Honduras

Desalojo de comunidades en Tocoa

La coordinadora de organizaciones populares del aguan(COPA).
Tocoa Colón Honduras Centro América

Desalojo en marcha después de campaña de criminalización, difamación y desprestigio

En marcha un plan para Violentar los derechos Fundamentales de las comunidades, ciudadanos y ciudadanas desde el Estado de Honduras contra quienes estamos en campamento en defensa del derecho fundamental al agua.
Las comunidades en el campamento Guapinol en defensa del agua y la vida han estado de manera pacífica en defensa de los ríos Guapinol y río San Pedro y así como las fuentes de agua para consumo humano, pero está en marcha un plan para desalojar y violar el derecho de las ciudadanas y ciudadanos del municipio de Tocoa Colón sin dar una respuesta a la demanda legítima que desde el 1 de Agosto nos encontramos en Campamento sin ser atendidos de manera responsable ante la problemática.

Las familias han estado recibiendo agua totalmente sucia producto de los daños de la empresa minera Inversiones los Pinares y que ahora se está sub sanando esa situación grave a 59 días de campamento pacífico en defensa del agua y la vida pero se ve amenazada nuevamente cuando las instancias estatales garantes de la protección de la ciudadanía se han puesto del lado de la Empresa minera Inversiones los Pinares y dejando indefensos a las comunidades para que se cometan crímenes ambientales y de personas defensoras de los derechos humanos y Ambientales.

Denunciamos que las instituciones del Estado se prestan para confabularse con las empresas mineras aunque estas estén destruyendo ambientalmente los municipios poniendo en riesgo el bienestar y los derechos de las comunidades, aunque se demuestre que han cometido delitos ambientales, aunque se demuestre que hubo actos de Manipulación y supuestos actos de corrupción en los procesos para otorgar las concesiones, aunque se demuestre que esas concesiones fueron solicitadas en 2008 y que posteriormente fueron investigadas e incautadas supuestamente continúan con otros dueños sin tomar en cuenta las comunidades.

Hacemos un llamado internacional para estar pendiente con lo que puedan hacer ya que se ha dado una campaña de criminalización, desprestigio y difamación contra organizaciones, líderes y liderezas en la defensa de los derechos humanos y BIENES comunes y que van con el objetivo de capturar personas que luchan pacíficamente por sus derechos y las comunidades, dejando en impunidad todo acto cometido por la Empresa minera Inversiones los Pinares y el grupo armado de choque contratado para confrontar y asesinar líderes y liderezas de las comunidades.

Exigimos detener dicho desalojo ilegitimo y plan en marcha para capturar personas, criminalizar y quitar el campamento Guapinol, que está en legítimo derecho a la defensa de los ríos, cuencas y microcuencas, así como la flora y la fauna en el Parque Nacional Montaña Carlos Escaleras Mejía antes Montaña de Botaderos por el equilibrio y

Tocoa Colón es altamente vulnerables y pondríamos en riesgo los más de 90,000 habitantes , cultivos y viviendas que pueden ser destruidos ante desastres de fenómenos naturales.

Exigimos la cancelación de las concesiones y licencias ambientales ya que ponen en riesgo el derecho fundamental al agua y la vida, se han cometido delitos ambientales y están en zona núcleo del parque Nacional Montaña Carlos Escaleras Mejía antes Montaña de Botaderos, donde no se permite la explotación de minería y ninguna actividad económica ya que es el patrimonio nacional y pulmón de la región y del país garantizando las fuentes de agua para consumo humano de la región y protección de todos y todas.

El Estado debe garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, y hemos observado que se han inclinado con la Empresa minera Inversiones los Pinares y pretende violentar las comunidades negándose a dar respuesta a las peticiones de las comunidades y sectores del municipio de Tocoa Colón en primera instancia el Alcalde Adán Funes Martínez de LIBRE en realizar un Cabildo abierto municipal con la convocatoria de participación de todos ciudadanos y ciudadanas, las autoridades de Mi Ambiente, INHGEOMIN han negado la información y documentación íntegra de los expedientes.

COPA somos co peticionarios de Medidas Cautelares de protección ante la Comisión Interamericana de derechos humanos CIDH y en el Campamento se encuentran beneficiarios de las MC 5014 líderes y liderezas, defensores y defensoras de derechos humanos de nuestra organización, de organizaciones campesinas y exigimos su protección y garantías tanto de los beneficiarios y de las comunidades,las fuentes de agua y el Parque Nacional Montaña Carlos Escaleras Mejía.

Exigimos se respete el campamento y las personas beneficiadas que allí se encuentran por estar en su legítimo derecho. Un desalojo solo pone en riesgo la vida de los beneficiarios por lo tanto responsabilizamos al mecanismo de protección y al gobierno de Juan Orlando Hernández ante la Comisión Interamericana de derechos humanos CIDH por lo que puedan hacer en ése momento ó posterior los empleados de la Empresa minera Inversiones los Pinares y activistas del Alcalde Adán Funes Martínez que son quienes han criminalizado y se han armado contra quienes defendemos nuestros derechos legítimos contenidos en las leyes nacionales e internacionales así como en el hecho mismo de la existencia de nuestra vida y la comunidad por miles de años en esos territorios.

Se pretende imponer la ilegalidad y negación de Justicia

Coordinadora de organizaciones populares del aguan, COPA

Fuente:http://www.acafremin.org/es/noticias-regionales/honduras/311-desalojo-de-comunidades-en-tocoa

Argentina

Punto final para la megamineria en Cordoba

El Ministerio Público Fiscal de la Nación ratificó la Ley 9.526 de la provincia de Córdoba que prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto, la extracción de minerales nucleares como el uranio y el torio, y el uso de determinadas sustancias químicas contaminantes, tóxicas y peligrosas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico.

 

El viernes pasado, el procurador fiscal Víctor Abramovich, opinó que la Ley 9.526, vigente en la provincia de Córdoba y que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto, es constitucional, en respuesta al caso que había iniciado la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba (CEMINCOR) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) contra la ley provincial. Los demandantes pedían la inconstitucionalidad de la ley cordobesa, vigente desde 2009, y señalaban que las restricciones estipuladas a la actividad minera vulneraban sus derechos de trabajar, ejercer toda industria lícita y el de propiedad.

Pero el procurador fiscal dictaminó que correspondía confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia cordobés que había rechazado la demanda contra la ley provincial. Además, señaló que la ley local es razonable, ya que constituye una medida de tutela esencialmente preventiva y no afecta derechos de las empresas mineras, si se tiene en cuenta los efectos nocivos e irreversibles que las técnicas y actividades allí prohibidas le causan al medio ambiente y, en especial, al agua.

En particular, destacó que las medidas adoptadas por la ley local resultan coherentes con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad, que guían el derecho ambiental. Recordó que esos principios deben imperar ante la creación de un riesgo de efectos desconocidos y, por tanto, imprevisibles, y que cuando lo que se persigue es la tutela del bien colectivo, como los derechos de raíz constitucional al ambiente y al agua, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro.

El representante del Ministerio Público Fiscal ponderó, además, estudios técnicos presentados en la causa y los informes de la auditoría de cierre de la mina de uranio Schlagintweit (“Los Gigantes”) que fue explotada en la provincia de Córdoba hasta el año 1991, y que produjo serios pasivos ambientales que carecen de una remediación definitiva. Frente a estos antecedentes, advirtió que los empresarios mineros no aportaron pruebas que rebatieran la información científica sobre el daño ambiental que producen las actividades prohibidas por la ley.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/cordoba/item/42179-punto-final-para-la-megamineria-en-cordoba

Argentina

De la resaca del neoextractivismo y los extravíos del progresismo, a los acechos del neofascismo. Reflexiones sobre la actual coyuntura política latinoamericana.

Presentamos una nueva entrega del dossier “Alternativas populares en debate” donde luchadores sociales e intelectuales críticos comparten su mirada, el análisis y su pronóstico para el ciclo de luchas necesario para una transformación profunda de la sociedad. Compartimos aquí las opiniones de  Horacio Machado Aráoz*

1) ¿Ve una posibilidad de eventual “vuelta” de gobiernos progresistas en Latinoamérica? ¿Qué implicancias o viabilidad tienen estos “modelos” hoy? ¿Se agotó el denominado ciclo progresista?

Independientemente de que no cabría descartar un eventual “regreso” electoral de alguna expresión del progresismo en algunos países (a corto plazo, Argentina o Brasil) e inclusive, más allá de la continuidad de ciertos gobiernos (algunos emblemáticos como el de Evo Morales en Bolivia, otros problemáticos como el de Maduro en Venezuela, y otros tenues o difusos como el del Frente Amplio en Uruguay), considero que el ciclo de los gobiernos progresistas en la región está definitivamente agotado; agotado y fracasado, al menos si hablamos de ellos en términos de sus posibilidades de generar o alentar condiciones de transformación de la dominación capitalista. En esos términos, estamos hablando de experiencias políticas absolutamente fallidas y caducas.

Reafirmando nuestra consideración de que tales gobiernos significaron la continuidad (y hasta la profundización) del neoliberalismo por otros medios, ese eventual regreso estaría más bien enmarcado en las condiciones de inaceptabilidad social y resistencia política a los gobiernos de ultra derecha que se perfilan en la región, pero muy improbablemente constituyan de por sí una bisagra hacia verdaderas alternativas de cambio.

Por lo demás, no hay condiciones macroeconómicas (ni internas ni externas) para intentar cierta re-edición del programa de “crecimiento con inclusión social” que caracterizó a dicho ciclo. Se trata de un programa que dio muestras de resultar estructuralmente perjudicial e inviable. La pretensión de ‘escapar’ de los males estructurales del capitalismo periférico-dependiente a partir de la profundización y aceleración de la matriz primario-exportadora -con el único matiz heterodoxo de una ‘gestión keynesiana’ de la renta extractivista-, se evidencia hoy a todas luces como un absurdo total; precisamente porque esa matriz extractivista es la marca de origen, el ADN constituyente y constitutivo de nuestra dependencia; la más profunda y pesada herencia colonial. Más allá de la retórica propagandística, lejos de procesos de industrialización y recuperación de bases materiales para un desarrollo autónomo, durante el ciclo de los gobiernos progresistas asistimos a la intensificación de una dinámica de re-primarización, extranjerización y ultra-concentración de nuestras economías, lo que nos sumergió en escalones más profundos de integración subordinada y dependiente de la acumulación global. Pretender ignorar los límites y los condicionamientos histórico-estructurales que el capitalismo implica e impone en las economías periférico-dependientes, me parece una ceguera difícil de entender, sobre todo en el siglo XXI, tras tanta inteligencia crítica acumulada por las luchas y las investigaciones sobre la naturaleza y dinámica de nuestras sociedades[1].

