves migratorias, donde éstas pueden –o podían– descansar antes de continuar su viaje. Además se contaminan los ecosistemas con las más tóxicas sustancias: la extracción de oro requiere el uso de más de 20 químicos, entre ellos el cianuro.

Así, la minería se traduce en:

  • Extinción de especies animales y vegetales
  • Irrupción de los ciclos naturales
  • Contaminación de ecosistemas
  • Deforestación de bosques y selvas
  • Extracción masiva de agua
  • ¿Y por qué nos enojamos aún más?

    Según pudo constatar el seminario Proceso, analizando un estudio sobre la minería en México que fue elaborado en 2012:

    • Un minero canadiense gana en una hora lo que un mexicano en un día:

    En Canadá un minero gana 208 dólares por una jornada. En México un minero gana 26 dólares por una jornada.

    • Mucha de la información sobre concesiones mineras ha permanecido oculto desde hace más de dos décadas.
    • Las empresas mineras, como lo han constatado investigaciones como la del periodista J.J. Lemus, están aliadas con el crimen organizado. Las células de éste protegen las periferias de las minas contra las protestas sociales.
    • La extracción minera afecta especialmente a comunidades indígenas: más de 40 pueblos indígenas resisten esta ocupación, entre ellos:

    Chatinos
    Coras
    Mixtecos
    Rarámuris
    Tepehuanes
    Zapotecos

    Donde quiera que operan, las mineras generan conflictos sociales como:

    Según informes de la Cepal y la ONU, México es de los países con más conflictos mineros en América Latina: actualmente son más de 100 conflictos.

    Y como también dio a conocer la Cepal, México es el único país donde las concesiones son de 50 años: en otros países del continente, las concesiones no exceden los 25 años.

    Ante esto no podemos permanecer indiferentes

  • Se debe impulsar una reforma a las leyes que regulan, en materia económica y ambiental, la minería.Así mismo, debe pugnarse porque se elaboren consultas libres e informadas antes de dar ninguna concesión: éstas deben darse incluso antes de las evaluaciones de impacto ambiental y de cualquier otro tramite que no involucre a la sociedad.

    Debemos saber que a los indígenas los amparan derechos internacionales, como los contenidos en el convenio 169 de la OIT respecto a los pueblos y tribus indígenas.

    Así mismo, los ciudadanos contamos con derechos en la Constitución referentes al derecho a un ambiente sano, a la alimentación y al agua, que también debemos velar y hacer válidos ante la invasión de las mineras canadienses en nuestro territorio. Para esto también podemos seguir distintas iniciativas, como la de La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

    También, como planteó el Tribunal Permanente de los Pueblos en 2014, todos los Estados deben elaborar normas para las empresas trasnacionales que estén vinculadas por el derecho internacional. Según la especialista Ana María Suárez Franco, de la Food First Information and Action Nertwork:

    Desde hace 40 años la sociedad civil está pidiendo a Naciones Unidas que se cree un tratado vinculante y obligatorio que regule las actividades de las compañías transnacionales en relación con los derechos humanos.

    Que el ejemplo de los indígenas haga más que inspirarnos: seamos verdaderos activistas contra el despojo.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/10/no-a-la-mina-si-a-la-vida-por-que-deberia-enfurecernos-que-las-mineras-canadienses-invadan-territorio-mexicano/

Mexico

Mineros e indígenas exigen retiro de firmas canadienses

Chihuahua– Habitantes de diversos municipios de la sierra se manifestaron durante el mitin del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para exigir la salida de las mineras canadienses que explotan el subsuelo del estado, dejando devastación y llevándose la riqueza, sin que exista un beneficio para Chihuahua, según dijeron.

Por su parte, Obrador dijo que se habrá de revisar el tema y confirmó que Chihuahua será sede de la Subsecretaría de Minería y a partir del 1 de diciembre iniciará operaciones, mientras que en los próximos días se dará a conocer a su titular.

Con pancartas en las que exigen la salida de las empresas extranjeras, los manifestantes se hicieron presentes en la plaza Francisco Villa, en donde se desarrolló el encuentro del presidente electo con sus simpatizantes.

Afirman que estas empresas vienen y saquean la riqueza del estado, sin que haya beneficio para los chihuahuenses más allá de las extenuantes jornadas de trabajo con salarios ínfimos que no satisfacen las necesidades.

