Panamá

Panamá: mineras, hidroeléctricas e inmobiliarias avanzan con sus negocios a costa del medio ambiente

Deforestación, contaminación del agua, proyectos extractivos como hidroeléctricas, mineras, áreas verdes desprotegidas, norma ambientales ineficaces, son parte de un sistema incompetente y promotor de una mala calidad de vida. El doctor Donaldo Souxa, de la Asociación de Derecho Ambiental y Asociación Ecologista Panameña, nos expone las circunstancias del manejo político ambiental del país.

Es importante mencionar que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) actualmente registra 140 solicitudes de exploración para minerales metálicos, que abarcarían 1.2 millones de hectáreas (12 mil kilómetros cuadrados).

Calculo, que se sumaría a distintas concesiones extractivas que violentan zonas boscosas y fuentes hídricas. Otras de las connotaciones ambientales, es el debate que se lleva acabo sobre la protección del Parque Nacional Coiba, que está en la mira de un proyecto de turismo inmobiliario. Susana Serracín, abogada y defensora ambiental comparte la situación y acciones populares en defensa del Parque Nacional Coiba, que forma parte del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical y del listado del Patrimonio Natural de la Humanidad.

Importante expresar que organizaciones ambientales como es el Comité Pro defensa del parque Coiba junto a activistas y comunidades veragüenses, han realizado distintas protestas en rechazo a la rehabilitación de la pista de aterrizaje en el Parque Nacional isla de Coiba (Veraguas), ya que es un área protegida y el estudio de impacto ambiental (EIA) no cuenta con un plan de rescate de flora y fauna.

El EIA cuenta con la aprobación del Ministerio de Ambiente, el cual ha sido muy cuestionado por su pronta anuencia y por la fuerte visita de turistas que se recibirá en esta zona del país, ya que forma parte del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical y Patrimonio Natural de la Humanidad. Además cuenta con especies endémicas como: Coiba Agoute, Coiba Howler Monkey y Coiba Spinetail.

Las organizaciones ambientalistas y ecologistas tienen programado seguir protestando contra este inconsulto e improvisado proyecto gubernamental.

Especial del vespertino de ALER.org

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=12912

Perú

¿Qué ha sucedido en el Perú tras 15 años de expansión minera?

No ha crecido el empleo, la minería nos ha colocado en una situación vulnerable, afirmó el especialista Juan Aste en el Congreso. Presentó el Balance 15 años de minería en el Perú, en el marco del aniversario por la creación de la RED MUQUI. Se conversó, también, sobre el desafío de construir propuestas desde y para las comunidades y poblaciones afectadas por la minería.

El informe fue elaborado por el ingeniero economista Juan Aste con insumos de la Red Muqui. En el documento se explica como la minería en el Perú se ha considerado como sector eje desde los años cincuenta del siglo XX por lado de los gobiernos. Hoy en día la economía peruana se está concentrando aún más en el sector extractivo. Consecuencias de este proceso son, por ejemplo, el crecimiento del sector informal y la economía ilegal, incrementando la violencia y la inseguridad, igualmente se van fortaleciendo los espacios de la corrupción en todos los niveles.

El especialista, Juan Aste hizo mencionó en la conferencia que durante el gobierno de Alan Garcia crea toda la institucionalidad ambiental para permitir concesiones, durante el gobierno de Ollanta, se criminaliza la protesta y estallan una serie de conflictos. “Pedro Pablo Kuczynski ha hecho una cosa gravísima, solo hay que ver bajo qué condiciones gana la licitación Southern, se permite mediante el nuevo reglamento, realizar exploración en áreas protegidas a 50 metros de una laguna” agregó.

En el Balance, también, se hace mención a la política de los gobiernos pasados, comenzando desde el 2001 que gobernó Toledo, hasta el actual de Vizcarra, reafirma una política económica neoliberal del llamado Consenso de Washington. Entre las medidas principales de aquella política figuran garantizar las libertades financieras y comerciales, promover la apertura a la inversión extranjera, desregular el mercado. El fracaso de esta política se ve en el caso de Argentina del 2001. Las consecuencias graves en el Perú son la consolidación de capital extranjero como inversiones en las industrias extractivas, acentuando la desindustrialización del país, el centralismo y las economías informales e ilegales. No se han establecido medidas suficientes ni hacia la equidad, la conservación y protección ambiental, ni hacia una diversificación de la producción desde las regiones a fin de generar más empleo e ingresos.

Por su parte, Aste, enfatizó que reforzar a la minería como eje del modelo económico en el Perú no solo significa mayor dependencia sino vulnerabilidad respecto a los problemas de la economía internacional. Eso se refleja en la crisis financiera y económica profunda en del 2007 y en una desaceleración de la economía mundial para 2010-2018.

Cabe mencionar, que la minería en el Perú tiene presencia transnacional desde inicios del siglo XX con la Cerro Corporation de EEUU. Llegaron después otros capitales como de Australia, Canadá, Suiza y China. Entre el 2010 y el 2016 la inversión china, principalmente estatal, destinada a América Latina creció 260%, pasando de 31,720 a 113,662 millones de dólares, siendo Brasil, Perú y Argentina los principales receptores.