Ahora bien, más allá de los impedimentos económicos estructurales, hay que decir que el ciclo progresista está políticamente perimido (al menos, así debiéramos entenderlo). Me parece un total desvarío imaginar un proyecto pretendidamente transformador basado en la expansión del consumo/ismo; confundir socialización y democratización con la ampliación del mercado de consumidores. No se pueden seguir ignorando los efectos que el “crecimiento” tienen sobre la(s) subjetividad(es) y la conciencia colectiva. No se puede desconocer que el crecimiento -incluso, concediendo que haya sido impulsado por la expansión del consumo popular- significa, inexorablemente, la expansión de las relaciones y el imaginario capitalistas, la ampliación de las fronteras de la mercantilización; en definitiva, la profundización de la sujeción y subordinación de la reproducción social de la vida a los imperativos del capital.

Si algo debiéramos aprender del “ciclo progresista” es que ningún proyecto de cambio o de transformación social puede basarse en aspirar a un “capitalismo con rostro humano”, a construir un “capitalismo nacional serio”, basado en la progresiva redistribución igualitaria del ingreso, y suponer que eso permitiría expandir indefinidamente el número de ‘incluidos’ (incluidos en el sistema)… Eso, a nuestro entender, es revivir la vieja fantasía desarrollista que sigue operando como núcleo duro de nuestra condición colonial, como la más difícil y desafiante barrera epistémica y política a superar, para realmente imaginar/proyectar los cambios emancipatorios que precisamos. Justamente, me parece que la frontera política entre un reformismo inconducente y estéril y las alternativas emancipatorias se sitúa entre la línea que separa las políticas de “inclusión”, de las políticas de transición radical hacia otros paradigmas civilizatorios. Necesitamos volver a pensar en términos de revolución y a aspirar a cambios revolucionarios. Pero eso implica también necesariamente revisar y reconceptualizar la idea de revolución. Ésta no puede ya ser pensada como un proceso que se hace desde arriba, y que precisa primero “la toma del poder del Estado”. Necesitamos imaginar el cambio revolucionario, como una profunda migración civilizatoria, que nos permita deconstruir y abandonar el patrón de poder colonial-patriarcal-capitalista en el que, no ya sólo como pueblo o región, sino como especie, estamos sumidos. Un cambio que implica salir-nos de las matrices antropocéntricas, productivistas, urbanocéntricas, de la modernidad/colonialidad hegemónica, a la que una vieja izquierda (y por cierto, el progresismo) sigue apegada.

2) ¿Qué caracterización hace del avance de gobiernos de derechas en los países de Nuestramérica? ¿Se puede hablar de una crisis de esos proyectos en la región y/o del macrismo en la Argentina?

Lamentablemente creo que estamos frente a algo más grave que a un ciclo de gobiernos de ultra-derecha en la región. Las amenazas que afrontamos en este tiempo no se reducen apenas al arribo de personajes nefastos al gobierno (los Macri, los Duque, eventualmente Bolsonaro etc.) y a la aplicación de políticas abiertamente clasistas-racistas-patriarcales. Más que una reacción conservadora desde los gobiernos, estamos ante a un fuerte proceso de fascistización social; una oleada de fascismo social que se extiende no sólo en la región sino también en el mundo (por lo menos, es muy evidente en los países del Norte Global). Como expresión sintomática de la agudización de la crisis civilizatoria en la que estamos inmersos, producto de casi cinco décadas de neoliberalismo, nuestras sociedades están siendo atravesadas por un fuerte proceso de des-humanización y donde las brechas de (in)humanidad entre grupos de clase, de género, étnicos, religiosos se hacen cada vez más marcadas y violentas.

Podríamos decir que el fascismo social tiene que ver con una situación en la que las élites pueden producir una situación de amnesia colectiva sobre los medios (de violencia estructural) que las llevaron a acumular sus privilegios; cuando esos privilegios se ven como ‘mérito propio’, y no como la contracara del despojo de vastas mayorías. Entonces, cuando se invisibilizan los crímenes históricos en base a los cuales se edificaron esos privilegios, además de la impunidad, esos crímenes se naturalizan, se sedimentan en las instituciones, los imaginarios y los cuerpos. Entonces, cuando eso pasa, las injusticias históricas dejan de ser vistas como tales, y pasan a (re)presentarse como posiciones ‘legítimamente ganadas’ por el “esfuerzo” o por el “mérito” propio. La difusión de la ideología meritocrática -por lo menos desde Malthus- alienta una concepción de la sociedad basado en la guerra competitiva de todos contra todos, el darwinismo social; en fin, un imaginario donde lxs despojadxs del mundo, ‘lxs débiles’, lxs incompetentes, resultan un lastre social. Ese imaginario es lo que llamamos propiamente fascismo social: eso legitima y habilita las políticas de “tolerancia cero”, es decir, las políticas despiadadas y de crueldad absoluta contra los pobres, lxs desempleadxs, las mujeres, lxs migrantes, los pueblos originarios, las sexualidades disidentes, en fin, contra toda aquella identidad social que no se avenga a los requerimientos de ‘normalidad’ del sistema.

Ahora bien, por otro lado, no se puede desconocer que este momento está políticamente relacionado con la fase anterior, con los extravíos del ciclo progresista. Sintética y provocativamente podríamos enunciarlo así “siembra (neo)extractivismo y cosecharás (neo)fascismo”, en el sentido que la avanzada extractivista que protagonizaron los gobiernos progresistas -y en base a la cual se financió la expansión desigual del consumo- implicó no sólo la intensificación de la violencia y las políticas de despojo sobre los territorios, sino también el abandono (unilateral) de la lucha de clases. Los gobiernos progresistas asumieron la vía de la conciliación de clases, creyeron posible y/o necesario la articulación con una “burguesía nacional” y alentaron “el ascenso de las clases medias” supuestamente como vía para “sacar a los sectores populares de la pobreza”.

La posterior caída de las cotizaciones de las commodities no sólo desnudó la insostenibilidad económica de esas políticas, sino también el carácter quimérico, ilusorio, de la promesa desarrollista. Las clases medias, las más propensas a aspirar los privilegios de las élites, están a la vanguardia de esta ola neofascista; sus frustraciones se expresan en términos de odio clasista, xenofobia, violencia machista, etc. A ello, hay que agregar la fuerte avanzada del discurso reaccionario de ciertos credos sobre amplias capas de sectores populares, y el estado de desmovilización y/o fragmentación de los movimientos sociales y las organizaciones políticas más combativas. Todo esto configura un cuadro general muy complejo, en el que, por cierto, no cabría descartar posibles crisis de gobernabilidad de los gobiernos de ultraderecha vigentes (más bien, es un horizonte con altas probabilidades). En todo caso, ante el escenario dado, las salidas o alternativas que se pueden llegar a abrir, resultan absolutamente imprevisibles, y no necesariamente positivas.

3) ¿Qué actores sociales y diferentes proyectos políticos aparecen como alternativas al macrismo?

Bueno, acá es necesario diferenciar las alternativas en el terreno electoral, de las que cabría señalar en el campo de los proyectos políticos que se vienen gestando en el campo popular y en la sociedad en su conjunto. En el plano electoral, lamentablemente no veo opciones esperanzadoras. Veo más bien un panorama sombrío que se halla signado por la sobrevivencia fantasmática[2] del ciclo progresista: como “fantasma populista” que tracciona el voto a la derecha[3], y como “fantasía desarrollista” que sigue ilusionando a ciertos sectores populares con un nostálgico retorno a las políticas expansivas, neokeynesianas, como las aplicadas durante el ciclo 2002-2013, en la fase del boom de las commodities.

En esa polarización, el espectro de alternativas ideológico-políticas se estrecha hacia el centro y hacia la derecha, presentándose el progresismo como “de izquierda”, lo cual nos deja entrampados entre una propuesta que promete y aspira a un “Estado social” gestionando mercado en expansión y una “sociedad de consumo de masas” frente a lo que se ve como la configuración de un Estado penal sosteniendo a sangre y fuego la brecha de (in)humanidad entre apropiadores y despojados.

En estos tiempos, de neoliberalismo recargado, el debate electoral está viciado por lo que entendemos como una errónea conceptualización del mismo que lo concibe apenas como un tipo de políticas económicas y de gestión gubernamental centrado en la dualidad Estado vs. Mercado, políticas keynesianas vs. políticas de ajuste, etc. Mientras, en tanto fase histórico-estructural de la acumulación capitalista global, el neoliberalismo avanza independientemente de los ciclos recesivos o expansivos, en su voraz híper-mercantilización de la vida y de las relaciones sociales. En ese marco, lo “más promisorio” que electoralmente pudiera pasar es que se lograra articular una expresión lo más amplia posible de una izquierda popular y anti-capitalista pasible de captar y canalizar el creciente estado de asfixia económica y frustración política de los sectores populares. Pero eso, por ahora, es una expresión de deseo más que una probabilidad fáctica.

Ahora bien, más allá de lo electoral, no se puede desconocer la potencia crítica y transformadora de ciertos movimientos sociales y populares emergentes en el escenario reciente. Me refiero en particular, a la irrupción de la gran oleada feminista que desde el Movimiento Ni Un Menos, hasta las movilizaciones por la legalización del aborto, están poniendo en cuestión un pilar clave del sistema, como el régimen patriarcal. Junto a los feminismos, las diferentes expresiones del ecologismo popular, las organizaciones de trabajadorxs desocupadxs y de la economía social, las entidades campesinas y de pueblos originarios, constituyen las insoslayables bases sociales de cualquier alternativa popular al macrismo, pero también a las versiones probables del progresismo. Más allá de que se logre fraguar (o no) un frente electoral alternativo, en todo caso hay un proceso de acumulación de experiencias de resistencia que oficiará como un contrapoder condicionará el margen de maniobra de éste o futuros gobiernos.