También estuvieron presentes habitantes de las comunidades indígenas La Laguna, San Elías, San Luis de Majimache, Panalachi y Bocoyna, entre otras, que se preparaban para manifestar ante el presidente electo su inconformidad contra la empresa Trans Canada encargada de la construcción del gasoducto que atraviesa sus parcelas.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/10/mineros-e-indigenas-exigen-retiro-de-firmas-canadienses/

Honduras

Es necesario articular lucha en defensa de los bienes naturales en Centroamérica, concluye Encuentro Centroamericano contra la Minería

El acelerado proceso de entrega del territorio ha sido el principal tema de análisis en el “Encuentro Regional de la Alianza Centroamericana contra la Minería”, que se realizó en Tocoa, Colón, y que coincide con la tercera entrega del Premio Carlos Escaleras.

En el encuentro participaron al menos 16 organizaciones de la región, que trabajan en la defensa del medio ambiente y derechos humanos, además de representantes de comunidades que luchan contra la entrega del territorio.

El sector minero está influenciado por diferentes factores externos e internos, la confluencia de ambos ha configurado la región como destino de inversión altamente atractivo y rentable para las grandes corporaciones mineras.

La inestabilidad política producida por golpes de Estado o cambios de gobierno, han construido coyunturas aprovechadas por el capital nacional y las empresas transnacionales para obtener mayores beneficios y acaparar territorios.

Un estudio realizado por la Red para el Desarrollo de El Salvador, (CRIPDES), señala que los países con más concesiones del territorio, son los que mayores violaciones a derechos humanos presentan .

Angélica Alfaro, investigadora de la Red para el Desarrollo de El Salvador, explica que se ha encontrado que Guatemala, Honduras y Nicaragua han sido los pioneros en la explotación minera, y todos presentan serias dificultades por la cantidad de concesiones activas.

La investigación revela que las naciones que cuentan con más concesiones mineras hasta el año 2017, son Nicaragua con el 8.55% del territorio, Honduras con 6.47% del territorio, El Salvador 5.16% y Guatemala con 3.81% del territorio.

Angélica Alfaro señala que la acelerada concesión del territorio en la región responde a varios factores. A nivel externo porque existe demanda internacional de acceder a los recursos, por lo tanto, los precios se incrementan, haciendo algo atractivo para los inversionistas. Los acuerdos comerciales, que establecen cláusulas donde se permite la inversión en minería.

Por otro lado, a nivel interno, las políticas de fomento por parte de los Estados, las leyes mineras que lo promueven, y la debilidad institucional son factores determinantes a favor al concesionamiento del territorio.

Articulación y Consulta Previa

Para Julio Gonzales, activista ecológico del colectivo Madre Selva de Guatemala, es necesario la articulación como región, pues se están librando las mismas luchas.

Aunque convenios internacionales hablan sobre el derecho que tienen las poblaciones, (sobre todo las comunidades indígenas), a ser consultadas previo a la concesión de los bienes naturales, debido al poder que tienen las empresas extractivas, los propios Estados han creado mecanismos para evadirlos.

En el caso de Honduras, el gobierno y el sector privado impulsan un proyecto de ley de consulta previa, sin embargo, diversas organizaciones señal que el proyecto es para dar legitimidad a las concesiones mineras, hidroeléctricas y del territorio.

Pedro Gonzales expresa los gobiernos han inventado una serie de argumentos para beneficiar a las grandes empresas, lo que ha permitido que en toda la región poco a poco se esté legalizando el despojo. En ese sentido, dice que la aplicación de la consulta previa, libre e informada no es algo negociable, y las comunidades deben articularse a nivel nacional y regional.

En el tercer encuentro de la Alianza contra la Minería, se planteó la necesidad de articularse como países centroamericanos para hacer frente a la manipulación que se hace de este instrumento internacional.

Además, se hace un llamado a todas las estructuras de gobiernos, respetar el derecho de defender los derechos de las personas que están siendo criminalizadas por la defensa de la Madre Tierra. Sobre todo, se hace un llamado particular por la situación que viven los 18 luchadores y luchadoras de Guapinol, Tocoa, Colón.

El encuentro finalizó con muchos compromisos, pero de los más importantes continuar acompañando como organizaciones a las comunidades que enfrentan amenazas por defender sus bienes, además, comenzar la articulación a nivel centroamericano para luchar contra la industria extractiva.

Fuente:http://wp.radioprogresohn.net/es-necesario-articular-lucha-en-defensa-de-los-bienes-naturales-en-centroamerica-concluye-encuentro-centroamericano-contra-la-mineria/