Por su parte, el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke, comentó que dicha organización ha trabajado durante 15 años para que se escuche a las comunidades, el modelo de vida que ellas consideran adecuado para su desarrollo. Agregó que la Red es una organización de 29 instituciones que acompaña procesos significativos de comunidades como el caso emblemático de La Oroya fomentando la participación y propuestas de políticas públicas de las comunidades.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/804-que-ha-sucedido-en-el-peru-tras-15-anos-de-expansion-minera

Latinoamerica

Resistencia contra la minería aumenta en Centroamérica

Con una legislación minera agujereada por limitantes y vacíos legales en el régimen de concesiones mineras en Honduras, Nicaragua y Guatemala, las voces de resistencia de los pueblos van en aumento en la región, exigiendo el respeto al orden jurídico nacional e internacional, a fin de librar sus territorios de proyectos extractivistas.

La Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN) en su tercer encuentro regional, que abordó la “Consulta Previa y Participación Ciudadana en Centroamérica”, concluyó que era un tema polémico y complejo, en la medida del irrespeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y garífunas, frente a la expansión de megaproyectos que no solo invaden sus territorios, sino también el despojo de su medioambiente y su cosmovisión.

Miriam Miranda, nacida en Santa Fe, es lidereza innegable de las comunidades garífunas en el litoral del Caribe, al Norte de Honduras. Con voz fuerte y decidida explicó que la jurisprudencia internacional que legitima los derechos de los pueblos indígenas, como el convenio 169, de la OIT. Que sin ser vinculante en la consulta previa o la participación ciudadana, se puede acudir a este marco legal, que salvaguarda sus derechos.

“En el caso nuestro (garífunas) la ley que están impulsando (el gobierno) ahora está muy clarísimo que lo que quieren es legitimar y legalizar a las empresas, para que tengan vía libre de llegar a las comunidades. Y los Estados en vez de apoyar a los pueblos indígenas, reconociéndonos nuestros derechos, inclusive en dicha ley hablan de crear un comisionado para la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI) y que lo va a nombrar el presidente. ¿Cómo es posible que este comisionado esté bajo la tutela del presidente?, lo convoca y luego cambian las cosas. Ninguna ley de consulta debe partir del Estado, al contrario, son los pueblos los que construyen la ley para presentarla al Estado”, sugirió.

Yanira Cortez, salvadoreña, exprocuradora para la defensa de los derechos ambientales de la PDDH y ahora consultora, afirmó que los liderazgos y comunidades no deben enfilarse solamente en ciertos marcos legales, porque quedan limitadas las acciones que pueden devenir de los sistemas de jurisprudencia internacional e interamericana, que pueden aplicar en sus demandas.

“Creo que hace falta un análisis a profundidad del tema de la consulta previa y consentimiento libre e informado desde los instrumentos internacionales, y de procedimientos especiales que emite Naciones Unidas, y así, podemos construir un contenido más fuerte y es esto lo que no quieren los Estados, que se limitan a aplicar el convenio 169 (OIT), pero se olvidan de otros instrumentos y jurisprudencia internacional que ha sido clara y ha dicho que la consulta y el consentimiento son dos derechos, que uno sigue al otro y se materializa cuando escuchamos la voluntad de los pueblos”, señaló.

Asimismo, reconoció que las constituciones de las repúblicas centroamericanas reconocen los derechos de sus pueblos pero muchos, aplicando leyes secundarias, les restan contenido y a veces en los reglamentos les anulan. De ahí la importancia que bienes naturales como el agua sean reconocidos como derecho humano, para blindarlos de reformas antojadizas o excluyentes.

Mientras, la abogada Dora Lucy Arias, quien habló sobre las experiencias de lucha y resistencia, autodeterminación e identidad de comunidades en Colombia, reiteró que estas poblaciones no solo han sido afectados en su medioambiente con megaproyectos en los territorios, sino también les han generado graves daños sociales y culturales.

“En el caso de la consulta previa las comunidades han impulsado sus procesos y han llevado casi una docena a luz pública y están pendientes de su realización, otros llevan 158 procesos, pero está pendiente aún la decisión judicial. Las comunidades conscientes de las disputas sobre sus territorios están organizándose para resistir y avanzar en la protección de sus derechos. En algunos casos ha funcionado y han parado proyectos temporalmente, porque los intereses se mantienen desde las empresas o gobierno, que tienen clara su intencionalidad de explotar esos recursos, y que los pueblos seguirán protegiendo porque significa su vida, su supervivencia y su cultura”, puntualizó.