4) ¿Con qué ejes políticos y con quienes debería articularse el movimiento popular para enfrentar a la derecha y poner en pie una alternativa anticapitalista? ¿Podría mencionar medidas y/o propuestas concretas?

Me parece que la potencia política de los sectores populares organizados está en última instancia proporcionalmente relacionada con su autonomía y su creatividad. Desde ese lugar, creo que hay una diversidad de movimientos sociales y populares que han venido construyendo una agenda política realmente valiosa en términos de su radicalidad transformativa. Creo que estos movimientos -a diferencia de las opciones partidarias tanto progresistas como de la izquierda clásica- vienen haciendo aportes sustantivos en la prefiguración de un horizonte postcapitalista, postcolonial y postpatriarcal. En ese sentido hay todo un nuevo lenguaje que se ha venido construyendo y un nuevo imaginario en gestación que parte precisamente de la profunda convicción de la crisis terminal y el fracaso rotundo del modelo civilizatorio de “Occidente”; de la necesidad de trascender el horizonte antropocéntrico, productivista, individualista, desarrollista, urbano-industrialista que desde el sistema se nos presenta como el único horizonte deseable de “bienestar” y de “progreso”.

Si algo tienen en común los feminismos comunitarios latinoamericanos, con las perspectivas del ecologismo popular, las cosmovisiones originarias y campesinas y el ethos de la economía popular, es su convergencia en un horizonte post-desarrollista; el abandono de la idea acrítica de una economía en permanente expansión y de crecimiento infinito, y la revalorización de las economías del cuidado, de la reproducción de la vida, de valorización de las relaciones vitales y de las capacidades humanas; las ideas de sustentabilidad y de cultivo de la sociobiodiversidad y el valor clave del trabajo libre y de la producción social en manos de trabajadorxs libremente asociadxs.

Todo ese imaginario va a contrapelo de las ideas progresistas (y aún de las izquierdas ortodoxas) que tienen como horizonte la “redistribución de la riqueza”; acá estamos ante una gramática que presupone un cambio radical en el sentido social de la riqueza. Las ideas de Buen Vivir, de Derechos de la Naturaleza, de Plurinacionalidad, de Justicia Integral (étnica, genérica, generacional) son algunos de los postulados que tienen un sentido orientativo fundamental en esa transición civilizatoria. Y eso no queda así en un nivel metafísico, pues se ha ido encarnando/territorializando en prácticas concretas que tienen que ver con la producción autogestiva, la defensa de los territorios, la consolidación y ampliación de la agroecología y de desarrollo de las tecnologías sustentables, la estructuración de economías locales y de movimientos en pos de la soberanía alimentaria, la democracia energética y la justicia hídrica y climática. Esos principios, valores ético-políticos que desde las prácticas de re-existencia de nuestros pueblos se han ido gestando, nos parecen los criterios más valiosos que tenemos como orientación hacia un caminar que procura realmente trascender el actual régimen de dominación capitalista-colonial-patriarcal. Esos, a mi modesto entender, deberían ser los ejes fundamentales a no perder de vista en todo proceso de articulación política y construcción colectiva.

 

5) ¿Qué rol juega la institucionalidad democrática actual en la construcción de alternativas populares?

Es claro que esa institucionalidad, la del constitucionalismo republicano y representativo ha sido diseñado ab initio para restringir las concepciones más radicales de la democracia, para enmarañar y/o limitar en todo caso el ejercicio de la soberanía popular. A esas limitaciones de origen, se han ido sumando un conjunto de factores y problemas harto conocidos[4] que en términos agregados dan como ‘resultado’ no sólo la configuración de modos de gobierno que distan muchísimo de responder a la “voluntad de las mayorías”, sino que más aún están en la raíz de la profunda crisis de legitimidad del sistema y en la ‘despolitización’ de amplios sectores.

Con ello, es claro que esta institucionalidad política constituye un pesado lastre que funciona más como obstáculo que como facilitador de las alternativas populares, emancipatorias, y que avanzar en esa dirección requerirá inexorablemente cambios radicales en las instituciones y en lo que se entienda como sistema de gobierno (cambios que, por cierto, incluyen una transformación sustancial de la forma Estado).

Sin embargo, no podemos desconocer que estamos en un momento muy complicado, en el que las propias limitaciones de la democracia liberal están siendo amenazadas y degradadas. Como en otros momentos de la historia, queda claro que el capitalismo impone un techo taxativo a las aspiraciones de la soberanía popular, pero ni siquiera es capaz de garantizar un piso mínimo de la formalidad democrática: en tiempos de crisis, hasta esa definición minimalista, procedimental, de la democracia se ve amenazada y puede ser suprimida. Este escenario nos pone a la defensiva, en la necesidad de resistir los intentos en curso de perforar más aún el piso de derechos y garantías, aún siendo conscientes de lo extremadamente insuficiente de ese piso. Nos pone -a mi modesto entender- en la necesidad de no descuidar el campo de batallas de lo electoral y del sistema de representación y o pero, al mismo tiempo, no perder de vista que el propio campo de acumulación política pasa por esos otros espacios de construcción de autonomías, imaginarios, territorios/cuerpos practicantes de regímenes otros de relaciones, modos de vida radicalmente alternativas.

Esto último es lo que me parece central. Pues, estamos ante una situación en la que afrontamos la avanzada de una nueva derecha, de una derecha envalentonada, masificada y radicalizada, con las matrices de una vieja izquierda (me refiero a las opciones político-electorales); una izquierda desconcertada y desorientada, que ha perdido la capacidad para ofrecer un horizonte de futuro. Ante ese vacío, es clave la construcción en marcha de las re-existencias desde abajo.

 

Investigador de CONICET. Coordinador del Equipo de Ecología Política del Sur (CIT-Catamarca Conicet– UNCA). Director del Doctorado en Ciencias Humanas, Fac. de Humanidades (UNCA).

[1] Me refiero al hecho elemental de que las teorías sociales latinoamericanas -desde el estructuralismo cepalino a la teoría de la dependencia, abarcando incluso versiones de las teorías de la modernización y por supuesto, las perspectivas descoloniales- han hecho una profunda crítica de los regímenes primario-exportadores como la base de todos nuestros problemas estructurales. En los autores clásicos, según los casos, superar ese modelo era visto como una condición ineludible para superar nuestro “subdesarrollo”, “dependencia” o “condición colonial”. Cabe resaltar también lo de “problemas estructurales”, pues como queda claro en los análisis de autores tan disímiles como Raúl Prebisch, Gino Germani, Cardoso y Faletto, o Florestán Fernandes, Theotonio Dos Santos, Marini, González Casanova, etc., los modelos primario-exportadores no sólo implican limitaciones macroeconómicas, sino que también están en la base del carácter oligárquico de los regímenes políticos, las estructuras de clases tan desiguales y los fenómenos del autoritarismo, el racismo y el colonialismo interno.

[2] Apelo a estas categorías propuestas por Adrián Scribano para dar cuenta de las políticas de regulación de las emociones por las cuales el capital produce condiciones estructurales de soportabilidad social (de la expropiación/opresión) y de coagulación de la acción. Al respecto véase: Scribano, A. (2008) “Fantasmas y fantasías sociales: notas para un homenaje a T.W. Adorno desde Argentina”, Intersticios, Revista de Sociológica de Pensamiento Crítico, http://www.intersticios.es/article/view/2791. También: Scribano, A. (Comp.) (2013) “Teoría social, cuerpos y emociones”, Estudios Sociológicos Editora: http://estudiosociologicos.org/portal/teoria-social-cuerpos-y-emociones/.

[3] Acá hago referencia al uso y abuso hecho por el establishment mediático y gubernamental de los escándalos de corrupción que tiñen las administraciones progresistas, así como también a la debacle de la economía venezonala, y la deriva personalista e incluso autoritaria que se vislumbra en ciertos países (el gobierno de Maduro en la República Bolivariana de Venezuela y el de Daniel Ortega en Nicaragua). Más allá de las operaciones propagandísticas y de manipulación (des)informativa que la derecha ha hecho y hace de estos casos, no se puede desconocer estos problemas ni minimizar la defraudación política que han significado. De hecho, en buena medida, la ola conservadora y reaccionaria que sostiene a los actuales gobiernos de derecha en buena medida se apoya en el rechazo social, electoral a los referentes del progresismo (el sentimiento anti-petista en Brasil, anti-kirchnerista en Argentina, etc.).

[4] Tales como el propio funcionamiento del sistema de partidos; la constitución de una clase política profesional, la burocratización de las fuerzas partidarias; el tema del financiamiento de la política y el rol de las grandes corporaciones en ese aspecto; el papel de los medios masivos y el de las nuevas tecnologías de información que han incrementado enormemente su capacidad de incidencia, manipulación y formación no solo de sentidos sino también de estados de ánimo y emociones colectivas; etc.

 

Fuente:http://contrahegemoniaweb.com.ar/de-la-resaca-del-neoextractivismo-y-los-extravios-del-progresismo-a-los-acechos-del-neofascismo-reflexiones-sobre-la-actual-coyuntura-politica-latinoamericana/?fbclid=IwAR3yVBXSPrjmEPC8bpVjEHKBB6tkcUAdI9mg4p0Fd-d2ngJS5WSb-CDNbkk

Argentina

Chubut avanzará en aprobar audiencias públicas para discutir si permite la minería

La Cámara de Diputados de Chubut apunta a debatir en próximas sesiones el proyecto de “audiencias públicas” sobre proyectos de explotación minera en la provincia, dijo este lunes el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Manuel Pagliaroni.

Se trata del Reglamento para la celebración de Audiencias Públicas Legislativas que está en estudio en esa comisión y en la de Medio Ambiente, explicó a Télam.

 

“Están los números suficientes en la Legislatura para tratar el proyecto en las próximas sesiones porque hace rato está en comisión”, apuntó el diputado de Cambiemos.

“Ni bien se logre eso, se avanzará con el debate sobre la minería en general, para lo cual se invitará -con un protocolo establecido- a especialistas en todas las temáticas a fin de que opinen a favor y en contra y tener una posición tomada antes de fin de año”, agregó.

Pagliaroni señaló que la semana pasada legisladores provinciales, dirigentes del sindicato de petroleros y funcionarios nacionales trataron el asunto en Buenos Aires en una reunieron con el presidente Mauricio Macri.

MACRI APURÓ A PROVINCIA A “TOMAR UNA DECISIÓN”

Este lunes a la mañana, el diputado Jerónimo García (Chubut Somos Todos) informó en ADNSUR que hubo un apriete de Macri para que se retome la posibilidad de avanzar en proyectos mineros en Chubut. García informó que “fuimos compelidos a tomar una decisión” y sostuvo que “entendemos la posición pero es un recurso de la provincia y los tiempos los va a definir la provincia”. Además, remarcó que “hay que garantizar el tema ambiental”.

García informó que “fuimos compelidos a tomar una decisión. Explicamos la situación de la provincia, la falta de licencia social, la falta de que tiene que ser una cuestión que tenga un consenso determinado y provechoso para la provincia, que estamos dispuestos al debate que es positivo, pero hay que respetar los tiempos sociales sin descuidar el tema económico porque la ley que fija los márgenes de regalías es muy exigua y se pretende otra cosa”.

“El tema minero es de especial atención del gobierno nacional y entendemos la posición pero es un recurso de la provincia y los tiempos los va a definir la provincia”, remarcó.

Fuente:https://www.adnsur.com.ar/2018/10/chubut-avanzara-en-aprobar-audiencias-publicas-para-discutir-si-permite-la-mineria/

Mexico

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) dice no a la iniciativa de la “Ley para el desarrollo agrario” propuesta por el Senador Ricardo Monreal

El día de hoy a través  de un  comunicado la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) se pronunciaron en contra de la iniciativa de la “Ley  para el desarrollo agrario”, la cual ha generado inconformidad ya que se considera una regresión y amenaza a los derechos de los pueblos campesino y de sus  tierras.

El pasado 23 de octubre del año presente el senador de (Morena) Ricardo Monreal , propusó una reforma a la  Ley Agraria, la cual tiene como objetivo la constitución de nuevos  ejidos y la restitución de tierras.

Esta iniciativa según (REMA) vulnera a los pueblos y comunidades campesinas ya que facilita la entrada a terceros en los núcleos agrarios e incluso se parece   a la contrarreforma que impulso en 1992, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y también a la Reforma Energética del gobierno  actual del presidente Enrique Peña Nieto, que busca cada día más la implantación del modelo  neoliberal.

A partir de un análisis a la propuesta de la reforma agraria (REMA) cuestionaron  la iniciativa ya que de aprobarse se estaría vulnerando el derecho agrario, también  Impulsando medidas limitativas para los territorios indígenas,facilitaría la entrada de industrias extractivas y  la mercantilización de la tierra.

Este comunicado menciona el rechazo a la modificación de la Ley Agraria ya que privilegia a los mercados privados .

Fuente:https://www.somoselmedio.com/2018/10/30/la-red-mexicana-de-afectados-por-la-mineria-rema-dice-no-a-la-iniciativa-de-la-ley-para-el-desarrollo-agrario-propuesta-por-el-senador-ricardo-monreal/

Perú

Ministro y viceministro de Minas trabajaron para mineras infractoras beneficiadas con reducción de más de S/ 1 millón en multas

En agosto de este año se publicó un decreto supremo que exige a los funcionarios del Ejecutivo, designados en puestos de decisión, que hagan pública su trayectoria a través de declaraciones juradas de intereses. Convoca.pe revisó los documentos presentados por más de 50 altos funcionarios de un sector clave para el Perú: el Ministerio de Energía y Minas, donde se toman decisiones importantes para la aprobación de inversiones privadas millonarias. Tras el análisis de estas declaraciones, nuestro equipo detectó una decena de casos relevantes de puerta giratoria: funcionarios que trabajaron para mineras de gran influencia que incurrieron en graves infracciones ambientales y que ahora deben tomar decisiones como autoridades del sector.

La designación de altos funcionarios públicos en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) discurre en medio de un carrusel de intereses principalmente de compañías mineras cuestionadas por infringir normas ambientales. Entre la decena de casos identificados por Convoca.pe destaca el del ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes Mezzano, quien ha ocupado hasta ocho cargos en compañías privadas, la mayoría del sector minero, y ha permanecido por más de dos décadas en la compañía minera Milpo que cuenta con operaciones en cinco regiones en el Perú. En la actualidad, la empresa tiene trámites en marcha en las oficinas del Ministerio de Energía y Minas para el proyecto minero Orcocobre de la Unidad Minera Cerro Lindo, en Cañete.

Junto al caso del ministro Ísmodes está el de uno de sus más altos funcionarios: el del viceministro de Minas, Luis Miguel Incháustegui Zevallos, quien trabajó en las empresas mineras Lumina Cooper y Gold Field La Cima. Para esta última compañía, el titular de Energía y Minas realizó una consultoría en febrero de 2015, según aparece en su declaración de intereses.

Las mineras Milpo S.A.A., Gold Fields y Lumina Copper, para las cuales trabajaron el ministro Ísmodes y el viceministro Incháustegui por separado, infringieron normas ambientales entre 2008 y 2014, según el registro del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). En total, las tres compañías debían pagar multas por 3 millones 436 mil 213 soles, sin embargo debido a que a mediados de 2014 entró en vigencia el artículo 19 de la Ley 30230 —‘Ley del paquetazo ambiental’—, estas empresas se beneficiaron con una reducción total de 1 millón 230 mil 140 soles en multas.

La empresa Milpo S.A.A., donde laboró el actual titular del ministerio de Energía y Minas, transgredió las normas ambientales en tres ocasiones en 2008, de acuerdo con OEFA. Por esta razón, Milpo S.A.A afrontó un proceso por el cual se le sancionó con el pago de 25 UIT (Unidad Impositiva Tributaria), equivalente a 95 mil 418 soles. Sin embargo, por la aplicación de la referida norma, esta minera se benefició con una reducción del 10% del monto total: 9 mil 690 soles (2.5 UIT) en multas.

En los casos de Gold Fields y Lumina Copper, compañías en las cuales el ahora viceministro de Minas ocupó cargos directivos, se infringieron leyes ambientales entre octubre y diciembre de 2011, de acuerdo con el registro de OEFA.

La empresa Gold Fields enfrentó 13 procesos sancionadores, de los cuales 6 derivaron en multas que, en conjunto, suman un total de 864 mil 312 soles. No obstante, en uno de los siete restantes procesos administrativos a esta empresa se le perdonó la multa acumulada de al menos 264 UIT, al aplicarse la Ley 30230. Es decir, se favoreció con una reducción total de multas por 1 millón 3 mil 200 soles.

En cambio, Lumina Copper tuvo un proceso sancionador por 13 infracciones, de las cuales se determinó la responsabilidad en 3 de estas. Al encontrarse vigente ‘Ley del paquetazo ambiental’, a la minera no se le pudo imponer el pago de 55 UIT (217 mil 250 soles).

Estos beneficios a favor de las empresas se consumó en medio de irregularidades, puertas giratorias y conflictos de interés durante el gobierno de Ollanta Humala, tal como Convoca.pe lo documentó en su momento.

 

La iniciativa se elaboró a puertas cerradas y con celeridad en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dirigido por el entonces ministro Luis Miguel Castilla Rubio. En sólo 48 horas, entre el 10 y 12 de junio de 2014, se revisó y aprobó el proyecto en siete oficinas de este ministerio para después ser presentado ante el Congreso de la República. Al borde del cierre de la legislatura, el documento ingresó al Parlamento el 18 de junio de ese año y se aprobó el 27, nueve días después, en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. La Comisión Permanente del Legislativo, integrada en esa votación por 21 congresistas, aprobó la norma el 3 de julio de 2014. Solo votaron en contra los parlamentarios Rosa Mavila, Yonhy Lescano y Alberto Beingolea. La bancada fujimorista se abstuvo de votar. La ley se promulgó el 12 de julio siguiente, pero las presiones del sector privado se habían iniciado varios meses atrás.

El artículo 19 de la Ley 30230 permitió que los procesos evaluados en la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (DFSAI), la primera instancia de OEFA, no terminen en multas para las empresas durante los siguientes tres años y que a cambio se establezcan medidas correctivas. En el caso de los procesos que estaban en manos del Tribunal, la segunda instancia, las multas disminuyeron en 50%. La referida ley, que empezó a aplicarse en la quincena de julio de 2014, suspendió el incremento de multas escalonadas que OEFA iba empezar a aplicar desde inicios de ese año.

Las empresas mineras más sancionadas y reincidentes se beneficiaron con el congelamiento de multas impuestas por incurrir en reiteradas infracciones ambientales. De acuerdo con el análisis realizado por nuestro equipo, en ocho meses el Estado dejó de cobrar por encima de 50 millones de soles a compañías del sector minero e hidrocarburos. Entre ellas figuran las empresas para las que trabajaron en aquellos días el actual ministro Ísmodes y su viceministro de Minas. Hoy al otro lado del mostrador: en el Estado.

El ministro y las corporaciones

En abril de 2018, cuando fue designado por el presidente Martín Vizcarra como ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes ya contaba con una amplia trayectoria en el sector minero privado: en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía había sido gerente del sector minero, entre setiembre de 2013 y enero de 2014; y había trabajado como consultor para las empresas mineras Goldfields La Cima, Río Tinto, Minsur y Antamina. Sumado a ello, hasta antes de asumir la cartera, se desempeñó como director de la minera Sierra Antapite, Electrosur, y gerente de la consultora Gestión Sostenible Perú.

Sin embargo, su estancia por 22 años en la compañía minera Milpo es lo que más resalta de su hoja de vida: laboró allí entre mayo de 1991 y agosto de 2013. Desempeñó en esta empresa los cargos de subgerente legal (1991-1999), gerente corporativo legal (1999-2005), gerente de asuntos corporativos (2005-2013), gerente general interino (2010-2011) y gerente general adjunto (2012-2013).