Fuente:https://www.diariocolatino.com/resistencia-contra-la-mineria-aumenta-en-centroamerica/

Bolivia

ACUERPANDONOS EN NUESTRAS RESISTENCIAS AL EXTRACTIVISMO NACIONAL E INTERNACIONALMENTE EN LA V CUMBRE DE MUJERES DEFENSORAS DE LA MADRE TIERRA

La RENAMAT conformada como una articulación de mujeres de diferentes comunidades que reciben distintos y múltiples impactos de la minería tanto sobre sus territorios como sus cuerpos, cumple este mes cinco años de vida. Desde el año 2013, esta articulación de mujeres viene gestando discusiones y debates importantes sobre los impactos diferenciados de la minería, este espacio se ha convertido en una plataforma de fortalecimiento de liderazgos femeninos que paralelamente están fortaleciendo cada una de las luchas y resistencias en las comunidades que enfrentan los efectos devastadores de la minería. Con la alianza entre esta Red y el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA), se ha estado generando denuncias, procesos de formación y acciones de incidencia en clave de violencia medioambiental contra las mujeres como uno más de los efectos de la minería sobre los territorios colectivos e indígenas.

 

omo cada año, esta vez en los días 12 y 13 de octubre las mujeres que son parte de esta articulación se reunieron en la ciudad de Cochabamba en su Cumbre Anual, este evento especialmente importante inició con un acto ritual de agradecimiento y solicitud de permiso a la Pachamama siguiendo los usos y costumbres de las comunidades quechuas y aymaras. Las representantes de cada una de las comunidades que conforman esta Red hicieron una ofrenda simbólica en este encuentro resaltando la diversidad de los pueblos y de los territorios, con semillas y productos de las zonas en resistencia, con imágenes, fotos y materiales que simbolizan la acumulación de trabajo, de emociones, de sentires y de luchas durante estos años se dio inicio a estos dos días de debate y construcción colectiva.

 

Estuvieron presentes en este Encuentro representantes de: Challapata (Municipio en Resistencia a la minería), Tolapampa (Comunidad afectada por los relaves de la Empresa Estatal Huanuni), El Choro y Rancho Grande (afectada por la desaparición de fuentes de agua y contaminación minera múltiple), Realenga y Sora (afectadas igualmente por Huanuni), Coro Coro (con la lucha entablada por los abusos de Kores), Quesu Quesuni – Poopó (comunidad afectada por la empresa transnacional Glencore de Suiza), Totora, Yawisla – Vitichi, Marca Sacaca del Norte de Potosí, , y otras comunidades más que mantienen la resistencia. La primera parte del evento estuvo destinada a rememorar el proceso de fortalecimiento de cada una de estas luchas, en este punto se resaltó el rol protagónico de las mujeres en una mayor participación política tanto en los espacios de decisión, como en las acciones concretas y populares de defensa del territorio. La evaluación positiva de esta participación se plasmó en la reconstrucción gráfica de los territorios, sus luchas, de los espacios que ocupan las mujeres, sus emociones y sus esperanzas.

 

Este encuentro particularmente significativo y emotivo contó además con la presencia de Nélida Ayay, compañera de Cajamarca Perú que es parte del proceso de resistencia contra los efectos contaminantes de la minera Yanacocha. En diálogo con las compañeras participantes de la Red, se pudieron ver los horizontes compartidos que se están viviendo en diferentes territorios, que el efecto de la minería está menoscabando las posibilidades de reproducir la vida para las mujeres, que está destruyendo fuentes de agua, enfermando los cuerpos, destruyendo a las organizaciones y generando espacios de violencia contra las defensoras. Que así mismo se comparten fuerzas y energías de lucha, que tanto en Perú como en Bolivia las mujeres están construyendo cimiento a cimiento alternativas al modelo hegemónico de desarrollo.

 

Otra compañera igualmente valiosa y entrañable para el proceso de resistencia de las Mujeres en América Latina que estuvo presente en esta Cumbre fue Glora Chicaiza de Acción Ecológica (Ecuador) como representante de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales presentó las formas en las que el extractivismo minero despoja a las mujeres de sus principales derechos, de cómo en algunos casos se ha llegado a la militarización de los territorios para someterlos a la depredación extractiva y acallar las voces disidentes, pero a la vez de cómo las mujeres han decidido no callarse y mantenerse en pie de lucha, convirtiendo los espacios locales en tejidos transnacionales que están caminando por la región con rostro de mujer.

 

El sentir la unidad de las mujeres y espejarse en otros procesos igualmente potentes, marcó un profundo sentido de fortaleza en este encuentro en el que se han podido hilar luchas locales con las regionales. Para finalizar el primer día de Encuentro, contamos con la visita de representantes de la Fundación Rosa Luxemburg, organización amiga que mediante su representante Karim Gabbert planteó la importancia de internacionalizar las luchas ambientales, contando casos de cómo incluso en Europa se están realizando acciones de defensa de la naturaleza. Ligado a esta intervención terminó la noche con la potente presentación de la radio novela sobre la vida de Domitila Barrios de Chungara, escuchando breves extractos de la misma, generándose un debate entre los artistas compositores de la música, las representantes de la Fundación Rosa Luxemburg (Karim Gabbert y Dunia Mokrani), invitadas internacionales, Colectivo CASA y representantes de la RENAMAT. La importancia de la memoria viva de las mujeres luchadoras ligada a los procesos actuales de resistencia reafirma la importancia de fortalecer a las mujeres y sus acciones.