Entre 2008 y 2013, tiempo en el que Ísmodes fungía el cargo de gerente de asuntos corporativos, el OEFA abrió diez expedientes sancionadores a la minera Milpo. Nueve de ellos derivaron en una sanción económica contra la compañía: sumadas en conjunto, el monto total al que ascendió la multa fue de 1 millón 341 mil 761 soles.

Entre estas infracciones cometidas, figuraba la falta más reiterada en el sector: el exceso de límites máximos permitidos legalmente de agentes tóxicos, lo cual termina impactando el medio ambiente.

Precisamente, según la Resolución 067-2013-OEFA/TFA, de marzo de 2013, el órgano de fiscalización ambiental impuso una multa de 102 UIT (377 mil 400 soles) a la minera Milpo. En ese tiempo, Ísmodes Mezzano también se desempeñaba como gerente general adjunto de la compañía. La respectiva supervisión realizada en la unidad ambiental Milpo N° 1, ubicada en el distrito de Yanacancha (Pasco), determinó que los puntos efluentes del complejo minero, que desembocaban en el río Huallaga, reportaban niveles de zinc superiores a los permitidos. El pago por esta infracción representó el 28% del total que la minera pagó por sanciones ambientales.

 

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Resolución que impone una multa de 102 UIT a la minera Milpo. Francisco Ísmodes trabajaba como gerente general adjunto de la compañía.

 

En otra de las sanciones que se le impuso a Milpo, la empresa se vio beneficiada por la aplicación del artículo 19 de la Ley 30230. Pagó 9 mil 690 soles menos, esto es, un 10% menos que la suma original que debía haber pagado. En la Resolución N° 025-2014-OEFA/TFA-SEP1, la minera recibió una reducción de la multa que le correspondía por cometer tres infracciones debido al incumplimiento en lo estipulado en el Estudio de Impacto Ambiental de la Planta Desaladora Cerro Lindo, en Ica. En un primer momento, OEFA pedía que se le impusiera como monto a pagar el de 25 UIT (95 mil 418 soles), pero luego de que la minera apelase el fallo, se le redujo a 22 UIT (85 mil 728 soles).

 

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La compañía minera Milpo se vio beneficiada por la aplicación del artículo 19 de la Ley 30230. Imagen de la Resolución N° 25-2014-020.

 

Consultado al respecto por Convoca.pe, el ministro Francisco Ísmodes sostuvo que el trabajo que cumplió en la minera estuvo ligado a las relaciones con las comunidades y el desarrollo sostenible en las zonas donde operaba la compañía.

«Las labores que realicé en Milpo siempre fueron promover buenas relaciones con las comunidades y proyectos de desarrollo sostenible”, respondió por correo electrónico.

Y tras negar la posibilidad de un posible conflicto de interés por su trayectoria en el sector minero privado, apuntó: “La honestidad y ética con las que me he desempeñado toda mi vida, continuarán en el sector público”.

 

Millonaria condonación

En relación a Gold Fields La Cima S.A., donde laboró el viceministro Luis Miguel Inchaústegui durante diez años, esta minera se salvó de una gran multa por la aplicación de la llamada ‘Ley del paquetazo ambiental’. En Cajamarca, del 24 al 28 de octubre de 2011, OEFA realizó la supervisión regular de la unidad minera Cerro Corona, dónde se detectó 13 infracciones tipificadas con diferentes multas.

El proceso sancionador se resolvió en 2014, cuando Incháustegui ejercía el cargo de vicepresidente de asuntos corporativos y desarrollo sostenible, función que desempeñó entre abril de 2012 y setiembre de 2017.

La primera vez que estuvo en Gold Fields La Cima S.A., llevó las riendas de la Gerencia Legal y Relaciones Institucionales, entre noviembre de 2004 y enero de 2009.

Gold Fields La Cima S.A. fue inscrita  en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) en diciembre de 2003, su actividad es la extracción de minerales entre ellos el concentrado de cobre que contienen partículas de oro. Cerro Corona en Cajamarca es su principal proyecto de extracción a tajo abierto cuya producción se descarga  a unos 380 kilómetros en el puerto de Salaverry, en La Libertad, y es enviado en barcos de carga a fundiciones de Asia y Europa.

 

Según la Resolución Directoral N° 654-2014-OEFA/DFSAI, las multas van desde el incumplimiento de supervisión como separar cilindros de aceites usados de los cilindros nuevos con multas de 2 UIT, pasando por el lavado de camiones en terrenos sin impermeabilización, que equivalen unas 50 UIT, hasta la más grave que es implementar un almacén temporal de chatarra de mantenimiento mecánicos y residuos sólidos industriales que tendrán una eventual sanción de 50 a 100 UIT.

Sin embargo, el 3 de noviembre de 2014, cuando Luis Miguel Incháustegui ocupaba la vicepresidencia de asuntos corporativos y desarrollo sostenible de Gold Fields La Cima S.A., el OEFA dispuso la suspensión del proceso sancionador. Es decir, se condonó el pago de la multa de al menos 264 UIT (1 millón 3 mil 200 soles) por las 13 infracciones debido a que en ese entonces estaba vigente la Ley 30230.

 

Directivo en periodo de infracciones

En la base de datos de OEFA sobre empresas infractoras, Convoca.pe también halló unos 13 procedimientos sancionadores contra Gold Fields La Cima S.A. iniciados cuando Luis Miguel Incháustegui ocupaba puestos directivos en la compañía minera.

De estos procesos, hay dos expedientes con infracciones ambientales denunciadas por OEFA cuando Incháustegui Zevallos se desempeñaba como gerente legal y de relaciones institucionales en la minera, funciones que cumplió entre enero de 2004 y diciembre de 2009.

En ese periodo, en Cajamarca, durante una labor de supervisión realizada del 22 al 24 de julio de 2006 se encontró en las instalaciones de la Sociedad Minera Corona —perteneciente a Gold Fields— filtraciones de la relavera “La Jalca”, que discurrían en río Tingo contaminándolo. El OEFA sancionó este hecho con 10 UIT (38 mil soles).

Cuatro años después, dos efluentes de las relaveras antiguas N° 1 y 2 volvieron a lanzar sus descargas al río Tingo. En este caso, el Tribunal Sancionador de la OEFA sancionó con una multa de 50 UIT (180 mil soles), pero al final se terminó desestimando esta última y la multa solo quedó en 10 UIT. La multa se hizo efectiva en 2014, cuando Incháustegui Zevallos ejercía la vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Gold Field La Cima S.A.C.

Asimismo, del 25 al 30 de mayo de 2008, OEFA realizó una supervisión sobre el monitoreo ambiental de efluentes mineros en Cerro Corona, en Cajamarca.

Según la Resolución N° 280 del Tribunal de Sanciones, la empresa descargó efluentes de la poza de sedimentación en la Quebrada Corona y en la Quebrada Meza de Plata que acumulan una multa de 100 UIT (365 mil soles). Cuando esta sanción se ratificó en segunda instancia en 2012, el ahora viceministro era vicepresidente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible.

Voceros de Gold Fields La Cima S.A.C confirmaron que el último vicepresidente de asuntos corporativos y desarrollo sostenible fue el actual viceministro Incháustegui hace un año. Se indicó que sus funciones estaban circunscritas a la creación de proyectos sociales y que a pesar de su cargo directivo «no tenía potestad ejecutiva». No precisaron si su puesto tenía relación con temas ambientales.

Más sanciones

El viceministro Incháustegui  también trabajó para  la minera Lumina Copper S.A.C., entre enero de 2009 y marzo de 2012, donde desempeñó el cargo de vicepresidente de Asuntos de Gobierno y adjunto a la Gerencia General antes de ingresar al sector público en el Ministerio de Energía y Minas, hace unos meses.

Esta empresa también registra sanciones impuestas por OEFA. La infracción se sustenta en una supervisión efectuada del 28 al 29 de diciembre de 2011, cuando se detectó 13 irregularidades en el funcionamiento y extracción de minerales en el proyecto El Galeno de Cajamarca. De estas infracciones imputadas, diez fueron archivadas y solo en tres casos se estableció responsabilidades. Pero, al estar en vigencia la ‘Ley del paquetazo ambiental’, a la compañíano se le pudo imponer la multa de 55 UIT (217 mil 250 soles).

Entre las 13 infracciones referidas destacan las faltas medioambientales como la de no acreditar el registro y resultados de monitoreos como calidad de agua o revegetación, que podrían ser sancionados con el pago de hasta 150 UIT: o no impermeabilizar la base ni las paredes de la operación del relleno sanitario, que sería multado con un monto entre 51 a 100 UIT.

En respuesta a Convoca.pe sobre estas situaciones, el viceministro Luis Miguel Incháustegui aseguró que no ha tomado decisiones sobre el cumplimiento de las normas ambientales de la empresa Gold Fields La Cima S.A. y Lumina Copper S.A.C. Sin embargo, añadió que sí tenía conocimiento de la política de estas empresas en temas ambientales y de las decisiones que se acordaban (por parte del gerente de Medio Ambiente y gerente general) debido a que era parte del Comité Ejecutivo de la compañías.

«Mi labor siempre la he desempeñado en estricto cumplimiento del marco legal vigente y las normas éticas que rigen mi conducta», señaló al responder sobre un potencial conflicto de interés.

 

Otros casos

En febrero de 2017, durante el gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski,  Óscar Rodríguez fue designado como director general de minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Rodríguez se había desempeñado anteriormente en la institución como asesor (1993-1994), director de fiscalización minera (2004-2006) y luego lo hizo como director general de asuntos ambientales mineros (2006-2007).

Entre 2007 y 2009 su función fue la de director general de minería, y era el “responsable de la gestión administrativa de dichas direcciones y de los procedimientos a cargo como las autorizaciones para el desarrollo de la actividad minera, la promoción de la actividad minera y las certificaciones ambientales correspondientes”, según declara en su hoja de vida.

Su experiencia laboral incluye su paso por la compañía minera Raura, Cosapi, y las consultoras Klohn Crippen y SVS Ingenieros. Según se muestra en su declaración de intereses, de julio de 1999 a setiembre de 2000 trabajó en esta última empresa, a la cual retornó en 2009. No obstante, la compañía referida contaba con otra denominación, SRK Consulting Perú. Laboró allí hasta febrero de 2018.
Esta consultora ha realizado trabajos para las mineras Volcan, Sociedad Minera Corona y Ares, tres de las más sancionadas según el análisis realizado por Convoca.pe.

Convoca.pe trató de contactarse con el director general de minería, pero al cierre de esta nota no fue posible encontrarlo.

Intereses en La Granja

Una situación similar se presenta con el economista Ricardo Labó Fossa, exviceministro de Minas (2017-2018) durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Laboró trabajó entre 2006 y 2014 para la empresa minera Río Tinto, compañía de capitales ingleses y australianos que opera el proyecto minero La Granja en Cajamarca. Además de su designación como viceministro, en enero de 2018 fue nombrado presidente del directorio de Activos Mineros. La compañía estatal, entre sus actividades, también tiene a cargo la supervisión de la ampliación del proyecto La Granja, el mismo para el que antes laboró.

A comienzos de este año, como doble funcionario público también participó en una operación que favoreció de manera directa a la compañía minera Chinalco, a cargo del proyecto Toromocho, al transferir la propiedad de un terreno público de 34 hectáreas de la Municipalidad de Morococha a esta empresa extractiva. La comunidad de este distrito ya ha interpuesto una demanda de amparo con la finalidad de anular la venta del terreno sobre el que aún habitan más de 60 familias.

Convoca.pe trató de contactarse vía telefónica con el exviceministro. Al cierre de esta nota no fue posible encontrarlo.

 

Captura del Estado

En agosto de este año se publicó un decreto supremo que exige a los funcionarios del Ejecutivo que asumen puestos de decisión que transparenten su trayectoria a través de declaraciones juradas de intereses. Samuel Rotta Castilla, director adjunto de Proética, advierte que para evitar mejor los “conflictos de interés” debe extenderse este mecanismo y adoptarse otros nuevos -como lineamientos, consultas a superiores o inhibiciones- en todos los poderes y niveles del Estado.

“Si el Estado necesita expertos en temas técnicos, ¿de dónde los saca? Los tiene que sacar del sector privado, no hay otra [alternativa], y tendría que aplicar políticas de control sobre los conflictos de interés muy estricta y que se cumplan”, señala.

No es fácil lograrlo en todo el aparato estatal. Por ejemplo, la comisión de Constitución del Congreso retiró del proyecto de bicameralidad la obligación de que los parlamentarios declararán de manera pública sus intereses y su patrimonio. En este sentido, la transparencia está muy limitada “porque el riesgo de la captura regulatoria pasa fuertemente por el Congreso de la República en buena medida”, explica Rotta.

 

Fuente:http://convoca.pe/investigacion/ministro-y-viceministro-de-minas-trabajaron-para-mineras-infractoras-beneficiadas-con?fbclid=IwAR1s6R0m_w5NYANWyPX_FNqy8QdO62Q_8t2J_pmfq44vuatOwbzZn2mZHyA

 

Brasil

Una nueva amenaza se ciñe sobre la Amazonia

Bolsonaro se ha posicionado en contra del activismo ambiental y siembra el miedo entre los habitantes indígenas de las reservas protegidas. Los asesinatos de defensores del medio ambiente se han multiplicado en Brasil.

Son tiempos especialmente convulsos en estas tierras de la selva amazónica que atraviesa en una camioneta Almir Narayamoga Suruí, rumbo a Siete de Septiembre, una reserva indígena protegida. Es allí donde vive su pueblo, los Suruí Paiter. “Tenemos miedo”, dice Suruí, de 44 años, cuando se le menciona al candidato Jair Bolsonaro, favorito a la presidencia de Brasil.

Durante la campaña, el ultraderechista ha proclamado reiteradamente que acabará con “el activismo ambiental” y con la “industria de demarcación de tierras indígenas”. Las declaraciones resultan desoladoras en un país que dejó de registrar oficialmente las tierras de los pueblos originarios hace unos pocos años, y donde los asesinatos de activistas se han multiplicado. “Sus palabras de odio pueden representar un retroceso para nosotros”, sentencia.

Las aldeas de Siete de Septiembre —en tierras entre los Estados de Rondônia, en el noroeste, y Mato Grosso, centro-oeste— son un campo de batalla del pulso formidable entre los intereses indígenas y medioambientales y los del sector agrario-ganadero. Aquí los habitantes originarios ya perciben señales de retrocesos en la disputa para preservar su territorio, que está cada vez más rodeado por invasores. Hace un mes, el área fue objeto de una operación de la Policía Federal con el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) contra la explotación ilegal de madera. Según la policía, troncos de madera noble, como caoba y lapacho, eran talados y cortados en aserraderos próximos a las reservas indígenas de los Suruí Patier, y también en una reserva vecina. Un equipo de EL PAÍS visitó la región esta semana y vio varios aserraderos en la zona funcionando a todo gas.

La madera robada de allí era transportada a un depósito donde los troncos son regularizados con documentación falsa. La operación policial había alejado a los madereros temporalmente. Pero regresaron; siempre vuelven. “Yo no pensé que sería tan rápido”, lamenta Almir Suruí, en medio de una pila inmensa de troncos talados. Muchos campamentos de ladrones de madera ni siquiera fueron desmantelados, y el rastro de basura y ropa en medio del bosque evidencia la presencia reciente de quienes explotan la selva.

La zona de Siete de Septiembre es el punto del territorio que suman Rondônia y Mato Grosso donde más ha crecido recientemente la deforestación ilegal. En los últimos tres años, la devastación aumentó un 77% en la reserva, según el Instituto de Conservación y Desarrollo Sostenible de la Amazonia. Además de la explotación maderera, hay registros de invasiones y actividades ligadas a la búsqueda de oro y diamantes.

La actividad [de explotación] es intensa, compensa financieramente. El beneficio es muy alto y el riesgo es bajo, porque los organismos ambientales están faltos de recursos”, afirma una fuente vinculada a las tareas gubernamentales de fiscalización del medio ambiente. En los últimos cinco años, el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Chico Mendes para la Biodiversidad y otros organismos fiscalizadores cayó 1.300 millones de reales (300 millones de euros), según un estudio de la ONG Cuentas Abiertas WWF-Brasil.

Sin dinero para fiscalizar y castigar, el futuro para la Amazonia se antoja muy preocupante. No se aplican las leyes que consideran delito la tala en tierras protegidas. “La extracción de madera va a aumentar drásticamente porque quien es atrapado es tratado como un trabajador y no como un traficante de madera. Pero tiene un beneficio tan alto como el tráfico, y recibe apoyo político”, afirma la misma fuente. Al ganar en la primera vuelta, Bolsonaro ya dejó claras sus intenciones: “Vamos a acabar con la industria de multas del Ibama”. Y prometió fusionar los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura. Ahora dice que está abierto a negociar.

Acuerdo del clima

Aunque cambie de postura si gana, sus palabras golpean de lleno el ya incierto derecho de los indígenas. Arildo Gapane Suruí, de 29 años y uno de los líderes, teme las amenazas: “Con esas palabras, respalda las acciones de quienes tienen intereses sobre la Amazonia”. “Los intereses van a aumentar y las amenazas también, y ¿ante qué órgano vamos a denunciar esas acciones, si quiere cerrarlos?”, se pregunta.

Las tierras de los Suruí Patier estás rodeadas por pastos de ganado punteados por muchas iglesias, la inmensa mayoría evangélicas. Reproducen sobre el terreno la alianza en el Congreso entre los grupos conocidos como de la biblia y del buey, los diputados que defienden intereses religiosos y de los ruralistas. La liberalización de las armas que defiende el grupo de la bala —con el que forman la triple B, el ala más conservadora de la Cámara— podría elevar aún más la tensión. Con poca representatividad en el Congreso de Brasilia, los intereses de quienes defienden la selva son dejados de lado.

En los últimos 30 años, la deforestación en la Amazonia sumó un área equivalente a la de Suecia. Solo entre agosto de 2017 y el mismo mes de este año, la tala aumentó en un 40%, impulsada por invasiones, caza, pesca y la toma de tierras públicas. El estrago no fue mayor porque raramente el derribo masivo de árboles ocurre en territorios indígenas, que pertenecen por ley al Gobierno Federal. Esas áreas suelen ser vigiladas también por órganos de protección al medio ambiente y encuentran en la cultura nativa, basada en plantío y caza de subsistencia, una agresión ambiental menor. Más vírgenes y ricos en minerales, esos territorios están fuertemente codiciados.

Datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales sugieren que la deforestación se ha acelerado en la precampaña: en julio, agosto y septiembre creció un 61% en la región frente al mismo trimestre del año pasado. Thiago Mendes, secretario de Cambio del Clima y Bosques del Ministerio de Medio Ambiente, lo confirma: “Hay una percepción de que la imposición de multas puede poner en riesgo votos o financiación de campaña o dificultar alianzas políticas futuras”, dice. “Por eso, a veces el poder público local disminuye un poco la fiscalización en esos períodos, y la deforestación acaba aumentando”.

El nuevo presidente no puede cerrar los ojos. Brasil, como signatario del Acuerdo de París, firmó el compromiso de reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 37% para 2025. El país es el séptimo mayor emisor. “Lo que los árboles que están dentro de las áreas indígenas quitan de CO2 contribuye con un volumen de reducción de emisión muy significativo”, apunta Mendes.

Fuente:https://elpais.com/internacional/2018/10/27/america/1540599231_198043.html?id_externo_rsoc=FB_CC&fbclid=IwAR1IK9ZMNANhsEzN3o6sSrueCilf71MaWskTGD8dL3C5sqC0_cxX2f1jW54

Latinoamerica

Los ríos están sangrando: la minería británica en América Latina

La vasta expansión de los megaproyectos mineros en América Latina está desplazando a las comunidades indígenas, destruyendo los ecosistemas locales y sacrificando vidas y medios de subsistencia.