 

La primera jornada culminó con bailes, alegría y el agradecimiento a la Madre Tierra con la ofrenda de la mesa blanca y pijchando coquita.

El segundo día inició con una recapitulación dinámica del día anterior, posteriormente un repaso de los Derechos de las mujeres y los Derechos ambientales amenazados por leyes extractivas como la ley minera.

Un segundo momento estuvo destinado a compartir experiencias de las luchas que realizan las mujeres por la defensa de los territorios, los riesgos pero también las estrategias creativas y la importancia de estar organizadas, es asi que en un dialogo fraterno Nelida de Cajamarca Perú, Gloria de Ecuador con las vivencias de la Red Latinoamericana de Mujeres, enrriquecieron los conocimientos de las Defensoras Bolivianas articuladas en la RENAMAT, cerrando el espacio con un acuerpamiento cariñoso, y reivindicativo de las luchas sociales y ambientales encaminadas por las mujeres.

 

Finalmente la cumbre terminó con un plan de acción fijando posibilidades de acciones conjuntas, reafirmando alianzas e intercambios mediante diferentes formas de respaldo en unidad, solidaridad y potencia femenina en contra del extractivismo minero y en respeto de los Derechos de las Mujeres.

Fuente:Oiedc.org

Latinoamerica

Minería: La contaminación y la pobreza acá, los minerales y la riqueza allá

Los procesos industriales sobre los que se basa el tan mentado “progreso” necesitan de una gran cantidad de minerales para satisfacer las demandas de productos cuya necesidad fue generada en el consumidor por las empresas que los producen y venden. Tan cierto es eso, como que los altísimos niveles de consumo de un pequeño porcentaje de la humanidad, están destruyendo las formas de sustento y el medio ambiente de la otra parte, que generalmente es la que vive en las áreas impactadas por la minería.

Debido a sus impactos, la minería es una de las actividades mas contaminantes realizadas por el hombre. Por lo que debe ser controlada estrictamente en todas sus etapas, desde la prospección y explotación hasta el transporte y procesamiento. En muchos casos, control estricto significaría sencillamente prohibición de la actividad minera en la zona.

Sin embargo, durante la última década hubo cientos de accidentes graves donde el protagonista fue el cianuro. Esto se debe principalmente a que hasta el momento en muchos casos este control se ha dejado en manos de las propias corporaciones mineras, algo absolutamente absurdo.

Incluso el control en manos de los gobiernos es insuficiente, teniendo en cuenta el poder económico y político que las corporaciones mineras han demostrado tener sobre ellos. Se debe entonces recurrir a la sociedad en su conjunto para que participe directamente en este control, como única forma de equiparar fuerzas.

La minería provoca la devastación del ecosistema en el cual se instala (deforestación, contaminación y alteración del agua, destrucción de hábitats) y no suele dejar nada mas que eso cuando se va. Si nos remontamos en el tiempo, entre 1545 y 1558, se descubrieron las fértiles minas de plata de Potosí. A partir de allí, se generó la explotación sistémica en los yacimientos y el trabajo forzado de miles de indígenas. Bolivia es hoy, el país que mas plata ha dado al mundo y por supuesto uno de los que menos tiene.

En la actualidad, más del 60% de los minerales son extraídos mediante las modalidades de minería a cielo abierto, las canteras y la minería por lixiviación. No vale la pena aclarar que son las mas rentables (para las empresas) y las mas contaminantes.

Según un estudio de 1999 de Arborvitae (IUCN, WWF), los países del sur “ricos en recursos minerales tienden a tener tasas de crecimiento económico más lentas, niveles más bajos de bienestar social y distribuciones de ingreso mucho más asimétricas que los países en desarrollo no dependientes de minerales”.

Se calcula que, conjuntamente con la exploración de petróleo, la actividad minera amenaza el 38% de las últimas extensiones de bosques primarios el mundo.

Los países industriales consumen más de dos tercios de la producción anual de los nueve minerales más importantes. Los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Europa Occidental, con el 15 por ciento de la población mundial, en conjunto consumen la mayoría de los metales producidos cada año: aproximadamente 61% de todo el aluminio, 60% del plomo, 59% del cobre y 49% del acero.

Ancash, Condorhuain, Chilecito, Famatina, Veladero, Pascua-Lama, Bajo La Alumbrera, San Luis Potosí, Cerro Quilish, Cerro de Pasco, Macacona, Marlin, San Martín, Peñasquito, Paso Diablo, Río Blanco y Crucitas son sólo unos pocos ejemplos de proyectos de explotación minera, que se encuentran en diferentes etapas en Latinoamérica.

Las mineras se llevan los minerales, pero también los bosques, el agua, la salud, la vida y el futuro de quienes habitan en sus zonas de explotación. Afortunadamente la resistencia de nuestros pueblos a este tipo de emprendimientos crece día a día y se han realizado importantes logros. Pero esa resistencia necesita el apoyo de todos nosotros para detener definitivamente el saqueo y la contaminación minera en todo nuestro territorio.