En un nuevo e innovador informe, War on Want expone el devastador impacto de la minería británica en América Latina, reuniendo 17 estudios de caso de todo el continente para producir una acusación condenatoria de una de las industrias más poderosas del mundo.

 

Bajar versión en PDF:
The Rivers are Bleeding: British mining in Latin America
(En inglés)

https://waronwant.org/resources/the-rivers-are-bleeding

Fuente:http://olca.cl/articulo/nota.php?id=107500&fbclid=IwAR1Ye_igHOfr2iO-7Ji1QgmhER7c5jDrsll8-pOw79Qz-UGasWvfT8VkYR4

Colombia

El fantasma paramilitar de la Drummond revive

Un fiscal citará a indagatoria a 8 ejecutivos para aclarar giros por $9.000 millones a Jaime Blanco.

La multinacional Drummond creía haber sepultado para siempre las acusaciones sobre el supuesto financiamiento de grupos paramilitares en Colombia. Varias decisiones judiciales, entre ellas, dos en Estados Unidos, de 2013, les habían cerrado la puerta a demandas contra la empresa y contra sus directivos por esa causa.

En efecto, tras escuchar al menos 45 testimonios y revisar pruebas, cortes federales de Alabama concluyeron que no había fundamento alguno para procesarlos por patrocinar a esos grupos ilegales entre 1996 y 2006, década en la que las autodefensas, en especial el frente Juan Andrés Álvarez, hicieron presencia en el área de operación de la multinacional: en el Cesar.

Sin embargo, EL TIEMPO estableció que el fantasma paramilitar volvió a rondar a la poderosa carbonera y que, tras tres años de dar vueltas en la Fiscalía, revivió un viejo expediente en el que testimonios la señalan de haber irrigado las finanzas ‘paras’.

En efecto, reporteros de este diario establecieron que hace 19 días, la Fiscalía 247 de Justicia Transicional ordenó la apertura de instrucción por el posible delito de concierto para delinquir agravado. En el documento, que EL TIEMPO obtuvo en exclusiva, anunció que citará a interrogatorio a varias personas, incluidos 8 ejecutivos de la multinacional, que hoy está en busca de un socio para vincularlo a su operación en Colombia, de donde aspira a sacar 32 millones de toneladas de carbón en 2018.

El peritazgo

Entre los mencionados aparecen Augusto Jiménez, expresidente de la carbonera en Colombia y hoy asesor de la multinacional, y José Miguel Linares, la actual cabeza de la firma en Bogotá. Además, el exagente de la CIA James Lee Adkins, quien fue jefe de seguridad de la carbonera, y Delbert Lee Lobb jr., otro estadounidense que ofició como gerente de operaciones de la compañía en territorio nacional.

EL TIEMPO estableció que lo que el ente acusador les quiere pedir es que justifiquen pagos supuestamente atípicos, por cerca de 9.000 millones de pesos, a Jaime Blanco Maya, a través de su empresa Industria de Servicios y Alimentos (ISA).

Blanco era el contratista que suministraba los alimentos en uno de los campamentos de la carbonera y hoy purga una pena de 38 años por el crimen, en 2001, de los sindicalistas de la multinacional Víctor Ocasita y Valmore Locarno, quienes empezaron a cuestionar la calidad de los alimentos y los montos que por ellos se pagaban.

Varios testimonios de exparamilitares señalan que Blanco era el enlace con las autodefensas. Además, que del sobrecosto que recibía por sus servicios les entregaba 25 millones de pesos a los paramilitares para obtener seguridad, y él ponía de su plata 5 millones de pesos más. De hecho, el propio contratista rindió testimonios en similar sentido.

A su declaración se unió la de los exparamilitares Salvatore Mancuso; José Gelves Albarracín, alias el Canoso; Óscar Ospino Pacheco, alias Tolemaida, y Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias el Tigre.

Varios de esos testimonios fueron compulsados a la Dirección Especializada de Justicia Transicional, que terminó asignándole el caso a la Fiscalía 247.

Desde 2017, dicho despacho, en cabeza del fiscal Octaviano Casas, le empezó a pedir información a la oficina jurídica de la Drummond y ordenó que se practicaran pruebas, incluido el peritazgo de un experto que reseñó el supuesto incremento en el precio del contrato de comida tras la firma de cuatro otrosíes entre Blanco y la multinacional.

Además, dijo que se encontraron elementos por aclarar, como precios disímiles en las letras y los números que aparecen en esos documentos.

Para despejar esas dudas, entre las personas que también serán llamadas a indagatoria están el excoronel Luis Carlos Rodríguez, Ricardo Linero González y Alfredo Santander Araújo Castro, los tres vinculados al área de seguridad de la carbonera.

De hecho, Araújo Castro, gerente de Relaciones con la Comunidad, fue capturado en mayo de 2015 para que rindiera interrogatorio dentro del proceso por el crimen de los sindicalistas, pero fue dejado en libertad a los pocos días y su defensa ya pidió el archivo del caso.

EL TIEMPO se comunicó con el fiscal 247, pero se negó a hablar del tema sin autorización previa de sus superiores.

Por su parte, voceros de la Drummond le informaron a este diario que no han sido notificados del llamamiento a indagatoria. Además, se ratificaron en que la firma nunca ha financiado el paramilitarismo y en que, desde 2012, le han trasladado a la Fiscalía copiosa evidencia de que terceros pagaron testigos para señalarlos. Y enfatizaron en que cortes de Estados Unidos se han pronunciado en este sentido.

La Fiscalía 247 también pidió escuchar el testimonio del expara Raúl Hasbún antes de tomar una decisión de fondo.

‘Aún no hemos sido notificados’

Fuentes autorizadas de la Drummond le dijeron a EL TIEMPO que los tomaba por sorpresa el posible llamado a indagatoria, y agregaron que no han sido notificados oficialmente por la Fiscalía.

No obstante, admitieron que desde hace más de un año, la Fiscalía 247 especializada de Justicia Transicional les comenzó a pedir información relacionada con el contrato que la multinacional tuvo con la firma ISA, propiedad de Jaime Blanco Maya. De hecho, explicaron que esa misma documentación les ha sido solicitada por la justicia en al menos tres oportunidades y se ha remitido de manera oportuna por sus abogados.

Nuestra posición es la misma: nunca hemos financiado grupos paramilitares en Colombia. Siempre que la Fiscalía nos pide información, de inmediato la suministramos.

Nuestra posición es la misma: nunca hemos financiado grupos paramilitares en Colombia. Siempre que la Fiscalía nos pide información, de inmediato la suministramos. Incluso, hemos traído pruebas desde Estados Unidos sobre cómo se han pagado testigos para que acomoden versiones y vinculen a la compañía con las autodefensas, lo cual es falso”, aseguraron sus voceros.

Y agregaron que, a pesar de la solicitud de sus abogados, no han podido acceder al expediente para ejercer su defensa. Además, que en varias ocasiones han pedido la unificación de los procesos en los que se ha tratado ese tema para que la justicia colombiana adopte decisiones de fondo.

Sobre el incremento en el valor de los alimentos que suministraba Blanco Maya para la operación de la mina en La Loma, Cesar, la carbonera aseguró que durante esa década (1996-2006) la inflación en el país era alta, y es parte de lo que explica el aumento de los costos del contrato. También dijeron que se adoptaron mecanismos para mejorar el embalaje y transporte de la comida, lo que elevó sus gastos.

De paso se preguntaron por qué la denuncia que ellos interpusieron en Colombia por la existencia de falsos testigos que señalaban a la multinacional aún no ha arrojado resultados. Al respecto, dijeron que en Estados Unidos avanzan indagaciones sobre el origen de los pagos a cambio de esos testimonios.

También recordaron que en Colombia se han presentado decisiones a su favor, como la emitida por la Fiscalía 22 que cerró el proceso que seguía contra Augusto Jiménez y Alfredo Araújo, dos de los directivos que aparecen entre quienes serían citados a indagatoria.

A pesar de que no hemos sido notificados de las decisiones tomadas en la Fiscalía 247, la multinacional y sus directivos mantendrán siempre la postura de colaborar con las autoridades, con la certeza de que no hemos financiado grupos paramilitares en ningún momento”, puntualizaron los voceros de la carbonera estadounidense.

Fuente:https://m.eltiempo.com/justicia/investigacion/le-reviven-a-la-drummond-el-fantasma-paramilitar-en-colombia-286474?hootPostID=07e6106f68a09c65896e6bc0b554965f&fbclid=IwAR3JBIuhMSnb3bK404eicAPUZhh96ptG-H-zy-iDPIKzhpUBXGsjt7A5RS8

Mexico

Las concesiones mineras con EPN las monopolizaron 4 favoritos: Baillères, Ancira, Larrea y Slim

De las 25 mil 652 concesiones mineras otorgadas desde la Ley Minera (1992), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Economía ha brindado 3 mil 190 (el 12 por ciento) a compañías nacionales (Grupo Peñoles, AHMSA, Grupo México) e internacionales (Canadá), así como a particulares (prestanombres), de acuerdo con la Dirección General de Minas. Los proyectos, que tienen derecho de exploración y extracción incluso hasta 2067, se registran principalmente en el norte y centro del país.

El estudio “Minería y Privilegios” de Oxfam México destaca que la serie de privilegios para la industria minera –que da la Ley Minera por encima de los derechos de los comuneros y el ambiente– ha alentado la expansión acelerada de esta actividad en México para la acumulación de riqueza de pocos. Sólo de 2000 a 2010 se extrajo de México el doble de oro que a lo largo de 300 años de conquista y coloniaje, documenta, y de los 90 a la fecha el número de compañías extranjeras ha aumentado más de 10 mil por ciento.

De las 25 mil 652 concesiones mineras otorgadas desde la Ley Minera (1992), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Economía ha brindado 3 mil 190 (el 12 por ciento) a compañías nacionales (Grupo Peñoles, AHMSA, Grupo México) e internacionales (Canadá), así como a particulares (prestanombres), de acuerdo con la Dirección General de Minas. Los proyectos, que tienen derecho de exploración y extracción incluso hasta 2067, se registran principalmente en el norte y centro del país.