Fuente:https://www.ecoportal.net/temas-especiales/mineria-la-contaminacion-y-la-pobreza-aca-los-minerales-y-la-riqueza-alla/?fbclid=IwAR1_ZxYHLQp7LhznQcLIX3ub6XAkWK0z8c9n2mVtdUFsR-kOVnGV5wztyUo

 

Mexico

Como no son migrantes, nadie se queja: Minera canadiense contamina Río Coyote; el agua está blanca y ya no sirve para sembrar.

Autoridades agrarias, municipales y ciudadanos de la comunidad de Magdalena Ocotlán denunciaron que con las lluvias registradas el pasado 7 de octubre generaron un derrame de la presa “Jales” propiedad de la empresa Cuzcatlán. SA de CV (filial de Fortuna Silver Mines) que opera el proyecto minero “San José” (en etapa de producción comercial desde 2011) y que contaminó el agua del Río del Coyote en el territorio colindante de Magdalena Ocotlán, Oaxaca.

Denunciaron que el proyecto minero “San José” no respeta límites territoriales de ejidos y comunidades, y que esta contaminación la detectaron la tarde del pasado lunes, al localizar una corriente de agua “color blanca” que proviene de la parte alta de San José del Progreso, donde se encuentra ubicada la presa de jales (deshechos mineros).

La minera “Cuzcatlán”, filial de esta compañía canadiense, trabaja en la explotación de oro y plata desde 2011 en el municipio San José del Progreso, dentro del distrito de Ocotlán al centro oaxaqueño, donde viven del cultivo de verduras. Alfredo Salcedo Martínez, del área de relaciones comunitarias de la empresa en Oaxaca, dijo a SinEmbargo que ya hubo una inspección por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat).

La Profepa, informó por su parte que desde el 12 de octubre pidió a la minera “realizar medidas de urgente aplicación” para evitar mayores afectaciones a los elementos naturales. Pero la empresa hizo caso omiso. Por ello, realizó un análisis de suelo y sigue a la espera de los resultados para determinar la existencia o no de contaminación con residuos peligrosos. En caso de que se acredite, se aplicarán las acciones y sanciones que conforme a derecho procedan, advirtió en un comunicado.

El afluente el Coyote desemboca en el paraje conocido como La Ciénega en Magdalena Ocotlán, donde se encuentra un retén de agua que sirve para pastoreo de animales, además de pozos que abastecen de agua potable a la comunidad.

Ante la costra blanca en su río, están tomando medidas de prevención: no bañarse ni usar esa agua hasta saber qué sustancias contiene.

Además señalaron que desde el año 2010 sin informar a las comunidades afectadas y sin pedirles su consentimiento, la Secretaría de Economía otorgó concesiones por 90 mil hectáreas de los Valles Centrales para la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp.

Por todas estas afectaciones, la comunidad de Magdalena Ocotlán exigieron la cancelación inmediata del proyecto “San José” de la empresa Minera Cuzcatlán SA de CV filial de Fortuna Silver Mines, por representar un peligro para su tierra y territorio.

Con información de Sin Embargo.

Viernes:https://nacionunida.com/2018/10/24/no-migrantes-nadie-se-queja-minera-canadiense-contamina-rio-coyote-agua-esta-blanca-ya-no-sirve-sembrar/?fbclid=IwAR0Lh30ImTdtOM3U1ZbIhoYqxEhCJkIXm3IzMLdwvrM8–CFOjJsEYr4SI8

Argentina

“Vicisitudes” del Proyecto Navidad

Minera Argenta, creada y ubicada en Trelew  para llevar a cabo el proyecto minero Navidad, envió al Presidente de  la Legislatura Provincial, Roddy Ingram, una nota firmada por Luis Sánchez,  su Apoderado.  Con ella, la subsidiaria de la empresa canadiense Pan American Silver Corp, pretende ser convocada  a promocionar el Proyecto Navidad.

En una carta dirigida al Presidente de la Legislatura de Chubut, Roddy Ingram,  Panamerican Silver  se ¨pone a disposición del Honorable cuerpo legislativo, con el objeto de presentar, exponer y ampliar en todo lo necesario sobre diferentes vicisitudes del Proyecto Navidad¨.

Llama la atención el uso del término “vicisitudes”, palabra que designa la alternancia de sucesos prósperos y adversos o, lo que aún más llamativo,  sucesos negativos que producen un cambio brusco en la marcha de algo.

Si nos atenemos al primer significado señalado de la palabra vicisitud, es lógico considerar  que la suspensión del evento organizado por ASIJEMIN y la posterior declinación del ex Presidente Mujica a participar en las jornadas organizadas por Green Cross resulten en sucesos adversos para la empresa minera pero nos preguntamos cuál o cuáles serían los sucesos prósperos, porque convengamos que no los hubo -al menos por parte del pueblo chubutense-.

Atenernos al segundo significado señalado, implicaría pensar que esos mismos sucesos (u otros que desconocemos) cambiaron algo que llevaba una marcha muy positiva para la empresa. En cualquiera de los dos casos, repudiamos la  comunicación directa de la empresa con la Legislatura en razón de un proyecto rechazado por el pueblo.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42157-vicisitudes-del-proyecto-navidad

Argentina

En Paso de Indios no hay licencia social para megaminería

La Asamblea de Paso de Indios entregó un documento al intendente Mario Pichiñan exigiendo que deje de pedir megaminería en nombre de los pobladores

Luego del encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC-CH) el sábado pasado en esa localidad, la Asamblea de Paso de Indios reafirmó mediante un comunicado el rechazo a los proyectos uraníferos y la megaminería, declarándose en estado “de alerta y acción” ante la avanzada minera. También exigieron a Pichiñan que “responda como representante de esa comunidad y que deje de pedir la megaminería en nombre de las y los pobladores de Paso de Indios porque no hay licencia social”

Denuncian la falta de profesionales de la salud en el hospital local, los problemas constantes con el agua  y la nula infraestructura para tratamiento de residuos cloacales que contaminan el suelo poniendo en riesgo la salud de la población.

“Hay mucho dolor de estómago y vómitos, líquidos cloacales derramados en el pueblo, además el agua se está bombeando desde la cisterna vieja, que está prohibida. La doctora da cuatro turnos por día para control de enfermedades crónicas, no dan turnos para cáncer o lupus. Hay mucha neumonía y no hay pediatras ni odontólogos, ni especialistas en kinesiología, etc. Falta medicación”

Lo anterior es un mensaje de whatsapp enviado por vecinos de Paso de Indios hoy, ilustrando el marco de desborde sanitario generalizado que sufre la localidad.

La población denuncia la falta de compromiso de las autoridades locales con la resolución de problemas concretos y cotidianos en el pueblo, en contraste con la intensa actividad de lobby a favor de las mineras.

A continuación el Documento completo, entregado por los vecinos al intendente Mario Pichiñán:

“Desde que en 2010 nos conformamos como Asamblea de Paso de Indios, tomamos conocimiento de proyectos que se han explorado como: “Cerro Solo” (uranio); Stella Maris (Plomo, además explotado y abandonado sin remediación posterior); “Marta Irene” (Plomo y oro); “La Fortuna” (oro); y su participación en la firma del proyecto de zonificación minera, junto a otros 7 intendentes y/o jefes comunales, para habilitar la actividad extractivista en más de la mitad de la provincia.

Frente a esta situación nos declaramos en estado de alerta y acción en rechazo a estos proyectos mencionados y nos organizamos dentro de la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses por la defensa del territorio y la vida.

Por ello este sábado 20 de octubre tuvimos un encuentro provincial en nuestra localidad y marchamos por las calles informando a los y las habitantes y plasmando de modo público y abierto nuestro reafirmación de No es No a la megaminería

En dicho encuentro, además, notificamos al resto de las asambleas chubutenses la falta de especialistas en el hospital local y la insuficiencia de su servicio, que pone en riesgo la salud de nuestras familias; los problemas constantes con el agua y también la falta de estructuras para el tratamiento de residuos cloacales que contamina nuestros suelos, y nuevamente pone en riesgo nuestra salud.

Ante la sumatoria de estas situaciones con las exploraciones y avanzadas de los proyectos extractivistas megamineros, le exigimos que responda como representante de esta comunidad y que deje de pedir la megaminería en nombre de las y los pobladores de Paso de Indios porque NO HAY LICENCIA SOCIAL.

Queremos trabajo genuino y digno, en el camino de las actividades productivas que podemos desarrollar en nuestra tierra, sin generar contaminación, enfermedad y muerte. Hay muchas alternativas para un verdadero desarrollo de nuestra localidad, comarca y provincia, exigimos que sean visibilizadas. Para esto necesitamos defender nuestras fuentes de agua y atender a los proyectos verdaderamente productivos que nuestras comunidades están planteando sobre cría de ganado, cultivo de frutillas, chacras, criaderos de pescado y turismo sustentable.

¡El agua es vida, no es para la mina!

¡No a la zonificación!

Asamblea de Paso de Indios

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42155-en-paso-de-indios-no-hay-licencia-social-para-megamineria

Perú

¿El Estado peruano cumple los derechos de los pueblos originarios?

Presentación del Informe alternativo de seguimiento al Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

El Informe alternativo de seguimiento al Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) explica la situación actual de los pueblos indígenas en el Perú y el nivel de cumplimiento de las obligaciones que se derivan del Convenio 169 por el Estado peruano.

El informe se presentó a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (CEACR) ante la obligación del Estado peruano de entregar este año la memoria regular sobre la implementación del Convenio 169 en el país.

El informe es elaborado por el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y se presenta junto a las organizaciones indígenas que reúne el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Aspectos relevantes

Deficiente censo indígena. El diseño e implementación del censo poblacional realizado el 2017 tuvo serias deficiencias. Por esta razón, el Estado debe ser cuidadoso en el uso de la información generada y consultar otras fuentes y estudios para intervenir en territorios indígenas y orientar mejor las políticas públicas.