El estudio “Minería y Privilegios” de Oxfam México destaca que la serie de privilegios para la industria minera –que da la Ley Minera por encima de los derechos de los comuneros y el ambiente– ha alentado la expansión acelerada de esta actividad en México para la acumulación de riqueza de pocos. Sólo de 2000 a 2010 se extrajo de México el doble de oro que a lo largo de 300 años de conquista y coloniaje, documenta, y de los 90 a la fecha el número de compañías extranjeras ha aumentado más de 10 mil por ciento.

De todo el territorio nacional, sólo el 30 por ciento ha sido explorado. Hasta diciembre de 2016, hay un acumulado de concesiones de 25 mil 652, sobre todo en Sonora, Durango, Chihuahua, Zacatecas y Coahuila, justo las entidades más productoras de minerales, exponen cifras de la DGM.

“El extractivismo minero en México, lejos de acotar la brecha de la desigualdad económica y social, la hace más profunda ya que se sostiene, en gran medida, en el ejercicio de un privilegio obtenido a través de prácticas como la captura política [influencia de una(s) elite(s) extractiva(s) sobre el Estado a favor de sus intereses y en detrimento del interés general]”, expone Oxfam México en su estudio reciente “Minería y Privilegios” que aborda las experiencias de despojo de bienes naturales a comunidades indígenas y campesinas para instalar proyectos mineros.

“La riqueza que genera ha permitido posicionar a tres empresarios mineros dentro de las personas más ricas del país. Deriva de sectores privatizados y/o concesionados por el Estado, deriva pues de bienes comunes que están siendo explotados en detrimento de la mayoría”, agrega. Se refiere a Carlos Slim Helú (Minera Frisco subsidiaria del Grupo Carso), Germán Larrea Velasco ( Grupo México) y Alberto Baillères (Industria Peñoles subsidiaria del Grupo BAL)”.

 

Concesiones mineras con EPN (2013-2017)

AÑO TÉRMINO  CONCESIONES ESTADOS (con mayoría) EMPRESAS (con mayoría)
2013 2063 1,052 Coahuila, Durango, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Zacatecas, Nuevo León, SLP, Guerrero, Oaxaca Parreña, Peñoles, Del Norte, Oso Blanco
2014 2064 887 Coahuila, Durango, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Zacatecas, Nuevo León, SLP, Guerrero, Oaxaca Parreña, Paget Southern Resources, La Ciénega, Mineola
2015 2065 534 Coahuila, Durango, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Zacatecas, Nuevo León, SLP, Guerrero, Oaxaca Parreña, Minería y Energía del Noreste, Real de Ángeles, Paramount Gold de México, Fresnillo, Recursos Millrock, Del Norte
2016 2066 430 Coahuila, Durango, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California,  Zacatecas, Nuevo León, SLP, Guerrero, Oaxaca Parreña, Aurea, Minera JM, Mulatos de Sonora, Atocha, Fumarola
2017* 2067 287 Coahuila, Durango, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Zacatecas, Nuevo León, SLP, Guerrero, Oaxaca, Puebla  Parreña, La Llamarada, Bismark, Del Norte, Gorrion, Azure, Recursos Millrock
TOTAL 3,190

*Hasta septiembre

Fuente: Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía

LOS PRIVILEGIOS DE LA LEY MINERA

La serie de privilegios del extractivismo minero ha alentado la expansión de esta actividad en México, alerta Oxfam. La minería, a través de las concesiones otorgadas por el Gobierno federal, ha crecido de manera acelerada en los últimos años: de 2000 a 2010 se extrajo de México el doble de oro que a lo largo de 300 años de conquista y coloniaje, documenta en el informe referido.

“En México, esta industria se favorece de la existencia de actos de corrupción en el sector minero mexicano, abusos de autoridad, falta de inclusión de las comunidades y sus pueblos indígenas, conflictos sociales, pérdidas del erario público y del patrimonio nacional, así como capital humano en riesgo y mal remunerado”, advierte “Minería y Privilegios”.

La organización alerta sobre el denominado “mercado de concesiones”, el cual vulnera el derecho de los pobladores al decidir sobre el futuro de los territorios que habitan. En la lista de concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía, además de empresas, figuran cientos y cientos de nombres de particulares. Son prestanombres (de empresas) o especuladores.

La Ley Minera (1992) plantea que la vigencia de una concesión es de 50 años, con la posibilidad de prorrogarla otros 50 más, y estipula que el titular de una concesión tiene el derecho a intercambiar o venderla a un tercero.

Esto ha generado el surgimiento de empresas menores que se dedican a adquirir concesiones para realizar actividades de exploración, y, una vez detectada la existencia de minerales en una cantidad que se vuelva rentable, venden la concesión a una empresa más grande que tiene capitales suficientes para realizar la explotación.

En 23 años, el valor de la producción minera aumentó 986 por ciento al pasar de 50 mil millones a 543 mil millones de pesos en 2016. Pero el sector solo aporta el 4 por ciento del PIB nacional ya que hasta 2013 –antes de la reforma a la Ley Minera– no se cobró ningún tipo de impuesto o regalía por la producción a boca de mina, y esto se tradujo en acumulación de riqueza.

Asimismo, la Ley Minera está por encima de la legislación ambiental y de aguas nacionales. “Esto explica que las instancias gubernamentales toleren que empresas mineras que ocasionan desastres socioambientales, como los casos Río Sonora, Chalchihuites, Salaverna, entre otros, aún operen a pesar de que se considera a la minería como una actividad que puede ocasionar desequilibrio ecológico”, dice.

De empresas extranjeras, de la década de los 90 a la fecha hay 947 proyectos, de los cuales casi 700 proyectos (el 76 por ciento) son canadienses, destacan datos de la Subsecretaría de Minería. Pasaron de 21 operantes en 1990 a 2 mil 175 en 2016, un incremento de 10 mil 257 por ciento .

A nivel mundial, por encima de Chile y Perú, el país es el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina, “gracias a que las empresas encuentran las siguientes ventajas: derechos de propiedad seguros, impuestos bajos, leyes ambientales flexibles, mano de obra barata y procedimientos administrativos simplifcados”, expone Oxfam México.

Ocupa el primer lugar en la producción de plata y el segundo sitio en fluorita. Las principales mineras productoras de plata son Pan American Silver (Canadá), Grupo México y First Majestic Silver (Canadá). Mexichem (México de Antonio del Valle Ruiz) es la única que produce fluorita.

Respecto al oro, producen más Minera Frisco (México de Carlos Slim Helú), Pan American Gold (Canadá) y Fresnillo (México). Y el cobre es más producido por Grupo México, cuya minera Buenavista del cobre protagonizó en agosto de 2014 un derrame tóxico sobre ríos de Sonora que a la fecha han causado daños a la salud de los habitantes.

LOS GOLPES DE LA MINERÍA

Durante este sexenio comunidades y organizaciones civiles e internacionales han alertado sobre violaciones a derechos humanos y al medio ambiente –como contaminación del agua– durante las actividades extractivas de minerales.

El 51 por ciento de la superficie nacional es poseído por núcleos agrarios. Las comunidades campesinas e indígenas habitan los territorios que las empresas mineras insisten en presentar como “vacíos” o con “vocación minera”, resalta el informe de Oxfam México.

Sin embargo, cuando los hombres y mujeres defienden su territorio y sus bienes comunes naturales (tierra, agua, viento, bosques y minerales) contra la amenaza de  la actividad extractiva, “están defendiendo también prácticas organizativas, significaciones colectivas, vínculos, relaciones de interdependencia”.

La organización enfatiza que los testimonios de quienes se oponen a la actividad minera o de quienes viven en territorios con extractivismo minero dan cuenta de la enorme desigualdad legal, económica, de acceso a la información y de ejercicio de derechos como la consulta libre, previa e informada.

Sobre el impacto ambienta de la minería, advierte que se asocia a cada una de las fases que componen el proyecto: exploración, explotación, procesamiento del mineral y periodo de postcierre de la mina. Pero las empresas mineras minimizan la importancia, y evitan el diálogo y acceso a la información con poblaciones que pueden ser afectadas, asegura Oxfam México. Y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cuenta con 300 inspectores federales, un recurso humano muy limitado frente a las más de 25 mil concesiones.

Pese a ello, las reformas legales adoptadas por los países de la región facilitan el acceso y la explotación de los bienes del territorio por actores privados, dice. En el caso de México, la reforma al Artículo 27 constitucional de 1992 abrió la posibilidad de privatizar, vender o rentar las tierras campesinas poseídas bajo propiedad comunal o ejidal.

Ese mismo año, hace 26 años, también se aprobó la Ley Minera. En su artículo 6 establece el carácter de “utilidad pública” que convierte a esta actividad como prioritaria frente a cualquier otra que se esté realizando sobre cierta superficie de tierra, y la Ley de Inversión Extranjera (1993) permite realizar inversiones en México a empresas con capital 100 por ciento extranjero.

Entre los derechos de los titulares de concesiones mineras, además de realizar actividades de exploración y explotación, la Ley Minera también les permite “disponer de los terreros que se encuentren dentro de la superficie” y obtener “constitución de servidumbre” para las operaciones, así como derecho a “el depósito de terreros, jales, escorias y graseros”, es decir, desechos mineros. Asimismo, la ley mexicana les permite “aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas”, aunque hay siete usos de agua más prioritarios que el uso en la minería.

“Estas disposiciones generan una relación asimétrica entre los derechos de los titulares de concesiones mineras y los derechos de los propietarios de terrenos o los usuarios de fuentes hídricas”, analiza el estudio.

 

En general, sintetiza la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, a diferencia de lo que ocurre en otros países como Estados Unidos, el proceso de otorgamiento de concesiones en México no requiere en ningún momento la realización de audiencias públicas, solo la entrega de un informe de impacto ambiental a la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat).

Pero, expone, en muchos casos las comunidades o grupos que viven en las inmediaciones de los proyectos mineros son los últimos en enterarse de lo que se pretende hacer; pocas veces se les informa sobre los procesos que se llevarán a cabo y la manera en que pueden afectar su salud, sus actividades y sus bienes, y las autorizaciones establecen que la propia empresa realice un monitoreo para detectar posibilidad de contaminación.

Fuente:https://www.sinembargo.mx/28-10-2018/3488608