Salud. Existen nuevas causas de enfermedad y muerte vinculadas a la contaminación de ríos y fuentes de agua en la Amazonía. Muchas personas indígenas afectadas en su salud por metales tóxicos no cuentan con establecimientos médicos cercanos, especializados o abastecidos de medicamentos, insumos y equipamiento para una atención adecuada. Los pasivos ambientales de antiguas y actuales operaciones mineras e hidrocarburíferas son fuente central de contaminación para la salud.

El Estado ha reconocido el derecho al agua limpia y potable como derecho constitucional; pero, no ha realizado acciones concretas que garanticen agua de calidad para las comunidades afectadas por metales tóxicos ni ha priorizado su utilización.

Entre los principales casos está Chiriaco, donde el 2016 se produjo la fuga de tres mil barriles de petróleo afectando a niños y niñas negligentemente contratados para labores de limpieza. Luego, se identificó a 243 personas expuestas a petróleo sin protección. Otro caso es Cuninico, en donde el 2014 hubo un derrame de casi tres mil barriles de petróleo. El caso emblemático refiere a las cuatro cuencas de los ríos Pastaza, Marañón, Tigre y Corrientes expuestas a sustancias tóxicas producto de derrames por más de 40 años de explotación.

De otro lado, la implementación del Plan Sectorial de Salud Intercultural es lenta y poco efectiva. Las organizaciones indígenas no perciben voluntad política para implementarlo.

Educación. Una de las principales afectaciones al derecho a la educación bilingüe e intercultural (EIB) es la drástica reducción del presupuesto destinado al Programa de Educación Intercultural Bilingüe en más del 50% para el 2018. Como señaló la Defensoría del Pueblo, esta situación inicia un debilitamiento en la implementación de la política pública educativa para los pueblos indígenas, cuyos avances fueron significativos en años anteriores.

Debilitamiento de derechos territoriales. Desde el 2013 se han aprobado normas para promover las inversiones que debilitan la protección de los derechos indígenas, como la Ley 30230, el Decreto Supremo 001-2015-EM, la Ley 30327, los decretos legislativos 1192, 1210 y 1333, Ley 30723 entre otras que afectan derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Pueblos en aislamiento. El cambio de reservas territoriales a reservas indígenas debilita la protección a los pueblos en aislamiento y contacto inicial (PIACI) al perder su intangibilidad, favoreciendo la colonización, el ingreso de agentes extraños a los pueblos y la actividad económica (legal e ilegal).

Criminalización. Bajo el supuesto de lucha contra la criminalidad organizada, se han efectuados cambios en la ley penal y procesal penal que vulneran derechos fundamentales como la libertad personal, integridad personal y libertad de expresión. Es el caso de los decretos legislativos 1244, 1245, 1267, 1298, 1307 y la Ley 30558 que criminalizan la protesta social.

Entre 1995 y 2018 se suscribieron 145 convenios de servicio policial extraordinario entre la Policía Nacional del Perú y empresas extractivas (minería e hidrocarburos) para proteger intereses corporativos.

En 2017 y hasta junio de 2018 se han declarado o prorrogado 20 estados de emergencia por supuestas causas de conflictividad social en el marco de una estrategia represiva para responder a la conflictividad social, en vez de elegir mecanismos de diálogo.

Registro y reconocimiento. No existe una adecuada coordinación para actualizar el registro de pueblos indígenas y comunidades y existe información deficiente. El Decreto Legislativo 1360 atribuye competencia exclusiva al Viceministerio de Interculturalidad para reconocer a los pueblos indígenas lo que resulta restrictivo considerando, que las comunidades campesinas y nativas tienen derecho a que se reconozca su personería jurídica como una de las formas de organización de los pueblos originarios.

Consulta previa. Después de siete años de vigencia de la Ley 29785 (Ley de Consulta Previa) han quedado fuera del ámbito de consulta decisiones relevantes como las regulaciones sobre normas que afectan derechos de pueblos indígenas: propiedad y posesión de la tierra, programas de saneamiento físico legal. También han quedado fuera programas sociales que, desde una lógica asistencialista, se brindan a comunidades campesinas y nativas. Persiste la asimetría de información y conocimiento entre pueblos indígenas y el Estado. Además, es casi nula la implementación de los acuerdos adoptados en los procesos de consulta.

Institucionalidad. La actual gestión insiste en fortalecer el Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas (GTPI) sin replantear su diseño institucional a pesar de sus serias limitaciones para propiciar cambios estructurales y propuestas de políticas públicas para los pueblos indígenas.

Justicia. Aun no se ha promulgado la ley sobre coordinación de justicia intercultural. En el 2016 se presentó un proyecto de ley, pero el Congreso aún no debate la propuesta legislativa.

Participación política. El régimen electoral propicia el abandono de las formas tradicionales de organización porque exige a los pueblos incorporarse a los partidos. Esta asimilación es controversial, debido a que los partidos políticos no son una forma de organización propia de los pueblos indígenas. Además, se debe tomar en cuenta que la estructura de los partidos políticos peruanos se encuentra en una crisis de credibilidad.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-estado-peruano-cumple-los-derechos-de-los-pueblos-originarios/

Chile

Denuncian que extractivismo del litio amenaza la vida y el agua en San Pedro de Atacama

En el marco del Séptimo Encuentro de la Red por los Ríos Libres, representantes de organizaciones sociales, ONGs y fundaciones de todo el país se reunieron del 19 al 21 de octubre en Antofagasta, instancia que giró en torno a la problemática y consecuencias del extractivismo del litio en el Salar de Atacama. Esto, sumado a la situación de grave contaminación que se vive en el río Loa y la intervención por parte de las mineras que han hecho que el río San Pedro pierda más de la mitad de su caudal.

Un conflicto que se suma al grave escenario de intervención y el deterioro inminente de las cuencas y recursos hídricos que se vive en los ríos de todo Chile y que amenaza la forma de vida de las comunidades del país.

Desde Fundación Tantí, Ramón Morales, uno de los organizadores del Encuentro, sostuvo que “lo que se esconde detrás de estos conflictos es un modelo y ese modelo en el fondo está afectando el resto de nuestras vidas independiente de si estamos en el norte, en el centro, en el sur”. De ahí que el dirigente valorara que la reunión se realizara allá, en una zona abandonada y estigmatizada del país, agregando que “en este encuentro se consolida un proceso de articulación nacional entre movimientos”.

Frente a este panorama, Julio Ramos, Presidente de la Asociación Atacameña de Regantes del Río San Pedro, sentenció que “el Estado en vez de ser un protector aliado, es todo lo contrario, un facilitador de este desarrollo codicioso de la minería instalada en nuestro territorio; más aún en este tiempo donde el litio se ha puesto de moda, siendo para nosotros una bendición-maldición. Porque es cierto que habitamos en un espacio que tiene mucha riqueza, pero nosotros no percibimos la riqueza a través del dinero, sino que la percibimos en los ambientes sanos, en la naturaleza prístina, en un desarrollo armónico y  tranquilo de nuestra vida”.

 

La industria extractiva y el turismo invasivo son dos de las principales fuentes de conflictos que se viven en el territorio de San Pedro de Atacama. El litio se ha convertido -como lo han llamado- en una “bestia negra” que hoy es representada por SQM y Albemarle, “las empresas que más daño han causado, secando las salmueras y destruyendo el ecosistema del norte del país”, como concluyeron en el Encuentro.

El litio, “una bendición-maldición”

Al encuentro llegaron más 60 personas representantes de organizaciones de todo el país, quienes tuvieron la oportunidad de compartir experiencias de lucha y realidades que se viven en la mayoría de las cuencas de Chile, siendo la falta de compromiso con las comunidades y el impulso de proyectos que atentan contra la sustentabilidad y vida de las comunidades, una de las problemáticas que más se repiten.

Frente a este panorama, Julio Ramos, Presidente de la Asociación Atacameña de Regantes del Río San Pedro, sentenció que “el Estado en vez de ser un protector aliado, es todo lo contrario, un facilitador de este desarrollo codicioso de la minería instalada en nuestro territorio; más aún en este tiempo donde el litio se ha puesto de moda, siendo para nosotros una bendición-maldición. Porque es cierto que habitamos en un espacio que tiene mucha riqueza, pero nosotros no percibimos la riqueza a través del dinero, sino que la percibimos en los ambientes sanos, en la naturaleza prístina, en un desarrollo armónico y  tranquilo de nuestra vida”.

 

Además de compartir experiencias y auto formarse, la Red por los Ríos Libres tiene dentro de sus objetivos llevar sus conocimientos hacia toda la comunidad, para lo cual en esta 7° jornada previo al encuentro se hicieron talleres con el centro educacional de Toconao, en los que participaron Camila Badilla de Fundación Hualo, Juan Pablo Orrego de Ecosistemas y Ramón Morales de Fundación Tantí.

 

“Durante la avanzada pudimos recorrer junto al equipo de Fundación Tantí el territorio intervenido, como son las piscinas de salmuera y la escuela de Toconao. Nos recibieron durante una mañana para poder compartir con alumnos de enseñanza media la experiencia de la Red, exponer sobre las cuencas hidrográficas y conversar sobre el conflicto del litio, la crisis hídrica de la cuenca y su visión general”, explica Camila Badilla.

Cabe destacar que la Red por los Ríos Libres de Chile agrupa a los defensores del agua y los ríos del territorio nacional, con un trabajo constante en la visibilización de las problemáticas; promueve el intercambio de experiencias e impulsa la capacitación. Todo esto sumado a que a lo menos tres veces al año se reúne en diferentes territorios de conflictos, desde la segunda región y hasta el Río Backer. El próximo encuentro se realizará en lo alto del Río Maule, durante el primer semestre de 2019.

 Comunicaciones Red por los Ríos Libres

Fuente:https://www.elciudadano.cl/medio-ambiente/denuncian-que-extractivismo-del-litio-amenaza-la-vida-y-el-agua-en-san-pedro-de-atacama/10/24/